ARFAGA

IMPORTANTE

Instrucción 65/2009, de 20 de octubre, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se regula la adscripción de personal militar (retirado) a unidades de las Fuerzas Armadas.

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Se pone en conocimiento de todos los compañeros que hayan enviado la Solicitud de Reclasificación de Trienios con efectos económicos de 1º de enero de 2008 y hayan recibido respuesta negativa que a algunos se les cumple el plazo de un mes para presentar el Recurso de Reposición a final de Octubre, a otros a primeros de Noviembre y a otros sucesivamente después (un mes como máximo- después de recibir la respuesta negativa a la primera instancia). Otros muchos que no lo hicieron antes, podrán cursar ahora la primera instancia y cuando reciban respuesta podrán cursar el Recurso de Reposición.

Modelo instancias reclasificación

Modelo instancias reposición

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"Ni una expectativa profesional se ve ninguneada con la Ley de la Carrera Militar"

Líneas básicas de la futura "Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas

Tenientes y capitanes retirados pueden solicitar el ascenso a comandante

CÓMPUTO DE TIEMPOS DE SERVICIO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE RESERVISTA DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD

Carta de FAME a la Ministra 27 de Febrero de 2009

Reales Ordenanzas

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Escalas Auxiliares - 1ª Tanda

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Cuerpo Auxiliar de Especialistas - 1ª Tanda

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Escalas Auxiliares - 2ª Tanda

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Cuerpo Auxiliar de Especialistas - 2ª Tanda

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Escalas Auxiliares - 3ª Tanda

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Cuerpo Auxiliar de Especialistas - 3ª Tanda

Ascensos a Comandante - Escalas Auxiliares

Ascensos a Comandante - Cuerpo Auxiliar de Especialistas

Ascensos a Capitán - Escalas Auxiliares

Ascensos a Capitán - Cuerpo Auxiliar de Especialistas

Información B.O.D. Escalas Auxiliares y Ascensos

Escalas Auxiliares y CAE

Escalas Auxiliares del E.T.

Solicitud de empleo y antigüedad para oficiales en retiro.

Cuerpo Auxiliar de Especialistas del E.T.

Solicitud de empleo y antigüedad para oficiales en retiro (especialistas).

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V. OTRAS DISPOSICIONES

ACCION SOCIAL

Orden 563/08520/09

Cód. Informático: 2009009134.

La Orden 563/05445/09 publicada en el «BOD» número 68 de 8 de abril de 2009, página número 4.701. Se amplia la Orden mencionada, en su Anexo 1.º «Bases reguladoras de la convocatoria», base 9.3 «Titulares del derecho», apartado a) en el sentido de incluir al personal retirado. Este personal dispondrá, para la presentación de instancias, de un plazo de quince (15) días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el «BOD».

Madrid, 5 de mayo de 2009.—La Ministra, P. D. (Orden 93/1997, de 14 de mayo), el General Jefe del Mando de Personal, José María Fernández Bastarreche.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2010 B.O. DE LAS CORTES, CONGRESO, de 11-11-2009

Disposición Adicional Sexagésima segunda (nueva). Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Con efectos de 1 de enero de 2010, y vigencia indefinida, se modifica el apartado 5, segundo párrafo, de la Disposición transitoria quinta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que queda redactado en los siguientes términos:

«El militar de complemento con un compromiso de larga duración, que con 45 años de edad no haya cumplido los 18 de servicios y tenga posibilidad de alcanzarlos antes de cumplir los 50 años de edad podrá ampliar su compromiso hasta que adquiera el tiempo de servicios mencionados. Si hubiera adquirido la condición de militar de complemento con más de 31 años de edad, podrá prorrogar su compromiso hasta alcanzar el tiempo de servicio mencionado si tiene posibilidad de hacerlo antes de cumplir los 52 años de edad.»

Notas.- Esta disposición adicional 62ª fue aprobada por la Comisión de Presupuestos y ratificada en el pleno del día 10 de noviembre. Ese mismo día se aprobaron otras tres enmiendas transaccionales que afectan a la Ley de la Carrera Militar:

-Ascenso a Teniente en Reserva a los 56 años (en lugar de los 58 que estableció la Ley de Presupuestos para 2009),

-Ascenso a Comandante en Reserva de los Capitanes de la nueva Escala de Oficiales (única) procedentes de la antigua Escala de Oficiales que no lleguen a ascender a Comandante en actividad, y

-Acceso a la Escala de Oficiales de los Suboficiales que tengan el Grado Universitario (de determinadas ingenierías).

Los textos de estas disposiciones adicionales aprobadas en el pleno del Congreso del día 10 no han sido todavía publicadas en el BO de las Cortes.

Por otra parte, han quedado aprobadas dos disposiciones adicionales:

-DA-51ª que refunde, con efectos de 01-07-2010, en un solo organismo autónomo a las actuales Gerencia de Infraestructuras de Defensa y Gerencia del INVIFAS, y

-DA-50ª que concede una pensión excepcional de 59.236,52 euros anuales (14 pagas de 4.231,18 euros) a Dª. María-Consuelo Muiños Cobas, viuda del Brigada Juan-Andrés Suárez García, muerto en atentado terrorista en Afganistán el 10 de noviembre de 2008. (A la viuda del Cabo 1º Rubén Alonso Ríos, muerto en el mismo atentado, no se le concede una pensión similar).

Se da la circunstancia de que dicha pensión excepcional ha sido aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el día exacto en que se cumplía el primer aniversario de la muerte del Brigada (y del Cabo 1º).

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"Puedo informarles que en base a las primeras observaciones sobre el terreno y a los análisis realizados por estos expertos, se ha podido determinar que el artefacto era del tipo “plato de presión” y que contenía una cantidad de explosivo de alrededor de 12 kilos. Por tanto, un explosivo de elevada potencia y con gran capacidad de destrucción". La cantidad de explosivo y el tipo de mina fue la única información relativamente novedosa que Carmen Chacón aportó este miércoles en el Congreso sobre el atentado que costó la vida al soldado John Felipe Romero Meneses y en el que resultaron heridos otros seis soldados españoles.

Lo que no faltó, como viene siendo habitual, fue su entrada en el debate terminológico sobre lo que está ocurriendo en la guerra de Afganistán. Según lo que se puede desprender de lo explicado por la ministra durante su comparecencia en la Cámara Baja, el soldado Romero murió en "un atentado terrorista" que se produjo "en una misión que se está desarrollando en un escenario altamente arriesgado de conflicto y guerra".

Y es que pese a que la ministra siempre se ha mostrado en la Comisión de Defensa más realista que fuera de ella, reconociendo incluso que en Afganistán se "impone la paz" y no se "mantiene la paz", este miércoles volvió a mezclar términos. Y es que si fue un "atentado terrorista" se produjo obligatoriamente en un escenario de paz, mientras que si lo que hay es "un escenario altamente arriesgado de conflicto y guerra", lo que causó la muerte del soldado Romero fue un ataque de uno de los contendientes a otro, en este caso, de los talibanes a uno de los ejército aliados.

Además, la ministra no dudó en hacer un guiñó político y eminentemente electoralista a la Generalidad de Cataluña tras repasar el estado de los otros seis militares que resultaron heridos. "En este sentido, quiero dejar constancia y agradecer la absoluta colaboración que tuvimos y hemos tenido en todo momento por parte de la Consellería de Salut de la Generalitat de Catalunya", dijo. En ninguna de sus comparecencias anteriores en la Carrera de San Jerónimo ni ante los medios de comunicación había mostrado su agradecimieto a ninguno de los gobiernos regionales y consejerías de salud que han atendido a soldados heridos en ataques talibanes en Afganistán.

Los primeros cuarteles están recibiendo ya el que será el futuro uniforme unitario de las Fuerzas Armadas, aunque de momento, sólo en su versión árido, el que será utilizado desde marzo en Afganistán. La gran novedad: el camuflaje pixelado.

En los últimos días de diciembre de 2009, el Boletín Oficial de la Defensa publicaba la instrucción del JEMAD en la que se daban las indicaciones que regulaban el nuevo diseño, composición y utilización del uniforme y equipo de campaña en las Fuerzas Armadas. Entre las novedades de esa instrucción, el hecho de que el nuevo uniforme tendría camuflaje pixelado, se utilizaría sin ceñidor y sería unitario, es decir, utilizado por todos los miembros de las Fuerzas Armadas independientemente del Ejército al que pertenezcan.

Ahora, dos meses después de la instrucción, este nuevo uniforme empieza a ser ya distribuído por los primeros acuartelamientos de las Fuerzas Armadas, aunque eso sí, sólo su versión árido, la que será utilizada en Afganistán. Y es que, precisamente, han sido los militares de las unidades que partirán en el próximo reemplazo hacia el país asiático, los que cuentan ya con estos uniformes.

Según informó la pasada semana el ministerio de Defensa en un comunicado, el contingente de Aspfor XXV, que partirá en marzo con destino a Afganistán, desplegará bajo el mando del Coronel de Infantería Miguel Martín Bernardi en torno a un millar de efectivos en Herat –tanto en la Base General Urrutía, donde se encuentra el PRT, como en la Base Logística Avanzada– y en la nueva base de Qala I Naw, en la provincia de Badghis.

El Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión, acantonado en el acuartelamiento General Gabeiras en Ronda (Málaga), y perteneciente a la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII afincada en la base Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería), será el núcleo principal. Estará reforzado por unidades de helicópteros del Batallón de Helicópteros de Transporte V con base en Colmenar Viejo (Madrid), la unidad de apoyo logístico a cargo de la Unidad de Apoyo Logístico número 21 de Sevilla, la Brigada de Transmisiones, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (Famte), el Batallón Cimic, y el Regimiento de Inteligencia número 1, entre otros.

En su comparecencia ante la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en la que pidió este miércoles a los grupos parlamentarios el apoyo para el envío de más tropas a Afganistán, Carmen Chacón anunció que “a partir del próximo mes de marzo todos nuestros militares desplegados en Afganistán patrullarán en los nuevos blindados Lince y RG-31”. Así, anunció también la retirada de los viejos BMR del país afgano.

La ministra de Defensa explicó que actualmente hay desplegados en Afganistán un total de 94 vehículo de escuadra MLV Lince y otros 34 vehículos del nuevo blindado de pelotón RG31, un número, de este último, que “se irá ampliando hasta completar las 62 unidades que está previsto desplegar en Afganistán”, dijo. Como ya era conocido, explicó que el transporte al país asiático de los nuevos RG31 se viene realizando desde el último trimestre de 2009 y continúa durante 2010.

De este modo, según afirmó, los soldados desplegados “realizarán sus misiones con los vehículos mejor preparados ante este tipo de artefactos explosivos –en alusión a las minas e IED que suelen utilizar los talibanes– , aunque sabemos que, por muy elevada que sea la protección, siempre existe riesgo”.

Después, tras señalar que tanto los Lince como los RG31 estarán dotados de inhibidores de frecuencias, volvió a insistir en que el riesgo sigue existiendo: “Dicho esto, sus señorías deben tener claro que con los nuevos vehículos, o con cualquier otro vehículo, ni España ni ningún país puede garantizar para sus tropas desplegadas la seguridad al cien por cien”.

Tras esto, Chacón anunció la retirada de Afganistán de todos los BMR que siguen operativos y que cifró en tan sólo 24, un número que se parece extremadamente bajo, teniendo en cuenta que en el último convoy atacado por los talibanes, en el que falleció el soldado John Felipe Romero Meneses, estaba compuesto por once vehículos, de los que diez eran los citados BMR.

No corren buenos tiempos para ellos en nuestra sociedad. En otras más avanzadas, no sólo se valoran, sino que se realzan sus méritos y circunstancias, como estímulo y ejemplo. Lean los programas de educación de la enseñanza primaria en Francia o repasen las carteleras de cine americano.

Aquí, hablar de heroísmo y de héroes es considerado como un trasnochado empeño perdido en la historia.

Nuestra querida Real Academia define el heroísmo como «esfuerzo eminente de la voluntad hecho con abnegación, que lleva al hombre –entiéndase al ser humano– a realizar actos extraordinarios al servicio de Dios, del prójimo o de la patria».

Por supuesto, aún con mala prensa y opinión, los héroes existen y existirán, quizás con más méritos que los descritos por la literatura clásica, la oda o la novela histórica.

Existen y existirán muchos héroes anónimos, que sólo conocemos esporádicamente cuando sale a la luz lo que han sido capaces de hacer determinadas personas al servicio de los demás. Los medios de comunicación, en este caso, llegan a descubrirnos ejemplares conductas de padres o madres de familia que sacan a flote a numerosos hijos, de personas que trabajan diez horas y luego cuidan a sus padres nonagenarios. Hay muchos más. Servidores públicos que velan por nuestra seguridad o por nuestra salud con verdadera abnegación. ¿No son héroes los médicos de un hospital valenciano que empeñan cuarenta o más horas de quirófano en reconstituir o trasplantar una cara? ¿No lo son policías, guardias civiles o concejales del País Vasco?

Pero no está de moda hablar de abnegación en tiempos de egoísmos y egocentrismos. Es difícil entender que haya héroes de Dios vestidos con hábitos de monja en Haití, o de religiosos en los basureros de Guatemala o de Ruanda o fieles seguidoras de la Madre Teresa en un ambulatorio del norte de la India. Pero ¡vaya si los hay!

También es complicado hablar hoy de actos extraordinarios al servicio de la patria. Tanto se ha socavado este sentimiento –que es mucho mas que un concepto o una noción política–, tantas dosis de egoísmo excluyente inyectadas, tanto se ha cedido –aún con consciencia de que lo que se daba era solidariamente injusto– por asegurar votos, que hablar de patria sólo suena a fachada de cuartel.

Debemos acudir a los clásicos para reencontrar a nuestros héroes. Ir a la Tarifa de Guzmán el Bueno, al Lepanto de Miguel de Cervantes, a los cuadernos de bitácora de Juan Sebastian de Elcano o a cualquier diario de operaciones de aquellos Tercios que dominaban Europa. Hay que buscar en la oda o en la prosa certera el relato heroico o acudir a los libretos de las operas de Verdi para encontrar aquel concepto unificador de «dulce patria» la común de todos, la que invitaba al esfuerzo y al sacrificio, la que fundía voces y música, pero sobre todo ilusiones. Nuestro Rey proclamaba en la Universidad de Utrech hace unos años el concepto de un nuevo patriotismo en el que «todos caben, todos son necesarios».

Doy por sentado, resumo, que hay miles de personas que sirven con abnegación a su sociedad, muchos de ellos con categoría de héroes. Una parte de esta sociedad corresponde también a los uniformados. A ellos ,particularmente a los militares, va dirigida esta reflexión.

Porque el mismo día en que unas impresionantes imágenes de televisión plasmaban el heroísmo de unos policías municipales de Santa Cruz de Tenerife que –sencillamente– se jugaban la vida por salvar a una mujer, un psicólogo militar graduado de Comandante, Jefe de Psicología de la Escuela Militar de Sanidad, se despachaba en un diario de difusión nacional refiriendo con discutible autoridad, el que «a los militares –parece que él se excluye– les explicamos que no tienen que ser héroes».

¡Bien!

Aplicando una vara de medir generosa quiero comprender lo que quiso decir nuestro psicólogo. Lo que no queremos son «rambos» de fachada y musculito mas propensos a contar batallas que a ejecutarlas. Pero no lo dice así. ¡Ya es mucho ejercicio interpretarle!

Pero, debo decírselo en voz alta: sí necesitamos héroes preocupados por el prójimo en el País Vasco, en Haití, en Herat o en el sacrificado interior de un BMR atravesando las montañas del norte de Afganistán.

¿Por quién murió si no el teniente Muñoz en 1993 sobre un puente de la masacrada y dividida ciudad de Mostar cuando cargado de plasma y medicamentos para un hospital musulmán fue abatido por una granada de mortero? Simplemente por aquel prójimo y por su Patria. Lea el decreto firmado por el presidente filipino Aguinaldo en junio de 1898 dedicado a los «héroes de Baler, acreedores de la admiración del mundo por el valor, constancia y heroísmo demostrados». ¡Cuantos casos mas podría contarle!

Porque si saco la vara de medir estricta, diré que nuestro oficial de Sanidad está preocupadamente contaminado por las ideas que circulan hoy en día, que confunden peligrosamente el deseo de que la guerra no se produzca con la ilusión de que no se volverá a producir. Debo decirle con todo mi respeto que ha errado en el disparo y debe reflexionar sobre su concepto de la milicia o bien acudir a la consulta de un compañero de facultad.

¡Políticamente correcto! ¡Claro!

En las nuevas Ordenanzas el artículo que habla del homenaje a nuestros héroes es el 134. Antes, se incluía en el 16. Significativo.

¿No se están quitando nombres de calles y placas de muros de los Laureados de Cuba o de Marruecos? ¿No se discute ahora el valor de los defensores del Alcázar de Toledo? ¿Se les enseña algo a los estudiantes de ejemplos de valor y sacrificio llevados a cabo por personas tan pueblo llano como Agustina de Aragón? ¿Porqué en lugar de suprimir a los condecorados de un bando de nuestra Guerra Civil no se suman los ejemplos heroicos de muchos otros del bando republicano? ¿Es que alguien duda a estas alturas de que hubo héroes en los dos bandos?.

No interesa. Siempre es mas fácil borrar que realzar. La primera sala que se desmanteló del Museo Militar de Montjuic era la dedicada especialmente a los Aviadores de la República, una veterana y más que respetada asociación formada en Barcelona. ¡No supe dar respuesta a su presidente! «No se rinda. Puede que lo lleven a Figueras».

Por supuesto, hoy mas que nunca, faltos de valores, necesitamos el estímulo y el ejemplo de abnegación y sacrificio de los héroes. Diga lo que diga nuestro psicólogo de la Academia Militar de Sanidad.

* General y ex Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra

La AUME recurrió el reglamento de ingreso y promoción en los ejércitos

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el primer recurso interpuesto contra el desarrollo y los efectos que la Ley de la Carrera Militar está produciendo. En concreto, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) se dirige contra el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que fue aprobado por el Gobierno el pasado 15 de enero.

La Asociación enmarca esta impugnación en la lucha por «los derechos y legítimas expectativas de miles de miembros de las Fuerzas Armadas que se están viendo afectados, negativamente, como consecuencia de la aplicación y desarrollo de la Ley de la Carrera Militar».

El recurso señala que el Reglamento aprobado por el Ejecutivo no establece medidas para facilitar el ingreso de los suboficiales y militares de tropa y marinería a las titulaciones requeridas para el ingreso en las escalas de oficiales, y no establece promoción o acceso directo para estos dos colectivos para acceder a los cuerpos comunes, al de Intendencia o al de Ingenieros. También subraya que el reglamento no establece porcentajes mínimos de reserva de plazas para promoción interna, al tiempo que limita la posibilidad de promocionar a tres convocatorias. Junto a esto subrayan otros tres aspectos del reglamento que en su opinión contravienen lo recomendable para un promoción militar en condiciones.

La AUME señala asimismo que el recurso se ha visto complementado por la aparición de un informe del mes pasado elaborado por el Centro de Investigación Operativa de la Defensa, que establecía una serie de conclusiones muy críticas con los procesos de evaluación del personal militar. Entre otras cosas, el informe recalca que el proceso de elección y clasificación adoptado por el Ministerio de Defensa es «irracional», «arbitrario e ineficaz», «difícilmente gestionable», «incierto», «innecesario» y «antieconómico». El Centro de Investigación señala que «en determinadas circunstancias» el sistema propuesto por Defensa «proporciona resultados anómalos incompatibles con criterios objetivos de elección». Además, indica que «no sólo no garantiza la elección de los más cualificados para el ascenso ni de los más idóneos, sino que propicia precisamente lo contrario».

LA guerra sigue. Y nosotros en ella. Basta ponerse delante de un mapa para constatar la coherencia de su envite: un frente militar continuo, que se extiende desde Irak en el Oeste hasta Afganistán y Pakistán en el Este. En medio, Irán, el verdadero corazón de ese conflicto, que es el de más alto riesgo desde la segunda guerra mundial, porque pone en juego dos factores de cuya combinación no existe precedente: guerra de religión y armas de exterminio masivo, yihad y bomba atómica.

No ha hecho más que empezar esa guerra, cuya declaración fue el ataque islamista contra Manhattan hace casi nueve años, y de cuya indistinción entre objetivos militares y civiles Bali, Madrid y Londres hubieron de alzar dolorosa constancia. De no ser rápida y limpiamente derrotada, la guerra santa de los mullahs supondrá la mayor regresión histórica que la humanidad haya conocido en el último milenio: el retorno a lo más oscuro de una teocracia que se ejerce en el nombre del incuestionable libro dictado por el Misericordioso a su Profeta. Entre otras cosas, está en juego la pérdida de la plena condición humana para la mitad de la especie, el retorno de la mujer a su madriguera de animal doméstico. En esa guerra estamos también nosotros. Malamente, porque al gobierno español le avergüenza reconocer que aún tiene ejército, y prefiere disfrazar a sus soldados de enfermeras, y a la muerte en combate prefiere hacerla pasar por accidente. Malamente, porque la ficción de que estar en el frente oriental (Afganistán) es distinto a combatir en el frente occidental (Irak) de la misma guerra, no es simplemente una idiotez geográfica; es un suicidio. La guerra está en Irán. Lo demás son posiciones tácticas.

Dos movimientos sobre el tablero revelan hasta qué punto el envite es alto en esta que se anuncia larga batalla. En Afganistán, Barak Obama parece haber entendido que es preciso jugar deprisa y fuerte; con el simultáneo despliegue masivo de tropas y servicios de inteligencia sobre el terreno. La ofensiva armada en el sudoeste afgano y la simultánea captura en Pakistán del jefe militar de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, son síntomas de una apuesta enérgica. Inseparables del dato principal, el que pasa a cambiar todas las estrategias: Irán ha conseguido ya enriquecer uranio al 20 por ciento, la línea sin retorno ha sido cruzada. Es la temida consecuencia de una pasividad internacional difícil de entender frente al nunca ocultado proyecto militar de los Guardianes de la Revolución iraníes: hacer del arma nuclear el instrumento definitivo de Alá en su final venganza contra los infieles. Si alguien pensaba que las sanciones económicas amedrentarían a los guerreros del Misericordioso, es que realmente no tenía ni idea de lo que estaba en juego en las poco equívocas amenazas de Ahmadineyad y en los aún menos equívocos mandatos coránicos.

Irán es frontera occidental de Pakistán, potencia nuclear que linda al sur y al este con la potencia nuclear india. La raya entre Pakistán y la India es hoy la falla más frágil del planeta. A ambos lados de esa raya, dos frutos malheridos de la descolonización acechan el momento de golpearse. A ambos lados, misiles nucleares apuntan al odiado vecino. Irán sabe muy bien que basta encender la mecha. Y aguardar la definitiva catástrofe. Si tal cosa sucede, nadie en el mundo quedará a salvo de las consecuencias. Los alucinados ayatollahs de Alí Jamenei en Qom apuestan sobre la incapacidad occidental para tomar a tiempo medidas que resultan muy antipáticas a sus tan delicadas opiniones públicas. Dejan que el tiempo pase. Saben que el tiempo juega a favor suyo.

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles el envío de más efectivos militares al país asiático. Exactamente, 511 militares y 40 agentes de la Guardia Civil. Sólo IU-ICV, representada por Gaspar Llamazares, no dio su apoyo a la petición de Carmen Chacón, que si contó con los votos favorables de PP, PSOE, PNV, CiU y el Grupo Mixto (representado por la diputada de UPyD Rosa Díez).

La ministra de Defensa recordó que los 511 nuevos militares se repartirán entre los nuevos Equipos Operativos de Asesoramiento y Enlace (OMLTs) y los Cuarteles General de la ISAF, tras lo cual entró en detalle sobre los puestos que ocuparán estas nuevas tropas.

Exactamente, 465 efectivos conformarán tres nuevos equipos OMLT, desglosados de la siguiente manera: 155 militares tendrán función de instructores (una parte conformará los nuevos OMLT, otros reforzarán los dos OMLT ya desplegados en Herat, y un pequeño grupo hará labores de apoyo a los guardias civiles enviados); 90 soldados darán apoyo logístico a los nuevos tres equipos creados; 180 efectivos conformarían una tercera compañía de maniobra, destinada a dar seguridad y protección, y que completaría el batallón que se ha ido constituyendo en Qala-I-Now; y 40 efectivos estarían destinados a incrementar la capacidad de transporte intrateatro de la ISAF.

A estos 465 efectivos, se añaden otros 46 militares que contribuirán a la nueva estructura de Cuarteles Generales de ISAF y poder cubrir los puestos asignados a España tras la reestructuración de los mismos.

Por su parte, los 40 agentes de la Guardia Civil cuyo envío fue aprobado este miércoles estarán destinados a la formación e instrucción de las fuerzas de seguridad afganas, que incluiría la organización de un Equipo Operativo de Asesoramiento y Enlace (POMLT).

Las previsiones con las que trabaja el Estado Mayor de la Defensa para el despliegue de los 511 militares y 40 guardias civiles es que se haga en dos partes. La más importante sería aprovechando el relevo que se produce este mes de marzo y en su inmensa mayoría irían destinados a Qala-I-Now. La segunda de parte del despliegue se haría en función de las necesidades de los aliados aunque, previsiblemente, también en este primer semestre de 2010.

Según los datos facilitados por la ministra de Defensa, el envío de este nuevo despliegue en el país asiático supondrá para las arcas españoles un esfuerzo extra de 100 millones de euros este año. En 2009, el gasto que supuso para España la guerra de Afganistán fue de 365 millones de euros, es decir, un millón de euros al día.

Los datos que hizo públicos este miércoles Carmen Chacón calculan que España va a formar a unos 2000 militares del Ejército nacional afgano, lo que significa un de cada veinte de los que se necesitarían para cumplir el objetivo global de ISAF para este año, situado en torno a los 40000 efectivos.

«Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra...» Esto da pie a que algunos argumenten que, en tanto no se ejerza tal precepto constitucional, las tropas españolas desplegadas en Afganistán no estén participando en una guerra. Pero el asunto no se puede despachar tan fácilmente, porque en el siglo XXI y en el actual panorama de seguridad la idea de guerra «clásica», a la que seguramente se refiere la Constitución, ha mutado. Curiosamente, en este escenario se podría ir más lejos y concluir que el gran trabajo realizado por los padres constituyentes alcanzó lo sublime cuando, al reglar formalmente la manera de estar en guerra, lograron simultáneamente erradicarla. Y esto, evidentemente, no es cierto.

Profundizar en tal argumento llevaría a embarrancarse en la complicada polémica entre los principios y las formas de las que habla Galdós en Fortunata y Jacinta. El debate político roza ese peligro y se va agriando paulatinamente en el confortable territorio nacional. Unos, cada vez más, llaman guerra a lo que está sucediendo en Afganistán. Otros, cada vez menos, se atrincheran en la negación del fenómeno. Se percibe que estamos ya en un año electoral de vital significado para algunos/as. Mientras tanto, en el comprometido teatro afgano nuestros soldados -cada vez menos ajenos a ese debate- cumplen escrupulosa y esforzadamente sus cometidos. Desgraciadamente, alguno regresa a España antes de lo previsto bien sea de cuerpo presente, o bien mutilado o herido como consecuencia de ataques de un enemigo que oficialmente no existe como tal. Sería comprensible que los familiares, o ellos mismos en los dos últimos casos, no entendieran qué está pasando. Y aquellos que diariamente ponen en alto riesgo sus vidas a miles de kilómetros de territorio nacional, tienen derecho no sólo a saber el qué y el para qué de lo que realmente están haciendo, sino también a contar con todo el apoyo moral y material que la Nación española sea capaz de depararles. Tienen derecho, en definitiva, a que se suplan las carencias que todavía podrían existir en su organización y medios para operar en Afganistán. Y uno teme que esos requerimientos no se satisfarán mientras no se comprenda que aquello que hoy sucede en Afganistán puede considerarse como una guerra. De un tipo nuevo de guerra que no precisa una declaración formal.

Aunque parezcan sensatos, los refranes no son siempre exactos. El dicho popular «la mejor defensa es un buen ataque» no es cierta. La forma más sólida de combate es la defensiva, siempre que sea tan consistente que contra ella se malogren y agoten sistemáticamente todos los ataques del oponente. Y en el presente escenario dialéctico, los que se atrincheran en la «no-guerra», exhiben un buen parapeto: negando el hecho rechazan sus consecuencias. A este tenor está, por ejemplo, la pertinacia en afirmar -de manera inexacta- que lo que hacen nuestras tropas ahora en el teatro afgano es igual a la misión de paz que abordó el primer contingente español (350 militares aproximadamente), desplegado en enero de 2002. También se incluye en este rango el denominar «atentado terrorista» cuando un vehículo de combate y sus tripulantes, durante la refriega, saltan destrozados por los aires debido a la explosión de una mina o similar, esquivando así la idea de una forma irregular de combate o de la propia guerra de minas. Incluso se denominan «tiroteos» y «hostigamientos» a lo que, a veces, son ataques a nuestras fuerzas por unidades o partidas que tienen, incluso, capacidad para maniobrar (coordinación de fuego y movimiento).

Pero esa actitud defensiva, para ser eficaz, demanda una estrecha coordinación interna, difícil de lograr con tantos actores nacionales y extranjeros participando en ella. De vez en cuando, se producen algunas coladuras o incongruencias que paulatinamente van deteriorando la costra defensiva. Pretender escaquearse de la guerra los mismos que se apresuran a incrementar sustancialmente sus capacidades militares para sostener el esfuerzo de guerra sería, quizás, un ejemplo de ello. O mucho ha mutado la estrategia o sería interesante saber en qué escuela de estado mayor se enseñan estas cosas. Se blinda el discurso pregonando que se trata de incrementar las operaciones de entrenamiento de las fuerzas locales con tres equipos especializados (OMLT,s), que no sumarán entre todos ellos mucho más de 100 militares. ¿Y qué pasa con el resto hasta los famosos 511? Además ¿es que entrenar y pertrechar a los combatientes de una guerra civil no supone ser beligerante? Dejando a un lado la inusual diligencia en su anuncio, el incremento del contingente español -cualquiera puede entenderlo- no se hace alegremente sino porque seguramente, además de otras razones, se necesitan más unidades de combate para poder abordar solventemente las misiones asignadas.

La más reciente «gotera» se ha producido con ocasión del viaje a Washington del señor presidente del gobierno para asistir al Desayuno de la Oración («París bien vale una misa», decía Enrique IV de Francia). Previamente a un discurso en el Consejo Atlántico, el Consejero de Seguridad Nacional, que oficiaba de presentador, agradeció pública y efusivamente a nuestro mandatario el levantamiento de las «restricciones geográficas» a las fuerzas españolas en Afganistán. Sorprendente. ¿Se equivocaba, o a qué se refería, el general Jones? Se refería, quizás, al potencial levantamiento de la conocida limitación que obliga a consultar a Madrid, antes de ordenar a nuestras unidades operar más allá de la zona de acción asignada a España? Si así fuera, aunque legítimo, estaríamos en presencia de una ampliación (de «tapadillo») de la intensidad de las operaciones españolas en Afganistán.

Y ante tal confusión y potencial inconsistencia argumental uno se pregunta por qué no se pueden levantar embozos, modificar prédicas y aclarar definitivamente la situación de acuerdo con lo que realmente sucede en el terreno. Ello aportaría más credibilidad al discurso político, daría una mejor medida de la consistencia de nuestro compromiso tanto con el pueblo afgano como con nuestros aliados y socios y, sobre todo, permitiría proporcionar a nuestras tropas desplegadas en Afganistán ciertas capacidades que incrementarían su seguridad y la eficacia de sus operaciones. Capacidades que, por mor del debate político de marras, existiendo en territorio nacional no se tienen sobre el terreno afgano. De paso, se cortaría definitivamente este estéril debate sobre la existencia o no de guerra que, aunque legítimo, tanta confusión aporta a muchos ciudadanos y, sobre todo, a nuestros soldados.

Pretender alargar la inconveniente situación de controversia actual, a pesar de los grandes cambios producidos sobre el suelo afgano, especialmente en los últimos dos años, es algo que no beneficia ni a las tropas españolas ni a casi nadie en territorio nacional. Esto mueve a recordar que, ya en el primer tercio del siglo XVIII, el primer diccionario publicado por la Real Academia, el Diccionario de Autoridades, definía como «pobre vergonzante» a quien «por su calidad y obligaciones no puede pedir limosna de puerta en puerta y lo hace de modo que sea con el mayor secreto posible». Y por eso el espectador se pregunta: ¿no será que lo de Afganistán es una guerra vergonzante?

La madre de todas las operaciones. Eso sería, según la diplomacia pública de la OTAN, lo que sus tropas y las americanas estarían acometiendo en la conflictiva provincia de Helmand. Su objetivo: erradicar a los insurgentes talibán y demás terroristas de esa zona para poder iniciar allí el esfuerzo aliado de la estabilización y reconstrucción. Dicho de otra manera, aplicar en aquel suelo la estrategia que Bush propuso para Irak en su día: "limpiar, mantener y construir". Desgraciadamente para la coalición internacional, las condiciones de Irak no se repiten hoy en Afganistán.

Las fuerzas aliadas han hecho mucho hincapié en que esta ofensiva traerá muy buenos resultados –o mejores que otras anteriores– debido al incremento de soldados involucrados. El año pasado, los británicos, con 5.000, no obtuvieron apenas nada relevante, pero ahora con más de 15.000 se espera poder lograrlo. Primer problema: que la resistencia talibán se parece a la energía, que ni se crea ni se destruye, sólo se desplaza de una zona a otra. Y, por lo que se conoce hasta el momento, los talibanes han preferido no dar la cara y dejar que los soldados aliados se topen con escasos focos de resistencia. Posiblemente confíen en que 15.000 soldados no son suficientes para sostener el área por mucho tiempo y se reputa la pésima experiencia del primer ataque contra la ciudad iraquí de Fallujah, donde los marines norteamericanos expulsaron a los terroristas de Al Qaeda en Irak, para mostrarse impotentes ante su vuelta posterior. Y puede que las esperanzas de los talibanes no estén infundadas. Por ejemplo, en Bosnia, con 51.000 kilómetros cuadrados de territorio, la OTAN llegó a desplegar 60.000 soldados, esto es, 1,17 por kilómetro cuadrado; en Helmand los aliados podrán disponer de 0,25 por kilómetro cuadrado. ¿Suficiente? Está por ver.

Pero además, esta operación tan anunciada públicamente, pone de relieve la dificultad que tienen las fuerzas armadas occidentales para enfrentarse a enemigos no tradicionales. Mientras que en los cuarteles generales se discute el mejor término a emplear para el conflicto moderno (asimétrico, híbrido, etc.), sobre el terreno la única distinción es que enfrente no se ve a un enemigo, sino a civiles, algunos o muchos de los cuales combatientes. Queriendo evitar bajas no combatientes, los aliados han intentado desplazar a la población civil, con escaso éxito, pero sobre todo se han negado la posibilidad de detener a los insurgentes que se entremezclan con sus conciudadanos. Y así y todo, las tropas de la OTAN no han podido evitar errores, como la muerte de esos 12 civiles.

Y es que la guerra en Afganistán nos obliga a una seria reflexión sobre sus formas contemporáneas. Por ejemplo, ¿valen menos las vidas de los inocentes muertos por la OTAN que la de los habitantes de Gaza? ¿Y por qué entonces se condena rápidamente a Israel pero no a nosotros cuando cometemos los mismos errores? ¿Es aplicable el derecho de la guerra a estas nuevas situaciones? ¿Qué es de verdad necesario para erradicar de una vez por todas a los talibán en Afganistán o a otros grupos similares en otras zonas del mundo, como Gaza o el sur del Líbano?

Lo que se puede asegurar de momento es que Afganistán no es para Clausewitz y, por tanto, tampoco para los ejércitos que en él se siguen inspirando. Que la OTAN haya entendido el peso y las implicaciones de la transformación de la guerra moderna está por ver. Y lo veremos en el destino de Helmand. De momento, más que "Operación juntos" parece "Operación revueltos".

En cualquier país democrático, las Fuerzas Armadas (FAS) son hoy en día un instrumento del Estado que contribuye a la paz y a la seguridad no sólo de la propia nación, sino también de otros lugares del mundo. Esta contribución la realizan mediante la Defensa Militar, que, junto con la Defensa Civil, debe constituir la garantía para esa paz y seguridad de la que el Estado es responsable.

La Defensa Civil comprende las acciones políticas, diplomáticas, económicas, policiales y de protección civil y en ella participan distintas instituciones del Estado, pero la Defensa Militar, cuya responsabilidad ejecutiva recae íntegramente en las FAS, supone que éstas deben estar organizadas, equipadas e instruidas para las operaciones militares, es decir para el combate. Esta es la razón de su existencia, para eso están creadas; lo demás son eufemismos y malversaciones de sus capacidades.

El combate es para las FAS el enfrentamiento contra otros elementos armados y puede ser defensivo u ofensivo, según se trate de repeler una agresión contra las personas, instalaciones o territorios a defender o proteger, o bien ofensivo, para recuperar lo que ha sido arrebatado ilegalmente por las armas o para capturar o destruir los elementos adversarios que amenacen la paz y la seguridad.

El uso de la fuerza para el que están legitimadas las FAS debe siempre ser ordenado por el Gobierno, que graduará su aplicación, pudiendo incluso llegar a la guerra. Es, pues, siempre el nivel político el que debe tomar la decisión de empleo de las FAS, de acuerdo con la legalidad vigente y en coordinación con las acciones de carácter civil, tanto en el propio país como en el exterior, y por lo tanto es él el responsable del buen y adecuado uso que se haga de las FAS. En cambio, los militares son responsables de la ejecución de las operaciones militares de acuerdo con los adecuados planes que deben ser previamente presentados y consecuentemente aprobados por el Gobierno. De esta forma se asegura que las operaciones son las adecuadas para lograr el objetivo político deseado y que se proporcionan al mando militar los medios apropiados en cantidad y calidad, y con la libertad de acción necesaria para el desarrollo de las mismas.

Esto, que parece tan simple, es difícil de llevar a cabo, y con demasiada frecuencia las FAS reciben unas instrucciones ambiguas o se les limitan los medios, exigiéndoles en cambio que alcancen unos objetivos que no pueden cumplir. Es difícil, porque para lograrlo se necesitan varias condiciones. En primer lugar, que estén claramente definidos los tres niveles que intervienen: el político, el estratégico militar y el operacional militar; y en segundo lugar, que las relaciones entre ellos sean fluidas y leales. Es este último punto el que suele fallar, porque es frecuente que se exija la debida obediencia y disciplina a los militares para imponerles los medios asignados o unas condiciones de ejecución y limitaciones que hacen muy difíciles las operaciones y el consiguiente logro del objetivo, y lo que es peor, que suponen un riesgo desproporcionado para la seguridad de las tropas. Por otra parte, a veces, al mando militar se le ignora o desoye cuando plantea las necesarias y adecuadas objeciones, solicitando medios adecuados o mayor libertad de acción; y es que, si bien la obediencia y la disciplina son virtudes militares, también lo es la lealtad, que se debe proyectar tanto hacia arriba como hacia abajo. Hacia arriba, porque el aceptar una misión sin tener en cuenta los riesgos de fracaso que conlleva puede tener consecuencias graves para el responsable político que la ordena, y es deber de lealtad del mando militar el hacérselo saber aunque no se le solicite su asesoramiento. Hacia abajo, porque aceptar u ordenar sin más una misión que pone en riesgo el prestigio de las FAS y las vidas de los subordinados sin motivos suficientes, aunque es una situación difícil de afrontar, supone también, entre otras cosas, una deslealtad para con ellos. En estos asuntos no caben ambigüedades ni eufemismos. No hace falta mencionar que estas situaciones son difíciles especialmente para los mandos militares superiores. Es ahí donde se necesitan unas amplias dotes de prudencia y discreción, junto con la necesaria claridad de juicio y habilidad para presentar sus ideas sin que pueda ser tomado como una indisciplina.

No obstante todo lo anterior, lo normal es que las FAS no tengan que intervenir siempre activamente y que se logre preservar la seguridad con la simple disuasión, de forma que el potencial agresor estime que no le resulta rentable materializar su amenaza a causa de la reacción de nuestras fuerzas. Por supuesto que la disuasión no sólo debe ser militar, aunque sin ella no siempre se podrá lograr impedir la agresión.

El problema es que para que la disuasión militar sea eficaz se debe cumplirse una serie condiciones: que se disponga de los medios adecuados y suficientes, que se tenga voluntad de emplearlos y que el posible agresor lo conozca o lo crea así. La primera condición supone que se tengan las fuerzas dispuestas para actuar en caso necesario, en los plazos y lugares adecuados y con la garantía de éxito requerida. La segunda, que se esté decidido a emplearlos a nivel político y que los mandos militares tengan la consiguiente libertad de acción para actuar. De nada serviría tener los medios si no se dispusiera de la debida libertad de acción para utilizarlos. Para la tercera hace falta tener prestigio y credibilidad.

Cuántas agresiones se produjeron, tanto en guerras como en operaciones de paz, porque el adversario sabía que nuestras fuerzas o no eran suficientes o no tenían autorización para utilizar sus armas en esas circunstancias, o porque creyó que así ocurriría. Nuestras fuerzas deben tener credibilidad, y ésta se pierde rápidamente si en situaciones anteriores no se reaccionó adecuadamente ante un ataque o provocación. Con ello se pierde no sólo el prestigio del país, y en su caso la organización a que se pertenece, sino también el respeto del adversario, y se ponen en peligro el cumplimiento de la misión y la seguridad de las tropas.

Por supuesto que la reacción prevista tiene que ser siempre proporcional y no una represalia exagerada, porque, sobre todo cuando se actúa en misiones de paz, si se producen daños desproporcionados o bajas civiles se puede lograr el efecto contrario.

En las operaciones multinacionales, el adversario suele conocer las debilidades y limitaciones de los distintos contingentes y actúa, si puede, donde le es más fácil. Tampoco hay que fiarse excesivamente de los gestos de amistad de la población local y del diálogo con el adversario. La población civil acepta las dádivas y ayudas, pero lo que más aprecia es que se le proporcione seguridad, y ésta sólo se logra si el potencial agresor sabe que si lo hace recibirá una respuesta proporcionada pero contundente, y si lo sabe es porque cuando lo ha intentado ha encontrado la reacción debida.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Fulgencio Coll, está empeñado en que cada vez más los militares sepan hablar y entender inglés con mayor fluidez, consciente de que la presencia de España en las misiones internacionales hace prácticamente imprescindible el uso de este idioma. No ha encontrado mejor manera de animar a sus hombres a que no olviden el idioma de Shakespeare que ordenar, nunca mejor dicho, que en el gimnasio de la sede central del Cuartel General, en vez de escuchar música, como es habitual, se ponga el curso de inglés del archiconocido profesor Richard Vaughan. Algunos militares no salen de su asombro, ya que aseguran que algunas veces no se oyen las lecciones del profesor de inglés y que es más cómodo y divertido hacer gimnasia con música ambiental.

Hace un año, el Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto las nuevas Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (FAS) en sustitución y con descenso de rango jurídico de las aprobadas por Ley en 1978, allá en el pórtico de nuestra Transición.

Resumo para el lector no especializado unos elementos básicos:

-Las Ordenanzas constituyen el resumen y esencia de los preceptos morales que rigen la vida militar.

-Era necesaria una actualización de las mismas, debido a los cambios de nuestra sociedad y de las propias FAS y por adaptación a dos leyes, la de Defensa Nacional y la discutida de la Carrera Militar.

-La comisión redactora trabajó durante cuatro años. No fue posible que su articulado saliese de un conveniente consenso parlamentario.

Sin remontarnos al Liber Iudiciarum de Recesvinto, ni a la Segunda de las Partidas de Alfonso X, ni a las reglas y ordenanzas que dictaron los Reyes Católicos, el Duque de Alba, Felipe IV o Felipe V, fue Carlos III quien en 1768 recopiló y promulgó las que se llamaron «Ordenanzas para el régimen, disciplina y servicio de sus ejércitos», las cuales, con adaptaciones, se mantuvieron vigentes hasta 1978. Constituían unas reglas sabias, concebidas para durar, apoyadas en la experiencia, redactadas en un magnífico castellano, que huían de generalidades y lugares comunes, que no repetían conceptos ni lanzaban brindis al sol innecesarios. Muchos de los ejércitos hermanos de América siguen utilizándolas.

Al General de División (R) Jorge Ortega, un excelente oficial, le tocó dirigir los trabajos de la amplia comisión que debía revisarlas. Sólo él podría explicar el cúmulo de presiones que recibió y la disciplina con que asumió su labor.

Presentadas a bombo y platillo, foto de familia incluida, Ortega se consideró obligado a escribir en la revista «Ejército» un artículo justificativo con el título «La Comisión redactora del borrador de RROO para las FAS» (1).

Es decir, lo hizo en la publicación que es vehículo del pensamiento y reflexión de las jóvenes generaciones, que propicia el ensayo, que estimula la crítica y la opinión, a la vez que mantiene el culto a la Historia y reafirma las virtudes que conforman nuestro ser como soldados.

Unos meses después, en el mismo medio (2) el Brigada José Atilano Delgado, con respeto, tacto y leal concepto de la disciplina, analizaba en forma de ensayo lo expuesto por Ortega.

Bastaría sólo resaltar los conceptos citados para reflexionar sobre la ética de las Fuerzas Armadas, en las que los Suboficiales representan la esencia práctica, el resultado final, los pies en el suelo.

Hablando de ellos, Robert Kagan(3) resume en sabias palabras: «El resultado es un cuerpo de suboficiales que trata con confianza a sus superiores, de modo que los tenientes veneran a sus sargentos y dependen de ellos, que actúan en el nivel táctico más bajo, allí donde se decide el éxito o fracaso de una operación. Este vínculo constituye el núcleo de un ejército que obtiene el mayor rendimiento posible, incluso cuando se dan órdenes desafortunadas».

Yo, teniente recién salido de la academia, destinado en una Bandera Paracaidista, reconozco que he venerado, dependido y aprendido de mis sargentos, llámense estos Secundino, Paredes, Camacho, Villalonga o Gabino.

De esta madera está hecho el Brigada Delgado, que inicia su escrito con un «intuyo, mi General, que el resultado final fue decidido por la superioridad». Responsable de lo que escribe, asume «que pueda turbar a algún alto mando del Ministerio». Y le reclama a Ortega: «Urge ahora explicar el motivo por el que varios artículos se cayeron del borrador». Le preocupa la desaparición total de la palabra «guerra» incluso al tratar de los prisioneros, concepto jurídico que impregna los humanitarios Convenios de Ginebra y de La Haya.

Pero por encima de las palabras y de las formas, se centra en el fondo: «El problema es que se pierda de vista para qué son los ejércitos, que son para combatir». Se apoya en una comparación muy sencilla –los pies en el suelo–: «Un club de fútbol está hecho para que sus equipos jueguen; el club puede vivir temporalmente sin competición. El ejército puede vivir indefinidamente sin guerra –y debemos aspirar que así sea–, pero la razón de ser del club de fútbol es jugar partidos, igual que la razón de ser de los ejércitos es la guerra».

Denuncia que «tantos años de tranquilidad en destinos más o menos cómodos han deformado a muchos militares que no creen en la guerra» para sentenciar: «De estar preparados constantemente para ella, han pasado a creer que con estar es suficiente».

Reitera el respeto a la Constitución, a la que con reiteración –que considera innecesaria– aluden las nuevas Ordenanzas. Pero recuerda una distinción contenida en su Artº 97: «El Gobierno dirige... la administración civil y militar del Estado» para resaltar que «las FAS son parte de la Administración, pero nadie exige su homogenización total».

A modo de conclusión, «cree indispensable decir que el espíritu de las nuevas Ordenanzas no es el adecuado para unas FAS eficaces, servidoras de España, y que en el futuro pueden dar lugar a sucesos vergonzosos como los vividos por otros ejércitos». En concreto se refiere a la cabo Faye Turney, de los Royal Marines, prisionera en Irán y en cierto sentido incluye la trágica falta de resolución del batallón holandés de Sevrenica o el plante de dos cabos nuestros en Afganistán. Me reconforta saber que tenemos muchos «brigadas Delgado». Sin la menor sombra de duda sobre el respeto a los principios de nuestro ordenamiento jurídico, asumidas con respeto las iniciativas del gobierno de turno, el Brigada Delgado nos recuerda que el respeto debe ser mutuo, que no tenemos por qué ser imagen y semejanza de una persona comprometida con una formación política –sea de babor o de estribor– sino que somos instrumento de Estado y como tal nuestras normas de conducta deben emanar del Poder Legislativo. Si el consenso no fue posible hace un año, nunca es tarde para volver a empezar. Un Real Decreto no es ningún arco de iglesia. La base de partida podría volver a ser, con consenso parlamentario, el «borrador» del general Ortega, y los «pies en el suelo» del Brigada Delgado.

Lo que venía siendo públicamente anunciado desde 2006 por oficiales de alta graduación británicos, ha sido ratificado estos días por algunos de sus principales generales y almirantes, con ocasión de la publicación del Libro Verde de la Defensa, el cual plantea las preguntas a las que debe dar respuesta la inminente Revisión Estratégica, no actualizada desde 1998. Las Fuerzas Armadas de Su Majestad están sobrecargadas de misiones y algunas especialidades muy demandadas -desactivación de explosivos, transmisiones, sanidad, pilotos de helicópteros,...- al límite de sus fuerzas. Ciertas unidades ya van por su sexta misión entre Irak y Afganistán.

Algo que no es ajeno al resto de los ejércitos occidentales. El incesante aumento de las operaciones relacionadas con la paz ha coincidido, paradójicamente, con la fuerte reducción de tropas. Las unidades militares han pasado de constreñir su actividad a la rutina cuartelera, a participar a un ritmo incesante en la miríada de misiones en el exterior.

Se estima que el ejército de Tierra británico precisaría incrementar urgentemente en al menos un 10 por ciento el número de sus agotados soldados. Algunos destacados estrategas franceses ya empiezan a hablar de reconsiderar la vuelta a algún tipo de conscripción. Lo que permitiría acondicionar el número de tropas al nivel de exigencia real pero sin aumentar el gasto, algo prohibitivo con las actuales restrictivas condiciones económicas. Un planteamiento que ahora costaría el gobierno a cualquier partido político europeo, pero sólo es cuestión de que la necesidad se vuelva imperiosa.

Con la intención de economizar medios y personal, evitando duplicidad de misiones, los británicos han llegado a plantearse la fusión del Ejército del Aire (RAF) con la Marina, o incluso su desaparición y la repartición de sus medios entre Tierra y Armada. Cuestionándose la necesidad de algunos medios -aviones de interdicción, portaaviones, submarinos nucleares o artillería pesada y antiaérea- que se antojan ineficaces para enfrentarse a enemigos asimétricos.

Todo ello ante una visualización de los conflictos futuros excesivamente indefinida y borrosa: con previsión de proliferación de guerrillas y terrorismo, especialmente en las grandes ciudades, pero sin descartar choques entre estados por recursos naturales o ambiciones de poder.

Peculiar escenario del que saldrá victorioso el ejército más imaginativo e ingenioso para predecir el futuro y conseguir los medios y el personal preciso. El británico ya está en marcha.

El Gobierno español envió a Haití un buque con 450 militares y en el que también viajaban 23 guardias civiles del Grupo de Acción Rápida, uno de los cuerpos de élite de la Benemérita.

Sin embargo, estos agentes están muy molestos con la gestión de la ministra de Defensa, Carmen Chacón, debido a que desde que llegaron a la isla caribeña todavía no han podido salir del buque Castilla porque no tienen la autorización pertinente de la ONU.

Según cuenta ABC, la Asociación Española de Guardias Civiles califica este hecho de "ciencia ficción" por la "improvisación" de Defensa. De este modo, añaden que esta situación está generando "un profundo malestar".

Además, antes de que puedan actuar en territorio haitiano escoltando convoyes de ayuda humanitaria, realizando labores de orden público y protección de zonas sensibles, deberán pintar los vehículos de blanco.

Claro que lo sucedido en Afganistán el 16 de agosto de 2005, en el que fallecieron 17 soldados al estrellarse un helicóptero, sigue siendo un misterio. El entonces ministro de Defensa, José Bono, en encargó de correr un tupido velo sobre los acontecimientos y nunca se pudo aclarar si fue un ataque o un accidente.

Según revela La Gaceta este miércoles, Bono se ha negado a acudir al juicio y responderá a las preguntas de los abogados de los familiares por escrito.

La actitud del ahora presidente del Congreso negándose a ir al juzgado contrasta con la que mantuvo durante el juicio por el accidente del Yak-42, cuando ofreció todo un espectáculo mediático. "Quiero estar aquí por respeto a la Justicia y a la memoria de los que murieron".

Aunque Bono rectificara finalmente y decidiera acudir personalmente a declarar, contaría con la ventaja de conocer las preguntas previamente y haber contado con tiempo para prepararse las respuestas. Por ello los afectados pedirán hacerle preguntas que no estén entre las envidas por escrito si acude a declarar.

La seguridad de los pesqueros españoles que navegan en el Índico iba a convertirse en una de las prioridades para el Gobierno, según repitieron una y otra vez Zapatero, De la Vega y Chacón durante y tras el secuestro del Alakrana. Sin embargo, una vez acallada la polémica con el envío de seguridad privada se ha demostrado que ya no es tan grande la preocupación del Ejecutivo.

Según cuenta ABC este jueves, los miembros de seguridad que navegan junto a los pesqueros han denunciado que todo hasta ahora es "improvisación, prisas por presiones políticas, una auténtica chapuza".

De hecho, algunos agentes están teniendo problemas para poder cobrar sus sueldos, que asciende a 5.200 euros brutos. Sin embargo, el principal problema con el que se enfrentan y que más quejas ha suscitado es la falta de material adecuado para poder hacer frente a un ataque pirata.

Cuando se anunció la partida de estos agentes, supuestamente se incluía armamento pesado, en este caso cada barco iría con una ametralladora pesada Browning de 12.7 milímetros. Pues bien, este material nunca ha llegado a los barcos. Así, argumentan que el Gobierno de las Islas Scheychelles no autorizó su entrada en el país.

Además, los agentes denuncian que los equipos de visión nocturna y los teléfonos satélite no funcionan mientras que los chalecos antibalas no son eficaces contra el arsenal utilizado por los piratas.

Pero no son sólo estos los problemas que viven estos agentes de seguridad. Según el diario de Vocento, la empresa contratista ha aprovechado el primer reemplazo para despedir al menos a diez de estos miembros alegando que "no han superado las pruebas".

Un cierto malestar o angustia envuelve a España. Por la economía y el paro, desde luego. ¿Por qué no se enteraron, han hecho poco, vamos a la cola? Y luego vienen el fracaso escolar, los maltratadores, los nacionalismos, la famosa igualdad, el aborto, la justicia presionada. Y ahí están los asesinos en la calle, la historia falsificada, las estatuas, escudos y placas por el suelo, la educación degradada. Por ejemplo. Y hay quienes nos recuerdan cada día, a su manera, la guerra aquella.

Pero todavía hay motivo para la esperanza. Nos saludamos todos amigablemente. No hay brazos armados como los que, en la República, andaban a tiros por las calles. Ningún Largo llama a la revolución, ningún Companys se asoma al balcón, ningún ejército se subleva, ningún Calvo Sotelo muere. Nadie quiere aquello.

Pensemos fríamente. Pero hay cosas que agotan nuestros nervios bajo este Gobierno socialista, que cada día baja en votos y encuestas.

El socialismo en sí no es la causa: el núcleo de su doctrina lo aceptan ya todos. Por tanto, no tienen ya doctrina propia y buscan los votos en la alianza con grupos radicales que exigen leyes delirantes. Y prohíben y prohíben y amenazan. Y ellos aceptan ciertas críticas, pero callan sobre sus propias responsabilidades. Así en la enseñanza: ¿quienes son los autores, sino ellos, de la LOGSE, el comienzo de las desgracias? Bueno, había un precedente, la Ley General de Educación del 78. Que rectifiquen, como hicieron con el tema de ETA.

Yo pienso que el mayor error del partido socialista cuando trata de ensanchar su base (y sus votos) está en dejarse llevar por los grupúsculos situados a su izquierda y, también, por los nacionalistas o separatistas. Imitan a los socialistas de los años treinta, o mejor, a su ala extremista, la que organizó la revolución del 34, toleró otras violencias de sus aliados de la izquierda extrema o de la suya propia. Todo para lograr una mayoría. Y cuando la lograron, en febrero del 36, crecieron la violencia y el separatismo. Y se encontraron con reacción y guerra. No es esto, por supuesto, ahora. Pero aceptan esa imponer leyes extrañas que a muy pocos, ni a ellos mismos gusta. Dan alas a los nacionalismos, tienen que prometerles cosas incumplibles ... y, claro, les llaman mentirosos. Pierden votos en el País Vasco (¡tienen que pactar con la derecha!), en Galicia, peor en Cataluña: dijeron a los catalanes que aceptarían el estatuto que ellos quisieran y luego... Luego tienen que dar ventajas económicas que los desacreditan ante todos. Peor: su ala catalana se convierte, en la práctica, en un partido catalanista. No saben ni qué hacer.

Tejieron esa red de alianzas, ese «todos contra la derecha»: el Pacto de San Sebastián que preparaba la República, luego en la República, en la guerra (¡y hay que leer lo que decía Negrín de la Generalitat!). Ahora, todo es, más o menos, lo mismo. Los socialistas ganan votos, piensan que todo se suavizará. Ya, ya. Y pierden votos en España. Y en el País Vasco, tienen que aliarse con el PP. No había otra salida. Igual antes tuvieron que dejar su mansedumbre con ETA y volver a la línea correcta. El panorama está cambiando. No debe ser muy agradable hacer, para ir tirando, promesas incumplibles, salirse de la línea media y aceptar demagogias. Y ver que aumentan los votos del PP. Muchos le votan no porque este atraiga especialmente, más bien para, simplemente, salir de estos socialistas.

Entre tanto, bien por culpa de los excesos del Gobierno en casos bien notorios, bien por circunstancias mundiales, bien, lo digo, por incompetencia y Hybris de tales o cuales ministros o ministras, ya por hechos fuera de su control, pero que en todo caso, impactan, va estrechándose su margen al tiempo que aumenta el malestar de todos. ¿Qué hacer? ¿Más gestos, más palabras, más humo, más marchas hacia atrás y hacia delante, más promesas, más contradicciones, más compraventa? Creo que, en el límite, esto ya no paga.

Con la fórmula que sea deberían ir a acuerdos racionales con el Partido Popular, afrontar los problemas - incluidos los que ellos crearon. Y eso que el Partido Popular también está ante dilemas. Poco sabemos lo que piensa hacer con tantos problemas que el PSOE ha creado. Con el aborto, el matrimonio homosexual, la enseñanza, el ejército, el sistema judicial, las Autonomías y tantas cosas.

Hay al menos algo claro: la Ley Electoral, si llega el caso, debe ser reformada. Que gobierne el que tenga mayoría, que no necesite de esos grupos minoritarios que al final son los que mandan. La Constitución debe ser respetada. Si dice que todos los españoles «tienen el deber de conocerla (nuestra lengua) y el derecho a usarla», que se cumpla. Si dice que las Relaciones Internacionales son sólo del Gobierno, que se cumpla. Si a las autonomías se les reconoce «en su caso, la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma», no otra cosa, es claro que la enseñanza en general debe depender del Gobierno. Sabríamos al menos a qué atenernos, qué debe quedar fuera de abusos arbitrarios. Y así en todo lo demás. Desde luego, dictar Leyes y aplicarlas sin que antes, digo antes, se establezca su constitucionalidad, es abominable. Un ateniense se habría horrorizado. Saldríamos, quizá, del malestar.

Teresa de la Vega

La vicepresidenta primera del Gobierno podría no haber tenido conocimiento del informe de la inteligencia militar, según apuntan las fuentes consultadas por ABC, a la hora de tomar la decisión de detener a los piratas. Su enfado podría haber provocado el cese del teniente coronel.

Carme Chacón

La ministra de Defensa optó por el informe del CNI, más cercano a los intereses políticos, que habría recomendado la detención de los dos piratas y desoyó el de la inteligencia militar, que apostaba por lo contrario. Ha esperado unos meses para cesar al autor de este informe.

La pésima gestión de la liberación de los tripulates del atunero vasco «Alakrana» el 17 de noviembre de 2009, secuestrado por piratas somalíes, ha dejado más de una herida abierta en el seno de las Fuerzas Armadas y ha puesto de manifiesto las difíciles relaciones entre los dos servicios de inteligencia que participaron en la resolución del conflicto: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas).

Las heridas en los Ejércitos han comenzado a ser más evidentes desde que el 26 de enero, la ministra de Defensa, Carme Chacón, cesó fulminantemente al teniente coronel J.C.A., jefe de área de África Subsahariana del Cifas, y autor del informe militar confidencial que desaconsejaba la detención de los dos piratas, como después se hizo. El motivo oficial de la destitución era la pérdida de confianza sobre este militar, pero las fuentes consultadas por ABC apuntan a que hay algo más.

Por un lado, estas fuentes indican que se le cesó tras la filtración del citado informe confidencial a un medio de comunicación. Algunas fuentes señalan que el Jemad ordenó iniciar una investigación para saber desde dónde había partido esta filtración. Se realizó un seguimiento de todos los ordenadores y se apuntó a J.C.A. como responsable. El resultado fue su destitución.

Otras fuentes aseguran que la causa de su cese fue que el informe no gustó a los responsables políticos y que, por ello, se apartó al teniente coronel. Esta causa es la que más malestar ha provocado en las Fuerzas Armadas, ya que fuentes militares aseguran que J.C.A. ha sido el «cabeza de turco» de la mala gestión y aseguran que «si los políticos quieren informes a la carta, que lo digan». En este sentido, militares consultados por ABC se lamentan de que «así se paguen las lealtades» y que, en estos momentos, en las Fuerzas Armadas hay «mucho miedo» a realizar informes militares y que, incluso, no quieren firmarlos, remitiéndoselos a los mandos para que sean ellos los que den la cara.

Al margen de la indignación que hay en los cuarteles por el cese del teniente coronel, su destitución también podría estar vinculada a la guerra que existe entre los dos servicios de inteligencia (CNI y Cifas) y al uso que, de uno y otro, hace el Gobierno. En esta disputa es donde sitúan algunos militares el cese del teniente coronel.

Al parecer, el informe que el Ministerio de Defensa encargó al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas no llegó nunca a la mesa de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Pero el del CNI sí, ya que se ajustaba más a los intereses políticos del Gobierno, al proponer la detención de los dos piratas. Siempre según la versión de las fuentes consultadas por ABC, «tras el desastre de la resolución de la crisis del «Alakrana» y airearse en los medios de comunicación el informe del Cifas» Fernández de la Vega conoció el informe y mostró a Chacón su malestar por no haber tenido conociemiento del mismo a la hora de tomar decisiones.

No es el primer choque

El encontronazo de estos dos servicios de inteligencia no es la primera vez que se produce, ya que ha sucedido en otra ocasiones, como son las misiones internacionales en las que participa España, donde el intercambio de información no se realiza con la fluidez necesaria. En algunos sectores políticos e incluso en el CNI hay un cierto interés porque no exista «inteligencia militar», «ya que no le gusta que existan informes de inteligencia que difieran de los suyos», comentan las fuentes consultadas. Incluso en el seno del CNI se baraja la posibilidad de integrar a la inteligencia militar dentro de su estructura.

El hecho de que en el asunto del «Alakrana» participaran Fernández de la Vega y Chacón, supuestamente enfrentadas en sus ambiciones personales, añade un matiz político a la crisis del «Alakrana». Además, otro elemento a tener en cuenta es que el teniente coronel cesado fue ayudante de Bono.

El Ministerio de Defensa reiteró ayer que sustituirá antes de final de año todos los vehículos blindados BMR que tiene desplazados en Afganistán y Líbano, y su lugar será ocupado por los prototipos Lince de escuadra y RG-31 de pelotón. Así lo prometió el secretario de Estado, Constantino Méndez, quien además reconoció que los BMR están «absolutamente obsoletos» para hacer frente a las nuevas amenazas a las que las tropas hacen frente en estas misiones.

Durante su intervención en un desayuno organizado por el Club Diálogos para la Democracia sobre Política Industrial de Defensa, explicó que la previsión que tiene el Estado Mayor es que «todos los vehículos que estén en zona de operaciones en 2010 respondan a los prototipos Lince como vehículo de escuadra, y RG-31 como vehículo de pelotón». «Sobre esa premisa se está trabajando y eso ha llevado a anticipar los calendarios previstos en 2007», apostilló.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien se encuentra de guardia esta semana, abrió este lunes diligencias de investigación sobre el ataque talibán que acabó con la vida del soldado John Felipe Romero Meneses e hirió a otros seis militares españoles, ya que este órgano es competente por tratarse de un ataque cometido contra español en el extranjero, informaron fuentes jurídicas.

Según señalaron fuentes de este tribunal a Libertad Digital, la investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 se enmarca dentro de la competencia que tiene atribuida la Audiencia Nacional para investigar delitos cometidos contra españoles en el extranjero. En este caso, el ataque por parte de los talibanes a las tropas españolas se tipificaría como un delito de terrorismo.

Tras la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo en junio del año pasado para limitar la jurisdicción universal se especifica que la Audiencia es competente “para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos; entre ellos, el de terrorismo”.

"Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española", sostiene la LOPJ.

Por su parte, se desconoce si Pedraz ha decidido investigar este ataque a instancia de la Abogacía del Estado o del Ministerio Fiscal.

En el mismo sentido que Pedraz, ya actuó su colega Ismael Moreno cuando el pasado mes de octubre abrió diligencias para investigar el “atentado” perpetrado en el país asiático contra las tropas españolas y que costó la vida al cabo Cristo Ancor Cabello Santana.

Además, Pedraz fue informado esta misma mañana de que este martes viajan hacia España tres de los heridos y ha dado su autorización para el traslado del cadáver de Romero y para que se le practique la autopsia, según las mismas fuentes.

El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado, se mostró este miércoles partidario de "requerir mayor formación para las misiones en el exterior" durante una entrevista concedida a En casa de Herrero, el programa que dirige y conduce Luis Herrero en esRadio.

"Me preguntaría si es sensato que con pocos meses de integración y formación en las Fuerzas Armadas se pueda ser enviado a Afganistan. Habría que analizar si se debería exigir un periodo mayor de experiencia en el Ejército para ir a las misiones en el exterior", dijo. Tras esto, recordó que "la seguridad plena es imposible conseguirla".

Preguntado sobre si los inmigrantes son "carne de cañon" en el Ejército por el hecho de que su porcentaje de muertes en Afganistán sea mucho mayor que su porcentaje en el total de las Fuerzas Armadas, respondió que "no sería certero decirlo, ya que es cierto que muchos extranjeros están en las unidades que más salen al extranjero, por lo que tienen más opciones".

De hecho, los soldados extranjeros pueden integrarse en todas las unidades del Ejército de Tierra, –cuyas unidades conforman las dotaciones enviadas a Afganistán– desde que las Fuerzas Armadas aceptaron extranjeros entre las tropas profesionales. Sin embargo, tuvieron el acceso restringido a la mayoría de las unidades del Ejército del Aire y la Armada hasta hace poco.

En 2007, una orden ministerial permitió ya el ingreso de soldados extranjeros en unidades de la Marina como el Tercio de Armada y los tercios y agrupaciones de la Fuerza de Protección de Infantería de Marina, además de incorporarse a los buques de la Flota (excepto los submarinos) y de la Fuerza de Acción Marítima. En el caso de la Fuerza Aérea, tendrán la posibilidad de acceder a todas las unidades excepto el Estado Mayor del Ejército del Aire, el Cuartel General del Mando Aéreo de Combate y otras unidades de mando y control.

Por otro lado, el dirigente de AUME insistió en la necesidad de reformar los contratos de la tropa y marinería. Según dijo, abogan por unas Fuerzas Armadas con "militares de carrera" frente a los "contratos basura" actuales. Asimismo, reiteró la denuncia de su asociación del excesivamente subjetivo sistema por el que se decide la renovación o no del contrato de un militar tras pasar los primeros seis años en las FAS.

Cada muerto nos recuerda que en aquel país se libra una guerra cruenta y brutal

El atentado mortal sufrido ayer por las tropas españolas en Afganistán, a consecuencia del cual ha muerto el soldado John Felipe Romero Meneses, de 21 años, y han resultado heridos de diversa consideración otros seis militares, es una copia casi perfecta del registrado el pasado 7 de octubre, cuando un vehículo del Ejército pisó una mina anticarro y falleció el cabo Cristo Ancor Cabello. Esta tragedia repetida pone de manifiesto los límites de la actitud defensiva a la que, siguiendo órdenes, se atiene el contingente español, con lo cual nuestros soldados están a merced de la iniciativa de los talibán. Esta estretagia está motivada por la obsesión del Gobierno por ocultar la naturaleza bélica del conflicto, como si en Afganistán no hubiera una guerra y una invasión en toda regla.

Desde luego, es muy difícil, por no decir imposible, que las tropas aliadas controlen al milímetro las vastas zonas en las que operan, pero no será encerrándose en los cuarteles como se derrote al enemigo. De todos modos, la muerte del soldado Romero debe asumirse como el doloroso tributo que España y sus Ejércitos pagan por arrimar el hombro en la lucha contra el terrorismo islamista, que tiene en Afganistán y en la frontera de Pakistán su principal vivero. El compromiso de nuestro país es incuestionable y tenemos tantas razones como el que más, pues hemos sufrido su zarpazo brutal, para no cejar en esta guerra contra los terroristas. Por eso hemos apoyado que el Gobierno haya propuesto el incremento del contingente en otros 511 soldados, con lo que el número total rondará los mil seiscientos. El presidente de EE UU ha pedido a los aliados un esfuerzo suplementario para acortar la guerra en Afganistán y es congruente que el presidente español lo secunde, al margen de que se llamen Obama y Zapatero. Sin embargo, no pueden ignorarse los últimos cambios de estrategia impulsados por el presidente Karzai, que han descolocado a los aliados. Mientras que Washington propone complementar el refuerzo de la acción militar con reconocimientos e incentivos para los talibán moderados y para los que abandonen las armas, el máximo dirigente afgano sorprendió en la Conferencia de Londres, celebrada días atrás, con una propuesta de altísimo riesgo: sentarse a negociar con los insurgentes talibán. La imagen de debilidad que tal propuesta transmite al mundo islámico en general y a los radicales, en particular, supone un grave retroceso. Tampoco resulta muy satisfactoria la sugerencia de Karzai de que las tropas aliadas permanezcan al menos quince años más en el país. Es muy dudoso que entre el contingente internacional haya alguna nación dispuesta a eternizarse en Afganistán. Esta guerra, como todas las guerras ofensivas, produce un desgaste de imagen y un hartazgo en la opinión pública, sin contar con el dramático balance de muertos, que ningún Gobierno democrático está dispuesto a asumir más allá de un tiempo razonable.

La posición española no puede ser muy diferente a la del resto, por eso es de total urgencia que se despejen las dudas sobre la estrategia a seguir y se evite que cunda la división entre los aliados. Le corresponde a Estados Unidos marcar las grandes líneas de actuación y su propuesta de ganarse a los sectores talibán más moderados es congruente pues, al tiempo que se aísla a los insurgentes, se refuerza el apoyo a las instituciones del país. Con todo, la cuestión del terrorismo islámico no quedará resuelta en tanto Pakistán no lo erradique de su territorio.

La clase política es ajena a la reforma de las pensiones públicas que acaba de proponer el Gobierno. Mientras el PSOE quiere retrasar la edad de jubilación a los 67 y rebajar las pensiones, sus señorías disfrutan del privilegio de poder retirarse con la pensión máxima cotizando tan sólo siete años.

Privilegios, ésa es la palabra que sirve para definir el estatus del que disfrutan sus señorías y cargos públicos. Así, por ejemplo, la reforma fiscal que aprobó el Gobierno el pasado año, la mayor subida de impuestos de la democracia, no afecta a todos por igual. Y es que hasta el 75% de los ingresos reales de los políticos está libre de impuestos. En concreto, entre el 40% y el 75% del sueldo real de diputados, senadores y, en general, cualquier cargo de representación pública, goza de exención fiscal. Es decir, no tributa a Hacienda, gracias a las abultadas dietas que cobran sus señorías.

Pero tales ventajas no sólo se circunscriben al ámbito fiscal. El proyecto de la reforma de las pensiones públicas que aprobó el Ejecutivo el pasado viernes tampoco afecta a los políticos. Tal y como desvela el despacho Larrauri & Martí Abogados en Invertia, ministros, diputados o secretarios de Estado, entre otros altos cargos institucionales, tienen la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones como recompensa a su trabajo.

"Efectivamente, la primera gran diferencia entre una pensión pública y una pensión de un alto cargo, o mejor dicho entre un ciudadano y un alto cargo institucional, es que así como el ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del Erario Público, el ministro, el senador, diputado, secretario, etc…, podrá percibir dos y tres salarios del Erario Público", alertan los expertos.

Por si ello fuera poco, mientras que los ciudadanos deben cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la pensión a que tienen derecho "a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación", añaden.

Ello se debe a que gozan de la llamada "pensión parlamentaria", que está prevista en el Reglamento de pensiones parlamentarias de fecha 11 de junio de 2006, que es la pensión que las Cortes Generales abonan con cargo a su presupuesto a quienes hayan sido miembros del Congreso de Diputados o del Senado durante al menos 7 años.

Esta pensión parlamentaria se creó para los supuestos en que los parlamentarios no alcanzaran el límite máximo de pensiones públicas. En esos casos las Cámaras abonarían la diferencia entre ese límite de pensión máxima y la pensión percibida por el diputado. En resumen, "las Cámaras [con el dinero de los contribuyentes] pagarán el dinero necesario hasta que el diputado alcance la base máxima de jubilación".

Indemnización por cese de actividad

Pero aún hay más. Tal y como señala el despacho, sus señorías también tienen derecho a percibir una indemnización económica por cese en el cargo, bajo la excusa de que" la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga a dejar la ocupación habitual de modo que cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades". La dificultad más “relevante”, según esta Exposición de Motivos, es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña cargo parlamentario.

Es decir, un parlamentario que al mes percibe como salario medio unos 4.000 euros al mes (mas dietas), se encuentra con el supuesto problema de que cuando cesa en su cargo carece de prestación por desempleo, de ahí que las Cortes aprobaran una "suculenta indemnización" para este tipo de casos, añaden los abogados.

Además, también perciben una indemnización para afrontar el período de transición que se produce entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones ya que, según explica el reglamento, no es seguro que vayan a continuar en el cargo.

"La indemnización por cese parlamentario será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización además se abonará mensualmente".

Idénticos motivos se adujeron para justificar la indemnización por cese de los ministros, permitiendo que "dicha indemnización fuera compatible con el cargo de diputado o senador o con cualquier otro tipo de remuneración", advierten.

De este modo, cuando un ministro cesa de su cargo, "tendrá derecho a una indemnización del 80% de su salario hasta dos años como máximo". Una cuantía que, además, podrá compaginar con el sueldo de diputado o senador. Por otro lado, cuando deje el cargo de diputado o senador también tendrá derecho a una indemnización por cese, equivalente a una mensualidad por año de cargo. Por último, sus señorías tienen aseguradas la base máxima de la pensión de jubilación si ha estado en el cargo parlamentario al menos siete años.

En resumen, los políticos españoles acumulan indemnizaciones por cese de actividad, así como la percepción de pensiones máximas y sueldos de forma simultánea con apenas unos años cotizados. Y, mientras, PP y PSOE negocian para rebajar las pensiones a todos los contribuyentes al tiempo que retrasan la edad de jubilación, aumentando así los años de cotización necesarios para recuperar el dinero que mes a mes les resta de sus sueldos la Seguridad Social.

El militar español John Felipe Romero Meneses murió este lunes en Afganistán cuando una mina anticarro estalló al paso del blindado en el que viajaba. Los seis compañeros que iban junto a él en el vehículo que abría el convoy resultaron heridos. Minutos después de conocer la noticia era inevitable preguntarse por el vehículo en el que viajaban. Casi tres horas tardó el ministerio de Defensa en confirmar que se trataba de un BMR (Blindado Medio de Ruedas).

¿Por qué siempre a los BMR? ¿No hay ninguna forma de evitar las minas? ¿Son seguros los vehículos que utilizan nuestros militares? ¿Qué pasa con los Lince y los RG-31 tan modernos que se han enviado a Afganistán? Cada vez que los talibanes causan bajas a las tropas españolas toca hacerse las mismas preguntas.

Las tropas españolas desplegadas en Afganistán tienen como vehículo principal para desplazarse y patrullar por el país asiático al BMR, un vehículo diseñado en 1972 y cuya producción en cadena comenzó en 1979. Pese a que cumplió con lo que se le exigía durante la misión de paz española en los Balcanes, en el escenario de guerra afgano han salido a relucir todas sus carencias.

El Blindado Medio de Ruedas fue diseñado inicialmente con un blindaje original de aluminio, preparado para repeler las balas pero, en ningún momento, las minas ni los IED (artefactos explosivos improvisados) usados por los talibanes para atacar los convoyes españoles. La gran mayoría de estos vehículos fueron modernizados en 2004. Se les dotó entonces, entre otras cosas, de un nuevo motor, una nueva configuración del compartimento de tropa y un blindaje adicional a base de placas de acero. Pero este nuevo blindaje no sirve para el escenario afgano. "Les pusieron unas planchas pero no es vehículo apropiado. Cada vez que le ponen una mina salta el vehículo. Son muy vulnerables", afirman a Libertad Digital expertos militares.

Estos mismos expertos destacan que "el vehículo ideal" para abrir estos convoyes es el nuevo RG31 Nyala, del que existen ya, al menos, una treintena de unidades sobre el terreno. "Sería de sentido común", dicen. Pero, como apuntan, "no son muchos" –en alusión a esta treintena–, "por lo que seguirán utilizando el BMR como vehículo principal. Si se hacen 20 ó 25 salidas diarias, en cuanto le pase algo a un RG31 ya tienes que volver a usar los BMR para abrir los convoyes".

Precisamente, este RG31 Nyala es la joya de la corona española en Afganistán, aunque todavía su número de unidades es insuficiente. Es un 4x4 de pelotón especialmente diseñado para resistir minas y objetos explosivos improvisados y con el que Defensa quiere sustituir a los BMR que prestan servicio actualmente

"Un vehículo que sería capaz de aguantar casi todas las minas anticarro que hay en el mercado", destacan.

El Ejército español ha adquirido 100 unidades del RG31 –85 de transporte de personal, diez ambulancias y cinco de puesto de mando– por los que pagará 85 millones de euros. De ellos, la gran mayoría han sido ya entregados ya a España y 61 serán trasladados a Afganistán, donde ya ha llegado la primera treintena. Los otros treinta ya recepcionados deberían llegar antes de finales del mes de marzo, cuando llegará un nuevo relevo de tropas a Afganistán. Mientras tanto, el próximo reemplazo se adapta ya en España a los nuevos vehículos y los mecánicos aprenden los entresijos de los mismos.

Países como Estados Unidos o Canadá llevan ya meses utilizando este vehículo en el teatro de operaciones afgano con unos resultados excelentes.

El MLV Lince es otro de los vehículos que se tiene disponible en Afganistán y que podrían haber abierto el convoy "con mayor seguridad que el BMR", según destacan los expertos consultados. "Aguanta hasta un mina de hasta 6 kilos, sobre todo si es en una zona abierta, donde la potencia de la explosión se difumina", aseguran.

Con un sistema de protección balística y antiminas certificada por la normativa STANAG de la OTAN, el Lince es un todoterreno blindado preparado para la resistencia a la explosión de minas. Así, su cabina tiene una estructura deformable con función antiaplastamiento, los asientos tienen su propia configuración antiminas y el depósito de combustible está protegiado para evitar que se vea afectado por las deflagraciones de minas o de un IED.

Pese a que el RG31 y el MLV Lince hubiesen sido vehículos mucho más apropiados para abrir un convoy que los viejos BMR, el peligro de las minas sigue ahí. Los expertos militares consultados por Libertad Digital destacan que existen diferentes formas de detectar las minas que los talibanes colocan para que estallen al paso de los convoyes aliados: "visión por adelantado, emisión térmica, observadores avanzados", pero, como también destacan, "también hay formas de esconderlas bien y que no sean detectadas".

Según datos de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF) a los que tuvo acceso Efe, los aliados detectaron en el año 2009 un total de 7.820 artefactos explosivos preparados para atentar contra los integrantes de esta fuerza.

Un militar ha fallecido hoy y otros seis han resultado heridos de diversa consideración en un atentado contra un blindado español en Afganistán. Una mina anticarro de 2,5 kilos y gran potencia explotó al paso del blindado español BMR que escoltaba a una caravana del Programa Mundial de Alimentos en la conocida como «ruta Lithium», un camino que frecuentan las tropas españolas.

El fallecido es John Felipe Romero Meneses, de nacionalidad colombiana, soltero y de 21 años. El fallecido residía en Mollet del Vallés (Barcelona), han especificado fuentes del Ministerio de Defensa.

De los heridos y según las mismas fuentes, dos están graves, aunque fuera de peligro, mientras que los otros cuatro presentan heridas leves. Los seis heridos han sido evacuados en helicóptero hasta el Hospital Role 2 de la Base de apoyo avanzado de Herat. Los dos más graves son el teniente del Ejército de Tierra Jordi Francesc Rubio Carceller, de 28 años, casado y natural de Hospitalet (Barcelona) y el soldado de nacionalidad colombiana Daniel Ospina Quintana, de 23 años y soltero. Los heridos leves son el soldado Juan Morales Aroca, de 24 años y natural de Sevilla; el soldado Joshua Alcalá Silvera, de 20 años y natural de Tenerife; el soldado Carlos Gatos Guardado, de 23 años y natural de Barcelona, y el soldado Gerson Jaime Rodríguez, de 19 años y nacionalidad colombiana.

El militar fallecido pertenecía al contingente Aspfor XXIV, que desarrolla su labor bajo el mando del coronel Sierra, actual máximo responsable del Regimiento de Cazadores de Montaña «Arapiles 62» (con bases en Barcelona y la población leridana de San Clemente de Sasebas) y que, con la Jefatura de Tropas de Montaña, aporta la mayoría del personal que compone el contingente español en Qala-i-Naw.

El atentado ha tenido lugar en Sangatesh, al norte de Qala-i-Naw y a unos 60 kilómetros de la capital de Badghis, un lugar donde las tropas españolas han sufrido otros incidentes. En concreto, se trata del quinto ataque que sufre una patrulla española en la misma zona en menos de un año (las tropas fueron atacadas en Sang Atesh el 5 y el 12 de septiembre, y posteriormente en octubre, además de otras dos ofensivas por parte de los talibanes registradas el pasado mes de mayo. Se trata del quinto ataque a patrullas españolas en la misma zona en menos de un año

Al margen de esta zona, la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat, al oeste de Afganistán, también ha sido centro de varios ataques con cohetes por parte de la insurgencia. El último, en la madrugada del pasado 4 de diciembre cuando tres cohetes impactaron en la pista de aterrizaje, sin causar daños materiales ni personales. Anteriormente, la base hispano-italiana sufrió ataques similares en agosto y mayo de este año.

La muerte hoy de un soldado como consecuencia de un atentado con una mina anticarro en la localidad afgana de Sang Atesh, eleva a noventa el número de militares españoles fallecidos en Afganistán desde que la misión española se desplegó en 2002 dentro de la Fuerza Internacional de Seguridad y Asistencia (ISAF).

Ocho de los fallecidos murieron en acciones de guerra, 79 en accidentes aéreos (62 en el Yak-42 y 17 en el helicóptero Cougar), dos en accidentes de tráfico y uno por infarto de miocardio.

El primer ataque mortal contra las tropas españolas se produjo el 8 de julio de 2006 en la provincia de Farah, cuando la explosión de un artefacto activado a distancia mató al soldado de origen peruano Jorge Arnaldo Hernández.

El 21 de febrero de 2007 una mina estalló al paso de un convoy español y mató a la soldado Idoia Rodríguez Buján cerca de Shindand, en la provincia de Herat.

El 24 de septiembre siguiente murieron los soldados Stanley Mera Vera, de origen ecuatoriano, y Germán Pérez Burgos, y otros seis resultaron heridos, tres de ellos graves, al explotar una bomba al paso del blindado en el que viajaban. En el ataque también murió un intérprete afgano.

El 9 de noviembre de 2008 un atentado suicida cerca de Herat causó la muerte al brigada Juan Andrés Suárez García y al cabo primero Rubén Alonso Ríos.

El 7 de octubre de 2009 falleció el cabo Cristo Ancor Cabello tras estallar una mina anti-tanque al paso del vehículo en el que viajaba en Siah Washan.

Además de estos ocho muertos por los ataques de los insurgentes, 79 militares perdieron la vida en accidente aéreo, dos en accidente de tráfico y uno por causas naturales.

El 26 de mayo de 2003 murieron 62 militares cuando regresaban de Afganistán en un avión Yakovlev-42 ucraniano que se estrelló en Trebisonda (Turquía).

Otros diecisiete perdieron la vida el 16 de agosto de 2005 cerca de Herat al estrellarse el helicóptero Cougar en el que viajaban.

El 26 de mayo de 2007 murió el sargento de Infantería Juan Antonio Abril Sánchez al volcar el vehículo militar en el que viajaba, en Badghis.

El pasado 8 de enero el soldado Christian Javier Quishpe Aguirre, de nacionalidad española y oriundo de Ecuador, murió atropellado en la Base de Herat.

El 24 de octubre de 2005 el capitán médico Jesús de la Pascua Belaustegui falleció de un infarto de miocardio, también en Herat.

Un total de 155 miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad españolas, además de dos intérpretes extranjeros que les acompañaban, han muerto desde 1987 mientras cumplían misiones en el exterior

La misión en Afganistán es la que más vidas humanas ha costado a España, seguida de la misión de Bosnia-Herzegovina, con 23 muertos.

España necesita un debate serio y profundo sobre qué hace en Afganistán, sus misiones, los medios para cumplirlas y sobre qué Afganistán se quiere lograr con nuestro esfuerzo y el sacrificio de nuestros hombres y mujeres en uniforme.

Cuando uno prefiere la paz a la victoria suele ocurrir que ni tiene paz ni victoria. Eso es precisamente lo que está sucediendo en Afganistán. La estrategia de Obama, tan velozmente secundada por Rodríguez Zapatero y su ministra de Defensa, al hacer hincapié en su transitoriedad, esto es, al ponerle fecha fija de salida de las tropas, lo que está logrando ahora es un envalentonamiento de los talibán y yihadistas. Si tienen paciencia, saben que ganan; si aceleran sus ataques, creen que podrán con la escasa voluntad de los políticos.

En el caso español eso es patente. Se aumentan las tropas sin consideración con la misión, sólo los ojos puestos en una foto con el presidente norteamericano. Y aún peor, se juega con la seguridad cotidiana de nuestros militares, mal equipados y peor autorizados para hacerse valer en la situación hostil que les rodea.

Por ejemplo, ya es vox populi que los BMR, los famosos blindados de ocho ruedas utilizados por nuestras patrullas, son altamente vulnerables a las minas. El último trágico acontecimiento, hoy mismo. Pero no importa, el Ministerio de Defensa dice tener sustitutos, los blindados RG 31 teóricamente, según los voceros oficiales, capaces de proteger a los soldados de minas anticarro. Y en parte es cierto, Defensa ha tenido que modificarlos, ya que venían sin suficiente blindaje, y se les ha protegido especialmente en los bajos. Pero nada se ha hecho en los laterales. Teniendo en cuenta que presenta un perfil más elevado, no se debería descartar que los próximos ataques se centren en lanzar granadas con RPG contra, precisamente, los lados del vehículo. No en balde, la guerrilla afgana es una de las más rápidas en cambiar de táctica y ha sido capaz de sorprender a los aliados con el paso del tiempo.

Las autoridades civiles y militares del Ministerio de Defensa deberían hablar con mayor humildad y sinceridad. La alternativa es que la ministra se desplace a recoger cadáveres en Afganistán cada vez más frecuentemente. Pero eso no ayudará ni a las víctimas y sus familiares, ni a los que allí están desplegados, ni a los afganos.

España necesita un debate serio y profundo sobre qué hace en Afganistán, sus misiones, los medios para cumplirlas y sobre qué Afganistán se quiere lograr con nuestro esfuerzo y el sacrificio de nuestros hombres y mujeres en uniforme.

A estas alturas, Carmen Chacón ya debería saber que con la vida de los demás no se debe jugar. Más de una manera tan aparentemente caprichosa como indican los vaivenes estratégicos de su jefe.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

España participa enero de 2002 en de la Fuerza Internacional de Seguridad y Asistencia (ISAF), integrada por unos 64.500 efectivos de 42 países y bajo el mando de la OTAN.

El contingente español dirige la Base de Apoyo Avanzada (FSB) en Herat y el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala i Naw, en la provincia de Badghis, en el oeste del país.

También hay personal español en el Cuartel General de Mando Regional de Herat; en el Cuartel General de ISAF en Kabul; y un destacamento aéreo en la base estadounidense de Manás (Kirguizistán).

La dotación permanente está compuesta por 778 militares, a los que hay que sumar los 70 militares enviados a Afganistán que el 1 de octubre de 2009 asumieron la dirección del aeropuerto de Kabul durante un periodo de siete meses.

Además, en julio España envió 450 militares para velar por la seguridad durante las elecciones presidenciales que se celebraron el 20 de agosto. El "batallón electoral", según lo denominó el Gobierno, regresó a finales de noviembre de 2009, una vez culminada su misión tras ser declarado Hamid Karzai ganador de los comicios.

De forma paralela a este repliegue, se desplazaron hasta Afganistán 220 militares de refuerzo, que se sumaron a los efectivos que ya se encontraban allí. En total, 1.068 militares españoles permanecen en el país.

En diciembre, la ministra de Defensa anunció en el Congreso el envío de otros 511 militares, con el que el contingente sumaría, en total, 1579 militares.

ETNIAS

En Afganistán conviven desde hace siglos más de cincuenta etnias o grupos tribales, cuyas relaciones han configurando la historia del país.

Los pastunes son el grupo más numeroso, representan el 38 por ciento de la población, se encuentran repartidos entre el este y el sur del país y profesan la religión musulmana suní. Divididos internamente en clanes, no forman un grupo homogéneo y son frecuentes las disputas entre ellos, que se trasmiten de generación en generación. Fieles, sin embargo, todos ellos, a un arcaico código de conducta, que comporta obligaciones de tipo moral y penal, su implantación tiene mucha fuerza en el país hasta el punto de que muchas de las regulaciones religiosas impuestas por los talibán, tenían su origen en las normas rurales de las tribus pastunes, no en el islán.

Los tayicos representan el 25 por ciento de la población, su origen es persa y se agrupan alrededor de la ciudad de Herat, al oeste, y en las montañas del noreste, próximas a sus hermanos del vecino Tayikistán.

Campesinos y comerciantes, se encuentran entre los descendientes de los más antiguos habitantes del país. No representan, sin embargo, una verdadera etnia sino más bien un conjunto de pueblos que comparten una cultura y una lengua común, el dari (o persa).

Los hazaras representan el 19 por ciento de la población y se concentran en las provincias centrales de Afganistán. Hablan persa y profesan la religión musulmana chií, considerada una herejía por los musulmanes suníes, que les tratan como parias.

Los uzbecos representan el 12 por ciento de la población, son turcófonos y se agrupan al oeste y al norte del país, en los dos lados de la frontera de Uzbekistán. La agricultura y la artesanía son la base de su economía. Musulmanes sunitas, en su mayoría se confiesan no practicantes.

Otros grupos minoritarios son los aimakas, concentrados en Hazarasjat y en las montañas de Herat; los baluchis y los braouis, localizados en el sur de Kandahar, y los nuristanis, que viven sobretodo en las montañas del noreste de Kabul.

AFGANISTÁN-HISTORIA RECIENTE (1973-2001)

A continuación figura una cronología que recoge los principales hechos ocurridos en la historia reciente de Afganistán:

1973

- 17 jul.: El monarca Mohamed Zahir Shah, que reinaba desde 1933, es depuesto por su primo y cuñado Sardar Mohamed Daud, quien proclama una República.

1978

- 27 abr: Simpatizante marxistas del Ejército dan un golpe de Estado y derriban al gobierno de Daud, que es asesinado. Nur Mohamed Taraki se convierte en el nuevo presidente, con el reconocimiento de la URSS.

1979

- 16 sep: Taraki es depuesto y muerto en un golpe de Estado del primer ministro Hafizulá Amin.

- 27 dic: El Ejército soviético lanza una invasión a gran escala sobre Afganistán e instala en el poder a Babrak Karmal. Comienza entonces la resistencia activa contra el Gobierno y las más de 100.000 tropas de ocupación.

1986

-4 may: Karmal es reemplazado en el poder por Mohamed Najibulá, jefe de la policía secreta.

1989

- 15 feb: Las tropas soviéticas completan su retirada de Afganistán tras ser derrotadas por los muyahidin, que contaron con el apoyo de EEUU.

1992

- 16 abr: Najibulá renuncia a su cago y el 30 de diciembre de ese año, tras un gobierno provisional compuesto por 50 representantes de las diez facciones muyahidin más importantes, Burhanudin Rabani es elegido jefe de Estado. El final del régimen comunista da paso a una guerra civil entre las diversas facciones étnicas que existen en el país.

1994

Al amparo de Pakistán, el mulá Mohamed Omar crea la milicia "talibán", integrada por jóvenes estudiantes formados en las escuelas coránicas, que garantizan la unidad del territorio frente al caos y la fragmentación, y pretende imponer la Sharia (ley islámica).

1996

- 27 sep: Los talibanes toman Kabul, y en menos de dos años dominan el 90 por ciento del país e imponen sus propias leyes fundamentalistas. El resto queda en manos de la alianza liderada por el presidente Rabani.

1998

- 20 ago: Estados Unidos ataca supuestas bases e instalaciones terroristas en Afganistán en represalia por los atentados contra sus embajadas en Africa Oriental a principios de mes, al tiempo que acusa a Bin Laden, refugiado en territorio afgano, de ser el cerebro de los mismos.

1999

- 15 oct: El Consejo de Seguridad de la ONU da un ultimátum al régimen talibán para que extradite antes de un mes al presunto terrorista bajo la amenaza de embargo aéreo y sanciones financieras.

- 14 nov: Agotado el ultimátum, entran en vigor las sanciones.

2000

9 dic: A iniciativa de Estados Unidos y de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU amplia las sanciones contra los talibán, que se traducen en un refuerzo del embargo aéreo, el cierre de las representaciones diplomáticas en el extranjero y la congelación de la venta de armas.

2001

- 9 sep: Fallece en un atentado el líder de la Alianza del Norte, Ahmed Shah Masud.

- 11 sep: Terroristas islámicos estrellan tres aviones de pasajeros que habían secuestrado previamente contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington.

-7 oct: Comienza la "Operación Libertad Duradera": EEUU bombardea Afganistán con la ayuda del Reino Unido.

Osama Bin Laden advierte a EEUU desde la cadena de televisión qatarí "Al Yazira" de que "no tendrá seguridad hasta que el pueblo palestino no viva en paz".

-11 oct: Bush ofrece por segunda vez a los talibanes la posibilidad de entregar a Bin Laden, que Kabul rechaza al día siguiente al insistir en ver pruebas de su culpabilidad.

- 3 nov: Bin Laden culpa a la ONU de haberse convertido "en un instrumento del crimen contra los musulmanes" en un vídeo difundido por "Al Yazira".

-9 nov: La Alianza del Norte anuncia la toma de Mazar-i- Sharif, "capital septentrional" de Afganistán.

-13 nov: Las fuerzas de la Alianza del Norte entran en Kabul y siguen su avance en otros frentes, mientras que los talibanes se replieguen hacia el sur.

Desde Roma, el ex rey Mohamed Zahir Shah pide la convocatoria de una "Loya Yirga", una asamblea tradicional de los jefes de las tribus afganas.

-14 nov: El Consejo de Seguridad de la ONU, por unanimidad, pide la formación de una administración de transición que conduzca a la formación de un gobierno multiétnico de amplia base.

- 22 nov: Pakistán, gran patrocinador de los talibanes, cierra la única embajada que le quedaba al régimen, la de Islamabad.

- 25 nov: Tropas de la Alianza del Norte entran en Kunduz y combaten los últimos focos de resistencia talibán tras la rendición de centenares de combatientes integristas.

- 26 nov: Las distintas facciones afganas a las afueras de la ciudad alemana de Bonn una reunión para acordar un gobierno de transición.

- 5 dic: La Conferencia de Bonn elige al representante oficial del ex rey Mohamed Zahir Shah, Hamed Karzai, primer ministro del Gobierno futuro Gobierno provisional afgano.

- 6 dic: Tras diez días de asedio, la Alianza del Norte, con el apoyo americano, toma Kandahar, la ciudad más representativa del régimen talibán.

AFGANISTÁN POSTALIBAN

La intervención armada sobre Afganistán, en octubre de 2001, tras los atentados del 11-S, acabó en poco más de un mes con el régimen talibán y generó un vacío de poder, ante el cual la comunidad internacional se vio obligada a reaccionar.

Auspiciada por la ONU, se celebró en diciembre de 2001 la conferencia de Bonn donde las facciones que representaban la diversidad étnico-política afgana, salvo los talibán, acordaron la formación de un gobierno interino, al que seguiría un proceso constituyente coronado por elecciones libres.

La falta de seguridad retrasó sin embargo la celebración de los comicios, tras los cuales Hamid Karzai, fue elegido en noviembre 2004, presidente de Afganistán, y en septiembre de 2005 tuvieron lugar las primeras elecciones legislativas de las que salió el primer Parlamento afgano en tres décadas.

Extender el poder por todo el país, la erradicación de la producción de opio (que en 2009 movió unos 2.800 millones de dólares, siendo el Afganistán el mayor productor del mundo) y acabar con la insurgencia talibán, son desde entonces los principales objetivos del Gobierno, que para ello cuenta con el apoyo de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), compuesta actualmente por más de 84.000 efectivos de 43 países, bajo mando de la OTAN desde agosto de 2003, y que en octubre de 2006 completó su área de influencia en el país.

Washington comanda además un ejército que a finales de 2009 estaba integrado por unos 15.000 militares, y que fuera del mando de la OTAN están dedicados a la lucha antiterrorista y concentran su actividad en la actividad meridional del país, donde más fuerza tiene la resistencia talibán.

Lejos de consolidarse la seguridad, la violencia se ha recrudecido en el país durante los últimos años, mientras que los talibanes han expandido sus acciones a amplias franjas del territorio afgano.

Cerca de 4.400 personas murieron en 2006 víctimas de la violencia en Afganistán, y más de 6.300 perecieron durante 2007.

En febrero de 2009, la ONU alertó además del incremento de víctimas civiles en 2008 -año en que perecieron 2.228 civiles, del 40 por ciento respecto año anterior-. Y la situación tampoco mejoró en 2009, el año más sangriento para la población civil desde la caída del régimen talibán, con 2.412 muertos, según Naciones Unidas, que alertó de la intensificación del conflicto y la expansión de éste a áreas "relativamente seguras".

El deterioro de la seguridad es, de hecho, el argumento que esgrime el nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, para relanzar la implicación internacional en el conflicto afgano.

A los 21.0000 soldados estadounidenses comprometidos en abril de 2009, su sumó en diciembre de ese año el envío de 30.000 más, a lo que los aliados han respondido hasta el momento con cerca de 7.000 efectivos adicionales.

El incremento de tropas de los países participantes en la misión dependerá sin embargo de lo que se decida en la Conferencia de Londres, prevista para el 28 de enero de 2010, apenas unos meses después de que Karzai renovara su mandato en noviembre de 2009, tras un controvertido proceso electoral marcado por la anulación de cientos de papeletas fraudulentas.

A la espera de la conferencia, Estados Unidos y la ONU han presionado además a Karzai para que luche en su nuevo mandato contra la corrupción -que mueve actualmente 2.500 millones de dólares y es la mayor preocupación para su empobrecida población- y forme un gabinete competente, que ha sufrido ya varios retrasos.

CRONOLOGÍA

2001

7 oct.- Comienza la "Operación Libertad Duradera": EEUU bombardea Afganistán con la ayuda del Reino Unido.

13 nov.- Cae Kabul.

14 nov.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución para la reconstrucción del país, sobre una base amplia y democrática.

27 nov-5 dic.- Conferencia de Bonn: las principales facciones de Afganistán, salvo los talibán, acuerdan la formación de una "autoridad interina" que gobernará el país durante seis meses, y a los que seguirá un proceso constituyente coronado por elecciones libres.

20 dic.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución que autoriza el despliegue de la Fuerza Internacional de Seguridad y Asistencia (ISAF) en Kabul y alrededores.

22 dic.- Hamid Karzai toma posesión como presidente del Consejo Interino.

2002

22 ene.- La Conferencia Internacional de Tokio compromete 4.500 millones de dólares para la reconstrucción del país.

28 mar.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución que apoya el establecimiento de una misión en Afganistán (UNAMA).

13 jun.- La "Loya Jirga" elige a Hamid Karzai presidente de la Administración interina.

18 dic.- La Conferencia de Donantes de Oslo compromete ayudas por valor de 2.000 millones de dólares durante 2003.

2003

11 agost.- La OTAN asume el mando de la ISAF, que se convierte así en la primera misión de su historia fuera de Europa.

Diciembre.- "Operación Avalancha" lanzada por 2.000 soldados estadounidenses contra la resistencia talibán y Al Qaeda, en el sur y el este del país.

2004

4 ene.- La Loya Yirga aprueba la nueva Constitución afgana, que prevé un régimen presidencialista fuerte.

1 abr.- La III Conferencia Internacional para Afganistán reafirma en Berlín su compromiso con las autoridades afganas y aprueba una ayuda de 8.200 millones de dólares para los próximos tres años.

2 abr.- La OTAN aprueba la extensión de la presencia militar aliada fuera de Kabul.

9 agost.- El Eurocuerpo asume el mando de la ISAF en Afganistán, bajo la égida de la OTAN.

9 oct.- Hamid Karzai vence en las elecciones presidenciales.

7 dic.- El nuevo presidente jura el cargo para los próximos cinco años.

2005

10 feb.- La OTAN anuncia la ampliación del despliegue al oeste del país.

18 sept.- Los "señores de la guerra" se imponen en las elecciones a la Wolesi Jirga (Cámara Baja del Parlamento) y los 34 consejos provinciales de Afganistán, con los que se pone fin al proceso de Bonn.

8 dic.- La Alianza Atlántica acuerda aumentar su contingente de 9.000 a 15.000 soldados y extender su acción al sur del país.

19 dic.- El nuevo Parlamento afgano celebra su sesión inaugural.

2006

31 ene-1 feb.- La conferencia internacional de Londres aprueba el llamado "Plan Compacto para Afganistán", que sustituirá al "Proceso de Bonn" y para el que los países participantes comprometen 10.500 millones de dólares.

18-19 may.- Se recrudece la violencia en el país, donde en dos días mueren más de un centenar de personas.

5 oct.- La OTAN extiende su misión al este de Afganistán, completando su extensión a todo el país.

2007

Marzo.- Las OTAN y las fuerzas de seguridad afganas lanzan, en el sur del país, la "operación Aquiles", la mayor contra la insurgencia talibán.

17 jul.- El Consejo de Seguridad insta a proteger a la población civil en Afganistán.

19 jul.- Los talibanes secuestran a 23 surcoreanos, en lo que fue el cautiverio más largo de la era postalibán: 43 días durante los cuales fueron ejecutados dos de ellos.

2008

17 feb.- Más de cien muertos en un atentado suicida perpetrado en la ciudad sureña de Kandahar, el más sangriento desde la caída del régimen talibán.

1-3 abrl.- Cumbre OTAN: varios países, como Francia, comprometen en Bucarest más tropas para Afganistán.

12 jun.- Conferencia París: nueva donación de la comunidad internacional, esta vez de 21.416 millones de dólares.

14 jun.- 900 prisioneros liberados en asalto talibán a una cárcel en sur del país.

2009

27 ene.- El nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, sitúa a Afganistán como su prioridad en la estrategia militar.

17 feb.- La ONU alerta del recrudecimiento del conflicto afgano, que causó en 2008 la muerte de más de 2.000 civiles.

28 mar.- Obama anuncia el envío de 4.000 soldados adicionales.

5 may.- Decenas de civiles muertos en bombardeo estadounidense en Farah, oeste del país.

4 abrl.- Cumbre OTAN: los aliados comprometen el envío de 5.000 efectivos -más de la mitad con carácter temporal, para reforzar la seguridad ante las elecciones del 20 de agosto- y 100 millones de dólares a Afganistán.

20 agost.-. Bajo una campaña de intimidación promovida por la insurgencia talibán, Afganistán celebra sus segundas elecciones presidenciales desde la caída del régimen integrista.

3 sept.- Polémica en Alemania por la muerte de 142 personas, decenas de ellas civiles, en ataque aéreo ordenado por el mando alemán.

16 sept.- Los resultados provisionales otorgan a Karzai la victoria electoral con el 54,6 por ciento de los votos, lo que haría innecesaria una segunda vuelta.

19 oct.- La Comisión Electoral de Quejas (ECC) declara inválidos un tercio de los sufragios que fuerzan una segunda vuelta electoral para el 7 de noviembre.

3 nov.- Comité electoral declara a Karzai vencedor de los comicios, tras la retirada de su contrincante dos días antes.

19 nov.- Hamid Karzai jura su segundo mandato como presidente de Afganistán.

1 dic.- Obama anuncia el envío de 30.000 soldados adicionales a Afganistán y el comienzo de la retirada en junio de 2011.

4 dic.- La OTAN respalda el plan de Obama y garantiza un mínimo de 7.000 soldados más.

30 dic.- Siete agentes de la CIA muertos en atentado, cierra año con más bajas para EEUU en Afganistán (319 soldados muertos).

2010

13 ene- La ONU revela, igualmente, que 2.412 civiles murieron en 2009, el año más sangriento desde caída talibán.

26 ene.- BM y FMI aprueban el alivio de la deuda a Afganistán por 1.600 millones de dólares

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, reclamó hoy al Gobierno, tras el último ataque producido en Afganistán, "comience los preparativos para una retirada del contingente español en Afganistán lo más rápida que permita la seguridad de las tropas".

Su permanencia en este país sólo sirve para seguir atendiendo los intereses estratégicos de Estados Unidos y comporta riesgos inaceptables para los soldados. Estamos ante una guerra con todas sus consecuencias", indicó.

En un comunicado, condenó "con rotundidad" el ataque producido hoy sobre una patrulla de tropas españolas y expresó sus "condolencias y solidaridad" tanto a la familia del soldado John Felipe Romero Meneses, muerto al estallar una mina anticarro al paso de su vehículo, como a las de los otros seis militares heridos mientras escoltaban un convoy en la localidad de Sang Ates, situada al norte de Qala e Naw, además de hacerla extensiva a sus compañeros.

Que se replanteen el envío de otros 511 militares

Recordó además al Gobierno español que "se están iniciando negociaciones para intentar resolver la pacificación del país y ese es el camino correcto a apoyar". En consecuencia, recalcó al Ministerio de Defensa "la necesidad de replantearse el envío de otros 511 militares, que se sumarían a los 1.068 efectivos que ya están en la zona".

"El Gobierno debe reconsiderar este incremento y suspenderlo, retirando la solicitud de autorización que ha remitido al Congreso de los Diputados, con la finalidad de atender la petición hecha por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tras la escalada de las dificultades militares", señaló. Para Lara, IU "sigue siendo la única formación política que no ha variado ni un ápice su postura en los cerca de ocho años que dura esta misión".

"Nuestra actuación y nuestras propuestas no están hechas al calor de los acontecimientos, como sí se producen las de otros, y seguiremos planteando la necesidad de un calendario de retirada definitiva de las tropas españolas de este conflicto. Este calendario es ahora más urgente que nunca", agregó.

Finalmente, subrayó que la permanencia de soldados españoles en Afganistán "no sólo es ya un problema inasumible, sino un riesgo cada vez mayor con un objetivo que hace mucho tiempo dejó de estar definido y que no puede seguir parcheándose con la única excusa de que esta es la única fórmula posible para luchar contra el terrorismo internacional". Añadió que el planteamiento negociador de Obama y de otros países, entre ellos los de la UE, "demuestra que el contexto ha cambiado significativamente".

Con el fallecimiento de John Felipe Romero Meneses en el ataque al convoy español en el norte de Afganistán, son ya 92 los miembros de las Fuerzas Armadas españolas los que han muerto en esta misión. Muy de lejos, con 23 fallecidos, se sitúa la de Bosnia-Herzegovina.

El fallecimiento del soldado John Felipe Romero Meneses en el ataque perpetrado este lunes contra un convoy español en la localidad de Sangates, al norte de Qala-i-Naw (Afganistán), son ya 92 las bajas españolas en esta misión y sitúa en 150 las bajas de en todas las operaciones españolas de "mantenimiento de la paz.

El pasado 8 de enero, el soldado Christian Quishpe Aguirre, de 24 años, moría a consecuencia de las heridas ocasionadas por el atropello de un vehículo en Herat (Afganistán).

El último ataque fue similar al de este lunes. El 7 de octubre de 2009 el cabo Cristo Ancor Cabello Santana murió y otros cinco soldados resultaron heridos leves después de que su vehículo pisara un artefacto explosivo en las proximidades de la ciudad afgana de Herat.

El anterior ataque mortal que había sufrido el contingente español en Afganistán se remonta al 9 de noviembre de 2008, cuando un atentado suicida acabó con la vida de dos militares de la Brigada Ligera Aerotransportable (BRILAT), Juan Andrés Suárez García y Rubén Alonso Ríos.

Las primeras víctimas de la misión española en este país fueron los 63 militares que perecieron en el accidente del Yakovlev-42 el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía) cuando regresaban de finalizar su misión.

Dos años después, el 16 de agosto de 2005, 17 militares que viajaban a bordo de un helicóptero Cougar murieron al estrellarse éste en Shindad (Afganistán) cuando realizaban un vuelo de reconocimiento junto a otro aparato del destacamento español.

Al margen de los accidentes aéreos, el primer fallecido en Afganistán fue el capitán médico del Ejército del Aire Jesús de la Pascua Beláustegui, que perdió la vida por un infarto el 24 de octubre de 2005. Jorge Arnaldo Hernández Seminario, alcanzado por la explosión de una mina anticarro al paso de su vehículo el 8 de julio de 2006.

Posteriormente, perdió la vida el 21 de febrero de 2007 la soldado Idoia Rodríguez Buján, también por la explosión de una mina contra carro colocada en una carretera del distrito de Shindad, limítrofe con la provincia de Farah, una de las más conflictivas de toda la zona oeste.

Tras la muerte de Rodríguez Buján, el sargento Juan Antonio Abril Sánchez perdió la vida el 26 de mayo de 2007 en un accidente con su vehículo de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC). El destacamento español sufrió otro atentado terrorista el 24 de septiembre de 2007 y en él murieron los soldados Germán Pérez Burgos y Stanley Mera Vera y su traductor, Roohulah Mosavi.

LA destitución del jefe del área Somalia del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, teniente coronel Juan Carlos de Andrés, por sus informes en contra de la detención de los dos piratas en el caso del secuestro del atunero «Alakrana» en aguas del Índico, ha desatado una ola de adhesiones al militar en el seno de los Ejércitos. La indignación por la medida adoptada por la ministra de Defensa, Carme Chacón, corre como la pólvora por internet. Temerosos de que esta reacción pueda ir a más, altos mandos militares han emprendido una caza de brujas para frenar las muestras de apoyo al teniente coronel. Llaman a capítulo a quienes hayan hecho algún tipo de comentarios en la red, con el propósito de intimidar al resto de los militares y que el miedo les impida seguir utilizando la red para mostrar su malestar con la ministra.

La Academia General Militar (AGM) de Zaragoza ha anulado un expediente de contratación por presuntas irregularidades. Exactamente, por «existir dudas sobre las condiciones de secreto en que las proposiciones económicas debieron ser presentadas». Así consta en la resolución que el director de la AGM, el general de brigada Francisco José Gan Pampols, firmó el pasado día 15, sólo cuatro días después de haber tomado posesión de su nuevo cargo al frente de la Academia.

El contrato que había en juego —y que sigue estando, porque habrá que repetir la licitación— salió a concurso por 200.000 euros y consiste en la realización de un curso de idiomas en el extranjero para estudiantes de la Academia General Militar. Salió a concurso con un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de noviembre. El servicio que se tiene que contratar es un programa de inmersión lingüística a realizar en el Reino Unido, para perfeccionar el aprendizaje del inglés entre los alumnos de la AGM.

Pero alguien advirtió ciertas anomalías en el proceso y la dirección de la Academia optó por zanjarlo de un plumazo: según ha conocido ABC, el expediente de contratación fue anulado porque, al parecer, no existen plenas garantías de que se desarrollara de forma limpia y ajustada a la legalidad. Se cree que pudo haber trascendido información de forma irregular, de la que podría haberse beneficiado algún licitador. Por lo menos así se desprende de la orden que ha anulado el proceso de contratación.

El asunto estaba sobre la mesa del general Francisco José Gan Pampols nada más hacerse cargo de la dirección de la AGM. El día 11 de enero tuvo lugar el acto de toma de posesión en la Academia General Militar: el día 13 finalizó el plazo para que las empresas interesadas en ese contrato presentaran sus ofertas; y el día 15 firmó la orden con la que se anulaba el proceso de adjudicación, que depende de la Jefatura Económico-Administrativa de la AGM.

El contrato que salió a concurso, y que deberá volver a licitarse para que se pueda hacer efectivo, se enmarca en los planes de preparación especializada de los futuros oficiales que salen de la Academia General de Zaragoza. Esta es una de las cuatro grandes áreas en las que se estructura la formación de los cadetes y alféreces: asignaturas de ciencias y humanidades; enseñanzas de táctica militar; preparación física; y enseñanza de idiomas —se le da especial importancia al inglés—, en la que se incide especialmente desde hace años, ante la creciente participación de las Fuerzas Armadas españolas en ejercicios y misiones internacionales.

Se trata del teniente coronel J.C.A., que ocupaba durante la crisis del Alakrana en Somalia el cargo de jefe de área de África Subsahariana del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), y que, por tanto, dirigía al grupo de dicho centro encargado de hacer el seguimiento del secuestro del atunero, según informa la Cadena Ser.

Este militar elaboró el informe en el que se desaconsejaba la detención de los dos piratas somalíes del Alakrana, por considerar que podría poner en peligro a la tripulación y dilatar las negociaciones para la liberación.

Según explicaron fuentes ministeriales a Europa Press, se ha destituido a una persona "en la que se ha dejado de tener confianza". Estas fuentes argumentaron que los cargos de confianza están el tiempo "que se confía en ellos", y precisaron que si resulta que esa persona ha dejado de tenerla, "se acaba la relación y se le destituye".

El teniente coronel fue cesado el 7 de enero. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial de la Defensa, por un artículo que permite a la ministra de Defensa cesar a aquella persona que está en un destino de libre designación, apuntaron fuentes del Estado Mayor de la Defensa que no pudieron precisar su cargo exacto en las operaciones en la zona.

El Tribunal Militar ha rechazado el sobreseimiento pedido por el juzgado togado militar del sumario abierto contra dos cabos que se negaron a trasladar un camión entre dos bases españolas en Afganistán el pasado año, y ha resuelto que siga la investigación con la declaración de tres oficiales.

El Tribunal Militar Territorial Primero, en un auto de 14 de diciembre, resuelve "no acordar el sobreseimiento propuesto por el Juzgado Togado Militar Territorial número 12, al que se devolverá el sumario para su continuación, debiendo practicarse declaración de tres oficiales: un teniente coronel, un teniente y un alférez.

Estima que ha quedado acreditado que los cabos se negaron a obedecer las órdenes de conducir el vehículo "Vempar", el primero, y a viajar como acompañante el segundo, desde la base de Herat hasta la base de Qala e Naw, aduciendo que el vehículo no estaba blindado y que no contaba con inhibidores de frecuencia.

Ambos militares persistieron en su negativa después de que sus superiores les comunicaran que el vehículo contaba con inhibidores y que el transporte había sido autorizado por el Mando Operativo. Los hechos ocurrieron a principios de mayo del pasado año.

La Fiscalía Jurídico Militar, con fecha 19 de noviembre, mostró su conformidad con el auto de propuesta de sobreseimiento definitivo y en idéntico sentido se manifestó la representación letrada de los dos cabos.

En su auto, el Tribunal Militar afirma que la ley concede la posibilidad de, a la vista de la propuesta de sobreseimiento planteada por el juzgado instructor y la conformidad de la fiscalía jurídico militar, "no acordarlo si se pudieran deducir indicios que permitan asumir una razonable sospecha de responsabilidad penal frente a quienes con su actitud manifestaron una conducta desobediente".

El nuevo Museo del Ejército abrirá sus puertas en el Alcázar de Toledo. La fecha es una de las grandes incógnitas, tras años de continuos retrasos. Hace dos semanas, el alcalde de la Ciudad Imperial, Emiliano García-Page, dijo que su apertura, "como muy tarde", podría ser en septiembre de 2010.

Ninguna pista más dio la ministra de Defensa, Carmen Chacón, que con motivo de su discurso de la Pascua Militar destacó el compromiso de su departamento con este proyecto, que calificó como "uno de los proyectos más ambiciosos para la conservación y la divulgación de nuestra historia" y que "inauguraremos en los próximos meses".

Lejos de la visión positiva que sobre este cambio de ubicación del Museo del Ejército, de Madrid a Toledo, han tenido los ministros de Defensa de los Gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, expertos militares y civiles en historia militar denunciaron este lunes en Madrid lo que consideraron "un expolio cultural". En términos cuantitativos, según denunciaron, en Toledo se expondrá, tan sólo, una quinta parte de los fondos que se podían visitar en la capital de España, el resto serán almacenados en instalaciones hechas con esos fines en la Ciudad Imperial o se desperdigarán por instalaciones de administraciones locales, provinciales, autonómicas o académicas.

Reunidos en el Ateneo de la capital bajo la invitación y organización de la Agrupación El Mar y sus Ciencias, que preside Juan Manuel Gracia, a la mesa redonda "Expolio al Museo del Ejército de Madrid", dos generales retirados del Ejército –uno de ellos, ex director del Museo del Ejército de Madrid–, un almirante de la Armada y el presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Ejército de Madrid, criticaron duramente la decisión del traslado, que calificaron de "cúmulo de errores, fruto de la ignorancia y la falta de asesoramiento y, a veces, de la mala fe".

Tras la presentación del acto a cargo del propio Gracia, que recordó que "el patrimonio no es de los políticos, sino de los ciudadanos", el primer experto en tomar la palabra fue el máximo responsable de la Asociación de Amigos del Museo del Ejército de Madrid. José Durán justificó la utilización del término "expolio" para referirse a las consecuencias del traslado del Museo, pues, según dijo, hay "peligro para la integridad de algunos de los fondos" y gran parte de la colección va a quedar diseminada. Igualmente, recordó que el cambio de ubicación se realizó en contra de los dictámenes de las Reales Academias.

Tras él, tomó la palabra el ex director del Museo del Ejército de Madrid y general de Brigada de Infantería retirado Juan Antonio Sánchez, que tras hacer un repaso por la historia y orígenes del museo, aseguró que "se ha acabado con el museo de historia militar más importante del mundo".

Según explicó, gran parte de las colecciones van a perder su valor al no exponerse íntegras, sino tan sólo una selección de ellas. Entre estos casos, citó la colección de armas de fuego, de las que sólo se expondrán unas 200 en Toledo, impidiendo que se vea con la claridad del museo de Madrid la evolución histórica en la fabricación de las mismas. También se refirió a la colección Medinaceli de armaduras, compuesta por armaduras de guerra con armas largas de fuego y blancas de todo tipo –la colección del Palacio Real son armaduras de gala y para torneos, no de guerra–; o a la colección de piezas de artillería, cuatro de las cuales fueron sacadas a la calle y utilizadas para luchar contra las tropas francesas de Murat durante el levantamiento de Madrid contra los franceses en 1808.

También denunció que en 1997 se ordenó retirar la colección de banderas que había en el museo madrileño y que, desde entonces, están guardadas en unas "condiciones discutibles". En esa colección de banderas se encuentra la más antiguo que se conserva actualmente, la de la Real Hermandad, de los tiempos de los Reyes Católicos, y multitud de banderas de divisiones que se han disuelto a lo largo de la historia de España. Según dijo, estas banderas se mandaron limpiar –restaurar cada una constaba un millón de pesetas y hay más de dos mil banderas– y no se han vuelto a exponer.

Por último, denunció que muchos de los fondos del antiguo museo de Madrid se están dispersando por ayuntamientos, diputados, autonomías o universidades, dividiendo lo que era toda la colección, algo que, según dijo, "difícilmente se podrá volver a reunir". Como ejemplo de ello, puso a la espada Tizona –la del Cid Campeador– que pasó de exponerse en Madrid a ser comprada por la Junta de Castilla y León para ser expuesta en Burgos.

El último en intervenir fue el general de Brigada de Artillería retirado Antonio Marchante, quien dijo que la idea de cambiar el museo de ubicación la tomó José María Aznar asesorado por los hispanistas de la universidad de Yale Jonathan Brown y John Elliot, partiendo de "un estudio erróneo sobre la importancia del Salón de Reinos de Carlos IV, en el Palacio del Buen Retiro de Madrid", donde se encontraba el museo desde más de un siglo.

El objetivo era recuperar este salón, sacando de él el museo militar, pero la recuperación es imposible, según denunció Marchante, no sólo porque para ello habría que sacar del Museo del Prado obras de, por ejemplo, Velázquez, sino porque algunas de las obras expuestas fueron robadas por los franceses en su huida tras la Guerra de la Independencia y no han sido recuperadas.

Según informa La Razón, el Ministerio de Defensa continúa su particular cruzada para evitar que el Museo del Ejército de Toledo se salga del discurso marcado por la Ley de la Memoria Histórica.

El Museo ya acumula una larga lista de agravios por parte el ministerio, que lleva cerca de seis meses supervisando cada coma y cada punto, persiguiendo sistemáticamente todas sus actuaciones.

La última supone la censura más absoluta a los textos explicativos de la colección que recuerda la resistencia de Moscardó y sus hombres al asedio de las milicias republicanas sobre el Alcázar de Toledo. Esta colección ya fue suprimida inicialmente conforme a los criterios del Gobierno, pero los textos – especialmente los de un gráfico- han supuesto el verdadero foco de la polémica entre los responsables del ministerio y del museo.

Los textos, decían así:

"Durante la dictadura del General Primo de Rivera finalizó la guerra de Marruecos y la monarquía constitucional se transformó en una monarquía autoritaria. Con la Segunda República (...) no se consigue sentar las bases de un nuevo modelo de Ejército. Asimismo, ninguna de las dos formas de gobierno logra implantar un sistema político estable que unido a la progresiva radicalización de las opciones políticas en medio de una crisis internacional de la democracia desembocó en una guerra entre los españoles" "Con la llegada del régimen franquista, el Ejército se ajusta a la estructura de un ejército de paz".

Veinticuatro horas después de recibir los textos oficiales, el responsable de del ministerio de Defensa llamó al responsable del programa del Museo para expresarle su rechazo por la denominación de las salas, trasladándole la orden de Carmen Chacón de "revisarlas".

Después llegaron las reprimendas del subdirector de Patrimonio Histórico Artístico de Defensa, que se quejaba de que aparecieran los nombres de Franco y Primo de Rivera y no los de Martínez Campos, Prim, Espartero o Godoy. Además, subraya la sentencia "si se menciona expresamente a Franco en un texto de este tipo debería ser "porque mantuvo a España fuera de la II Guerra Mundial". El Museo descartó las modificaciones rotundamente.

La respuesta de Defensa fue tirar de la Ley de Memoria Histórica para obligar al Museo a acatar las discusiones y dejar de molestar. Les remitieron otro escrito, en el que se aseguraba, según La Razón: "no se pueden ni deben citar en textos murales como ejemplo a soldados que, por las razones que fueran, vulneraron el ordenamiento constitucional vigente en su momento. Por ello, si se quiere citar el desembarco de Alhucemas, se citará sin referencia expresa al dictador. Y esto no es censura, sino respeto y acatamiento al marco legal vigente mientras no se demuestre lo contrario".

El coronel encargado del proyecto zanjó la polémica anunciando que si finalmente se ve obligado a variar el discurso histórico "el coronel que informa solicita respetuosa, pero firmemente, ser relevado de la jefatura del equipo por negarse con los mismos respeto y firmeza a participar en la ocultación o tergiversación de la Historia".

El ministerio que dirige Chacón continúa la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en sus instalaciones. Ahora le ha llegado el turno a la fachada del Cuartel General del Aire, en el que se cubrirá con un escudo de España la placa de mármol que homenajea a Franco.

Las obras para tapar la placa de mármol que homenajea a Francisco Franco en la fachada del Cuartel General del Aire, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, comenzaron ayer lunes, según adelantó este martes la Cadena Ser y confirmó en declaraciones a Europa Press un portavoz del departamento de Defensa.

El objetivo de la obras es cubrir la citada placa con el escudo actual de España con el objetivo de cumplir el mandato de la Ley de Memoria Histórica. "Lo más complicado era colocar el andamio, porque la placa está muy alta, pero una vez terminada esa fase no se tardará mucho en concluir toda la obra", aseguraron las fuentes por Europa Press. De hecho, los técnicos esperan haber concluido todo el proceso "en unos quince o veinte días".

En cualquier caso, la situación de la placa, en lo alto de la fachada del cuartel, hizo imposible retirarla, por lo que Defensa optó por colocar una lápida encima con el escudo actual de España. Además, el epitafio "Francisco Franco. Caudillo de España" será borrado, y sólo se respetará la fecha –en cifras romanas– porque es la que señala el año de construcción del edificio. Asimismo, el Ministerio ordenó la eliminación de dos vítores franquistas –letras "v" con las que se exaltaban las victorias del bando nacional– que se encuentran en la fachada del cuartel.

Con esta intervención, el Ministerio de Defensa cumple "el 99,5 por ciento de todas las actuaciones que tenía que hacer con respecto a la Ley de Memoria Histórica en toda España", superando el millar de retiradas de homenajes o alusiones al Régimen de Franco.

Ahora, quedan pendientes tan sólo las actuaciones en algunos Bienes de Interés Cultural (BIC), para las que la propia ley reconoce que "hay que consultar con el Ministerio de Cultura para que su grupo de expertos se pronuncie sobre el futuro de esos elementos".

Me he esforzado mucho en entenderlos. He buscado y rebuscado para ver por qué alguien decide meterse a la milicia. Y no lo entiendo. No comprendo que en la sociedad de hoy una persona opte por entrar en un trabajo como este, en el que el principal requisito es obedecer a un jefe detrás de otro hasta que, con suerte, llegue a general y aún así, o peor, tendrá que estar a las órdenes del político de turno.

No me cabe en la cabeza que alguien opte por ponerse este uniforme por un mísero sueldo, cuando enfundándose el de policía municipal cobraría mucho más. Es incomprensible que un joven de provecho, en el siglo XXI, asuma valores como el sacrificio, la entrega incondicional, la obediencia, el honor, la lealtad, el silencio, la disponibilidad, la constancia, cuando el resto de la sociedad rema en la dirección opuesta.

Hay que tener mucha moral para cargar sobre los hombros de uno la responsabilidad tremenda de proteger a una sociedad que mientras duerme, toma cañas o se va de excursión ignora y menosprecia a quienes vigilan su libertad, a quienes se dejan la vida en la búsqueda de la tranquilidad de sus congéneres. Y hay que tener mucha humildad para entrar en una forma de vida en la que la ambición es la última de las prioridades, y en la que te pueden mandar al culo del mundo a cumplir una misión que nadie entiende, en la que te cambian de destino por razones de servicio y no puedes ni rechistar.

No, en realidad a quien no entiendo es a la sociedad, que desprecia a los militares porque no los comprende. A la sociedad en la que algunos aún los consideran un vestigio del franquismo, a la sociedad que es incapaz de decir «gracias» al colectivo que vela por su vida, a la misma que protesta porque el presupuesto de Defensa no vaya destinado a esa vaguedad de fines sociales que se queda en escalones burócratas. Y no entiendo a los políticos que quieren hacernos creer que los militares son un grupo de voluntarios de uniforme que se dedican a repartir caramelos por el mundo y a hacer de bomberos ocasionales. Porque al fin y al cabo, como decía Calderón de la Barca, «aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados; que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres

LOS efectos indirectos de la crisis económica alcanzan también a las Fuerzas Armadas, que cubren ahora con holgura sus necesidades de personal. Los datos que hoy publica ABC reflejan que existen cerca de cinco solicitudes por plaza, lo que permite consolidar un Ejército profesional a la altura de las exigencias de la Defensa nacional. Es evidente que el prestigio de la profesión castrense, reforzado por el desarrollo de las misiones en el exterior, supone un aliciente importante. También lo es, por supuesto, que en tiempos de crisis la seguridad en el empleo y la posibilidad de una formación útil atraen a muchos aspirantes, más allá de los viejos tópicos antimilitaristas. La incorporación de mujeres y de inmigrantes permite además ampliar el número de candidatos para superar de una vez la imagen -falsamente progresista- según la cual la vida militar es poco atractiva en una sociedad moderna. Estamos ante una buena oportunidad que debería ser aprovechada a través de una política razonable de incentivos económicos y de expectativas profesionales. En efecto, cuando hay mucho donde elegir, es posible elevar el nivel de calidad porque la competencia permite seleccionar a los mejores. En particular, la Armada y el Ejército del Aire pueden beneficiarse de un perfil singular de determinados aspirantes con conocimientos técnicos que resultan especialmente útiles.

La sociedad española reconoce la labor muy positiva de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento ejemplar de las funciones que les atribuye la Constitución y se muestra orgullosa de la imagen que ofrecen en las misiones desarrolladas fuera de nuestras fronteras, a la altura de los mejores Ejércitos del mundo. En este contexto, el departamento que dirige Carme Chacón ha de seguir aprovechando la oportunidad que plantea la situación económica para seleccionar a los candidatos más adecuados y ofrecer una carrera atractiva. Las recientes reformas en el terreno de la enseñanza militar apuntan en la dirección adecuada y la futura Ley de Derechos y Obligaciones de los Militares debe seguir una línea basada en el consenso parlamentario y en los principios de profesionalidad y eficacia propios del desafío que afrontan las Fuerzas Armadas en el siglo XXI.

El Ministerio de Defensa aún no se ha puesto en contacto con las asociaciones de militares para explicarles la ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, según anunciaron ayer los portavoces de la Asociación de Militares Españoles (AME) y de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). El presidente de la AME, Leopoldo Muñoz, y el secretario general de la AUME, Mariano Casado, aseguraron que el ente público aún no les ha avanzado el contenido de dicha ley, que completará la de Carrera Militar y cuyos trabajos preparatorios fueron anunciados por la titular del Ministerio Defensa, Carme Chacón, el pasado 6 de enero.

Por su parte, el secretario general de la AME, José María Pairet, aseguró que el Ejecutivo pretender crear «asociaciones tuteladas por los sindicatos para actuar dentro del cuartel», al mismo tiempo que denunció que el Gobierno quiere «hacer trampas» para justificar la implantación de un Observatorio y un Consejo Asesor.

Militares «domesticados»

Asimismo, el secretario general de la AME denunció que entre los planes del Ejecutivo también se encuentra sustituir las actuales asociaciones «libres e independientes» por organizaciones «domesticadas y limitadas al servicio del partido», informa Servimedia.

Sin embargo, fuentes de la AUME aseguraron que «ni por asomo» va a haber una tutela por parte de algún sindicato, al mismo tiempo que manifestaron su aprobación a las «pinceladas que han trascendido» sobre la normativa. «Queremos una asociación profesional y las asociaciones profesionales no tienen derecho a manifestarse públicamente ni a actuar de forma colectiva a favor de sus intereses», señalaron.

Menos de una semana después de que la ministra de Defensa anunciase en la Pascua Militar su intención de sacar adelante la ley de Derechos de los militares, eso sí, con la condición de que hubiese un amplio consenso parlamentario, Carmen Chacón inició este miércoles su primera ronda de contactos con algunos de los portavoces de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

Estas reuniones, que en todos los casos sobrepasaron la hora de duración, se iniciaron primero con un encuentro a solas entre el portavoz de turno y la ministra, y continuaron con la entrada en la sala de los técnicos del ministerio de Defensa, los mismos que llevarían seis meses trabajando en el borrador de la ley. Precisamente, ese supuesto borrador no estuvo presente durante estos encuentros, en los que tan sólo se entregó a los representantes políticos un documento en el que se esbozaba brevemente en qué consistía este borrador.

a futura ley, según los datos recabados por Libertad Digital, tiene como marco principal de trabajo la sentencia del Tribunal Constitucional 2001, de 31 de octubre, que reconocía el derecho de asociación de los militares para defender sus derechos profesionales, aunque eliminando el derecho de huelga, de conflicto colectiva y de negociación colectiva.

El borrador estaría dividido en tres partes. En la primera, se desarrollaría el ejercicio de los derechos y deberes de los militares, tanto fundamentales como profesionales. Obviamente, regularía todos los derechos y deberes salvo las tres excepciones que marcaba la sentencia del TC.

La segunda parte del borrador, regularía el derecho al asociacionismo profesional en las Fuerzas Armadas. Se crearía un Consejo Asesor, órgano de participación de las asociaciaciones, en el que también habría representantes del ministerio. La gran incógnita de este órgano sería cómo estarían representadas las asociaciones militares o qué método se utilizaría para determinar la representatividad de cada una, puesto que el ministerio de Defensa tiene claro que bajo ningún concepto permitirá que haya elecciones en los cuarteles.

La tercera parte del borrador de la ley sería la encargada de desarrollar la creación y funcionamiento del Observatorio de la Vida Militar. Los técnicos de Defensa están trabajando en un órgano conformado por siete personas de reconocida solvencia profesional seleccionadas por la Cámara Baja, aunque son todavía muchas las dudas sobre cómo desempeñarían su trabajo y qué carga de trabajo tendrían.

La portavoz del PP en la Comisión de Defensa, Beatriz Rodríguez Salmones, mostró su esperanza, en declaraciones a Libertad Digital, en que la futura ley "se haga pensando en que tiene que servir para los próximos veinte o veinticinco años, y no hasta el próximo cambio de Gobierno" y señaló que la ministra le expuso que si la ley no tiene el consenso mínimo, al menos entre los dos partidos con posibilidades de gobernar, Defensa no la llevará siquiera hasta el Consejo de Ministros.

La dirigente popular destacó como una posible fuente importante de conflictos en la próxima ley la cuantificación de la representatividad de cada asociación profesional, y avanzó que su formación política propondrá que el Observatorio de la Vida Militar presente un informe anual y esté dotado de un cuerpo de técnicos de apoyo.

Por su parte, desde CiU, aseguraron a este periódico que el encuentro de su portavoz en materia de Defensa, Jordi Xuclá, con la ministra de Defensa fue "distendida y cordial" y destacaron que era el "primer encuentro" para afrontar la futura Ley de Derechos, por lo que todavía hay "mucho recorrido".

Con el objetivo de aprobar antes de que finalice el año 2010 la futura Ley de Derechos de los militares, la ministra de Defensa se puso ayer miércoles manos a la obra y se entrevistó con los portavoces en la comisión del ramo de los partidos de la oposición. Tras estos encuentros, iniciará en fechas aún no concretadas reuniones con representantes de las principales asociaciones de militares.

En estas entrevistas, Carmen Chacón no entregó a los responsables políticos el borrador que durante seis meses elaboraron los técnicos de su ministerio, sino un documento de cinco página bajo el título "Líneas básicas de la futura Ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas", cuyo contenido ya había sido adelantado en parte por este periódico.

El documento, fechado en enero de 2010 y a cuyo contenido íntegro accedió este jueves Libertad Digital, comienza con un apartado cero o de antecedentes, en el que se expresa en sus primeras líneas que "la sentencia del Tribunal Constitucional 219/2001, de 31 de octubre, reconoce el derecho de asociaciones militares". Tras esto, recuerda que dicha sentencia pone límites a los derechos de estas asociaciones profesionales conformadas por militares.

Añade que la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional dispone la creación de un Observatorio de la vida militar y su disposición tercera prevé la elaboración de un ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales.

Asimismo, recuerda que la Ley de Carrera militar, que ha hecho que miles de militares presenten recursos contra la misma y que provocó la primera manifestación de miembros de la Fuerzas Armadas de la democracia, dice en su articulado que será completada por medio de una Ley Orgánica de derechos y deberes de los militares.

Los objetivos y las asociaciones

En el siguiente apartado del documento, el equipo de Carmen Chacón destaca los seis objetivos fundamentales de la nueva ley: "establecer el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares"; "completar el estatuto del militar una vez aprobada la Ley de carrera militar y las Reales Ordenanzas de 2009"; "actualizar los preceptos aún vigentes de la Ley de Reales Ordenanzas de 1978"; "regular los derechos de carácter profesional y de protección social, sobre la base de los áun vigentes, de la Ley 17/99, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas"; "dar cumplimento al mandato de creación del Observatorio de la vida militar"; y "culminar el ciclo de transformación, modernización y plena integración constitucional de las Fuerzas Armadas iniciado hace tres décadas".

El punto número dos y tercero del documento trata sobre la regulación de las asociaciones militares. Según se afirma en él, la nueva ley debe recoger "la constitucionalidad del derecho de asociación con los límites de no incluir la acción sindical, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional"; "establecer un régimen jurídico propio de las asociaciones militares para la defensa de sus intereses profesionales, creando para ello un registro único de este tipo de asociaciones y unos requisitos mínimos que deben cumplir sus estatutos"; "la regulación de la relación del ministerio de Defensa con las asociaciones a través del Consejo de Personal, que actuaria como órgano de intermediación"; y "se establecen como facultades o formas de participación de las asociaciones: la realización de propuesta a través del Consejo de Personal, la emisión de informes en el proceso de elaboración de proyectos normativos que afecten al régimen de personal, y recibir información de los órganos competentes del ministerio de Defensa sobre régimen de personal y protección social"

El Consejo de Personal y Observatorio de la vida militar

El lo que al futuro Consejo de Personal se refiere, el documento elaborado por los técnicos de Defensa dice que se establece como el "órgano de intermediación entre la Administración y las asociaciones militares" y dice que éste funcionaría "tanto en pleno, como por comisiones, que serán cuatro (una por cada Ejército y otra para los Cuerpos Comunes)".

Así, dice que formarán parte del Consejo de Personal "los responsables de personal del ministerio de Defensa y de los Cuarteles Generales, que también participarán en las distintas comisiones" y añade que "tendrá un número de miembros que garantice su funcionalidad", con representación de las asociaciones militares –no dice cómo se calculará esta representatividad y Defensa no contempla elecciones en los cuarteles– y con participantes de las tres categorías militares (oficiales, suboficales y de tropa y marinería).

Por último, se trata lo relativo al Observatorio de la vida militar, cuya creación vuelve a justificarse en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. El mismo estaría conformado por siete personas que serían designados por el Congreso de los Diputados por un periodo de cinco años.

Las funciones básicas y criterios de funcionamiento de este órgano serían "realizar análisis y estudios sobre la vida militar (régimen de personal y condiciones de vida), además de un informe anual que remitirá al Parlamento" y "recibir información general e individualizada de los asuntos relacionados con la vida militar y entorno familiar y social de los militares".

En cuanto a los siete componentes que se proponen para conformarlo, el documento estima que debería estar compuesto por "miembros destacados de los distintos ámbitos sociales para proporcionarle una amplia representatividad, sensibilidad social e independencia", siendo "retirados o en situación de reserva" si son militares. Además, el Observatorio tendría "un órgano de apoyo técnico dependiente administrativamente del Ministerio de Defensa".

La sede central de Unión Progreso y Democracia, ubicada en las cercanías del Congreso de los Diputados, fue el escenario este jueves del encuentro entre esta formación política y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Durante algo más de una hora estuvieron reunidos Rosa Díez y Francisco García, responsable de Defensa del partido, con el brigada Jorge Bravo y Mariano Casado, presidente y secretario general de AUME, respectivamente.

Tras el encuentro, la única diputada de UPyD apostó por la participación, desde el primer momento, de las asociaciones militares en la elaboración de la ley que, según dijo, "tiene que estar a la altura de lo que se dice el Ejército español: que es moderno, ejemplar y para estar orgullosos de él. Una ley que nuestro Ejército merezca y que sea homologable con las leyes que rigen los ejércitos de nuestro entorno y que esté a la altura del siglo XXI".

Díez instó al Gobierno y al resto de formaciones política a "ser atrevidos" para redactar una ley que sea "homologable" a la que hay en el resto de países europeos y "no volver a fracasar, como en la mala Ley de la Carrera Militar".

Del mismo modo, tras resaltar la coincidencia del encuentro UPyD-AUME con la apertura de una ronda de conversaciones sobre esta ley por parte de la ministra de Defensa, se mostró dispuesta a reunirse con otras asociaciones profesionales de militares, aunque eso sí, reconoció que, por ahora, no tienen todavía cita con ninguna de ellas.

El presidente de AUME señaló que, desde hace meses, no se hace mas que anunciar la nueva ley de derechos, pero todavía se sabe poco.Tras esto, señaló que "el documento parece bastante abierto, aunque ya hay restricciones. Sabemos que hay un escollo importante en el tema de la representatividad, por la reticencias de Defensa a las elecciones dentro de los cuarteles, pero lo consideramos necesario para que haya una verdadera representatividad de las asociaciones", aseguró.

El brigada Jorge Bravo detalló asimismo la hoja de ruta elaborada por su asociación con los "principios esenciales" que debería incluir la ley, como el reconocimiento de los derechos de los militares, no permitir que sea un ley de mínimos, elecciones en los cuarteles para decidir la representatividad de cada asociación, un estatus especial para los miembros del Consejo para que se puedan mover con libertad por los cuarteles, favorecer la relación informativa entre militares y asociaciones o crear un nuevo régimen disciplinario.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la Asociación de Militares Españoles (AME) afirmó este jueves que los primeros datos que se conocen sobre la futura ley de derechos de los militares indican que la ley va camino de ser inconstitucional al "incumplir" y "sobrepasar" la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho de los militares a la asociación.

Según argumenta, la sentencia 219/2001, de 31 de octubre, en amparo a Hepermisa (actualmente AME), ordenaba su inscripción y el reconocimiento del derecho de asociación "de conformidad con el artículo 22 de la Constitución y en contraposición con el artículo 28 del derecho de sindicación". Así, daba vía libre a la configuración de asociaciones "libres, independientes, y neutrales en campo sindical y en el de los partidos políticos".

Pero, según la asociación, el camino que va tomando la ley de derechos se encamina a la configuración de asociaciones "tuteladas y con convenios con los sindicatos, con la pretensión de actuar dentro del cuartel, con la manifestación de llegar a ser sindicatos, para la satisfacción de sus intereses".

Por ello, denunciaron que la nueva ley va camino de convertirse en inconstitucional, "incumpliendo" y "sobrepasando" aquella sentencia de 2001 del Alto Tribunal que amparó a Herpermisa-AME.

El Ministerio de Defensa prosigue su tarea de «limpieza» de los restos de elementos que recuerden al régimen anterior o a militares que de uno u otro modo pudieran tener vinculación con el mismo. Las órdenes que el departamento que dirige Carme Chacón transmitió a los ejércitos fueron hacer inventario y eliminar aquellas placas, escudos y esculturas que estén afectadas por la Ley de Memoria Histórica. Y en ello están. Si la semana pasada el Cuartel General del Aire, en Madrid, perdía la placa que lucía en lo más alto de su fachada principal en recuerdo de Franco, ayer se repetía la escena en el Palacio de la Capitanía de Burgos.

A primera hora de la mañana, operarios municipales comenzaron a retirar las placas que figuraban en la fachada de este edificio en recuerdo de Francisco Franco y de Emilio Mola, que fueron sustituidas por otras en las que se recuerda la historia del inmueble y los usos que se le ha dado. Ambas fueron cubiertas con sendos cristales para protegerlas.

La subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio, se limitó a recordar que esa actuación respondía a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a quitar de los edificios públicos cualquier simbología que tenga relación con el régimen franquista. Esta norma tiene excepciones, como por ejemplo la imposibilidad de quitar un elemento que forme parte de la estructura del edificio o que tenga un alto valor artístico.

«Un héroe de la cooperación»

La subdelegada del Gobierno también señaló que esta retirada de símbolos del Palacio de la Capitanía sigue la senda «de las decisiones que en los últimos meses ha ido tomando el Ministerio de Defensa en este sentido

Estas decisiones han implicado en primer lugar la exclusión de la colección del Museo del Ejército de todo lo referente al general Moscardó, pese a que la sede de la exposición es el edificio que el susodicho defendió durante la guerra cosechando un notable éxito militar. Después, ordenó retirar las placas que ejércitos de varios países habían dedicado en el lugar «a los héroes del Alcázar». Más tarde, se suprimió la citada placa del Cuartel General del Aire.

Retirada de nueve laureados

La última actuación y quizá la más sensible por la naturaleza de los implicados ha sido la orden de retirada de los nombres de nueve laureados del callejero de los cuarteles del Ejército. Entre ellos figuran el general Varela, bilaureado en los años 20 y condecorado por Alfonso XIII, o el soldado de la División Azul Ponte Anido, que murió para evitar el ataque de un carro de combate ruso contra un hospital de campaña de la retaguardia en Krasni Bor. Las actuaciones continuarán, siguiendo las instrucciones emitidas por el Ministerio de Defensa en aras de cumplir la Ley de Memoria Histórica.

Cuatro actuaciones

1/ Museo del ejército: Elimina la colección del asedio republicano a las tropas de Moscardó en el Alcázar de Toledo y las placas en homenaje a «los héroes».

2/ C. General del Aire: Defensa borra la placa en recuerdo de Franco que luce el edificio en lo alto de su fachada principal y le incorpora un escudo actual.

3/ Laureados: Ordena quitar los nombres de nueve militares que obtuvieron la Cruz Laureada pese a que se les concedió por hechos heróicos.

4/ Burgos: Sustituye del Palacio de la Capitanía de la capital burgalesa las placas en memoria de Mola y Franco por otras sobre el edificio.

¿Qué pensarán los militares del actual JEMAD, que no entra en el debate sobre la naturaleza de la misión de los efectivos españoles en Afganistán u que afirma que hay regresar cuanto antes de aquel país aunque primero mandemos más soldados?

Comienza el nuevo año, también para las Fuerzas Armadas. Con la celebración de la Pascua Militar se inauguró el presente curso. Una fiesta que antaño fue puramente castrense –una reunión del Rey, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, con una representación de los tres Ejércitos– y que se ha ido convirtiendo en un acto político donde priman la voz –y hasta la vestimenta– del Gobierno y sus representantes. Hoy en día es un político, en este caso la ministra de Defensa, quien en nombre de los militares se dirige al jefe de las Fuerzas Armadas.

Carmen Chacón hizo un balance del año y aventuró las acciones e intenciones políticas para el próximo, llegando incluso a exigir el consenso parlamentario para la nueva Ley de Derechos y Deberes, que dicho sea de paso anuncia por enésima vez. Una regañina que todos han coincidido en que podía habérsela ahorrado para otros ámbitos de actuación como son el Congreso y el Senado. Un discurso el de la ministra que no fue si no un síntoma más de la creciente politización de las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno socialista.

Este peligroso proceso fue acelerado ya en su día por Bono y Alonso con el cese de algún que otro general como prueba de fuerza, y en un claro intento a lo largo de sus mandatos de buscar la "sintonía" política con mando militar. De ahí el triunfo de los generales y almirantes "políticos", vinculados al PSOE. Véase el servilismo exhibido por el anterior JEMAD, el general Félix Sanz Roldán.

Es natural que el poder político tenga la última palabra a la hora de decidir sobre la elección del JEMAD y asigne esa responsabilidad a alguien que merezca su plena confianza. Pero no hay que dejar de lado su imagen ante el resto de la institución. Toda la cúpula militar, así como su credibilidad y confianza, es un referente para los ciudadanos de uniforme. ¿Qué pensarán los militares del actual JEMAD, que no entra en el debate sobre la naturaleza de la misión de los efectivos españoles en Afganistán, que afirma que hay regresar cuanto antes de aquel país aunque primero mandemos más soldados, y que responde con evasivas ante cuestiones delicadas como el secuestro del Alakrana?

Nadie le pide que entre en disquisiciones políticas que por lógica corresponden a los políticos, ni que lance críticas contra la máxima autoridad civil. Pero se espera algo más del que se reputa único asesor militar del Gobierno, el último escalón en el proceso de toma de decisiones de carácter operativo y –se supone– dentro de la organización militar.

Con este panorama, con falsas promesas y politización, con los recursos interpuestos contra la ley de la Carrera Militar, con el escaso presupuesto de Defensa, y con la celebración de la fiesta de la Pascua Militar damos por inaugurado el nuevo año para las Fuerzas Armadas. Podemos asegurar que dentro de un año serán menos fuerzas y menos armadas.

Dos días después de que la ministra de Defensa, Carmen Chacón, hiciera públicas las primeras pinceladas sobre la futura Ley de Derechos de los militares, siguen llegando las aportaciones de las asociaciones militares sobre cómo y hacia dónde debería encaminarse la nueva norma.

Este viernes fue el turno de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que el pasado mes de diciembre sacara a más de tres mil militares a la calle para protestar por los efectos de la Ley de Carrera Militar y reivindicar la Ley de Derechos frente a la sede del ministerio de Defensa.

Su secretario general, Mariano Casado, reivindicó que sean los militares de todos los cuarteles los que decidan mediante sufragio universal a sus representantes en el Consejo, entre personal que esté en activo, y no entre personal en reserva o retirado. "El Consejo se elige ahora a dedo, el único sistema válido sería a través de elecciones en las unidades, lo que no afecta a la disciplina. ¿Cómo se elegiría si no la representatividad de cada asociación?", se preguntó.

En lo que al futuro Observatorio de la Vida Militar se refiere, exigió que sea un órgano independiente que dependa del Congreso de los Diputados y no del Ministerio de Defensa, "para que tenga capacidad real" y lo comparó con una institución como la del Defensor del Pueblo. "No queremos que sea como el Observatorio de la mujer, sin presupuesto y donde las militares que lo componen son elegidas a dedo", dijo.

Casado denunció la "falta de transparencia" con la que, hasta ahora, estaría trabajando el ministerio esta nueva ley y reivindicó la participación de las asociaciones militares en la elaboración de la misma. Tras esto, mostró la disposición de AUME a entrevistarse tanto con los responsables del ministerio de Defensa como con los grupos parlamentarios.

Del mismo modo, criticó el "exceso de protagonismo" que la ministra de Defensa dio a la necesidad de que hubiese un amplio consenso parlamentario para llevar la ley adelante. Tras mostrar su preocupación por la posibilidad de que ese consenso "sea una escusa para poder eternizar" la aprobación de la ley, se preguntó "cómo se mide ese consenso".

Las palabras de la ministra de Defensa sobre los dos temas más calientes para las asociaciones de militares, la Ley de Carrera Militar y la de Derechos, no ha gustado en el seno de las mismas. Suspenden a las ministra en sus primeras valoraciones de la Pascua Militar.

En declaraciones a Libertad Digital, el secretario de la Asociación Militares Españoles (AME), José María Pairet, aseguró que la Ley de Derechos "era una ocasión ideal para hacer una cosa bien hecha y, por desgracia, se están recreando en cosas del siglo XX. Estamos peleando por instaurar un asociacionismo moderno y quiere hacer una especie de para-sindicalismo asociado a los partidos políticos".

Recordó las palabras de Chacón del jueves –"la condición de ciudadano no puede detenerse a la puerta de los cuarteles"– y aseguró que "dentro del cuartel no hay democracia, hay disciplina y orden, para defender la democracia. En vez de pseudo-sindicatos, a los que les falta sus señas de identidad, como el derecho a huelga, queremos el sistema norteamericano, que las asociaciones de militares funcionen como grupo de interes o lobby, libre de la influencia de los partidos. Dentro del cuartel, disciplina, fuera del cuartel, defensa de los intereses de los militares. Si hay una anomalía, el abogado de la asociación defiende en los tribunales al militar afectado. En Estados Unidos, la asociación principal la suele presidir un ex secretario de Estado de Defensa retirado, y les funciona este sistema".

Así, recordó que AME ya entregó un borrador de su propuesta de Ley de Derechos al Gobierno, al ministerio de Defensa y a los principales partidos, pero, según dijo, "parece que prefieren pseudo-sindicatos dentro de los cuarteles, que buscan una ley que conviene a los políticos y no a los militares".

Las críticas también llegaron desde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Su secretario general, Mariano Casado, afirmó a este diario que han pasado de una visión "inicialmente positiva, al ver que parecía que salía adelante la Ley de Derechos, a las discrepancias". "Se habla de la creación de un Consejo de Personal en el que sus miembros no se elegirían de forma democrática y que además, los miembros que los compondrían no podrían estar en activo, sólo en situación de reserva o retiro", criticó.

Sobre la Ley de Carrera Militar, aseguró que el tema "no está cerrado" y recordó que hace menos de un mes que su asociación consiguió que más de tres mil militares se manifestaran frente al ministerio de Defensa en protesta por esta ley. "Si creen que está cerrado, les traerá más problemas".

Del mismo modo, avanzó que AUME presentará este viernes a los medios de comunicación su postura sobre la furura Ley de Derechos y Deberes de una forma más extensa, momento que aprovecharán para solicitar a Defensa que se les permita participar en el debate sobre la nueva ley.

Por último, el Colectivo Independiente de Militares para la Democracia aseguró que "ni las Reales Ordenanzas, ni la Constitución Española, establecen límites a la elección de los representantes en las Asociaciones Militares, por lo que cualquier limitación imponiendo a éstas la representación en las Juntas Directivas, desnaturaliza a las asociaciones y las convierte en patronatos".

Según consideran, el ministerio de Defensa, "en su interés en imponer restricciones al derecho de asociación militar, entraría en la generación de un falso problema, pues los militares pueden crear cualquier tipo de asociación, y no tendrían que darla de alta en Defensa, salvo que aspiraran a recibir subvenciones de ese ministerio".

"Es paradójico que el Gobierno trate de imponer a las asociaciones militares los directivos, sólo equiptarable a las asociaciones de menores de edad, una demostración de la falta de sensibilidad del partido en el gobierno, en continuar con los errores de la derecha", concluyeron.

En el Palacio de Oriente y en todas las Capitanías se ultimaban detalles, se verificaban micrófonos y focos, se comprobaban listados de protocolo, se repasaban, incluso se memorizaban, las palabras que debían pronunciarse a mediodía añadiendo o suprimiendo alguna expresión «aconsejada» en un fax de última hora, cuando en Menorca a las nueve y media de la mañana de ayer, el Comandante General de Baleares, General Estaún, presidía en nombre de S.M. El Rey el acto conmemorativo de la Pascua Militar.

Madrugó la balear menor, como madruga el primer sol que le llega de oriente, y se conmemora en ella la Pascua –sin ser Capitanía– por razones históricas que bien conoce el lector.

La instituyó el rey Carlos III en 1782 «como expresión de júbilo por la recuperación de Menorca del poder de los ingleses y de regocijo por las ilusionadas esperanzas de recuperar el Peñón de Gibraltar». Menorca había sido conquistada tras seis meses de duro asedio al castillo de San Felipe en la entrada del puerto de Mahón, último bastión en el que resistieron las tropas inglesas del general James Murray.

Siempre sintió el Rey Ilustrado que la Guerra de Sucesión y la consolidación de la Casa de Borbón con Felipe V habían tenido un coste excesivo para nuestro país, constituyendo para él una permanente obsesión, la recuperación las dos importantes plazas. El «regocijo» de Gibraltar quedó –y sigue quedando– en ilusionada esperanza y el «júbilo por Menorca» sufrió un tercer traspiés en 1798, cuando los ingleses ocuparon nuevamente la isla. Sería la Paz de Amiens (1802) la que la reintegraría definitivamente a España.

Pero ni el sol naciente ni James Murray tuvieron nada que ver con la temprana hora menorquina. La razón es más sencilla. El Comandante General de Baleares, desdoblándose, debía presidir el acto en Palma a las doce, tras haberlo hecho antes en Mahón en el que fue palacio de los gobernadores ingleses, ubicado en un extremo de la muralla que protegió la plaza durante siglos. Desde 1287, Menorca tenía Gobernador o Comandante Militar. Los tiempos cambian y la historia y la tradición pesan menos aquí que el presupuesto y la orgánica.

Pero, volvamos a la Real Orden de Carlos III, cuando señala que: «el Rey de las Españas queriendo dar a los Ejércitos una muestra de su real aprecio ordenó a los Virreyes, Capitanes Generales, Gobernadores y Comandantes Militares, reuniesen a las guarniciones y presidios y notificasen a sus mandos, para que éstos lo hiciesen llegar después a las tropas, su regia felicitación».

Por supuesto, la conmemoración ha evolucionado, con retoques importantes incorporados en tiempos de nuestra Transición política. Pero hoy, iniciada la segunda década del siglo XXI, creo merece una ponderada reflexión.

La conmemoración de la Pascua Militar se ha convertido en una especie de «reapertura de curso político» recién iniciado el año y tras el parón informativo de la Navidad. En ella encuentran especial eco las declaraciones de intenciones políticas –algunas positivas, como la búsqueda del consenso parlamentario, pero también se da más importancia a vestimentas, gestos, presencias y ausencias, que a las palabras del Rey como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas (Artº 62 de la Constitución) siempre próximas al verdadero espíritu de la conmemoración.

No. Desde luego no pido que aprovechemos el día para reivindicar Gibraltar, borrón en la cuenta del reinado de Carlos III, ni es necesario proclamar la españolidad de la Menorca conquistada –a golpe de bloqueo naval, fuego de artillería , tren de sitio y asalto– hace doscientos y pico de años, por los 12.000 soldados que mandaba el duque de Crillón.

Me refiero al concepto de «hacer llegar a los mandos, para que éstos hagan llegar a las tropas la regia felicitación».

No es que los mandos y las tropas necesiten una felicitación periódica. Saben de sobra lo que piensa y siente su Rey.

Lo que debe reconsiderarse, en mi opinión, es si es necesario un intermediador protagonismo político, más dirigido a los partidos y a los medios de comunicación que a los miembros de las Fuerzas Armadas, que han acudido con sus mejores galas al Palacio de Oriente o a cualquier capitanía a recibir la «regia felicitación». Ya tienen los partidos políticos sus propios y necesarios ámbitos de actuación, esencialmente en las comparecencias en las comisiones y plenos del Congreso y del Senado.

Porque los miembros de las Fuerzas Armadas, mientras escuchan discursos correctos políticamente, preparados por bien dotados gabinetes, vertebrados con halagadoras promesas, en su callado fuero interno sienten con preocupación la manipulación partidista de sus ordenanzas –las que les legó precisamente Carlos III– ; piensan que se les cierran y dispersan colecciones en el museo militar de Barcelona o se pretende manosear la Historia en el de Toledo; piensan que otros partidos les reprenden por izar la Bandera española en el Monte Gorbea o les obligan a borrar el lema «a España servir hasta morir» de la Academia de Tremp, allá por el norte de Lérida; piensan en cómo se confunde la respetuosa lealtad con la sumisión; piensan en los reiterados recortes presupuestarios justificados siempre por un «reducir para estar mejor dotados»; piensan en las peligrosísimas reformas de su sistema de enseñanza que tan buenos profesionales ha proporcionado hasta hoy; piensan en los cientos de recursos interpuestos contra la ley de la Carrera Militar.

Por supuesto, piensan en sus compañeros de armas que les dejaron o que sirven en tierras extrañas y valoran positivamente el que nadie, ayer, les negase un sincero reconocimiento.

Creo que los miembros de las Fuerzas Armadas no merecen este «estar sin sentir». Si se les encuestase seriamente, imagino su respuesta.

No necesitan esta «expresión de júbilo». Saben de sobra lo que sienten sus Reyes y su sociedad por ellos.

Les basta. Les basta, porque su mayor satisfacción la encuentran en el cumplimiento callado, serio, estricto, a veces sufrido o incomprendido, de su deber como soldados. Les sobra con saber que sirven a su Patria, aquí o en tierra extraña.

En su discurso durante la celebración de la Pascua Militar, ante su Majestad el Rey, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, justificó este miércoles el aumento de las tropas españolas desplegadas en Afganistán –a finales del presente mes el Ejecutivo pedirá permiso al Congreso para enviar otros 511 militares– porque, según dijo, no se puede permitir que el país asiático se vuelva a convertir en un "santuario del terrorismo yihadista" e, incluso, pueda arrastrar consigo a países vecinos como Pakistán, del que recordó que tiene entre sus armas la bomba atómica.

Como ya había hecho en anteriores ocasiones, sobre todo en sus comparecencias ante la comisión de Defensa del Congreso, recordó que la misión afgana es la "más dura, compleja y arriesgada que nunca hayan hecho nuestras tropas en estos veinte años" de misiones en el exterior, aunque recordó que es necesaria para la seguridad de la comunidad internacional, y que este aumento de tropas se debe a la nueva táctica de la OTAN en el país, llevar a cabo un esfuerzo mayor para, a la vez que se intenta terminar de expulsar a los talibanes y reconstruir el país, poder dotar a los afganos de un ejército y una policía que pueda controlar el país sin la ayuda internacional.

Chacón elogió la actuación que han tenido las tropas españolas en las distintas misiones en el exterior en las que han participado y se refirió a algunos de los principales retos que a los que tendrán que enfrentarse en el nuevo año.

Tras recordar las casi dos décadas de presencia militar española en los Balcanes, defendido el repliegue de las tropas que había en la autoproclamada independiente región serbia de Kosovo y anunció la reducción progresiva de la presencia española en Bosnia-Herzegovina. Asimismo, aplaudió la misión desarrollada en Chad, donde se ayudó a los desplazados por las crisis humanitaria desatada en la región sudanesa de Darfur.

Entre estos nuevos retos, destacó que, por primera vez, un oficial español, el general Alberto Asarta, asumirá el mando de un misión de las Naciones Unidas, en este caso, la que se está desarrollando en Líbano. Asimismo, adelantó la necesidad de amplicar los cometidos de la operación Atlanta, que lucha contra la piratería en el Cuerno de África, frente a las costas de Somalia.

Por último, la ministra, como no podía ser de otro modo, se acordó también de los militares españoles caídos en servicio y de las víctimas del terrorismo. Mención especial tuvo el cabo canario Cristo Ancor Cabello, fallecido en un

DE acuerdo con una arraigada tradición, el acto solemne de la Pascua Militar supone el comienzo del año para la actividad oficial de las instituciones del Estado. En su discurso de ayer, Don Juan Carlos recordó la nueva realidad internacional, que exige hacer frente a «amenazas complejas e inciertas», lo que requiere, como es lógico, determinación política para dotar a las Fuerzas Armadas de los medios necesarios y lograr una mayor eficacia en la acción exterior. Son reflexiones muy acertadas a la vista del actual panorama internacional y enlazan, sin duda, con el reconocimiento de la sociedad española hacia el cumplimiento ejemplar por parte de los Ejércitos de las funciones que tienen a su cargo, de acuerdo con la Constitución y las leyes. En especial, los ciudadanos muestran su orgullo por la imagen de España que transmiten nuestras misiones militares en el exterior, modelo de profesionalidad y en ocasiones de heroísmo. El Gobierno es responsable del desarrollo de una política de defensa a la altura de las circunstancias. Sin embargo, las máximas instancias políticas del departamento mantienen por desgracia un discurso lastrado por criterios ideológicos. Ayer mismo, Carme Chacón reconocía la dureza de la situación en Afganistán, pero la ministra -en línea con Rodríguez Zapatero- sigue sin admitir que allí se libra una verdadera guerra contra el terrorismo. Para que las cosas salgan bien, lo primero es llamarlas por su nombre y no utilizar eufemismos que a estas alturas no engañan a nadie.

En este sentido, los recortes presupuestarios en Defensa y la normativa sobre la carrera militar crean dudas fundadas sobre la gestión de una ministra cuya retórica no siempre se corresponde con la realidad implacable de los hechos. Carme Chacón anunció ante las más altas instituciones del Estado y de las Fuerzas Armadas que no habrá ley sobre los derechos y obligaciones de los militares hasta que no exista consenso parlamentario. Hay que tomar buena nota de una promesa formulada en ocasión tan solemne, porque estamos ante un asunto de Estado y en este terreno tan sensible no se puede legislar a base de maniobras y alianzas coyunturales, como acostumbra a realizar el Grupo Socialista en los últimos tiempos.

Los resultados de la encuesta no dejan lugar a dudas: la mayoría de la sociedad española no respalda la decisión del presidente del Gobierno de contentar a Barack Obama incrementando el número de tropas en Afganistán, a partir de 2010.

El rechazo está generalizado en todas las edades y tendencias políticas, ya que Zapatero ni siquiera recaba apoyo entre sus propios votantes. Además, según los resultados de Sigma Dos para El Mundo, las opiniones contrarias están ampliamente fundamentadas, porque la mayoría de los encuestados ha manifestado una opinión y sólo un 4,4% rechazó opinar sobre el asunto, cifra reveladoramente baja.

El pobre respaldo de la sociedad contrasta con el elevadísimo riesgo para las tropas españolas y el importante gasto económico para el Estado, que actualmente lleva gastados más de 365 millones de euros.A tenor de los resultados obtenidos, pocos están convencidos por el argumento de la "misión de paz".

A pesar de todo, continúa habiendo un 25.9% de los españoles que no manifiesta una postura clara sobre el asunto, y solo admite que le parece "regular". Por el contrario, casi la mitad de la sociedad española (un 47,7 %) consideran mala o muy mala la decisión de aumentar las tropas.

El Jemad, general Julio Rodríguez, ya nos sorprendió hace cuatro meses con su despiste sobre la guerra de Afganistán en una entrevista en Cuatro. Entonces, el jefe de la cúpula militar no supo precisar si nuestros soldados estaban o no estaban en guerra en Afganistán. Que volviera a exhibir su mayúsculo despiste precisamente ayer, el día de la Pascua Militar, en una entrevista en «El País», es doblemente significativo. Porque el general aún no sabe, no contesta, si aquello es o no es una misión de guerra.

Lo que sitúa a nuestro Jemad al nivel de un jefe de la cúpula policial incompetente para determinar lo que es o no es terrorismo, o de un médico incapaz de distinguir la enfermedad o de un meteorólogo una tormenta. Y no se me ocurre forma menos deseable de «afrontar amenazas complejas e inciertas» o de «potenciar la conciencia y la cultura de seguridad y defensa de nuestra sociedad», como pidió ayer el Rey, que con generales incapaces de definir la guerra.

O con generales que no quieren reconocer la guerra, que es de lo que se trata. «No voy a entrar en ese debate», le dijo al periodista, como si la guerra fuera una cuestión de debate para un militar. Lo es para los políticos, no para los militares. Lo es para Zapatero, lo es para Chacón, que han hecho de la condena a las guerras del Gobierno de Aznar y de la negación de las guerras propias el eje de su discurso en defensa.

De ahí que el problema de nuestro Jemad sea la asunción de un discurso claramente partidista cuando se resiste a reconocer esta misión de guerra. De la misma forma que entra en el discurso político cuando manifiesta, en la misma entrevista, su deseo de irse cuanto antes de Afganistán.

O los militares pueden hacer discursos políticos o no pueden hacerlos. La regla debería ser la misma para todos, también para quienes hacen discursos políticos prosocialistas.

«La condición de ciudadano no puede detenerse a las puertas de los cuarteles». Con esta sentencia la ministra de Defensa, Carme Chacón, introdujo su visión de lo que debe ser la Ley de Derechos y Deberes de los militares que quiere sacar adelante con un «amplísimo consenso» político.

Chacón centró buena parte de su discurso de la Pascua Militar a desmenuzar esta norma, el principal reto que afronta su departamento en este comienzo de año. Un proyecto articulado bajo esa premisa antes citada aunque con un condicionante: los principios de unidad, disciplina y jerarquía. No obstante, esta nueva norma buscará, en palabras de la ministra, «una articulación ordenada de derechos y deberes que abra espacios de participación a nuestros hombres y mujeres de uniforme, desde los que mejoren tanto sus derechos individuales como sus condiciones profesionales y de vida».

Con este espíritu marcó los tres ejes principales de la Ley: «La regulación del derecho de asociación en el ámbito profesional, a fin de favorecer la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en la mejora de su régimen de personal; la constitución de un único Consejo de Personal, que servirá de cauce para la participación de los militares y de sus asociaciones; y, por último, la creación del observatorio de la vida militar, un órgano colegiado de carácter consultivo, que permitirá analizar y evaluar el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los militares, y que contribuirá a mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias».

Pero la que promete ser una nueva polémica norma no saldrá adelante sin ese «amplísimo consenso político». Chacón aprovechó la Pascua Militar para solicitar el «concurso de todos los grupos políticos», porque sin ese consenso, sin el máximo apoyo de la oposición, la ministra renunciará a aprobar la ley porque «en cuestiones militares, la única aritmética parlamentaria que vale es la de la suma». Todo, con un objetivo: «No puede haber unas Fuerzas Armadas a la medida de cada Gobierno».

La misión más arriesgada

En cuanto a las misiones en el exterior, la ministra dedicó la mayor parte a Afganistán. Más allá del anuncio de que las tropas en Bosnia se irán replegando lentamente hasta dejar 30 efectivos que instruirán a las Fuerzas Armadas bosnias, el país asiático centró su disertación. La premisa, que es la misión más compleja y arriesgada de las que han llevado a cabo los ejércitos en el exterior. La justificación, la guerra total contra el terrorismo, o lo que es lo mismo, que «la comunidad internacional no puede consentir que Afganistán vuelva a ser un santuario del terrorismo yihadista». Más aún cuando se ha producido, según afirmó, «un recrudecimiento de la actividad insurgente».

Coincidiendo con la celebración de la Pascua Militar, El País publica una entrevista con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. El asunto clave: la guerra de Afganistán y el envío de más tropas españolas.

El general Julio Rodríguez, el primer jefe del Estado Mayor de la Defensa que prometió su cargo en vez de jurarlo, señala que el aumento de 511 efectivos se anunciará “formalmente en la Conferencia de Londres –el 28 de enero– y deberá aprobarse luego en el Parlamento. La previsión es que el refuerzo se incorpore progresivamente en el primer semestre del año. Probablemente, el grueso vaya a Afganistán con el próximo relevo, en marzo, y el resto se incorpore a medida que sea necesario, de forma que en junio ya estén los 511”.

Poco se puede sacar de la entrevista puesto que las respuestas del general no se salen ni un ápice del guión establecido por el Gobierno. “En la provincia de Badghis, donde España ha invertido más de 30 millones, también se ha deteriorado la seguridad”, le comenta el periodista del diario de Prisa. Y Rodríguez responde: “Lo que pasa es que tenemos más presencia, ayudamos al Ejército afgano a extender su control a nuevas áreas y eso genera una respuesta de la insurgencia”.

Preguntado por si ésta es una misión con un riesgo mayor, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa señala simplemente que “es una misión distinta, que necesita más recursos”. Y llega la pregunta obligada: “¿Es una misión de guerra?” Pero el general no quiere “entrar en ese debate. Como militar lo que me importa es tener una misión claramente definida y los recursos para llevarla a cabo. Y la misión estará cumplida cuando hayamos alcanzado el objetivo: que los afganos se puedan hacer cargo de su propia seguridad”.

Sólo cuando trata la fecha de retirada, el general no se muestra tan entusiasta como Chacón: “Cuanto antes podamos marcharnos, mejor”. Aunque añade que “para eso tendremos que alcanzar antes nuestros objetivos”.

Dos leyes sacaron en 2009 a los militares a la calle: la ley de Carrera Militar y la de Derechos y Deberes. Precisamente, las dos formaron parte del discurso de Chacón en la Pascua Militar. De la primera, se vanaglorió. De la segunda, dijo que saldrá adelante si hay consenso en el Congreso.

Más de tres mil militares se manifestaron el pasado mes de diciembre frente a la sede del ministerio de Defensa reivindicando la derogación de una ley y la promulgación de otra. Precisamente, sobre esas dos leyes, habló este miércoles la ministra de Defensa, Carmen Chacón, en discurso ante el Rey para dar parte de lo acontecido durante el año en la tradicional fiesta de la Pascua Militar.

Sobre la primera de estas leyes, la de la Carrera Militar, que puso en pie de guerra a parte del estamento militar e hizo que miles de miembros de la Fuerzas Armadas plantearan recursos contra la misma, Chacón pareció sentirse orgullosa. Tras destacarlo estre sus logros del año, restó importancia a los problemas que ha causado: "Debido a esta complejidad, era inevitable que se produjeran disparidades y ya hemos articulado medidas para corregir los efectos indeseados", dijo.

La segunda de las leyes a la que se refirió la ministra de Defensa era una promesa electoral del PSOE desde las elecciones de 2004 y un vieja reivindicación de las principales asociaciones que representan a los miembros de las Fuerzas Armadas. Se trataba, ni más ni menos, de la Ley de Derechos y Deberes, que los últimos ministros socialistas de Defensa han ido prometiendo año tras año pero que sigue sin llegar.

En su informe a Don Juan Carlos, entre los próximos retos de su ministerio, Chacón señaló la nueva ley "pretende articular de forma ordenada los derechos y deberes, y abrir espacios de participación para los militares, de cara a mejorar tanto sus derechos individuales, como sus condiciones profesionales y de vida". Según recordó, los militares "son parte de la sociedad a la que sirven. Ceden parte de su libertad personal para garantizar mejor la de todos", pero "la condición de ciudadano no puede detenerse a la puerta de los cuarteles".

Eso si, condicionó que la ley se tramite en el Congreso de los Diputados a que exista un "amplísimo consenso" entre todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. "En cuestiones militares, la única aritmética parlamentaria que vale es la de la suma. Y la única política posible es la del consenso y la unidad. No puede haber unas Fuerzas Armadas a la medida de cada Gobierno. Necesitamos unas Fuerzas Armadas a la medida de España", dijo. Para ello, según dijo, empezarán en breve los primeros contactos con las fuerzas políticas.

La ministra señaló que ya existe un primer borrador sobre la ley, que estará centrada entre varios ejes fundamentales, entre los que destacó la constitución de un único Consejo de Personal; la creación del Observatorio de la Vida Militar para contribuir a mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias; y, por último, la regulación del derecho de asociación en el ámbito profesional.

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general del Aire José Julio Rodríguez Fernández, emitió el pasado mes de diciembre la instrucción 70/2009 por la que se regula el diseño, composición y utilización del uniforme y equipo de campaña en las Fuerzas Armadas.

En la misma, se detallán las carácterísticas que deberá tener el próximo uniforme de las Fuerzas Armadas: "cumplirá la normativa nacional e internacional que garantice la interoperabilidad con el de otras Fuerzas Armadas de la OTAN (AECTP-200 para el patrón boscoso y STANAG 4563 para el árido/urbano); deberán permitir la vida, el movimiento y el combate del personal en los distintos terrenos y ambientes climatológicos en que se desarrollen las operaciones y ejercicios; deberán predominar la ligereza y confort sin menoscabo de la resistencia de los tejidos a la rotura y abrasión; y protegerán al usuario de las condiciones meteorológicas adversas".

A estas, se añaden las siguientes características: "proporcionarán un camuflaje efectivo en cualquier ambiente; el patrón mimético será del tipo pixelado, del que existen dos modelos: boscoso y árido/urbano; soportarán y protegerán de la exposición prolongada a las radiaciones solares; y las prendas del uniforme no serán ajustadas al cuerpo, aunque sí lo suficiente para prevenir la entrada de polvo; y el uniforme se utilizará sin ceñidor".

En lo que a los uniformes específicos para clima extremadamente frío y clima tropical, en ambos casos, su patrón mimético será el mismo que el del uniforme de campaña boscoso.

De esta forma, las Fuerzas Armadas españolas se unirían a las de otros múltiples países como Estados Unidos, Reino Unido, Canada o Australia, entre otros, que van introduciendo el camuflaje pixelado en los uniformes. Según estudios militares, el pixelado consigue engañar a la corteza cerebral, de modo que se vería predominar en el uniforme el color más parecido al entorno en el que se encuentra el militar que lo porta, facilitando así su camuflaje.

Según la propia instrucción del JEMAD, el actual uniforme de campaña de las Fuerzas Armadas continuará coexistiendo con la nueva uniformidad, hasta que se complete la dotación a todas las unidades y se agoten las existencias de que dispongan los Ejércitos. "La implantación de la uniformidad y el equipo complementario de campaña, se realizará de forma progresiva, de acuerdo con los planes de transición establecidos por cada ejército", afirma.

El nuevo uniforme será unitario, es decir, será utilizado por todos los miembros de las Fuerzas Armadas independientemente del Ejército al que pertenezca. Así lo recuerda el propio José Julio Rodríguez en la instrucción, en la que cita la modificación reglamentaria de 2006 que permitía este hecho (Orden Ministerial 37/2006, de 13 de marzo) y en la que destaca que "las nuevas misiones de las FAS, el carácter conjunto de las operaciones, la experiencia en las misiones en el exterior y la eficiencia en la gestión de los recursos financieros, pusieron de manifiesto la necesidad de disponer de la mejor uniformidad y equipo de campaña, sin que existan diferencias por razón del ejército de procedencia del personal".

Barcelona 20 de Noviembre de 2009

Sra. Dña, Carmen Chacón

Ministra de Defensa

Señora Chacón:

Cuando el presidente Rodríguez decidió nombrar a la primera mujer de la Historia de España como ministra de Defensa, ya sabe, de ese país que está al sur de Andorra, no actuó de la misma forma que el hoy archimillonario González cuando decidió nombrar al primer civil como Director General de la Guardia Civil: entonces eligió al primero que pasaba por allí, y los resultados ya son historia del choriceo a niveles institucionales. En su caso, el señor Rodríguez decidió nombrar a la primera mujer como ministra de Defensa, no con el criterio de un presidente de verdad, como Sarkozy cuando nombró a una mujer como ministra de Defensa, sino con la clara y decidida intención de culminar la tarea emprendida desde hace tiempo, y a la que él pone la guinda, de convertir al Ejército español en un ectoplasma de muy difícil definición y objetivos. Y para conseguir eso, la eligió a usted, sectaria de segunda fila del PSOE, nacionalista catalana, antimilitarista del clan “¡yo también soy Rufianes”, pero obediente a su amo para quitarle a los militares hasta la última brizna de dignidad.

Le diré que su andadura es como la del caballo o la yegua de Atila. Cada paso que da es, no ya una ofensa a la inteligencia y a la dignidad, sino una deliberada intención de arrancar hasta las raíces los sentimientos, los ideales, la Historia, los recuerdos…que conforman el espíritu de una colectividad humana: la gran familia militar.

La destrucción ordenada, ejecutada y cumplida casi a rajatabla por los disciplinados Mandos, de todo vestigio de la Historia de la España reciente, de la Historia del Ejército, de sus hombres de sus héroes y hasta de sus mártires, se culminará, y antes de que usted deje con un ”¡ahí queda eso!” y se largue a sus labores de telonera política, la tarea encomendada por el peor presidente que ha tenido España desde las segunda glaciación (y posiblemente desde la primera) será llevada con éxito hasta sus últimas consecuencias.

Usted nació cuando yo llevaba ya dos años al mando de una Batería de Costa en Gerona, feliz con mis artilleros, con mi destino, con la vecindad de mis amigos catalanes de aquel pueblecito de la costa, feliz con la España a la que servía y en la que vivíamos… Hoy, que ya es mayorcita, después de pasearse por el mundo acumulando títulos que sorprendentemente no han mejorado en un ápice su parco nivel intelectual, estamos todos inmersos en tiempos de ignominia, y hemos de soportar, porque los Mandos militares lo permiten, que escupa sobre nuestras Hojas de Servicios (y las suyas), sobre nuestros ideales, sentimientos, Historia…, sin que a usted, encantada de haberse conocido, le importe una higa, ardite, rábano o pepino el daño que pueda hacer a tantos españoles.

España es un país extraño, compuesto, según los aires de la Historia, en casi ángeles, hombres, homínidos o androides. Al asistir en Barcelona a la misa por Franco y José Antonio en este último 20 de noviembre, he comprobado el espectacular éxito de la apisonadora zapatera. Un par de centenares mal contados oímos misa en la Iglesia de la Merced, aquella que destruyeron los suyos en julio de 1936 y que se reconstruyó muy poco después de acabada la guerra, habiéndose reinstalado la Virgen Patrona de Cataluña que había sido derribada de la cúpula de la iglesia. Hoy, los homínidos y los androides campan por sus respetos encaramados en el poder, pero a todo cerdo le llega su San Martín que, pese a las imposiciones por aquello de la igualdad de género, lo dejamos así, sólo en cerdo.

No puede España soportar por mucho más tiempo a tanta piraña. A lo largo de la Historia, ha salido de situaciones que parecían de muerte por enfermedad o por suicidio, incluso cuando el enemigo estaba dentro; sin embargo, observamos que el actual horizonte, con tanto cobardía instalada en las instituciones, incluida la que usted manipula a su antojo, nos hace temer que, por nuestros propios pecados, estamos abandonados de la mano de Dios y que ya empezamos a rozar el fin de nuestra Historia.

Mientras se hace fotos con los soldados que se divierten haciendo el ganso como si la fotografiada fuera una cabaretera de visita al regimiento; mientras hace la inútil sideral en temas como el “Alakrana”, ya sabe, el pesquero sin bandera; mientras se saca leyes del flequillo para encabronar la Carrera Militar, usted aun tiene tiempo para empujar al Mando sumiso para que destruya hoy una vidriera, al día siguiente un escudo de España que las ratas aborrecen, otro día arrasarán una Cruz, una lápida que recuerde a mártires que fabricaron los suyos, o algún cementerio que molesta…; se cambiarán los libros, las enciclopedias, y en las escuelas, además de enseñar a masturbarse a los niños, ejercicio de indudable sabor progresista, se les envenenará con mentiras sus pobres cerebros… Y al final conseguirán que crezcan raros androides con un apocalíptico número de identificación en la frente. El objetivo organizado en la Gran Tenida se ha cumplido.

Usted no leerá esta carta, pero puede tener la completa seguridad de que va a correr por Internet como lo que en esta tierra llaman “correcamas”, que a amucha pezuña política va a chamuscar. Y no me lance a los jueces por culpa de esta carta, porque ya sabe que al rey, a la Bandera o al Himno Nacional se les puede insultar por aquello de la sacrosanta libertad de expresión, y yo no la insulto, sólo valoro su siniestro paso por encima del cadáver de España. En todo caso, si tiene ese capricho, hable con ese amigete que entiende de soluciones finales tipo “Paracuellos”.

Sólo me queda, para despedirme, no mandarla al infierno como me lo pide el cuerpo, porque tratándose de una mujer (ya sabe, la educación “franquista”, etc, etc…) me lo impide, sencillamente la mandaré a hacer compañía a Moratinos en el Limbo, lugar que se cerró hace tiempo pero que por obvias razones tuvo que abrirse para instalar a esa lumbrera apagada de la presunta diplomacia.

Jesús Flores Thies

Coronel de Artillería-retirado

Barcelona

No deberían ser los militares, sino todos los demás, los que exijan a este Gobierno y a los que sigan una política de defensa sólida y bien definida, con unas Fuerzas Armadas motivadas, bien dotadas y capacitadas para los nuevos desafíos.

¿Son los militares españoles ciudadanos de tercera? Algunos de ellos llevan tiempo diciendo que se sienten así. Es el Estado quien debe velar por los integrantes de las Fuerzas Armadas pero, ¿qué pasa cuando deja de hacerlo? ¿Y qué pasa cuando tampoco funcionan los cauces militares para intentar, en la medida de lo posible, paliar y solucionar el malestar dentro del estamento militar? No es sólo culpa del Gobierno. Algo falla también dentro del mando militar.

Desprotegidos por el Estado y en algunas ocasiones humillados, los militares españoles han recurrido a los instrumentos de la red informática para difundir su malestar y hasta inéditas manifestaciones para decir que están hartos de los fraudes del Gobierno. Ahora es la Ley de Carrera Militar, aunque ya lleva casi dos años en vigor. Un texto que no incluye tampoco los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, capítulo que se deja para una ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales que se está esperando desde 2005.

La Ley de Carrera Militar, además de la polémica integración de las escalas que está dando lugar a resultados tan extravagantes como injustos, no recoge otros puntos fundamentales para la carrera militar: que sea lo suficientemente atractiva para aquellos que decidan emprenderla, que se aproxime a la de los países de nuestro entorno, y cuyos objetivos básicos sean la motivación y la calidad profesional. Una calidad del personal que es vital en el momento en el que vivimos, dominado por la reducción y la flexibilidad de los efectivos, y su progresiva tecnificación para hacer frente a los nuevos y diversos escenarios, para que el elemento militar, escaso y caro, se dedique a lo más concreto de su tarea. Todo para tener militares de primera.

Pero para el actual Ejecutivo las Fuerzas Armadas son sólo una "ONG robusta" como afirmó en su momento Rodríguez Zapatero. Y aunque la actividad de los cooperantes sea muy loable, muy digna y más imprescindible, es también la misión de los profesionales militares, por lo que también merecen un reconocimiento. Sin embargo, tienen que aguantar que un ministro de Defensa diga que preferiría que lo matasen a matar a alguien y que mande retirar de una loma en un terreno militar el lema "A España servir hasta morir"; y tienen que continuar su actividad pese a la disminución de los recursos y la caída de los presupuestos; y mantener la cabeza bien alta aunque se intente desmilitarizar y desnaturalizar a las Fuerzas Armadas con elementos como la creación de la Unidad Militar de Emergencias y la telefília pacifista de Chacón; y han mantenido sus posiciones y obedecido ante peligrosas iniciativas como las restricciones a la libertad de actuación en misiones en el exterior. Pese a todo, los militares seguirán estando orgullosos de serlo.

No deberían ser ellos, sino todos los demás, los que exijan a este Gobierno y a los que sigan una política de defensa sólida y bien definida, con unas Fuerzas Armadas motivadas, bien dotadas y capacitadas para los nuevos desafíos. Hoy sólo hay una Defensa sin rumbo.

La portavoz de Defensa del PP en el Congreso de los Diputados, Beatriz Rodríguez Salmones, afirmó a Europa Press que su grupo respeta la manifestación y espera que todas las peticiones "legítimas" de los militares "sean escuchadas". Además, se mostró convencida de que no habrá incidentes y de que tampoco habrá sanciones a posteriori, puesto que eso sería "lamentable".

"Sobre el objeto de la manifestación, compartimos la preocupación", destacó, para luego recordar que han presentado varias proposiciones no de ley sobre la Carrera Militar y que piensan "seguir presentándolas y manteniéndolas", mientras que otros grupos como IU o UPyD en ocasiones las han retirado y han aceptado opciones que el Gobierno ha presentado como sustitución.

Izquierda Unida, por su parte, viene manteniendo tradicionalmente contactos con las asociaciones militares –y concretamente con AUME–, e incluso ha presentado iniciativas en las Cortes Generales con las propuestas que éstas le han trasladado. Así, su coordinador federal, Cayo Lara, quien ha confirmado que estará el domingo en la concentración, afirmó que IU "reconoce la justicia de buena parte de las reclamaciones de estos colectivos y las seguirá plasmando en iniciativas parlamentarias tantas veces como lo pidan".

Desde UPyD, Rosa Díez explicó a Europa Press que también ellos apoyan la concentración y estarán presentes –no ella personalmente puesto que no estará en Madrid–. De hecho, en su página web han publicado una convocatoria pidiendo a sus simpatizantes y afiliados que asistan y acompañen "la reivindicación de esta causa justa".

Por su parte, José Ramón Beloki (PNV), recalcó que su grupo también respeta la convocatoria puesto que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a decir lo que de verdad piensa de las cosas". Eso sí, puntualizó que esta es una Ley "muy problemática" y difícil de desarrollar. Además, señaló que él no sabría decir "si sería capaz de hacerlo mejor".

En esta línea, recalcó que la situación en las Fuerzas Armadas "se viene de donde se viene", por lo que "no es fácil" de gestionar para nada. "Cuando regulas a un colectivo que viene de tantos sitios y formas diversas, buscar que todo sea perfecto es imposible, pero que lo deseable es que los damnificados sean los menos", indicó.

Asimismo, planteó que habría que hablar de cada uno de los casos y eso es "terriblemente complicado", ya que "no hay forma de buscar una plena satisfacción de todo el mundo". Según dijo, independientemente de la razón de la manifestación, lo cierto es que "la gente tiene perfecto derecho a manifestarse".

Con motivo de un reciente debate en la Comisión de Defensa, hace unos días el diputado de CiU Jordi Xuclá recalcó que "el Gobierno ha llegado tarde a reconocer la realidad –de las deficiencias de la Ley– y ha mostrado insensibilidad ante el colectivo militar". Además, dijo que la enmienda a los Presupuestos presentadas por el PSOE y pactada a última hora "no se puede esgrimir como fruto del consenso y no da carpetazo ni cierra una mala gestión".

El PSOE, solo

Por su parte, Jesús Cuadrado, diputado socialista, subrayó que esta Ley está en "plena aplicación", supone una "enorme modernización" de las Fuerzas Armadas, y "ha atendido muchísimas aspiraciones de colectivos militares", al tiempo que recordó que fue aprobada "prácticamente por unanimidad de todos los grupos parlamentarios".

Además, aseguró que la ministra Carme Chacón demostró a través de la Ley de Presupuestos su "capacidad para escuchar a los colectivos de las Fuerzas Armadas y lo seguirá haciendo". "En los últimos años ha habido una transformación muy fuerte en relación con las aspiraciones profesionales de los militares. Siguen teniendo aspiraciones y la voluntad del Ministerio y el Grupo Parlamentario Socialista es dar una respuesta", indicó.

Eso sí, puntualizó que "aspiraciones de décadas no se pueden cumplir en minutos", pero insistió en que los colectivos afectados "saben que hay una voluntad receptiva". En esta línea, expresó su respeto a los convocantes, pero reiteró que este es un proyecto de "modernización que ya está en marcha con el acuerdo prácticamente unánime de los Grupos que aprobaron la Ley hace no mucho tiempo".