ARFAGA

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Tenientes y capitanes retirados pueden solicitar el ascenso a comandante

CÓMPUTO DE TIEMPOS DE SERVICIO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE RESERVISTA DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD

Carta de FAME a la Ministra 27 de Febrero de 2009

Reales Ordenanzas

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Escalas Auxiliares - 1ª Tanda

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Cuerpo Auxiliar de Especialistas - 1ª Tanda

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Escalas Auxiliares - 2ª Tanda

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Cuerpo Auxiliar de Especialistas - 2ª Tanda

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Escalas Auxiliares - 3ª Tanda

Ascensos a Comandante (Situación de Retiro) - Cuerpo Auxiliar de Especialistas - 3ª Tanda

Ascensos a Comandante - Escalas Auxiliares

Ascensos a Comandante - Cuerpo Auxiliar de Especialistas

Ascensos a Capitán - Escalas Auxiliares

Ascensos a Capitán - Cuerpo Auxiliar de Especialistas

Información B.O.D. Escalas Auxiliares y Ascensos

Escalas Auxiliares y CAE

Escalas Auxiliares del E.T.

Solicitud de empleo y antigüedad para oficiales en retiro.

Cuerpo Auxiliar de Especialistas del E.T.

Solicitud de empleo y antigüedad para oficiales en retiro (especialistas).

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V. OTRAS DISPOSICIONES

ACCION SOCIAL

Orden 563/08520/09

Cód. Informático: 2009009134.

La Orden 563/05445/09 publicada en el «BOD» número 68 de 8 de abril de 2009, página número 4.701. Se amplia la Orden mencionada, en su Anexo 1.º «Bases reguladoras de la convocatoria», base 9.3 «Titulares del derecho», apartado a) en el sentido de incluir al personal retirado. Este personal dispondrá, para la presentación de instancias, de un plazo de quince (15) días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el «BOD».

Madrid, 5 de mayo de 2009.—La Ministra, P. D. (Orden 93/1997, de 14 de mayo), el General Jefe del Mando de Personal, José María Fernández Bastarreche.

En AMARTE,ARFAGA y demás asociaciones de militares de carácter reivindicativo, es decir, de las que defienden y promocionan los derechos y legítimos intereses profesionales, económicos y sociales de todos los militares en las distintas situaciones de actividad y reserva, y de los militares retirados y de sus causahabientes, ocurre lo que debe ocurrir: que cada día –en el ejercicio del derecho fundamental de asociación- unos militares se dan de alta y otros se dan de baja en la asociación, ya sea personalmente o por carta o cualquier medio de telecomunicación. Nadie tiene que dar explicaciones sobre su decisión, pero unos las dan sin pedírselas y a otros (particularmente si han sido muy activos y participativos durante el tiempo en que han sido socios) se les pide –a título informativo y si a bien lo tienen- por parte de algún miembros de la Junta Directiva, por si acaso se ha producido algún hecho o circunstancia que la Asociación deba corregir o enmendar. Pues bien, la causa más frecuente de las bajas suele expresarse aproximadamente en los siguientes términos: “Es que yo acabo de pasar a retirado, me han fijado la pensión, he empezado a cobrarla y cada año me la actualizarán con arreglo al IPC. Ya no tengo problemas, ni derechos que defender, ya no tiene sentido estar asociado.” Desde AMARTE, y las otras asociaciones, no nos cansamos de repetir a esos amigos y compañeros que, si esa es la verdadera causa de su baja, están muy equivocados, que los militares retirados también tienen problemas, que el retiro (o jubilación) no es una especie de liberación que todo lo salva o garantiza. Que las pensiones están regidas por una Ley que todos los años sufre cambios por la vía rápida, insegura e inconstitucional de la Ley de Presupuestos, que los funcionarios (civiles y militares), no se libran del pago de las medicinas (30 % de su precio con carácter vitalicio), que sus derechos económicos y sociales no tienen ninguna garantía absoluta, que incluso hay derechos profesionales que hay que seguir defendiendo (por ejemplo los ascensos honoríficos e incluso efectivos), etc., etc.

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Si el miércoles el Congreso de los Diputados da su visto bueno, el próximo 21 de julio 450 militares españoles comenzarán a trabajar en Afganistán de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 20 de agosto en el país asiático. Así lo anunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien apuntó que se enviarán, además, otros 82 efectivos para otras tareas. Por ello, el Ejecutivo aprobó el acuerdo para solicitar la autorización de la Cámara Baja para el envío de efectivos adicionales. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo destacó que el contingente español que se desplegará para los comicios de agosto deberá permanecer en el país hasta treinta días después de las elecciones o de una segunda vuelta, en el caso de que fuese necesario celebrarla. De esta forma, los 450 soldados estarán en Afganistán, al menos, dos meses. Pero no serán los únicos militares que viajarán hasta el país asiático. España enviará un Equipo Operativo de Asesoramiento y Enlace de las Fuerzas Armadas compuesto por 12 instructores que tendrá como tarea la de adiestrar a la Unidad Militar afgana. Éstos permanecerán en Afganistán mientras esté en vigor el acuerdo alcanzado entre ambos países para el patrocinio de una unidad del Ejército Nacional afgano. Junto a ellos, otros 70 efectivos (4 de la Guardia Civil y 66 de las Fuerzas Armadas) asumirán junto a las demás naciones que contribuyen a la misión ISAF el liderazgo de la gestión del Aeropuerto Internacional de Kabul. Estos últimos se desplegarían el próximo mes de octubre y permanecerán allí por un plazo de siete meses. Mediante este acuerdo, el Ejecutivo delega en el Ministerio de Defensa la realización de todos los trámites necesarios, tanto de consulta como de solicitud de autorización previa para ampliar la participación española en la misión de la OTAN. «Nuestra contribución» Poco después, la ministra de Defensa, Carme Chacón, quiso dejar claro que «nuestra contribución está relacionada con las elecciones. Ésa es la razón por la que estamos hablando de un batallón electoral. Otra cosa distinta son esos 40 guardias civiles, que nos gustaría enviar tan pronto como sepamos cuál va a ser su trabajo en la Fuerza de Gendarmes», en relación estos últimos a la propuesta de Francia de mandar efectivos de la Gendarmería Europea para las labores de entrenamiento, informa Ep. «España ha trasladado la voluntad de que sean 40 guardias civiles. Cuando tome cuerpo el objeto y la forma en que se desplieguen, España participará con los mismos», explicó.

Muchos de los soldados y mandos de la Brigada de Infantería Ligera con sede en Pontevedra destinados en Afganistán llevan casi dos meses sin recibir cartas o paquetes de sus familias. Así lo denunciaron estos días varias pontevedresas que han puesto sobre el tapete supuestas deficiencias en este servicio.

Relataron que desde el teléfono de atención a las familias se les informó recientemente que «no va a haber más servicio de paquetería». En este punto, denunciaron que la respuesta oficial que se les ha dado es que estos vuelos, dos al mes, estaban siendo realizados por una empresa civil que trabaja según un contrato «y este último no se le ha renovado porque ''no hay dinero'', palabras textuales».

En relación con esta cuestión, la mujer de un militar destinado en la base de Qala-i-Naw incidió en que desde la Administración central les comunicaron que se desconoce qué ocurrirá con los paquetes ya enviados y que nunca han llegado a su destino: «Si los van a devolver al remitente, si los van a mandar al cuartel de Figueirido... No saben nada. ¿Y nosotros qué? ¿Y nuestros maridos, hijos, amigos... que están allí esperando la llegada de una inyección de ilusión que les haga más llevadera la misión? ¿Quién cuenta con nosotros?».

Su historia es muy similar a otras. A principios de marzo, su marido se desplazó a Afganistán y las autoridades le indicaron el mecanismo a seguir para remitir un paquete, de tal modo que los vuelos con este cometido saldrían en la segunda y cuarta semana de cada mes.

A los pocos días de comenzar el operativo en el país asiático, la pontevedresa decidió mandar un paquete. Fue recibido a finales de abril, casi mes y medio después de haberlo depositado en manos de Defensa. Ese mismo mes y en la segunda semana de mayo, realizó otros dos envíos. El problema no es que no hayan llegado a su destinatario, sino que «estos dos paquetes están todavía en Madrid».

Sin constancia de quejas

Los familiares también critican la aparente ineficacia del teléfono de atención a las familias, ya que «llamamos varias veces y desde ahí nunca han sido capaces de darle una solución a nuestro problema».

Días atrás, varios mandos de la Brilat aseguraron desconocer este asunto, y sostuvieron que no tenían constancia de queja alguna al respecto por parte de los soldados. Matizaron que el envío de paquetería es un servicio centralizado en Defensa, por lo que la brigada es totalmente ajena a su gestión.

En todo caso, reconocieron que, en ocasiones, se producen retrasos. Así, explicaron que son dos los vuelos habilitados al mes para este cometido y en ambos tiene prioridad el transporte de material sanitario, por lo que, en ocasiones, solo esta mercancía ya completa el volumen de carga máxima soportada por el avión, por lo que los paquetes y cartas tienen que esperar a otros vuelos.

Incidieron en que las familias mantienen contacto habitual con los soldados por teléfono u ordenador. «Es cierto pero la red no es muy buena», concluyó la mujer de un militar.

El primer curso de adaptación de escalas toca a su fin. Hoy es el último día. El 1 de julio, esa integración de la escala media con la superior de oficiales se hará efectiva. Con el punto más polémico de la Ley de la Carrera Militar en ciernes de ejecutarse, las espadas están en lo alto en todos los estamentos militares. Además de las miles de quejas que ya se han tramitado contra la norma más discutida en el mundo militar, comienzan a moverse ya denuncias en firme contra los superiores encargados del curso de integración.

Las denuncias se producen por presuntos delitos de abuso de autoridad, deslealtad y prevaricación, partiendo de la base de que la normativa disciplinaria aplicable a los concurrentes del curso es muy ambigua, por no decir que en ningún momento se ha precisado. De hecho, los propios concurrentes consideran que esta laguna ha permitido a los encargados del curso aplicar a su libre albedrío las normas que en cada momento consideraron. De ahí que se contemple en las denuncias que se ha cometido en ocasiones abuso de autoridad.

La queja básica y más generalizada se sustenta en el hecho de que los mandos han considerado a los concurrentes alumnos en formación y no oficiales como son, algo que es imposible teniendo en cuenta que el curso no entra dentro del sistema de enseñanza de las Fuerzas Armadas ni del general, base sobre la que algunos han planteado una posible causa de ilegalidad del curso y que ha generado la indefinición de la normativa aplicable. Esta circunstancia ha permitido además a los mandos, señalan fuentes militares, denegar permisos arbitrariamente como si de alumnos se trataran los solicitantes, sancionar en función de uno u otro criterio o incluso, protestan, ser tratados al mismo nivel que alumnos de la básica. A estas protestas y denuncias se une ahora la que señala que algunos profesores que están llevando la adaptación de escalas carecen de la titulación académica necesaria para la enseñanza.

Desde el otro lado de la «batalla», los encargados del curso en diferentes academias han decidido responder al tira y afloja con expedientes sancionadores. En algunos casos han sido sólo amenazas o sugerencias de darse de baja, según informan fuentes militares, y en otros al menos dos casos expedientes abiertos.

Mismo puesto

Ante la finalización del curso y el desconocimiento por parte de los concurrentes de qué futuro les deparaba, ya que no sabían si tendrían que permanecer en el mismo puesto o serían recolocados en otros, la dirección de personal del Ejército de Tierra ha informado a los integrantes de este primer curso durante estas semanas de qué ocurrirá a partir de ahora. Según fuentes militares, esta dirección comunicó a los concurrentes que una vez que aprobaran el curso seguirían haciendo lo que hasta antes del mismo hacían y en el mismo puesto. Estas fuentes señalan que esto es un reconocimiento explícito de la inutilidad del curso de adaptación, que sólo ha valido, subrayan, para demostrar que estaban capacitados para hacer lo que algunos llevan haciendo desde hace treinta años.

ANÁLSIS: Un limbo académico y disciplinario

- ¿Qué lagunas normativas tiene el curso de adaptación a la nueva escala?

–Los oficiales de la escala media que realizan el curso tienen en la Ley de la Carrera Militar la consideración de concurrentes, pero en las academias donde lo realizan son considerados por los mandos como alumnos. Ni la Ley ni las normativas derivadas de ella contemplan a qué régimen disciplinario deben someterse, ya que éste es distinto si mantienen su estatus de oficiales que si son considerados alumnos como los de las academias generales.

Además, el curso no se incluye en el sistema de enseñanza de las Fuerzas Armadas ni en el general, por lo que no son pocos los que lo consideran ilegal.

- ¿Para qué sirve el curso?

–Según los concurrentes, para nada, pero la intención de los legisladores es que con su realización los oficiales de la escala media se integren con sus compañeros de la superior en una misma escala y, en teoría, opten a los mismos puestos en las Fuerzas Armadas que estos.

- ¿Qué planes tiene Defensa para el curso?

–Aunque oficialmente no han comunicado cambios, Defensa planea recortar la parte presencial del curso en dos meses.

El 19 de marzo la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunciaba en Kosovo la salida de las tropas españolas de la provincia serbia después de que ésta se declarara independiente, estatus que España no reconoce. Tal noticia desató una oleada de críticas contra el Ejecutivo por parte de la OTAN y de Estados Unidos, molestos por la unilateralidad de la decisión.

Ayer, en Bruselas, Chacón se resarció y sacó pecho de aquel anuncio, después de que la Alianza Atlántica acordara en la reunión de ministros de Defensa celebrada retirar de manera «gradual y por fases» las tropas de Kosovo. En enero saldrá un tercio y se quedarán 10.000 de los 14.000 que hay ahora. El objetivo es que en un plazo máximo de dos años queden sólo unos 2.200, informa OTR press.

Chacón no dudó en celebrar este acuerdo y recalcó que con el mismo «se evidencia algo que España había ido solicitando junto con otros países, que era una menor presencia de tropas a través de la fase de disuasión». Según la ministra, «todos eran conscientes de que España había coordinado los planes militares de repliegue, que están funcionando perfectamente bien». De hecho, adelantó que «el próximo día 15, España ya tendrá en nuestro país al 25 por ciento del grueso de las tropas» desplegadas.

La titular de Defensa recalcó que, además de considerar que las condiciones de seguridad en la zona eran suficientes para ir organizando la retirada con tranquilidad, «España tenía una razón añadida, y es que nosotros advertimos desde el primer momento de que no participaríamos en funciones que tuvieran que ver con la consolidación y creación de estructuras del Estado independiente de Kosovo, que España no reconoce».

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, admitió que, aunque «la decisión no fue coordinada», la retirada sí lo será, a lo que añadió: «Dentro juntos, fuera juntos». Su portavoz, James Appathurai, añadió al respecto que «cuando Chacón vino aquí se comprometió en marzo a que cualquier reducción española se haría de un modo coordinado y gradual, y eso es exactamente lo que está ocurriendo».

Desde que Carme Chacón se convirtió en ministra de Defensa, mucho ha cambiado el papel de los mandos militares cuando se presenta una crisis política que afecta al titular de este departamento. Y ha cambiado para mal, porque cada vez que Chacón ha tenido un problema (detención de piratas en Somalia, gripe en la Academia de Hoyo de Manzanares y captura de espías israelíes en el Líbano), ha utilizado a los militares como escudos políticos para intentar salvar su mala gestión. Ruedas de prensa de generales, cartas al juez y aclaraciones de altos mandos, son algunas de las insólitas circunstancias en que se han visto envueltos los militares.

El malestar en las Fuerzas Armadas por este nuevo «papel» de los mandos sigue creciendo. De hecho, hace pocos días, fuentes militares aseguraban que «estamos esperando a que el siguiente político meta la pata, para que nos cesen», en alusión al momento que atraviesan. Tienen la sensación «de que son escudos humanos de los fallos de los políticos» y de que sólo están en el puesto «para que tengan un responsable cuando algo falla».

La veda se abrió cuando el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Julio Rodríguez, tuvo que enviar el pasado 11 de mayo un escrito al juez que mandó liberar a los piratas detenidos en Somalia por las tropas españolas, solicitando aclaración sobre si se podía aplicar el canje de notas firmado entre la UE y Kenia. Trataba de solucionar el embrollo jurídico que provocó el Ministerio de Defensa.

Si la intervención del Jemad provocó sonrojo en los mandos militares, aún peor fue la inédita rueda de prensa convocada por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Fulgencio Coll, para decir que se había actuado «correctamente» en la gestión del brote de gripe A detectado en la Academia de Hoyo de Manzanares.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia es la nota del general de la misión del Líbano, lamentando el malentendido de la captura de espías israelíes en el Líbano

La improvisación y la falta de comunicación no puede ser la tónica en Defensa. Ayer se vivió un nuevo episodio de descoordinación que puede poner en entredicho el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas en la comunidad internacional. El jefe de la misión en el Líbano, el general José María Prieto, comunicó a Carme Chacón por videoconferencia que militares españoles habían participado en una operación para desactivar una célula de espionaje israelí en el país y que había varios detenidos. A Chacón le faltó tiempo para rectificarle y afirmar que los efectivos españoles no participaron en la misión. «Disculpen la confusión», dijo a los periodistas con la intención de reducir el episodio a la categoría de anécdota. Un «malentendido» que los deja en una posición incómoda. Antes de practicar el «donde dije digo, digo Diego», Defensa debería evitar estas situaciones que sólo invitan a un innecesario desconcierto.

Las tropas españolas en Líbano realizan su misión, mantener la paz, con normalidad y sin muchos altercados, con la memoria puesta siempre, eso sí, en los seis paracaidistas que fueron vilmente asesinados en junio de 2007, y con la guardia puesta en el hecho de que están en uno de los lugares potencialmente más peligrosos del mundo. Ayer, esta placidez extrañamente sobrevenida estuvo a punto de trocar en una polémica diplomática y de espionaje surrealista y sin precedentes.

A primera hora de la mañana, la ministra de Defensa, Carme Chacón, contactaba con las misiones en el exterior a través de videoconferencia, como hace cada mes. Su conexión «en abierto» de ayer (el resto de la charla la lleva a cabo sin medios de comunicación presentes) correspondía con la misión en Líbano. El general José María Prieto, al otro lado de la pantalla, daba novedades. Además de la normalidad con la que se han desarrollado las elecciones en el país del Cedro del domingo, de las que la ministra destacó la «deportividad» con que los partidos habían asumido el resultado, el general hizo la declaración del día: «Durante la semana, destacar que se ha continuado con estas labores que se están haciendo de búsqueda de la célula de espionaje israelita (en Líbano). Ha habido varias detenciones».

De esta frase, todos los presentes deducen automáticamente que las tropas españolas han participado en esa operación y que fruto de la misma se han producido arrestos de espías israelíes. Sin embargo, un par de horas después, el ministerio se apresuró a aclarar esa información y asegurar que todo era un malentendido porque los militares españoles nunca habían participado en esa misión. Para reforzar la corrección, la ministra aclaró en el Congreso que nuestro contingente no ha tomado parte en la búsqueda de esa célula de espías israelíes, tras lo cual pidió disculpas a los informadores que la preguntaban por «la confusión», informa Ep. El propio general envió por la tarde una nota en la que aseguraba que «el comentario era relativo a las actuaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Libanesas. En ningún momento ni las fuerzas de Unifil, ni las españolas han participado en nada relacionado con este asunto. Siento que mis palabras hayan podido ser entendidas de otra manera».

La portavoz de Defensa del PP en el Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones, no se dio por satisfecha inicialmente y declaró a Servimedia que este asunto es «motivo suficiente para pedir una comparecencia» de la ministra si no se dan las explicaciones pertinentes, ya que consideraba que «no vale con un desmentido».

Un par de horas después, una vez conocida la nota del general Prieto, indicaba a Europa Press que «apreciamos la aclaración. Entendemos que, efectivamente, el relato de unos hechos ha podido transmitir la confusión de que había una participación en los hechos que se estaban relatando. Creemos que ha quedado suficientemente aclarado». Además, señaló finalmente que «la palabra disculpas era inédita en esta ministra. Las disculpas son bienvenidas».

El jefe de la misión en Líbano, el general José María Prieto, ha explicado hoy que son "exclusivamente" las fuerzas armadas y de seguridad libanesas las que buscan una célula de espionaje israelí en el sur del Líbano, y no las fuerzas españolas ni las de la misión FINUL de Naciones Unidas.

El Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado con palabras del general Prieto con el objetivo de aclarar de nuevo sus declaraciones en la videoconferencia que ha mantenido hoy con la ministra, Carme Chacón, en la que ha afirmado que "esta semana se ha continuado con la labor de búsqueda de una célula de espionaje israelita".

"En ningún momento, ni las fuerzas de UNIFIL ni las españolas han participado en nada relacionado con este asunto", se explica en una nota firmada por el propio general Prieto (aquí, en PDF). "Siento que mis palabras hayan podido ser entendidas de otra manera", concluye.

Fuentes de Defensa han informado poco después de que se trata de una misión de inteligencia que llevan a cabo las fuerzas de seguridad libanesa en la frontera sur de Líbano con Israel y que los militares españoles desplegados en Líbano no participan en ella.

La propia ministra de Defensa ha reiterado esta explicación en unas breves declaraciones en el Congreso, en las que ha pedido disculpas a los periodistas por la "confusión". .

Tras estas dos aclaraciones, Defensa ha difundido el escueto comunicado del general Prieto, que insiste en que "ni las fuerzas españolas ni las fuerzas de la FINUL han participado en nada relacionado con operaciones contra células de espionaje israelí" y señala que su comentario durante la videoconferencia se refería "exclusivamente" a las fuerzas armadas y de seguridad libanesas.

El general de Brigada José María Prieto, jefe del destacamento español en Líbano le contaba esta mañana en una videoconferencia a la ministra de Defensa, Carme Chacón, que durante la última semana habían "continuado con estas labores que se están haciendo de búsqueda de la célula de espionaje israelí", y ha añadido: "Ha habido varias detenciones".

Poco después de esa videoconferencia, el Ministerio de Defensa ha negado que los militares españoles estuvieran participando en la búsqueda de una célula de espionaje israelí en su zona de Líbano. Fuentes de Defensa aseguraron que la atribución de las detenciones y de la búsqueda de los espías a tropas españolas era un malentendido.

La propia ministra Chacón ha dicho en el Congreso de los Diputados que la operación la estaban llevando a cabo las fuerzas armadas libanesas.

Desde la base de Marjayún, el general Prieto ha transmitido a la ministra que los días previos a los comicios del pasado domingo el contingente español aumentó sus patrullas de vigilancia, pero que "hoy todo ha vuelto a la normalidad".

En esa videoconferencia, la ministra ha felicitado al contingente español, integrado por unos 1.100 militares, por su "ejemplar" trabajo en conjunto con las fuerzas libanesas.

El Consejo de Ministros ha aprobado las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales por cuerpos, escalas y empleos de los militares de carrera, para el periodo 2009-2013.

La Ley de la Carrera Militar de 2007 fija un máximo de cincuenta mil oficiales generales, oficiales y suboficiales en servicio activo, y establece que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, fijará, con vigencia para períodos cuatrienales, las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales por cuerpos, escalas y empleos de los militares de carrera, excepto los correspondientes a los dos primeros empleos, cuyos efectivos serán los que resulten de las provisiones de plazas y de la aplicación del sistema de ascensos por antigüedad.

De esta manera, el Real Decreto aprobado, que no incluye los dos primeros empleos de cada escala, establece un ligero incremento en el número global de oficiales, con una apreciable disminución del número de oficiales generales, coroneles y comandantes, y un incremento en el empleo de teniente coronel. El incremento en este último empleo viene justificado por la disminución de los empleos superiores (coroneles y generales) y para facilitar el proceso de constitución de la nueva escala de oficiales que comienza el 1 de julio de 2009.

Suboficiales

En la categoría de suboficiales se mantiene el número global en los empleos de brigada y superiores, con disminución en el empleo de brigada e incremento en los empleos de subteniente y suboficial mayor.

Oficiales Generales y coroneles

En concreto, en lo que se refiere a oficiales generales y coroneles, en el último periodo anual 2012-2013 se autoriza una plantilla de 225 generales y queda pendiente para el segundo ciclo cuatrienal una reducción de 25 para alcanzar los 200. En cuanto a coroneles, se autoriza una plantilla de 1.134 y queda también pendiente una reducción de 84 para alcanzar los 1.050. A la entrada en vigor de la Ley de la Carrera Militar, el número máximo autorizado de oficiales generales era de 265 y el de coroneles, de 1.235.

La evolución del total global de la plantilla reglamentaria propuesta permanece prácticamente estable a lo largo de los sucesivos períodos anuales de este ciclo cuatrienal. Sin embargo, a lo largo de este mismo ciclo habrá un descenso constante de los efectivos totales de cuadros de mando, en particular en la categoría de oficial, como consecuencia del mayor número de bajas previstas para todos los empleos en esta categoría en relación con la previsión de ingresos en el empleo de teniente, mientras que en la categoría de suboficial se prevé el mantenimiento o un ligero incremento de sus efectivos.

Por otra parte, para facilitar una adecuada adaptación temporal entre la transformación de la estructura orgánica y funcional y la disminución de oficiales generales, se habilita al Ministro de Defensa para que pueda modificar la distribución por empleos, sin incrementar el número total y siempre en sentido jerárquico descendente.

Plantillas a extinguir

Igualmente, se autoriza al Ministro a determinar, con carácter anual, las plantillas de las escalas a extinguir de oficiales, y las plantillas de los militares de complemento, diferenciando las de los militares de carrera, que se deducirán de las autorizadas en este Real Decreto para cada periodo anual.

Asimismo, se modifica un Real Decreto de 20 de diciembre de 1991, por el que se adaptaba a las escalas declaradas a extinguir el régimen del personal establecido en una ley de 1989, en lo relativo a los apartados que hacen referencia a los empleos militares en cada una de las Escalas a extinguir en el Ejercito de Tierra, Armada y Ejercito del Aire. Dicha modificación afecta a la Escala de subdirectores músicos a los que se posibilita alcanzar el empleo de capitán mientras que antes sólo podían alcanzar el de teniente.

El grueso de los algo más de doscientos tripulantes de la fragata ferrolana F-103, que trabaja en la actualidad contra la piratería en Somalia con una flota de la OTAN, ha hecho llegar al Ministerio de Defensa su reclamación por escrito para equiparar sus salarios con las dotaciones de otros buques españoles desplegados en la zona en la operación Atalanta de la UE y que, por cuestiones administrativas, cobran el doble.

Mientras las unidades enviadas al Cuerno de África con base en Rota se enmarcan dentro de una «operación de paz en el extranjero» por el departamento de Carme Chacón, la tarea de la Blas de Lezo no, ya que su misión original era una navegación hasta Australia. Pero la Alianza Atlántica decidió que permaneciese en esas aguas. De ahí el agravio comparativo.

Fuentes relacionadas con la iniciativa y familiares de los marinos han corroborado que, tal y como ya adelantó La Voz el pasado 8 de mayo, la instancia se envió dirigida a la Subsecretaría de Estado de Defensa. En el texto inicial con el que se trabajaba en ningún momento se cuestionan ni la misión ni las órdenes recibidas. Se hacía una exposición cronológica de los hechos «con el debido respeto y subordinación» y se argumenta esa descompensación salarial.

En la reclamación se solicitaba al Gobierno central: «Se reconozca mi derecho a ser retribuido como miembro de la dotación de la fragata Blas de Lezo partícipe de la operación Allied Protector (...) en el mismo alcance conceptual y en las mismas condiciones económicas que las dotaciones de los buques de la Armada Española que participan en la operación Atalanta».

En el texto se recuerda, además, que «el solicitante considera que ha sufrido un trato discriminatorio con lesión del principio de igualdad (a iguales funciones corresponden idénticas retribuciones), principio que consagra el artículo 14 de la Constitución» al hacer lo mismo que otras unidades.

El trabajo de la fragata F-103 en el Índico continuará hasta finales del presente mes, cuando está previsto que el buque retorne a su base en el Arsenal de Ferrol.

SI hay una asignatura que permanece suspendida desde hace más de treinta años en el conjunto de la sociedad española es la Cultura de la Defensa. Reconozcámoslo. Y lo que es peor, las perspectivas pueden no resultar del todo halagüeñas porque, aunque la consideración general hacia las Fuerzas Armadas ha evolucionado mucho y para bien en estos años, no es menos cierto que el distanciamiento de las nuevas generaciones de españoles con nuestros militares resulta preocupante.

De entrada es muy difícil cambiar una tendencia si no se afronta el problema con la firmeza necesaria, o lo que es lo mismo, advertir que de cara a pasado mañana esa relación entre jóvenes y militares será más clave aún, si cabe, que la existente hoy mismo entre la sociedad en general y esos mismos militares. No hay mejor jornada que hoy, día de la Fuerzas Armadas, para pensar sobre la cuestión.

La manera más eficaz de apreciar su trabajo y formación es compenetrarse no ya sobre el terreno de los distintos teatros de operaciones por cualquier lugar del mundo, que también, sino permitiendo la imbricación de la sociedad civil con los profesionales y viceversa. Los colegios e institutos han de abrirse a los soldados, porque si no, la relación a medio y largo plazo de la sociedad española con sus militares será imposible.

¿Nos hemos planteado en algún momento el nivel de capacitación y, por lo tanto, de formación de los protagonistas de un día como hoy? ¿Nos atreveríamos, por ejemplo, a comparar la cualificación de los oficiales de las Fuerzas Armadas con los miembros de los distintos «staffs» periodísticos, incluyéndome yo mismo, por supuesto? No existe un colectivo profesional en España con similar volumen de idiomas, preparación técnica y cultural y capacidad de prospectiva y análisis. Prueben, si no, a tratar con cualquier oficial cuestiones de política exterior, análisis político, geografía o historia. Y comparemos esas calificaciones con las nuestras o las de cualquier otra carrera.

En Estados Unidos, en Reino Unido o en Francia, la interconexión entre milicia y universidades, por ejemplo, es fundamental no sólo para los primeros, sino especialmente para los centros de investigación y de formación de las principales universidades de estos países. ¿Por qué aquí nos cuesta tanto ese proceso si nuestros vecinos lo llevan a cabo con toda normalidad? ¿Nos podemos imaginar la cantidad de avances científicos que encajan en las políticas de I+D+I que han nacido en instalaciones militares? Una vez más, seamos sinceros: el motivo es un complejo atávico que no hemos sabido arrancar de nuestras entrañas. Porque yendo un poco más allá en el razonamiento, y salvo honrosas excepciones, la entrada de militares en determinadas universidades provocaría en sus rectores y responsables la estigmatización absurda de tiempos predemocráticos olvidados, en primer lugar, y sobre todo, por los propios soldados.

Algo se ha conseguido ya con la inclusión de aspectos específicos de esta materia en los temarios de Educación para la Ciudadanía. Y el caso es que en España existen instrumentos y experiencias muy positivas al respecto. Desde centros de enseñanzas medias como el instituto «Al Qadir» de Alcorcón (Madrid), donde se ha logrado una interesantísima experiencia de intercambio entre soldados, profesores y alumnos, hasta universidades concretas o agrupaciones como la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional. Desde la otra vertiente, se trata de empujar a que instituciones como el CESEDEN se abran más aún a los civiles porque multiplicaría su influencia y amplificaría el efecto de sus informes y estudios más allá de los uniformados. Ningún «think tank» en España es capaz de fabricar los estudios y ensayos que elabora el CESEDEN ni, por supuesto, tiene organización para desarrollar los cursos y visitas que se llevan a cabo en este edificio del Paseo de la Castellana.

Pero para afrontar todo lo anterior, nos encontramos con otro bastión fundamental, cual es la politización de la Defensa que comienza, por el propio Ministerio y termina con el tratamiento que los medios de comunicación aplicamos al tema. ¿Por qué los ministros mejor recordados en su paso por el Ministerio han sido los menos politizados, más allá del que fuera su color partidista? ¿No debería ser este departamento el menos politizado de todos los sillones del Gabinete, o, dicho de otro modo, el más transversal del Consejo de Ministros? Por supuesto que la Defensa es pieza clave de la política de un país, faltaría más, pero también se debe dar por supuesto que esa alta política habría de estar por encima de una legislatura, y, ni qué decir tiene, mucho más allá de unos comicios electorales. Y es que, yendo a lo que nos ocupa, nada más contraproducente para una auténtica Cultura de la Defensa que la contaminación partidista de esa misma Defensa. Porque Educación, Asuntos Exteriores y nuestro tema no deberían ser transversales -por cierto, qué poco me gusta esta palabra-, sino claves y de larguísimo plazo.

No obstante, y aunque suene a conformarse con poco, la situación puede empeorar si seguimos erre que erre por la linde de un proceso autonómico, cuando no nacionalista, que separa más todavía a sus futuras generaciones de todo lo que suponga un cordón umbilical con el Estado. Y las Fuerzas Armadas son, muy particularmente, un nexo entre los españoles. Quien no quiera verlo se equivoca.

En cuanto a los medios de comunicación, y teniendo en cuenta la mediatización social a la que contribuimos, a la que pertenecemos y de la que vivimos, se debe desarrollar un ejercicio a la vez de autocrítica y de difusión. Porque si hay un colectivo en el que el complejo atávico persiste es en el periodístico, y, por lo mismo, si desde algún vértice del polígono se tendría que acometer el cambio de percepciones hacia los Ejércitos y la Armada, es desde el periodístico. O nosotros, los informadores y opinantes, nos creemos y constatamos que las Fuerzas Armadas han cambiado, o será imposible que la sociedad española se sume a un proyecto verdadero tendente a su reconocimiento.

Hace falta que los militares sepan «venderse». Las Fuerzas Armadas tienen que abrirse más a la sociedad. Los políticos deben facilitar con inteligencia y sin prejuicios esa apertura, su conocimiento y el intercambio. Desde el periodismo hemos de aportar los medios, la crítica y el acceso a su mundo.

Si en primer lugar consiguiéramos avanzar en los colegios con los niños; en segundo término accediéramos a los institutos con los chavales; y, como tercer paso, lográramos penetrar en el corazón universitario, el futuro de esa interrelación entre militares y sociedad civil estaría garantizado y la Cultura de la Defensa se escribiría así, con mayúsculas, en la formación de los españoles.

Seguro que por los militares no va a quedar, porque ellos mismos serían los más agradecidos y beneficiados. Pero somos el resto quienes hemos de dar el paso para permitirles el acceso y, a partir de ahí, aprender con espíritu crítico, conocimiento de la historia y perspectiva internacional.

MI carrera militar, forzada y tardía, culminó como cabo apuntador de Artillería. Juré bandera el día en que vino al mundo la segunda de mis hijos, Rosalía. Es decir, que el militarismo no forma parte de mis esencias y que, a pesar de ello, le debo al servicio militar obligatorio, al que tanto maldije, una parte importante de mi formación como persona. El Ejército es una pieza fundamental en un Estado en el que los ciudadanos aspiren a ejercer su libertad y, aunque mucho años de mal uso de su poder hayan distorsionado la imagen de su realidad más honda, en las Fuerzas Armadas descansa el fundamento de la seguridad y la independencia nacionales.

La supresión del servicio militar obligatorio se hizo en España, como casi todo, tarde y mal. Era algo ineludible, pero debió producirse con otros modos y distintos ritmos. Hoy disponemos de una tropa profesional y, dicho sea de paso, sus cuadros de mando -jefes, oficiales y suboficiales- son los de más capacitación y mejor formación técnica e intelectual de los que ha dispuesto nuestro país a lo largo del tiempo. Sin olvidar el mérito y la gloria que la milicia le ha dado a la Nación en las muchas y difíciles peripecias en que la ha servido.

Una suerte de complejo antimilitarista, seguramente efecto de la dramática ley del péndulo que rige nuestra convivencia, se ha instalado en los usos y las costumbres. Nuestra pertenencia a la OTAN, junto con los pactos bilaterales con los EE.UU, alivian la responsabilidad gubernamental en materia de Defensa. Se olvida que nuestro flanco sur, el mayor problema estratégico nacional, no está suficientemente cubierto por esos tratados y que un Ejército bien dotado, equilibrado dentro de la dimensión económica y política del Estado, es tan indispensable como la Educación o la Justicia, algo de lo que tampoco disponemos en los niveles deseables y convenientes. Es tal nuestro desapego por los asuntos de Defensa que puede hablarse, sin consecuencias, de la supresión de la Infantería de Marina, la primera del mundo, que fundo nuestro Carlos I y que tuvo servidores tan notables como Miguel de Cervantes.

Ojalá que la celebración, en Santander, de un día de las Fuerzas Armadas invite a la reflexión colectiva y responsable que merece una institución que, por lo que llevamos visto, en los últimos tiempos no tiene suerte con los ministros/as que le tocan en el reparto.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha asegurado que la estatua de Franco seguirá de momento a la entrada al puerto de la ciudad, a los pies de la ciudadela de Melilla Vieja, hasta que la ministra de Defensa, Carmen Chacón, responda al ofrecimiento de que la efigie del dictador se instale en unas dependencias militares.

Imbroda recordó, en respuesta a las críticas que le ha dirigido el PSOE sobre este asunto, que la misiva a la titular de Defensa se envió con fecha 8 de abril para instalar la escultura en el Museo Militar o en algún acuartelamiento, "pero aún no hemos recibido respuesta".

La primera autoridad melillense aseguró que cambiaron de opinión sobre este asunto después de que su Gobierno anunciara que, con el comienzo de unas obras en Melilla la Vieja, se retiraría de la vía pública, porque "vimos que la estatua no estorba a las obras y por eso decidimos que permaneciera allí".

En su opinión, "ningún ciudadano de Melilla está lo más mínimamente preocupado por que la estatua de Franco esté ahí o en otro lado", aunque destacó que "en cuanto (la ministra de Defensa) me conteste y me diga que sí, yo se la mando", después de que los socialistas le reprocharan que Melilla es la única ciudad de España con una estatua del dictador en la vía pública.

Juan José Imbroda se mostró contrario a trasladarla a un almacén municipal de la ciudad autónoma "porque se trata de un militar" y señaló que lo correcto sería hacerlo a una dependencia de la Comandancia General de Melilla, como el Museo Militar o algún acuertelamiento de la ciudad.

El presidente subrayó además que se trata de un monumento aprobado en un Pleno del Ayuntamiento en el año 1975 para "rendir homenaje al que fuera Comandante del Tercio Gran Capitán I de la Legión de Melilla y no por su condición de dictador", y aseguró que se trata de un homenaje a todos los militares que defendieron la ciudad en el año 1921 -15 años antes de la sublevación del 'bando nacional'- durante la guerra con los rifeños de Abdelkrim.

"Gracias a la Legión, Melilla sigue siendo española" recordó. En esas fechas Francisco Franco Bahamonde era comandante del Tercio Gran Capitán de la Legión en Melilla

Como hay gente incapaz de ver más allá de las vísceras, e incluso incapaz de leer entre líneas, a veces hay que repetir las cosas para que algunos se den cuenta de lo quieren decir. Qué se le va a hacer, tal es la miopía. No aguantan que uno diga que se alegra de la victoria del Barça porque es un equipo español, porque tiene más seguidores en el resto de España que en Cataluña, porque dispone de millones de hinchas en el mundo hispano de América o porque, pese a sus actuales directivos, el día en el que se juega la final de la Champions allí están, por este orden, el Rey de España, el presidente del Gobierno español, el presidente de la Federación Española de Fútbol, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, un español de origen andaluz que se llama José y se apellida Montilla. Justamente lo que pretenden ocultar los independentistas que aspiran a hacer del Barça un equipo sólo catalán y por supuesto antiespañol. La realidad es la que es, y difícilmente se puede manipular. Por eso sabemos, y no nos chupamos el dedo, que en la medida en la que el Barcelona esté gobernado por una camarilla próxima a ERC, no van a ondear banderas de España en el Camp Nou, no va a usarse el castellano en la cartelería ni en la megafonía del estadio, no va a izarse la roja y gualda en sus instalaciones deportivas, y además se hará lo posible para que los benjamines del equipo no respeten el himno, los jugadores extranjeros se expresen sólo en catalán, intenten boicotear la presencia del Rey en sus celebraciones y silben a la marcha real siempre que tengan oportunidad. Todo esto lo sabemos de sobra, y además algunos hasta lo criticamos y denunciamos siempre que podemos en los medios de comunicación en los que escribimos o hablamos. Pero por eso mismo es importante subrayar que, pese a los intentos constantes de apartar a Barcelona y al Barcelona de España, la realidad es que el Barça es un equipo que pertenece a este país sin duda, que su victoria deportiva es la de España, que la inmensa mayoría de sus millones de seguidores se sienten españoles, y que hasta los exaltados que reparten panfletos con la leyenda «Catalonia is not Spain» tienen que usar el pasaporte español para desplazarse, el dni para moverse, y además están encantados de jugar la Liga española y de disputar la Copa del Rey. Y es que el error está en caer en planteamientos de rechazo que sólo sirven para dar más argumentos a los que quieren que Barcelona no sea España y que España no vibre con el Barça. Unos y otros se alimentan. Lo entiendo en el caso de los separatistas, pero no en aquellos que se dedican a denigrar a un equipo y una afición que no debemos confundir con algunos de sus dirigentes. De manera que alegrémonos de la victoria de un club español que juega con más españoles de origen que otros de su misma categoría, y apreciemos a Barcelona como la segunda capital de España que es, al catalán como una lengua tan española como el castellano, igual que lo son la senyera, els-segadors, la Generalitat, el Camp Nou y el Barça. Es lo que más fastidia a los independentistas. Que digamos que cuando gana el Barça, gana España.

Las ministras de Defensa, Carme Chacón, y de Sanidad, Trinidad Jiménez, defendieron ayer su gestión ante el brote de gripe A en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, que luego se propagó a la Base Conde de Gazola de Ferral del Bernesga (León). La versión oficial fue que la Administración y las autoridades militares cumplieron rigurosamente los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Ambas ministras argumentaron que hubo coordinación y que se actuó con transparencia, sin que hubiera una situación descontrolada o de riesgo. En suma, dedicaron plenamente sus intervenciones parlamentarias a autoexculparse de posibles errores y, más aún, a autoelogiarse, sin admitir negligencia o imprudencia alguna.

Sin embargo, los hechos acontecidos durante estos días cuestionan esa versión. En lo único en que se puede estar de acuerdo con las ministras es en que la gripe A es una dolencia benigna que responde perfectamente al tratamiento, y que, por lo tanto, cualquier tipo de alarma sanitaria estaba injustificado. Pero el juicio que merece su gestión no puede ser igual de benigno. En primer lugar, cuesta creer que se pretenda pasar como normal que las dos ministras hayan tardado nada menos que diez días en acudir al Congreso para informar sobre el contagio. Estos plazos no encajan con lo que se entiende como admisible ante unos hechos que forman parte de una pandemia, de gran repercusión pública. A la vista de las distintas versiones que han circulado desde el Gobierno, pudiera ser que se tomaran esos días para ordenar una secuencia de los hechos que no chirriara, lo que lograron ayer a medias. Tampoco parece conveniente la rueda de prensa de un jefe del Ejército, la primera en años, para apuntalar la versión oficial del Gobierno. Los militares no están para hacer el trabajo de los políticos ni éstos deben instrumentalizar a los mandos en polémicas que sobrepasan sus cometidos. En este sentido, la presencia ayer de la cúpula militar junto a Chacón parece una puesta en escena exagerada. Los testimonios de los afectados, de sus familiares, que hablan de soldados con mascarillas desde el lunes, y de las propias ministras demostraron que faltó transparencia y coherencia. Si Trinidad Jiménez dijo que Defensa le avisó el martes y Carme Chacón que ella se enteró el jueves, queda claro que la coordinación ha brillado por su ausencia. Ambas reiteraron en el Congreso que se cumplieron los protocolos sanitarios. Pero si fue así, ¿cómo es posible que se permitiera el acceso al acuartelamiento de 150 escolares y de seis unidades militares si había sospechas desde el martes? ¿Cómo se debe interpretar un número de contagios alto en la Academia y en militares de otros destacamentos que estaban allí de paso? ¿Cómo explicar también que se permitieran las salidas y las entradas del personal con el resultado de contagios familiares?

Decir que se creía que era sólo gripe común resulta inverosímil, pues a la ministra de Sanidad no la suelen molestar para anunciarle con urgencia una gripe común. Chacón señaló a Rajoy y al PP como los culpables, «porque han mentido y generado alarmismo». Muy poca seguridad en su propia gestión debe de tener la ministra de Defensa para escudarse en la oposición, que se ha limitado a hacer su papel. Un balance ecuánime de lo sucedido no puede ser favorable al Gobierno. Después de haber oído a las dos ministras y, el día anterior, a los responsables militares, el veredicto es que faltó coordinación entre Defensa y Sanidad y no se actuó con celeridad ante las sospechas fundadas, lo que contribuyó a propagar el brote y puso en peligro a decenas de escolares.

Mientras se conocen más detalles del brote en el cuartel, la Asociación Unificada de Militares (AUME) anunció ayer que solicitará al Defensor del Pueblo que investigue la gestión de Defensa. Además, aseguró que valora la posibilidad de que también analice estos hechos la Fiscalía General del Estado para que determine si esta actuación podría tener «algún encaje» en el delito contra la eficacia en el servicio del Código Penal Militar. La asociación denunció que , «presuntamente», en la cuarentena, personas «afectadas y no afectadas» han estado en contacto. El secretario general de AUME, Mariano Casado, reclamó al Departamento que dirige Carme Chacón que «aclare todas las cuestiones» del brote del virus A/H1N1 y «facilite información» a los militares y sus familias «de manera inmediata, urgente y transparente». «Exigimos un trato digno a los militares en cuarentena y a sus familias», señaló el responsable de AUME para reclamar «un cambio en la política informativa».

No parece que el brote de gripe A que se detectó la pasada semana, o quizá antes, en la Academia Militar de Hoyo de Manzanares sea una simple cuestión «de unos cuantos militares con gripe», como dijo Zapatero en un mitin. Los hechos indican que el problema es mayor: se ha propagado a otras zonas, con dos casos en Castilla-La Mancha y otro en Castilla y León; a éstos hay que sumar el centenar de militares en cuarentena en un cuartel de León, después de que algunos de ellos visitaran la base de Hoyo. Sorprende que casi diez días después de haberse detectado el problema las ministras de Sanidad y Defensa todavía no hayan ofrecido una explicación clara, verosímil y diligente. Es verdad que a última hora de la tarde de ayer, ante el cariz que están tomando los acontecimientos, ambas ministras anunciaron su intención de comparecer de manera conjunta, mañana miércoles, en el Congreso. Bienvenida sea la rectificación, aunque se antoje algo tardía, pues ocasión y oportunidad han tenido para ello. Al igual que sucediera con la retirada de las tropas españolas de Kosovo o con la detención de catorce piratas somalíes, da la impresión de que la ministra de Defensa tiene ciertas dificultades para trabajar coordinadamente y en equipo con sus compañeros de Gobierno y reacciona tardíamente a los problemas.

Los oficiales de la Escala Superior de la Armada fueron los primeros en abrir el frente judicial contra la Ley de la Carrera Militar, aprobada por el Gobierno socialista. El pasado mes de febrero, 302 oficiales consumaron su amenaza y formalizaron ante la sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional una demanda que pedía la inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria IV de la citada norma. El motivo fundamental de esta denuncia es que, como consecuencia de la aplicación de la Ley, oficiales con menor antigüedad en el empleo superan en el escalafón a otros con más años.

Cinco meses después de esta primera demanda ante la Audiencia Nacional, los mismos oficiales de la Escala Superior de la Armada ya preparan su segunda iniciativa judicial. El desencadenante de esta nueva demanda es la publicación provisional del nuevo escalafonamiento, en el que, a su juicio, se pone de manifiesto la discriminación sobre la que ya venían advirtiendo. El nuevo escalafonamiento es el resultado de la aplicación de los criterios de la Ley de la Carrera Militar que, en numerosos casos, no ha satisfecho a una gran mayoría de militares de los tres Ejércitos.

Alegaciones

En el caso de la Armada, el periodo de alegaciones para expresar su disconformidad con el lugar que ocuparán en sus empleos -fundamental para ascender, cuestiones económicas, acceso a vivienda, ayudas, etcétera- finaliza hoy. Las respuestas que han obtenido hasta ahora aquellos que han presentado alegaciones se resumen en que el Ministerio de Defensa lo único que dice es que se está cumpliendo la ley.

Encontrándose por ello en un callejón sin salida, a estos oficiales no les ha quedado más remedio que recurrir de nuevo ante la Justicia, ya que el lugar en el que les han situado en el nuevo escalafonamiento condicionará para siempre el futuro de su carrera militar. Como el escalafonamiento definitivo no se conocerá hasta el próximo día 1 de julio, los militares no pueden formalizar su recurso hasta esta fecha.

Será entonces cuando cumplan su objetivo. «Vamos a pedir la inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria IV, ya que no nos reconoce dos años más de antigüedad a los miembros de la Escala Superior. Nosotros vamos a recurrir el escalafonamiento», aseguran a ABC fuentes militares. Estas fuentes se refieren a los dos años que, inicialmente, se les iba a reconocer en la Ley Militar, pero que finalmente no se incluyeron en la redacción final, a su juicio, como consecuencia de las presiones ejercidas por los miembros de la Escala de Oficiales. Si se les hubieran reconocido estos dos años más, los afectados entienden que no habrían salido tan perjudicados.

Hay que recordar que el aspecto más criticado de la Ley de la Carrera Militar es la integración de las dos escalas de oficiales en una única. Para que este proceso se lleve a cabo, los oficiales de la Escala de Oficiales deben superar un curso de adaptación, que también ha suscitado las críticas de éstos.

La aplicación de la Ley ha abierto la espita de las discrepancias entre la mayoría de los empleos de los Ejércitos. El malestar crece por días y fuentes militares aseguran que «la desunión entre los militares es espectacular». Una desunión que llega también a la medida de presión que se ha llevado a cabo este fin de semana. Algunos militares acusan a la AUME de representar sólo a un sector de las Fuerzas Armadas e incluso critican el contenido de la Proposición No de Ley del PP.

Los despachos del Ministerio de Defensa van a tener un fin de curso «legalmente» agitado. A medida que se acerca el verano, la aplicación de la Ley de la Carrera Militar se cierne como una amenaza para muchos oficiales y suboficiales que ven irreversibles los problemas que les generará.

El próximo 1 de julio se hará efectiva la integración de las escalas de oficiales tras la conclusión del primer curso de adaptación de los de la antigua escala media. En ese momento se establecerá un nuevo escalafonamiento de los oficiales del que ya se ha publicado la ordenación provisional. Esta publicación ha airado a los oficiales de la escala superior, que en algunos casos ven cómo sus compañeros de la media les rebasan en el ordenamiento pese a ser más menos veteranos, hasta perder una veintena de puestos respecto al antiguo escalafón. Ante esta perspectiva, cientos de ellos lanzarán en los próximos días una ofensiva de recursos para tratar de frenar una integración que consideran «una vulneración de los principios constitucionales de mérito y capacidad».

En los modelos que circulan entre los oficiales, estos argumentan que el nuevo orden «equivaldría a fusionar el cuerpo de médicos con el de enfermeros», al tiempo que lo comparan con una sanción extraordinaria de pérdida de puestos en el escalafón.

En su argumentación, los oficiales subrayan que la propia Ley de la Carrera Militar preceptúa que «el escalafón es la ordenación por empleos y antigüedad de los militares profesionales pertenecientes o adscritos a una escala» y que «su orden sólo podrá alterarse en aplicación de lo previsto en esta Ley», que recoge que eso se hará cuando los ascensos se producen por los procedimientos de elección, selección o concurso-oposición».

Así, los recurrentes piden al general jefe del Mando de Personal que anule la ordenación provisional de escalas por «ser contraria a los derechos fundamentales» y reclaman que «se interesen las medidas legislativas necesarias para su adecuación al texto constitucional».

Estos recursos se unen a las quejas presentadas el sábado por cientos de militares ante el Defensor del Pueblo por las consecuencias negativas de la Ley y a las diez propuestas «muy urgentes» que en forma de proposición no de Ley registró el jueves el PP para corregir «las múltiples disfunciones, los agravios y las contradicciones que se han detectado en la aplicación de la norma». Este «decálogo» incluye la creación de una subcomisión de seguimiento de la aplicación de la norma y la supresión del curso de adaptación de las escalas de oficiales.

La proposición del PP

El Grupo Popular se hizo eco ayer de las quejas de los militares y registró en el Congreso una proposición no de ley para corregir la Ley de la Carrera Militar, cuyos efectos están provocando un malestar sin precedentes e, «incomprensiblemente», reciben del Gobierno la callada por respuesta, añade en un comunicado. Éstas son algunas de las modificaciones propuestas:

- Concursos de mérito y capacidad hasta julio de 2011 para ascender a oficial por promoción interna.

- Plazo de 3 meses para reformar la situación de los suboficiales.

- Ascensos a teniente de los que obtuvieron el empleo de sargento con la ley del 17/1989.

- Ascenso a teniente de los subtenientes con 25 años de antigüedad.

- Potenciar la carrera de los suboficiales para que sea de grado universitario.

- Sufragar los estudios universitarios que realicen los militares.

- Ascensos a teniente de los que obtuvieron el empleo de sargento con la ley del 17/1989.

- Suprimir el curso de adaptación de oficiales.

- Crear una subcomisión de seguimiento de la Ley.

Ayer, en la entrada del Castillo de Montjuïc de Barcelona había un cartel en el que se podía leer: «Gracias a los cinco millones de visitantes en nuestro medio siglo de servicio a la ciudad». De esta manera, se quería agradecer el apoyo al Museo Militar, que echaba el cierre después de que el Ayuntamiento haya asumido la titularidad de la fortaleza. Durante todo el día, se acercaron por última vez al museo inaugurado en 1963 centenares de personas. A las doce del mediodía se calculaba que habían pasado por las salas de la institución unas 700 personas.

La dirección del museo organizó un acto festivo y sobrio con una «chocolatada» popular y con música interpretada por la III Subinspección General Pirenaica. Apenas hubo discursos oficiales, a excepción de un breve parlamento del director del museo, el coronel García Riesco, quien se limitó a resaltar que lo que se cerraba era «un museo militar que se quiso brindar a la ciudadanía hace 46 años, como ejemplo del valor del Ejército». Tras resaltar que el espacio también trató siempre de aportar «un mensaje artístico», agradeció el trabajo de los que «han hecho todo esto con una generosidad absoluta» por espacio de cuatro décadas.

También hablaron los visitantes, entristecidos por la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de suprimir el museo por un centro por la paz, que aún no está dibujado. «Es una pena que se haya tomado una decisión como ésta porque lo que hay aquí es historia. Lo han dejado morir porque todos lo han matado», explicó Enrique Cuevas, visitante del espacio quien, como muchos, preguntaba por el destino final de los fondos. En una de las salas del museo, María de Miguel, al ver las 11.000 figuras de plomo de la colección Arturo Llovera, afirmaba que «me arrepiento de no haber venido antes y esperar hasta el último día porque lo que hay aquí vale la pena. ¿Dónde irá todo esto?». Más reflexiva era la actitud de un jubilado, Carlos Mesa, quien afirmó a este diario que «nunca ha interesado que el Ejército estuviera en Barcelona. Pero lo que se muestra en este museo no es la guerra sino la paz. Las guerras las hacen los que disparan, no las armas».

Pero todas estas opiniones no parecen ser compartidas desde el Ayuntamiento de Barcelona. La única autoridad que se acercó brevemente fue el delegado de presidencia del Consistorio, Ignasi Cardelús, quien dijo que «existe la voluntad de que las piezas que explican la historia del castillo, permanezcan aquí», aunque otras irán a parar a museos como el Etnológico o el Frederic Marès. Cardalús puntualizó que la jornada de ayer «se tiene que valorar dentro de la normalidad democrática». El delegado recordó que un museo como el militar no tiene sentido.

Para el historiador y militar, Gabriel Cardona, las intenciones del Ayuntamiento son equivocadas. «Un museo militar daría fuerza a un centro de la paz. Suprimir un museo es un atentado cultural», dijo Cardona a LA RAZÓN. Para este historiador, «en los últimos años solamente se han cerrado en todo el mundo dos museos: el de Afganistán y éste de Barcelona.

Cuando una cosa no gusta se destruye y lo que ha sucedido aquí es el mismo mecanismo que cuando se volaron los Budas, es decir, se actúa como talibanes». Cardona apuntó que en este tiempo el Ayuntamiento «ha aportado argumento falaces para la medida que han tomado. Es política, no tiene nada que ver con la cultura», aclaró, apuntando que también se ha perdido un rico patrimonio. «Se dispersarán las colecciones, como se ha hecho en Kabul, en vez de tratar de dar un discurso coherente a todo. Es una verdadera lástima», lamentó.

Sin noticias para Figueres

Hoy empezarán a abrirse las vitrinas de las salas del museo, para empezar a recoger las numerosas piezas expuestas. Lo que sigue siendo una incógnita es el destino final de todo lo exhibido hasta ayer. En el castillo de San Fernando, en Figueras, donde se espera que habrá un futuro museo militar, no se sabe nada de que piezas podrán disponer, algo comprensible cuando ni siquiera se ha aprobado el presupuesto de esa instalación. Los responsables de Figueras ni siquiera han visitado el ya cerrado Museo Militar de Barcelona. Igualmente no se ha definido qué museos de Barcelona acogerán algunas de las piezas. Una comisión estudia el destino final de cada una de ellas, aunque un número importante pertenece a coleccionistas privados que se llevarán lo suyo a casa.

El Defensor del Pueblo ya tiene en sus manos las quejas de 340 militares. Protestan contra la Ley de la Carrera Militar y porque aún no se ha tramitado la de Derechos y Deberes, un compromiso del Gobierno desde el año 2005, cuando se aprobó la Ley de Defensa Nacional, en la que una disposición instaba a aprobar la norma sobre los derechos de los militares en el plazo de tres meses. Ambas quejas tuvieron ayer una escenificación en las oficinas del Defensor del Pueblo, donde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) había convocado a quienes quisieran formalizar su protesta. La pretensión de la asociación es que esta institución llame la atención al Ministerio de Defensa sobre el retraso de una ley y los efectos negativos que sobre los militares está provocando la otra. Oficiales, suboficiales y miembros de tropa y marinería de los dos ejércitos y la Armada fueron depositando en el registro del organismo el formulario con la queja. En total, 240 presentaron el escrito en persona, mientras que fuentes de la asociación señalaban a este diario que otras cien habían llegado ya por fax y correo electrónico. A estos se pueden sumar más impresos en los próximos días y el escrito que la propia AUME, como asociación, ha presentado en la misma línea. Las quejas se centran especialmente en los «graves problemas» que está generando la Ley de la Carrera Militar en todas las escalas, principalmente en los ascensos de suboficiales a teniente, en la unificación de escalas de oficiales, así como por la situación laboral de tropa y marinería. El secretario general de AUME, Mariano Casado, subrayó la importancia de que se tengan en cuenta las reivindicaciones de los militares porque, de lo contrario, los problemas que va a generar la actual legislación «van a ser de tal magnitud que va a haber una litigiosidad elevadísima en los próximos meses», informa Ep. La AUME presentará asimismo un documento a todos los grupos

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha ordenado al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Fulgencio Coll, abrir un expediente informativo a propósito del brote gripal en la academia militar de Hoyo de Manzanares. Su objetivo será esclarecer qué pasó desde el martes, cuando Defensa informó a Sanidad de la posibilidad de que hubiera militares infectados de A (H1N1), hasta el jueves, cuando se confirmaron 11 casos. También se quiere aclarar por qué se autorizó la visita de un grupo de escolares el miércoles cuando ya había estallado el brote. En la base se intenta contener en vano la expansión del virus con medidas de cuarentena, pero tres de los alumnos de la academia y un familiar han sido hospitalizados con síntomas de gripe en Segovia y Valladolid.

Antes de la visita de Chacón al Gómez Ulla, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, intentó defender a la ministra. En declaraciones a la Cadena Ser, dijo que fue el director de la Academia de Ingenieros, el general de Brigada Pedro Vivas, quien permitió la entrada de los escolares al recinto militar, y no la titular de Defensa.

Estas declaraciones y el expediente anunciado por la ministra han desconcertado a los militares. En las Fuerzas Armadas no existen «expedientes informativos» ni los generales están acostumbrados a que los parlamentarios anuncien en la radio sus ceses en los destinos.

La Sanidad Militar tiene una clara cadena de mando y un responsable único que debe ser informado en todo momento. Y por ley orgánica, la competencia en materia de epidemias para las medidas de aislamiento corresponde a Sanidad, que es quien debe centralizar los datos y decidir cómo actuar. El punto más inexplicable de todo el proceso es la visita escolar del miércoles, admiten en Defensa. Fuentes de Defensa aseguraron a ABC que el director de la Academia sigue en su puesto y matizaron que la ministra había pedido información detallada de todo lo ocurrido «sin que el expediente vaya en concreto contra nadie».

El punto más inexplicable de todo el proceso es la visita escolar del miércoles, admiten en Defensa. Por su parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles denunció una nueva «cortina de humo» y una «operación de imagen» de la ministra por considerar que no tiene sentido centrar las culpas en el director de la academia cuando es un caso de ocultación de datos y descoordinación política en Defensa o entre ministerios.

El brote se extiende

El número de casos que se investigan en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares es de 70: 11 confirmados y 59 que permanecen en observación. Además, medio centenar de sus compañeros siguen con la «movilidad restringida» para evitar más contagios. Aunque la cuarentena del recinto militar no está sirviendo para contener el virus. A última hora de ayer, la Junta de Castilla y León informó de que tres militares de la academia de Hoyo que estaban en Segovia y Valladolid habían sido ingresados con síntomas de la nueva gripe, informa Isabel Jimeno. Ninguno de ellos estaba aislado en la base. Hay que añadir una cuarta persona, un varón que guarda una estrecha relación con una de las afectadas, que también está hospitalizado.

El Gobierno busca explicaciones. Y culpables. Es la conclusión que se puede sacar del anuncio que hacía ayer la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien aseguró que se ha abierto expediente informativo para determinar por qué se permitió una visita escolar al cuartel de Hoyo de Manzanares (Madrid) tras detectar el entonces probable brote de gripe A. Aunque recordó que debe haber «contacto directo» con los afectados para que se produzca el contagio, Chacón aseguró que quiere determinar las circunstancias «por las que se autorizó la visita», sólo un día después de afirmar que todo lo sucedido en el cuartel había sido normal y que no se había incurrido en riesgos.

La ministra hizo estas declaraciones tras visitar el Hospital Gómez Ulla, donde estaban los nueve ingresados. Pero se quedó sin verlos, porque mientras llegaba al centro, Sanidad enviaba un comunicado en el que anunciaba que habían sido dados de alta. La última contradicción entre los dos ministerios. Los nueve se unieron a sus más de 500 compañeros que siguen en cuarentena en la Academia de Ingenieros.

En su comparecencia, Chacón no apuntó directamente a nadie, pero el PSOE sí lo hizo: el secretario del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, señaló que Defensa centra su investigación en el director de la Academia militar de Ingenieros, el general de Brigada Pedro Vivas, al que culparía de autorizar las excursiones de los colegiales. A su juicio, resulta «imprudente e injusto» acusar a la titular de Defensa. A las peticiones de comparecencia en el Congreso, Chacón respondió que lo hará cuando haya finalizado el expediente informativo.

Mientras esto ocurre, el brote de nueva gripe de Hoyo de Manzanares saltaba ayer a la campaña para las elecciones europeas. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue el que creó más polémica, al referirse a lo sucedido como a «unos cuantos militares con gripe». El PP no tardaba en reclamar «una disculpa» por tomarse «a broma» la situación. Mientras, el líder popular, Mariano Rajoy, criticó que Chacón acudiera al hospital «a hacerse la foto», pero sin dar explicaciones sobre lo sucedido. También pidió explicaciones a Zapatero por haber «ocultado el caso a la opinión pública».

Por su parte, los más de 500 militares sospechosos de haberse infectado con el virus A/H1N1 o que han tenido contacto con éstos seguían ayer confinados en el cuartel. Lo estarán hasta el próximo viernes, o hasta más tarde, pues los mandos estudiarán prolongar la cuarentena si aumentan los casos. Algunos de los familiares denunciaron ayer a este periódico que a sus allegados «no les han dado mascarillas para protegerse», sólo unos guantes de plástico. Los militares aislados pasaron el día «haciendo deporte y limpiando». Se les prohibió hablar con la Prensa.

LA gestión gubernamental del brote de la gripe A en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares ha sido sencillamente desastrosa. Es cierto que hasta ahora Sanidad había actuado con rigor y transparencia para informar a los ciudadanos sobre la evolución de esta epidemia. Sin embargo, la falta de coordinación entre Sanidad y Defensa ha resultado lamentable y la propia ministra, Carme Chacón, tuvo que suspender ayer un mitin electoral para reunirse con altos cargos de su departamento y mandos militares. La visita de un colegio a la Academia cuando ya eran conocidos los problemas sanitarios añade un factor de alarma social y confusión de responsabilidades que debe ser aclarado con urgencia. En todo caso, parece evidente que el Instituto Militar de Medicina Preventiva informó el martes por la tarde a la Dirección General de Sanidad de la existencia del brote y que al día siguiente las muestras de los pacientes fueron enviadas para su análisis al Instituto de Salud Carlos III. Es sorprendente por ello que la ministra de Sanidad no conociera hasta el jueves la existencia del brote y, por tanto, Trinidad Jiménez debería aclararlo con una investigación interna en su departamento para saber por qué nadie le hizo llegar una información tan relevante.

Más allá de los aspectos técnicos y las responsabilidades administrativas, es inaceptable en términos políticos que la vicepresidenta del Gobierno insista en hablar de «normalidad» y «coordinación» cuando la opinión pública percibe un verdadero caos a la hora de gestionar una cuestión tan sensible. Malo es que hayan existido negligencias y fallos en los protocolos de actuación, pero mucho peor todavía es la sospecha de que hubiera una voluntad deliberada de ocultar el problema. Los vecinos de la localidad madrileña donde se ubica la Academia son los primeros perjudicados, pero todos los ciudadanos muestran una lógica inquietud y se preguntan con razón si puede haber otros casos «ocultos» que salgan a la luz cuando ya sea demasiado tarde. Está confirmado que en la noche del lunes tres soldados ingresaron en el hospital de Torrelodones y otros seis en el Gómez Ulla sin que nadie asumiera la responsabilidad de poner orden en el asunto. El PSOE es el primero en reclamar responsabilidades políticas cuando la ineficacia o la imprevisión generan situaciones de riesgo en materias cuyas competencias corresponden a administraciones gestionadas por el PP. En cambio, ahora se limita a insinuar culpas de los segundos escalones y a realizar declaraciones voluntaristas de que todo está bajo control. Es lógico que la oposición reclame explicaciones detalladas de un caso que, salvo prueba en contrario, ofrece motivos para suponer que hubo ocultación deliberada.

Rodríguez Zapatero parece identificar la coordinación y el buen funcionamiento del Ejecutivo con una sesión fotográfica de reuniones entre ministros, acompañada de una retórica optimista fuera de lugar. En este caso, los datos concluyentes desmienten esa imagen complaciente. El virus de la gripe A preocupa seriamente a la opinión pública y cualquier maniobra interesada con fines partidistas o de propaganda merece el rechazo más absoluto. Hay que investigar a fondo, rendir cuentas en el Congreso y establecer responsabilidades políticas en los niveles que corresponda.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha ordenado abrir inmediatamente un expediente informativo con el fin de aclarar lo sucedido en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares tras el brote de gripe A (H1N1).

Fuentes militares han informado a EFE de que Chacón dio instrucciones ayer al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Fulgencio Coll, para la apertura de ese expediente.

Un expediente que, según las mismas fuentes, debe abarcar desde la aparición de los primeros síntomas de la gripe en la base de Hoyo de Manzanares hasta ayer mismo, cuando por parte del Ministerio de Sanidad se confirmó la existencia de once afectados.

La ministra ha decidido que el responsable de llevar a cabo este trabajo no sea alguien del acuartelamiento, sino un oficial del Estado Mayor del Ejército.

Está previsto que un total de 507 militares permanezcan durante todo el fin de semana dentro de las instalaciones del cuartel militar por medidas cautelares relacionadas con la gripe A(H1N1), informaron ayer los ministerios de Sanidad y Defensa.

EL PSOE YA APUNTA AL RESPONSABLE

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, explicó hoy en la Ser que no fue Chacón la que decidió que diversos escolares entraran en la base militar tras el brote de la infección, sino el director de la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército, el general de Brigada Pedro Vivas.

De ahí que, según el dirigente socialista, el Ministerio de Defensa haya decidido investigar cuáles son las razones que le llevaron a tomar esa decisión.

A juicio de Madina, resulta "imprudente y muy injusto" que se acuse a la titular de Defensa, "con una gestión buena según los propios militares, la opinión pública y la mayoría de la gente", e guiarse sólo por un criterio de comunicación pública.

61 MILITARES EN OBSERVACIÓN

El Ministerio de Sanidad y Política Social ha informado hoy de que el número de casos en estudio en la Academia de Ingenieros Militares de Hoyo de Manzanares por posible contagio del virus de la gripe A/H1N1 es de 61.

De estos 61, continúan siendo 11 los casos confirmados, según las mismas fuentes

Además, los 9 ingresados en el Hospital General de la Defensa, antiguo Hospital Gómez Ulla, ya han sido dados de alta.

Todas las personas afectadas han presentado un cuadro clínico leve y una respuesta favorable al tratamiento, ha detallado el Ministerio de Sanidad y Política Social.

VISITA AL HOSPITAL GÓMEZ ULLA

La ministra de Defensa, Carme Chacón, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del Aire José Julio Rodríguez Fernández, y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Fulgencio Coll Boucher, visitarán este mediodía el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Carabanchel (Madrid).

La visita es la primera que realizan, de manera conjunta mandos militares y autoridades de Defensa, desde que el pasado lunes aparecieran en la Academia de Hoyo de Manzanares (Madrid) los primeros casos sospechosos de afectados por nueva Gripe.

El Departamento que dirige Carme Chacón informó esta mañana de que la titular de Departamento, el jefe de la cúpula militar, el jefe del Ejército y la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José Villacé, visitarán el hospital de referencia militar, en el que fueron ingresados esta semana los primeros militares que fueron hospitalizados por la denominada nueva gripe.

La visita de la ministra, la subsecretaria y los dos altos mandos militares es la primera que realizan conjuntamente desde la aparición del brote en la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército de Tierra. Según el comunicado del Departamento que dirige Carme Chacón la visita de las autoridades de Defensa se producirá "alrededor de las 12.00 horas".

La visita al Gómez Ulla ha llevado a Carme Chacón a suspender su participación en el acto de campaña del PSOE por las elecciones europeas en Cornellá de Llobregat (Barcelona), previsto para este sábado.

Mensajes del Gobierno

«Tranquilidad». Ése es el mensaje que ayer trasladaba el Gobierno ante el brote de gripe A detectado en la Academia de Ingenieros del Ejército en Hoyo de Manzanares. Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo tomaba la decisión de aislar a 459 militares durante todo el fin de semana en el acuartelamiento como medida de prevención, «para que el virus no se extienda» más allá de los muros de la instalación militar, pese a que no presentan síntoma alguno de la enfermedad. La decisión se toma porque estos efectivos pudieron estar en contacto con los confirmados o bajo sospecha de tener el virus.

A esos 460, que tendrán una «movilidad restringida» a una parte de las instalaciones, se unen los 48 casos que ayer permanecían en estudio, los once confirmados pero en situación «de alta» en su domicilio y los nueve también en estudio que permanecen ingresados en el hospital Gómez Ulla. En total, 528 militares están aislados por una u otra circunstancia. Los ministerios de Sanidad y Defensa salieron ayer conjuntamente a hacer una llamada de calma que ya había hecho la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega por la mañana. Una llamada que era a la vez una escenificación de coordinación ante el aluvión de críticas por la sensación de descontrol y por la ausencia de información a las familias y a los alumnos de la academia. En este punto, las denuncias han llegado desde las filas del Partido Popular, que ha pedido la comparecencia de la ministra de Defensa, Carme Chacón, por «ocultar» el brote y ha solicitado su dimisión.

Desde ambos ministerios se defienden asegurando que en todo momento ha habido una coordinación precisa, que la Sanidad Militar ha actuado desde la aparición de los primeros síntomas y subrayando que los casos no confirmados «no son relevantes a la hora de tomar decisiones». Las familias, preocupadas Desde los familiares, los ataques por la falta de información se mezclan con la preocupación por los que están dentro de la academia. «Mi novia está haciendo la instrucción en la academia de Hoyo de Manzanares. Hace dos días me dijo que había visto a gente con mascarilla, pero que no sabía por qué». Quien lo cuenta es F., un joven de 25 años que prefiere no dar su nombre ni el de su prometida «por miedo a las represalias hacia ella».

Ayer, por fin, se enteró de la causa de las medidas de protección que lucían algunos de sus compañeros. «Les han reunido esta mañana y les han dicho que estén tranquilos, pero que hay un brote de gripe A en el centro». Cuando esto ocurría, F. tenía pensado ir a ver a su novia hoy mismo. «Ella tiene una sanción y no puede salir este fin de semana, pero me han dicho que no hay ningún problema con las visitas y que la gente va a salir en los próximos días con normalidad». Minutos más tarde, F. era informado de que, al final, no iba a poder ser. «Les han dicho a todos que tienen que quedarse encerrados». La noticia causó todo menos tranquilidad en los allegados de los militares.

«Estoy preocupado, ella ha visto cómo algunos de sus compañeros han acabado aislados por presentar síntomas». Como él, otra madre de uno de los alumnos que no quiere dar su nombre asegura que la desinformación ha sido la tónica dominante de la semana. Otros allegados «se han quejado de que, primero, les impidieron las comunicaciones telefónicas con los militares y, después, les exigieron no hablar sobre el posible brote del virus A/H1N1», así lo explican fuentes del Grupo Parlamentario Popular, que ha recibido quejas directas de estas familias.

Familiares de algunos soldados, aseguran que sus hijos ya les habían alertado de que se encontraban mal hace varios días y que incluso se habían producido desmayos en formación, pese a lo cual habían sido advertidos por sus mandos de que no dijeran nada, informa Onda Cero. Entre los propios alumnos del centro la sensación es de estupor e intranquilidad. Primero porque muchos de ellos fueron informados ayer mismo de la situación que se estaba dando en la academia; segundo, porque desde el lunes que se presentaron en la enfermería los primeros compañeros con síntomas, el movimiento del resto de los alumnos ha sido normal, sin restricciones.

Tanto los alumnos como algunos mandos militares se sorprenden de que un caso como este no se haya hecho público hasta el jueves y se haya mantenido la actividad prácticamente normal en el centro. También subrayan como un riesgo innecesario la presencia de niños de un colegio de Hoyo en la academia el lunes y el miércoles. Ante la preocupación suscitada por estas visitas, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y la subsecretaria de Estado de Defensa, María Victoria San José, aseguraron ayer que los niños no corrieron ningún riesgo porque no entraron en contacto con los infectados ni con los casos sospechosos.

Los alumnos del colegio de Hoyo de Manzanares visitaron el Centro Internacional de Desminado y el Museo de Ingenieros, pero no llegaron a tener contacto con los potenciales portadores del virus, que ya eran conocidos el primer día de excursión y algunos de los cuales ya estaban aislados la segunda jornada. Pese a la convicción de que ninguno de los alumnos se contagió en la academia, el Gobierno ha instado al centro escolar a que comunique inmediatamente cualquier síntoma que pudiera presentar alguno de los niños. La subsecretaria de Defensa confirmó que el lunes los primeros militares con síntomas se acercaron a la enfermería de las instalaciones.

El martes, según San José, se comunicó al Instituto Militar de Medicina Preventiva, que acudió a la Academia de Ingenieros para realizar los primeros análisis. Tras los estudios preliminares se dio parte, según la subsecretaria, a Sanidad. Durante todo este tiempo, el resto de alumnos y trabajadores del acuartelamiento se movieron con libertad dentro y fuera del mismo. Por otro lado, ambos representantes gubernamentales confirmaron que ninguno de los infectados por el virus viajó a México. Preguntados por la posibilidad de que los casos confirmados hubieran estado en contacto con alguien que sí hubiera estado en el país centroamericano, Martínez Olmos señaló que por el momento se está haciendo el estudio completo para determinar de dónde surge el contagio. Tampoco especificaron si se ha analizado el entorno de los casos sospechosos por si alguien presentara síntomas.

Cerca de 250 militares han acudido este sábado a la sede del Defensor del Pueblo en Madrid para presentar ante este organismo sus quejas por la aplicación de la Ley de Carrera Militar, en un acto de protesta convocado por la la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

El secretario general de esta asociación, Mariano Casado, ha explicado que en total se han registrado ante el Defensor del Pueblo 330 quejas. Más de 240 fueron presentadas de forma personal por los asistentes, mientras que alrededor de 90 fueron registradas por otras vías, como el fax o el correo electrónico.

Los militares esperan que esta protesta sirva para que esta institución advierta al Ministerio de Defensa de la reforma que quieren los miembros de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la ley que entró en vigor en enero de 2008. Denuncian que en la tramitación de la ley todo ha fallado porque se acometió un proceso de modificación de las políticas de personal sin contar con los destinatarios Casado ha señalado que ahora «lo que toca es que el Defensor del Pueblo estudie las quejas» y que «se regule de una vez por todas los derechos de los militares». El secretario general de AUME ha destacado que la asociación está «muy satisfecha» con el resultado de la concentración, que ha discurrido «sin ningún incidente».

Un documento para todos los grupos parlamentarios

Para apoyar esta medida, la asociación ha elaborado un documento, que será entregado a todos los grupos parlamentarios, en el que plantea varias reformas que, a su juicio, deben realizarse en la Ley de Carrera Militar.

Este documento abarca fundamentalmente cuatro áreas: ascensos de suboficiales a teniente; unificación de escalas de suboficiales; de la escala única de oficiales, y la situación profesional de tropa y marinería.

Críticas por no contar con ellos

Desde AUME denuncian que en la tramitación de la Ley de la Carrera Militar todo ha fallado porque se acometió un proceso de modificación del marco regulador de las políticas de personal sin contar con los destinatarios.

Con este documento, que pretenden sea la base para la reforma de la carrera militar, los militares de AUME plantean las «numerosísimas aportaciones» que los miembros de las Fuerzas Armadas han trasladado a la asociación

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, ha asegurado que no fue la ministra de Defensa, Carme Chacón, la que decidió que diversos escolares entraran en la base militar de Hoyo de Manzanares tras el brote de gripe A en este acuartelamiento, sino el director de la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército, el general de Brigada Pedro Vivas.

De ahí que, según dijo el dirigente socialista en declaraciones a la Cadena Ser, el Ministerio de Defensa haya decidido investigar cuáles son las razones que le llevaron a tomar esa decisión.

Madina añadió que resulta "imprudente y muy injusto" que se acuse a la titular de Defensa, "con una gestión buena según los propios militares, la opinión pública y la mayoría de la gente", de guiarse sólo por un criterio de comunicación pública.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado, denunció "la falta de claridad y transparencia" en torno al brote de la gripe en la Academia de Hoyo de Manzanares y exigió que se depuren las responsabilidades políticas.

En declaraciones a los periodistas durante la concentración de militares ante la sede del Defensor del Pueblo, Casado aseguró que no le satisfacen "en modo alguno" las explicaciones que sobre la aparición del brote dieron la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, así como los responsables de los Ministerios de Sanidad y Defensa.

El responsable de AUME mantiene que existe "una falta de transparencia" en relación con este incidente que no se soluciona con la apertura de un expediente informativo, que, a su juicio, sólo supone "una cortina de humo".

Casado aseguró no tener garantías de que vaya a haber "imparcialidad y objetividad" en el mismo, dado que la responsabilidad no se acaba en el director de la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército. "Hay otros ámbitos de responsabilidad estrictamente política que no pueden quedar indemnes ante una situación gravísima que afecta a la seguridad pública de muchos cientos de ciudadanos en España", destacó.

Casado insistió en que la transparencia no se consigue con la apertura de un expediente o con ir a visitar a los primeros militares ingresados por la denominada gripe en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, sino dando las explicaciones oportunas. En este punto, Casado recordó que existe una comisión nacional integrada por el inspector general de Sanidad del Ministerio de Defensa (IGESAN), que será el que tendrá que dar cuenta si se activó o no algún mecanismo de coordinación sobre el brote de la gripe en la academia militar de Hoyo de Manzanares. "Todo apunta a que no se ha hecho o se ha hecho tarde", indicó.

Por último, el secretario general de la AUME subrayó que han de depurarse responsabilidades porque a día de hoy hay más de 500 militares que están en cuarentena. "Por muy soldados que sean, son ciudadanos y merecen una explicación", agregó.

El malestar existente en las Fuerzas Armadas con la aplicación de la Ley de la Carrera Militar, puesta en marcha por el Gobierno socialista, llegará hoy a la calle. El Ministerio de Defensa no ha podido contener la crispación que ha provocado la nueva normativa, y la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) ha convocado hoy una concentración ante la oficina del Defensor del Pueblo de Madrid. Se trata de que los soldados, oficiales y suboficiales de los tres Ejércitos presenten en persona sus quejas ante esta institución.

La protesta se produce dieciséis meses después de la entrada en vigor de la Ley, periodo en el que los militares no han cesado de presentar recursos judiciales y de elevar sus quejas al Ministerio. Los primeros en dar el paso fueron 302 oficiales de la Escala Superior de la Armada, que recurrieron la primera orden ministerial que regula la normativa ante la Audiencia Nacional, como así lo desveló ABC. Le siguieron otros mil oficiales de la Escala de Oficiales, que se opusieron al curso de adaptación y a los Planes de Estudio que contempla la nueva ley, entre otros aspectos de la misma.

Suboficiales

A los suboficiales tampoco les gusta la Ley, como así se refleja en la Reclamación Patrimonial al Estado que presentaron 17.000 miembros de esta Escala, por los perjuicios que les ocasiona el texto normativo. Las quejas también se extendieron a 1.500 suboficiales del Ejército del Aire, que denunciaron que la Ley «pisotea» sus derechos. Igualmente, otros 8.000 suboficiales del Ejército de Tierra reconocieron sentirse «humillados» con la Ley, ya que aseguran que no les permite ascender a teniente en activo.

El Gobierno intentó frenar parte de este malestar introduciendo unas modificaciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Aunque estos cambios han beneficiado, sobre todo a la Armada, no han sido definitivos para evitar la polémica. De hecho, el nuevo escalafonamiento que surgirá de esta Ley, cuyo listado provisional se publicó el día 11, no ha hecho más que aumentar el descontento. Fuentes militares consultadas por ABC han asegurado que «esto se veía venir desde el principio. En este escalafonamiento provisional ya se está viendo la discriminación, que oficiales con menor antigüedad en el empleo se han situado por encima de otros más antiguos». De esta primera aplicación real de la Ley se derivarán «muchísimas alegaciones que la gente ya está presentando». El 1 de julio es cuando quedará definitivamente elaborado el escalafonamiento.la respuesta es una incógnita, ya que los militares son muy reacios a participar en este tipo de medidas de presión. Este malestar se podría hacer patente hoy en la calle. Aunque la respuesta es una incógnita, ya que los militares son muy reacios a participar en este tipo de medidas de presión, ante el temor de posibles represalias, las fuentes consultadas por ABC aseguran que «la gente está bastante quemada». No descartan que haya más gente de lo previsto, aunque reconocen que «precaución hay siempre».

Junto al frente judicial y la presión en la calle, el PP abrió ayer otra vía en el Parlamento al presentar una Proposición No de Ley. Con esta iniciativa quiere instar al Gobierno a que cree una Subcomisión en el Congreso, para que vigile el cumplimiento de la Ley y realice las modificaciones necesarias. Los populares están abiertos a todas las aportaciones de los demás grupos para hacer una propuesta conjunta. Ya cuentan con el apoyo de CiU, como así lo aseguró a ABC su portavoz de Defensa, Jordi Xuclá, al considerar que es «necesario el consenso para revisar los puntos débiles de la Ley. Nosotros estamos a favor de la Subcomisión».

Desde el PSOE, su portavoz, Jesús Cuadrado, todavía no se quiere pronunciar sobre esta iniciativa hasta conocer su contenido. Finalmente, el portavoz del PNV, José Ramón Beloki, tampoco tiene una «idea clara» sobre lo que hay que cambiar.

El Centro Universitario de Defensa arrancará en septiembre de 2010. Tendrá 40 docentes

S.R. - PONTEVEDRA

El próximo año se pondrá en marcha en Marín el Centro Universitario de Defensa, que dirigirá José María Pousada, un ingeniero que encabezó durante años la ETS de Telecomunicaciones de Vigo y que también ha participado en desarrollo de productos como pulseras electrónicas para localización de maltratadores y pizarras electrónicas para personas con problemas de comunicación.

– ¿Qué hace un centro de la Universidad de Vigo en una academia militar?

–Para entenderlo hay que decir que a partir del año que viene los futuros oficiales de los tres ejércitos estudian dos carreras: una militar y a la vez una civil. Para que puedan compaginar las dos carreras llevarlos al campus de Vigo era poco práctico y Defensa tomó la decisión de crear un centro universitario dentro de las propias academias militares para no desplazar a los estudiantes. Entonces se crea un centro universitario en cada una de las academias militares, entre ellas Marín, que será exactamente igual que cualquier centro de la Universidad de Vigo, la Escuela de Teleco, Industriales, Fisioterapia etc. Tiene una peculiaridad, que es un centro adscrito, administrativamente dependerá de Defensa, y desde el punto de vista de la docencia dependerá de la Universidad de Vigo.

– ¿Qué enseñanza se impartirá?

–La idea de Defensa es que en cada centro se oferte una titulación a los futuros oficiales, en el caso de Marín se ha decidido que sea en el ámbito de la ingeniería de industrial y la especialidad de mecánica. En principio esa será la titulación, el título de grado en ingeniería industrial y, dentro de él, la especialidad de Mecánica.

– ¿Cuántos docentes integrarán el claustro?

–Cuando esté en pleno funcionamiento en el plazo de 4 a 5 años serán sobre 40 profesores.

– ¿Qué opinión le merece la formación de los oficiales del Ejército español?

–A día de hoy desde el punto de vista militar entiendo que reciben la formación que Defensa considera que debe tener un futuro oficial, en ese sentido desde el punto de vista militar creo que no hay ninguna queja ni problema dado que no se reforma, no hay un cambio sustancial en la formación militar, lo que sí faltaba en el ejército, en cualquiera de los tres, es que en ejércitos punteros en el mundo ya hace años que se estudia carrera civil y carrera militar, se echaba en falta una formación civil y un reconocimiento, en España faltaba dar ese paso y el ministerio se ha decidido.

– ¿Arrancará en 2010?

-Si, de hecho ya se han iniciado las obras de adaptación de espacios. Había un problema de definición por el tema de Bolonia en la universidad, no en Defensa, pero se ha resuelto con lo cual ya se pueden hacer los planes de estudio de las carreras de ingeniería y por tanto estamos en plazo, tanto en Marín como en las escuelas de ingeniería que tenemos en Vigo con lo cual en septiembre de 2010 ya se puede cumplir toda la reforma de reforma de Bolonia en toda la universidad española y obviamente en el centro de la Defensa que empezará con un ciclo ya de Bolonia.

–Desde 2003 hasta el pasado mes de febrero ha sido director de la Escuela de Teleco de Vigo ¿qué le parece la reforma derivada del plan Bolonia?

–Me parece muy bien, creo que hay un sector dentro de la universidad que pretende que ésta no cambie y de alguna manera están dirigiendo a los alumnos para que protesten. No creo que antes hubiese becas y ahora no las va a haber o que se privatice la enseñanza, al contrario. El principal problema es que se ha mezclado Bolonia con una reforma estructural y organizativa de la universidad, un tema que no tiene que ver con Bolonia, y hay un sector que está en contra. Pero por lo demás Bolonia supone la equiparación de los títulos en cualquier país europeo, hasta ahora con mi título no se sabía para qué sirve en otro país, tenías que pedir convalidaciones y seguir un proceso administrativo de varios meses, mientras que si Bolonia se hace bien el reconocimiento es casi inmediato. También se pretende hacer una reforma en la universidad de la metodología docente, aprovechando Bolonia, y eso es río revuelto, esa reforma pretende que los grupos sean más pequeños, algo que siempre hemos pedido los profesores, y también exige más trabajo con los alumnos, algo que tampoco es malo. La clave estará en si se aporta suficiente dinero a la enseñanza para llevar eso a cabo.

–En paralelo a su carrera docente ha desarrollado una labor de desarrollo de productos...

–Los profesores universitarios tenemos una doble vertiente: docente e investigadora; como investigador he trabajado en varios proyectos y algún producto ha salido.

–¿Cómo va el proyecto de una pizarra para personas con problemas de comunicación?

–Estamos trabajando todavía en esa idea, es para personas con dificultades de comunicación... Hablando con una experta, la directora de un colegio de sordos, ella vio la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías para crear un tablero, una especie de pantalla de ordenador en la que señalando con el dedo podías comunicarte. Hemos hecho ya un prototipo para demostrar que el sistema funcionaba y seguimos trabajando en ello, intentamos abaratarlo porque si el aparato es caro y el escolar lo rompe al día siguiente no resulta rentable. Nos ocupamos en esta segunda fase de que sea barato y resistente. Hemos mantenido contacto con un hospital de Santiago para personas que están atendidas por operaciones de garganta y no se pueden comunicar y para supervivencia dentro del hospital le das un tablero como estos en donde pones los tipos de comida, etcétera, y de alguna manera les permite hablar, de modo qué utilidad tiene muchísima.

–También ha desarrollado una pulsera electrónica para localización de maltratadores.

-Salió porque en Madrid habían tenido la idea inicial pero el sistema madrileño tenía a mi juicio como técnico un grave defecto, que sería un sistema muy voluminoso, el maltratador tenía que llevar casi una mochila con un peso importante, nuestra idea era hacer algo más pequeño y con otros compañeros se nos ocurrió una solución técnica para tener localizado al maltratador y el aparato sería como un reloj. Lo propusimos, trabajamos en el tema y al final se quedó en nada: hicimos el prototipo, que demostramos que funcionaba, pero hicimos la parte tecnológica que había que meter dentro de una pulsera, que es algo físico, el problema fue que hasta donde yo vi (porque luego el proyecto se quedó en manos de la Xunta y por diferentes razones permaneció dormido) es que no se encontró una empresa que fuese capaz de fabricar la pulsera, que tendría que ser irrompible.

–Es el problema que sucedió precisamente en el asesinato protagonizado por Maximino Couto, que se sacó la pulsera

–Es que la pulsera no debía de sacarse fácilmente, tenía que ser irrompible o muy difícil de romper. Cuando lo hablamos, porque tuvimos reuniones con psicólogos y demás para ver el efecto, lo que se comentaba es que si a mi quitarme la pulsera me lleva un segundo no pienso, pero si me cuesta varios minutos romperla o le tengo que dar un martillo y también me duele eso podría afectar al resultado: si son momentos de locura transitoria, por decirlo así, ese margen de tiempo ayudaría al maltratador a reflexionar y que recuperase, por decirlo de algún modo, la normalidad. Y ahí se quedó el proyecto, pero el sistema funcionaba y de la parte de comunicaciones no tenemos ninguna queja.

“Hicimos el primer antimóviles... Venderlos en la tienda de la esquina es ilegal, pero no comprarlos por internet”

“Hicimos el primer antimóviles”, explica Pousada, “un aparato para que no sonasen en cines, hospitales, etc., lo hicimos a finales de los noventa pero sucedió algo curioso: son aparatos alegales y la administración no podía autorizar el sistema a riesgo de crear problemas con los operadores. Nosotros lo que decíamos es que lo que puede ser ilegal es el uso, no el aparato en sí. Habíamos demostrado técnicamente que en un recinto cerrado el aparato no dejaba utilizar los móviles, aunque fuera de ese recinto sí, de modo que una propiedad privada la ley protege al dueño frente a los operadores, en su local sí podría utilizarse mientras que fuera de la puerta no afectase. El sistema entonces era legal, lo que era ilegal era usarlo fuera, pero por más que nos peleamos no hubo manera y no tenía sentido seguir desarrollándolo.

–Pero ahora puedo comprar perfectamente un inhibidor.

–Si, ahora los hay, muchos. Venderlos en la tienda de la esquina es ilegal pero comprarlos por internet es legal, es toda una paradoja.

–También aplicaron nuevas tecnologías a las subastas.

–Fue un producto encargado por una empresa a instancias de la Xunta. Un grupo de compañeros y yo desarrollamos un aparato para las subastas, que antes eran a viva voz, el subastero iba cantando el precio, y ahora van con un aparatito que para la subasta, eso lo hemos desarrollado en Vigo y todo nació porque la Xunta informatizó las lonjas y puso como condición el incorporar un sistema de parada de subastas. La empresa que en ese momento quería informatizar las lonjas no tenía un departamento de investigación y desarrollo y contactó con nosotros para desarrollar esos aparatos.

Tampoco debemos sorprendernos, porque Trillo ha hecho lo que esperábamos de él. Tras conocerse la sentencia por el accidente del Yak-42, pese a su amago de dimisión como portavoz de Justicia del PP, el ex ministro se ha lavado las manos, que es lo que lleva haciendo desde el día en que el avión se vino abajo. Y, a decir de muchos, lo que hizo el resto de su vida. Federico Trillo, que se destaca por impartir sesudas lecciones de ética y que exige a gritos la dimisión de un ministro porque se fue de caza, no ha asumido sus responsabilidades. Ni lo hizo antes, ni lo hace ahora que la sentencia habla de «la conducta de personas no acusadas», en clara referencia al ex ministro y a otros responsables políticos. Porque la cuestión es tremendamente simple. ¿Por qué los militares echan a correr hacia España con los cadáveres sin identificar? ¿Quién da la orden de un regreso inmediato? ¿Quién es el responsable del ministerio que ordena tal atrocidad? Pues, por lo visto, ahora nos enteramos de que no era Trillo. Sería que estaba paseando por las esplendorosas playas gallegas. Pero esta actitud vergonzante de una persona con sus principios morales y religiosos, y que está amparada por la disciplina militar, tiene otros responsables. Los que llevaron a Trillo a los escaños del Parlamento, los que lo colocaron como portavoz de Justicia del PP, los que permiten que siga alzando la voz para hablar de moral y los que consienten que continúe alimentándose a cuenta de su evidente falta de valentía. Porque Trillo, no nos engañemos, es el Trillo de siempre

El Partido Popular exigió este jueves al Ministerio de Defensa que aclare urgentemente si se han registrado afecciones relacionadas con la Gripe A, y qué es lo que ha motivado la imposición de medidas de cuarentena a sesenta miembros de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares, de los cuales, hay varios ingresados en observación en el Hospital militar Gómez Ulla de Madrid.

Además, los populares pidieron al Departamento dirigido por Carmen Chacón que explique el modo en que se ha gestionado el brote y, especialmente, si se ha trabajado en colaboración con el Ministerio de Sanidad.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Santiago Cervera aseguró que, en relación con la Gripe A, el PP ha ofrecido su colaboración al Gobierno para reducir los riesgos e incertidumbres de los ciudadanos, pero al mismo tiempo exige transparencia e información puntual sobre los posibles casos.

"Para nosotros, ello también incumbe a la sanidad militar. No podemos aceptar que el Ministerio de Defensa no adopte idénticas actitudes que las que hasta ahora se han puesto en práctica por las Comunidades Autónomas y el Ministerio. Es impropio que hasta el momento no hayan dado cuenta de los casos del brote, y nos preguntamos si han trabajado en colaboración con el Ministerio de Sanidad en esta cuestión tan sensible", subrayó Cervera.

A juicio del diputado popular, el Ejecutivo debe informar "de manera urgente" del número de casos producidos, su status clínico y si se trata de Gripe A. De lo contrario, apuntó Cervera, "será el Ministerio de Defensa y los responsables políticos de la sanidad militar quienes están vulnerando una pauta de gestión adecuada de esta crisis, en la que los ciudadanos deben disponer d e información veraz y continua".

Federico Trillo cree que su responsabilidad política en todo lo que concierne al accidente del Yak-42 se salda con unas disculpas a las víctimas. Ni la sentencia condenatoria a los mandos militares que él envió para encargarse de la identificación de los cadáveres le hace moverse un centímetro de su escaño: 'Respeto la sentencia pero no la comparto', ha dicho.

Pareciera que la víctima es él, y no los 62 militares españoles que encontraron la muerte en un vuelo chapucero y que chapuceramente fueron repartidos en los ataúdes.

Trillo debería haber dimitido hace seis años, cuando, siendo ministro, se produjo la tragedia. El accidente se debió a un error de los pilotos, pero cuando a un ministro se le estrella un avión causando la mayor catástrofe de nuestro Ejército, cuando hay serias dudas sobre el estado del aparato (ruso) y sobre la profesionalidad de la tripulación (ucraniana), el responsable de turno del Gobierno tiene que dar un paso al frente. Ahora la sentencia de la Audiencia Nacional le ofrece la oportunidad de actuar con gallardía. Dado que fueron personas de su confianza las que procedieron a la repatriación de los cuerpos y su entrega a las familias, debe asumir como propios sus errores. Si sabía que actuaron mal, por haberlo consentido, y si no lo sabía, por haberse equivocado al encomendarles esa delicadísima tarea.

Trillo ha tratado de exculpar a los tres militares condenados aduciendo que actuaron 'de buena fe'. Pero ésa hay que darla por descontado. Fueron elegidos no para que fueran a Turquía cargados con las mejores intenciones, sino para que acertaran en su actuación. No porque fueran moralmente buenos, sino porque se les suponia profesionales eficaces.

Trillo debería dejar el acta de diputado, por doloroso que pueda resultar para su partido perder a un parlamentario de su valía. Pero si en una ocasión tan flagrante nadie asume responsabilidades políticas ¿cuándo, entonces? Resulta ciertamente sospechosa la obstinación con la que los políticos se aferran en España al cargo.

Su empecinamiento pervierte la propia razón de ser de la política, que es la de servir a la sociedad. Cuando uno se atrinchera de esta manera es que ha perdido la perspectiva: mira más por sí mismo que por los ciudadanos

El PP ha acusado hoy a la ministra de Defensa, Carme Chacón, de haber realizado unas declaraciones "indignas, abyectas y viles" sobre la sentencia del Yak-42 y ésta ha replicado que "toda la ciudadanía sabe" que el PP debería decirle lo mismo al ex ministro Federico Trillo.

Las declaraciones que han provocado esta acusación de la diputada del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, son las que hizo ayer la ministra de Defensa, en las que aseguró que "los verdaderos responsables" del caso Yak-42 "están ahí sentados", en referencia a Federico Trillo, que ocupa un escaño en el Congreso.

"Nuestro respeto y nuestro dolor para todos, pero nuestro rechazo total a las declaraciones de una ministra de Defensa. Santo Dios, santo Dios. Indignas, abyectas y viles", ha manifestado Rodríguez Salmón en referencia a esas palabras de Chacón.

La titular de Defensa ha respondido a Rodríguez Salmones volviendo a aludir a Federico Trillo: "Toda la ciudadanía sabe que lo que me acaba de decir a mí se lo debería decir a un ex ministro, compañero suyo", ha manifestado Chacón entre los aplausos de los diputados socialistas.

La diputada del PP ha recordado a continuación a Chacón que "es usted la ministra" y le ha exigido "respeto, dolor, y punto".

El cruce de acusaciones entre Chacón y Rodríguez-Salmones ha tenido lugar en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, durante una pregunta de la diputada del PP sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

El diputado socialista Jesús Cuadrado, que formulaba la siguiente cuestión a Chacón, ha iniciado también su intervención respondiendo al PP al afirmar que "lo indigno y lo abyecto es esconderse detrás de militares uniformados para esconder la responsabilidad que en su día tenían los responsables políticos de Defensa".

Tras afirmar que "es buen día para hablar de presupuestos", Cuadrado se ha preguntado: "¿de qué etapa, de la de Trillo, en la que no había dinero para el transporte militares en buenas condiciones?".

El diputado socialista ha insistido en que lo "indigno y abyecto" es que hoy mismo, el PP siga hablando de "errores en la identificación" de las víctimas del siniestro aéreo porque indica "un gran desprecio al dolor de sus familias y al de los compañeros de aquellos 62 héroes que murieron en una misión".

Tras formular su pregunta sobre el protagonismo de la Armada en la lucha contra la piratería en el Índico, Cuadrado ha recalado que los militares españoles actúan allí "con honor" porque "hay que actuar con honor y no como Aznar, Rajoy, Mayor Oreja y el mismísimo señor Trillo: sin honor y punto".

Chacón ha agradecido este apoyo del diputado socialista en su respuesta: "Sé que parece un tópico pero me sale del corazón. ¡Cómo me ha alegrado escucharle en toda su pregunta!".

Seis años después de que el accidente aéreo del Yak-42 en Turquía segara la vida de sus seres queridos, los familiares de los 62 militares fallecidos conocieron ayer a las puertas de la Audiencia Nacional (no se les permitió la entrada) la sentencia que condena al general de División del Cuerpo Militar de Sanidad Vicente Navarro, encargado de repatriar los cuerpos, a tres años de cárcel por «falsear la verdad» al entregar 30 cadáveres que sabía que estaban sin identificar. A sus dos subordinados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, el tribunal –presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez– les ha impuesto una pena de un año y medio de prisión como «cómplices». Navarro, o en su defecto los otros dos condenados, deberá pagar a cada familia 10.000 euros de indemnización, una cantidad a la que tendrá que hacer frente de forma subsidiaria el Ministerio de Defensa, una vez establecida por la Sala la responsabilidad civil del Estado. El general, además, ha sido condenado a pagar una multa de 1.800 euros (la mitad en el caso de Ramírez y Sáez), y sobre él pesa ya una inhabilitación de dos años (uno para los otros dos procesados).

Avala a los forenses turcos

No se trató de un error ni de una imprudencia. La sentencia no ahorra argumentos para concluir que Navarro «era consciente de que no tenía identificados 30 cuerpos y, no obstante, decidió falsear la verdad». Y eso, admite, aunque no obtuviera beneficio alguno, «ni quisiera directamente causar perjuicio a las familias de los fallecidos».

Para los magistrados, «no es verosímil» que dos generales «con amplia experiencia (además de Navarro, José Antonio Beltrán, que no fue procesado) firmasen el acta turca (el documento de entrega de los cadáveres) «responsabilizándose de la repatriación en condiciones irregulares de 62 cadáveres sin conocer el contenido de lo que están firmando» (tal y como alegó Navarro en el juicio). Sobre todo, añade, teniendo en cuenta que tuvieron a su disposición a un intérprete.

El tribunal ahuyenta cualquier duda sobre el trabajo de los forenses turcos (que intentaron desprestigiar las defensas de los acusados). Avisaron al equipo español de que había que tomar muestras de ADN de esa treintena de cuerpos para establecer de forma certera sus identidades. Nada de eso se hizo hasta que los cadáveres fueron exhumados en noviembre de 2004.

El valor de ese acta turca, subraya el fallo, es «incontestable». «Los 32 cuerpos que en el acta aparecen identificados estaban bien identificados, y mal los 30 a los que no se asignó identidad».

A estas evidencias, añade la Sala, el general contestó con «evasivas», escudándose en que redactó una lista en la que esa treintena de cuerpos sí estaban identificados basándose en unas notas que después destruyó. «Lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleatoria», rebate el tribunal. Pese a ello, Navarro manifestó a Beltrán que él los tenía identificados, «lo que no se correspondía con la realidad».

Para la Sala, «no consta» que los otros dos acusados intervinieran en la confección de la polémica lista. Sin embargo, considera a ambos «cómplices» no necesarios, porque el delito de falsedad documental se podría haber realizado sin su colaboración. Ambos redactaron, una vez en España y por indicación de Navarro, los informes de necropsia que necesitaba éste para extender los certificados de defunción que demandaban las familias.

«Dulcificaron» las lesiones

En esos informes, Ramírez y Sáez «dulcificaron» la descripción de las lesiones y omitieron «conscientemente» las que podían despertar «recelos o dudas» acerca del trabajo realizado por Navarro. De haber consignado por escrito que algunos cuerpos estaban totalmente carbonizados, «hubiera resultado evidente para cualquier persona que éstos no podían haber sido identificados con el simple examen visual». Con esa acción, «facilitaron» la comisión del delito.

Navarro no tendrá que ingresar por ahora en prisión, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre su recurso.

El portavoz de Justicia e Interior del PP, Federico Trillo, reapareció ayer en una comparecencia pública, tras semanas de silencio, para leer un comunicado sobre la sentencia de la Audiencia Nacional respecto a los 30 errores en las identificaciones de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42. Él era entonces el ministro de Defensa y el fallo condena a tres mandos militares que estaban a sus órdenes.

Trillo dijo respetar la decisión judicial, aunque no la comparta, y utilizó la declaración, sin aceptar preguntas, para subrayar su ignorancia en relación a los graves errores en la identificación de los cadáveres, sobre los que ha fallado la Audiencia Nacional. Una vez que ésta se ha pronunciado sobre lo que tenía encima de la mesa, de inmediato han surgido las voces que se preguntan por las responsabilidades políticas.

Trillo sostiene que en ningún momento, «como se ha afirmado falsamente», tuvieron noticias sobre errores en las identificaciones, «que sólo empezaron a cuestionarse muchos meses después». En su defensa esgrime, asimismo, su entrega con las familias de las víctimas y la buena fe de todos los que intervinieron en la repatriación de los cuerpos. Desde que se inicio el juicio hasta ahora, Trillo no ha tenido ningún gesto con los tres militares sentados en el banquillo. De hecho, ni siquiera ha fijado posición pública ni ha actuado como portavoz en materias de las que se ocupa en primera persona, como es el caso de la estrategia ante el «caso Gürtel». Ayer afirmó que sigue pensando que «los médicos militares actuaron al máximo de sus posibilidades y en circunstancias tan dramáticas como extraordinariamente difíciles». «Reitero una vez más mi respeto y mi homenaje a las víctimas del accidente», alegó, antes de volver a pedir disculpas a las familias.

En su partido se reconoce que, en su calidad de portavoz de Justicia, se queda en una situación un tanto delicada. El PSOE salió ayer en tromba a reclamarle el escaño por «honor y por vergüenza». Hasta la ministra de Defensa, Carme Chacón, entró al quite sin perder tiempo. «Los verdaderos responsables están ahí sentados», dijo apuntando a la bancada del Partido Popular.

Constantino Méndez, número dos del Ministerio de Defensa, compareció ante la Comisión de Defensa de la Cámara Alta para informar sobre la seguridad de las misiones en el exterior y las consecuencias del anuncio de retirada de las tropas de Kosovo.

Durante su intervención también anunció que la nueva base que está construyendo España en Qala e Naw (Afganistán) responde al objetivo de reforzar la seguridad de los soldados españoles y ante la posibilidad de albergar a contingentes de otros países.

Méndez, que centró su comparecencia en Kosovo, recordó que España decidió su retirada porque no reconoce la declaración unilateral de independencia (febrero de 2008) de la ex provincia Serbia y agregó que por "responsabilidad" y "coherencia" se mantuvo allí durante un año.

Recalcó que la decisión fue comunicada en forma y tiempo al secretario general de la OTAN el día 18 de marzo y a las autoridades civiles y militares de los aliados y a los grupos parlamentarios el día 19 de marzo, fecha en la que fue anunciada públicamente por la ministra de Defensa, Carme Chacón, durante su visita a Istok.

Méndez, quien insistió en que la decisión es "firme" y que el repliegue se hará de forma "coordinada" y "flexible" con los aliados, especificó que los mandos de la misión KFOR de la OTAN en Kosovo han pedido que los soldados españoles mantengan su actividad hasta finales de julio.

Tras subrayar que varios países ya han mostrado su interés en adquirir la base española en Istok, detalló que el proceso de repliegue se hará en tres fases, las mismas que detalló la ministra, Carmen Chacón, cuando compareció en el Congreso.

En una primera, ya en marcha, la nueva agrupación desplegada en tierras kosovares desde el pasado mes ha reducido su número de efectivos respecto al anterior unidad entre un 15 y un 20 por ciento. Hasta ahora estaban destinados en Kosovo unos algo más de 600 militares, la mayoría de ellos en la base "España" de Istok.

En una segunda fase, que abarcará de mediados de junio a finales de julio, se producirá una nueva reducción de efectivos y una disminución de la operatividad de las tropas españolas respecto a las tareas encomendadas por la KFOR.

Y entre agosto y finales de septiembre se llevará a cabo una tercera fase, en la que ya habrá regresado a España el grueso de la misión y se procederá al cierre y entrega de la base de Istok y de la unidad destacada en la localidad de Osoyane, según ha agregado el secretario de Estado.

Méndez afirmó que el tiempo ha demostrado que la decisión del repliegue es "absolutamente correcta" y "si entonces hubo algún malentendido, se subsanó a las pocas horas. Ahora toca hacer bien el repliegue".

Por otra parte, el secretario de Estado afirmó que la seguridad de las tropas en el exterior es "una prioridad absoluta" para Defensa. y recordó el acuerdo del pasado jueves del Consejo de Ministros por el que se aprobó limitar el transporte de las tropas a empresas nacionales con solvencia.

En la línea de aportar seguridad, Méndez afirmó que se han instalado inhibidores de frecuencia en todos los blindados en el exterior, la presencia de aviones espía UAV en Afganistán, el programa de renovación de vehículos blindados o la construcción de la nueva base de Qala e Naw.

Sobre los vehículos blindados ha detallado que ahora hay 57 "linces" desplegados en Afganistán y que a finales de agosto habrá unos cien. También confió en que este año se habrán recibido unos cien blindados RG-31, que irán sustituyendo de forma progresiva a los BMR actualmente destinados en las misiones en el exterior.

La mayoría de los portavoces de los grupos parlamentarios, salvo Hilario Caballero, del PSOE, coincidieron en criticar la forma en que se anunció la retirada. Para Ovidio Santos (PP), España dio "una imagen muy poco seria y de país poco fiable". Y el senador de CiU, Josep Maldonado, afirmó que "se ha hecho muy mal" y que su formación no comparte la decisión del Gobierno "ni en el fondo ni en la forma".

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de esta asociación, Mariano Casado, en la presentación de un documento base para la modificación de la Ley de Carrera Militar, "una ley que desde que entró en vigor en enero de 2008 no ha dejado de generar problemas, conflictos, dificultades y malestar en las Fuerzas Armadas".

AUME fijó el próximo sábado para convocar una concentración ante la sede del Defensor del Pueblo y presentar su escrito de queja contra la Ley de Carrera y reclamar el cumplimiento de un mandato legislativo de elaborar una ley de derechos y deberes de los militares. Tras calificar la ley de Carrera de "auténtico fraude", Casado informó de que en los próximos días se remitirá a todos los grupos políticos y al Ministerio de Defensa el "Documento base para la reforma de la Ley de la Carrera Militar", elaborado con "datos, correos electrónicos y debates", en los que han participado "miles" de miembros de las Fuerzas Armadas. Este documento abarca fundamentalmente cuatro áreas: ascensos a suboficiales del Ejército del Aire, la unificación de escalas de suboficiales, la unificación de escalas de oficiales y la situación en personal de tropa y marinería. En opinión de AUME, la Ley de la Carrera no establece plazas de promoción interna para suboficiales, la unificación de las escalas de suboficiales dará "miles de problemas" y el curso de adaptación establecido para la escala de oficiales "no aporta nada y supone un filtro". Casado indicó que los militares confían en que los grupos parlamentarios, Defensa y el Defensor del Pueblo atiendan sus demandas y se activen iniciativas encaminadas a la reforma de la Ley, así como la elaboración de una normativa relacionada con la ley de derechos y deberes. Entre sus propuestas de modificación, AUME solicita la desaparición de los contratos temporales o "contratos basura" para tropa y marinería y crear un verdadero sistema de promoción interna que garantice los principios de mérito y capacidad. En cuanto a la unificación de la escala única de oficiales, propone la supresión del actual curso de adaptación. AUME plantea cambios relacionados con el ascenso de suboficiales al empleo de teniente de las escalas de oficiales y el reordenamiento de los escalafones. También pide que se establezcan hasta julio de 2011 concursos de mérito y capacidad sin límites de edad ni empleo y sin necesidad de tener un título oficial universitario de grado. Asimismo propone crear en las escuelas de suboficiales los centros universitarios de la defensa previstos en la ley con la finalidad de impartir enseñanzas de las titulaciones universitarias de grado.

El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, reconoció ayer en el Senado que las bajas anticipadas de los barcos patrulleros de la Armada obligarán a «otros servicios del Estado» -Interior- a suplir sus cometidos en misiones de seguridad de las costas. En una sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta en la que tuvo que responder a numerosas preguntas sobre los efectos de los recortes presupuestarios y la reorganización de las Fuerzas Armadas, Méndez no convenció de nada a los portavoces de la oposición, pero en el caso de los patrulleros admitió que hasta que en 2011 no entren en servicio los nuevo buques de acción marítima (BAM), llamados a sustituirlos, no estará solucionado el problema que supone amarrar y desguazar los 18 barcos más antiguos que tiene la Armada para vigilar las costas.

El secretario de Estado eludió citar la cuestión presupuestaria para explicar las bajas anticipadas y se centró en la antigüedad de los citados navíos, para justificar las prisas de Defensa en amarrarlos. Méndez sostuvo que han prestado servicios «relevantes», pero agregó que se han vuelto incluso inseguros y que no merecía la pena invertir más fondos para que llegaran al final de su vida útil.

El senador Luis Peral replicó que no entendía que se ahorre en misiones de seguridad interior mientras no se mira el dinero destinado a la Unidad Militar de Emergencias, que en 2008 costó 129 millones de euros y se empleó durante ese ejercicio en «cinco incendios, tres casos de inundaciones, un rescate en montaña y un problema de viabilidad invernal en León». Peral se refería a los recortes en la Armada, la supresión de una bandera de la Legión en Melilla y la reducción de unidades militares en el Estrecho y el País Vasco para criticar el reparto de gasto del Ministerio. «Parece que sólo hay dinero para lo que se considera políticamente rentable», remachó el parlamentario del PP.

El Grupo Popular volverá mañana a denunciar el problema que han creado los recortes presupuestarios en la Armada a través de su portavoz de Defensa, Beatriz Rodríguez-Salmones, que preguntará a la ministra en el Pleno de control al Gobierno que se celebrará en el Congreso.

Además, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) convocó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas a que el próximo sábado presenten ante el Defensor del Pueblo sus quejas por la aplicación de la Ley de Carrera Militar, tanto de forma individual como colectiva

La Ley 8/2006, de Tropa y Marinería, que entró en vigor el 26 de abril de 2006, reconoció el derecho a reingresar en el Ejército a todos los militares de Tropa Profesional que habían sido cesados en las FAS por llevar más de 12 años de servicios o tener más de 35 de edad. Como novedades más importantes les reconoció los derechos a firmar un compromiso temporal de larga duración hasta cumplir los 45 años de edad (en que serían cesados), a percibir trienios y a cobrar una paga de 600 euros mensuales desde los 45 a los 65 años (siempre que hubieren prestado un mínimo de 18 años de servicios), paga plenamente compatible con los ingresos que pudieran obtener por actividades laborales civiles por cuenta propia o ajena.

Entre los reingresados en 2006 los había con más de 18 años de servicios y próximos a cumplir los 45 años de edad, con lo cual, a partir de ese mismo año empezaron a ser cesados y a solicitar la condición de Reservista de Especial Disponibilidad (RED), situación que es la que da derecho a percibir los 600 euros de 2006 (que se actualizaron por las leyes de Presupuestos a 612 en 2007, 624 en 2008 y 636 en 2009).

Los tres ejércitos reconocieron a la tropa profesional con compromiso de larga duración los trienios perfeccionados desde la fecha de ingreso en las FAS, descontándoles dos años en concepto de servicio militar obligatorio, con lo que muchos consiguieron seis o siete trienios de golpe.

Aunque la ley marca que se seguirá el mismo criterio para contabilizar el tiempo de servicio para trienios y el tiempo de servicio (mínimo 18 años) para obtener la paga de RED, el Ejército de Tierra interpretó que solo era computable a estos efectos los servicios prestados desde 1993, con lo que empezaron a desestimar las solicitudes de aquellos militares de Tropa Profesional (generalmente Cabos Primeros) que habían sido cesados por haber cumplido los 45 años de edad, aunque demostrando que llevaban no solo 18 años de servicios sino más de 22. Las actuaciones en primera instancia y en vía de recurso administrativo fueron desestimadas. Los interesados se vieron obligados a denunciar sus casos ante los Tribunales de Justicia e incluso ante la prensa, entre ellos el Cabo Primero de la Legión José Serrano Valencia, de Almería, que actuó bajo la dirección letrada del Abogado Jesús Navarro Jiménez, presidente de la Federación de Asociaciones de Militares de España, que interpuso recurso judicial ante el TSJ-Madrid. Otro compañero lo interpuso ante el TSJ-Galicia. La vía judicial es muy lenta y aunque se han presentado las demandas y practicado las pruebas que demuestran las fundadas razones de los recurrentes, el Cabo Primero Serrano y su Letrado decidieron solicitar la revocación por el propio Ejército de sus resoluciones desestimatorias, porque la Ley de Procedimiento Administrativo (art. 105) y la Ley de la Jurisdicción contenciosa-administrativa (art. 76) así lo permiten aunque el asunto esté judicializado.

El caso es que el Ejército elevó consultas al Ministerio de Defensa, y la Dirección General de Personal ha respondido (por acuerdo de 17-02-2008) que se computarán a efectos de alcanzar los 18 años de servicios todo el tiempo permanecido en las Fuerzas Armadas, desde la fecha de ingreso, incluido el tiempo de servicio militar obligatorio.

Como consecuencia, el Cabo Primero Serrano Valencia, tras ser revocadas por el MAPER las resoluciones desestimatorias, ha obtenido la condición de reservista de especial disponibilidad con efectos de 22-12-2006, fecha en que cumplió los 45 años, con derecho a percibir la paga correspondiente desde entonces hasta el 21-12-2026. Así fué publicado en el Boletín Oficial de Defensa nº. 50, de 13-03-2009. El Ejército ha comunicado su decisión al Tribunal de Madrid para que proceda a archivar el pleito judicial.

Queda así abierta la puerta para que otros Cabos Primeros que vieron desestimadas sus pretensiones, puedan solicitar la revocación de las correspondientes resoluciones y el reconocimiento de la condición de RED y la percepción de la paga correspondiente. También podrán solicitarla ahora los que no lo hicieron al cumplir lo 45 años porque se había difundido entre las Unidades que los servicios prestados antes de 1993 no eran computables. El Ejército ha dispuesto que se comunique a todas las Unidades, Centros y Organismos, el criterio legal establecido por Defensa, aunque parece ser que todavía no ha llegado a conocimiento de los interesados, particularmente de los que están próximos a cumplir los 45 años y serán cesados en su relación de servicios temporales con las FAS.

Los trece piratas que arrestaron las Fuerzas Armadas españolas en aguas somalíes están ya, por fin, en Kenia para ser juzgados. Algunos de los principales protagonistas de esta historia, prolongada varios días en la Audiencia con el conflicto entre juez, fiscal y Gobierno, han sido los militares que custodiaron a los delincuentes en el buque "Marqués de la Ensenada" mientras se resolvía el embrollo judicial. Varios de ellos hablaron para ABC, que publica este domingo sus declaraciones.

Según recoge el reportaje, de Eduardo Molano, los militares confesaron, ya en el puerto de Mombasa, que "la mayoría" se fue enterando de lo que iba ocurriendo "por la prensa". "Muchos de nosotros, hasta horas después, no supimos que había bucaneros a bordo", cuenta uno de ellos.

Sobre la custodia de los piratas, explica uno de los militares, sin dar su nombre –tenían orden de abstenerse de hacer declaraciones–, "improvisamos un pasillo cubierto con telas entre dos contenedores". "Lo cierto es que se han portado bastante bien y no nos han dado ningún problema. El único momento peligroso fue su captura", cuenta.

Los militares relatan que le producía tristeza la juventud de muchos de los detenidos –"alguno no tenía más de 18 años"– y que parecían tener "jerarquías entre ellos". También hablan de la desinformación desde el Gobierno: "Hubo un momento, cuando la polémica decisión del juez, que no sabíamos qué hacer. Estábamos parados, casi sin rumbo, esperando nuevas órdenes. La verdad es que ya estábamos bastante hartos de este desconcierto".

Los piratas, en efecto, permanecieron en el buque durante más de diez días, desde su arresto hasta que por fin se dio el permiso de entregarlos a Kenia. Ahora, los militares del "Marqués de la Ensenada" disfrutarán de tres días de permiso en Kenia: "Nos van a saber a gloria

La decisión de desembarcar a los piratas responde a la aplicación del acuerdo internacional suscrito entre la Unión Europea y Kenia, por el que se establece la jurisdicción del país africano para el enjuiciamiento de los actos de piratería en las aguas donde actúa la operación europea Atalanta. Hasta ahora, viajaban en el buque de la Armada española "Marqués de la Ensenada".

El buque español tenía previsto llegar anoche a Mombasa, pero hubo mala mar y fue perdiendo velocidad, por lo que arribó al puerto cuando no había autoridades y quedó fondeado hasta este sábado.

Comandado por el capitán de fragata Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdoba, el petrolero de flota de la Armada española "Marqués de la Ensenada" participa desde el pasado 6 de abril en la operación Atalanta de la Unión Europea.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se ha puesto en contacto esta mañana con el comandante del buque de la Armada "Marqués de la Ensenada" para darle cuenta de lo ocurrido con el caso de los piratas apresados en aguas de Somalia y explicarle cada uno de los pasos jurídicos que ha dado.

Así lo han informado fuentes cercanas al magistrado, que han añadido que éste le ha dicho al capitán de navío Alfonso Gómez Fernández de Córdoba que lamenta cualquier molestia que le haya podido causar la situación vivida, pero que desde su función jurisdiccional no podía actuar de otra manera.

De este modo, Andreu ha explicado que cuando el pasado jueves recibió una comunicación del Ministerio de Defensa informando de que el "Marqués de la Ensenada" había apresado a siete personas y de que había "pruebas evidentes" de su participación en actos de piratería abrió diligencias porque eso es a lo que le obliga la ley ante la existencia de indicios de delito.

El juez Fernando Andreu llamó ayer al comandante del «Marqués de la Ensenada», el capitán de navío Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, para explicarle las medidas que adoptó desde que le comunicaron la captura de los piratas y lamentar cualquier molestia que pudiese haber ocasionado la tramitación del caso. El magistrado desconocía los acuerdos que la Unión Europea tiene con Kenia para la entrega de piratas, acuerdo que podría ampliarse a otros dos países.

La UE está buscando esos nuevos pactos, similares al de Kenia, para hacer las entregas de los filibusteros, al ser una pesadilla judicial para los que los detienen. Así, fuentes de la Unión confirmaron a LA RAZÓN que el acuerdo con las Seychelles, país muy afectado por la piratería, ya está a punto: «Ya se ha firmado uno sobre intercambio de información y el judicial podría llegar a finales de mes». Con Tanzania y con Djibuti aún no se han cerrado, con el primero por «por motivos legales», y con el segundo por la situación de extrema pobreza en el país

Los presuntos piratas detenidos en Somalia no tienen todavía un destino judicial seguro, pero el Gobierno está decidido a que sean juzgados, y que eso ocurra en Kenia, a pesar de lo que manifestó el juez Fernando Andreu.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, confirmó ayer que el Ejecutivo “solicitó a la Abogacía del Estado que se persone para recurrir el auto que ordena la puesta en libertad” de los piratas. “A su vez, hemos pedido a la Fiscalía que lo haga”, señaló la ministra. El Ministerio de Defensa espera que “muy pronto” se aplique el acuerdo con Kenia para entregar a las autoridades de ese país los 14 piratas detenidos por el “Marqués de la Ensenada”.

Por su parte, el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, afirmó que confía en “poder empezar a aplicar muy pronto el acuerdo con Kenia, de manera eficaz y con todas las garantías”.

También el portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, señaló que los piratas “lógicamente” no pueden quedar en libertad. Los piratas fueron detenidos el miércoles cuando su embarcación volcó mientras intentaban asaltar con una embarcación ligera el barco de bandera panameña Nepheli, que los hizo naufragar en una maniobra defensiva.

La embarcación de la Armada “Marqués de la Ensenada”, que acudía en ayuda del buque panameño, los rescató del agua. Otros siete piratas detenidos el jueves viajan asimismo a bordo del buque español. Estos últimos fueron capturados cuando intentaban asaltar un buque mercante de bandera maltesa.

Sobre el mismo tema, el PP pedirá hoy la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Carme Chacón, ante la “alarma” generada por el caso de los piratas detenidos en aguas de Somalia y la “incompetencia” y descoordinación del Gobierno en la aplicación de los protocolos judiciales para este tipo situaciones. La portavoz de Defensa del PP, Beatriz Rodríguez-Salmones, emplazó a Chacón a dar explicaciones ante la “gravedad” de un caso que comparó con el del anuncio de la retirada de las tropas de Kosovo, por el “desprestigio” que supone para la misión española que participa en la operación “Atalanta” de la UE de lucha contra la piratería en el Golfo de Adén.

Rodríguez-Salmones censuró la descoordinación del Gobierno y su responsabilidad por “empañar” las dos operaciones “magníficas e impecables” ejecutadas por el buque “Marqués de la Ensenada”.

“La misión queda en muy mala situación. El pirata actúa de distinta manera ante la bandera española que ante otra. Es una situación muy grave”, indicó.

Irak, Kosovo... y ahora Somalia. La presencia española en misiones internacionales está salpicada de demasiadas polémicas. Y, en el caso concreto de la operación contra la piratería en el golfo de Adén, de una cadena de despropósitos. Porque eso, y no otra cosa, es que Defensa traspase a la Justicia la decisión sobre los piratas sin saber de un acuerdo en la UE, bajo cuyo paraguas se desarrolla la misión, para entregarlos a Kenia. Porque un despropósito es que el fiscal pida un día el ingreso en prisión de los detenidos y al día siguiente se retracte. Y que el juez, que había ordenado su traslado a España, reaccione, airado, tirando por la calle de en medio y ordene liberarlos. Y despropósito es que no haya un tribunal internacional con jurisdicción en esta causa.

El Abogado del Estado advierte de que si se mantiene esa decisión del juez Fernando Andreu de poner en libertad a los siete piratas detenidos el pasado miércoles en aguas de Somalia, se impediría «casi con total seguridad su enjuiciamiento».

La Abogacía del Estado ha presentado esta mañana en la Audiencia Nacional un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de que los piratas detenidos en aguas de Somalia sean liberados y no se entreguen a Kenia.

En el recurso de apelación, presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el abogado del Estado argumenta que si el juez decretó la libertad de los detenidos por imperativo legal y porque no existía acusación, esta personación pretende erradicar cualquier vacío o insuficiencia acusatoria que el magistrado haya podido detectar en su momento.

El Abogado del Estado advierte de que si se mantiene esa decisión del juez Fernando Andreu de poner en libertad a los siete piratas detenidos el pasado miércoles en aguas de Somalia, se impediría «casi con total seguridad su enjuiciamiento», por lo que pide que se revoque la decisión de su puesta en libertad con la máxima urgencia.

Cada día que pasa se complica más la posición del Gobierno, sobre todo la del Ministerio de Defensa, en la gestión que se ha hecho para poner a disposición de la Justicia a los catorce piratas capturados en aguas de Somalia. Aunque en un principio se quiso presentar la polémica como fruto de las discrepancias entre la Fiscalía y la Audiencia Nacional, las fuentes parlamentarias consultadas por ABC no dudan en apuntar al ministerio de Carme Chacón como el responsable de lo que califican como un «error» e incluso «una metedura de pata». ¿Si había un convenio entre la UE y Kenia para juzgar a los piratas capturados en la operación «Atalanta», por qué Defensa abre una vía judicial en España y no se acoge a un acuerdo al que tantas veces se ha referido la propia ministra? ¿Hacia dónde va el petrolero español, dónde y cuándo podrá ser aceptado en algún puerto?

Ridículo internacional

Cinco días después de que esta rocambolesca situación haya colocado al Ministerio de Defensa al borde del ridículo internacional, sin que se dé una explicación de por qué no se avisó al juez Fernando Andreu de la existencia de este acuerdo, la oposición (PP, CiU y PNV) ya habla de «incompetencia, imprudencia e impericia» en la gestión de la ministra y le pide su comparecencia urgente en el Congreso para que explique la situación. El petrolero «Marqués de la Ensenada» sigue navegando sin que Defensa desvele hacia qué país se dirige y qué harán con los piratas. Después de calificar de «impecable» la operación militar de captura de los piratas, Rodríguez Salmones califica de «incompetencia» la actitud del ministerio Desde el PP, la portavoz de Defensa, Beatriz Rodríguez Salmones, muestra su «máxima preocupación» por la situación y asegura que «todo lo que se había hecho con Kenia y la UE era para que esto no sucediera. Todo debía estar pensado para que esto no sucediera. ¿Cómo es posible que suceda?», se pregunta. Además, recuerda que en el viaje a Kenia para visitar a las tropas preguntó a los mandos militares qué sucedería si se produjera un caso de captura de piratas y, en ningún momento, se le habló de recurrir a la Audiencia Nacional.

Después de calificar de «impecable» la operación militar de captura de los piratas, Rodríguez Salmones califica de «incompetencia» la actitud del ministerio, y espera que «no salga dañado nuestro prestigio internacional. Tenemos una gran preocupación por la imagen de España». Finalmente, al igual que en el caso de Kosovo, afirma que «de nuevo aparece Moratinos salvando a Chacón. Hay una descoordinación entre Exteriores y Defensa».

En el PNV, el portavoz de Defensa, José Ramón Beloki, llega a calificar de «surrealista» la situación y exige «algo más de rigor cuando se toman medidas». Por su parte, en CiU, Jordi Xuclá, pide a la ministra Carme Chacón que «tome conciencia de su error» y advierte de la descoordinación que existe entre los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa.

¿Alguien se ha puesto en la piel de los soldados españoles que trabajan en el Índico en busca de piratas somalíes? ¿Se imaginan la cara de idiotas que se les habrá quedado a los infantes de Marina que se juegan la vida deteniendo a estos nuevos corsarios cuando les hayan dicho que les liberen «por imperativo legal»? ¿Nadie ha calculado el ridículo internacional al que se somete a los soldados allí destacados, a las Fuerzas Armadas españolas en general y al propio Ministerio de Defensa ante sus aliados de la OTAN?

Después del bochornoso episodio de Playa de Bakio, ahora esto. Lo que nos faltaba. ¿Se imaginan qué cara va a poner el sargento español al mando de una patrulla, armado hasta los dientes, cuando le ordenen atacar una barcaza con bucaneros? ¿Y la cara de alegría de esos mismos piratas cuando vean que el buque militar que les asalta lleva bandera española y no francesa o norteamericana? «¡Qué alivio!», pensarán. «¡Qué ridículo!», pensaremos.

Sólo la pericia del comandante y de los más de cincuenta miembros de la tripulación del S-74 Tramontana logró evitar el pasado 11 de diciembre una tragedia en las Fuerzas Armadas españolas. El submarino de la Armada se encontraba realizando maniobras en la costa murciana, exactamente en el cabo Tiñoso, sumergido a unos trescientos metros, cuando se detectó una fuga de agua de 5 centímetros en la cámara central del submarino.

La tripulación del submarino consiguió sacarlo a flote y, tras las comprobaciones apropiadas, el S-74 Tramontana regresó a su Base en Cartagena para continuar con sus actividades derivadas del periodo de mantenimiento programadas.

Según la respuesta escrita del Gobierno al parlamentario Arsenio Fernández de Mesa (PP), que había registrado varias preguntas al respecto en el Congreso de los Diputados, cinco meses después del accidente, “equipos técnicos especializados de la Armada Española y de Navantia -empresa encargada del programa de mantenimiento del submarino- están estudiando el caso. Una vez se hayan aclarado todas las circunstancias y se hayan elevado las conclusiones, se propondrán, en caso de necesidad, las actuaciones correctoras y medidas a tomar para seguir garantizando la máxima seguridad de los submarinos”.

Además, y también tras una pregunta formulada por el diputado popular, el Ejecutivo dice que estudia si condecorará a la tripulación del submarino. “El Ministerio de Defensa, a la vista de las actuaciones efectuadas por algunos miembros de la dotación, valorará, conforme a la legislación vigente, si éstas son merecedoras de recompensa.

La situación de crisis y la reducción del presupuesto para este año requiere una gestión económica "rigurosa" y el Ministerio de Defensa hará "un esfuerzo mayor" e impulsará la colaboración con el sector privado, según ha señalado la ministra.

La titular de Defensa, tras suscribir la Directiva en la sede de su departamento, afirmó que este documento constituye la base para que las autoridades del Ministerio de Defensa inicien el planeamiento militar y de recursos, adaptándose a la coyuntura económica y otorgando máxima prioridad a la protección y seguridad de la Fuerza.

Este documento, que se encuadra en la Directiva de Defensa Nacional 2008 promulgada en diciembre por el presidente del Gobierno, mantiene los compromisos adquiridos con las organizaciones internacionales en las que participa España, como la UE, Naciones Unidas y la OTAN.

Tras indicar que está sujeta a las modificaciones que sean necesarias, Chacón dijo que se adapta a la coyuntura económica en un modelo presupuestario basado en los principios de "economía, racionalidad y coherencia". Esta "guía" de planeamiento incluye una valoración de la situación estratégica y de la coyuntura económica, y define los objetivos a alcanzar y los esfuerzos exigibles a las Fuerzas Armadas para el periodo 2009-2012.

En su intervención, la ministra recalcó que la Directiva mantiene los planes de transformación de los Ejércitos y afianza el modelo profesional, con el desarrollo de la Ley de Carrera Militar. Asimismo, agregó la titular de Defensa, detalla el compromiso de España con la paz y la legalidad internacional, con el desarme y el control de armamentos, y con la no proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras cuestiones.

La nueva normativa también tiene en cuenta el respeto al medio ambiente, la igualdad, la cultura de la defensa y la identificación de las Fuerzas Armadas con la sociedad. Chacón concluyó que es un documento preciso que permitirá concretar las necesidades para que los Ejércitos sigan "progresando, innovando y cumplan su labor con eficacia, con el respaldo de la sociedad".

Salvo el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), asistieron al acto todos los altos cargos de su departamento, los jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El pasado lunes, el ministerio que dirige Carmen Chacón emitió un comunicando informando de que la Blas de Lezo reforzará hasta finales del próximo mes de junio el dispositivo de lucha contra la piratería frente a las costas de Somalia, junto a otros buques de la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN (SNMG-1). Según informaba, el buque español se integró el pasado 15 de marzo en esta Agrupación Naval de la Alianza, y desde el mes de abril ha estado colaborando significativamente en las actividades de lucha contra la piratería en el Océano Índico.

Sin embargo, el ministerio de Defensa emitió un detalle importante en su comunicado, y es que la tripulación que forma parte fragata F103 cobrará la mitad del sueldo que están cobrando los militares que ya se encontraban allí destinados. Un hecho que se ha conocido tras la denuncia hecha pública por los familiares de la dotación de la fragata, que tiene su base en la localidad gallega de El Ferrol.

El parlamentario del PP Arsenio Fernández de Mesa registró este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que "de las órdenes oportunas, de manera inmediata, para que las dotaciones de los barcos de guerra españoles que actúen en la operación Atalanta de manera circunstancial, cobren las mismas retribuciones que corresponden a los buques que están destinados específicamente en la persecución de la piratería en Somalia, durante el tiempo que dure su misión de apoyo". Además, pide que esta medida "tenga carácter retroactivo", para que pueda afectar a la dotación de la F103 Blas de Lezo.

Según argumenta en su exposición de motivos, "este proceder del Gobierno, estableciendo diferencias entre quienes se encuentran en la misión ordenada por el Gobierno para perseguir la piratería en Somalia dentro de la operación Atalanta de la UE, supuesta operación de paz en el extranjero, lo que incluye las correspondientes compensaciones económicas diferenciadoras de quienes están de maniobras, sin riesgos de enfrentamientos, y quienes son requeridos por el propio Operativo para intervenir en el conflicto, aunque se encuentren dentro de una de las Flotas Permanentes de la OTAN, con los mismos riesgos y las mismas ROES que los de la operación Atalanta, no parece que sea justo, por mucho que los presupuestos de Defensa, del presente ejercicio, se hayan visto recortados de manera excepcional y como no había ocurrido en los últimos treinta años".

Del mismo modo, el diputado popular dice no entender la postura del Gobierno y se pregunta si el objetivo de ella es "no contabilizar más unidades desplazadas a la zona de las autorizadas por el Congreso de los Diputados".

El dispositivo militar español que se encuentra en Somalia, dentro de la misión «Atalanta» de la Unión Europea de lucha contra la piratería, se está viendo envuelta, día si día no, en actuaciones de salvamento de los buques que transitan por la zona. La última actuación se produjo ayer a las once de la mañana, cuando el petrolero «Marqués de la Ensenada» atendió las llamadas de socorro que lanzaba el buque mercante «Nepheli», de bandera panameña.

Este buque, con una tripulación de 15 personas, se encontraba en el Golfo de Adén en tránsito desde el puerto chino de Jioa-Jing, con destino a Port Said (Egipto), y alertó de que estaba siendo objeto de un ataque de piratas a bordo de una embarcación ligera y que, tras varias maniobras evasivas, terminó por golpear a la embarcación de los piratas, que volcó, cayendo al agua sus siete ocupantes. El petrolero español, que se encontraba a quince millas de diatancia, reaccionó enviando a su helicóptero y poniendo rumbo a la zona, con los motores a máxima velocidad.

Una vez en el lugar del ataque, el helicóptero se encontró la presunta embarcación pirata volcada y a siete personas en el agua, por lo que se mantuvo sobrevolando las inmediaciones, a la espera de la llegada del «Marqués de la Ensenada». Al llegar a la zona donde se encontraban los presuntos piratas, «el petrolero arrió sus embarcaciones y recogió a los náufragos y comprobó que todos se encontraban en buen estado de salud», según la versión facilitada por el Ministerio de Defensa.

Tras el rescate de los presuntos piratas, un equipo del petrolero subió al buque panameño y pudo constatar que eran los responsables del ataque, ya que encontraron diversos impactos de bala. En la embarcación que utilizaron, también encontraron diverso material como petacas de gasolina y un equipo GPS.

Tripulantes de la F-103, con base en Ferrol, aseguran que por la misma labor cobran la mitad que los de otros buques

Los doscientos tripulantes de la fragata F-103, con base en Ferrol, están cobrando «la mitad» que sus compañeros de la Numancia y del petrolero Marqués de la Ensenada, las unidades españolas desplazadas para combatir la piratería en Somalia. Así lo denunciaron familiares de la dotación de la Blas de Lezo tras recibir esas quejas desde el navío. También corroboraron esta situación fuentes de la Armada. Desde el Ministerio de Defensa, no obstante, se eludió ayer pronunciamiento alguno sobre el asunto.

En concreto, se indica que frente a los 1.700 euros mensuales que percibe una buena parte de la dotación de la F-103 -varía el montante en función del rango-, los ingresos de sus compañeros de los otros dos buques ascienden a 3.400. El doble.

¿Cuál es la causa de que se dé esta situación? Las fuentes consultadas en la Marina señalan que es un problema de «carácter administrativo». Tanto la fragata Numancia como el petrolero Marqués de la Ensenada, con base en Rota, fueron requeridos directamente por Defensa para participar en la zona en la operación Atalanta de la UE. Se enmarca su misión en una «operación de paz en el extranjero» con cargo a los presupuestos del Estado y que incluye compensaciones por peligrosidad.

La Blas de Lezo, por contra, está en el Cuerno de África bajo mando de la OTAN, dentro de una de sus flotas permanentes de seguridad. Aunque inicialmente su destino era navegar hasta Australia para regresar a finales de junio, la escalada de la piratería en esas aguas hizo que la Alianza Atlántica variase la misión final de su agrupación y decidiese que esa y otras unidades permaneciesen casi hasta julio en Somalia. Pero su actividad no se contempla por Defensa dentro de ese concepto de operaciones de paz en el extranjero al haber salido de puerto con una meta distinta y con la OTAN, siempre según las mismas fuentes. De ahí, la diferencia de ingresos.

«Estamos indignados»

Dos familiares de tripulantes de la F-103 mostraron ayer su indignación por la situación. La esposa de uno de los marinos, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, afirmó: «No entendemos que si se está haciendo lo mismo, en las mismas aguas, unos cobren mucho más que otros. Estamos indignados y, la verdad, es completamente injusto». Recordó que «no habían salido para eso, iban para Australia... La misión hay que cumplirla, pero que se la paguen como a los demás».

Para L.?L., tío de otro de los soldados embarcados en la Blas de Lezo, se trata de «un agravio comparativo que se tiene que solventar, porque no se puede cobrar menos que los de la fragata de al lado por hacer lo mismo». Concluye: «Y si no hay presupuesto, que los traigan de vuelta y ya está».

El 30 de abril, el Ministerio de Defensa publicó cuatro órdenes ministeriales que desarrollan el reglamento de evaluaciones y ascensos. Con estas disposiciones se abre un nuevo escenario en el ámbito de las evaluaciones, que marca un cambio en los sistemas y procesos de ascensos. Estas son la órdenes aprobadas:

—Procedimiento y normas objetivas de valoración para su aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional.

Establece diez elemen tos agrupados en cuatro grupos de valoración, que contienen las cualidades, trayectoria, méritos y aptitudes que pueden ser motivos de valoración, evaluándose de un modo específico las cualidades y desempeño profesional.

—Tiempo mínimo de servicios y de permanencia en destinos necesarios para el ascenso. Sustituye el concepto de «mando o función» por el nuevo de «tiempo en determinado tipo de destinos».

—Número máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación

El número de veces fijado es de tres, excepto para el ascenso a comandante y brigada, que se fija en cuatro.

—Máximo y mínimo de la relación entre el número de evaluados en cada ciclo y el de vacantes previstas para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación, durante el periodo cuatrienal de plantillas 2009/2013.

Desde que el 20 de noviembre de 2007 entró en vigor la nueva Ley de la Carrera Militar, los militares sabían que su carrera iba a dar un vuelco de consecuencias impredecibles. Una institución con tanta tradición, con unas costumbres y usos tan arraigados, era levantada de cuajo por el entonces ministro de Defensa del Gobierno socialista, José Bono. Los militares eran conscientes de que nada iba a ser igual, de que su antigüedad como valor para el ascenso ya no iba a tener tanta importancia, y de que sus estudios en las academias militares iban a quedar relegados.

El día «D» de la aplicación de esta norma llegó el pasado 30 de abril. Esa fecha marca el antes y el después de la carrera militar. El empleo que se tuviera ese día es lo que marcará el futuro de los militares. Ese dato es el único que se tendrá en cuenta para la elaboración del nuevo escalafonamiento en las Fuerzas Armadas, en el que ya se aplicará la nueva ley, que tanta polémica ha suscitado. El escalafonamiento se dará a conocer el 1 de julio y entonces saldrá a relucir los agravios y los resquemores. Ya se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, y pueden caer más.

Estas son algunas de las principales consecuencias y problemas que ha generado y generará la aplicación de la ley:

Ascensos

Oficiales no llegarán a teniente coronel

Hasta ahora, los militares habían tenido la antigüedad como principal criterio de ascenso. Con la nueva ley, un oficial o suboficial con origen más moderno puede rebasar a otro, incluso relegarlo en el empleo hasta el retiro. El nuevo sistema contempla un número máximo de ciclos en el que el oficial/suboficial, de no haber ascendido, ya no podrá hacerlo. Es decir, las condiciones de carrera con las que se ingresó en los Ejércitos han variado tanto, como «para que esta profesión, además de ser una vida llena de deberes, pasa a ser una vida llena de incertidumbre social y económica», según militares consultados por ABC. Estas fuentes indican que una gran parte de los oficiales actuales no llegarán ni a teniente coronel, y una gran parte de suboficiales no lo harán a brigada. La situación se agrava por la reducción de plantillas, lo que redundará en mayor tiempo de permanencia, con el envejecimiento del escalafón.

Enseñanza militar

Más formación civil, menos militar

Las academias militares pasarán a impartir una enseñanza de grado universitario, cuya titulación será exactamente igual a la que se otorga en las universidades. La prioridad en periodos y créditos será, en gran parte, dedicada e impartida por profesores civiles del centro adscrito, y la formación será eminentemente civil. A juicio de los militares, «la formación militar quedará relegada a periodos testimoniales y, quizás, un quinto año cien por cien militar, en el que se tratará de dar en un año los conocimientos básicos para poder ser destinados a unidades». En definitiva, «la formación integral del nuevo oficial será un baño de milicia civil y un título de grado universitario. Cuando el oficial salga de la academia, su carencia será tan grande que cualquier suboficial bajo sus órdenes estará mucho más formado».

Suboficiales

Falta de promoción interna

La Ley de la Carrera Militar reconoce a los suboficiales una serie de atribuciones de oficial pero les corta la posibilidad de ascenso a la condición de oficial por promoción interna. La falta de promoción y los eternos tiempos en los empleos, desmotivarán a los componentes de este cuerpo. Además, la polémica ha crecido como consecuencia de los ascensos del personal en la reserva, que ascienden a oficial antes que compañeros más antiguos en activo, en virtud de otra de las disposiciones transitorias de la ley.

Retiro y reserva

Merma económica y desmotivación

El nuevo sistema de pase a retiro y a la reserva puede ser un arma de doble filo. La posible obligatoriedad de pase a la reserva a aquellos oficiales y suboficiales que hayan quedado relegados en el ascenso, en el caso de aquellos militares con menos de veinte años desde la adquisición de la condición de militar de carrera, supondrá «una merma económica considerable, además de un quebranto psicológico», según las fuentes consultadas. La ley establece que, con menos de este tiempo de empleo efectivo, no se tendrá derecho a indemnización y estarán sujetos a lo establecido en el régimen de clases pasivas. Por otro lado, la dedicación y el esfuerzo del militar «bajará muchos enteros ante la posibilidad de no promocionar más, incluso la desmotivación y falta de ilusión se apoderarán de las Fuerzas Armadas».

CONVIENE en primer lugar tener presente que la defensa, adjetivada militar, es entendida como concepción territorial cuyo objetivo último es la integridad territorial, y por tanto, como un medio de la Seguridad. Interesa indicar también, que la concepción estratégica española ha apostado por un multilateralismo activo sin perjuicio de la legítima defensa individual o colectiva recogida en la carta de Naciones Unidas. El archipiélago canario y el territorio peninsular forman parte de una entidad estratégica única, lo que significa, que ambos espacios de soberanía española son indivisibles y que todos los recursos de la estrategia militar actúan de modo global o cohesionado para su protección y defensa.

En este marco, Canarias requiere especial tratamiento por su relevante relación estratégica. Tiene una ubicación privilegiada entre tres continentes y en las proximidades de uno de los principales flujos de transporte marítimo y aéreo hacia Europa y orillas del Mediterráneo; está abierta al Atlántico; es la puerta natural para Iberoamérica y plataforma logística para África -dos de los principales marcos de actuación y decisión explicitados en la Directiva- y es parte del flanco sur occidental de la Alianza Atlántica.

Además, Canarias es punta de flecha de uno de los ejes de proyección de nuestro panorama estratégico, que tiene su base en Rota-Cádiz, contribuyendo a su protección y dando con ello un segundo elemento de control al estrecho de Gibraltar, punto de paso obligado hacia el Mediterráneo, área prioritaria para España.

Desde el punto de vista de seguridad en el ámbito de la Alianza Atlántica, el territorio peninsular, el citado eje de proyección y el archipiélago canario no presentan solución de continuidad al estar bajo la responsabilidad de la Alianza, que sigue siendo pilar básico en la defensa europea, y en la que debe basarse en el refuerzo de ese vínculo atlántico. Pues bien, la seguridad atlántica, vínculo entre los dos pilares de la defensa europea, tiene una espléndida base de apoyo en el valor estratégico que proporciona Canarias, junto con las islas Azores y Madeira.

Ese doble mecanismo de defensa -nacional y compartida- afianza la seguridad del archipiélago ante potenciales riesgos.

Ciertamente vivimos en un mundo con múltiples contingencias y la proximidad a zonas de inestabilidad en el continente africano nos enfrenta a peligros variados, y también nos ofrece oportunidades para fomentar su estabilidad y desarrollo económico, como recoge la nueva directiva de defensa al establecer el África subsahariana como uno de los marcos de actuación y de decisión, constituyendo Canarias una valiosa plataforma hacia esa zona, geopolíticamente inestable.

Los riesgos no son siempre fáciles de precisar. Uno de ellos para el archipiélago, aunque no solo para éste, es el flujo de inmigrantes ilegales, en cuyo control las FAS participan activamente -de forma continuada las unidades aéreas y navales- apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La situación de Canarias, su configuración fragmentada, la lejanía del territorio peninsular y problemas derivados del entorno geopolítico africano demandan una visión particularizada de su defensa. Las islas configuran una plataforma especial, en la que cada una de ellas parece ofrecer un espacio definido para su protección por el efecto delimitador de sus costas, efecto que se difumina, a la vez que complica, al observarla en su conjunto. Si uniésemos los vértices de un polígono irregular formado por sus islas tendríamos una superficie próxima a la de Andalucía con centros de gravedad en Tenerife y Gran Canaria y las restantes islas en los flancos, dando idea de las capacidades de control de espacios aéreos y marítimos, de la necesidad de sistemas de inteligencia, de vigilancia y de los retos que presenta el ejercicio de mando y control.

No existe un Mando Unificado en Canarias, como antaño, aunque la legislación prevé su creación en caso necesario, pero sí dispone de fuerzas de los tres ejércitos con la defensa antiaérea integrada en la nacional, más las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que crean seguridad y garantizan la protección de los ciudadanos y visitantes en una zona de alto valor, turístico incluido, ante cualquier riesgo. Este dispositivo, aunque los medios no satisfacen todas las necesidades como es habitual en el campo de la defensa, articula capacidades militares que materializan las líneas estratégicas de disuasión y respuesta militar, y cuenta prioritariamente con planes de refuerzo nacionales, en su caso con el apoyo de la Alianza, desde el territorio peninsular español, centro de gravedad de la proyección de esfuerzos.

El resultado, basado en una calculada y prudente gestión del riesgo -la seguridad absoluta es inalcanzable- es un despliegue equilibrado y disuasorio que garantiza los intereses nacionales en esta zona mediante unidades navales, aéreas y terrestres, cuyo componente humano es el mejor activo en la defensa de Canarias. Las primeras aseguran el control de las aguas circundantes y el espacio que las cubre, respectivamente, y las últimas materializan la presencia en tierra con unidades polivalentes, ágiles, capaces de ser proyectadas rápidamente entre islas, profesionalizadas y adiestradas. Soldados con causa, mayoritariamente canarios, resistentes a la fatiga, acostumbrados a moverse en terreno difícil, leales, disciplinados y con espíritu de sacrificio; espíritu que tiene su exponente en la tradición e historial de uno de sus regimientos de infantería: el Soria 9, que en este mes de mayo celebra el V centenario de su creación. Velázquez inmortalizó la entrega de las llaves de la ciudad de Breda al mariscal Spínola, quien está rodeado de soldados con picas pertenecientes al Tercio Viejo de Nápoles, nuestro actual Soria 9, con sede en Fuerteventura, que próximamente participará en el esfuerzo de la comunidad internacional para estabilizar Afganistán, expresión del compromiso de España con la paz y seguridad internacionales.

Canarias tiene un papel relevante en el planteamiento estratégico español al ser parte de una entidad estratégica única, ser pieza clave en los marcos de actuación y decisión recogidos en nuestra directiva de defensa -seguridad europea y del Mediterráneo occidental, África subsahariana e Iberoamérica- y, con las fuerzas situadas en ella, proporcionar seguridad y contribuir al esfuerzo solidario español por la estabilidad internacional.

«Nosotros, los más chicos, seamos los más grandes en la firmeza y el vigor de las resoluciones; nosotros, los últimos en fuerza y en abolengo histórico, seamos los primeros en confianza, como somos los primeros en el peligro; nosotros los más distantes, seamos los más próximos en el corazón de la patria». Sirvan estas palabras de Benito Pérez Galdós, como síntesis del espíritu del sentir y de la sensibilidad de Canarias a lo largo de la Historia, de la que un hito significativo fue su generoso esfuerzo a la Guerra de Independencia, fundente nacional y motivo de la obra más representativa de este insigne español y canario.

Acompañada por el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna; y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general del Aire José Julio Rodríguez, la ministra de Defensa subrayó que los actos del Día de las Fuerzas Armadas se centrarán este año en Santander porque "ésta es una tierra que ha demostrado a lo largo de la historia una gran vinculación y sintonía con las Fuerzas Armadas".

Carmen Chacón explicó que para estrechar lazos entre militares y civiles y profundizar en ese espíritu de cercanía y participación, la celebración del Día de las Fuerzas Armadas no se limitará únicamente a un fin de semana y una ciudad, sino que se extenderá durante siete días a gran parte del territorio nacional. Así, habrá jornadas de puertas abiertas, exposiciones, coloquios y diversos actos en muchas poblaciones que permitirán que los ciudadanos puedan conocer de cerca y apreciar la labor de nuestros Ejércitos.

En lo que se refiere a los dos días centrales en Santander, este año participarán entre 1.200 y 1.400 militares en una gran diversidad de actos, entre los que destaca una exhibición aeronaval, con un simulacro de rescate de refugiados de la ONU, que se llevará a cabo el sábado, 30 de mayo, en la playa de El Sardinero. La celebración culminará el día 31, domingo, con el acto solemne de homenaje a la bandera y los caídos, que presidirá Su Majestad el Rey.

Nuevos vehículos blindados

Asimismo, la ministra anunció que los ciudadanos de Santander tendrán la oportunidad de ser los primeros en conocer los nuevos vehículos blindados de pelotón RG31-MK5E, que próximamente serán desplegados en las zonas de operaciones con mayor riesgo.

"La seguridad de nuestras tropas ha sido siempre la prioridad número uno del Gobierno", subrayó Chacón, quien agradeció al presidente del Gobierno de Cantabria y al alcalde de Santander la colaboración que están prestando para llevar esta celebración a buen puerto.

Por su parte, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) insistió en que el propósito de estos actos es combinar ese espíritu de cercanía y participación entre militares y civiles, con la muestra del grado de adiestramiento y preparación de las Fuerzas Armadas.

"Durante dos días, Santander albergará a una representación importante de sus Fuerzas Armadas, que estarán orgullosas de mostrar a los ciudadanos un ejemplo de su preparación y de cuáles son sus posibilidades, deseando que sirva para estrechar, más si cabe, los lazos entre civiles y militares", afirmó el general Rodríguez.

Exhibición aeronaval

En la exhibición aeronaval, que tendrá lugar el sábado 30 de mayo a las 11:30 horas en la playa de El Sardinero, habrá medios de los tres Ejércitos que materializarán un simulacro táctico en tierra que exigirá evacuar a personal civil.

A este respecto, se podrá ver evolucionar buques de la Armada, medios anfibios, paracaidistas, buceadores, equipos especiales, vehículos de diferentes modelos, así como helicópteros y aviones de distintos tipos, siguiendo una secuencia programada y estudiada para materializar esa acción en tierra. Para darle una mayor nota de realidad a este supuesto, un equipo de simulación en la playa creará el escenario adecuado.

Esta exhibición aeronaval se complementará con una exposición de diferente material empleado por las Fuerzas Armadas, y unas jornadas de puertas abiertas en los buques de la Armada participantes en los actos, como el Buque de Asalto Anfibio "Galicia", la fragata "Juan de Borbón" y los cazaminas "Sella" y "Tajo".

Estos buques, así como el material de la exposición, desplegarán en la zona del muelle de Albaredo durante el sábado 30 y el domingo 31 de mayo. Los ciudadanos podrán contemplar una variada gama de medios, capacidades y vehículos de las Fuerzas Armadas, entre ellos, algunos de los que son empleados en las diferentes zonas de operaciones donde se encuentran participando nuestras fuerzas. Se complementarán con áreas interactivas y finalmente, la patrulla "Águila" del Ejército del Aire, realizará una exhibición aérea durante la tarde del domingo 31 de mayo, sobre la zona de la exposición.

Jura de bandera para personal civil

Junto a estos dos actos, la exhibición aeronaval y la exposición de material, que constituyen la parte de demostración de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, también se ha programado una jura de bandera para personal civil. Esta jura de bandera se realizará en un tramo del paseo de Pereda, el sábado 30 de mayo a las 18:00 horas.

Su finalidad es permitir a todos aquellos ciudadanos que así lo deseen efectuar el Juramento a la Bandera, bien porque no hayan tenido la oportunidad de hacerlo, o bien porque deseen renovar este juramento realizado hace años durante su prestación del servicio militar. "Se trata de un compromiso que los civiles adquieren voluntariamente con España y la defensa y protección de su sociedad", afirmó Carmen Chacón.

En este acto está prevista la participación de unidades y banderas de los tres ejércitos y finalizará con un desfile de la fuerza participante, y una demostración de la patrulla "Águila".

Homenaje a la bandera y los caídos

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas culminará con el Acto de Homenaje a la Bandera y a los Caídos, que tendrá lugar el domingo, 31 de mayo, a las 12:00 horas, en el Parque de Las Llamas.

Además de las unidades que constituirán la fuerza de honores, está prevista la participación de enseñas históricas de unidades de los ejércitos cercanas a Santander o que celebren algún aniversario, como la del Regimiento de Infantería "Soria 9", que celebra este año su quinto centenario.

Asimismo, una batería de salvas proporcionará los honores de ordenanza, y paracaidistas del Ejército del Aire harán llegar la bandera nacional mediante lanzamiento paracaidista. La patrulla "Águila" colaborará de nuevo a la solemnidad de la celebración.

Una de las señales que anuncian la senectud es una creciente disposición a confundir deseos o ensueños con la realidad. El comportamiento de los estados europeos en la crisis de Afganistán, hoy extendida a Pakistán, es un claro exponente de hasta qué punto nos hemos ganado a pulso la denominación de Viejo Continente.

Durante años nos hemos perdido en estériles debates sobre la legitimidad y legalidad de nuestra presencia en Afganistán. Cada gobierno ha enviado las tropas que ha querido y con misiones e instrucciones precisas. Hemos decidido que nuestro objetivo era ayudar a la reconstrucción, colaborar con el Gobierno y las ONG para desarrollar la administración, dotar de infraestructuras... como si todo se redujera a un acto de voluntad. Hemos negado lo obvio, que estábamos en medio de una guerra. Tras años de protectorado norteamericano en Europa hemos olvidado lo más elemental sobre la política internacional: si no se garantiza la seguridad, si no se tiene un control suficiente del terreno, cualquier otro cometido resulta imposible.

Hemos gastado un dineral en casi nada. Como no hemos querido formar una fuerza multinacional que acabara con los talibanes, éstos se han hecho con el control manteniendo sitiados a buena parte de los contingentes extranjeros. Mientras jugábamos a reconstruir ellos hacían la guerra y se ganaban la voluntad de la gente por las buenas o por las malas. Somos responsables de nuestra ceguera y de sus consecuencias.

Ya no es posible mantener por más tiempo el engaño. Hay una guerra que se extiende por dos estados, uno de ellos dotado de capacidad nuclear. Los europeos estamos en el campo de batalla con unas misiones anacrónicas, unas instrucciones absurdas y sin los medios necesarios. ¿Serán capaces nuestros gobiernos de reaccionar y asumir la realidad tal cual es?

El Mando de Artillería de Campaña (MACA), con sede en León, inició el relevo progresivo del anterior contingente en Kosovo, liderado por el Mando de Artillería Antiaérea, por el que se convertirá en la última Agrupación Táctica del Ejército de Tierra (KSPAGT XXIII) en el territorio balcánico, tras más de diez años de misión española de mantenimiento de la paz en la antigua provincia serbia.

La última agrupación española en Kosovo asumirá el control de su zona, comprendida en el sector occidental kosovar y con bases en Istok y en el Valle de Osojane, el próximo 4 de mayo en una ceremonia militar en la que relevará oficialmente al destacamento liderado por el Mando de Artillería Antiaérea, testigo del anuncio de repliegue realizado por la ministra de Defensa, Carme Chacón, el pasado 19 de marzo en su propia Base España, en Istok.

El penúltimo contingente español, basado en la Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra, comenzó también su repliegue con el regreso de un primer escalón en un vuelo que llegará primer al aeropuerto de Valencia para, posteriormente, aterrizar en Madrid.

Al mando del coronel Javier Luis García Blázquez, el último destacamento español está integrado por militares del Regimiento de Artillería de Campaña 11 (RACA 11), con 90 militares y sede en Castrillo del Val (Burgos), así como del Regimiento de Artillería Lanzacohetes número 62, con 63 efectivos y sede en Astorga (León). Estos dos grupos pertenecen al Mando de Artillería de Campaña (MACA), con sede en León. La agrupación logística está basada en la Agrupación de Apoyo Logístico número 21 del Ejército, con sede en Sevilla. La agrupación se completa con personal del Regimiento de Infantería Mixto Garellano número 76 (Vizcaya - Álava), con efectivos de otras unidades y con un pequeño destacamento de la Guardia Civil.

La ministra de Defensa confirmó en su comparecencia parlamentaria del pasado 7 de abril, el último contingente militar en Kosovo se hará cargo de la segunda fase de la retirada, tendrá menos efectivos que el anterior y, progresivamente, irá transfiriendo sus competencias a otras fuerzas de la Alianza para poder centrarse en las labores logísticas y otras cuestiones propias del repliegue.

Tras el regreso a España de la mayoría de los militares al mando del coronel García Blázquez sólo permanecerá en Kosovo una “unidad de apoyo al repliegue”, que será la encargada de materializar la última fase de la retirada, que deberá culminar “antes de que finalice el verano”.

El Arma de Artillería del Ejército de Tierra, que se desplegó por primera vez al mando de una agrupación española en Kosovo el pasado mes de enero, será la responsable de liderar los dos últimos contingentes españoles en el territorio balcánico, el que opera en la actualidad y escuchó en primer lugar el anuncio de la retirada, el Mando de Artillería Antiaérea, y el que tendrá que materializar el repliegue y el cierre de las dos bases españolas.

La Base España de Istok, uno de los mejores emplazamientos construidos por las Fuerzas Armadas españolas en una misión de mantenimiento de la paz en el exterior, visitado por el Rey don Juan Carlos en 2002, será transferida a otra fuerza militar o autoridad, al igual que la base del destacamento de Osojane, un pequeño acuartelamiento reconocido por la población serbia por la labor de protección desarrollada por las tropas españolas.

Además de asumir la recta final de la misión militar en Kosovo, el Mando de Artillería de Campaña ha cobrado especial importancia en las operaciones de mantenimiento de la paz por ser sus militares los primeros en operar el primer vehículo aéreo no tripulado (UAV) íntegramente español, el Sistema Integrado de Vigilancia Aérea (SIVA), y la primera aeronave de este tipo desplegada por España en Afganistán, el modelo de fabricación israelí Searcher MKIIJ.

Las Fuerzas Armadas españolas han permanecido en Kosovo desde 1999. Tras la participación de los cazas F18 del Ejército del Aire español en los bombardeos contra las fuerzas serbias en territorio kosovar, la Legión fue el primer contingente del Ejército que llegó a la entonces provincia serbia, de mayoría étnica albana. Durante estos diez años, las tropas españolas han recorrido miles de kilómetros en patrullas de seguridad, han sufrido nueve bajas, han realizado más de cien proyectos de impacto rápido y han entregado más de una tonelada de ayuda humanitaria.

NO es la primera vez que los informes procedentes de Afganistán, como el que publicamos hoy, revelan el avance de los talibanes en la zona de responsabilidad española. La diferencia es que cada uno es más alarmante que el anterior, poniendo de manifiesto que la situación empeora sin cesar desde hace al menos dos años y medio, hasta el punto de que un documento de Naciones Unidas alerta ya sobre la posibilidad de que los talibanes se hagan con uno de los distritos que las tropas españolas deberían tener bajo su control. La Alianza Atlántica ha elaborado en este tiempo dos grandes documentos estratégicos sobre el conflicto: el primero, en la cumbre de Bucarest del año pasado, mientras que el segundo se ha empezado a plasmar en la que se celebró en Estrasburgo a principios de abril. Todos los aliados tratan de ajustar su acción militar a unas circunstancias cambiantes, en busca de la mayor eficacia, pero, a pesar de esa constatación, el Gobierno español no ha considerado ningún cambio esencial en el papel de nuestros soldados en Afganistán. Al contrario, el presidente Rodríguez Zapatero se ha enrocado en una posición cicatera y las tropas españolas se limitan prácticamente a seguir las mismas instrucciones que tenían cuando llegaron, aunque la experiencia demuestre que la realidad es muchísimo más compleja que entonces.

En los últimos cinco años, España se ha limitado a apoyar en la OTAN prácticamente todas las iniciativas comunes, pero por la vía del asentimiento pasivo. Es cierto que no es el único país que mantiene esta posición evasiva y ambigua, pero eso no exime al Gobierno de su responsabilidad. El nuevo presidente norteamericano, Barack Obama, ha expresado claramente que desea que la misión de la OTAN en Afganistán se oriente más activamente hacia las labores de la reconstrucción, como insiste en defender el Gobierno socialista, pero a Washington eso no le impide llevar a cabo una política militar más contundente. De hecho, es muy probable que las tropas norteamericanas tengan que enviar refuerzos para evitar que las españolas sean rodeadas por el enemigo.

Las elecciones que se celebrarán en el mes de agosto en Afganistán serán un punto de fuga para la consolidación del frágil entramado institucional que la OTAN y la comunidad internacional en general tratan de apuntalar desde hace siete años. Bastaría que los talibanes las hicieran imposibles a base de atentados e intimidaciones para romper la necesaria legitimidad necesaria, y por este motivo resulta tan importante que España envíe tropas adicionales para ayudar a los afganos a empezar a vivir en paz y en libertad. Los talibanes saben que, cuando advierten que los soldados extranjeros pueden morir en aquel lejano país, logran sembrar la duda en la sociedad española. Sin embargo, nadie puede olvidar que no fue Occidente el que empezó esta guerra y que, a diferencia de lo que hicieron otras potencias en el pasado, los miembros de la OTAN están en Afganistán defendiendo su propia seguridad. La misión no puede fracasar bajo ningún concepto, porque no sólo está en juego una operación militar en un país remoto, sino -como sabemos por experiencia- la seguridad en nuestros propios países.

La misión de la F-103 en Somalia junto a la flota permanente de la OTAN Standing Nato Maritime Group One (SNMG-1) se prolongará en el tiempo más de lo programado, tal y como se prevé desde la Alianza Atlántica. Lo que iba a ser una actuación puntual de unos veinte días colaborando con la operación Atalanta de la UE, aunque independiente de ella y dentro de una navegación con destino final en Australia, se extenderá ahora casi hasta julio, salvo más giros imprevistos en el guión oficial. En concreto, se prevé que finalice el día 28 de junio.

Así lo ha señalado la portavoz adjunta de la OTAN, Carmen Romero, tal y como han recogido desde Bruselas diferentes agencias de comunicación, haciendo referencia al conjunto de la SNMG-1, que está integrada por siete buques de diferentes países, aunque no siempre se encuentran todos en el mar. También confirmó que se han cancelado las visitas programadas a puertos de Singapur y Australia -el destino original de la singladura- por entender que la labor de las unidades contra la piratería «ha sido significativa» y debe continuar.

Según diferentes fuentes consultadas en el seno de la Armada, la F-103 se desplazará ahora a una breve visita a Karachi -en Pakistán- y el día 29 se cuenta con ella en Bombay (India), donde está concertada una acción promocional por parte de Navantia con la asistencia de representantes del Ministerio de Defensa de ese país y de su Armada, que se han interesado por productos como las fragatas F-100 o el buque Juan Carlos I.

Corroborando lo anunciado por la Alianza Atlántica, las citadas fuentes de la Marina española han señalado que se trabaja ya «al 95%» con el escenario de que, desde la India, regrese la Blas de Lezo de inmediato al Cuerno de África para continuar con su labor.

La F-103 zarpó de Ferrol a mediados de febrero para, tras un período de adiestramiento en la base de Rota, incorporarse a la citada flota de la OTAN. Durante el mes de abril ha estado ya en aguas de Somalia.

A bordo de la F-103 viajan un total de 200 marinos y un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de infantes del Tercio Norte. Desde la Armada se ha indicado que la mitad, aproximadamente, son de origen gallego y una cuarta parte del global proceden de la comarca.

La Blas de Lezo acumula ya experiencia con la flota internacional de la OTAN Standing Nato Maritime Group One, dado que en el 2008 fue, durante varios meses, su buque insignia, al corresponder el mando de esta unidad el pasado ejercicio a España. En el 2009 esa función la está asumiendo Portugal.

No es la única F-100 que ha trabajado en Somalia. De hecho, fue la F-104 la encargada de llevar el peso de la misión militar lanzada el pasado ejercicio por el Gobierno español para la liberación del atunero Playa de Bakio, tras ser apresado por piratas.

Flexibilidad

El cambio de objetivo programado por la OTAN para esta flota, en la que se integra el buque con base en Ferrol, se enmarca dentro de su propia naturaleza. La SNMG-1 tiene como principal fin la vigilancia del litoral de las naciones de la Alianza Atlántica y de sus intereses, como es el caso. Tiene capacidad, además, para ofrecer una respuesta rápida ante una crisis en cualquier parte del globo, tal y como ha ocurrido en esta ocasión. Puede actuar de forma individual o formar parte de una fuerza mayor, ejerciendo de eje, con componentes aéreos y terrestres.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) podrá usar a partir de ahora la enseña nacional en su modalidad de estandarte, al haber considerado la ministra de Defensa, Carme Chacón, que se ha hecho merecedora de ello..

Así consta en la orden ministerial 15/2009 de 7 de abril, en la que Chacón indica que "la UME, por su misión, entidad y organización, así como por su trayectoria, eficacia y espíritu de servicio, se ha hecho merecedora a ostentar la Enseña Nacional, cuya posesión y custodia estimulará a sus componentes a mantener este legado".

Se trata del respaldo del Ministerio a una solicitud planteada para que la unidad creada por decisión directa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 7 de octubre de 2005 pueda desfilar con estandarte de la unidad y no con banderines de los batallones, como hacía hasta ahora, según precisaron fuentes militares.

Esta concesión conllevará la celebración de un acto oficial y un apadrinamiento por parte de algún alto mando militar o algún miembro de la Familia Real, igual que se hace con otras unidades de las Fuerzas Armadas.

A partir de este viernes, la Unidad Militar de Emergencias ya tiene "el derecho al uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte", según la orden que firma la ministra de Defensa

Los forenses turcos que ayudaron a identificar los cadáveres de los militares del Yak-42 declararon ayer ante el tribunal que juzga los errores en las filiaciones de 30 de ellos que el general médico Vicente Navarro, principal acusado, les «prometió» que practicaría las autopsias de los cuerpos sin reconocer cuando llegasen a España. Una labor que finalmente no se hizo y cuya posibilidad tampoco fue comentada a los familiares de las víctimas, que se llevaron los féretros de los suyos tras concluir el funeral de Estado.

La presencia como testigos de los forenses turcos fue recibida con aplausos por los asistentes a la vista pública. El 31 de marzo, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, había desestimado sus testimonios, como pedían la Fiscalía y las acusaciones particulares, por «irrelevantes». Sin embargo, ayer reconsideró su postura con la justificación de que, en un juicio de estas características, «se pueden proponer nuevas o sorpresivas pruebas».

Tanto Bulent Sam como Omer Muslumanoglu aterrizaron por su cuenta y riesgo en Madrid la noche anterior. No sabían si su presencia iba a cambiar la opinión del tribunal, pero decidieron coger el avión desde Estambul atendiendo a las demandas de los familiares. Querían «salvar su honor» y defenderse de las acusaciones del general Navarro, que en su declaración les imputó mala praxis.

Sus testimonios, por lo tanto, eran muy esperados y no decepcionaron. Ambos fueron desmontando, uno a uno, los argumentos de defensa del oficial médico y sus dos subordinados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. La Fiscalía decidió mantener su petición de condenas para ellos: cinco años de prisión para el general Navarro, y cuatro años y medio para sus colaboradores.

Los forenses vinieron a incidir en «las prisas» que tenía el general Navarro para acabar «cuanto antes» las identificaciones y firmar las repatriaciones para llegar al funeral de Estado que se iba a celebrar horas después en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid).

«Insistieron en llevárselos, dijeron que no podían esperar a los resultados de ADN de los cuerpos sin reconocer», respondió Bulent Sam, jefe de los especialistas trucos. «¿Les dieron alguna razón?», inquirió el fiscal. «Que el avión esperaba y que tenían que llegar al funeral de Estado; nos prometieron que los acabarían de identificar en España, que ellos se responsabilizaban», concluyó el forense.

En el ambiente de la vista flotaban las declaraciones que días antes había formulado Bulent Sam a un diario, en las que aseguraba que el general Navarro «iba borracho» durante el proceso de filiación de los cadáveres. Un comentario que ratificó a preguntas de la defensa del principal acusado: «Estaba consciente para trabajar, pero olía a alcohol y eso lo vio todo el equipo», señaló.

Los dos forenses contradijeron el testimonio del militar al asegurar que el acta de entrega de los cadáveres «fue traducida al español» por el intérprete del consulado en Estambul.

El general Navarro había declarado que «mentiría» si hubiera firmado el acta a sabiendas de que había cuerpos sin identificar.

España tiene actualmente desplegados en Afganistán 780 efectivos, divididos en dos acuartelamientos. En Herat, en la Base de Apoyo Avanzada, en torno a 530. En Qala-i-Now, en el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT), cerca de 250. A ellos habría que añadir unos 50 que se encargan del adiestramiento del Ejército afgano pero que no cuentan dentro del contingente total. La situación en el país asiático ha ido de mal en peor hasta encontrarse ahora en un momento crítico que la nueva estrategia de la OTAN pretende solventar. Fruto de esta estrategia, el Gobierno se está planteando reagrupar en un futuro las tropas en una única base, la de Qala-i-Now, con el fin de controlar ese distrito y poder desatascar las labores de resconstrucción que lleva a cabo la Agencia de Cooperación y Desarrollo mano a mano con el Ejército. Según fuentes militares consultadas por LA RAZÓN, con esta medida no se incrementarían los efectivos y se optimizaría el trabajo del contingente en el frente que más interesa al Ejecutivo, el de la reconstrucción. Las limitaciones operativas («caveats») que tienen nuestras tropas sobre el terreno hacen que los miembros de la Base de Apoyo Avanzada tengan menos atribuciones de las que necesita la Alianza para controlar un área que, en los últimos tiempos, está más en manos de los talibanes que de las tropas internacionales. Esa base está bajo mando italiano, cuyas tropas también tienen «caveats», aunque su Gobierno está dispuesto a levantarlas parcialmente, además de incrementar su número. Estados Unidos, al mismo tiempo, está extendiendo su presencia a prácticamente todo el país, y uno de los sitios en los que baraja ubicarse un contingente es Herat, para asegurar la provincia y dar mayor cobertura a su PRT, situado en la provincia limítrofe al sur, Farah. El Ejecutivo socialista prefiere centrar sus esfuerzos en dos vertientes: la reconstrucción y el adiestramiento de Policía y Ejército afganos. A esta última ya contribuye y su refuerzo es uno de los compromisos a los que llegó en la última cumbre de la OTAN. La otra vertiente se encuentra prácticamente paralizada por los problemas de seguridad crecientes del distrito de Badghis, cuya capital, Qala-i-Now, acoge al Equipo de Reconstrucción Provincial. En esa localidad ya está empezando a trabajar un batallón de ingenieros para la construcción de la nueva base, tal y como confirmó ayer a la ministra de Defensa el jefe del PRT, el coronel Emilio Sarabia. Esta nueva base, además de reforzar la seguridad del contingente al ubicarse a las afueras de la ciudad en vez de en el centro, como está ahora, servirá para acoger a un mayor número de tropas, en torno a mil. Esta reagrupación de efectivos es, según confirmaron fuentes militares, una de las opciones que baraja el Estado Mayor para presentar a la fase de generación de fuerzas que llevará a cabo la OTAN tras los compromisos adquiridos por los socios. En todo caso, el primer paso que ahora debe dar la Alianza es lograr el tranquilo desarrollo de las elecciones de agosto. Después comenzará la segunda fase del plan Obama para Afganistán, en la que entraría este movimiento del contingente español.

El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos elevó hoy a definitiva su petición de cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos en el accidente del Yak-42, y de cuatro años y medio para los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.

Burgos, que acusa a todos ellos de un delito de falsedad en documento oficial, considera en su informe de acusación que las autoridades turcas entregaron 32 cuerpos identificados al general Navarro y que, en los 30 casos restantes, éste "asignó identificaciones a cada uno de ellos elaborando una lista en la que se hacía constar la identidad".

Con estos nombres, según el representante del Ministerio Público, los cadáveres llegaron el 28 de mayo de 2003 a la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde Ramírez y Sáez realizaron un informe de necropsia de cada uno de los fallecidos de acuerdo con las anotaciones que habían tomado en el depósito de Turquía.

DESCRIPCIÓN DE HECHOS MÁS DETALLADA

La única modificación que realizó fue incorporar "una descripción más detallada" del relato de hechos que incluía en su escrito provisional, "fruto de la prueba practicada" durante el juicio, y la incorporación de la compañía de seguros Zurich España en el capítulo de responsabilidad civil directa.

La petición del fiscal se produjo en la sesión vespertina de la séptima jornada del juicio por las identificaciones erróneas de las víctimas del accidente del Yak-42, que se produjo el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) en lo que constituyó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.

Además, la Fiscalía solicita que Navarro y los otros dos oficiales sean inhabilitados durante cinco y cuatro años, respectivamente, y que además se les condene a pagar sendas multas de 30.000 y 24.000 euros. Las familias elevan estas cantidades a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente.

La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 y otros dos grupos de allegados a los fallecidos también elevaron a definitivas sus peticiones de seis años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que otras dos acusaciones particulares reclamaron penas de prisión de tres años.

En la causa también está personada la Abogacía del Estado, que solicitó que, si se condena al Estado como responsable civil subsidiario, las cantidades a pagar sean abonadas por la compañía Zurich España. Por su parte, las defensas de los abogados reclamaron la libre absolución de sus representados.

INHABILITACIÓN E INDEMNIZACIONES

De igual forma, el fiscal solicita que el Estado indemnice con 25.000 euros a cada uno de los cónyuges, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea, mientras que las familias piden otros 6.000 euros para los hermanos de las víctimas.

Durante la sesión también se llevó a cabo la práctica de la prueba documental, que la mayoría de las partes dieron por reproducida. El juicio se reanudará el próximo lunes con la presentación de informes definitivos de acusaciones y defensas y el turno de última palabra de los acusados, tras lo cual quedará visto para sentencia.

El forense turco Bülent Sam, que participó en la identificación de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, ha afirmado hoy que los militares españoles, con el general Vicente Navarro al mando, insistieron en repatriar a España los 30 cadáveres sin identificar, porque, según dijeron, tenían que llegar al funeral que se iba a celebrar en España.

Bülent Sam ha sido el primer testigo en comparecer ante el juez Javier Gómez Bermúdez, de la Audiencia Nacional, donde esta mañana se reanudó el juicio sobre las erróneas identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos en el Yak, ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003.

Sam, cuya declaración como testigo se decidió hoy mismo, ha afirmado que el equipo de forenses turcos identificó 32 cadáveres pero los otros 30 restantes no, aunque sí ha reconocido que constataron que eran de españoles.

El forense ha asegurado que subrayaron que para la correcta identificación se tendría que hacer un test de ADN, pero «los militares responsables españoles, con el general Vicente Navarro al mando, insistían en llevarlo sin identificar porque habían dicho que tenían que llegar al funeral que se iba a celebrar en España».

Sam ha asegurado que los jefes militares españoles les prometieron que terminarían los trabajos de identificación en España y firmaron el documento final. Las autoridades españolas no quisieron tomar muestras de ADN porque tenían prisa por llegar al funeral, según ha insistido el forense turco.

En este sentido, ha agregado que los militares españoles dijeron que no podían esperar a las muestras de ADN tomadas por los turcos y que deberían ser cotejadas con muestras de familiares de las víctimas.

«Les dijimos que solo de este modo se podía llevar a cabo la identificación de todos los cadáveres».

Este forense ha indicado que en la primera noche se logró distinguir los cadáveres de los militares españoles y los de la tripulación ucraniana, y ha agregado que eran adecuadas las salas de conservación para mantener los cadáveres.

Ha reconocido que disponían de lista de pasajeros y ha destacado que los trabajos de identificación los realizaron cuatro médicos forenses turcos y «con presencia de militares españoles».

Sobre los trabajos de identificación, el forense turco ha asegurado: «los forenses turcos hemos tomado las decisiones conjuntamente con los responsables militares españoles». Los trabajos terminaron definitivamente hacia la medianoche del día 27 de mayo.

Melilla- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, avisó ayer de que no retirará la estatua de Franco de la localidad (la única que queda en una vía pública en España), hasta que el Ministerio de Defensa no le encuentre una ubicación en dependencias militares.

La escultura representa a Francisco Franco con el uniforme de campaña y el empleo de comandante. El presidente subrayó que se trata de un monumento aprobado en un Pleno del Ayuntamiento en el año 1975 para «rendir homenaje al que fuera comandante del Tercio Gran Capitán I de la Legión de Melilla y no por su condición de dictador», y aseguró que se trata de un homenaje a todos los militares que defendieron la ciudad en el año 1921 –quince años antes de la sublevación del bando nacional– durante la guerra con los rifeños de Abdelkrim. «Gracias a la Legión, Melilla sigue siendo española», recordó.

A preguntas de los periodistas, Imbroda manifestó que la estatua se retirará para «llevarla a algún sitio concreto», por lo que se va a tramitar «por escrito» al Ministerio de Defensa la solicitud de que sea trasladada a alguna dependencia del Ejército en la Ciudad Autónoma.

En opinión del presidente de Melilla, el hecho de dejar la figura de Franco, situada actualmente a los pies de la muralla antigua frente al puerto, no vulneraría la Ley de Memoria Histórica y señaló que, en ese caso, sea el Gobierno central el que diga qué es lo que hay que hacer, informa Efe.

El Gobierno melillense se comprometió públicamente en septiembre a retirar la estatua con el comienzo de las obras de la muralla a cuyos pies se ubica. Dichas obras ya han comenzado, por lo que, según Imbroda, «se apartará» para poder ejecutarlas.

El 26 de abril de 2006, la entrada en vigor de la Ley de Tropa y Marinería permitía reingresar en el Ejército a todos los militares de tropa profesional que habían sido obligados a abandonar las Fuerzas Armadas por llevar más de doce años de servicio o ser mayores de 35 años. La Ley les otorgaba el derecho a firmar un compromiso de larga duración hasta los 45 años. Después de esa edad, tenían que «jubilarse», con una paga mensual de 600 euros hasta los 65 bajo la condición de reservistas de especial disponibilidad y siempre que hubieran servido más de dieciocho años.

Poco a poco, los que reingresaron entonces han ido cumpliendo esa edad y reclamando su condición especial y la paga correspondiente, que a estas alturas ya se ha incrementado a 636 euros. Pero se encontraron con que el Ejército sólo contaba los servicios prestados desde 1993, cuando comenzó a denominarse «profesional» a la tropa, dado que antes recibía otros apelativos. Contaba sólo desde la fecha de ingreso en las Fuerzas Armadas y obviaba el tiempo que hubieran servido como no profesionales o el de servicio militar obligatorio.

Esto llevó a que muchos de esos militares de tropa profesional, generalmente cabos primero, se quedaran sin recibir la paga porque se les descontaban años de servicio que no les permitían alcanzar los dieciocho años de servicio. Ante los recursos que muchos de ellos presentaron a la justicia, el Ejército elevó una consulta al Ministerio de Defensa. Desde la Dirección General de Personal del departamento que dirige Carme Chacón, no sólo se les reconoció el tiempo de servicio previo a 1993, sino que ordenaba computar también el que hubieran permanecido en el servicio militar obligatorio.

Con esta orden del Ministerio, muchos de los que vieron desestimadas sus pretensiones de cobrar ese «sueldo» por su condición de reservista de especial disponibilidad podrán revocar las negativas del Ejército y acceder a ese estatus.

El Ejército ha dispuesto que la instrucción del departamento de Chacón se comunique a todas las unidades y acuartelamientos, aunque por el momento no ha llegado a difundirse.

Casi un mes después de anunciar la retirada de las tropas de Kosovo, la ministra de Defensa, Carme Chacón, compareció ayer en la Comisión de Defensa del Congreso para dar explicaciones por la polémica levantada por un anuncio que provocó inicialmente un malestar en la OTAN y en Estados Unidos.

La titular de Defensa tuvo que soportar el aluvión de críticas de toda la oposición, que coincidió en criticar el «error» por la forma en que se anunció la retirada, al entender que dañaba la credibilidad española en el exterior, informa Efe.

Carme Chacón intentó justificar la idoneidad de la fórmula empleada para anunciar la retirada, afirmando que fue comunicada por «todos los cauces oficiales» y recalcó que es «coherente» con la postura de España, que llegó a Kosovo en 1999 para proteger a los civiles, se mantuvo tras la declaración de independencia por «responsabilidad» y ahora deja ese territorio por «coherencia» con el no reconocimiento y porque la misión de la OTAN asume nuevas competencias que contribuyen a reforzar el nuevo Estado. «Si se produjo un malentendido ha quedado totalmente aclarado», subrayó la responsable política de los Ejércitos, para después explicar que «todos los aliados» le han transmitido en la Cumbre de Estrasburgo y Kehl «su absoluta comprensión» y el agradecimiento por la «solidaridad de la que ha hecho gala España», informa Ep.

Ante las críticas de la oposición, Chacón se mostró dispuesta a que se modifique la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y se incluya en ella la obligación de que el Parlamento tenga que autorizar, además del envío de tropas que ya se estipula, una retirada como la anunciada en el caso de Kosovo.

Cúmulo de despropósitos

El PP fue uno de los grupos más críticos con Chacón, al asegurar la portavoz de Defensa, Beatriz Rodríguez-Salmones, que «pocas veces hemos visto tal cúmulo de despropósitos». Los populares anunciaron que pedirán la «reprobación formal» por la gestión de esta retirada. Esta censura al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se planteará en el Congreso, aprovechando el debate de la moción de CiU sobre la revisión de la estrategia de la OTAN.

Por su parte, Jordi Xuclà, portavoz de CiU en la Comisión, señaló que el Gobierno debería haber reconocido su «error inicial» al plantear el repliegue, puesto que se ha actuado «muy lejos de los criterios de cumplimiento de la legalidad internacional y de los criterios de una acción multilateral. No ha habido diálogo ni deliberación ante los organismos internacionales», denunció. El diputado del PNV José Ramón Beloki destacó que el Gobierno no ha cumplido con sus compromisos.

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de un militar que había sido expulsado del Ejército por haber consumido cannabis al considerar que la sanción era desproporcionada, reduciéndola a una suspensión de empleo y sueldo de seis meses.

Un soldado destinado en la Agrupación de Transportes de Madrid dio resultado positivo al consumo de cannabis en tres pruebas analíticas que se le realizaron entre enero y mayo de 2006.

Como consecuencia, según lo establecido en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, el acusado fue apartado del servicio.

El procesado recurrió esta sentencia alegando que la sanción era desproporcionada, argumento que el Tribunal Supremo ha admitido al considerar que se trataba de una droga blanda, que no consumía habitualmente (no volvió a dar positivo después de las pruebas mencionadas) y que el soldado había mostrado "un buen comportamiento profesional" durante sus años de servicio en el Ejército.

El alto tribunal ha sustituido por ello la sanción de separación del servicio por una de seis meses de suspensión de empleo y sueldo, invocando el principio de proporcionalidad a pesar de que en el Código Militar castiga cualquier delito con la expulsión del Ejército sin distinguir su gravedad.

Sin embargo, el Supremo ha desestimado otro de los motivos alegados por el recurrente, que afirmaba que la sanción se basaba en una "prueba prohibida" porque estas analíticas "no tienen como finalidad el control del personal a efectos punitivos sino la prevención del consumo de drogas por sus efectos nocivos".

Ante este argumento, la Sala se ha referido a la legislación militar vigente en el momento de los hechos, en la que se legitimaba la intromisión en la intimidad personal en los casos en que se tratara de garantizar la plena aptitud para la adecuada prestación de las funciones de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, explicará esta tarde, a partir de las 16.30 horas, en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados la decisión de retirar las tropas españolas de Kosovo, así como los plazos para efectuar la retirada.

La propia Chacón señaló hace unos días que daría "cumplidísima" cuenta sobre "los inicios y los plazos" del repliegue de las tropas españolas en Kosovo y los tiempos en los que se comunicó a los mandos políticos y militares de la OTAN la decisión, que inicialmente provocó ciertas críticas de la comunidad internacional.

Desde que el pasado 19 de marzo anunciara personalmente la noticia a los militares españoles durante su visita a Kosovo, la titular de Defensa insistió en que el repliegue será gradual, en coordinación con Naciones Unidas y salvaguardando los intereses de la Alianza Atlántica.

Ante los miembros de la Comisión de Defensa, la ministra deberá aportar hoy más información que la que ofreció el pasado 1 de abril durante el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación urgente del Grupo Parlamentario de CiU.

CiU no quedó conforme con las explicaciones y el pasado 2 de abril registró una moción con el objetivo de desaprobar la gestión de Carme Chacón al frente del Ministerio de Defensa.

Críticas del PP

El Partido Popular considera que, a consecuencia del "precipitado" anuncio de la retirada de las tropas españolas de Kosovo, la ministra de Defensa carece de un "plan desde el punto de vista militar" para abandonar la misión de la OTAN.

La portavoz del PP en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Beatriz Rodríguez-Salmones, señaló que "no hay un plan previsto" y, por ello, no confía en que Chacón aporte esta tarde en la Cámara Baja datos concretos sobre esta actuación.

La diputada 'popular' cree que la ministra se puede "camuflar" en los acontecimientos de estos días y "arroparse" durante su discurso en la cumbre de la OTAN y la estrategia para Afganistán.

"No creo que esté ahora mismo en condiciones de precisar más" sobre el repliegue, porque "no hay un plan previsto" ni se han valorado las consecuencias, tanto para Kosovo como para el resto de aliados, en especial Italia, que siguen al frente de la misión de la OTAN.

Al margen de la comparecencia de hoy en la Comisión de Defensa, Rodríguez-Salmones indicó que su grupo estudia pedir una comparecencia conjunta de Chacón y del ministro Miguel Ángel Moratinos para que expliquen el aumento de efectivos en Afganistán, en caso de que no prospere la solicitud de que lo haga el presidente del Gobierno.

Diecinueve días después de que anunciase la retirada de las tropas españolas desplegadas en Kosovo, la ministra de Defensa, Carme Chacón, comparecerá esta tarde ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Su misión no sólo será la de dar detalles sobre esa decisión de replegar las tropas, sino que tendrá que hacer frente a las numerosos críticas que se le avecinan, sobre todo de la bancada popular. Y es que, su «exclusiva» ante los militares en la Base España, sede del destacamento español, sin contar con la OTAN o sin informar a los altos mandos militares no sentó bien en España ni fuera de ella. De esta forma, deberá dar cuenta de cómo se llevará a cabo el repliegue de los militares, cuándo comenzará, hasta cuándo se prolongará... Todo, con argumentos sólidos que tendrán que convencer no sólo a la Cámara Baja, sino también a la Alianza Atlántica y a sus miembros. Junto a esto, también deberá explicar qué ocurrirá con los soldados que iban a relevar a las unidades en Kosovo y que desconocían si finalmente iban a viajar hasta el país asiático. Al respecto de esa salida de un país que el Ejecutivo español no reconoce como independiente, el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Defensa del Congreso, Jesús Cuadrado, afirmó ayer que, «en la manera de plantear las cuestiones por todo el mundo quizá haya habido una falta de explicación sobre lo que significan más o menos tropas y lo que supone la presencia en Afganistán», al tiempo que subrayó que «el cambio de estrategia» de la OTAN en el país asiático «es de todos los aliados, no de Zapatero».

Zapatero destacó que permanecerá allí «el tiempo estrictamente necesario», entre tres y cuatro meses, para garantizar las elecciones

La OTAN respaldó la nueva estrategia de Obama en Afganistán y enviará unos 5.000 soldados y 100 millones de dólares más, según se comprometieron ayer los Veintiocho en la última jornada de la cumbre con la que la organización militar conmemoró los 60 años de su fundación. España contribuirá con un batallón de 450 hombres que en principio permanecerán en el país «el tiempo estrictamente necesario» para asegurar el desarrollo del proceso electoral afgano, según confirmó el presidente del Gobierno español.

No serán más de «tres o cuatro meses» y, según José Luís Rodríguez Zapatero, «España no va a aumentar el contingente» que actualmente tiene desplegado en el país de los talibanes, compuesto por 778 militares, casi la mitad de ellos pertenecientes a la Brilat de Figueirido (Pontevedra). El refuerzo deberá ser aprobado por el Congreso.

Cuarenta guardias civiles

Al nuevo batallón se sumarán 40 guardias civiles, que contribuirán a la formación de la policía local y otros doce para entrenar un batallón. Además, el Gobierno aportará 5 millones de euros para financiar la celebración de los comicios del 20 de agosto y 4 millones para el entrenamiento del Ejército afgano. Un esfuerzo «financiero y material, pero ante todo un gran esfuerzo humano», con mención especial para los 87 militares españoles que se han dejado la vida desde la llegada de las tropas a Afganistán en el 2002.

Como Zapatero, el resto de socios de la Alianza se han dejado seducir por las tesis de Barack Obama. Los 5.000 hombres suplementarios que aportarán los europeos son una pequeña contribución a los más de 21.000 que enviará Washington. Se trata de hecho de una nueva misión que la OTAN ha decidido bautizar como de Formación para Afganistán. La mayor aportación será la del Reino Unido, con 900 hombres.

Las ironías que se gastó Rodríguez Zapatero el pasado jueves en el Congreso sobre «la gran hazaña de Perejil» han sentado mal en el Ejército, no sólo en la oposición. Para el Partido Popular pudo ser la página más brillante de su política exterior (julio de 2002), el episodio en que la decisión política, sumada a las buenas relaciones con los Estados Unidos y el respeto alcanzado en la Unión Europea permitió a España responder con celeridad y eficacia a la provocación marroquí. Para los militares fue una demostración de que estaban a la altura del reto, capacitados y coordinados entre las distintas armas para disuadir al país vecino de intentar cualquier aventura. Recuperar Perejil era una prueba y la superaron con nota.

Este es el sentimiento del estamento militar después de las chanzas y reproches de Zapatero al comparar su propio «buen hacer» en política exterior -intentaba tapar el lío organizado con la retirada por sorpresa de Kosovo- con la etapa del PP. Para el presidente del Gobierno, la acción exterior de Aznar tuvo como hechos más remarcables «la guerra ilegal de Irak y la gran hazaña de Perejil». Y dejó sin contestar la posterior pregunta de Rajoy: « ¿Qué quiere decir con lo que ha dicho sobre el asunto de Perejil? ¿Qué pasa si alguien invade territorio español? Me gustaría saber cuál es la posición que mantendría en ese caso como presidente del Gobierno de España».

Aparte de la acreditada obsesión de Zapatero por hacer lo contrario que Aznar, queda la cuestión de si también considera negociables los retos a integridad territorial, porque en el debate parlamentario no se molestó en aclararlo y sólo agregó que le pareció «surrealista» la crisis de Perejil.

Aparte de la acreditada obsesión de Zapatero por hacer lo contrario que Aznar, queda la cuestión de si también considera negociables los retos a integridad territorial, porque en el debate parlamentario no se molestó en aclararlo y sólo agregó que le pareció «surrealista» la crisis de Perejil.

Desde el Sahara

Casi siete años después del episodio, los mandos militares de aquella etapa defienden lo contrario. «Fue un punto de inflexión; no cedimos como en el Sahara, era un reto a la soberanía nacional; la única salida que nos dejaron era echarlos y lo hicimos». Son las reflexiones de un alto mando de la Armada que participó en el diseño y ejecución de la respuesta y prefiere mantenerse en el anonimato. Desde el Ejército de Tierra, el ex jefe de su Estado Mayor, Alfonso Pardo de Santayana, ya en la reserva, proclama en su nombre y en el de todas las Fuerzas Armadas que la recuperación de Perejil fue «una brillante operación» que llena de orgullo a las FAS, «un excelente trabajo realizado por los militares».Aparte de la acreditada obsesión de Zapatero por hacer lo contrario que Aznar, queda la cuestión de si también considera negociables los retos a integridad territorial. Pardo de Santayana, que organizó el dispositivo para expulsar a los marroquíes del islote, insiste en que la respuesta militar, muy medida y que se hizo inevitable ante el fracaso de las gestiones diplomáticas, «fue un aviso a Marruecos de que no podía haber aventuras porque el Ejército español está muy bien preparado».

El teniente general recuerda que la entrega de los militares marroquíes detenidos por los españoles «se hizo en la frontera y a cargo de la Guardia Civil para hacer ver que no se trataba de una guerra». Un almirante de la misma etapa recuerda que el principio de la disuasión funcionó para parar los pies a Marruecos: «Hubo decisión política y una buena ejecución militar, una perfecta coordinación entre las unidades». Según este alto mando, aunque el objetivo parecía pequeño -Perejil-, era la prueba que Marruecos ponía para ver si podía aspirar a más en el futuro: Ceuta y Melilla. El militar destaca que la decisión del Gobierno de la época fue inevitable y trascendente porque rompía con décadas de cesiones, quizá inevitables en la Transición, pero no en 2002: «Era un desafío que afectaba a la soberanía nacional, los militares vimos que el Gobierno obraba en consecuencia y el resultado nos llenó de orgullo, las Fuerzas Armadas demostraron que estaban preparadas. No era una cuestión de medir fuerzas con Marruecos, sino de voluntad para hacerse respetar.»

Para los militares, Perejil fue un momento brillante para la política exterior española, y también para las FAS utilizadas como último recurso en una operación muy medida.

Francisco Javier González Castilla, hermano del capitán Ignacio González, muerto en el accidente del Yak-42, ha afirmado hoy que los responsables políticos de Defensa cuando se produjo el siniestro ocultaron toda la información y les trataron con «muchísimo desprecio». González Castilla ha asegurado que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, no les dio «ni el pésame».

Con la testificación de este familiar, la Audiencia Nacional ha reanudado hoy el juicio contra tres altos mandos militares por la errónea identificación de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del YAK, ocurrido en Turquía en 2003.

A lo largo de esta jornada se sucederá la presentación de pruebas periciales y finalmente no se ha aplazado hasta mañana la comparecencia como testigos de diversas autoridades turcas, a través de videoconferencia, como estaba previsto.

En su intervención, Francisco Javier González Castilla, que fue presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak, ha declarado que les dijeron que se iban a hacer las pruebas de ADN en Turquía y que su cuerpo sería repatriado no antes de una semana. El mismo día del accidente «algo olía mal en todo esto» y se quedaron «alarmados» con la presencia del psicólogo enviado por Defensa, según ha recordado. Al día siguiente, el 27 de mayo, Defensa les dijo que informaría sobre el funeral de Estado y los familiares, efectivamente, recibieron la noticia de que «el 28 sería el funeral». Ha afirmado que tras el funeral pidieron ver el cadáver y se lo negaron. Francisco Javier González ha relatado que Trillo recibió a su padre, el único familiar con quien tuvo esa deferencia, y «en ningún momento le consoló, ni le comentó ninguna de las causas del accidente».

«No le dio ni el pésame», ha asegurado el hermano del capitán fallecido, quien ha agregado que Trillo pidió a su padre que «la Asociación de familiares de las víctimas no investigara». Tras señalar que solo había visto llorar una vez a su padre, el hermano del capitán fallecido ha afirmado que su padre pidió más explicaciones y envió una carta a Trillo en la que le pedía que «diera la cara» y dejara de «engañar» a los familiares.

«Sentimos muchísimos desprecios e incomprensiones. No entendíamos absolutamente nada. Nos ocultaban toda la información».

Como nieto, hijo y hermano de militar, ha considerado que le hubiese gustado que los militares se hubieran comportado con los valores de los militares. González Castilla ha recordado que muchas familias pidieron entrevistas con Defensa y en una de ellas celebrada con el secretario general de política de Defensa, Jiménez Ugarte, se pudo comprobar una situación muy tensa, en la que el número tres de Trillo le dijo a su hermano que «no volviera nunca más por el Ministerio».

Tras señalar que conoció la identificación verdadera de su hermano en febrero de 2004, este familiar ha confesado que su madre sigue hoy con tratamiento por «los daños psíquicos y morales que las autoridades políticas del Ministerio de Defensa» han causado a los familiares. También ha subrayado que en ningún momento tuvieron un certificado de defunción y que enterraron a su hermano «sin licencia de enterramiento».

La integración de las dos escalas de oficiales existentes en las Fuerzas Armadas es el punto más polémico de la Ley de la Carrera Militar. Para equipararse a los de la escala superior, los de la media deben realizar un curso de adaptación que muchos califican ya de «inútil» y «pérdida de tiempo». El Ministerio de Defensa otorgó una partida de 48 millones de euros para realizar cuatro cursos de adaptación de seis meses cada uno, el primero de los cuales se está desarrollando ahora.

La mayor parte del dinero presupuestado va a las compensaciones en dietas y residencia eventual de los alumnos y profesores. Visto el elevado coste que supone para las arcas debilitadas del Ministerio, éste se ha planteado reducir la fase presencial de los cursos venideros, lo que supondrá que los siguientes concurrentes y docentes cobrarán menos dietas que los actuales.

El curso que se está desarrollando actualmente consta de una fase presencial de 22 semanas. Según la propuesta elevada por el Ejército de Tierra al departamento que dirige Carme Chacón, esta fase quedaría reducida a 14 semanas, el mínimo contemplado en la Orden Ministerial que regulaba el curso. Por contra, se amplía la fase que los concurrentes deben realizar desde sus casas a 21 semanas. Esta medida conlleva la variación de los planes de estudio ya diseñados y reduce el coste total en aproximadamente diez millones de euros.

Al excesivo coste del curso se unen las quejas de los concurrentes al mismo, que desde un principio ha suscitado todo tipo de críticas. En primer lugar porque no tiene ninguna validez académica; en segundo término porque nadie se ha preocupado en convalidar las licenciaturas que tienen muchos oficiales, que ahora se tienen que examinar de asignaturas que ya estudiaron durante su carrera civil.

Entre quejas de abusos de autoridad por parte del profesorado, autoconcesión de potestad sancionadora, falta de transparencia en los criterios de evaluación y un largo etcétera, lo que más preocupa a los oficiales que están realizando la adaptación es su futuro profesional. En ninguna de las normas que establecen o desarrollan el curso se especifica qué pasará con los oficiales que lo superen con éxito. Nadie, según fuentes militares consultadas por este diario, sabe si una vez que estén integrados con los de la escala superior podrán mantener su puesto actual o tendrán que optar a uno acorde con su nueva condición, dado que, en la mayoría de los casos, el lugar en el que servían hasta ahora estaba reservado para la escala media. Debido a esta incertidumbre, muchos de los actuales alumnos están planteándose suspender el curso en las últimas semanas para repetirlo en la siguiente convocatoria, algo a lo que tienen derecho, a la espera de que para entonces se haya aclarado este punto.

Los recortes presupuestarios en el Ministerio de Defensa alcanzan a todas las actividades de las Fuerzas Armadas, también al capítulo de celebraciones. En el Día de las FAS, instituido desde 1987 y convocado este año para el día 31 de mayo en Santander, no habrá el gran desfile terrestre y aéreo habitual, según confirmaron a ABC en fuentes del Estado Mayor de la Defensa, que es el órgano encargado de hacer el programa.

Sí se desarrollará una demostración aeronaval con un ejercicio de desembarco en la playa de El Sardinero y la presencia de varias unidades de la Armada, con una fragata F-100 al frente. Habrá exhibición de aviones de despegue vertical Harrier, helicópteros y ejercicios acrobáticos a cargo de la patrulla Águila del Ejército del Aire. Y se mantienen, como es obvio, el resto de las ceremonias como los homenajes a la bandera y los caídos. Lo tradicional, un tanto aquilatado, pero sin lo más caro: la gran parada militar.

En Defensa consideran que resulta un exceso celebrar dos grandes desfiles terrestres al año -en la Fiesta Nacional del 12 de octubre y otra en mayo con motivo del Día de las Fuerzas Armadas-, y sobre todo este año que el departamento que dirige Carme Chacón se ha llevado el grueso de los recortes presupuestarios en ministerios de «inversión» decididos por Rodríguez Zapatero: un 2,89 por ciento sobre la cantidad del año anterior.

Además, en la disminución de fondos adicional aprobada por el Consejo de Ministros en febrero para tomar alguna medida de austeridad adicional, a Defensa le tocó ahorrar otros 150 millones de euros sobre los ya «perdidos» en el proyecto de cuentas del Estado que se aprobó en diciembre. Dietas y combustible

Mover casi 2000 militares de todas las armas y unidades, vehículos terrestres y aviones supone un gran gasto para Defensa, también en dietas y combustible, y prefiere evitarse el dispendio en un momento en que se ve obligado a recortar en maniobras, entrenamientos, cursos y revisiones de barcos. El pasado año desfilaron en Zaragoza 1.800 militares, 45 aviones y helicópteros y 86 vehículos de todo tipo, de carros de combate a artillería autopropulsada.

Los tres Estados Mayores han dado órdenes de gastar lo mínimo y, al tiempo, intentan que quede garantiza la operatividad de los Ejércitos. El capítulo de celebraciones es el primero en encajar los recortes.

En fuentes de Defensa añadieron que, más que eliminar el desfile terrestre de los actos del día 31, nunca contaron con incluirlo, pues estaba previsto que la Armada se encargara del grueso de la celebración por ser Santander, ciudad marinera, la que acoge el Día de las FAS. La propuesta de aportación del Estado Mayor de la Armada incluye el desplazamiento de una moderna fragata F-100 atracada en El Ferrol -mover el portaaeronaves Príncipe de Asturias es mucho más caro- y el de un buque de asalto anfibio con fuerzas de Infantería de Marina, además de aviones y helicópteros de sus unidades.

Por segunda vez Carme Chacón ha suscitado especial atención fuera de España: en la primera ocasión, hace ahora un año, las agencias de prensa internacionales difundieron su cóncava silueta cuando tomó posesión como ministra de Defensa «heavily pregnant» (o sea, en muy avanzado estado de gestación), y ahora han vuelto a reparar en ella por el embarazoso episodio de la retirada de Kosovo, una situación resumida como «backtracking» («marcha atrás») por Reuters, fuente presumiblemente distanciada del guirigay político doméstico. El «fuego amigo» de la descoordinación ha alcanzado de lleno al Gobierno, sin que la oposición haya esgrimido en este caso más munición que la del estupor ante un estropicio innecesario sobre el que ironiza algún diputado del Partido Popular: «Contra Bush vivían mejor».

Chile y Bruselas

Ahora el Gobierno se empeña en rebobinar y trata de recomponer los platos rotos, operación que está obteniendo algún resultado en el frente del malentendido exterior. Al menos, José Luís Rodríguez Zapatero ha conseguido en Chile la foto con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Chacón trató de hacer creíble la sintonía con la OTAN en su viaje del jueves a Bruselas. Para aquietar las aguas, el Gobierno ha tenido también que añadir a sus plazos en principio irrenunciables (la retirada antes de que acabe verano) el estrambote de que para esas fechas se habrá replegado «el grueso» de nuestras tropas «de forma flexible y escalonada».

Mucho más insostenible ha resultado el intento de «vender» que ha habido una adecuada comunicación interna en el seno del Gobierno, después de que el secretario general de Presidencia, Bernardino León, dejara claro que se produjeron cortocircuitos. Ante esa evidencia de poco sirvieron el posterior pronunciamiento de Miguel Ángel Moratinos o las palabras de la propia ministra en Rota. Y ahora, en la ardua tarea de reconstrucción, Defensa desmiente también la interpretación de que Chacón haya admitido fallos pues, según fuentes del Ministerio, se ha confundido la palabra que utilizó («equívoco») con equivocaciones. Al menos, ha quedado claro que la OTAN fue informada y que también hubo interlocución con Estados Unidos, sin que se sepa qué distorsionó los contactos con la Administración Obama para que el portavoz del Departamento de Estado Robert Wood se pronunciara con tanta dureza, al expresar la «profunda decepción» de su país por la decisión de España. El Gobierno ha reparado parcialmente el fiasco internacional, pero no ha explicado en condiciones la descoordinación interna. Mal comienzo con Obama Torcidos así los prolegómenos del anunciado idilio Zapatero-Obama, el seísmo ha llegado en el momento más inoportuno, a pocos días de la «primera foto» del presidente del Gobierno español con la del de Estados Unidos en Praga. Como daño colateral, ha agrietado además la imagen de Carme Chacón, a quien se suponía ungida como «sucesora» del jefe del Ejecutivo y que ahora se ve salpicada por uno de esos «golpes de efecto» a los que es tan aficionado su mentor monclovita. El «os volvéis a casa» transmitido por la ministra a los soldados españoles destacados en Kosovo, aparentemente calculado y destinado a computar en el «haber», gravó el «debe» de un Gobierno noqueado por la crisis económica. Ha sido la única foto «movida» en la ya amplia galería de retratos de Chacón, que abarca desde el esmoquin de la Pascua Militar a los maternales reportajes de «conciliación» (con el pequeño Miquel en brazos), pasando por las imágenes de sus viajes a las misiones en el exterior o el énfasis en medidas pintorescas, como la de adaptar los uniformes de las mujeres militares al nuevo tallaje «campana-cilindro-diábolo» surgido del estudio antropométrico encargado por el ministro de Sanidad, Bernat Soria. Ingredientes en todo caso efectivos, pues en un reciente sondeo del CIS Chacón se ha colocado como la «más valorada» del Gobierno, por delante de María Teresa Fernández de la Vega y de Alfredo Pérez Rubalcaba. Balance favorable de una política de comunicación «de diseño», basada en mucha escenificación y poco contacto directo con los periodistas. Una exagerada «coraza» ante los medios que puede terminar por no favorecer a una dirigente curtida, experimentada como parlamentaria y con cintura para afrontar los embates de la opinión pública.

Carrera meteórica

Chacón, nacida en 1971 en Esplugues de Llobregat (Barcelona) irrumpió en la Ejecutiva del PSOE de la mano de José Luís Rodríguez Zapatero y llegó al Gobierno como ministra de Vivienda, un breve rodaje que la catapultó a un Departamento fuerte, Defensa, al que llegó en plena polvareda por el Estatuto de Cataluña, interpretado como certificado de la deriva nacionalista de su «partido matriz», el PSC. Así, en sus primeros actos castrenses se escrutó la intensidad y entusiasmo con que lanzaba al aire los preceptivos « ¡Viva España!» y se hurgó en todos y cada uno de sus gestos, en busca de inexistentes déficits de patriotismo. Pero su trayectoria en Defensa viene esencialmente determinada por la «era Obama», que la ha obligado a ampliar el número de soldados en misiones en el exterior para adaptarse a los requerimientos del «amigo americano». Ahora la ministra, a petición propia, comparecerá el día 7 ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el enredo kosovar, mientras queda en el alero si tendrá que hacerlo también ante el Pleno, como pide el PP, y si a raíz de este episodio se ha devaluado su futuro. O el del propio Zapatero, el «capitán» que no sabe mandar firmes.

EL presidente del Gobierno ha tenido ya la oportunidad de comprobar que la relación con los aliados se basa tanto en tomar decisiones correctas como en mantener actitudes fiables. Si la imagen de España ante sus socios atlánticos es la que reflejan los reproches de sus dirigentes y los titulares de la Prensa extranjera a cuenta del repliegue de nuestras tropas en Kosovo, también ha podido saber Rodríguez Zapatero que ni ha tomado la decisión correcta, como hoy mismo y desde ABC le reprocha Franco Frattini, ministro italiano de Exteriores, ni está mostrando una actitud que inspire confianza. Incluso el recuerdo de Irak ha actuado como un precedente perjudicial para el Gobierno español, porque la espantada de abril de 2004 dejó una estela de mal hacer y deslealtad que aún perdura en las esferas políticas internacionales.

Rodríguez Zapatero no ha sabido aprovechar siquiera el apoyo que ya tenía del PP para ordenar el regreso de las tropas desplegadas en Kosovo. La declaración unilateral de independencia de este territorio hacía muy difícil la continuidad del contingente español, pero no había que salir a la carrera: era suficiente que planificara un calendario de retorno con la OTAN, como finalmente ha tenido que hacer. Sin embargo, Zapatero se resiste a comprender el significado de una alianza de seguridad colectiva y la seriedad que exigen los compromisos militares. Su proceder frívolo en el anuncio del repliegue de las tropas no ha hecho honor al excelente trabajo del Ejército español en los Balcanes, ni a la reputación de nuestros militares en la OTAN por su labor sobre el terreno. Aún hoy, después de cuatro versiones sobre la posición del Gobierno, es imposible saber a ciencia cierta cuándo y cómo se va producir el repliegue. Queda aún el trance de Afganistán. El presidente Obama ha apostado por el uso de la fuerza y ha mandado 4.000 soldados más. Exigirá a sus aliados la misma respuesta y pondrá a prueba, de nuevo, al Gobierno español.

Cuando la ignorancia y los prejuicios ideológicos dominan las decisiones sobre política exterior, lo normal es que el Gobierno acabe incomunicado, desplazado de las grandes decisiones estratégicas, desterrado a papeles menores e improvisando a la carrera encuentros internacionales para paliar los daños. Zapatero decidió a última hora asistir a la reunión de líderes progresistas que se celebra en Chile, y en la que ayer tuvo oportunidad de posar junto a Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos y gran defensor de la intervención militar en Irak. La búsqueda de una foto que lave la cara al Ejecutivo español va a convertirse en el gran objetivo de La Moncloa. En los próximos días, el presidente del Gobierno va a realizar varios viajes que le permitirían coincidir con Obama, quien, sin embargo, no asistirá en Estambul a la cumbre de la Alianza de Civilizaciones, el fallido juguete diplomático de Zapatero. Sin duda, una imagen conjunta de ambos presidentes será la gran baza que el Ejecutivo socialista quiera hacer valer para desmentir el deterioro diplomático español, pero el precio es caro y el resultado, efímero, como ya sabe Zapatero desde que anunció que volvía al «corazón de Europa» de la mano de Schröder y Chirac y, luego, los cambios de gobierno en Francia y Alemania desmantelaron sus previsiones. No hay foto que supla la falta de proyección internacional de un Gobierno que no ha aprendido nada de política exterior en cinco años de mandato.

«Todo aclarado». Al menos así lo cree el Gobierno tras la reunión mantenida por la ministra de Defensa con el secretario general de la OTAN para analizar la retirada de España de Kosovo. La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega señaló que el repliegue se efectuará de forma «gradual y coordinada» con los socios de la Alianza. Fernández de la Vega dijo que el encuentro de Carme Chacón con el secretario general de la OTAN salió «bien» y «nos damos por satisfechos». De modo que «todo está dicho y aclarado».

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los errores en la identificación de treinta de los cadáveres de los militares muertos en el accidente del 'Yak-42' decidió hoy llamar a declarar al teniente general Luís Alejandre, jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) cuando se produjo el siniestro. Lo hizo después de que su sucesor en el cargo, el teniente general Félix Sanz Roldán, declarase en el juicio que le oyó decir que había comunicado a la cúpula del ministerio que dirigía Federico Trillo que había cuerpos sin identificar, y que planteó sin éxito la conveniencia de demorar los entierros hasta concluir las labores de filiación.

El testimonio de Sanz Roldán dio un vuelco al juicio y obligó al tribunal a aceptar una de las peticiones clave para la defensa. El general Alejandre ha sido citado para el próximo martes 31, y su testimonio será determinante para volver a revisar si Trillo pudo incurrir en alguna responsabilidad con respecto a los errores en la filiación de los militares muertos. Su declaración fue calificada hoy como «importante» por las acusaciones particulares.

Según Sánz Roldán, que accedió al cargo un año después del siniestro, su antecesor le comentó que, en una reunión del Consejo de Dirección del ministerio celebrada un día después del accidente, recibió la noticia de que había cadáveres sin identificar, y se lo comunicó a los presentes, entre ellos el ex ministro Trillo y su 'número dos', el diplomático Javier Jiménez-Ugarte.

-¿Cuándo se reunió con el general Alejandre?, le interpeló el letrado de la acusación, Leopoldo Torres.

-El 29 de junio de 2004, un año después del accidente. Fue por encargo del ministro José Bono para su investigación.

-¿Y qué le dijo?

- Que en una reunión celebrada en una sala anexa al despacho del ministro (Federico Trillo) propuso entregar a los identificados positivamente y los que no, que se trasladaran a un centro para que se procediera a su identificación.

«No le oí decir eso»

Después, el que fuera jefe de gabinete de Trillo, Manuel Bretón, negó la versión de Sánz Roldán. «No recuerdo absolutamente nada de eso, yo no le oí decir eso», señaló a preguntas del fiscal. Bretón estuvo en esa reunión y confirmó que también lo hizo Trillo. Una cita en donde se fijó que el funeral de Estado sería al día siguiente, el miércoles 28 de mayo.

La controversia cayó como una bomba en la sala, Concluida la declaración de Bretón, el tribunal presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez aceptó la petición de la defensa del general Navarro para que Alejandre diese su versión de lo sucedido. Su petición fue respaldada por la Fiscalía y el resto de acusaciones particulares, y el general citado para el martes. La sesión de este jueves sirvió también para escuchar los primeros testimonios de los familiares de los fallecidos. Y todos coincidieron en un extremo: enterraron a sus muertos sin un certificado que exhibir ante los servicios funerarios, que en algunos casos platearon problemas. Quien era cónsul de España en Turquía en el momento del siniestro, Raimundo Ezquerra, autoridad encargada de certificar las actas de defunción de los militares, dijo haber emitido cuantos documentos fueron necesarios para su registro, lo que luego fue muy criticado por los familiares, que aseguraron al tribunal que no recibieron ningún tipo de certificado de defunción por parte del ministerio.

Ezquerra aseguró desconocer los errores en las identificaciones y se limitó a detallar su cometido. A preguntas del fiscal, reconoció que no se cumplieron los trámites y que se trasladaron los féretros «sin papeles». Y lo justificó por el hecho de que las autoridades españolas y turcas se pusieron de acuerdo para la repatriación «inmediata». Su testimonio, muy trabado, sacó de quicio al fiscal Fernando Burgos.

La Brilat despidió ayer a los 962 soldados que, a partir del próximo mes de abril, se desplegarán por espacio de cuatro meses en el Líbano. El general jefe de la unidad pontevedresa, José María Prieto Martínez, será el máximo responsable militar del sector Este y tendrá bajo su mando a más de cuatro mil personas procedentes, además de España, de la India, El Salvador, Malasia, Nepal, Indonesia, Polonia y China.

En su alocución de ayer, el general de brigada Prieto Martínez recordó a la tropa que son soldados y como tales deben «estar siempre preparados para asumir los riesgos que toda misión conlleva». Es por ello que, tratándose de una misión no exenta de peligros, instó a que el contingente extreme «las medidas de seguridad y de protección», así como a que se evite que «un descuido provoque un accidente del que tengamos después que lamentarnos».

En este sentido, recordó que, en el transcurso de su despliegue, el Líbano celebrará en junio unas elecciones, lo que «es un elemento inestable dependiendo de como se produzcan los resultados». No obstante, precisó que, en principio, no espera «ninguna cosa que complique la misión». José María Prieto realizó hace un mes un reconocimiento sobre el terreno de este escenario de operaciones. «Me he encontrado un poco lo que ya esperaba: una situación de tensa calma, una situación que normalmente debería continuar así».

No dudó, en todo caso, de que la suerte es un factor a tener en cuenta, pero defendió: «También hay que buscarla y nosotros hemos sabido buscarla con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo». El general de división José Ignacio Medina Cebrián, jefe del mando de Fuerzas Ligeras, explicó que el cometido de las tropas españolas no es otro que «mantener un ambiente estable y seguro en la zona en colaboración con las fuerzas del Ejército libanés». En relación con la situación que atraviesa este país de Oriente Medio, señaló: «No podemos decir que no hay riesgo», pero subrayó que «el ambiente, afortunadamente, va mejorando». De los 962 soldados que se desplegarán en el Líbano, 399 proceden de la base asturiana de la Brilat y 254 del cuartel de Pontevedra, mientras que 52 se adscriben a las Fuerzas Armadas de El Salvador

DE LA ENTREVISTA que ayer mantuvieron la titular de Defensa y el secretario general de la OTAN se desprende que no existe garantía alguna de que los militares españoles desplegados en Kosovo puedan regresar a España «antes de que acabe el verano», tal como se comprometió Carme Chacón en el Senado. La ministra no notificó a los aliados una fecha tope de permanencia de nuestras tropas, ni se hizo referencia a plazo alguno en el comunicado posterior a la reunión. Mas aún, acordó con la OTAN que el repliegue se hará de forma «coordinada, gradual y escalonada» y fió a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza de junio el momento en que «se compartirá» la situación del repliegue. Chacón debe aclarar pues si lo que hace tres días se presentó como una «decisión inamovible de todo el Gobierno» ahora está sujeto a los plazos y requerimientos de nuestros compromisos internacionales.

DE LA ENTREVISTA que ayer mantuvieron la titular de Defensa y el secretario general de la OTAN se desprende que no existe garantía alguna de que los militares españoles desplegados en Kosovo puedan regresar a España «antes de que acabe el verano», tal como se comprometió Carme Chacón en el Senado. La ministra no notificó a los aliados una fecha tope de permanencia de nuestras tropas, ni se hizo referencia a plazo alguno en el comunicado posterior a la reunión. Mas aún, acordó con la OTAN que el repliegue se hará de forma «coordinada, gradual y escalonada» y fió a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza de junio el momento en que «se compartirá» la situación del repliegue. Chacón debe aclarar pues si lo que hace tres días se presentó como una «decisión inamovible de todo el Gobierno» ahora está sujeto a los plazos y requerimientos de nuestros compromisos internacionales.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los errores en la identificación de 30 de los cadáveres de los militares muertos en el accidente del Yak-42 decidió ayer llamar a declarar al teniente general Luís Alejandre, jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) cuando se produjo el siniestro. Lo hizo después de que su sucesor, el teniente general Félix Sanz Roldán, declarase en el juicio que le oyó decir que había comunicado a la cúpula del ministerio que dirigía Federico Trillo que había cuerpos sin identificar, y que planteó sin éxito la conveniencia de demorar los entierros hasta concluir las labores de filiación.

El testimonio de Sanz Roldán dio un vuelco al juicio y obligó al tribunal a aceptar una de las peticiones clave para la defensa. El general Alejandre fue citado para el próximo martes y su testimonio será determinante para volver a revisar si Trillo tiene alguna responsabilidad en los errores en la identificación. Su declaración fue calificada como importante por las acusaciones particulares.

Según Sanz Roldán, que accedió al cargo un año después del siniestro, su antecesor le comentó que en una reunión del consejo de dirección del ministerio celebrada un día después del accidente recibió la noticia de que había cadáveres sin identificar y se lo comunicó a los presentes, entre ellos el ex ministro Trillo y su número dos, el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, y propuso entregar a los identificados y los que no, que se trasladaran a un centro para que se procediera a su identificación.

Versiones encontradas

Después, el que fue jefe de gabinete de Trillo, Manuel Bretón, negó la versión de Sanz Roldán. «No recuerdo absolutamente nada de eso, yo no le oí decir eso», señaló a preguntas del fiscal. Bretón confirmó que estuvo en esa reunión, al igual que el ministro Trillo, pero fue una cita en la que únicamente se fijó que el funeral de Estado sería al día siguiente, el miércoles 28 de mayo. La controversia cayó como una bomba en la sala. Concluida la declaración de Bretón, el tribunal presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez aceptó la petición de la defensa del general Navarro para que Alejandre diese su versión de lo sucedido. Su petición fue respaldada por la Fiscalía y el resto de acusaciones particulares, y el general fue entonces citado para el martes. La sesión de ayer sirvió también para escuchar los primeros testimonios de algunos de los familiares de los fallecidos. Y todos coincidieron en un extremo: enterraron a sus muertos sin un certificado que exhibir ante los servicios funerarios, que en algunos casos incluso plantearon problemas.

Quien era cónsul de España en Turquía en el momento del siniestro, Raimundo Ezquerra, autoridad encargada de certificar las actas de defunción de los militares, dijo haber emitido cuantos documentos fueron necesarios para su registro, lo que luego fue muy criticado por los familiares, que aseguraron al tribunal que no recibieron ningún tipo de certificado de defunción por parte del ministerio.

Ezquerra aseguró desconocer los errores en las identificaciones y se limitó a detallar su cometido. A preguntas del fiscal reconoció que no se cumplieron los trámites y que se trasladaron los féretros «sin papeles». Y lo justificó por el hecho de que las autoridades españolas y turcas se pusieron de acuerdo para la repatriación «inmediata». Su testimonio, muy trabado, sacó de quicio al fiscal Fernando Burgos.

«No sé si hubo mala fe, pero sí que hubo prisas», ha declarado el presidente del congreso en relación con el juicio sobre el caso Yak-42.

El presidente del Congreso y ex ministro de Defensa, José Bono, ha afirmado hoy, en relación con el juicio sobre el caso Yak-42 que se celebra en Madrid, que sabe «muchas cosas» sobre el accidente, y que está dispuesto a declarar si el tribunal se lo pide.

Según ha indicado José Bono en unas declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Efe, como ministro de Defensa que fue poco después del accidente del avión del ejército español que se estrelló el 26 de mayo del 2003 en Trebisonda (Turquía) y que provocó el fallecimiento de 62 militares, tuvo la ocasión de conocer muchas cuestiones relacionadas con el siniestro.

Ha precisado en este punto que se decía «que la identificación de los cadáveres era imposible porque no había muestras de ADN», lo cual, ha corregido, «era mentira, puesto sí que había (muestras), y se acreditó la falsedad, la mala forma en como se hizo, y ahora se celebra el juicio», ha añadido.

Sobre si estaría dispuesto a declarar lo que sabe sobre el caso, Bono ha afirmado: «Claro que sí, como ya hice cuando me llamaron por el tema de la contratación del avión».

El presidente del Congreso ha explicado que «el primer problema» que tuvo que abordar como ministro de Defensa fue precisamente el del Yak-42.

«A mi me llegaron a decir que fuese con cuidado con las familias porque lo que querían era dinero», ha revelado, y también que «los viajes de los militares no eran viajes de novios a Cancún, y esto dicho por el jefe del Ejército».

Al parecer, ha añadido, «les habían entregado los cadáveres sin permitirles abrir las cajas, los habían entregado mal, con una identificación en la que las prisas y el deseo de cumplir un protocolo eran más importantes que la verdad».

En consecuencia, ha recalcado José Bono, «no sé si hubo mala fe, pero sí que hubo prisas»

Vaya semana. Y ella, la sonrisa del régimen zapateril, que se las prometía felices cuando inició su viaje a Kosovo. Al fin y al cabo iba a anunciar la buena nueva: la vuelta a casa de los soldados españoles. En fin, un viajecito en pleno Puente de San José, un «capitán, mande firmes», la frase de rigor bien preparada para la ocasión: «La misión está cumplida, es hora de volver a casa» ¿ ¡Y a llenar telediarios y portadas de periódicos! Un chollito político, vamos. Lo que iba a ser una «Blitzkrieg» con Hércules y cámaras de televisión se ha convertido en el Bailén de la Chacón. ¡A los compañeros de partido los carga el diablo! Y cuando se empiezan a ver las orejas al lobo de la crisis gubernamental, meterle perdigón en las alas a la valorada y mediática ministra de Defensa es una acción preventiva. ¿Días de vino y rosas de Chacón? Los sillones están ocupados y nadie quiere perder su sitio. Al menos sin oposición. Y en política, como en la guerra, todo vale. Firmes, lo que se dice firmes, sólo se ponen los soldados. Cuando se lo ordenan. Los compañeros de filas políticas, si pueden y les dejan, colocan en descanso hasta a la ministra de Defensa. ¡Menudos son! Tampoco José Luís Rodríguez Zapatero, además, está para presidir desfiles. Ni para ordenar así como así un «Pepiño, mande firmes».

Si se hubiera pedido permiso para tomar esta decisión consultando multilateralmente hubiéramos recibido presiones tal vez insoportables Se nota que la Ministra Carmen Chacón no hizo el servicio militar. En el pasado era obligatorio para los varones y el paso por el Ejército, en bastantes familias, se entendía como un método para la forja del carácter. Las mujeres de mi generación realizaban el «Servicio Social», pero era cosa poco seria. Sólo los hombres manejaban armas de todo tipo, además de vivir al aire libre en campamentos, aprender disciplina -algo que a algunos jóvenes de hoy les convendría- y sacrificio en muchos órdenes. Cuando uno se dirigía a un superior jerárquico para entrar a su despacho o solicitarle algo era costumbre utilizar la fórmula: «¿Da usted su permiso?». Toda la polvareda que ha levantado el hecho de retirar el contingente militar de Kosovo antes del verano se ha convertido en una escaramuza diplomática que el PP ha aprovechado para describirlo como una catástrofe de la diplomacia y de Zapatero. Los partidos democráticos, en los años que llevamos de libertades, no han aprendido aún a entender que la imagen exterior de España debe defenderse siempre; por decirlo llanamente, que los trapos sucios se lavan en casa. Bien es verdad que hubo algo de suficiencia en la decisión. Creía la ministra que EE.UU. era un país de la OTAN como otro cualquiera. Hubiera debido pedir permiso para pedir permiso para tomar una decisión que, siendo nacional, afectaba simbólicamente a un conjunto de países que se organizaron para combatir a una Unión Soviética, años ha extinta. La OTAN es un reducto militar que en más de una ocasión se ha cuestionado. El enemigo (siempre hay un enemigo) no se corresponde con la organización que fue alternativa al llamado «Pacto de Varsovia». Los temas diplomáticos son complejos, llenos de aristas, y España ha atravesado, durante el mandato del presidente Bush Jr., un auténtico desierto, pese a que las relaciones con los EE.UU. se mantuvieron con habitual cordialidad. En ello, algo contribuyó el PP. Pero la imagen exterior no conviene cuestionarla, ni proclamar a los cuatro vientos que somos un país poco fiable; entre otras cosas, porque no lo somos. Ya hay suficientes elementos para ejercer la oposición, aunque sea lanzando jeremiadas, en otros órdenes. Si se hubiera pedido permiso para tomar esta decisión consultando multilateralmente hubiéramos recibido presiones tal vez insoportables. Nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo con que Kosovo se independizara de Serbia y ya fuimos lo bastante atrevidos con no reconocerlo, porque ello sentaba precedentes en nuestra política interior. El PP parece que estuvo de acuerdo en el fondo, pero se ha regocijado con que se saltaran las formas. Nadie preguntó: « ¿Da usted su permiso? En todo caso, los intentos de ejercer de independientes (sin serlo) tienen su castigo. Pero éstos deben ser externos y un deber de una oposición consciente consiste en mitigarlos, apoyando la política del Gobierno en el exterior, aunque no guste. Rodríguez Zapatero optó por la juventud y él mismo se muestra joven. Ya se sabe que la imprudencia es un rasgo juvenil. Se apagaron los conatos de incendio en escasas horas, pero una vez más se ha orquestado un griterío ensordecedor en tiempos de grave crisis, de terrores colectivos, de paro, de trifulcas religiosas. Obama es poderoso, pero no está en todas partes. A su divinidad imperial hay que darle un tiempo.

El comandante auditor jurídico militar Alberto Ruiz de los Paños ha revelado que cuando llegó a Madrid, dos días después del accidente del Yak-42, informó al Ministerio de Defensa de que volvían 30 de los 62 militares fallecidos sin identificar.

Así lo ha puesto de manifiesto Ruiz de los Paños, que acudió con la delegación oficial española a Turquía como miembro del servicio jurídico de las Fuerzas Armadas, durante su declaración como testigo en la segunda sesión del juicio contra tres altos mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente a 30 de los 62 militares muertos el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda.

En contra de lo declarado por el general Vicente Navarro, principal acusado, el comandante jurídico ha señalado que escuchó a las autoridades turcas comunicar a los mandos militares españoles -generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán- que habían entregado 32 cadáveres identificados y 30 sin identificar.

Preguntado por el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, el jurista militar ha precisado: "Cuando vuelvo (de Turquía) tenía que haber identificaciones pendientes" y ha agregado que "sabía que había 30 sin identificar".

Ruiz de los Paños ha añadido que, una vez en Madrid, al llegar al Ministerio de Defensa comunicó este extremo al coronel Ignacio de la Riva, destinado en los servicios jurídicos de este departamento.

Por otra parte, el comandante explicó que su labor en Turquía consistió en una entrevista con el cónsul, a quien comunicó que la gestión de repatriación le correspondía a él, y le comunicaron que tenía que volverse a España, lo que hizo con el primer avión que partió hacia España.

"Me dijeron que como no tienes nada que hacer te vuelves en el primer avión", según ha relatado Ruiz de los Paños, quien ha recordado que durante la espera mantuvo charlas coloquiales con personal militar turco, el personal del consulado y los oficiales y generales españoles.

También ha comparecido como testigo el teniente coronel médico José Benito del Valle, quien ha afirmado que acudió a Turquía con una misión "no muy definida" y como experto en investigación en accidentes aéreos "no pude hacer nada".

Tras indicar que acudió al lugar de la tragedia aérea en calidad de experto en investigación de accidentes aéreos, a petición del general Vicente Navarro, Del Valle ha relatado que al llegar no pudieron acceder a la lonja donde permanecían los restos.

Este teniente coronel, que ha sido el cuarto testigo en declarar en la segunda jornada del juicio, ha señalado que durante su estancia en Turquía llegó a ver hasta 30 cuerpos. Ha afirmado desconocer si se identificaron los cadáveres y ha admitido que se enteró de la salida hacia España al ver que se estaban poniendo en féretros los restos de los 62 militares fallecidos.

Del Valle ha afirmado que durante el vuelo de vuelta a Madrid no habló con nadie de la delegación española sobre el proceso de identificación y ha comentado que los féretros que iban a bordo iban cubiertos por banderas españolas, por lo que no pudo ver si llevaban nombres. Según el teniente coronel hubo muy poca comunicación con los forenses turcos, que hablaban un inglés "muy técnico".

La apretada agenda de la visita de Carme Chacón a Kosovo del jueves pasado, en la que anunció la retirada de las tropas, provocó una situación surrealista. Cuando se acercaban las 14.00 horas y ante el temor de que su discurso se produjera más tarde de lo previsto, la ministra hizo una escenificación comunicando la noticia para que la grabaran las televisiones.

La ministra de Defensa se aseguró así de que las imágenes aparecieran en los telediarios del mediodía y convirtió las cámaras en las primeras en conocer que España iba a retirar los más de 600 soldados destacados en la región de los Balcanes.

Los viajes a las misiones realizados por Chacón han sido siempre muy breves, de poco más de tres o cuatro horas, pero el del jueves lo fue aún más. Primero, por el deseo de la ministra de estar el menor tiempo posible en Kosovo. Y segundo, porque el avión Hércules en el que se iba a desplazar tuvo una avería en pleno vuelo y tuvo que regresar a la base de Torrejón, retrasando la salida dos horas.

El incidente provocó que el programa se apretara muchísimo. A la llegada a la base italiana de Dakovica, el Ministerio de Defensa decidió que los redactores de televisión viajaran a la base española en Istok en helicóptero junto a la ministra, mientras que los demás periodistas hicieron un trayecto de hora y media en autobús.

A pesar de ello, la hora de los telediarios de mediodía se acercaba peligrosamente, sin que el autobús de los periodistas hubiera llegado a Istok. Todo estaba preparado para el discurso de la ministra, pero había que esperar a que todos los medios estuvieran presentes. ¿Qué hacer? ¿Esperar y arriesgarse a que las imágenes no salieran en las televisiones hasta la noche? ¿Realizar el anuncio sin que estuvieran los redactores de agencias, radios y periódicos presentes?

Al final, se optó por una solución intermedia. La ministra adelantó la noticia a las televisiones, utilizando las mismas palabras –«la misión está cumplida, es hora de volver a casa»– que usó luego en el anuncio oficial. En caso de que el autobús de los periodistas no llegara a tiempo –que al final sí lo hizo, aunque fuera por los pelos–, se podía utilizar esa grabación.

Anteayer, durante la rueda de prensa en la base de Rota para dar su versión de la polémica suscitada por la forma de anunciar el repliegue en Kosovo, Carme Chacón justificó haberlo hecho en una arenga a las tropas diciendo que «lo correcto era transmitir en persona la decisión a los soldados», ya que «es a ellos a quienes afecta». Técnicamente, el anuncio lo hizo primero a las cámaras de televisión.

Seis años después, vemos renacer ante nuestros ojos y desde la memoria colectiva lo que pasará a la historia como «la tragedia del Yak-42»: el episodio más penoso de nuestras Fuerzas Armadas en tiempo de paz. Todavía está en nuestras retinas lo visto aquel día: 62 féretros, 62 familias que habían perdido a un padre, a un hijo, a algún hermano. Aún resuena en nuestros oídos el grito desgarrado de una madre, y aún resuena un clamor que se escuchaba en nuestro país y nunca se dejó de escuchar, gracias al recuerdo que han mantenido los medios informativos y los familiares de las víctimas: que se haga justicia.

La hora de la justicia ha llegado. Comenzó la vista oral del juicio. Lo más llamativo, como tantas veces, son las ausencias. No han sido llamados, ni siquiera como testigos, ni el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, ni el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo Figueroa. Sobre el señor Trillo hay que decir que, si alguna responsabilidad ha tenido en el accidente, en parte la ha pagado, porque ha sido objeto de persecución y de alguna agresión física, incluso dentro del Congreso de los Diputados. Las familias lo acusan del contrato del avión y de no enviar un forense al lugar del siniestro; pero los jueces, que tienen la última palabra en todos los litigios, han decidido que no se le debe exigir responsabilidad penal.

Lo primero que hemos escuchado en el juicio, la declaración del procesado general Vicente Navarro, puso de manifiesto la cadena de errores que se produjeron, la frivolidad con que fueron tratados tantos muertos, y la urgencia que hubo por despachar todo rápidamente, como un trámite enojoso. Ese general confesó -se supone que después de reflexionar su respuesta durante seis años- que firmó el acta donde las autoridades turcas decían que 30 cadáveres no estaban identificados sin saber lo que firmaba, porque estaba escrita en turco. Lo que siguió lo conocen todos los lectores: treinta familias dieron sepultura a unos restos que no eran los suyos.

«Estaba en turco?». No es que a nadie se le haya ocurrido enviar un forense. Es que nadie envió un traductor. Es que a nadie se le ocurrió traducir un documento de aquella trascendencia y aquella sensibilidad. Esta deducción, tan elemental, es desmentida por los familiares, que aseguran que sí había intérpretes. Lo que ocurrió, supongo, es que a nadie se le ocurrió utilizarlos. O algo peor: no hubo tiempo a utilizarlos, porque lo que vemos cada vez más claro es que alguien se propuso terminar aquella historia lo antes posible, fuese como fuese. Había que borrar de las crónicas la estampa fúnebre de aquel avión, porque ensombrecía el tópico entonces floreciente del «España va bien».

«Comedia frívola, ligera y picante, de argumento basado en la intriga y el equívoco». Así define el Diccionario el vocablo vodevil, con una acepción a la que bien podría añadírsele otra más: «Forma de gobernar del presidente Zapatero».

No crean que exagero. Vean si no: el presidente decide de la noche a la mañana y con el único consejo de su ministra de Defensa retirar de Kosovo a nuestros militares por lo que la ministra viaja al lugar de tapadillo e informa a las tropas del asunto sin que de él tengan noticia ni el ministro de Asuntos Exteriores ni los embajadores de España afectados por una repentina decisión que sorprende también a las autoridades de la OTAN pese a que las tropas en Kosovo lo están en el seno de una fuerza internacional de la Alianza (Kfor) lo que genera un serio malestar entre nuestros aliados y una «profunda decepción» en el Gobierno norteamericano (en Obama, ojo, no en George Bush) para torear al cual el Gobierno ofrece aplazar la retirada mientras desde Moncloa se critica el planchazo de la ministra de Defensa quien afirma que todo se ha hecho con corrección «porque lo quieren los españoles» y mientras el PSOE tras apuntar que a Chacón se la critica por ser mujer culpa del escándalo al PP por desleal. ¡Impresionante!

Ese resumen, tan atropellado como el delirante desarrollo de los hechos, no logra dar cuenta, desde luego, de todas las contradicciones, rectificaciones e imposturas con que el Gobierno ha gestionado (es un decir) una retirada de tropas que no servirá más que para remachar el clavo que había dejado al rojo vivo la forma atolondrada y oportunista en que se sacó de Irak a nuestro Ejército: que España no es un aliado militar fiable. Que no lo es, además, en una esfera en la que enredar puede acabar resultando extremadamente peligroso: la de las misiones internacionales.

Por eso, la última de las teorías sostenidas por el Gobierno hasta la fecha -la de que lo importante es el fondo y no la forma- resulta una majadería soberana: como en tantas otras cuestiones en las relaciones exteriores, en esta la forma constituye el verdadero fondo del asunto. De hecho, los costes que tendrá para el prestigio de España la desastrosa actuación de Zapatero son muy superiores a los que hubiere tenido dejar las tropas en Kosovo y sacarlas de allí después de acordarlo con la OTAN y no tras una decisión que parece se hubiera consultado con aquella Señorita Pepis a la que a finales de los sesenta se dirigían los niños españoles.

En todo caso, hay algo más que nos aterra: el pensar que puesta la lupa sobre otras decisiones del Gobierno, aquellas resultaran adoptarse con la misma sensatez y sentido del Estado que se ha evidenciado en estos días

Ningún soldado se merece salir de Kosovo por la puerta de atrás y con el reproche internacional : La táctica militar de volver grupas y salir a la carrera no es muy decorosa, salvo que el Gobierno pretenda que el Ejército sea el más rápido del mundo en repliegues y retiradas, disciplina castrense en la que solían dominar los italianos. Lo de Kosovo no pasaría de una anécdota si no fuera porque recuerda mucho a la espantada de Irak, episodio que no figura precisamente en las páginas más gloriosas de las Fuerzas Armadas. Naturalmente, los militares deben acatar, con disciplina y lealtad, las órdenes del Gobierno constitucional, y así lo han hecho los españoles de manera ejemplar desde hace tres décadas. Pero en el Ejército las formas y las maneras son parte sustancial de sus ordenanzas, en las que valores como el honor, el orgullo y la reputación profesional vertebran la carrera. Por lo general, ningún soldado se siente satisfecho con una orden de retirada, pero le resulta especialmente doloroso cuando la cumple sin la comprensión de otros compañeros de armas, sin el apoyo de los ejércitos aliados y sin el reconocimiento debido a su trabajo. Por razones de Estado, perfectamente defendibles, la presencia de España en Kosovo perdió su razón de ser a raíz de su independencia, que no reconocemos. No obstante, por aquel país balcánico han pasado desde 1999 miles de militares españoles que han cumplido su misión con eficacia, dedicación y no poco sacrificio. Diez de ellos murieron allí por diversas causas. Ninguno se merece salir por la puerta de atrás, bajo la mirada ceñuda de la OTAN, el reproche de Estados Unidos y el deplorable guirigay interno del Gobierno. Al contrario, todos ellos merecen honor y reconocimiento. No basta con que la ministra Chacón haya tenido el «detalle» de anunciarles, antes que a nadie, la vuelta a casa. Volver a casa es bueno, pero no así. De Irak se volvió sin respetabilidad; de Kosovo, sin la honra internacional debida. ¿Qué cabe esperar de Afganistán?

DESDE agosto de 2007, en estas mismas páginas de ABC y en lugares varios -«Papeles FAES», «El Noticiero de las Ideas»- vengo pronunciándome en contra de la independencia de Kosovo en la perspectiva de la estabilidad en el centro de Europa y la consiguiente demanda, en la que entran a jugar consideraciones relativas a nuestros intereses nacionales, de que España no reconozca esa independencia en el caso, ya desgraciadamente materializado, de que se produjera. Adelanté también mi opinión de que llegado el caso España debería proceder a retirar del territorio sus efectivos militares y policiales, desplegados en Kosovo al amparo de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no contempla la independencia kosovar. Aunque sería por mi parte pretencioso pensar que el gobierno ha prestado oídos favorables a mis recomendaciones al anunciar la retirada española de los efectivos incluidos en la llamada KFOR de la OTAN, resultaría igualmente incomprensible que no manifestara mi acuerdo con la -tardía- decisión. Tanto más cuanto ha sido puesta directamente en relación con el no reconocimiento de la provincia separatista serbia.

Pero Kosovo declaró su independencia el 18 de febrero de 2008. El Gobierno español ha esperado más de un año en anunciar su propósito de retirar las tropas integradas en la KFOR. El retraso arrebata a la decisión cualquier eficacia desde el punto de vista del efecto perseguido, que hubiera debido consistir en hacer ver a nuestros aliados la inconveniencia del reconocimiento kosovar y la consecuencia inmediata de sus acciones. Con el tiempo transcurrido, aquellos que en nuestro círculo de amistades -UE y OTAN- se apresuraron a reconocer a los kosovares, seguramente se sentirían autorizados a imaginar que la postura española no pasaba de constituir un moderado «bluff» dirigido al consumo político interior.

Yo mismo anoté que el momento en que se anunciaba la independencia kosovar estaba muy próximo a las elecciones generales españolas. En la misma ocasión -«Papeles FAES», número 67, de 27 de febrero de 2008- apunté que de ganar Rodríguez Zapatero las elecciones, España se apresuraría a reconocer a Kosovo.

Como no puedo tampoco presumir que mis malos pensamientos condicionaran las decisiones gubernamentales, no me importa reconocer mi equivocación. El Gobierno ha sido, al menos en el plano declarativo, consecuente con sus primeras manifestaciones y España sigue sin reconocer la independencia de Kosovo.

Pero el tiempo transcurrido entre entonces y ahora no sólo priva de eficacia a la decisión de la retirada de las tropas sino que, además, y lógicamente, suscita preguntas sobre su motivación. Siendo siempre dolorosa la disminución de efectivos en una misión militar conjunta, su comprensión es más fácil si se pone directa y prontamente en relación con un poderoso motivo. En este caso, la falta de correspondencia entre una misión destinada a posibilitar la independencia y los que, oponiéndose a ella, tienen tropas en el contingente. Pasados los meses, diluidas las motivaciones, es lógica la inquietud de los aliados: ¿por qué ahora, precisamente en vísperas de la primera reunión en Europa del nuevo presidente americano con el Consejo Atlántico? ¿Cuál es la urgencia, qué nuevos datos de la situación interna o internacional aconsejan a los españoles la adopción de la medida? No sería de extrañar que muchos de entre ellos presuman que la verdadera razón para la retirada esté en las urgencias económicas y presupuestarias del gobierno español, forzado a reducir gastos. Argumentar que España ya se había manifestado contraria a la independencia de Kosovo es tan cierto como especioso, cuando las circunstancias permiten presumir que otros pueden ser los impulsos reales.

El método seguido para la comunicación, de otro lado, no parece haber respetado los tiempos, los protocolos y las formas concebidos para estas circunstancias. Así como el error de la retirada de las tropas españolas de Irak en 2004, desde el punto de vista de nuestros aliados, no estuvo en la sustancia de la decisión sino en su carácter unilateral e inesperado, la decisión de retirar nuestros contingentes de la KFOR ahora, en 2009, con una diferente administración americana, adolece de la misma torpeza. Nadie niega a ningún país aliado la plena capacidad de decisión sobre los integrantes de sus tropas armadas. Todos sin embargo esperan se produzcan con antelación suficiente como para calcular sus consecuencias, preparar despliegues alternativos y prevenir vacíos de seguridad. Ni entonces ni ahora se han tenido en cuentas esas elementales consideraciones. Y el canal no ha sido el adecuado. El representante nacional ante el Consejo Atlántico, e interlocutor habitual entre cualquier gobierno aliado y el Secretario General de la OTAN, no es el Ministro de Defensa sino el de Asuntos Exteriores. Confiar a Defensa el envío de una carta al Secretario General, complementada con el casi simultáneo, escueto y castizo «nos vamos a casa» ante las sorprendidas tropas, revela desconocimiento grave de los procedimientos habituales en la Alianza y de su misma naturaleza. Ese no es un mundo para aficionados. Produce además asombro la marginación del ministro de Asuntos Exteriores en todo el proceso. Todo hace pensar que cuando Miguel Ángel Moratinos se entrevistó hace todavía pocos días con Hillary Clinton en Washington el tema no fue objeto de la conversación. Razón tendrá la Secretaria de Estado para preguntarse el porqué del silencio si la decisión ya estaba tomada, o el porqué del apresuramiento en tomarla inmediatamente después, o el porqué no fue su propio colega, ya declarado amigo, el que la llamara para comunicarle tema tan importante.

Como se ve, Kosovo sigue coleando. Lo menos que decir se puede, incluso desde la perspectiva de aquellos que como yo consideran un error su independencia y un acierto la retirada de nuestras tropas del territorio, es que las cosas se pueden hacer mejor. Y para que en el futuro nadie se llame a engaño y se eviten torcidas interpretaciones, nada mejor sería que deslindar en el seno de la UE los compromisos contraídos para estabilizar la independencia y los dirigidos únicamente a garantizar las necesidades humanitarias. A España le corresponderían sólo estas últimas.

DESPUÉS de un error tan flagrante como el que ha cometido la titular de Defensa, cualquier ministro de un país democrático estaría sólo esperando una salida honorable, mientras que su inmediato superior, el presidente del Gobierno, intentaría a toda costa desvincularse de tamaña metedura de pata. En lugar de ello, Carme Chacón se niega a reconocer la evidencia, hace como si no se diera por enterada de las críticas que han llovido desde dentro y fuera del país y, lejos de rectificar, traslada la responsabilidad al conjunto del Gobierno y, por consiguiente, se la endosa al propio presidente, José Luís Rodríguez Zapatero. La tesis de que el anuncio intempestivo de la retirada de Kosovo fue «una decisión de todo el Gobierno» significa, en efecto, que el presidente se hace plenamente responsable de ella y que entonces no se trató de una simple equivocación atribuible a la ministra, sino de una disposición adoptada con todo conocimiento de causa por el Consejo de Ministros, con todo lo que ello implica. Esta versión agrava las cosas y se sostiene solamente obligando al ministro de Asuntos Exteriores a decir ahora que estaba el corriente cuando es evidente que no es cierto, y dejando a los pies de los caballos al secretario de Estado de la Presidencia, Bernardino León, que se esforzó públicamente por minimizar los daños de una decisión de la que ahora el presidente asume alegremente toda la responsabilidad. Probablemente, lo único que quería sacar el Gobierno de todo esto es, nuevamente, ocluir la información sobre la crisis económica, a la que hace tiempo que asiste como si se tratase de un fenómeno natural, esperando que escampe mientras se limita a intentar que los ciudadanos miren hacia otro lado. El problema es que mirando hacia donde ha querido el Gobierno, lo que se empieza a ver son los efectos muy serios que esta decisión puede tener, no solamente en términos de desprestigio internacional, sino ya con cifras concretas que miden la inquietud de los empresarios españoles que estaban intentado consolidar su presencia en el difícil mercado norteamericano. De todo esto y de lo que veremos en el futuro se ha hecho responsable el presidente del Gobierno. Es más que evidente que se hace necesaria su comparecencia para explicar qué ha pasado y, puesto que se atribuye la autoría del desaguisado, asumir públicamente todas sus consecuencias.

Conocí hace años a la actual ministra Chacón. Tenía ya entonces ese mismo aire de solemnidad vacua tan característico. Ya saben, esa manera de mirar, de articular las frases, de mover las manitas como si dijera algo trascendente para luego soltar una simpleza del tamaño de un obelisco. Pensé yo entonces que la señorita Chacón - aún no había unido sus destinos a un magnate de los medios de comunicación- era taimada y astuta y tan sólo se fingía tonta para contar con superioridad sobre nosotros. No tardé en descubrir que era tan sólo una versión catalanista y femenina de ZP. Por aquel entonces, no pocos de sus compañeros de partido rumoreaban que había trepado por las procelosas escalas del poder agarrada a las barbas de un poderoso personaje. A mi aquello, habituado como estoy a las murmuraciones en el seno de los partidos, en general, y del PSOE, en particular, me resbaló. Otras no más agudas que ella estaban ascendiendo por obra y gracia de la cuota y no veía yo por qué ella tendría que haber puesto más para progresar en la subida. Y es que bobadas progres ha hecho todas las que ha querido. Defendió como una erinia el estatuto de Cataluña, se vistió con la camiseta del «Todos somos Rubianes» después de que el difunto cómico se ciscara en España e incluso no dudó en definirse como nacionalista catalana y pacifista, circunstancias estas últimas que debieron decidir a ZP para nombrarla titular de la cartera de Defensa. Al frente de ese Ministerio, la señora Chacón ha dado muestras repetidas de ser un verdadero peligro público. No lo digo por el sobresalto que causó que se disfrazara de oso panda para determinada celebración o porque acostumbre a llevar una guerrera militar modelo «el muerto era mayor». No. ZP y sus chicas nos han vacunado prácticamente de cualquier ofensa contra el buen gusto. Me refiero a que la señora Chacón va a terminar por hacer bueno a Bono, que ya es decir. No sólo es que nuestras tropas siguen desatendidas en situaciones de acentuado peligro, no sólo es que ha liquidado a la segunda bandera de la legión que defendía Melilla precisamente cuando en ese lugar de la frontera menudean los incidentes armados, no sólo es que no se puede hacer peor en un asunto como la retirada de Kosovo. Es que además la señora Chacón está blindada. Ligada -conyugalmente que quede claro- a uno de los jerifaltes de un conocido grupo mediático, cualquiera que se atreva a cuestionar su genialidad o sus posibilidades de suceder a ZP (¡Dios nos libre!) se convierte automáticamente en reo de ser troceado por cualquiera de los bufones de la secta o de verse arrastrado por lo púbico. Estoy seguro de que ante ese peligro más de uno y más de dos se lo han pensado antes de no cantar a gritos las loas de la Chacón. A mí, personalmente, me importa un bledo. Es una ministra pésima y huera, sin la menor competencia para el cometido que se le ha encomendado y por el que le pagamos el sueldo los ciudadanos. Con todo, es posible que algo de dignidad, de decoro, de decencia se esconda en algún pliegue de su marcial cuerpo. Si es así -no les quepa duda- dimitirá. Mientras no lo haga, estamos en peligro.

El Gobierno considera ahora que se debería haber incidido en la voluntad de España de prolongar la estancia de las tropas en Kosovo «mientras sea necesario para atender los objetivos» de la misión y hacerlo «teniendo en cuenta la visión de los distintos comandantes sobre el terreno». Son las palabras del secretario general de la Presidencia del Gobierno, Bernardino León, después de haberse reunido en Washington con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el general James Jones.

No hay una fecha clara, pero parece, según fuentes del Ejecutivo, que los seis meses que prometió la ministra de Defensa, Carme Chacón, podrían convertirse hasta en un año, algo que se decidirá en futuras reuniones. Según aseguró Bernardino León los medios a su llegada a España, si se hubieran dado explicaciones antes «se habrían evitado» las declaraciones de decepción de EEUU. Recordó que existía esa voluntad de aplazar la retirada. Horas más tarde, en Málaga, manifestaba a los periodistas que la relación con Estados Unidos era «intensa y extraordinaria» y volvió a referirse a la «comprensión y el respeto» mostrados por el Ejecutivo estadounidense. De esta forma, se busca limar asperezas y reducir las tensiones derivadas de este episodio, tanto fuera como dentro de España.Y es que, la mañana del pasado jueves no se olvidará fácilmente en los despachos de los responsables de numerosos Estados Mayores de las Fuerzas Armadas. En un día festivo en Madrid, la ministra de Defensa anunciaba por sorpresa en Istok, en Base España, sede del contingente español desplegado en Kosovo, su retirada de la zona. Fuentes militares consultadas por LA RAZÓN admiten que muchos de los altos responsables de las Fuerzas Armadas conocieron la decisión por las informaciones que esa misma mañana lanzaban los medios de comunicación que acompañaban a la ministra en su visita. El secretismo con el que se llevó la decisión de comunicar la salida de nuestras tropas llegó al punto de que los Estados Mayores subordinados al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general del Aire José Julio Rodríguez Fernández, y que entre otros, serán los encargados de organizar el repliegue, desconocían hasta ese momento la decisión. Los mismos medios admiten que en la propia unidad desplegada en Kosovo la sorpresa y la perplejidad fue si no mayor, igual. La gran parte de los oficiales allí destinados conocieron la noticia por el anuncio de la titular de Defensa. Aunque el Gobierno comunicara hace un año la decisión política de salir de Kosovo, no deja de provocar malestar el hecho de que se hiciera público de una forma tan intempestiva y sin planes diseñados para cumplir la misión. Mientras, León tampoco destimó ayer la posibilidad de aumentar las tropas en Afganistán. Hay que valorar «que es una situación compleja la que se da», señaló. Otro gesto para calmar a la Administración Obama.Y para que no vuelvan a ocurrir conflictos de este tipo, el PP planteará en el Congreso la necesidad de establecer un procedimiento parlamentario ordenado y reglado sobre cómo se decide el envío de tropas por parte del Parlamento, según anunció la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría

España va a retirar inopinadamente las tropas de Kosovo un año después de que esta región balcánica declarara unilateralmente su independencia. Ahora, el argumento del Gobierno es que la decisión es coherente con el hecho de no haber reconocido la independencia, porque a partir de ese momento el trabajo en ese escenario perdía buena parte de sentido. La OTAN actúa en Kosovo bajo la resolución 1.244 aprobada en el Consejo de Seguridad de 1999. Tras la declaración de independencia, en 2008, cambió la finalidad de las tropas internacionales, por lo que se hacía necesaria una nueva resolución que respaldara su presencia. Sin embargo, no pudo salir adelante porque Rusia -uno de los ocho países con derecho a veto- advirtió de que iba a vetarla. España estaba esperándola para sacar a los soldados, porque no podía quedarse a construir un Estado que no reconoce. El Gobierno asegura que la OTAN conocía la determinación española, pero la Alianza asegura lo contrario. Si el Ejecutivo estaba convencido de que debía retirar las tropas por la declaración de independencia, tendría que haber tomado la decisión en ese momento, no un año más tarde, desatendiendo sus obligaciones con los organismos de los que forma parte, y no dar la impresión de que desprecia las instituciones internacionales.

El Gobierno insistió ayer en que la retirada de Kosovo se puso en conocimiento de los aliados hace meses y que se trata de una decisión «razonada y razonable». Las reacciones de Estados Unidos y de la Unión Europea no encajan, sin embargo, con la versión de Rodríguez Zapatero y Fernández de la Vega. Las críticas de los aliados fueron tremendamente duras y nada comprensivas. La administración Obama habló de «profunda decepción y sorpresa» por una retirada de la que se enteró «poco antes» del anuncio, mientras que la Presidencia de la UE calificó de «deplorable» la salida. A pesar de que se anunció un tiempo nuevo en las relaciones entre España y Estados Unidos, la realidad es que los roces de la era Bush se han prolongado con Obama. Nuestra retirada de Kosovo está justificada, pero el caso es que el Gobierno lo estropea incluso cuando tiene razón.

Cuando la situación parecía «normalizada» tras las últimas conversaciones entre la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton y el titular de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos –en las que quedaron incluso en llamarse «Hillary y Miguel»–, la grieta entre Estados Unidos y nuestro país ha vuelto a abrirse. La decisión del Ejecutivo socialista de retirar las tropas de Kosovo ha encendido al Gobierno de Obama. A través del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Wood, han querido dejar claro que están «profundamente decepcionados». Wood señaló que se enteraron de la decisión inmediatamente antes de ser anunciada. «Estamos sorprendidos», añadió. Esta afirmación dista, y mucho, de la versión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo que el repliegue era «conocido» y sí había sido comunicado «a la OTAN y a nuestros principales aliados».

El portavoz indicó que en 1999, los aliados acordaron «entrar en esto juntos y salir de esto juntos». La ministra de Defensa, Carme Chacón, justificó la decisión con el argumento de que «la misión está cumplida» y que «es hora de volver a casa», algo que los norteamericanos no comparten. «No. En absoluto», reiteró el portavoz.

En rueda de prensa, los periodistas preguntaron al portavoz sobre la fiabilidad de España como aliado y socio de Washington, dado que ya retiró a sus tropas de Irak, en junio de 2004, y ahora lo hace de Kosovo. La salida de las tropas españolas del país provocó tensiones entre el Gobierno español y el Ejecutivo estadounidense del anterior presidente George W. Bush. Wood sostuvo que «España es un socio nuestro», si bien matizó que la decisión «no ayuda a lo que hemos intentado hacer en Kosovo, y lo lamentamos», informa Efe.

Ante estas críticas y tratando de acercar posturas y limar asperezas, el secretario general de la Presidencia, Bernardino León, se reunió anoche en Washington con el asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, James Jones. El propio León aseguró que había encontrado por parte de Washington una posición «comprensiva y constructiva».

Y por si esta lluvia de críticas fuera poco, aún le quedaba al Ejecutivo una tromba de descalificaciones. La más dura, la del ministro de Asuntos Exteriores checo, Karel Schwarzenberg, cuyo país ostenta la Presidencia de turno de la Unión Europea. «Pienso que es una decisión deplorable y espero que no dé un mal ejemplo», manifestó el jefe de la diplomacia checa a la agencia italiana Apcom, precisando que personalmente no fue informado previamente de la decisión de España. La República Checa tiene 404 efectivos desplegados en Kosovo, según la Alianza Atlántica.

«Respeto»

Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, expresó su «respeto» por la «decisión soberana» de España, pero recalcó que «sería bueno que cualquier decisión sobre las retiradas se tomara colectivamente».

Pero no todo iban a ser varapalos. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, reconoció que esta postura de España «ha sorprendido un poco» a los países aliados europeos. En este sentido, Kouchner informó de que hizo «algunos comentarios» al respecto durante la cena que el jueves compartieron los ministros de Asuntos Exteriores en los márgenes del Consejo Europeo. «Nos hubiera gustado que nos consultaran, pero tienen el derecho de hacer lo que quieran», reconoció. «Necesitamos seguridad en esta región», resaltó el jefe de la diplomacia francesa, quien, no obstante, admitió que la presencia de la misión policial, judicial y de aduanas de la UE desplegada en el territorio balcánico para ayudar a Prístina a consolidar estructuras de poder democráticas «es un argumento fuerte» para justificar una reducción de tropas.

En cualquier caso, subrayó su deseo de que España no complete el repliegue hasta dentro de «seis meses», como le trasladó Miguel Angel Moratinos. «Ha dicho que será en seis meses. Espero que sea así porque nos ha sorprendido un poco», añadió, aunque admitió que «no han reconocido Kosovo y, por tanto, tienen una posición coherente, ya que siempre han participado en la KFOR».

Con un año de retraso, pero no demasiado tarde. Las tropas españolas regresan de Kosovo en coherencia con la decisión de nuestro Gobierno de no reconocer la independencia unilateral de la provincia serbia, proclamada en febrero de 2008 con el respaldo de Estados Unidos y de los grandes países europeos. No importa quedarse en minoría cuando se está en el lado justo. La posición española tiene que ver mucho con una aprensión comprensible ante toda secesión territorial de un estado nacional consolidado. Pero está fundada en la historia y en la razón jurídica. La de quienes promovieron la independencia de Kosovo obedece, por el contrario, al interés político de resolver por las bravas un problema en apariencia insoluble. Por eso, no se entendió la decisión de gobierno español de mantener entonces las tropas aún de forma testimonial.

La posición española no significa un aval a Serbia, cuya catastrófica gestión durante el régimen de Slobodan Milosevic, y aún antes, constituyen el origen inmediato de la situación insostenible creada en Kosovo, en la que un 90% por ciento de sus ciudadanos, de origen albanés y religión musulmana, habían sido sistemáticamente tiranizados por Belgrado. La solución de la independencia, el «mal menor» elegido por Estados Unidos y los grandes de la UE, vulnera, sin embargo, una legalidad internacional contraria a la modificación unilateral de las fronteras de los estados nacionales reconocidos por la ONU. Kosovo nunca constituyó una entidad nacional separada. El imperio turco creó una realidad demográfica impuesta que ahora ha condonado gran parte de la comunidad internacional. España hace bien en no admitir un doble precedente de consecuencias imprevisibles: la ya mencionada independencia unilateral y el reconocimiento de estados de base étnico-religiosa. ¿Hasta cuándo podrá mantener esa posición?

ESTE Gobierno lleva ya cinco años jugando con el prestigio, con la respetabilidad, la autoestima, la economía y la seguridad interna y externa de nuestro país. Por eso no debiera extrañar a nadie ya ni un disparate continuado como son la política territorial o la económica ni un exabrupto demoledor para nuestros intereses a largo y corto plazo. En la categoría de estos últimos entra, con escaso honor y muy poca gloria, el anuncio hecho ayer por la ministra de Defensa, Carmen Chacón, de que España vuelve a desertar, sin aviso previo como suelen hacer los desertores, de una campaña militar común con sus aliados. Esta vez es de Kosovo. El Ejército español deja en la estacada a todos sus aliados presentes en Kosovo y se viene a casa. El Gobierno de España como gusta llamarse de un tiempo a esta parte en sus promociones publicitarias y su agitación propagandista, todas pagadas por el cada vez más exhausto erario público ha decidido «pirarse» -como diría un sorchi en el frente- de una de las regiones en la que Europa entera se juega su estabilidad, la seguridad y la paz. Lo hace después de una larga retahíla de manifestaciones de incompetencia, necedad y falta de criterio e información en la región. Hoy dan ganas de llorar una vez más, sin apenas consuelo, por los magníficos soldados españoles que se han dejado la vida en los Balcanes. Y por todos los hombres y las mujeres de nuestro Ejército que han estado allí desde hace más de década y media y han dejado una huella indeleble de valor, gallardía y honor, ellos sí muy conscientes de su papel en la Defensa de la seguridad y los intereses de su patria que muchas veces se dirime tan lejos de sus fronteras. La grotesca estampida que ha anunciado la ministra de Defensa y que ha caído como una bomba en el Cuartel General de la OTAN, y en los Gobiernos y mandos de los otros ejércitos allí presentes que se creían aliados nuestros, tiene por supuesto unos antecedentes políticos. La majadería de nuestros gobernantes de izquierda y derecha habían llevado a interpretar la tragedia de Kosovo en clave interna española. Nuestros políticos ignaros habían llegado a la conclusión de que defender el espanto consumado de la soberanía de Serbia sobre Kosovo venía a ser parte de la defensa de una cohesión española que, por otra parte, dinamitan ellos un día sí y al otro también. Nuestro Gobierno, cautivo de su primitivo universo sentimental izquierdista, se nos convirtió en defensor de un país que ya no existía y en firme opositor a una independencia de Kosovo que habían dictado las armas, las vidas y las muertes. La historia para Zapatero y su gente es una casa de muñecas. Las armas habían dictado en su día que Königsberg (Kaliningrado), Posen (Poznan) o Brelau (Wroclaw) nunca volvieran a ser alemanas, pese a la tragedia que aquello supuso para esta ciudad y sus habitantes. Después de lo sucedido en Kosovo, nadie mínimamente informado podía abogar por su permanencia bajo ningún tipo de soberanía serbia. Y los 22 países de la Unión Europea y los 52 del mundo que han reconocido la independencia irreversible del Kosovo se lo podían haber explicado muy bien a toda la tropa de catetos que niegan por intereses mediopensionistas que la historia haya existido. Y a los peores disparatados que, en la absurda interiorización de los peores mensajes de los nacionalismos periféricos españoles, creen adivinar paralelismos entre Prístina y Vitoria. El ridículo auguraba daños. El disparate es tan mayúsculo que es difícil de abordar sin caer en términos despectivos mayores. La deserción como rasgo fundamental del carácter, la traición como método, la mentira y la impostura como utillaje. Así estamos una vez más y no notamos que otros sí lo notan. Tardaremos al menos una generación, en el mejor de los supuestos, en reconquistar un prestigio, un respeto, la presunción de decencia, que España se había labrado en las tres pasadas generaciones políticas. Pero más allá de las falacias históricas y mentiras con que nuestros gobernantes han tejido el mensaje que emiten a diario para explicarse a sí mismos y reinventar el mundo, más allá de la basura semiculta con la que quieren promocionarse, están los daños objetivos que los españoles habremos de comprobar, quizás, por desgracia, en un futuro no lejano que nos atañe a nosotros, a nuestros hijos y nietos. La Alianza Atlántica ha tenido siempre debates internos como a toda asociación voluntaria de naciones libres corresponde. No pasaba en el Pacto de Varsovia. Pero la OTAN nunca había tenido a un miembro que manifestara de esta forma su tendencia a traicionar la confianza interna y la labor común. La deserción está muy mal vista no sólo entre militares o entre caballeros. También entre ciudadanos que creen tener un proyecto de vida en libertad común. La confianza truncada es difícil de recobrarse. En España es muy posible que el escándalo del anuncio de la retirada unilateral de nuestras tropas en Kosovo no tenga mayor repercusión en la opinión pública. Estamos a lo que estamos y todos piensan que en estos momentos todo el mundo tiene licencia para buscarse la vida como pueda. Pues mucho cuidado con eso. Porque si los países bálticos, la región de los Balcanes y la propia Centroeuropa tienen motivos para estar preocupados por su seguridad y su entorno, los españoles deberíamos ser también conscientes de quiénes son nuestros vecinos. Nosotros tenemos más necesidad que muchos otros de una Alianza Atlántica que disuada de apetitos ideológicos, fanáticos religiosos y territoriales a unos estados realmente fallidos que en estos tiempos de inestabilidad y zozobra bien pueden verse tentados a la aventura. Cuando se genere una situación de este tipo, y yo creo que puede producirse pronto, nosotros pediremos a nuestros aliados una lealtad que cada vez será más difícil de exigir. Porque nosotros la hemos dinamitado. En Kosovo no va a estallar la guerra mañana. Aunque se vayan los españoles y dejen a sus aliados en la angustia por cubrir todos los espacios que la deserción ha generado. Y que por supuesto afecta a su seguridad. Pero el mapa de Europa y sus vecinos más cercanos, en el Cáucaso, en Oriente Medio, en el Magreb, en el Sahel pero también en Rusia, es complicado. Y si tuviéramos a algún dirigente con sensibilidad para la historia y los mapas, quizás denunciara el alarmante hecho de que las decisiones faldicortas que aquí se están tomando son torpedos dirigidos hacia la línea de flotación del buque trasatlántico de la democracia. Casi es lo de menos que el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Schefer, haya protestado por las formas en que España ha escenificado esta espantada. Aunque está claro que en Europa y en general en el Occidente democrático y civilizado rigen unas formas que esta tropa de socialistas de barrio que forman el Gobierno de España ni entienden, ni conocen ni respetan. Lo que está claro es que estamos ante un nuevo caso que demuestra el deterioro clamoroso de la posición de España en el mundo. Las majaderías, mentiras y presuntuosidades del presidente del Gobierno ya no causan ninguna sorpresa en Europa ni en el resto del mundo. Lo que comenzó siendo sorpresa chocante y después estupor, hace tiempo que se convirtió en certeza fuera de aquí. Es la convicción de que los españoles somos gobernados por unos personajes que ni siquiera nosotros nos merecemos.

LOS militares españoles cumplen desde hace diez años una tarea muy importante para restablecer la estabilidad en Kosovo, pero no corresponde al Gobierno español en solitario decidir si esa misión se ha completado o no. La retirada intempestiva anunciada ayer por la ministra Carme Chacón es un gesto inadecuado y una falta de respeto hacia los demás aliados de la OTAN, en especial hacia aquellos que también están trabajando en Kosovo en el seno de la KFOR, y que tendrán necesariamente que hacerse cargo del hueco que dejan las tropas españolas. La decisión de intervenir en aquel territorio se tomó colectivamente en el seno de la Alianza y del mismo modo se debería haber decidido cuándo y cómo se ha de poner fin a la misión. La OTAN tiene motivos para estar muy molesta por la actitud unilateral de España, que debilita la imagen de solidez en el compromiso que debería tener cualquier misión militar colectiva. Puede que haya otros países que estén de acuerdo con que el trabajo de la KFOR allí ya no tiene sentido, pero en la OTAN las decisiones se toman siempre por consenso, no a conveniencia de unos u otros.

En el caso de Kosovo, a España le estaba pesando el hecho de que no reconoce la independencia de esta antigua provincia serbia y su presencia era cada vez más compleja desde el punto de vista diplomático. Pero no es ésta una razón para anunciar una retirada unilateral, algo que -si acaso- debió haberse hecho en el momento en que los kosovares se proclamaron como un Estado independiente y no ahora, más de un año después, cuando lo único que deja es una huella de amargura entre la población kosovar que ha tenido en gran estima la labor y la profesionalidad de los militares españoles.

Aunque las circunstancias son muy diferentes, es inevitable que el gesto de la ministra Chacón suscite el recuerdo de la retirada precipitada de Irak, lo que desgraciadamente engorda una reputación poco conveniente para un país que pretende participar activamente en las grandes decisiones mundiales, pero que a la primera de cambio opta por sus intereses particulares y abandona a sus aliados. En la OTAN se está por voluntad propia, pero con todas las consecuencias. De nuevo, muy probablemente, aparecerá la idea de tratar de compensar este gesto con el envío de algunos soldados extras a Afganistán, lo que difícilmente borrará la idea de que, en determinados momentos, el Gobierno español no es de fiar.

La retirada del contingente español desplegado en Kosovo no sólo es una decisión legítima, sino también un acto de coherencia política. En este sentido, no hay nada que se le pueda reprochar al Gobierno. Nuestra participación en la misión internacional de la KFOR estaba amparada en la Resolución 1.244 de Naciones Unidas, que establecía claramente «la adhesión de todos los Estados miembros al principio de la soberanía e integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia». En una decisión que respondía a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, la mayor parte de los miembros de la OTAN, con la excepción de España y Grecia, decidieron respaldar la declaración unilateral de independencia de la provincia de Kosovo. Surgía así en el corazón de Europa una nación sólo legitimada en la composición étnica y la religión de una parte de sus habitantes. Se trataba de un grave precedente que, en contra de los principios establecidos, se aceptara como fuente de soberanía nacional la composición étnica o las creencias religiosas, y Rusia no tardó en ponerlo de manifiesto cuando respaldó militarmente la secesión de las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur. No debía por lo tanto concernir a España la colaboración en el mantenimiento artificial de un protectorado, puesto que ése es el único futuro que aguarda a Kosovo, cuya existencia estará condicionada a la asistencia económica y militar de países terceros. Conculcada la resolución de la ONU, y en consonancia con los intereses de España, pues aunque no quepa hacer paralelismos, a nadie se le oculta la existencia en nuestro país de nacionalismos radicales que plantean una reinterpretación del concepto de soberanía, la retirada de las tropas españolas era la única opción coherente. Otra cuestión es la forma en la que se ha dado a conocer la decisión. El problema de tratar de rentabilizar en clave de imagen política hasta cuestiones de Estado de tanto calado como la que nos ocupa, en este caso buscando la repercusión mediática del viaje de la ministra Carme Chacón, es que crea innecesarios desencuentros con nuestros aliados, como si el Gobierno socialista fuera incapaz de retirar tropas de la escena internacional con orden y concierto. La principal queja de Jaap de Hoop Scheffer, secretario general de la OTAN, no es tanto la pérdida de una parte muy sustancial e influyente del contingente de la KFOR (España era el único interlocutor válido con la minoría serbia), sino el que no se hubiera tratado previamente del asunto en el seno de la OTAN. Desde luego, no han faltado oportunidades si tenemos en cuenta que entre el 19 de febrero y el 17 de marzo se han producido dos reuniones plenarias de ministros de Defensa, en Cracovia y Bruselas para ser más exactos. Y poco consuela a nuestros aliados la postrera llamada telefónica de cortesía a Jaap de Hoop para que no se enterara por la Prensa. Ahora queda coordinar con el mando internacional la mejor manera de retirarnos, sin perjudicar al resto de la fuerza multinacional. Tras haber permanecido diez años en la zona, alargar unos meses el proceso no parece que tenga demasiada importancia. Otra cuestión incidental, pero no menos importante, es el próximo destino de un cupo que queda libre y que, por lo tanto, puede ser desplegado en cualquier otro lugar sin necesidad de pedir permiso al Congreso. La OTAN reclama refuerzos en Afganistán, donde la guerra se complica y hay convocadas elecciones para agosto, y mira con ojos golosos a los 600 militares españoles que abandonan la plaza de Kosovo.

De nuevo a la carrera, y de nuevo sin consultar con los compañeros de viaje. El Gobierno de Rodríguez Zapatero retira a las tropas españolas de la misión de la Alianza Atlántica en Kosovo con una decisión unilateral. Tan unilateral que el siempre discreto y moderado secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, se mostró muy crítico con esta noticia, que Carme Chacón le anunció sólo 24 horas antes de proclamarla a los cuatro vientos en su primera visita al contingente español. Pese a reconocer que la decisión es «legítima», De Hoop afirmó que ésta debería «haberse tomado en el marco y la estructura de la Alianza». La crítica del secretario general no sólo se circunscribió a las formas sino, sobre todo, a que «la decisión de una eventual retirada debe tomarse en el momento en que haya un acuerdo de que existen las condiciones políticas y de seguridad. Y ese momento, no ha llegado». Pese a la salida de las tropas españolas de Kosovo, De Hoop reafirmó que la KFOR sigue siendo capaz para llevar a cabo su misión.

«Misión cumplida»

Pero la historia se repite y pese al lamento de nuestros aliados, las tropas españolas destinadas en la provincia serbia de Kosovo, autoproclamada república independiente en febrero del pasado año, se retirarán de la zona antes de que termine el verano, según detalló Chacón en «Base España». «La misión está cumplida, es hora de volver a casa».

El Ejecutivo pone así fin, de manera abrupta, al contrasentido diplomático de contribuir de forma indirecta al nacimiento de un nuevo Estado en Europa (hace ahora un años), cuya independencia no reconoce. Lo que parece indiscutible, habida cuenta del enojo de la OTAN, es que el Gobierno no ha sabido en estos doce meses ahormar en el seno de la Alianza un clima favorable a su repliegue. No ha sido así y España toma la decisión tras sufrir las presiones de países como Alemania, que junto a otros 21 miembros de la UE han reconocido a Kosovo, y las protestas de otros que, como Rusia, recordaban la especial incoherencia del Gobierno español ante ese caso. La de Kosovo —en la que ahora mismo participan 621 militares— es la única misión que no había recibido la autorización del Parlamento.

La ministra, después de un complicado viaje que incluyó un cambio del avión Hércules que la llevaba a Kosovo, por un avería en un motor detectaba a los 15 minutos de despegar, cumplió con su compromiso de visitar a los soldados españoles destinados en la zona —el último contingente que le quedaba por conocer en persona—.

Antes del verano

Chacón fue muy cuidadosa en los detalles. Viajó hasta la base aérea del contingente italiano, Dakovika, en vez de aterrizar en Pristina. Evitó así cualquier contacto con las autoridades del régimen independentista, que no reconoce el Gobierno español. En Istok, después de los honores, revista de tropa y homenaje a los caídos, ante los jefes y tropa libre de servicio, la ministra se deshizo en elogios a su labor y les anunció el final de la misión, «de forma escalonada» y «de acuerdo con los demás países de la OTAN con fuerzas en la zona», aunque esta fórmula haya sido poco apreciada en el cuartel general de la Alianza, donde solo han podido dar acuse de recibo de la decisión.

Chacón, acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez, glosó los diez años transcurridos desde que la Alianza Atlántica tuvo que intervenir en Kosovo. Unos 22.000 militares españoles han pasado por Istok para cumplir con la misión de facilitar la reconstrucción de la antigua provincia serbia. Nueve muertos ha costado a España «traer la paz y la estabilidad», proclamó la ministra.

En plazo de seis meses los militares dejarán «Base España». La ministra se lo comunicó a los portavoces parlamentarios de Defensa y pedirá hoy su comparecencia en el Congreso. El PP destacó que la retirada supone un nuevo desencuentro con la OTAN.

La OTAN critica la decisión de Chacón por "unilateral"El secretario general de la OTAN, Jaap De Hoop Scheffer, criticó este jueves la decisión unilateral de España de retirar las tropas desplegadas en Kosovo, aunque puntualizó que la decisión del Ejecutivo es "legítima".

El organismo atlántico censuró este jueves que la retirada de las tropas españolas de Kosovo debería haberse producido "dentro de la OTAN" y cuando hubiera acuerdo en que "se dan las condiciones políticas y de seguridad en Kosovo" que "todavía no se han dado". Pese a las críticas por la decisión unilateral española, la OTAN ensalzó la labor desarrollada por España.

El secretario general de la OTAN, Jaap De Hoop Scheffer, puntualizó a las críticas anteriores que la decisión "autónoma" de España de replegar sus tropas de Kosovo constituye una decisión "legítima", una iniciativa que le comunicó ayer miércoles la ministra de Defensa, Carmen Chacón.

"Estoy muy satisfecho con la contribución de España en Afganistán. La decisión española (en Kosovo) es una decisión autónoma y, en este sentido, es una decisión legítima. Estoy contento de que la ministra Chacón me llamara ayer para anunciarme la decisión y aprecio mucho esto", explicó el diplomático holandés en declaraciones a un grupo de periodistas internacionales en Bruselas.

"Personalmente pienso que las condiciones de seguridad no se dan en Kosovo pero en un cierto momento se darán", agregó De Hoop Scheffer. El secretario general de la Alianza recalcó que KFOR, la fuerza que mantiene la OTAN en Kosovo "seguirá manteniendo su plena capacidad para llevar a cabo todas sus labores en Kosovo".

La portavoz adjunta de la Alianza, Carmen Romero, aseguró que "la OTAN reconoce la labor española en la contribución de la estabilidad en los Balcanes, en especial en Kosovo". "España ha hecho una labor muy buena", resaltó la portavoz.

El secretario general de la OTAN valoró previamente que "cualquier cambio significativo en la talla o estructura de KFOR debería tomarse como resultado de una decisión dentro de la OTAN en el momento en que haya un acuerdo de que se dan las condiciones políticas y de seguridad en Kosovo, y ese momento no ha llegado", indicó la portavoz adjunta de la Alianza, Carmen Romero.

Fuentes aliadas precisaron que la ministra Chacón trasladó al secretario general de la Alianza que el proceso de retirada de las tropas españolas en el país balcánico "se llevará a cabo con plena coordinación con los aliados". "España no se va de la noche a la mañana" en Kosovo, recalcaron.

La asociación que aglutina a la mayor parte de los familiares de los 62 militares españoles que fallecieron en 2003 cuando se estrelló en Turquía el Yak-42 en el que regresaban a Madrid desde Afganistán se mostraron hoy muy críticos con el tribunal que el próximo martes comenzará a juzgar el caso. El colectivo mostró hoy su «indignación» porque el tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Javier Gómez Bermúdez, el mismo magistrado que dirigió el proceso por el 11-M, ha limitado el acceso a la sala de vistas a un solo familiar por fallecido y ha prohibido que se tomen imágenes de la cara de los tres mandos militares que se sentarán en el banquillo, para preservar su intimidad.

Los magistrados, tras la vista oral cuyo final está previsto para el 3 de abril, tendrán que determinar si un general de Sanidad, un comandante médico y un capitán médico falsificaron los certificados de defunción y las necropsias para encubrir el irregular proceso de identificación de los cadáveres en que participaron.

Las familias creen que se trataba de realizar una identificación de cualquier manera y una repatriación acelerada de los cuerpos para evitar el aumento del desgaste político de un Gobierno que aún vivía bajo un fuerte rechazo social por su impopular implicación en la invasión de Irak. Aquel proceso, en el que según el fiscal los mandos militares no utilizaron ni un solo método científico de identificación -ADN, por ejemplo-, concluyó con la asignación errónea de nombre y apellidos a 30 de los 62 cuerpos. Las irregularidades obligaron un año y medio después, tras practicar las pruebas de ADN, a realizar 21 exhumaciones y nuevos enterramientos e impidieron tomar cualquier decisión al respecto a nueve familias cuyos seres queridos ya habían sido incinerados por deseo de otras personas.

El fiscal reclama entre cuatro y seis años de cárcel para los tres procesados y las familias seis años para cada uno. El proceso también se dirige contra tres aseguradoras como posibles responsables civiles directas de las infracciones, y contra el Ministerio de Defensa, como responsable civil subsidiario.

Declararán 22 testigos y trece peritos, algunos por videoconferencia.

DECENAS de miles de policías nacionales protagonizaron ayer en Madrid la manifestación de Fuerzas de Seguridad más importante de la historia. Los agentes salieron a la calle por segunda vez en cinco meses para exigir al Gobierno «dignidad económica y profesional» y que acabe, tal como prometió el PSOE en su programa electoral, con las diferencias salariales entre los distintos cuerpos y policías del Estado.

Aunque la convocatoria la realizaron los sindicatos de la Policía Nacional, muchísimos guardias civiles asistieron de incógnito a una protesta que sus asociaciones no secundaron de forma oficial por temor a sanciones y expedientes. Es decir, ni la labor de represión acometida por el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez -sobre todo en la Benemérita tras la movilización unitaria de octubre-, ni el empeño que puso ayer Interior en minimizar la asistencia, han sido suficientes para sofocar una protesta justa, planteada en términos razonables, y que mereció el respaldo político de la líder de UPyD, Rosa Díez -quien hizo de portavoz de las reivindicaciones-, del portavoz de esta formación, Mikel Buesa, y de la concejal popular de Bilbao, Mari Carmen Sánchez.

Las diferencias retributivas entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y las distintas policías autonómicas llegan a ser del 30%; muchos agentes trabajan sometidos a jornadas extenuantes y desprovistos de medios por 1.200 euros netos mensuales; y como toda respuesta a lo que ciertamente es un problema estructural, el Gobierno ha optado por una estrategia de despiste y confrontación que ha acabado con la paciencia de los agentes. En este sentido, la manifestación de ayer no sólo pone en evidencia la incapacidad del Gobierno para cumplir sus compromisos, sino también su incompetencia a la hora de reconducir el problema.

Los sindicatos policiales, conscientes de la grave situación económica, no reclaman que el Ejecutivo cumpla de forma inmediata su palabra, pero sí que ratifique su compromiso aprobando al menos un calendario para encontrar soluciones en el plazo de uno o dos años. Es decir, la responsabilidad de que hace gala la policía contrasta con el inmovilismo y el cinismo de un Gobierno que ha vuelto a intentar zanjar el asunto reiterando su disposición al diálogo y apelando a la «imprescindible austeridad».

Así las cosas, no es extraño que los mismos agentes que cada día se juegan la vida recordaran en la calle que las transferencias del Estado a la Generalitat de Cataluña en 2008 equivalen al salario de 25.000 policías de la escala básica.

El reportaje que publicamos en MERCADOS sobre el flagrante despilfarro en que incurren nuestros 4.381 altos cargos públicos debería bastar para avergonzar a quienes desde el Gobierno central, o desde cualquier administración autonómica, apelan a la requerida «austeridad», ora para desatender las reivindicaciones de los agentes, ora para pedir esfuerzos a los ciudadanos, mientras ellos el único cinturón que se aprietan es el de alguno de los 1.200 coches oficiales de alta gama que tienen asignados los 17 Gobiernos autonómicos, o de los 1.100 que conforman el parque móvil del Estado.

Miles de policías nacionales tomaron ayer el centro de Madrid para reclamar al Ministerio del Interior que sus sueldos se equiparen con los que cobran sus compañeros de las policías autonómicas y locales, una diferencia que, según los sindicatos convocantes - SUP, CEP, UFP y SPP-, llega al 30 por ciento, lo que se traduce en unos 30.000 euros menos de media. Para ilustrar sus demandas, los manifestantes exhibieron cuatro maniquíes ataviados con los uniformes de los Mossos d¿Esquadra, Policía Nacional, Policía Municipal y Guardia Civil, que portaban carteles en los que se hacía alusión a las diferencias salariales. Durante la protesta, los manifestantes criticaron la actitud «prepotente» del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y exigieron su dimisión, informa Efe. Ésta es la segunda manifestación de policías tan sólo cinco meses después de la que se celebró en octubre con idéntico motivo. La de ayer congregó, según los sindicatos, a cerca de 25.000 agentes, que calificaron de «histórica» la convocatoria. Por su parte, el Ministerio del Interior -que reiteró a través de un comunicado su disposición a dialogar con los representantes sindicales- rebajó la cifra de participación a 7.000, idéntica estimacióna la de la anterior protesta. En esta ocasión, no obstante, no pudieron secundar la manifestación las asociaciones de guardias civiles después de las sanciones que les acarreó su participación en la protesta del pasado octubre. Su respaldo a las demandas se plasmó, eso sí, en la pancarta que encabezaba la marcha (a la que también asistió la líder de UPyD, Rosa Díez), donde se podía leer: «Policía y Guardia Civil, por la dignidad económica y profesional». El portavoz de la Unidad de Acción Sindical, José Ángel Fuentes Gago, defendió la «legitimidad» del conflicto y aseguró que los agentes están «cargados de razón». Además, avisaron de que continuarán con sus reivindicaciones si el Ministerio del Interior no accede a reconocer sus derechos. «No vamos a parar hasta que se reconozca la diferencia retributiva y lo asuman en el Congreso», avisó Fuentes Gago desde la tribuna instalada en la madrileña Plaza de Colón. Conscientes de la dificultad de arrancar mejoras salariales en la actual situación de crisis económica, los sindicatos aseguraron que están dispuestos a aparcar sus reivindicaciones «uno o dos años» si se les reconocen sus derechos. «Con tres millones y medio de parados no vamos a exigir que se nos pague ahora la diferencia», dijo el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet. «Múltiples reuniones» Por su parte, Interior advierte de que la actual situación económica y la austeridad presupuestaria «hacen muy difícil asumir las demandas que plantean los sindicatos policiales». El Ministerio asegura que en las «múltiples reuniones» que ha mantenido con los sindicatos se ha fijado una agenda de trabajo para abordar la mejora de las condiciones laborales de los policías, el refuerzo del catálogo de puestos de trabajo y medidas relativas al régimen disciplinario y la formación policial.

La introducción de la disposición adicional décima en la Ley de la Carrera Militar solucionó parcialmente un problema histórico de los miembros de las antiguas escalas auxiliares y Cuerpo Auxiliar de Especialistas del Ejército de Tierra. Histórica no por su trascendencia, sino porque, con veinte años de retraso, miles de oficiales de carrera han logrado ascender a comandante.

Tanto la escala como el cuerpo auxiliar fueron reorganizados en 1955 y 1956 para que los suboficiales de carrera pudieran ascender a oficiales y llegar a los empleos de teniente, capitán y comandante al tiempo que lo hacían sus compañeros de la llamada «escala activa». En 1974, no obstante, fueron declaradas a extinguir aunque manteniendo indefinidamente su régimen de ascensos. Tres años después, con la creación del Ministerio de Defensa, esa medida cayó en el olvido y muy pocos llegaron a ascender.

La presión ejercida desde diferentes ámbitos sobre esta laguna legislativa que había quedado llevó a Defensa a introducir una disposición adicional en la citada Ley de la Carrera Militar para corregirla. Y lo hace parcialmente. Con veinte años de retraso, a unos 4.000 militares en la reserva les han sido rectificadas sus antigüedades en los empleos que ostentaban y ascendidos a comandante con antigüedades comprendidas entre el 13 de octubre de 1986 y el 1 de noviembre de 1995. Por el momento, a este empleo han ascendido en torno a 1.500.

Pero este reconocimiento no lleva aparejada una compensación económica. Los atrasos en el sueldo que supondría haber reconocido esa antigüedad no serán pagados. Sólo desde 2008. Ésta es una de las cuestiones por las que tanto los afectados como algunas asociaciones militares como la Federación de Asociaciones de Militares de España (Fame) consideran que la corrección actual de Defensa sólo solventa en parte el daño causado.

La otra es que otros 8.000 militares retirados deberían poder acogerse a esta medida, pero aún no han sido informados de esta circunstancia por el Ministerio de Defensa, y eso que la propia ley exige que se notifique a los jubilados cualquier beneficio y asunto que pueda ser de su interés. Estos 8.000 tienen hasta el 30 de abril para solicitar los ascensos que les corresponden durante el tiempo que estaban activos o en la reserva, siempre que sea anterior a que cumplieran 61 años. Ahora son estos afectados los que tienen que realizar su petición personal para acogerse a este ascenso, pero al estar ya jubilados no dependen de Defensa sino de Hacienda, con lo que menguan las posibilidades que tienen de enterarse de esta posibilidad.

La tercera gran pega que las asociaciones y los afectados ponen a esta rectificación es que no pueden acogerse a ella los que actualmente están en activo que provienen de esas escalas y a los que les quedan, al menos, diez años para pasar a la reserva.

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha abierto una serie de debates sobre la Ley de la Carrera Militar y los aspectos más polémicos que afectan a las diferentes escalas. Tal y como señala su página web, el primer debate estará centrado en los suboficiales, la escala más castigada por las sucesivas leyes de personal. A este seguirá otro sobre la tropa y marinería y el último se centrará en los oficiales y el curso de integración de escalas que actualmente están siguiendo buena parte de los miembros de la escala de oficiales.

Más soldados y más preparados. Ingresar en las Fuerzas Armadas se ha convertido en unas de las salidas laborales favoritas para los jóvenes españoles. Con las mejoras salariales, de formación y promoción interna aplicadas en los últimos años para soldados y marineros, más el empujón de la crisis económica desde 2008, el Ministerio de Defensa había dejado de tener problemas para completar plantillas en las últimas convocatorias. Con el arranque de 2009, las Fuerzas Armadas han dado otro paso: tienen mucho margen para elegir. En el primer ciclo de recluta se han presentado seis aspirantes por plaza, dos más que hace un año y el doble que en 2007, según los datos de Defensa a que ha tenido acceso ABC.

Supone un gran avance sobre el arranque del proceso, cuando los aspirantes no llegaban ni a dos por plaza. Pero la gran novedad en la recluta de este año es el superior nivel de estudios de los candidatos: el 40 por ciento tiene hecho el bachillerato, cuando en 2008 el porcentaje se quedaba en el 32, casi el mismo que sumaban los jóvenes con un simple certificado de escolaridad y los sin estudio alguno.

En Defensa insisten, con las cifras de 2007 y 2008, que las Fuerzas Armadas ya se habían convertido en una salida laboral atractiva para los jóvenes, pero la crisis económica y el paro han ayudado, como demuestran los datos de los nuevos aspirantes. Un mínimo de unos 14.000 euros brutos anuales, un contrato de dos años con la posibilidad de prolongarlo o pasar a escalas superiores y, en algunos casos, la oportunidad de aprender una profesión es la oferta de las FAS profesionales desde hace dos años. Para optar a las 1.401 plazas para los tres Ejércitos ofrecidas en enero optaron más de 8.000 aspirantes. La mayoría de los puestos correspondían a Tierra -1.040- y tenían como destino el de fusilero. Pero entre las 254 plazas de la Armada y las 107 del Ejército del Aire había más especialización. Subieron los baremos, pero también los aspirantes más cualificados.

Es posible que algunos de ustedes no lo vea así. Pero al menos los asaltantes del Congreso el 23-F se rindieron, mientras el asalto a las instituciones del Estado no hace más que aumentar por todas partes. Y, encima, la crisis.

Según los datos que ha tenido acceso ABC, por primera vez en las fases de recluta del Ejército profesional predominan entre los nuevos soldados y marineros los jóvenes con estudios medios: ESO y Bachillerato (81 por ciento) frente a los que sólo tienen el certificado de escolaridad: 14,5 por ciento. En 2008 un 20 por ciento de los nuevos soldados y marineros apenas tenía estudios básicos y un ocho ni siquiera el certificado de escolaridad. Y ya había subido el nivel de formación.

Refuerzo para soldados

Según un informe remitido por Defensa al Congreso en 2007, el Ministerio había admitido durante ese ejercicio a 128 reclutas sin titulación alguna y a 11.557 con sólo el certificado de escolaridad. Se reconocía que el fracaso en los estudios más básicos era frecuente entre los aspirantes a entrar en las FAS y se destacaba que «la situación expuesta exige un esfuerzo añadido, aunque obligado, para elevar el nivel formativo de sus componentes, lo que exige compaginar las actividades específicamente militares con la realización de cursos de apoyo que posibiliten e impulsen a los militares profesionales de tropa y marinería la promoción o la adquisición de unas titulaciones y cualificaciones que les serán útiles, no sólo para su carrera profesional en las FAS, sino también para su reincorporación laboral cuando las abandonen».

Ese problema se fue corrigiendo a lo largo de 2008 con la llegada de reclutas con más formación. A finales del ejercicio ya se registraba una proporción de 4,5 aspirantes por plaza y había un 32 por ciento de nuevos soldados que habían terminado el bachillerato.

A partir de ahora se pondrán cubrir sin problemas las modestas -para el peso demográfico y económico de España-aspiraciones de Defensa de contar con 86.000 soldados y marineros a final de este año y con una formación previa «normalizada», muy similar al retrato social de la juventud española en cuanto a estudios. Las Fuerzas Armadas, pues, están a punto de recuperarse del bache en el reclutamiento que sufrieron después del fin de «la mili».

Los grandes ejércitos nacionales son el resultado de la suma de sus unidades. De ellas heredan elementos esenciales a la función militar, como son el orgullo, el valor, la solidaridad, el sentimiento de pertenecer a algo que está por encima de la experiencia de una generación y que representa todo aquello que justifica la característica fundamental de un soldado: su disposición a ofrecer su vida. De ahí que el tiempo juegue a favor de las Fuerzas Armadas en aquellas sociedades que las han comprendido y han sabido administrarlas a lo largo de siglos. Para cualquier estudioso o aficionado al estudio de la historia militar los regimientos británicos son un modelo de integración social. Durante cientos de años han sido una institución perfectamente incardinada en su entorno social y geográfico. Por cada uno de ellos han pasado generaciones de una misma familia hasta el punto de ser uno de esos ejes que dotan de identidad a un apellido. Experiencias históricas fundamentales, como las dos guerra mundiales, han sido vividas y recreadas por miles de personas a través de un determinado regimiento al que se sienten y sentirán unidos. Todos son británicos, todos aman a su país, pero el supremo sacrificio lo hacen a través de algo próximo y concreto, una institución vinculada a su familia, a los suyos, por siglos.

España es uno de los estados más antiguos de Occidente, pero también es uno de los que peor ha gestionado sus ejércitos. Tras la Guerra Civil se llevó a cabo una reorganización en clave centralizadora y racionalista que se llevó por delante unidades centenarias que dotaban de continuidad la historia nacional desde los tiempos del Imperio. Eran días de nacionalismo encendido, un sentimiento que a menudo confunde la razón y se lleva por delante el sentido común. Como si el pasado no tuviera más función que la de dar sentido a la Historia se partió casi de cero, equiparando a España con una nación recién descolonizada y forzada a diseñar desde la nada unas Fuerzas Armadas. No es de extrañar que nuestras unidades más laureadas sean los tabores de regulares y los tercios legionarios, creaciones del siglo XX.

Una gran nación se distingue, entre otras cosas, por el respeto a sus viejas instituciones, aunque sólo sea porque han demostrado su utilidad a lo largo del tiempo. Frente al vicio de reorganizar está la virtud de reformar y adaptar lo justo; frente a la soberbia de la razón está la inteligencia de respetar la experiencia. Mal están los errores que cometimos en el pasado, pero peor es insistir en ellos. Las necesidades militares del Imperio llevaron al Emperador Carlos, en 1537, a adoptar una medida revolucionaria: asignar de forma permanente Tercios de Infantería Española a su Real Armada. Había nacido la Infantería de Marina. Desde entonces, los infantes de marina han intervenido en todos los océanos. En un tiempo en que el despliegue por mar era la alternativa más rápida, se intentaba dotar a nuestros almirantes de una fuerza terrestre que defendiera los buques, luchara en el abordaje, proyectara el poder naval y controlara la situación hasta la llegada de las fuerzas terrestres. En términos modernos hablaríamos de unidades de despliegue rápido y de choque, entrenadas para ocupar terreno hasta la incorporación al teatro de operaciones de otras más pesadas del Ejército de Tierra. Eran tropas, pero Armada. Mantenían su propia personalidad y mandos, pero su operatividad quedaba determinada por el despliegue naval.

La idea cuajó y hoy todos los grandes y medianos Estados tienen unidades de Infantería de Marina. La excepción es Estados Unidos, que entendió la diferencia entre circunstancia y función y optó por dotar a los Marines de la condición de Ejército. El maridaje Infantería-Armada era sólo una circunstancia temporal, la que convirtió a la segunda en el medio de trasporte más rápido durante un tiempo. Lo esencial de los Marines es su vocación de fuerza de proyección y choque, dotados por lo tanto de la potencia y el entrenamiento específico que les prepara para conformar una unidad inevitablemente elitista. A nadie ha sorprendido en Estados Unidos que hayan solicitado, a través de sus mandos, la retirada de sus unidades en Iraq para ser de inmediato desplegadas en Afganistán. El argumento es obvio, en Iraq se controla el territorio mientras que en Afganistán se combate. Cuando la Fuerza es escasa y los retos de seguridad pasan por el continuo envío de destacamentos militares a miles de kilómetros de distancia las unidades de infantería de marina resultan particularmente adecuadas.

España, sin embargo, es la excepción. El 27 de febrero se celebró el 472 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina, el primero de la Historia, y lo hicimos bajo el efecto de la Orden de Defensa 3771/2008 de 10 de Diciembre, que establece que la Fuerza de Infantería de Marina, con el Comandante General del Cuerpo a la cabeza, pase a depender del Almirante de la Flota. Una Orden que rectifica el RD 912/2002, que desarrollaba la estructura orgánica básica de los Ejércitos y establecía que la Comandancia General del Cuerpo se integraría en el Cuartel General de la Armada al tiempo que el Comandante General dependería del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. De Cuerpo ha pasado a Fuerza, de depender del Jefe del Estado Mayor al Almirante de la Flota. La Infantería de Marina pierde su carácter orgánico dentro de la Armada y queda desprovista de su entidad institucional, que es lo que se viene conmemorando desde 1537. En estas nuevas circunstancias ¿podrá la Brigada de Infantería de Marina conservar sus valores específicos y mantener la calidad de su fuerza de combate?

La pérdida del carácter orgánico de la Infantería de Marina daña una vieja, solvente y elitista institución militar. Y lo hace cuando nuestro entorno evoluciona en el sentido contrario. A lo largo de la historia hemos podido observar cómo prolongados períodos de paz provocan en la clase política y en los propios mandos militares una pérdida de sentido de la realidad. Paulatinamente, se van imponiendo actitudes burocráticas mientras se minusvalora el peso de instituciones de raigambre centenaria.

Para nuestros gobernantes, que «prefieren morir que matar», que hacen gala de pacifismo y no ocultan su voluntad de convertir las FF.AA. en una ONG, estos temas carecen de interés y, desde luego, no está en su ánimo reivindicar unidades que se caracterizan por su disposición al combate. Es evidente que la situación de nuestra Infantería de Marina no es, ni mucho menos, el mayor de nuestros problemas. Sin embargo, la evolución que está sufriendo es un síntoma más de esa crisis del Estado que caracteriza nuestra situación presente. La descomposición a la que nos lleva la deriva radical del régimen autonómico va en paralelo a la evolución de nuestros Ejércitos hacia algo que no tiene mucho que ver con su naturaleza. Ambos procesos son resultado de una crisis de valores, de la pérdida del sentido de la realidad. Podemos rectificar o avanzar con decisión por el callejón sin salida en el que libremente nos hemos metido. En el caso del Cuerpo de Infantería de Marina, rectificar es fácil.

El Gobierno publicó ayer el nuevo cuadro médico de exclusiones para el ingreso en las Fuerzas Armadas, que elimina la ausencia total de pene o testículos como impedimento para entrar a servir en los ejércitos, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado mes de agosto, lo que abre las puertas de la milicia a los transexuales. Esta modificación se produce después de que un transexual que, siendo mujer, intentó entrar en el Ejército en 2007 como hombre (Aitor), fuese rechazado por no tener genitales masculinos. La nueva revisión, firmada por la vicepresidenta De la Vega, evita que se produzcan estos casos, dado que, hasta ahora, un sujeto podía ser legalmente hombre pero físicamente mujer, por lo que al carecer de pene, el veto estaba legalmente justificado. El nuevo cuadro sí excluye por ejemplo a quienes sólo tienen un riñón. La profunda revisión de las exclusiones a la que en su momento aludían fuentes del Ministerio de Defensa se quedó ayer en seis puntos. Uno de ellos elimina el apartado relativo a «ginecología». Las afecciones de la mujer en este campo quedan unidas a las de los hombres en un apartado denominado «aparato urogenital» de catorce puntos.

El contingente español desplegado en la operación Atalanta, cuya misión es combatir la piratería en aguas del Océano Índico, no dudó el lunes en emplear la fuerza como advertencia para cumplir su cometido. La fragata «Victoria», tras recibir un aviso de que un buque estaba siendo atacado, puso rumbo a la zona indicada aunque envió a su helicóptero por delante para que controlara la situación. Al llegar a la altura del barco sospechoso, el helicóptero solicitó que se parara. Al no hacerlo, la tripulación de la aeronave no dudó en realizar disparos de advertencia por la proa de la embarcación. Tras detenerse y llegar la fragata, un equipo de infantes de Marina inspeccionó el barco sospechoso sin encontrar armamento.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, presidirá mañana la primera reunión del Consejo de Jefes de Estado Mayor, un órgano de carácter consultivo creado el pasado mes con el objetivo de reforzar la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y coordinar los tres Ejércitos.

A esta reunión constitutiva, que se celebrará en la sede del Estado Mayor de la Defensa, acudirán, además de la ministra, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Julio Rodríguez, y los jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Fulgencio Coll, de la Armada, almirante general Manuel Rebollo, y del Ejército del Aire, general José Jiménez. La creación de este órgano responde al compromiso de la titular de Defensa de reforzar la capacidad del jefe del Estado Mayor de la Defensa “para supervisar y evaluar la preparación de las unidades de la Fuerza, así como para velar por su disponibilidad”, según la orden ministerial publicada el pasado 18 de febrero por el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) El JEMAD, figura que preside el Consejo salvo que lo haga la ministra de Defensa, podrá recabar asesoramiento militar de este órgano consultivo, y apoyo para ejercer sus responsabilidades como asesor militar del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa.

Entre otras funciones, el Consejo tiene la capacidad de establecer las normas para la acción conjunta y definir la estrategia militar, el desarrollo de las operaciones, la coordinación de asuntos relativos al régimen del personal militar en operaciones y en organizaciones internacionales en el ámbito de las Fuerzas Armadas, o establecer y coordinar medidas que persigan la máxima eficacia operativa en los Ejércitos. A sus reuniones podrán asistir las autoridades que eventualmente sean requeridas para ello.

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SÓLO en una cosa coinciden los estudiosos de esta fecha: los anacrónicos, contradictorios y sonrojantes episodios de la misma aventaron del Ejército español cualquier veleidad de golpe que pudiera quedar en él. Lo demás son despojos y conjeturas. Tejero apuntaló el barbuceante régimen que intentaba derribar, en una de esas jugarretas que la historia nos gasta a los humanos. Y no me parece mala idea hacer balance de lo ocurrido desde entonces. Los avances materiales de nuestro país han sido espectaculares y nuestro diferencial con Europa se ha ido reduciendo en la misma proporción. Otra cosa es la calidad de nuestra democracia, que pierde fuelle hasta el punto de casi haberse detenido. Suena fuerte, pero a los hechos me remito.

Democracia no se reduce a tener constitución, cámaras, poder judicial, partidos políticos y elecciones cada equis años. Si la constitución no se respeta, si el poder judicial está contaminado por los otros dos, si los partidos miran sólo para si y las minorías, debido a una torticera ley electoral tienen tanto o más poder que las mayorías, la democracia se vaciará. Bastante de eso tenemos en España.

Democracia, por otra parte, no son sólo derechos, son también deberes, de los que muy pocos se acuerdan aquí, empezando por los dirigentes. La política se hace hoy en España desde los partidos, para los partidos, alejándola cada vez más del bien común, en el que ya nadie piensa. Analicen ustedes las tendencias de los últimos años y comprobarán que venimos estando regidos por una concepción personalista, cicatera, tendenciosa, cada vez más alejada de la sociedad en su conjunto. Con lo que la confrontación estaba servida y la bronca se ha convertido en diaria. Las primeras páginas de los periódicos y los resúmenes iniciales de los telediarios lo testifican. Algo que sólo podía conducir a lo que tenemos: parálisis creciente del país y retroceso paulatino de la democracia como sistema político donde tienen cabida todos los puntos de vista, bajo la bóveda del bien general. Justo lo contrario que estamos teniendo: puntos de vida divergentes, una nación a la deriva y un Estado a la defensiva, ante fuerzas cada vez más potentes que intentan acapararlo o anularlo. Habrá quien eche la culpa a los españoles, a nuestra escasa tradición democrática, a nuestro individualismo y pasotismo. Pero no se puede pedir a los ciudadanos que piensen en la sociedad cuando los partidos sólo piensan en ellos mismos, ni coraje civil al hombre de la calle, cuando sus líderes no lo tienen.

Es posible que algunos de ustedes no lo vea así. Pero al menos los asaltantes del Congreso el 23-F se rindieron, mientras el asalto a las instituciones del Estado no hace más que aumentar por todas partes. Y, encima, la crisis.

El Ministerio de Defensa ha tenido que confirmar la información publicada por ABC en noviembre de 2008, en la que se hacia eco de la existencia de un informe militar que alertaba sobre la escasa «fiabilidad» de los vehículos todoterreno Aníbal, adquiridos a la empresa andaluza Santana. Dicho informe detallaba las averías que se habían detectado en los vehículos y afirmaba que no es «el más adecuado ni fiable» para realizar la misión que se le encomendaba.

Defensa ha reconocido estos fallos en una respuesta a la senadora del Partido Popular,María Jesús Sainz, en la que afirma que los problemas encontrados «son diversos» y se agrupan en dos tipos. Los primeros fallos se detectaron durante «la puesta en servicio de la primera serie», correspondiente a la anualidad de 2004. El segundo tipo de problemas se encontraron «tras la realización de un número elevado de kilómetros, y data del año 2005. El Ministerio reconoce que se le comunicó a la empresa estos problemas, «al estar los vehículos en garantía», y que ésta «ha realizado un esfuerzo importante para solucionar los distintos problemas técnicos que han ido surgiendo, asumiendo el coste de las diferentes modificaciones y adaptaciones que han sido necesarias». A la vista de los problemas, la empresa «está realizando una revisión/modernización de todos los vehículos recepcionados por el Ministerio de Defensa». La senadora popular denuncia que fue una «irresponsabilidad» cambiar de proveedor, aludiendo a la decisión del entonces ministro de Defensa, José Bono, de adjudicar este contrato a la andaluza Santana, vinculada al Gobierno socialista de Manuel Chaves, y no a la empresa gallega Uro, que los «fabricaba con mucha solvencia». Sainz advierte que «si ha existido negligencia en la adjudicación de un contrato, queremos saber toda la verdad para poder exigir responsabilidades políticas».

El Ministerio de Defensa publicó ayer en el boletín de su departamento la creación del Consejo de Jefes de Estado Mayor, un nuevo órgano que busca reforzar la acción conjunta de los ejércitos y la capacidad de asesoramiento del jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) a la ministra y el presidente del Gobierno. Con esto se busca mayor efectividad en la preparación de la fuerza, en el desarrollo de las operaciones militares y en la coordinación de asuntos relacionados con el régimen del personal. El Jemad podrá recabar de los jefes de los ejércitos la información necesaria para su labor de asesoramiento del presidente y de la ministra, y será él el que presida las reuniones.

MADRID- El constante e imparable crecimiento del paro en España llevó hace unos días al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a destinar 1.500 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para emplearlos en la protección por desempleo. Esta deducción de las cuentas públicas se realizó en varios ministerios, siendo el más afectado el departamento de Fomento. A Defensa, que ya sufrió una caída notable en los presupuestos para este año, se le restaban con esta medida 150 millones de euros adicionales. La pérdida de esta cuantía hizo temer inicialmente en los cuarteles generales que comenzara a recortarse del presupuesto asignado a los ejércitos partidas destinadas a material o a prestaciones de los militares. Pero la semana pasada, según pudo saber LA RAZÓN en fuentes militares, la ministra de Defensa, Carme Chacón, se puso en contacto con los jefes de Estado Mayor de Tierra, del Aire y de la Armada, y con el de Estado Mayor de la Defensa para comunicarles que los recortes se aplicarán exclusivamente al Órgano Central, es decir, al Ministerio que ella dirige. Si el departamento de Chacón hubiera aplicado la reducción proporcional que correspondía a cada ejército y al Estado Mayor, Tierra hubiera perdido cerca de siete millones de euros, la Armada en torno a cuatro y el Aire unos tres millones y medio. El jefe del Estado Mayor de la Defensa hubiera perdido más de 600.000 euros del presupuesto que tenía asignado inicialmente. Según las fuentes citadas, la ministra comunicó a los jefes de los ejércitos que la pérdida de presupuesto se aplicaría sólo al Órgano Central con el objetivo de preservar la operatividad y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en un año en el que éstas ya se han tenido que apretar el cinturón ante la crisis. Así, el departamento de Chacón determinó que la reducción de gastos se hará en tres áreas dependientes exclusivamente del Ministerio: la primera medida será limitar el gasto en publicidad; en segundo lugar, se reducirá el gasto ordinario asignado a determinados servicios que dependen del Ministerio; por último, se modificará la temporalización de algunos programas plurianuales. Es decir, se reprograman previendo el gasto para otros ejercicios. Por tanto, los cuarteles generales no padecerán recortes más allá de los ya previstos en los Presupuestos Generales del Estado y desarrollados por el Ministerio de Defensa. Entre otros, la crisis ha obligado a no iniciar ningún programa de armamento nuevo este año, aunque se mantienen los que desde hace años están en funcionamiento en los ejércitos y la Armada.

Los problemas de los Estados Mayores de los tres Ejércitos para hacer frente a los recortes presupuestarios en Defensa sin perjudicar la operatividad de las Fuerzas Armadas han movido a la oposición a solicitar la comparecencia urgente en el Congreso de la titular del departamento, Carme Chacón, para que dé explicaciones a la Cámara. Al mismo tiempo, se ha sabido por el BOE que Defensa ha invertido 119.171 euros en reformar la piscina para mandos que la UME tiene en Torrejón, según informa Ep.

El Grupo Popular exige a la ministra que aclare los motivos por los que la Armada se ve obligada a adelantar las bajas de los patrulleros de las clases «Anaga», «Dragonera» y «Barceló» que, como desveló ABC el pasado lunes, han empezado a pasar al desguace ante la falta de presupuesto para el mantenimiento general de la flota.

El PP pide que la ministra acuda a la Comisión de Defensa para informar sobre las consecuencias que esas bajas tienen en «la protección de las aguas territoriales españolas y en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal».

La Armada ha tenido que anticipar el desguace de los barcos más antiguos y pequeños, con misiones de vigilancia en el Estrecho, costa mediterránea e islas, para ahorrar con el objetivo último de garantizar el mantenimiento básico de los navíos más grandes -las fragatas- que se dedican también a las misiones en el exterior.

El capítulo de inversiones y mantenimiento para la Armada ha sufrido un recorte del 26,69 por ciento en los presupuestos para el ejercicio de 2009 y aún queda por distribuir en Defensa la disminución añadida de fondos de 150 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros este mismo mes.

El PP retoma así la labor de oposición en asuntos de Defensa a cuenta de unos recortes presupuestarios que amenazan la operatividad de las Fuerzas Armadas en un momento en que el Gobierno de Zapatero mantiene destinadas en el extranjero más tropas que ninguno de los ejecutivos que le han precedido y, además, en un número mayor de misiones. El vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Arsenio Fernández de Mesa, intentó en el trámite de Presupuestos que se mantuviera la costumbre de que los jefes de los Estados Mayores acudieran a explicar las partidas que les toca administrar, pero Defensa se negó. El mismo diputado ha solicitado ahora que el Ministerio informe a la Cámara de cómo aplicará el último recorte, el de los 150 millones de euros.

El Ministerio de Defensa ha aprobado adjudicar a la empresa Rutherford Española un contrato por importe total de 119.171 euros para realizar la "reforma y adecuación" a la normativa de la piscina de la residencia de cuadros de mandos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), según consta en una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado y recogida por Europa Press.

Por medio de una resolución del Servicio Militar de Construcciones, el Departamento que dirige Carme Chacón decidió conceder a la citada compañía el expediente referente a la "Formación de vaso e instalación de depuración en piscina". El contrato, aprobado por un procedimiento "negociado sin publicidad" tiene como objeto la "reforma y adecuación" a la normativa de la piscina de la residencia de mando de la Unidad Militar de Emergencias.

La adjudicación fue aprobada en diciembre de 2008 y fue ratificada el pasado 11 de febrero por el director general del Servicio Militar de Construcciones, que recientemente adquirió, también por procedimiento negociado y por importe similar, una piscina a la misma compañía española destinada a centro deportivo militar de Madrid.

Creada por acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005, la Unidad Militar de Emergencias (UME) está compuesta por efectivos de los tres ejércitos y tiene como objetivo la intervención ante situaciones de emergencias por crisis, catástrofes y otros riesgos. Integrada por cinco batallones peninsulares (Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y León) y dos destacamentos en las Islas Canarias, la unidad que manda el teniente general José Emilio Roldán Pascual está capacitada para actuar ante grandes nevadas, incendios, inundaciones y otras situaciones en que la población esté en riesgo.

Su plantilla está integrada en la actualidad por más de 3.000 militares (el objetivo es alcanzar el total de 3.987 efectivos), entre soldados, marineros, suboficiales y oficiales. La fuerza conjunta se completa con médicos militares procedentes de la Reserva Voluntaria (civiles que trabajan un determinado periodo cada año como militares en activo).

En plena parálisis gubernamental, el Ministerio de Defensa continúa dando el contrapunto dentro del gabinete de Rodríguez Zapatero con reformas de fondo que llevaban aplazadas desde la legislatura anterior, en los tiempos de José Bono y después de José Antonio Alonso. Carme Chacón cambió en el último Consejo de Ministros las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas que databan de los tiempos del general Manuel Gutiérrez Mellado y prepara ahora otro cambio de calado: limitar al mínimo los ascensos por pura antigüedad en los Ejércitos y procurar la evaluación permanente de los mandos para que prime el mérito en el desarrollo de la carrera de los militares. Defensa ya tiene preparado para su inminente aprobación por el Consejo de Ministros un real decreto con el «reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas» que desarrolla la Ley de la Carrera Militar aprobada el año pasado y que pone fin al criterio de veteranía en el empleo para pasar al cargo superior.

A partir de ahora, la aplicación del sistema de antigüedad quedará limitado al primer ascenso de cada escala. Los tenientes pasarán a capitán cuando cumplan cinco años en el empleo. En el caso de los suboficiales, ese tiempo será de ocho años para ascender a sargento primero. En casos excepcionales esos periodos se podrán acortar en un año cuando lo estimen conveniente los Estados Mayores.

Juntas de evaluación

A partir de capitán y de sargento primero se acabarán los ascensos por pura antigüedad. Hasta ahora y cuando quedaban vacantes, una parte se cubría por cursos y méritos y otra se reservaba por veteranía.

Las juntas de evaluación que se formaban cada año y con personal diferente para decidir sobre los ascensos pasarán a tener un carácter permanente con el fin de buscar «una mayor profesionalidad y estabilidad en la aplicación de las normas», según fuentes de Defensa.Los tenientes tendrán que estar cinco años en el empleo para ascender, y los sargentos, ochoA partir de capitán y de sargento primero, para los ascensos se fijarán tiempos mínimos de servicio y los habituales cursos de adaptación. La superación de ese curso se aplicará a dos empleos en cada escala. El primero será el que coincida con el momento en que el militar deba orientar su perfil profesional, bien perfeccionándose en las tareas que realizaba desde su ingreso en las Fuerzas Armadas o bien adquiriendo una nueva especialidad. El segundo curso de adaptación será para el ascenso a los empleos máximos de cada escala.

El nuevo reglamento incluye medidas de protección para la mujer en su carrera militar. En caso de embarazo o baja por maternidad podrá aplazar las pruebas físicas o los cursos de actualización necesarios para el ascenso.

En el mismo real decreto se incorporarán las normas vigentes derivadas de la ley de Tropa y Marinería del año 2006 para refundir en un solo texto la normativa de todos los militares profesionales referida a evaluaciones y ascensos.

Como la propia Ley de la Carrera Militar, el nuevo reglamento choca con las tradicionales previsiones de ascenso fijo que hacían de los militares cuando entraban en las academias. Por la reducción de las Fuerzas Armadas en los últimos años ya se han frustrado las expectativas de muchos oficiales y jefes de llegar a coronel o a general antes de pasar a la reserva. El Ministerio de Defensa intenta paliar y prevenir esos problemas internos desde el arranque de la carrera de los nuevos oficiales.

La ministra de Defensa asistió este martes a bordo del portaaviones "Príncipe de Asturias" un adiestramiento que se lleva a cabo cada tres meses para calificar a los pilotos de Harrier y helicópteros. La ministra de Defensa dijo este martes, tras asistir a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias a un ejercicio de calificación de pilotos de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, que "el Príncipe de Asturias nos permite formar parte del selecto grupo de países que cuenta con portaaviones activos en su Flota”.

Carmen Chacón señaló que, además de contribuir a la seguridad de las rutas marítimas, como está ocurriendo con la participación de la fragata Victoria en el marco de la operación Atalanta de la Unión Europea, que se encarga de luchar contra la piratería internacional en el Cuerno de África, nuestra Armada debe desarrollar la capacidad de proyección de la fuerza en litorales lejanos.

A este respecto, subrayó que el hecho de contar con un portaaviones como el Príncipe de Asturias nos permite reforzar ventajosamente nuestra proyección de la fuerza. "Nos dota de una enorme capacidad de disuasión estratégica, y supone un apoyo clave a las operaciones aéreas y terrestres", añadió.

Asimismo, la ministra de Defensa resaltó que nuestras Fuerzas Armadas poseen profesionales de élite. "El ejercicio de calificación al que hemos asistido es un ejemplo de la extraordinaria preparación de los pilotos del Príncipe de Asturias", concluyó.

Prueba de calificación

Para que los pilotos puedan volar desde los buques, es necesario que realicen previamente un número de tomas y despegues que los cualifique para operar a bordo. Este ejercicio de calificación, como el realizado este martes en el portaaviones Príncipe de Asturias, es aplicable tanto a los pilotos que van a operar por primera vez en un buque como a los más expertos que llevan tiempo sin tomar a bordo. El número de tomas y despegues necesarios varía en función del tipo de aeronave y el tipo de calificación: calificación inicial o recalificación, diurna o nocturna.

El portaaviones Príncipe de Asturias, que tiene su Base en Rota (Cádiz), cuenta con una dotación de unos 600 hombres y mujeres y con una Unidad Aérea Embarcada con capacidad máxima de 29 aeronaves, formada habitualmente por aviones Harrier (de despegue vertical) y por helicópteros SH-3 Seaking y AB-212. Su misión principal es proporcionar defensa al Grupo de Proyección de la Flota.

La Armada Española se encuentra entre las nueve de todo el mundo que cuenta con portaaviones en su Flota, junto a las de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, Italia, Brasil, China y Tailandia.

Aitor, el transexual al que no dejaron entrar en el Ejército por no tener pene ni testículos, ha vuelto a presentarse a las pruebas el martes por la mañana y ha vuelto a ser rechazado.

Este joven jienense de 28 años ha acudido temprano al centro de reclutamiento de Córdoba, ha rellenado un formulario en el que ha hecho constar que hace tres años se sometió a una mastectomía [cirugía para extraer los senos] y se ha sometido a una revisión médica.

Entonces, el facultativo le ha examinado los genitales —"muy amablemente", según explica Aitor a elmundo.es— y, a la salida, le ha dicho "con mucha educación" que no era apto para ingresar en las Fuerzas Armadas. No ha podido proseguir con el resto de las pruebas.

¿El motivo? El mismo que la otra vez: la falta de pene y de testículos, que figura en el epígrafe correspondiente al "aparato urogenital" (la letra J) del Cuadro Médico de Exclusiones aprobado en enero de 2007 por la Subsecretaría de Defensa, junto a la "ausencia de un riñón" o a la "incontinencia urinaria", otros dos motivos para no ser admitido en el Ejército.

A pesar de que el Ministerio de Defensa anunció recientemente que iba a modificar la resolución que recoge este cuadro médico, de tal forma que el no tener genitales masculinos no significara un motivo de exclusión, Aitor no ha llegado a tiempo para cumplir el sueño que tiene desde la infancia: ser militar para "defender a España".

"Como ya he dicho alguna vez, no necesito el miembro para servir a nuestro país. Me siento engañado por la señora ministra, Carme Chacón, que prometió que iba a dejarme entrar en el Ejército. Yo tenía muchas esperanzas....", se lamenta Aitor.

Sin embargo, no va a darse por vencido. "Voy a volver a intentarlo una y otra vez. Si a la tercera no va la vencida, será a la cuarta o a la quinta", manifiesta.

"Es una vergüenza", se queja también la activista transexual Carla Antonelli. "El Ministerio de Defensa ha jugado con los sentimientos y las ilusiones de una persona y ha prometido cosas que es incapaz de cumplir".

El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, asegura a elmundo.es que está "convencido de que el compromiso del Ministerio se hará realidad con la mayor brevedad posible" y que Aitor "podrá volver a presentarse" a las pruebas.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha emitido un comunicado en el que "exige" a Defensa la modificación de la orden ministerial.

"La discriminación, a todas luces inadmisible, de Aitor, no sólo contradice la Constitución y los principales textos de Derecho Internacional en materia de derechos humanos, sino al espíritu de la Ley de Identidad de Género, que reconoce a las personas transexuales su identidad de género sin necesidad de operación, y que fue aprobada por este mismo Gobierno en 2007".

El avión militar A400M de EADS, matriz del constructor aeronáutico europeo Airbus, podría no estar listo hasta finales de 2012 debido a los retrasos que sufre el programa, cuyo coste alcanza ya los 5.000 millones de euros, según publica hoy el diario francés ‘Le Figaro’. El periódico, que cita un informe confidencial del fabricante, señala que el primer vuelo de prueba se realizará a principios de 2010 y fija la primera entrega para finales de 2012. No obstante, en dicho documento el fabricante añade que “no será hasta 2014 cuando Airbus pueda entregar varios aviones a los ejércitos clientes”.

Los retrasos del A400M han supuesto un coste adicional de 5.000 millones de euros, para cuya financiación Airbus provisionó 1.760 millones de euros, al igual que los constructores del motor, que ampliaron capital por valor de 124,4 millones, o la proveedora electrónica Thales, que provisionó 60 millones de euros, según destaca el diario. Desde el pasado mes de septiembre, EADS se ha visto obligada a aplazar el primer vuelo del A400M, debido a los problemas con la propulsión del motor TP400 de la aeronave, —diseñado de forma conjunta por el grupo galo Snecma, Rolls Royce y la firma alemana MTU— que han retrasado el desarrollo del programa. El contrato vigente entre entre EADS y la OCCAR, firmado en mayo de 2003 por un valor de 20.000 millones de euros, incluye los pedidos de 180 aviones para su entrega en 2009 a los países miembros de la cooperación europea en materia de armamento. Hasta ahora se han efectuado un total de 192 A400M para estos siete países —Alemania, Francia, Reino Unido, España, Bélgica, Luxemburgo y Turquía— y para clientes de Malasia y Sudáfrica.

El pasado mes de enero, Airbus precisó que entregaría los primeros aparatos sólo tres años después del primer vuelo, lo que provocó las reticencias de algunos clientes, entre ellos el Reino Unido que amenazó con anular su pedido —25 aviones—, según el citado periódico. Paralelamente, el presidente de EADS, Louis Gallois, propuso una “solución puente transitoria” para algunos clientes “analizando las posibilidades del transporte logístico” y ofreciendo la posibilidad de adquirir aviones modelos A330 de carga, especialmente acondicionados para 2011.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, envió hoy una carta a la ministra de Defensa, Carmen Chacón, para que "reflexione" y "rectifique" la decisión del alto estamento militar de recortar la presencia de legionarios en la Semana Santa malagueña, suprimiendo el tradicional desembarco en el puerto de la capital.

En este sentido, indicó que en la misiva trasladó "el cariño que Málaga da a las Fuerzas Armadas, la cercanía que existe"; de hecho, dijo que "hay pocas ocasiones en la historia de cada año en España en las que se dé esa cercanía de lo militar y lo civil tan clara como en la Semana Santa malagueña".

De la Torre defendió, por tanto, ante los periodistas que "se rectifique y vengan los mismos efectivos que siempre de La Legión y de todas las Fuerzas Armadas presentes en la Semana Santa de Málaga".

Precisamente, apuntó que el objetivo del Día de las Fuerzas Armadas "se hace todos los años en Semana Santa en Málaga, mejor, incluso --añadió--, ya que es una manera mucho más barata, y es que la estancia la pagan las cofradías y desembarcar y desfilar es una práctica que no viene mal que tengan".

Por último, el primer edil malagueño comentó que si la carta no sirviera para rectificar esta decisión, se llevará al pleno municipal una moción, que se mostró seguro de que tendría carácter institucional.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, asistió hoy a un ejercicio de calificación de pilotos de la Flotilla de Aeronaves de la Armada a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias, donde destacó el “alto nivel de formación” de los profesionales de la Armada, a quienes reclamó que “continúen trabajando con el rigor y las mismas expectativas de calidad y profesionalidad” para “garantizar la posición que ocupa España en el mundo en materia de seguridad y defensa”. En una alocución tras asistir al mencionado ejercicio a unas 26 millas náuticas de la Base Naval de Rota, Chacón destacó el papel del Príncipe de Asturias, que permite a España formar parte del “selecto grupo de países que cuenta con portaaviones activos en su Flota”. La ministra señaló que, además de contribuir a la seguridad de las rutas marítimas, como está ocurriendo con la participación de la fragata Victoria en el marco de la operación Atalanta de la Unión Europea, la Armada española “debe desarrollar la capacidad de proyección de la fuerza en litorales lejanos”. A este respecto, subrayó que el hecho de contar con un portaaviones como el Príncipe de Asturias “nos permite reforzar ventajosamente nuestra proyección de la fuerza” y, además, “nos dota de una enorme capacidad de disuasión estratégica, y supone un apoyo clave a las operaciones aéreas y terrestres”, añadió.

Asimismo, la titular de Defensa resaltó que las Fuerzas Armadas poseen “profesionales de élite”, refiriéndose al ejercicio de calificación de pilotos al que asistió hoy como “un ejemplo de la extraordinaria preparación de nuestros pilotos”.

EJERCICIO DE CALIFICACION

Fuentes la Armada explicaron que estos ejercicios de calificación sirven para que los pilotos puedan volar desde los buques y, para ello, es necesario que realicen previamente un número de tomas y despegues que los cualifique para operar a bordo. El número de tomas y despegues necesarios varía en función del tipo de aeronave y el tipo de calificación: calificación inicial o recalificación, diurna o nocturna.

Estos ejercicios comenzaron ayer y se prolongarán hasta el viernes. Sólo en dos días se realizan alrededor de 170 tomas, siendo el 40 por ciento de ellas nocturnas. Asimismo, indicaron que, paralelamente, se están desarrollando unos ejercicios de desembarco con buques anfibios en aguas del Retín y de la Bahía de Cádiz. Todo ello, servirá de “entrenamiento” para otro ejercicio “avanzado” que realizarán con la OTAN en aguas del Mediterráneo dentro de dos semanas. El portaaviones Príncipe de Asturias, que tiene su Base en Rota (Cádiz), cuenta con una dotación de unos 600 hombres y mujeres y con una Unidad Aérea Embarcada con capacidad máxima de 29 aeronaves, formada habitualmente por aviones Harrier (de despegue vertical) y por helicópteros SH-3 Seaking y AB-212. Su misión principal es proporcionar defensa al Grupo de Proyección de la Flota. La Armada Española se encuentra entre las nueve de todo el mundo que cuenta con portaaviones en su Flota, junto a las de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, Italia, Brasil, China y Tailandia.

En un breve acto en el Cuartel General del Ejército, la titular de Defensa resaltó que el nuevo código deontológico ha sido elaborado por militares de los tres ejércitos y de los Cuerpos Comunes de la Defensa, con representación en la redacción de todos los rangos, desde la Tropa hasta el generalato, incluidos oficiales retirados.

El decreto ratificado hoy por el Gobierno deroga los artículos que continuaban vigentes de las Reales Ordenanzas de 1978, cuya entrada en vigor se produjo el 28 de diciembre de aquel año, justo un día antes de la de la Constitución.

Acompañada por toda la cúpula militar y ministerial, Chacón hizo especial hincapié en el valor de este nuevo código ético castrense por suponer una actualización de las Reales Ordenanzas, de las que también destacó su importancia tanto por el momento de su elaboración, en la Transición con Adolfo Suárez, como por su vigencia, más de treinta años.

En ese sentido, subrayó que "la historia" ha demostrado que "cuando más avanzan las Fuerzas Armadas, más cercanas las sienten todos los españoles" y afirmó que los "cambios trascendentales" registrados en las últimas tres décadas, entre los que citó la incorporación de la mujer a la milicia y la profesionalización de los ejércitos, "hacían necesaria" la modificación del código deontológico castrense.

La ministra aseguró que las nuevas Reales Ordenanzas se adaptan a las funciones que encomienda la Ley de Defensa Nacional a los ejércitos, como la participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz.

Resaltó, asimismo, el capítulo del decreto sobre el Derecho Internacional Humanitario y sobre los principios básicos de la Ética en Operaciones de Paz, premisas que "obligan" a los militares españoles "a diferenciar entre combatientes y no combatientes y entre objetivos civiles y militares".

La titular de Defensa afirmó además que la nueva norma subraya la protección contra la violación y cualquier forma de explotación o agresión sexual, incorpora pautas de conducta que permitirán responder a la aspiración de igualdad de la sociedad española y favorece la convivencia intercultural y el protección del patrimonio cultural de los pueblos.

Entre las novedades del nuevo código ético militar, citó además los artículos referidos a la importancia de la acción conjunta de las Fuerzas Armadas, la actuación del militar en operaciones internacionales y las desarrolladas en territorio nacional en defensa de la seguridad y del bienestar de los ciudadanos.

Las Reales Ordenanzas incluyen también varios artículos sobre la actuación del militar como servidor público, para lo que se introducen preceptos del Estatuto del Empleado Público, y sobre aspectos de la actividad diaria como la conciliación de la vida laboral y familiar, la prevención de riesgos laborales, el fomento del compañerismo y la integración intercultural.

El Real Decreto de nuevas Reales Ordenanzas, que consta de un total de 129 artículos organizados en cinco grandes apartados, es la primera de las grandes leyes en materia de Defensa aprobadas durante el mandato de Carme Chacón, que la anunció en su primera comparecencia parlamentaria, en la que también avanzó que habrá una norma de derechos y deberes de los militares.

Al igual que hizo en noviembre de 2006 con la Ley de Carrera Militar su predecesor en el cargo, José Antonio Alonso, Chacón optó por no presentar públicamente su primera norma de calado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros e informó del contenido de la misma en el breve acto celebrado en el Palacio de Buenavista.

El Consejo de Ministros ha aprobado [por Real Decreto] las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que recogen las reglas esenciales de comportamiento definidas en la Ley de 19 de noviembre de 2007, de la Carrera Militar

Las nuevas Reales Ordenanzas, que sustituyen a las aprobadas por una Ley de 1978, se adaptan a la evolución propia de la sociedad y del entorno internacional, aunque mantienen algunos de los aspectos más tradicionales que las ordenanzas militares han contemplado a lo largo de los años por su gran arraigo y por formar parte del acervo de los Ejércitos. No obstante, se actualizan las redacciones en muchos de ellos y se establecen reglas de comportamiento de aplicación general para cualquier militar, sin distinciones por categorías y empleos.

Preceptos tradicionales

Entre los preceptos tradicionales que se mantienen destaca la disposición permanente para defender a España; las características de las Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y unidad, indispensables para conseguir la máxima eficacia en su acción; los principios tradicionales de los Ejércitos como el espíritu militar, la primacía de los principios éticos y el cumplimiento del deber; o las virtudes que “nunca han de faltar”, como la disciplina, valor, prontitud en la obediencia y exactitud en el servicio.

Asimismo, las nuevas Reales Ordenanzas incorporan artículos cuyos aspectos son novedosos y que no aparecían en las anteriores Ordenanzas, como la importancia de la acción conjunta en las Fuerzas Armadas y la actuación del militar en las nuevas operaciones de paz y ayuda humanitaria, de seguridad y bienestar de los ciudadanos, y de evacuación y rescate, que se definen en la Ley de la Defensa Nacional. Deberán ajustar su conducta en todo momento al Derecho Internacional Humanitario.

Además, algunos artículos tratan sobre la actuación del militar como servidor público, para lo cual se incorporan preceptos del Estatuto del Empleado Público.

Actividad diaria del personal

También contienen las nuevas Ordenanzas otros artículos que, además de novedosos en muchos casos, tienen un carácter relevante en la actividad diaria del militar, como son los referidos a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, así como la igualdad de género, el cuidado de la salud y la prevención de riesgos en el trabajo. Igualmente, en lo relacionado con la convivencia en la unidad se destaca el fomento del compañerismo y la integración intercultural.

Por otra parte, en la función docente se recalca la formación del militar en los valores constitucionales, principios éticos y reglas de comportamiento, contemplando la pluralidad cultural de España.

Finalmente, las nuevas Ordenanzas recogen las cualidades que deben marcar la actuación futura de las Fuerzas Armadas, como son el impulso a la profesionalidad, el empeño de la eficacia, la innovación permanente, el compromiso con la paz y con la legalidad internacional, la aspiración de la igualdad, el respeto por el medio ambiente y la difusión de la cultura.

El Ejército ha salido al paso de algunas informaciones que aseguraban que la presencia de militares iba a reducirse a la mínima expresión. Nada de eso. Es más, el Ejército de Tierra ha asegurado que no sólo no se va ni un efectivo sino que habrá más que ahora. Mañana tendremos a cuatro batasunos atizando verbalmente a los uniformados que trabajan allí, al PNV pidiendo a cambio de ese incremento más dinero del que ya se han llevado y clamando por la resurrección del Rey de Navarra que se apropian como parte de esa ficticia historia de esa entelequia que llaman Euskal Herria. Pero más allá de que sería una insensatez y una humillación retirar cuarteles de esa Comunidad Autónoma, lo cierto es que la reorganización de las Fuerzas Armadas en aras de una mayor efectividad y optimización no ha gustado a todo el mundo, aunque no dudo de que el resultado final sea positivo. Véase la Brigada de Cazadores de Montaña, convertida en Jefatura y menguadas sus capacidades propias; o la Brigada Paracaidista, reconvertida en paracaidista pero menos. Y claro, con experiencias anteriores en unidades tradicionales o en pactos varios con el nacionalismo, cualquier rumor se convierte enseguida en una tormenta. Como ese que ahora corre que asegura que a la Legión le van a quitar el chapiri. No se escandalicen, pero sí estén atentos.

La desaparición de los acuartelamientos de las Fuerzas Armadas en la comunidad vasca ha sido una reivindicación histórica de la partidos nacionalistas, con el PNV a la cabeza. De hecho, en las últimas elecciones municipales de 2007, los candidatos del partido de Iñigo Urkullu y Juan José Ibarretxe prometieron a su electorado la desaparición del Ejército de la comunidad vasca y, como proyecto estrella de los cuatro años políticos que se iniciaban, la conversión de la base militar de Araca en un parque tecnológico dedicado al automóvil.

El proyecto del PNV incluye la construcción de un pequeño circuito de velocidad, para sacar de las calles las carreras ilegales que durante los viernes de los últimos años se han celebrado en los polígonos industriales de Jundiz, en Vitoria, y de Los Llanos, en Nanclares de Oca, y que según crónicas de los diarios locales han llegado a reunir hasta a tres mil personas espectadores.

Pocos días antes de la campaña electoral de la elecciones generales de 2008, Emilio Olabarría, por entonces candidato por Álava, y actualmente diputado del PNV en el Congreso, insinuó en una emisora de radio que el acuerdo con el ministerio de Defensa estaba ya casi hecho. Según dijo, el por entonces responsable en funciones de esa cartera y actual portavoz del PSOE en la Carrera de San Jerónimo, José Antonio Alonso, le había asegurado que lo único que pretendían de Araca era mantener la "simbología, la bandera y un pequeño número de militares".

Sin embargo, tanto José Antonio Alonso, cuando era titular de Defensa, como el delegado del Gobierno en la comunidad, Mikel Cabieces, han negado en más de una ocasión que se fuesen a ceder totalmente o, en parte, los terrenos de Araca para construir el macro-proyecto automovilístico. El ex ministro fue contundente tres meses antes de las elecciones municipales de 2007: "No hay prevista ninguna enajenación ni ninguna variación en el estatus de la base".

El viernes 26 de diciembre, con medio país anestesiado por la celebración de la Navidad, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden de Defensa 3771/2008 de 10 de diciembre. En ella, se modificaba la estructura orgánica y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra que estaba en vigor, y con ello, se disolvía de facto la Brigada San Marcial V, la unidad del Ejército desplegada en la comunidad vasca.

Hasta la fecha, el despliegue de las Fuerzas Armadas venía marcada por el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, que en su apartado relativo a las Fuerzas Ligeras, situaba una Brigada de Infantería Ligera en la base militar de Araca, situada a las afueras de Vitoria (Álava). Exactamente, situaba en este complejo de Defensa el Cuartel General, el Batallón del Cuartel General, el Batallón de Infantería de Carros, el Grupo de Artillería de Campaña, el Batallón de Zapadores, el Grupo Logístico y la Compañía de Trasmisiones. Además, dependiente de la base de Araca, quedaba destacado el Regimiento de Infantería Ligera, cuyas sedes son el acuartelamiento de Soyeche, en Munguía (Vizcaya), y el acuartelamiento de Loyola, en San Sebastián (Guipúzcoa).

Sin embargo, tras la nueva orden aprobada el pasado mes de diciembre, tan sólo quedarán en la base alavesa el Cuartel General y el Regimiento de Infantería; y el Regimiento de Infantería Ligera desplegado en Munguía y San Sebastián. Estas unidades mantendrán el nombre de Regimiento, pero sin la estructura que tenían hasta ahora. Es decir, desaparecen de la comunidad vasca el Batallón de Cuartel General, el Batallón de Carros de combate, el Grupo de Artillería de Campaña, el Batallón de Zapadores, el Grupo Logístico y la Compañía de Transmisiones.

En términos cuantitativos, esta modificación supondrá la reducción de casi la mitad de las tropas del Ejército de Tierra acuarteladas en la comunidad vasca, un cuarenta y cinco por ciento. Aproximadamente, serán, entre mandos y tropa, unos seiscientos militares los que cambiarán de destino.L D 06-02-2009 (J. Arias Borque) El viernes 26 de diciembre, con medio país anestesiado por la celebración de la Navidad, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden de Defensa 3771/2008 de 10 de diciembre. En ella, se modificaba la estructura orgánica y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra que estaba en vigor, y con ello, se disolvía de facto la Brigada San Marcial V, la unidad del Ejército desplegada en la comunidad vasca.

Hasta la fecha, el despliegue de las Fuerzas Armadas venía marcada por el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, que en su apartado relativo a las Fuerzas Ligeras, situaba una Brigada de Infantería Ligera en la base militar de Araca, situada a las afueras de Vitoria (Álava). Exactamente, situaba en este complejo de Defensa el Cuartel General, el Batallón del Cuartel General, el Batallón de Infantería de Carros, el Grupo de Artillería de Campaña, el Batallón de Zapadores, el Grupo Logístico y la Compañía de Trasmisiones. Además, dependiente de la base de Araca, quedaba destacado el Regimiento de Infantería Ligera, cuyas sedes son el acuartelamiento de Soyeche, en Munguía (Vizcaya), y el acuartelamiento de Loyola, en San Sebastián (Guipúzcoa).

Sin embargo, tras la nueva orden aprobada el pasado mes de diciembre, tan sólo quedarán en la base alavesa el Cuartel General y el Regimiento de Infantería; y el Regimiento de Infantería Ligera desplegado en Munguía y San Sebastián. Estas unidades mantendrán el nombre de Regimiento, pero sin la estructura que tenían hasta ahora. Es decir, desaparecen de la comunidad vasca el Batallón de Cuartel General, el Batallón de Carros de combate, el Grupo de Artillería de Campaña, el Batallón de Zapadores, el Grupo Logístico y la Compañía de Transmisiones.

En términos cuantitativos, esta modificación supondrá la reducción de casi la mitad de las tropas del Ejército de Tierra acuarteladas en la comunidad vasca, un cuarenta y cinco por ciento. Aproximadamente, serán, entre mandos y tropa, unos seiscientos militares los que cambiarán de destino.

Se han entregado los premios Goya, probablemente una de las ceremonias más aburridas, sectarias y largas que existen. Tampoco es que los Oscar sean el no va más del entretenimiento, pero tienen ese glamour que da el no haber visto nunca a sus protagonistas detrás de una pancarta manifestándose. El hecho de oir de fondo en la redacción durante horas “el Goya es para...” me ha llevado a pensar no sólo cuanto me aburre nuestro cine sino el poco interés que éste ha mostrado por cuestiones bélicas, héroes militares (que los tenemos a patadas), o la vida castrense en general. Recuerdo pocos títulos, más allá de las setecientas producciones anuales sobre la Guerra Civil (668 de las cuales protagoniza Juan Echanove como soldado republicano), que versen sobre estos asuntos. Me viene a la memoria una con la que me entretuve en su momento, “La patrulla”, de Pedro Lazaga, de allá por 1954; más reciente “El capitán Alatriste”, más histórica o novelesca que militar, pese a que perteneció al regimiento Soria nº9, que cumple quinientos años, pero amena al fin y al cabo; y una de hace algunos años llamada “Guerreros”. Creo que ésta última es el único intento de un cineasta español moderno por hablar de los militares más allá de 1939. La pelí...

madrid- El Consejo de Ministros del viernes aprobaba el ascenso del general de división Ignacio Martín Villalaín al empleo de teniente general. A principios de diciembre había finiquitado su mandato al frente de los más de 2.000 soldados de la Unión Europea que durante el último año han servido en la misión de Bosnia- Herzegovina. Era la primera vez que un general español asumía el mando de una misión internacional, y eso tiene ahora recompensa. El excelente trabajo que realizó en el país balcánico y la trayectoria que lleva le colocarán esta semana como segundo jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, es decir, el «número dos» de Fulgencio Coll, según confirmaron fuentes militares a este diario. Precisamente el jefe del Ejército fue el que propuso hace pocos días a la ministra de Defensa, Carme Chacón, el nombramiento de Martín Villalaín como su mano derecha, algo que la titular del departamento aceptó sin dudar. El nuevo segundo Jeme es uno de los generales más valorados del Ejército por su trayectoria, que incluye desde el mando del regimiento de cazadores de montaña «América nº66» hasta la dirección de la Academia General Militar de Zaragoza, pasando por la tercera subinspección general del Ejército. Hasta esta semana, en la que será designado como «número dos» de Tierra, figura como asesor del teniente general Rafael Barbudo, que ocupaba el puesto para el que Martín Villalaín ha sido ascendido. De hecho, Barbudo pasó hace pocos días a la reserva al cumplir la edad establecida reglamentariamente. El teniente general Martín Villalaín fue condecorado el pasado día 23 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, que suma a otras muchas medallas, entre ellas la del Sahara de zona de combate.