ARFAGA

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Propuestas de enmienda al proyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS (PLODDFAS) que la Asociación ARFAGA ha remitido a diversos miembros de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

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Los deberes y derechos de las FAS

"Ni una expectativa profesional se ve ninguneada con la Ley de la Carrera Militar"

Líneas básicas de la futura "Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas

Tenientes y capitanes retirados pueden solicitar el ascenso a comandante

CÓMPUTO DE TIEMPOS DE SERVICIO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE RESERVISTA DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD

Carta de FAME a la Ministra 27 de Febrero de 2009

EL PRESIDENTE DE AME INFORMA

La FAME denuncia que el Ejército se niega a conceder los títulos de Capitán y Comandante a los Oficiales de las Escalas Auxiliares.

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Este jueves se cumple el primer centenario de la unidad más laureada del Ejército de Tierra, el cuerpo de los Regulares. Sin embargo, los actos de conmemoración tendrán una ausencia notable, la de la ministra de Defensa, Carmen Chacón.

Según informa La Razón, a los actos acudirán el jefe del Estado Mayor del Ejercito, Fulgencio Coll, que estará en Ceuta, y el jefe de la Fuerza Terrestre, Virgilio Sañudo, que acudirá a Melilla. Pero la ministra ha preferido quedarse en Madrid donde asiste a la última sesión del Debate sobre el estado de la Nación.

Mientras tanto, tanto Ceuta como Melilla llevan meses celebrando esta fecha tan destacable para las ciudades autónomas. Tanto autoridades civiles y militares como muchos ciudadanos se han volcado en apoyo de los Regulares.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Chacón se ausenta de actos de conmemoración. Tampoco asistió al 90 aniversario de la Legión.

La política exterior ha brillado por su ausencia en la apertura del estado de la Nación. Ante la situación de nuestra economía, que acaparó el debate, el hecho es parcialmente comprensible. Que nuestra presencia en Afganistán fuera pasada por alto en estas fechas llama más poderosamente la atención. Curiosa y mal planificadamente, en una cadena, las imágenes de Zapatero desgranando su optimista perorata coincidían en La 2 de TVE con las del Príncipe consolando a los familiares de los dos soldados fallecidos.

La primera razón por la que el espinoso tema debería haber sido discutido es precisamente por las bajas españolas. Hay cuestiones que aclarar. Hace pocas noches en Veo 7 un experto en balística, José Jimenez, que ha entrenado a nuestros soldados, sostenía con rotundidad que no se les ha proporcionado el material adecuado para luchar en Afganistán. Según su versión, nuestros soldados portan un rifle que es verdaderamente efectivo entre 350 y 370 metros mientras que los talibanes disponen de un armamento que causa estragos hasta 700 u 800 metros. Cuando inquirí si nuestra tropa estaría luchando en fatídica inferioridad de condiciones por imperativos económicos me respondió con aplomo que no, que se había dotado a nuestros compatriotas de ese armamento claramente limitado para no despertar "su espíritu guerrero", para que no tengan tentaciones de iniciar acciones ofensivas... La conclusión es perversa. Si nuestros soldados estuvieran luchando peor pertrechados que sus enemigos porque no queremos admitir que aquello es una guerra, por aferrarse a estas alturas a esa estupidez de que aquello es estrictamente una acción humanitaria, que todo el mundo es bueno y que España es más buena y más pacifista que nadie, que nosotros disparamos sólo en casos de muy extrema necesidad etc.. la cosa clama al cielo. Nuestras autoridades, si esto fuera así, deberían admitir ya que aquello es una guerra, que los talibanes no se andan con contemplaciones, en los últimos días han atacado un hotel y otros lugares públicos en que no había soldados, y que para evitar que sigan amedrentando a la población, amenazando, matando inocentes y controlando de nuevo el país hay que ofrecerles resistencia con los medios adecuados mientras estemos allí.

Lo que nos lleva a las preguntas de por qué estamos allí y si debemos largarnos ya. Una deducción simplista es que nuestro contingente, modesto, 1,500 efectivos, llegó a Afganistán para sacarle las castañas del fuego a Estados Unidos. Zapatero, habiendo salido apresuradamente de Irak, no se atrevía a decirle no a Obama. La interpretación es egoísta. Nos encontramos allí por dos razones, una altruista, los afghanos se desembarazaron de un régimen opresor y, débiles, había que echarles una mano para que pusieran unos cimientos democráticos, que sus mujeres pudieran salir a la calle, votar, ir a la escuela… La segunda razón es más interesada. Si Afganistán vuelve al yugo talibán las posibilidades de que se reconvierta en un refugio de grupos fundamentalistas que planean golpes contra Occidente, contra Estados Unidos, ciertamente, pero también contra Italia, Francia o España… se multiplican por diez o por veinte. Es decir, que estamos allí reforzando nuestra seguridad no por servilismo hacia los 'yanquis'.

Si Estados Unidos anuncia su marcha gradual nosotros podemos hacer otro tanto. Nutrido del éxito de la eliminación de Bin Laden el Presidente Obama anuncia que retira ahora 10,000 soldados y el verano siguiente otros 23.000. Sus compatriotas aplauden, el 56% dice que hay que empezar a marcharse y un impresionante 72% manifiesta que el calendario de Obama es el adecuado. Esto en un país en que, sin bajas como las del Yakolev, es decir con muertes fundamentalmente en combate, ha perdido 1.605 soldados (España 91).

Quiere esto decir que España debe comenzar a pensar en hacer las maletas. Ahora bien, levantar el campo inmediatamente no causaría buena impresión si queremos ser solidarios con los aliados. Nuestra fulminante marcha de Irak no dejó buen sabor de boca en esos aliados, entonces, con todo, teníamos la coartada de que se había anunciado en la campaña electoral y que nuestro gobierno no comulgaba con aquel conflicto. Ahora es diferente.

No faltará quien argumente, con cierto fundamento que, después de estos años, Afganistán sigue siendo una incógnita, que la corrupción continúa rampante, que los talibanes no han sido derrotados, que habrá que negociar con ellos, si es que quieren hacerlo, que, paradójicamente, en el catastrófico Irak la situación es mejor que en Afganistán (¿Gracias al aumento de tropas que decretó en el primero el denostado Bush en su momento?), en definitiva, que el esfuerzo ha sido baldío.

Este corolario pesimista no es descabellado, aunque los optimistas pueden avanzar datos, también ciertos, el progreso de la policía local, los avances de la mujer en muchas zonas, el florecimiento del comercio… que serían más rosados. En esta encrucijada conviene concertarse con la coalición para nuestra marcha. Para eso viene Doña Hillary, gran abogada de la mujer afgana, el domingo próximo. Y no olvidemos que ella aún dejará allí en el 2013 a 63.000 soldados que están en primera línea y también mueren

Las tropas españolas no pueden contar actualmente con los rodillos antiminas que adquirió Defensa para sus RG-31. Los que fueron enviados se encuentran inservibles, por averías e incidentes varios. Es, posiblemente, la forma más eficaz de evitar bajas en un atentado con explosivos contra una patrulla, como los dos últimos que dejaron un balance de dos muertos y siete heridos.

España adquirió en 2010 una serie de rodillos antiminas preparados para ir conectados a la parte inferior de los RG-31. Su función era la de ‘peinar’ el terreno y activar cualquier artefacto explosivo improvisado que la insurgencia hubiera colocado al paso de las tropas españolas.

Sin embargo, en los últimos atentados, los dos vehículos MLV Lince afectados circulaban uno a la cabeza del convoy y otro en tercer lugar. Los RG-31, tal y como aseguran fuentes del sector industrial militar, “no son infalibles”, pero destacan que un ‘Nyala’ hubiera resistido mucho mejor.

Mayor protección hubieran tenido los vehículos, aseguran fuentes militares a El Confidencial Digital, si se hubiera llevado en cabeza de convoy un blindado con uno de los rodillos antiminas, ya que son suficientemente anchos -2,7 metros- como para crear un corredor libre de explosivos por el que circular con seguridad.

Los rodillos, rotos

Fuentes con conocimiento directo del escenario afgano, consultadas al respecto por ECD, aseguran que España llevó a la misión al menos dos pares de rodillos para llevar enganchados en los RG-31 durante sus patrullas.

Sin embargo, gran parte de esos rodillos –tal y como explican a ECD- “no están operativos”: una parte han resultado dañados debido a su utilización en las agrestes pistas y carreteras secundarias de la provincia de Badghis, y en otros casos “por mala utilización o por incidentes varios” han quedado inutilizados.

El sistema de rodillos –del modelo ‘Sparks II’ está compuesto por una serie de utensilios de gran peso capaces de soportar múltiples explosiones. Estados Unidos utiliza el mismo modelo en Afganistán.

Según datos oficiales publicados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, hasta junio de 2010 se enviaron a Afganistán 425 de estos sistemas, que han servido para inutilizar 225 minas y evitar que explotasen en los bajos de los blindados

Mandos del Ejército de Tierra involucrados en la misión de Afganistán reconocen a El Confidencial Digital que ya se venía barajando la opción de “aparcar” los vehículos Lince con los que patrullan actualmente las tropas españolas. El atentado con explosivos que mató ayer domingo a un sargento y una soldado en Afganistán ha reforzado más aún las posiciones críticas.

Los mandos intermedios destinados en Afganistán, según ha podido saber El Confidencial Digital, han trasladado en numerosas ocasiones a sus superiores las críticas acerca de la insuficiente protección que aportan estos vehículos a las tropas durante las patrullas por la peligrosa ruta ‘Lithium, a la vista de la potencia explosiva que está utilizando la insurgencia en otros ataques contra los aliados –y en el que dejó a cuatro españoles heridos el pasado fin de semana-.

Los mandos españoles de la misión habían rechazado hasta ahora las quejas de sus inferiores alegando que el IVECO ‘Lince’ era apropiado para las tareas encomendadas a la misión. Sin embargo, el impacto público de los últimos acontecimientos –dos atentados en apenas una semana, con siete heridos y dos bajas- podrían estar provocando un cambio de parecer en las altas esferas del Ejército de Tierra.

Tal y como ha podido saber El Confidencial Digital, el mando español en Afganistán debate actualmente si apartar a los vehículos ‘Lince’ de las patrullas por la zona de Ludina y Sang Atesh, donde se están concentrando los ataques contra las tropas españolas como el que mató ayer al sargento Manuel Argudin Perrino y la soldado Niyireth Pineda Marín.

La orden podría llegar a ser efectiva esta misma semana, según precisan estas fuentes, y se daría instrucción a las patrullas de salir “sólo con los RG-31”, cuyo blindaje y morfología lo hacen más resistente a los IED. Los IVECO disponen de un habitáculo blindado, separado del depósito y del motor, que protege a sus ocupantes ante un ataque en los bajos, por los laterales y por arriba. De hecho, el motor y la transmisión está diseñada con el menor número de piezas posible, para reducir la cantidad de metralla en caso de explosión. En esta ocasión, como en la anterior, la protección no ha sido suficiente.

Bombas mucho más potentes

Según los informes de la inteligencia de ISAF, los talibán tienen amplia información sobre los vehículos que utilizan las tropas aliadas, incluidas las españolas. Y con esos datos, han trasladado a los fabricantes de los artefactos explosivos la instrucción de ampliar la potencia de las bombas para destrozar los vehículos.

Además, tal y como confirman fuentes militares a El Confidencial Digital, la insurgencia “pone a prueba” a los aliados y a sus medios técnicos con estos atentados. “Comprueban minuciosamente los efectos del atentado anterior, buscando como potenciar el daño para que el siguiente sea más grave” aseguran a ECD.

Las denuncias de los agentes de Tráfico de la Guardia Civil gallega, que hace unos meses sacaron a la luz las presiones que Interior estaba ejerciendo sobre ellos para que multasen más, han sido finalmente escuchadas por la Justicia. Desde hoy, los 15 efectivos a los que se les bajó el sueldo por no llegar al cupo de sanciones previsto cuentan con una sentencia que condena a la Dirección General de la Guardia Civil por haber retirado de manera «abusiva» parte del salario a un guardia civil —alrededor de 250 euros— por no cumplir «los objetivos a juicio del oficial de mando».

Las presiones, que «siguen a la orden del día» tal y como se lo manifestaron fuentes de la Unión de Guardias Civiles (UGC) a ABC, derivaron además en la creación de unas listas negras en las que se incluía a los agentes «más revoltosos». Para estos insumisos se diseñaron unos cursos de reciclaje de obligatorio cumplimiento que podrían derivar en cambios de destino forzosos. Aunque, como aclararon desde la UGC, «finalmente no los han podido poner en marcha porque no hay presupuesto».

Una «caja de resistencia»

Durante los meses que el Instituto Armado privó a los agentes sancionados del conocido como complemento de seguridad vial, sus compañeros los resarcieron creando una «caja de resistencia». En ella habían llegado a acumular 8.000 euros para compensar a los agentes por la pérdida de este suplemento. Ahora, satisfechos por la decisión judicial, los agentes se muestran convencidos de que «tras esta sentencia se nos va a dar la razón en el resto de juicios que están previstos». El próximo tendrá lugar el día 24 de septiembre.

Acerca de la retirada irregular del complemento, los afectados señalan que «este dinero se nos paga por estar realizando labores de tráfico durante más de 25 días al mes; no se premia la productividad». Asimismo, aclaran que este suplemento también lo cobran los oficinistas que se encargan de tráfico, «y si a ellos se lo dan, aunque no ponen ninguna multa, por qué a nosotros no». A lo que agregan, «el año pasado perdieron la vida 15 personas en acto de servicio, precisamente por eso nos corresponde el suplemento».

Los mejores datos viales

Entre las críticas que desde la Unión de Guardias Civiles de Galicia dirigen a Interior, destaca el que no estén valorando las cifras alcanzadas por los agentes que patrullan las carreteras en los últimos tiempos. «Los datos sobre seguridad vial son espectaculares. Tenemos la mejor situación vial desde 1979 y a ellos les da igual», censuran. «El número muertes ha descendido notablemente y el de accidentes también, sin embargo nos sancionan por no recaudar. No hay derecho, los guardias civiles no estamos para llenar la caja», espetan.

Como prueba de esta incoherencia —y tal y como denunciaron desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) — el caso de uno de los agentes castigados que, paradójicamente, era el que más auxilios humanitarios había realizado en el ejercicio de su labor en la provincia de La Coruña. «Valoran más una sanción que el auxilio a una persona», dicen.

En los últimos años los militares han mostrado en privado –y en ocasiones también en público- agrias críticas hacia ciertas decisiones y medidas del Gobierno y del Ministerio de Defensa. Aparte de los recortes presupuestarios, de la falta de medios en las zonas operativas y varios asuntos más, la conflictividad se disparó tras la entrada en vigor de la Ley de Carrera Militar y la reciente Ley de Derechos y Deberes de los militares. Ésta es la ‘radiografía’ de los problemas que destacan los miembros de nuestras Fuerzas Armadas.

-- Recortes presupuestarios en cuarteles y bases: la polémica medida del Gobierno de recortar un cinco por ciento el sueldo a todos los funcionarios también ha afectado a los militares. Pero no ha sido la cuestión laboral la que más ha ‘calcinado’ a los militares, sino los recortes en material y servicios. En la Armada, por ejemplo, se dio orden de que se debería mantener la operatividad de los buques, pero reduciendo drásticamente el combustible disponible para ello. O en el Ejército de Tierra, donde se dictó una instrucción por la cual los soldados tendrían que turnarse en labores de limpieza de los cuarteles. Los militares consideraron estas medidas un atropello, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas ya han cumplido diez años como cuerpos profesionales.

-- Ley de Carrera Militar: es, posiblemente, la normativa militar más polémica aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que ha disparado desde su aprobación, en 2008, el índice de conflictividad laboral del Ministerio de Defensa. A los pocos meses de su entrada en vigor ya se habían recibido cerca de 5.000 quejas, provenientes sobre todo de suboficiales. La integración de las Escalas Superior de Oficiales y la Superior en un único estamento, los recursos de la Armada por el proceso de unificación, las diferencias generadas con los Suboficiales o los ascensos “a dedo”, escalafonamiento, expectativas de carrera, pases a la Reserva y la nueva reorganización de la Fuerza, son las principales motivos de quejas de los militares, en su mayoría suboficiales, a los que les afecta la normativa vigente.

-- Ley de Derechos y Deberes de los militares: la nueva normativa ha sido el ‘caballo de batalla’ de las principales asociaciones de militares. Los puntos más problemáticos tienen que ver con la libertad religiosa –que en la práctica restringe la participación de militares en actos religiosos como la Semana Santa malagueña o el Corpus de Toledo-, las vías de participación de los Ejércitos –con la creación de un polémico Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas-, y el derecho de asociación.

-- Medios para Afganistán: la misión de Afganistán es la más difícil que desarrollan actualmente los militares españoles en el extranjero. Y posiblemente, la más dura de su historia. Casi un centenar de españoles fallecidos en este escenario así lo corroboran. Pero las quejas de los militares se circunscriben sobre todo a la falta de diversos medios técnicos. Antes, la mayor prioridad era dotar a las tropas españolas de un blindado efectivo con el que poder patrullar las angostas carreteras de la provincia de Badghis, a la vista de la ineficiente protección que otorgaban los obsoletos blindados de ruedas BMR. Llegaron los RG-31 y el asunto se solucionó. Sin embargo, los militares consideran que faltan medios más contundentes para dotar de mayor operatividad a las tropas. Estos son, por ejemplo, vehículos artillados Pizarro –que darían mayor potencia de fuego y con efecto disuasorio sobre la insurgencia-, helicópteros de ataque Tigre –para apoyar las misiones terrestres- y aviones no tripulados para vigilancia de bases y para su utilización en patrullas. En los dos últimos casos, cuando se les ha necesitado, España ha tenido que recurrir a italianos y estadounidenses.

-- Reglas de enfrentamiento demasiado suaves: fue un hecho que se puso de manifiesto en Irak, pero que también afecta a las misiones en Afganistán, Líbano y a la Operación Atalanta. Los españoles tienen terminantemente prohibido apretar el gatillo si no es estrictamente necesario. Y en ocasiones, aunque para los militares esté justificado iniciar un tiroteo con el enemigo, la orden nunca llega. Fue lo que ocurrió cuando, por ejemplo, el helicóptero que perseguía a los piratas que secuestraron al Alakrana.-- Reglas de enfrentamiento demasiado suaves: fue un hecho que se puso de manifiesto en Irak, pero que también afecta a las misiones en Afganistán, Líbano y a la Operación Atalanta. Los españoles tienen terminantemente prohibido apretar el gatillo si no es estrictamente necesario. Y en ocasiones, aunque para los militares esté justificado iniciar un tiroteo con el enemigo, la orden nunca llega. Fue lo que ocurrió cuando, por ejemplo, el helicóptero que perseguía a los piratas que secuestraron al Alakrana.

-- Cierre de Retamares: la clausura del Cuartel de la Fuerza Terrestre de la OTAN en Retamares es otro tema espinoso para los militares, que consideran que este centro daba un peso específico a España en la estructura militar de la Alianza Atlántica. El Gobierno trató de defender su permanencia hasta el final, pero no fue suficiente, lo que ha traído parejas las críticas de los militares ante lo que consideran una mala gestión de las negociaciones con el secretario general de la OTAN Rasmussen y con el resto de los socios.

- Faltan submarinos: de los cuatro actuales submarinos clase S-70, tan sólo dos son operativos: el ‘Tramontana’ y el ‘Mistral’, que se están turnando en la misión internacional de la OTAN en Libia. Eso quiere decir que hay sólo uno que está en servicio de vigilancia marítima de la costa española. Los militares de la Armada han mostrado en numerosas ocasiones su malestar por la falta de efectivos submarinos. Mientras, los recortes presupuestarios están alejando cada vez más la fecha de entrega del primero de los S-80 de los cuatro encargados a Navantia.

-- Papel de la UME: la Unidad Militar de Emergencias nació en 2005 acompañada de una intensa polémica, considerándose un ‘invento político’ del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Seis años después, y pese a los beneficios que la unidad ha aportado a la lucha contra incendios o a recientes rescates como el del terremoto de Lorca, el cuerpo sigue siendo cuestionado por muchos militares. Consideran que las labores que desarrolla la UME son propias de otros cuerpos civiles, y no militares. Atribuyen parte de sus competencias, por ejemplo, a Protección Civil. Y además, muchos la califican como un ‘agujero de dinero’ que, en plena crisis, podría dedicarse a otros campos militares mucho más necesitados de financiación pública.

La pasada semana, los ministros de Defensa de los países miembros de la Alianza Atlántica se reunieron en Bruselas para reformar su estructura de mando. El objetivo era retocarla para hacerla "más eficiente, más eficaz, más desplegable y más económica". El resultado: la reducción de los cuarteles generales, que pasaron de once a siete, y las agencias de actuación, que se redujeron de catorce a tres.

España fue uno de los países directamente afectados por esa reducción de la estructura, al perder el cuartel general de la OTAN que estaba en la base de Retamares, situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Como contraprestación, obtuvo la sede de uno de los dos Centros Combinados de Operaciones Aéreas (CAOC).

Durante esos encuentros, el secretario de Estado norteamericano, Robert Gates, solicitó a tres de los socios de la Alianza, cuyos cazas participan únicamente en misiones de control del espacio aéreo libio, que se sumasen a los equipos que atacan objetivos militares estratégicos del ejército de Muamar el Gadafi. Como no podía ser de otro modo, uno de esos países nombrados fue España.

Estas críticas norteamericanas a la actuación española en la guerra de Libia no sólo se han escuchado en Bruselas. Esta misma semana, el ministro consejero y portavoz de la Embajada de Estados Unidos en España, Arnold A. Chacón, continuaba la senda iniciada por Gates y consideraba inaceptable que en la OTAN haya dos grupos de países: los que sólo aceptan tareas leves, de tipo humanitario, y los que llevan a cabo "la parte dura de las misiones de combate".

Sus palabras llegaron durante su intervención en el XXIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos en el Parador de Toledo, en un momento en el que compartía mesa redonda con el secretario general de Política de Defensa, Luis Manuel Cuesta. Precisamente, la propia ministra de Defensa, Carmen Chacón, había sido la encargada de inaugurar el acto horas antes.

Pero, ¿quién es Arnold A. Chacón? El diplomático norteamericano no es un cargo medio o intermedio de la delegación diplomática norteamericana en nuestro país, sino el número dos de la embajada, lo que le ha hecho ocupar el puesto de embajador en funciones cuando el máximo representante de Estados Unidos en España se ha ausentado de nuestro país.

Destacado siempre en países de habla hispana, también ha cumplido funciones diplomáticas en Ecuador, Perú, Chile, Honduras y México. Además, entre 2007 y agosto de 2008 –cuando fue destinado a España– fue director para Asuntos Andinos en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, donde fue responsable de los temas relacionados con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

La pasada semana fue nominado por Barack Obama como candidato a embajador de Estados Unidos en Guatemala, según informó la propia Casa Blanca en un comunicado. Un nombramiento que deberá ser ratificado en próximas fechas por el Senado norteamericano

El jefe de la OTAN, en Madrid

Precisamente, este jueves, el secretario general de la Alianza, Anders Fogh Rasmussen, visitará Madrid de forma fugaz para hablar de la implicación española en las dos guerras en las que se encuentra inmersa ahora la organización: la de Libia y la de Afganistán; así como del resultado de los recortes en la estructura de mando acordados la pasada semana.

En primer lugar, se reunirá con Rodríguez Zapatero en el Palacio La Moncloa, donde solicitará al presidente del Gobierno una mayor implicación de España tanto en el conflicto bélico afgano como en el libio. Tras esto, inaugurará junto a Carmen Chacón un seminario sobre la OTAN en el Senado y, posteriormente, mantendrá una reunión tanto con la ministra de Defensa como con la de Exteriores, Trinidad Jiménez

Carmen Chacón, reunida con los ministros de defensa de la OTAN, ha asegurado cosas difícilmente comprensibles. Por ejemplo, que solicitará del Congreso de Diputados una extensión de la participación española en la guerra de Libia y, al mismo tiempo, le ha dicho a los aliados que no piensa modificar la contribución militar ni en número ni en la naturaleza de la misión que, como sabemos, no es bombardear sino la de proteger a quien lo hace. O sea, que Chacón es una defensora de la guerra indefinida y de no ser combativa en esa guerra.

Segundo, la ministra sigue hablando de alcanzar los objetivos bélicos, pero estos siguen sin ser claros. Si atendemos a la resolución de la ONU que justificó el origen de los bombardeos, se trata de proteger a la población civil, nada de nada de cambio de régimen que es, sin embargo, de lo que todos hablan cuando se sientan en el cuartel general de la Alianza. ¿Acerca la extensión temporal de la misión lo que se dice a lo que se hace? Lo dudo mucho y para un Gobierno como el nuestro, para el que la ONU es una suerte de Gobierno sideral y sacrosanto, alguien debería empezar a hacer examen de conciencia.

Y queda la cuestión final y decisiva: ¿conseguirá la OTAN con esta nueva prórroga acabar la guerra tal y como quiere, con Gadafi fuera, los rebeldes en el poder y sin ningún nuevo baño de sangre, esta vez sobre los vencidos? Dudoso. Es verdad que a veces el poder militar es lento, pero en este caso lo que falla es la estrategia no los misiles. Improvisación, falta de claridad, compromiso y voluntad. El secretario de Defensa americano saliente, Robert Gates, ha dicho que la OTAN se ha convertido en una organización con dos niveles, los que luchan y los que miran. En realidad tres, los que bombardean, los que aplauden o critican y los que, como España, ni una cosa ni otra. Chacón debería saber que en la guerra, como en el embarazo, difícilmente se puede quedar a medias. Eso sí, con su ideología podría abortar nuestra participación.

Es verdad que, como ha dicho Regina Otaola, el éxito electoral de Bildu significa haber perdido una batalla, pero no supone haber perdido la guerra. Claro es que para ganar una guerra hay que empezar por reconocerla y, además, hay que combatir. El Gobierno de Rubalcaba, de quién si no, está muy lejos de cumplir con esas dos exigencias. Lo malo para Rubalcaba es que la guerra a la que renuncia es la guerra de la Ley frente a la barbarie, la defensa de la democracia y de la libertad política frente a los totalitarios que imponen su voluntad por la fuerza, sin renunciar a ninguna forma de violencia y, muy especialmente, a la violencia cotidiana, a la extorsión política, a la toma de la calle pisoteando el derecho de los ciudadanos comunes y pacíficos a no vivir en un continuo estado de excepción y de inseguridad jurídica.

Pero las grandes batallas se empiezan perdiendo con los símbolos y, por eso, han retirado la bandera de los ayuntamientos que controlan. Los enemigos de la libertad conocen muy bien las debilidades de la democracia española y las explotan de manera inmisericorde en su beneficio. Así, han conseguido colar para denominarse el término de izquierda abertzale, tratando de ocultar lo que realmente son, partidarios de un orden impuesto por el terror, por una banda de asesinos que trata de disfrazarse de fuerza militar. El PSOE de Alfredo ha coqueteado miserablemente con esa terminología engañosa y, tratando de nadar y guardar la ropa, ha bendecido su presencia en las instituciones con la vana esperanza de que el poder político les quite las ganas de acabar con la libertad.

Hasta aquí se trata de un tremendo error político, un error muy caro desde el punto de vista electoral, pero hay algo más. El Gobierno de Rubalcaba tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Ley y no puede tolerar que sea violada de manera impune por unas instituciones que pretenden actuar en el marco de la legalidad, aun cuando estén dirigidas por los colaboradores de los criminales. El PSOE de Alfredo puede seguir hablando, si prefiere engañarse y tratar de engañar a sus votantes, de izquierda abertzale, pero el Gobierno de Rubalcaba no puede consentir sin mover una pestaña que se incumpla la Ley, que la bandera española sea arriada de manera vergonzosa de numerosas instituciones vascas como si España hubiese dejado de existir en aquel territorio y como si los numerosos vascos que se sienten españoles tuvieran que empezar a sentirse extranjeros por culpa de los nuevos munícipes. La Constitución, las leyes vigentes y la jurisprudencia constante del Supremo son unánimes al respecto. No se puede consentir que la bandera española deje de ondear en instituciones que se nutren del presupuesto común y que se asientan en el territorio nacional. Es una vileza miserable que el Gobierno mire para otra parte y que ni siquiera haga asomo de tomar alguna medida. El Gobierno de Rubalcaba se refugia aquí, según sus reiteradas declaraciones, en la acomodaticia doctrina que se olvida de cumplir la Ley con la disculpa de evitar un mal mayor. Eso no vale gran cosa con los acampados, pero es de una hipocresía superior con unos personajes que han adquirido la condición de autoridad pública y que están especialmente obligados a cumplir la Ley que les otorga sus poderes. El Gobierno debe dejar de disimular y reponer la bandera nacional en los ayuntamientos, porque somos una inmensa mayoría los que queremos verla allí, y eso es lo que ordena la Ley.

Un tribunal militar ha concedido la absolución a un cabo 1º del Ejército que se encontraba en acto de servicio de armas en Afganistán cuando fue hallado en estado de embriaguez. El juez calificó su borrachera como “accidental o fortuita” porque “sólo” se tomó dos vasos de whisky.

El pasado 3 de mayo, el Tribunal Militar Territorial Primero acordó absolver a este cabo 1º, tras meses bajo la acusación del Fiscal Jurídico Militar. Se le atribuía un delito contra el artículo 148 del Código Penal Militar.

El militar acusado se encontraba de guardia de alerta en la base de Herat, en Afganistán, cuando fue descubierto en evidente estado de embriaguez por un superior, que dio parte del incidente.

Según el citado artículo 148, “el militar que en acto de servicio de armas o transmisiones, voluntaria o culposamente se embriagare o drogare, resultando excluida o disminuida su capacidad para prestarlo, será castigado con la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión”.

Sin embargo, el juez ha tenido en cuenta la versión del acusado, cuya defensa alegó que la dosis ingerida era “reducida, unos dos vasos de whisky”, y que la reacción a la bebida fue “desproporcionada”.

Por tanto, el juez dictaminó que al tratarse de una “embriaguez fortuita o accidental”, y, al no haber protagonizado el acusado episodios anteriores similares, no había motivo de castigo.

Una enmienda presentada por los 'populares' propone que los guardias civiles no puedan "organizar, participar ni asistir" en lugares públicas a manifestaciones de "carácter político, sindical o reivindicativo".

El PP ha presentado una enmienda a la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas en la que propone que los guardias civiles no puedan "organizar, participar ni asistir" en lugares públicos a manifestaciones o reuniones de "carácter político, sindical o reivindicativo".

Con la enmienda, presentada por el grupo popular en el Senado, se pretende que los guardias civiles ejerzan el derecho de reunión y manifestación en "los mismos términos" que el personal de las Fuerzas Armadas.

El texto presentado por el PP precisa que "vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición de Guardia Civil no podrán organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo".

De aprobarse la enmienda en estos términos, las asociaciones profesionales de guardias civiles tendrían prohibido convocar en el futuro manifestaciones de protesta como la celebrada el pasado 18 de septiembre en Madrid, y que reunió a miles de agentes del instituto armado.

Esta es una de las 22 enmiendas presentadas por el PP al proyecto de Ley de Derechos y Deberes de los militares, que ha comenzado su tramitación en la Comisión de Defensa de la Cámara Alta. En total han sido presentadas cien enmiendas por parte de todos los grupos, salvo el socialista: 37 corresponden a CiU, 23 al grupo de senadores nacionalistas, 22 al PP y 18 a Entesa Catalana de Progrés.

La Comisión tiene previsto debatir y votar el próximo 14 de junio el dictamen de la ley, que entró en la Cámara Alta tras ser aprobada por el Pleno del Congreso el 5 de mayo, con la única abstención de CiU y UPyD.

Otra de las enmiendas del PP se centra en acciones complementarias para velar especialmente por la escolarización de los hijos de los militares, la salvaguarda de sus lenguas maternas y la no imposición de escolarización en aquellas lenguas cooficiales de Comunidades Autónomas cuando no fueran las suyas.

Ley de la Carrera Militar

Además de proponer cambios en la normativa sobre ascensos honoríficos, el PP reclama al Gobierno que remita al Congreso, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley que reforme la Ley de la Carrera Militar, que modifique el actual sistema de integración de escalas y aborde el establecimiento de un periodo transitorio de aplicación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso.

Con ello, el PP quiere "solventar problemas de la Ley de la Carrera Militar" y "terminar con los agravios y disfunciones que se han producido a los suboficiales".

Las enmiendas de CiU se enfocan a establecer que la mera afiliación a partidos políticos quede permitida para los militares, sin que ello suponga la vulneración del deber de neutralidad política. Las modificaciones que propone el grupo catalán persiguen extender el derecho profesional de los militares de presentar iniciativas y quejas, así como eliminar limitaciones excesivas al ejercicio del asociacionismo profesional.

Por su parte, las enmiendas de Entesa también persiguen "la salvaguardia de derechos de miles de miembros de las Fuerzas Armadas que han visto alterada su carrera y trayectoria profesionales, al no prever la Ley de la Carrera Militar un régimen transitorio, perfectamente compatible, con el nuevo diseño de carrera militar".

El proyecto de Ley Derechos y Deberes, que afectará a los cerca de 130.000 militares profesionales, incluye como principales novedades el derecho a asociarse libremente, la regulación del Consejo de Personal como órgano de relación de las asociaciones con el Ministerio de Defensa, y la creación del Observatorio de la Vida Militar

En medio del conflicto abierto con el Gobierno por las titulaciones en ingeniería “sin contenido” que ofrece el Ministerio de Defensa a los futuros oficiales de los tres Ejércitos, los colegios profesionales han transmitido sus quejas al Príncipe de Asturias. Y las han planteado con el ejemplo del Centro Universitario de la Defensa creado en Cartagena para dar la doble titulación a los cadetes del Ejército del Aire y donde sólo el 60% del plan de estudios se corresponde con el impartido por las universidades civiles, según desveló LA GACETA el pasado 10 de abril. Defensa intenta ahora aplacar las protestas con nuevas reuniones con los colegios de ingenieros.

Al ser recibidos por Don Felipe en el Palacio de la Zarzuela el pasado lunes con motivo de la entrega de los Premios Nacionales de la Ingeniería Industrial, el presidente del Consejo de los Colegios Oficiales de esa rama, Francisco Javier Cobo Valeri, aludió en su discurso al problema planteado por el departamento que dirige Carme Chacón con “el confusionismo” generado por títulos como algunos “supuestamente de ingeniería” ofertados por el Ministerio de Defensa, “cuyos contenidos no resultan ni acordes a su propia denominación”.

El Príncipe de Asturias, que ya se interesó en la Academia General de Zaragoza por la reforma de la enseñanza militar que se ha puesto en marcha este curso con la doble titulación, escuchó esta vez en directo las quejas generales de los ingenieros hacia el Gobierno por implantar, al amparo de la nueva Ley de Servicios Profesionales, una drástica reforma de la profesión que equipara para cualquier función a los ingenieros de todas las actuales ramas y especialidades, ya sean de Montes o de energía nuclear.

Cobo acusó al Ejecutivo de hacer experimentos sin ningún criterio “con algunas de las pocas titulaciones del sistema universitario que todavía presentan demanda empresarial y bajo nivel de desempleo”. El representante de los ingenieros agradeció a Don Felipe que un año más hubiera tenido la deferencia de recibir a los colegios y a los galardonados, e incluyó el caso de los títulos que ahora ofrece el Ministerio de Defensa en el caos promovido por el Ejecutivo para insistir en que España no puede promover una “sobreoferta” de profesionales del ramo basada en “degradar” su formación.

También destacó Cobo el hecho de que la Corona se mostrara sensible al fomento de la competitividad de los profesionales y apoyara “la cultura del esfuerzo”. Suspendido todo diálogo por Defensa desde el mes de marzo, como los ingenieros no han cesado en sus denuncias e insisten en que no colegiarán a los futuros oficiales para que puedan desempeñar la profesión correspondiente “civil”, los responsables del Ministerio –en concreto el director general de Formación– han vuelto ahora a proponer nuevas reuniones a los representantes de los colegios para abordar el problema de la homologación de estudios.

Edelmiro de la Rúa, presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, y Manuel Acero, presidente del Instituto de Ingeniería de España, se declaran esperanzados en que durante este mes puedan abrir conversaciones en serio con el Gobierno, cerrado en banda desde antes y durante todo el curso

Con una diferencia de 24 horas se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en España y el Memorial Day, o Jornada de los Caídos en EE UU (último lunes de mayo). Pero la distancia es algo más que temporal: los Gobiernos norteamericanos, independientemente de que se trate de demócratas o republicanos, expresan un profundo respeto por conceptos como la bandera y la patria, y se toman absolutamente en serio el papel de las fuerzas armadas.

Nada que ver con los prejuicios y recelos con los que el Gobierno Zapatero trata en España al Ejército. Contrasta, por cierto, esta actitud con la alta valoración que los profesionales de la milicia merecen a la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas son una de las instituciones mejor valoradas en las encuestas del CIS.

Y con razón: se trata de uno de los colectivos de profesionales mejor formados, y que hacen gala de su buen hacer y un encomiable espíritu de servicio. Pero en lugar de valorar su decisiva aportación, un Gobierno prisionero de trasnochados prejuicios ideológicos no pierde ocasión de ningunearlo.

Y lo hace minando la moral de la oficialidad, al limitar las posibilidades de promoción, mediante la Ley de la Carrera Militar, que introduce la arbitrariedad: progresar ya no depende del mérito o la antigüedad, sino de la voluntad del superior. O desvirtuando la formación de los oficiales, al obligarles a estudiar Alianza de Civilizaciones, e incluso asignaturas puramente ideológicas, y con nula base científica, como Género e Igualdad. El resultado ha sido generar malestar en un estamento obligado a guardar silencio, y abocado a la desmoralización. ¿Sería a eso a lo que se refería la ministra Chacón al decir que España tenía el Ejército soñado hace 80 años por Manuel Azaña?

Unas Fuerzas Armadas que paradójicamente se meten en discutibles fregados, en nombre de la paz, como Afganistán o Libia, mientras la crisis obliga a aplicar severos tijeretazos en combustible, número de aeronaves y submarinos, raciones de combate e incluso efectivos; todo lo cual merma considerablemente la operatividad de las tropas.

Así, por un lado 1.500 soldados se juegan la vida en un conflicto vietnamizado como Afganistán, con continuos incidentes peligrosos en la zona de Qala-I-Now, de los que no informa Defensa, tal vez para mantener la increíble ficción zapaterista de que se trata de una misión humanitaria. Pero, por otro, con la reducción del número de submarinos, la Armada no puede cubrir con garantías los 7.900 kilómetros de costa de España.

Mientras tenemos a 500 soldados en la guerra de Libia, carecemos de un Mando Conjunto Militar en el Estrecho, el flanco estratégico más desguarnecido y peligroso, como resaltan los expertos en Defensa, o al Ejército de Tierra se le caen a pedazos los obsoletos blindados BMR, cuyos accidentes han provocado decenas de bajas en los últimos años.

El Día de las Fuerzas Armadas sintetiza muy bien la contradicción que subyace en un estamento ninguneado por el zapaterismo. Por un lado, ha dejado clara la profesionalidad de los militares, con la brillante exhibición de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, en la playa de la Malagueta; pero, por otro, ha puesto de relieve la falta de tacto de Defensa con la reducción del acto de homenaje a la bandera a un rápido trámite de 45 minutos y la ausencia de desfile, que ha provocado el lógico malestar y los abucheos del público

ASFAS, una asociación de suboficiales ha interpuesto un recurso contra la reciente normativa del Ministerio de Defensa, que autoriza el control de todas las cuentas de correo electrónico oficiales del Ejército de Tierra, Aire y Armada. Amenazan con llevar el caso, “si fuera necesario”, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El pasado 18 de marzo, el Boletín Oficial de la Defensa publicaba una nueva instrucción que pasa a regular el uso de la mensajería interpersonal en la red de área extensa corporativa “del Ministerio.

Esa polémica instrucción, con fecha del 24 de febrero, permitirá a Defensa “inspeccionar todos los archivos y mensajes” que se encuentren en el sistema Lotus, el programa que utilizan los militares para comunicarse mediante correo electrónico desde su dirección oficial de trabajo.

El objetivo de esta medida parece no ser otro que el de evitar fugas de información y filtraciones incómodas. Al menos, así lo entienden fuentes militares consultadas por El Confidencial Digital. En caso de detectarse prácticas poco ortodoxas por parte de los militares, Defensa aplicaría medidas disciplinarias e incluso penales.

El recurso, a Estrasburgo

Ha tenido que pasar algo más de un mes para que esta decisión de Defensa acabe en los tribunales, como casi todas las que ha tomado de unos años aquí –como la Ley de Carrera Militar o la Ley de Derechos y Deberes-.

En esta ocasión, el recurso ha sido interpuesto por la Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFAS), a través del Gabinete Suárez-Valdés, que presta cobertura jurídica a esta organización.

En este recurso, los suboficiales representados por ASFAS alegan que esta normativa constituye un “atropello” contra el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad persona, “más propio de otro tipo de regímenes que de un Estado de Derecho”.

El gabinete que está llevando este caso, inmerso también en otros relacionados con la Ley de Derechos y Deberes y la Ley de Carrera Militar, asegura que “si fuera necesario”, el recurso se elevaría incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia).

Mientras el presidente de la Generalitat, Artur Mas, acompañaba al Rey en Barcelona en la entrega de despachos judiciales a los nuevos 134 jueces, su partido hacía posible que el Parlament vaya a debatir una proposición de ley que pretende que, como no es posible quitarla, sea cada administración pública la que decida la ubicación de la bandera española para que quede «oculta» tanto en el interior como en el exterior de los edificios públicos. La iniciativa es de Solidaritat per la Independencia (SI) y fue admitida a trámite por la Mesa del Parlament con los cuatro votos a favor de CiU. Tanto el representante del PP como los dos del PSC están en contra. «Estamos ante una actitud muy irresponsable, vamos a debatir una ilegalidad porque la Ley es muy clara», lamentó a LA RAZÓN el portavoz parlamentario del Partido Popular, Enric Millo.

Desde CiU justificaron su voto favorable argumentando que los servicios jurídicos del Parlament no han visto impedimentos legales para que la proposición de ley fuera admitida a trámite. Fuentes de la federación nacionalista añadieron a Efe que el voto favorable de ayer no implica que vayan a dar apoyo a la iniciativa cuando se celebre el debate a la totalidad en el pleno.

Se trata, en definitiva, de la misma estrategia que siguieron con la proposición de ley sobre la indepedencia que en pleno no salió adelante porque CiU se abstuvo, pero, según indicó Millo, «es realmente patético que un subgrupo logre abrir este tipo de debates, situación que no se daría si CiU actuara con responsabilidad porque el Parlament es una institución seria y estas iniciativas la desprestigian. CiU actúa de forma distinta en Cataluña y en el Congreso». La proposición de la Solidaritat de Alfons López Tena quiere prohibir la bandera española en el exterior y el interior de los edificios públicos o, mientras no sea posible, que cada administración decida dónde ubicarla de forma que no sea visible.

Escuchar esa sintonía a pleno pulmón de un órgano afinado provoca emociones fuertes, según confesiones de algunos de los asistentes.

Hay quien comprueba que, el percibir los acordes en ese preciso instante, se le pone la piel de gallina.

Como digo, parece que, poco a poco, va a más esa práctica. Quizá como respuesta ciudadana a los intentos del Gobierno de silenciarlo en ceremonias religiosas oficiales. Y, desde luego, por haber prohibido que lo interpreten unidades militares.

Sabido es que en gran número de hermandades y cofradías existe la inveterada costumbre de que sus imágenes, Cristos y pasos entren o salgan de los templos a los acordes del Himno Nacional.

Y menos mal que el Estado adquirió los derechos de esa pieza musical. Porque, si no, a estas alturas estaríamos viendo a los espías de la SGAE visitando bodas y procesiones para ver si era interpretado, y a continuación cobrarles.

Ha aclarado que el coche patrulla era conducido por otro agente y que ambos participaban en la persecución de un vehículo que se había dado a la fuga tras un robo.

La Comandancia de la Guardia Civil de Soria ha asegurado este viernes que el vehículo que captó un radar a 207 kilómetros por hora no era conducido por el jefe del destacamento de Tráfico de la Benemérita en Soria, Claudio Argüello, sino por otro agente, y ha aclarado además que ambos participaban en la persecución de un vehículo que se había dado a la fuga tras un robo ocurrido en la localidad soriana de Almarza.

Esta es la versión ofrecida por el teniente Santiago Rodríguez, de la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Soria, que contradice la denuncia presentada por la UGC ante los juzgados de Soria en la que acusa a Argüello de circular a 207 kilómetros por hora en un tramo de la autovía A-15 entre la capital soriana y Lubia.

Santiago Rodríguez ha precisado que los hechos ocurrieron el pasado 26 de enero de 2010, la misma fecha que ha dicho la UGC, y que incluso se pidió cobertura aérea para la operación. Según ha aseverado Rodríguez, en la persecución el coche patrulla iba con los dispositivos luminosos y acústicos reglamentarios.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han pedido para Argüello "la presunción de inocencia".

El ministerio de Defensa ha roto el diálogo con los colegios y asociaciones sobre la homologación como ingenieros de los oficiales del Ejército que salgan de las academias y que posteriormente quieran trabajar como tales en el ámbito civil.

Más de dos meses después de la última reunión (4 de marzo) entre altos cargos de los departamentos competentes -el que dirige Carme Chacón y el de Educación- con representantes del mundo de la Ingeniería para abordar el contencioso por la doble titulación -civil y militar- que el Gobierno quiere dar a los oficiales de las Fuerzas Armadas, Defensa sigue sin responder a los planteamientos e informes aportados por los ingenieros a petición de las autoridades ministeriales (22 de marzo).

El primer curso que se imparte en las tres Academias con estudios de doble titulación, la castrense más la de ingenieros, está a punto de concluir, y Defensa calla ante la denuncia de los profesionales por la falta de concordancia entre los planes de formación de los centros militares, especialmente en la Academia General del Aire, y los de las universidades civiles.

Y mantiene el silencio por la consigna del Ministerio de no organizar más líos en público con la traumática reforma de la enseñanza militar, pese a que los ingenieros mantienen la advertencia de que los oficiales no podrán colegiarse después para ejercer la profesión civil.

Las asociaciones de ingenieros, según ha sabido El Confidencial Digital, se han dirigido la semana pasada por carta al ministerio de Defensa -y de rebote al de Educación- para reiterar que es urgente homologar los estudios militares con los que se realizan en las escuelas de ingenieros.

También requieren respuesta a los informes aportados en marzo, con datos tan contundentes como los correspondientes a la Academia General del Aire, cuyos planes de estudio de ingeniería industrial sólo se corresponden en un 60 por ciento con los de las facultades civiles correspondientes.

Además, como publicó ECD –ver noticia-, a los futuros pilotos se les exige menos formación técnica que a los futuros oficiales de Infantería, Caballería o Artillería. Un teniente de la Legión estudiará el doble de ‘mecánica de fluidos’, ‘resistencia de materiales’, ‘electrónica industrial’ o ‘mecánica de máquinas’ que un piloto de caza F-18.

Según cuentan las crónicas, la operación de asalto y rescate se vio dificultada por el viento. Al objetivo se acercaron los comandos de la FGNE (Fuerza de Guerra Naval Especial) desde dos lanchas y un helicóptero. Desde las primeras, los soldados abrieron fuego para despejar la cubierta de terroristas, mientras desde el helicóptero un grupo de marines se descolgaba sobre el puente de mando de la nave. En un tercer momento, cubiertos por francotiradores, los soldados de las lanchas subieron a cubierta, y fueron despejando las instalaciones hasta llegar a la estancia segura donde la tripulación del mercante se había encerrado. En total, la operación duró diez minutos: los secuestradores fueron detenidos y los secuestrados, liberados.

Pero hay dos problemas. El primero, que no se trataba en realidad de un barco mercante, sino de un cazaminas de la Armada actuando como tal. El segundo, que la operación no se desarrolló en aguas somalíes, sino españolas. El tercero, que no había piratas. Era, en fin, una espectacular demostración teatral escenificada ante la visita del Príncipe de Asturias a las instalaciones que en Cartagena tienen la Fuerza de Guerra Naval Especial y el Centro de Operaciones y Vigilancia Marítima (COVAM). La ocasión lo merecía, porque se trataba en verdad de una visita histórica estas unidades.

La demostración dejó clara ante el Príncipe de Asturias y la opinión pública la enorme capacidad de estas unidades: en material y pericia se encuentran a la altura de las mejores del mundo. Sin embargo hay un problema: hasta ahora, ésta sólo se ha mostrado en maniobras y demostraciones ante autoridades y medios de comunicación, pero no en circunstancias reales, con piratas reales y rehenes reales. Algo que no se puede achacar a nuestras tropas, pero sí al Gobierno. Las rígidas órdenes emitidas desde el Ministerio de Defensa, la política de "cuantos menos tiros mejor", empaña la imagen militar. Nuestros soldados han tenido ocasiones de mostrar su pericia en operaciones contra piratas reales y no simulados: la más amarga ocurrió en 2009 con los piratas del Alakrana. Entonces, las capacidades militares españolas no fueron capaces de impedir que los piratas se saliesen con la suya. Las restricciones al uso de la fuerza en Afganistán, favorecen también a nuestros enemigos, y castigan a nuestras fuerzas.

Tras aquella la lamentable operación del Alakrana, Carmen Chacón aún defiende el pago de rescates y el freno al uso de la fuerza por parte de nuestros soldados. Para los soldados queda el lamentable contraste entre las escenificaciones y las operaciones reales, entre la perfecta ejecución de las maniobras y demostraciones, y los problemas en las operaciones reales. Y de este contraste las perjudicadas son nuestras Fuerzas Armadas

Ante la evolución geopolítica del Magreb, es necesaria la creación de un Mando Conjunto en el Estrecho de Gibraltar, con capacidad de ejecución de operaciones defensivas y ofensivas, y con cuartel general en Sevilla. La sugerencia de un general de Brigada.

Esta proposición es obra del general de Brigada de Infantería -en la reserva- Salvador Fontenla Ballesta, doctor en Historia por la Universidad Complutense y voz autorizada para hablar de la geoestrategia de la Península Ibérica. El análisis ha sido publicado en el reciente número 36 de la revista ‘XXI Legio’.

Dice el general Fontenla que la falta de control sobre el Estrecho de Gibraltar fue la causa de algunas de las mayores invasiones de la Península Ibérica, y que actualmente, con los cambios geopolíticos que se están produciendo en el Magreb, se ha convertido en el punto más peligroso para la integridad territorial de España.

El autor asegura que la solución militar para esta falta de control pasa por la creación de un Mando Conjunto militar en el Estrecho de Gibraltar, dependiente del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa.

Estas serían, básicamente, las características de este Mando Conjunto:

-“La zona de responsabilidad debe incluir mar de Alborán, bolsa de Cádiz, Ceuta, Melilla (…) Chafarinas, Perejil, y peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas”.

-Debe tener “capacidad de planeamiento y ejecución de operaciones defensivas y reacciones ofensivas”, ya que “sin reacciones ofensivas no hay disuasión creíble ni defensiva con éxito”.

-“Integración de todos los sistemas de inteligencia que exploran y observan el Estrecho”.

-“Contar con un cuartel general capaz, con unidades orgánicas de maniobra, de apoyos de fuego, de combate y logísticas”. La ubicación ideal para este puesto de mando sería “Sevilla, que reúne condiciones suficientes para ser la sede de este Cuartel General, por su situación geográfica y por tener ya gran parte de las infraestructuras necesarias (actualmente infrautilizadas)”.

El principal obstáculo que señala el general Fontenla para la creación de este Mando Conjunto son las “estructuras mentales a nivel político y militar” que rigen actualmente en España.

Los malpensados pueden creer que la ministra de Defensa trasladó su campaña electoral a la bella isla italiana de Cerdeña. No es que España tenga algún municipio o autonomía en ella. Podría creer que la razón es que Chacón quería una foto con las tropas españolas que participan en la «no guerra» de Libia. No tengo ninguna duda de que la coincidencia con la campaña electoral es una afortunada casualidad y lejos del ánimo de la ministra y sus asesores el utilizar esta oportunidad en beneficio político. No hay que olvidar que el Ejército es una de las instituciones más queridas y valoradas por los españoles. En esta ocasión, además, una gigantesca bandera española aparecía detrás de la bien cuidada imagen de Chacón que estaba flanqueada por altos mandos del Ministerio así como por los militares destacados en la base. La ministra, que no celebra ruedas de Prensa y concede escasas entrevistas, es muy aficionada a los golpes de imagen y el fotoperiodismo. Es un caso insólito en la democracia española y entre sus homólogos de la UE.

Primera luz verde para la Ley de Derechos y Deberes de los militares. El Congreso de los Diputados aprobó este jueves por amplia mayoría el proyecto de Ley Orgánica remitida por la comisión de Defensa de la Cámara Baja, cumpliéndose así el primer trámite para la aprobación final de la misma.

El articulado que llegó al hemiciclo contó con 305 votos a favor y 10 abstenciones. Los votos discrepantes fueron los de UPyD y CiU, aunque por cuestiones absolutamente diferentes. Y es que mientras Rosa Díez lo hizo por sus diferencias con lo que dice el texto, los nacionalistas catalanes lo hicieron en clave electoral, para no dar una alegría a Carmen Chacón, importante dirigente del PSC. "Los tiempos políticos y parlamentarios no siempre coinciden con los mediáticos", se justificaron desde CiU.

El texto será remitido ahora al Senado, donde los miembros de la Cámara Alta podrán hacer las modificaciones que consideren oportunas. Una vez aprobado el texto que realicen y acuerden los senadores, el proyecto de Ley Orgánico será remitido de nuevo a la Carrera de San Jerónimo, donde se procederá a su aprobación definitiva.

Las novedades más importantes que introducirá esta ley son la regulación de las asociaciones profesionales de militares y la creación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y del Observatorio de la Vida Militar.

La regularización de las asociaciones profesionales fija las normas relativas a su constitución, su régimen jurídico y se crea un registro específico para ellas dentro del ministerio de Defensa. Las mismas defenderán y promocionarán los intereses profesionales, económicos y sociales de los militares. Eso sí, el texto de la ley especifica de forma muy clara que no podrán bajo ningún concepto "amparar procedimientos o actitudes de naturaleza sindical como la negociación colectiva o el ejercicio del derecho de huelga".

Estas asociaciones, tras la acreditación de tener un porcentaje determinado de afiliados dentro de los Ejércitos, podrán acceder al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, que contribuirá por medio de informes o consultas a los procesos de elaboración de leyes o proyectos normativos que afectan a los miembros de las FAS. De este modo, con la creación de este órgano se formalizan las relaciones entre el ministerio de Defensa y las ya mencionadas asociaciones profesionales.

Por su parte, el Observatorio de la vida militar se creará como un órgano colegiado, asesor y consultivo, cuyas funciones serán las de analizar aquellas cuestiones que afecten a los derechos fundamentales y libertades de los militares, entre ellas, las condiciones de vida en los cuarteles. Estará conformado por un número reducido de personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos de la defensa y los derechos humanos y sus miembros serán nombrados por el Congreso y el Senado.

La votación en el Congreso trajo consigo la aprobación de varias enmiendas parciales al texto, que harán que las asociaciones no tengan que demostrar año a año el número de afiliados que tienen para poder estar en el Consejo de Personal; o que el Observatorio de la Vida Militar pueda realizar informes sobre las condiciones de vida en los cuarteles a instancia de parte, y no sólo porque así se haya pedido desde el ministerio

La Armada está encajando mucho mejor que el Ejército de Tierra la reforma de la enseñanza militar acometida por el ministerio de Defensa para dar a los futuros oficiales una doble titulación: la castrense y otra civil como ingenieros.

Si en enero, en el primer curso del nuevo plan de formación en la Academia General de Zaragoza, ya había 65 bajas (un 22 por ciento de los cadetes), en la Escuela Naval de Marín sólo 6 de los guardiamarinas que entraron en septiembre (menos de un 8 por ciento) han abandonado, según datos del Estado Mayor de la Armada a los que ha tenido acceso El Confidencial Digital.

Marín es la excepción, en el lío organizado por Defensa con la reforma de la enseñanza para la doble titulación de oficiales. El plan de estudios ‘civiles’ elegido corresponde al grado de ingeniería mecánica, más acorde y similar a la formación propia y tradicional de la Armada que el aplicado en Zaragoza para los oficiales de tierra, como ingenieros de organización industrial.

Además, los aspirantes a guardiamarinas estaban más informados o concienciados sobre lo que les esperaba en la Escuela Naval y en el centro universitario de la Defensa adscrito a la misma.

El caso del Ejército del Aire es aparte. Su cifra de bajas voluntarias ha sido anecdótica. Los jóvenes que han ingresado tienen menos problemas que los de los otros ejércitos con el título civil, que es el mismo que el aplicado en Zaragoza, ingeniero industrial, pero con un plan de estudios que sólo coincide en un 60 por ciento con el que imparten las universidades convencionales y con el exigido en la Academia General Militar, según denuncian los colegios de ingenieros.

A los futuros pilotos se les exige menos formación técnica que a los futuros oficiales de Infantería, Caballería o Artillería. Un teniente de la Legión estudiará el doble de ‘mecánica de fluidos’, ‘resistencia de materiales’, ‘electrónica industrial’ o ‘mecánica de máquinas’ que un futuro piloto de F-18.

En Marín, los guardiamarinas y los responsables del nuevo centro de enseñanza adscrito se han ido adaptando a los cambios gradualmente y con menos problemas. Según fuentes de la Armada, la mayoría de los alumnos aprueban las asignaturas ‘civiles’, mientras que en Zaragoza, donde la dirección tiene órdenes de evitar más salidas voluntarias, se teme que el número de repetidores, por las asignaturas de ingeniería, sea más alto que nunca.

Además, un alto porcentaje de cadetes de la Academia de Zaragoza abandonaron en el primer trimestre porque no aguantaban la dureza de la formación castrense básica impartida en las primeras semanas. Para el curso que viene, como adelantó El Confidencial Digital, se ha decidido dosificar esa formación castrense para evitar las bajas masivas.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aplazado la decisión de imponer al Gobierno una reforma de la Ley de la Carrera Militar, gracias a un acuerdo alcanzado entre el PSOE y el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que traslada a la Comisión de Defensa el deber de elaborar un informe previo sobre la conveniencia o no de reformar la ley.

De esta manera, se ha eliminado la enmienda que se introdujo en la Comisión de Defensa en el proyecto de ley de Derechos y Deberes de los militares, que obligaba al Gobierno a reformar la ley de la Carrera Militar en el plazo de seis meses.

La transacción alcanzada entre PSOE e IU pide a la Comisión de Defensa que elabore un dictamen sobre la reforma en un plazo de seis meses posterior a la entrada en vigor de la ley de Derechos y Deberes, que será remitido al Gobierno posteriormente.

Con la aprobación de la Ley de Derechos y Deberes –que contó con las abstenciones de CiU y UPyD-, y debido a una enmienda presentada durante la tramitación, se insta alGobierno a reformar la Ley de la Carrera Militar, que entró en vigor en 2007. Esta modificación, en su caso, se hará siempre previo informede la Comisión de Defensa, por lo que queda en manos de los parlamentarios la decisión, según explicaron fuentes parlamentarias. Deberán reunirse en un plazo de seis meses desde la publicación de la norma para decidir si se aboga por la reforma de la Ley de la Carrera Militar.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, quiso intervenir en este debate para agradecer el “amplísimo consenso” alcanzado. Dijo que la norma era tan “necesaria como compleja” y que el texto resultante es “mejor que el texto que trajo el Gobierno (a la Cámara)” en julio de 2010.

“Hoy nuestros militares son igual de militares que ayer pero más ciudadanos”, afirmó la titular de Defensa, tras decir que con esta norma se salda una “deuda” que se mantenía con los miembros de las Fuerzas Armadas desde el inicio de la democracia.

“Sin amplísimo consenso esta ley no iba a ver la luz” ya que, recordó Chacón, no se trata de una ley “a la medida de un Gobierno” sino de una norma “a la medida de las necesidades de este país”.

Para cerrar su intervención, la ministra quiso agradecer “personalmente” a Gaspar Llamazares su apoyo a la norma y su trabajo, ya que aseguró ser consciente de que no sólo representaba un voto sino “mucho más”.

Ahora, apuntó, desde el Ejecutivo “mantendremos la línea de acción” en el Senado, ya que la norma pasará ahora a la Cámara Alta, donde algunos grupos políticos ya han anunciado que propondrán algunos cambios.

La portavoz del PP en Defensa, Beatriz Rodríguez-Salmones, resaltó que, aunque mejorable, esta norma tendrá una vigencia amplia y defiende los derechos de los militares. Se les otorga, entre otras aspecto, “mucha libertad de expresión”, dijo. Además, representa una “oportunidad única” para reformar la Ley de la Carrera Militar.

Desde CiU, el diputado Jordi Xuclá, que recalcó que el texto aún constituye una “primera lectura” de la futura norma, afirmó que en el Senado presentarán enmiendas que afectarán al Consejo de Personal, como la petición de una “representación paritaria” de las asociaciones y los representantes del ministerio.

El portavoz del PNV, José Ramón Beloki, reconoció la “dificultad” de regular los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, aunque su postura se sustenta en que son “ciudadanos que desarrollan la vida laboral de uniforme.

Por su parte, Gaspar Llamazares, portavoz de ERC-IU-ICV, expresó su “moderada satisfacción” por la norma porque “se avanza” en el reconocimiento de los derechos militares, si bien considera que es un “exceso” la restricción que, a su juicio, se da en algunos derechos porque prima la condición de militar a la de ciudadanos.

Recordó que el Gobierno tiene que presentar una modificación de la Ley de la Carrera Militar, previa decisión en Comisión, para solucionar los “problemas” producidos por la aplicación de esta norma de 2007.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, que en su día presentó enmienda a la totalidad, insistió en el que el texto resultante es “mucho mejor del que llegó a al Cámara” pero añadió que todavía tiene “defectos”.

A su juicio, se “restringe” el derecho de los militares a elegir a sus representantes en el Consejo de Personal y se les “prohíbe” su afiliación a los partidos políticos. Se debe, dijo, “regular el ejercicio pero no negar los derechos que tienen como ciudadanos”.

Por último, el diputado del PSOE, Jesús Cuadrado, afirmó que “se les debía” a los militares una norma de estas características y que prueba de ello es el “consenso universal” alcanzado. Destacó que con esta norma se va cerrando la modernización de las Fuerzas Armadas, que culminará con la próxima ley de régimen disciplinario.

Allá por el mes de septiembre del pasado año y una vez que se conoció el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2011, expertos en Defensa, de dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, pusieron el grito en el cielo por el recorte presupuestario que, por tercer año consecutivo, sufría el ministerio y que, según apuntaron, reducirá drásticamente los niveles de operatividad de las unidades militares.

Los ya famosos 7.153,55 millones de euros que este año irán destinados a la defensa española implican una reducción en 538,4 millones respecto al pasado 2010. Esta caída en el poder adquisitivo afecta a todos los grandes capítulos y a la cabeza de todos ellos los programas de modernización. En primera instancia puede pensarse que los recortes en este ámbito reducirán peligrosamente el nivel de capacidades futuras de los Ejércitos y de la Armada, al margen de lo que afectará al futuro de las empresas que participan en dichos programas, pero la realidad es mucho más cruda como ya publicó este diario el pasado miércoles. “Desengañémonos, nuestras Fuerzas Armadas han sido preteridas y postergadas, intencionadamente, desde hace mucho tiempo”, explican a LA GACETA altos mandos militares. Lo cierto es que en la actualidad el gasto en defensa en España sigue siendo el más bajo entre los aliados europeos de la Alianza Atlántica, si exceptuamos al insignificante Luxemburgo, una situación que no se corresponde en absoluto ni con la dimensión económica ni con la ambición estratégica de la que hace gala nuestro país.

En realidad, cuentan las mismas fuentes a este periódico, las botaduras de nuevos barcos de guerra o las presentaciones de nuevos aviones y productos sólo satisfacen a una parte: las empresas, las principales beneficiarias de los presupuestos, “que les garantiza tarea durante unos años y puestos de trabajo en las circunscripciones electorales de quienes aprueban esas partidas”.

Patriotismo

“¿Significa ello que ese gasto se adecua a lo que realmente necesitan nuestras Fuerzas Armadas en calidad, oportunidad y con esa prioridad?, diríamos que no”, afirman los altos mandos militares, aún en activo. Además, señalan, que a los Estados Mayores y Mandos Logísticos se les impone este material abusando no pocas veces del argumento patriótico, al que son tan sensibles.

“Los pedidos iníciales suelen ser ridículos, con lo que los precios llegan a ser altísimos. Son buenos productos, pero no basta con desarrollarlos y adquirirlos, necesitan su mantenimiento, repuestos, infraestructuras, adiestramiento y muchas veces algo tan simple como terminarlos”. Efectivamente, terminarlos, porque, cuentan, a menudo sus sistemas quedan a medias, sin repuestos, con fallos de diseño o faltos de armamento. Vale más una presentación ajustada y a tiempo que un producto adecuado fuera de los plazos. La visión política del Ejército –como ha ocurrido con el conflicto libio–. “No importa, se hará entrega del material, a veces con familia real, políticos, banda de música y ceremonia de firma ostentosa, y a nadie se le ocurrirá decir: yo eso así no lo acepto para mi ejército, no firmo”, aseguran con cierto tono de resignación.

Hay, pues, una parte del ciclo que ya no es tan espectacular en la que no hay forma de encasquetar la foto. “Aquí está el trabajo ingrato y gris y el gasto permanente, tantas veces no previsto, no por falta de capacidad, sino por el síndrome del avestruz”. Y aquí son tan responsables los políticos como los propios militares, tantas veces subestimados y tantas “engañados”.

Los militares de profesión, españoles y extranjeros, están teniendo problemas para firmar sus compromisos de larga duración que les unirían a las Fuerzas Armadas hasta los 45 años. Muchos ya han empezado a pleitear con Defensa.

“Para el Gobierno, en España sobran militares. Más aún teniendo en cuenta que una de las mayores partidas presupuestarias de Defensa son los gastos de personal”, y que ésta es la más afectada por los recortes.

Así se explican fuentes jurídicas la política de no renovaciones que ha puesto en marcha el ministerio. Según datos a los que ha tenido acceso El Confidencial Digital, Defensa está poniendo todo tipo de trabas a la renovación de compromisos de larga duración.

Estos compromisos suponen la tercera prórroga del contrato. Es decir, un militar profesional de tropa o marinería entra en el ejército con un compromiso de permanencia de 3 años. Al término de este periodo, se puede renovar otros tres. Y una vez finalizado el segundo, el militar profesional tiene la opción de firmar otro que le mantendrá unido a las Fuerzas Armadas hasta que cumpla los 45 años.

Es en esta última prórroga de contrato donde Defensa está denegando más peticiones de renovación. Y según las fuentes jurídicas consultadas por ECD, esta tendencia es mayor cuando se trata de un militar de origen sudamericano.

Las fuentes consultadas por El Confidencial Digital aseguran que este asunto se ha convertido en uno de los principales orígenes de conflictividad laboral en el Ministerio de Defensa, que se encuentra en uno de sus máximos históricos debido a la implantación de la Ley de Carrera Militar y de la Ley de Derechos y Deberes.

Para poder firmar este tipo de compromiso de larga duración es necesario tener cumplidos 5 años de servicio, poseer la nacionalidad española y haber sido evaluado previamente y declarado idóneo. Es en estas evaluaciones donde se origina el problema, ya que muchos de los aspirantes, que cumplen los requisitos y cuyas evaluaciones anteriores habían sido positivas, son declarados no aptos.

Además, una vez adquirido el compromiso de larga duración, el militar profesional comenzará a beneficiarse de trienios, computándose a estos efectos el tiempo de servicio desde la fecha del compromiso inicial

La ministra de Defensa, Carme Chacón, intenta estos días acelerar en las Cortes la tramitación de la ley de derechos y deberes de los militares. Es la última reforma que acomete en el departamento después de fracasar en la de la carrera militar, que le vino heredada de José Antonio Alonso, y liarse ella sola con la de la enseñanza.

Necesita sacar adelante cuanto antes la primera ley citada, y por acuerdo con el PP, antes de meterse en la carrera de las primarias para suceder a Zapatero –23 de mayo– y arreglar así, con un tanto positivo y de consenso, el balance de su gestión al frente de un ministerio que le ha dado la mejor imagen y calificación en las encuestas mientras se multiplicaban los retos y los problemas para las Fuerzas Armadas (FAS).

Miles de recursos presentados por los oficiales por una política de personal que ha llegado al Constitucional, tras años de recortes presupuestarios que amenazan la operatividad de las FAS, un Ejército que pierde miles de soldados, planes de estudios civiles en las academias militares que no entienden ni los profesionales, los centros superiores de formación superior militar de las armas degradados, doctrina zapateril aplicada en cuarteles y museos y mucha política de imagen... Es lo más negativo del balance de la candidata Chacón en Defensa. En lo positivo queda la responsabilidad que le toca en la eficacia demostrada por las tropas españolas en las misiones en el exterior.

Cuando el presidente del Gobierno nombró a Chacón ministra de Defensa hace casi tres años –presumió de rompedor al poner a una mujer embarazada al frente de los Ejércitos–, en el PSOE ya interpretaron que era una forma de poner a la dirigente del PSC en primera línea para la promoción interna. Una vez aterrizada en el departamento y ante su obsesión por la imagen personal, se apuntaba que iba camino de la Vicepresidencia del Gobierno en el lugar de De la Vega. Después se torció la legislatura y Zapatero prefirió a Rubalcaba para el cargo. Si en la carrera sucesoria el ministro de Interior tiene el obstáculo del escandaloso caso Faisán, Chacón tiene el problema de un ministerio patas arriba en el orden interno.

Escalas unificadas

La ley de la carrera militar, con la unificación de escalas, se hizo al estilo Zapatero, “como sea”, en los tiempos en que su amigo José Antonio Alonso ocupaba el cargo. Las asociaciones de militares cifran en 17.000 los recursos de los afectados (40%) aunque el ministerio dice que son 3.839.

El Tribunal Constitucional, a instancias de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, se pronunciará en las próximas semanas sobre una pieza básica de la reforma: el curso de adaptación para oficiales, que sirvió para unificar escalas.

Más recortes

Bajo el mandato de Carme Chacón, el Ministerio de Defensa ha sufrido los mayores recortes presupuestarios de la etapa democrática. Y ocurre en el momento en que más esfuerzo se requiere a las Fuerzas Armadas por las misiones internacionales: las guerras de Afganistán y Libia más la operación de paz en Líbano y la de lucha contra la piratería en el Índico. Los presupuestos bajaron un 2,9% en 2009, otro 6,8% en 2010 y otro 7% en 2011. La operatividad de las FAS está amenazada y los programas de modernización retrasados o paralizados. El parque de blindados del Ejército está obsoleto (los BMR) y la Armada se ve obligada a parar los barcos más antiguos.

Plantillas cortas

Chacón ha admitido para las FAS los mismos criterios de recorte de plantillas que para los funcionarios públicos. Si en 2009 logró el éxito de cumplir el objetivo de captación de soldados y marineros por primera vez desde la profesionalización plena de las FAS, ha retrocedido en año y medio todo lo avanzado. El pasado año el Ejército perdió más de 2.000 soldados porque se redujo drásticamente la convocatoria de plazas. Ya hay hasta 60 aspirantes por plaza.

Enseñanza

La idea de dar una doble titulación a los oficiales y suboficiales –militar y civil– llenó la Academia General de Zaragoza de jóvenes sin vocación. Un 22% dejó los estudios el primer trimestre. El título de ingeniero que Defensa quiere dar a los cadetes del Aire no se corresponde con el plan de estudios civiles correspondiente. El cierre de las Academias de Armas –Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros– como centros de estudios superiores subleva a las ciudades afectadas.

Laicismo

Chacón aplicó la doctrina de la Memoria Histórica de Zapatero en los cuarteles y museos del Ejército (en especial en Toledo) y trasladó el anticlericalismo de su jefe a las normas internas de las Fuerzas Armadas para cambiar o suprimir las tradiciones religiosas de los Ejércitos. Por ejemplo, prohibió rendir honores a símbolos sagrados o que se entonara la Salve Marinera en las entregas de despachos de la Armada.

Por el contrario, ha procurado multiplicar sus fotos y posados, mostrándose exquisita en el trato con los familiares de los caídos, pero siempre eludiendo cualquier cuestión conflictiva o la relación directa con los medios

El hijo del fundador de Fuerza Nueva podrá realizar una ponencia en el Museo Militar de A Coruña pese al veto de Defensa. El General Jefe de la Fuerza Logística Operativa, impulsor de la conferencia de Blas Piñar, ha confirmado que el acto se celebrará en próximas fechas.

La semana pasada, la dirección del Museo Militar coruñés confirmó que la conferencia programada para el 14 de abril había quedado suspendida después de las cartas contrarias al evento remitidas por UGT, asociaciones por la Memoria Histórica y partidos republicanos a la Delegación del Gobierno y al ministerio de Defensa.

En las misivas recibidas por estos organismos se solicitaba la suspensión de la ponencia “por no representar en nada a la República”, cuyo aniversario se celebró ayer en el museo de la capital herculina. El organismo dirigido por Carme Chacón aceptó los argumentos presentados y mandó suprimir la intervención de Blas Piñar.

No obstante, según ha podido saber El Confidencial Digital, la conferencia ha sido simplemente aplazada, ya que se celebrará en próximas fechas pese a la prohibición de Defensa.

Voces autorizadas del organismo, dependiente del ministerio de Chacón, explican que “el acto ha sido pospuesto, no suspendido. Se llevará a cabo en el propio museo, aunque todavía no hay fecha exacta para la charla”.

El general de Brigada Blas Piñar tenía previsto explicar los sucesos acaecidos en el Alcázar de Toledo a través de una conferencia que lleva por título ‘El asedio y liberación del Alcázar de Toledo’. La iniciativa tuvo el respaldo de Defensa antes de las cartas enviadas a Madrid, lo que ha provocado la indignación de partidos de izquierdas. El pasado miércoles, el diputado del BNG Francisco Jorquera anunció que pedirá explicaciones a Chacón por el suceso.

Donde va Rubalcaba estalla la polémica. El caso Faisán, la sucesión de Zapatero y ahora también su anticatolicismo militante. El pasado martes, el ministro del Interior visitó la Academia de la Guardia Civil de Aranjuez donde se forman los que serán los futuros mandos de la Benemérita. Allí fue a inaugurar un curso de comandantes.

La polémica saltó cuando los guardias civiles observaron que en el comedor en el que Rubalcaba iba a tomar un aperitivo junto con los miembros del curso y las autoridades no estaba la imagen de la Virgen del Pilar que preside el comedor de los alumnos. Talla por otra parte cuya restauración ha sido pagada mediante aportaciones voluntarias por los propios miembros del Instituto Armado que allí trabajan a raíz de una iniciativa del capellán de la Academia.

Uno de los colaboradores de Alfredo Pérez Rubalcaba en Interior ordenó a varios guardias civiles que retirasen la imagen de la Patrona de la Guardia Civil antes de que llegase el ministro, tal y como ha podido saber LD. Con esto quería, dijo, no herir sensibilidades al considerar que no era de recibo que la talla estuviese presente en el lugar mientras Rubalcaba tomaba el tradicional ágape tras la visita.

Lo cierto es que este hecho ha generado un gran malestar entre los guardias civiles que allí desarrollan su labor, que no entienden por qué las autoridades políticas han ordenado retirar la tradicional imagen de su patrona por la visita de un ministro.

La presencia de la Virgen del Pilar en cuarteles de la Guardia Civil ya ha generado algún que otro contencioso. Un agente denunció ante la Justicia su presencia y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó a favor de que la imagen de la virgen siga presente alegando que la "estatuilla responde a una tradición histórica, sin que se vulnere la aconfesionalidad del Estado".

El Ministerio de Defensa está desesperado por la falta de médicos en las Fuerzas Armadas. Y eso ha provocado que haya abierto aún más la mano en los requisitos para captar estudiantes de Medicina para el cuerpo de Sanidad ‘legalizado’" la situación de algunos cadetes iberoamericanos, con los que ya hacía la vista gorda, con tal de poder incluirlos en las plantillas de oficiales médicos una vez terminados los estudios.

El Consejo de Ministros del pasado 25 de marzo reformó el reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas para que cualquier estudiante de Medicina procedente de un país hispanoamericano que esté en España pueda ingresar en las Fuerzas Armadas aunque no tenga permiso de residencia.

La decisión de Defensa no estaba dirigida sólo a la presente convocatoria para el cuerpo de Sanidad, sino a consolidar una práctica ya existente en el ministerio y que chocaba con su propio reglamento de ingreso al exigir un permiso de residencia a los aspirantes.

Por la vía de las Fuerzas Armadas ya se podía pasar de inmigrante con permiso de estudios a oficial del Ejército español en un solo curso, porque el Gobierno se saltaba la normativa.

El caso más conocido en la Sanidad militar es el de los estudiantes dominicanos Osmar Cordero Solís y Cristian Rafael de León Almanzar, de 32 años de edad, procedentes del hospital Reina Sofía de Murcia, que en marzo pasado se preparaban para oficiales médicos sin tener permiso de residencia en España. Formaban parte del reducido cupo de cinco aspirantes a oficiales médicos que Defensa captó hace un año.

Aunque había ofrecido 15 plazas, el ministerio no era capaz de cubrir ni una cuarta parte de las mismas. Sólo se presentó un joven español. Los dos iberoamericanos sólo tenían permiso de estudios, y Defensa prefirió hacer la vista gorda y olvidarse del reglamento que les exigía un permiso de residencia.

Además, como a Cordero y De León les caducó el permiso de estudios, fue el teniente coronel responsable del centro docente militar de formación de la Academia Militar del Aire el que tuvo que emitir los certificados correspondientes para que los presentaran a la Delegación del Gobierno en Murcia y poder ampliar así sus permisos. De lo contrario se habrían convertido en inmigrantes ilegales con uniforme de cadetes de las Fuerzas Armadas españolas a punto de convertirse en oficiales.

Las Fuerzas Armadas tienen aún más problemas que la sanidad pública para contratar médicos. Necesitan más facultativos que nunca, para cubrir las misiones internacionales, pero los oficiales más veteranos se retiran y los jóvenes licenciados no acuden a las convocatorias de Defensa. Este año sólo han salido 7 plazas.

El ministerio aspira ahora a concertar los estudios sanitarios con alguna universidad pública y costear los estudios a los aspirantes a médicos militares desde el primer curso para después darles una formación castrense básica.

Crecen el rechazo y el malestar en el Ejército por la polémica reforma del Reglamento de Honores que desnaturaliza su participación activa en las procesiones de Semana Santa. Parece que Defensa insiste en el empeño, como el resto del Gobierno en otros ámbitos, de acabar con tradiciones muy arraigadas, en especial si éstas tienen que ver con manifestaciones cristianas. La modernización de nuestros Ejércitos no pasa precisamente por iniciativas como ésta, sectarias e ideológicas.

El enfrentamiento entre el Ministerio de Defensa y los colegios y asociaciones de ingenieros por el empeño del departamento que dirige Carme Chacón en ofrecer a los oficiales de los tres Ejércitos un título universitario civil, además del militar, ha pasado a instancias del Ministerio de Educación. Representantes de los ingenieros industriales han denunciado que en el plan de estudios que se imparte en el centro universitario de la Defensa en Cartagena para los futuros oficiales del Ejército del Aire falta casi un 40% del contenido de las asignaturas específicas que se da en los centros civiles.

En la documentación presentada ante el departamento que rige Ángel Gabilondo y dirigida al director general de Política Universitaria, Juan José Moreno, los ingenieros incluyen una tabla comparativa de los planes de estudios y número de créditos exigidos por asignatura en los tres centros universitarios de la Defensa con los de la Universidad Politécnica de Madrid, y en la que sale muy mal parado el centro adscrito al Ejército del Aire en Cartagena. En las materias más básicas, como Matemáticas, Física, Química o Informática, todos los centros suman 60 créditos, pero en las asignaturas específicas las diferencias son enormes.

Para obtener el título de grado, a los cadetes de la Academia General Militar de Zaragoza se les exigirán 72 créditos en esas materias más técnicas, 12 más que en la universidad civil, mientras que a los de la Academia General del Aire sólo 37,5. A los oficiales de los dos Ejércitos se les ofrece el mismo título en Ingeniería de Organización, pero con estudios distintos. El resultado es que en el centro universitario de la Defensa en Cartagena, los oficiales del Aire se van a saltar exactamente el 38,5% de los estudios específicos de la ingeniería correspondiente, cosa que no ocurre en el centro de Zaragoza. Los cadetes del Ejército del Aire se libran por completo de asignaturas como Máquinas Eléctricas, Máquinas, Organización Industrial y Fundamentos de Electrónica Industrial.

Para cuadrar el número de créditos exigidos para el plan de estudios y sumar hasta los 240 de que consta la formación en todos los centros superiores, Defensa recurre a artimañas curiosas, como incluir nada menos que 30 créditos a costa de una asignatura que llama Prácticas de Empresa, como si los futuros pilotos del Aire fueran a entrar como becarios en las industrias radicadas en Cartagena. Esos 30 créditos doblan los requeridos para cualquier otra asignatura básica como la Física. Para que salgan las cuentas, en segundo lugar de la formación de los oficiales del Aire está el inglés “técnico”, con 21 créditos, cuatro veces más que el exigido en la universidad civil correspondiente o en los estudios para los oficiales de Tierra o la Armada, que se conforman con 4,5.

Planes deficitarios

Si en materias propias de industriales los estudios que se imparten en Cartagena son deficitarios, en estudios propios de organización todavía se quedan más cortos. Las asignaturas de ese capítulo suman 27 créditos, frente a los 66 que se dan para los cadetes de Zaragoza.

En este tipo de datos sobre la formación como ingenieros de los futuros oficiales del Aire se basan las asociaciones de la profesión para denunciar “el engaño” en que, a su juicio, incurre Defensa al ofrecer una doble titulación a los oficiales. Además, justifican en ese argumento su advertencia de que no pueden colegiar como tales a los militares que quieran ejercer la profesión. La Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España ha recurrido ahora al Ministerio de Educación para que tome cartas en el asunto.

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de La Coruña no le gusta nada y que el general en la reserva Blas Piñar Gutiérrez, al que califica de "militar franquista", celebre una conferencia en las instalaciones del Museo Militar de la ciudad.

La CRMH señaló en un comunicado que el General Jefe de la Fuerza Logística Operativa y el Coronel Director del Museo Militar de La Coruña, han difundido una invitación al acto, previsto para el próximo 14 de abril, "utilizando el logotipo oficial del Ministerio de Defensa", lo que considera de "extrema gravedad".

La CRMH indicó que el general de brigada lleva tiempo impartiendo conferencias sobre el Alcázar de Toledo, organizadas por colectivos de extrema derecha, como Fuerza Nueva, que aprovechan para hacer apología franquista. "En esta ofensiva contra la democracia, estas organizaciones franquistas dan un paso más y ya no utilizan para convocar estos actos las siglas de un partido político, sino que intentan aprovecharse de las propias instituciones, en este caso del Ministerio de Defensa, para hacer apología del franquismo", lamentó la asociación en su escrito.

Por ello, el presidente de la CRMH en la ciudad, Manuel Monge, anunció hoy la entrega de un escrito a la ministra de Defensa, Carme Chacón, en la Delegación del Gobierno en A Coruña, en el que le solicita que "curse las órdenes oportunas para que el citado acto no se celebre en instalaciones militares".

"No podemos admitir que se utilice dinero público para dar facilidades y cobertura a actos de exaltación del franquismo", indicó la organización, que si es partidaria que uno de los bandos de la Guerra Civil, el republicano si se subvencione con ese dinero público. Y es que para los de la memoria histórica es una "provocación" que el acto se haya programado el 14 de abril, el día en que se conmemora el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española en 1931. Asimismo, en la carta a la ministra se pide que abra una investigación para delimitar las responsabilidades del General Jefe de la Fuerza Logística Operativa y el Coronel Director del Museo Militar de A Coruña por la invitación a la conferencia "en nombre del Ministerio de Defensa".

El Cristo de la Buena Muerte irá acompañado del tercio Duque de Alba.

La procesión de la cofradía de Mena estará acompañada este año por la Legión. El paso del Cristo de la Buena Muerte será custodiado por efectivos del tercio Duque de Alba, con sede en Ceuta. Chacón no quiere problemas en Andalucía.

Tras los vetos y restricciones impuestos los últimos años por el Ministerio de Defensa, este año el gabinete de Carme Chacón no pondrá reparos a la participación de legionarios en la Semana Santa de Málaga.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, ya está confirmada la presencia de hasta 200 efectivos del tercio Duque de Alba, con sede en Ceuta, que acompañarán a uno de los pasos más característicos y tradicionales de la Semana Santa malagueña: el Cristo de la Buena Muerte, el Jueves Santo.

Los gastos derivados de la participación de la Legión –transporte, dietas…- corren mitad a cargo de la cofradía y otra mitad a cargo del Ministerio de Defensa. En años anteriores, esta fue la excusa que puso el gabinete de Carme Chacón para restringir su asistencia.

Las fuentes de la Legión consultadas por El Confidencial Digital ven una vertiente política en la decisión de Defensa. Según se comenta en círculos militares, Chacón no quiere abrir un nuevo ‘frente’ en Andalucía, y menos en año de elecciones, con un PSOE andaluz en plena crisis interna y con una carrera por el liderazgo del partido en ciernes

Su ansiosa posible sucesora quiere empezar a demostrar firmeza y contundencia en sus palabras al hablar de "intervención rápida"; y a la vez dar sensación de continuidad retomando la teoría de las guerras humanitarias.

No. Chacón no ha dado un paso al frente, como se ha dicho, al anunciar que aprueba una intervención rápida en Libia con el aval de la ONU. Una intervención que correría a manos de la Alianza Atlántica, pero que de forma muy clara debiera tener fines humanitarios. Entendemos, aunque Chacón lo omita, que se trataría de una intervención militar puesto que los actores involucrados serían efectivos de la OTAN; aunque haya que añadir el adjetivo de "humanitaria" más que nada para apaciguar los ánimos y estar en consonancia con el gran teórico de las "guerras humanitarias": Zapatero, que ha girado hacia la diplomacia franquista: gran logro de nuestra izquierda.

Su ansiosa posible sucesora quiere empezar a demostrar firmeza y contundencia en sus palabras al hablar de "intervención rápida"; y a la vez dar sensación de continuidad retomando la teoría de las guerras humanitarias. Puro oportunismo. Porque al final sus palabras dicen bien poco. No se moja. No concreta. No sabe.

Porque el humanitarismo en la guerra supone también el empleo de los medios de lucha y violencia más eficaces: olvidarse de ello al proponerlo es más bien una coartada para que los Gobiernos laven sus remordimientos, o engañen al electorado que se deje. Que es lo que hace la ministra, y todo porque Chacón está ya en campaña.

En verdad no hay guerras buenas y malas, porque no hay guerra no se ampare en el argumento de conseguir la paz. Con el PSOE la participación militar española en el exterior ha sufrido una manipulación al explicarla como si se tratara de acciones humanitarias. Se ha prostituido en gran medida el sentido originario de muchas de las misiones que desde una perspectiva de seguridad, han sido acciones y labores militares perfectamente morales, éticas y dignas. Pero que el PSOE ha escondido, como si se avergonzase de lo que hacen nuestros soldados.

Volvamos a Libia. Evidentemente no hay nada más humanitario que evitar un genocidio, aunque se empleen medios militares, que es como se evita casi siempre. Pero hay dos grandes problemas: poner a todos o a una gran mayoría de acuerdo, y decidir qué forma de intervención llevar a cabo. La ministra no habló y no se mojó en ninguna de estas dos cuestiones claves, quedándose en el brindis al sol propio de ella. En caso de que no se llegue a un acuerdo y se baraje la posibilidad de una intervención de una coalición ad hoc, que no cuente ni con Turquía ni con Alemania y sin aval de la ONU por la oposición de China, Rusia, ¿qué hará Chacón? ¿Dónde apartaría su encendido apoyo a la intervención?

En segundo lugar, ¿qué tipo de acción apoyaría? No se ha pronunciado en ningún momento sobre la creación o no de una zona de exclusión aérea, que es dónde está ahora mismo el debate militar. Así que al margen de lo que piense o diga Chacón, unos afirman que se trata de una operación que necesita demasiados recursos, que implica enormes riegos y costes, y que podría echar a perder las revueltas. Dicen también que se requeriría destruir un extenso sistema aéreo de defensa. Sin embargo, otros avalan que técnicamente es posible porque –a diferencia de Irak en los noventa– Libia posee un obsoleto sistema aéreo que no sería difícil de neutralizar. Además, sería posible limitar la zona de exclusión aérea a las áreas controladas por las fuerzas no gubernamentales, algo más simple y menos costoso pero que al menos demostraría que la comunidad internacional quiere hacer algo.

Además, el flanco sur europeo –con las bases de Chipre, Italia y posiblemente Malta– sería bastante más seguro como plataforma de lanzamiento que como fue el Golfo Pérsico en las mencionadas operaciones en Irak. Y es poco probable que, como argumentan los críticos, se perciba como una intrusión neocolonialista: treinta y cinco intelectuales árabes y más de 300 organizaciones árabes de toda la región han firmado una carta exhortando a la rápida imposición de un mandato de la ONU sobre un área de exclusión aérea. Sería la mejor opción para parar a Gadafi, que está utilizando los bombardeos aéreos como primera arma de represión. Además sería la única manera de neutralizar la posibilidad de que el dictador tenga la tentación de usar el gas mostaza que se sospecha que aún posee.

Nadie dice que sea algo fácil, rápido y barato pero es la mejor opción, por ahora. Nosotros nos hemos mojado, así que ¿usted, señora ministra, qué va a defender en su reunión de la OTAN? ¿O va a esperar a la próxima encuesta para la sucesión de Zapatero?

La forma en la que España ha diseñado su participación en la coalición internacional, encargada de hacer cumplir la resolución de la ONU para la imposición de una zona de exclusión aérea en Libia, ha llenado de malestar a un amplio sector de las Fuerzas Armadas. Dos son los principales reproches que le hacen al Gobierno: primero, que no haya hecho ningún tipo de evaluación de los riesgos que pueden correr los militares y, segundo, que el Ministerio de Defensa impusiera los medios aéreos y navales que había que enviar a la fuerza internacional.

Desde el momento en que España decidió su participación en esta operación, uno de los mayores obstáculos con el que se encontraron los responsables políticos fue el desconocimiento y la falta de información que existía sobre la zona. La inteligencia que se tiene sobre Libia es «prácticamente nula», según aseguran las fuentes militares consultadas por ABC. Del equipo de analistas que tiene el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) en el área del Magreb, solo uno está dedicado a Libia, junto con Túnez. Por lo tanto, la única información que se tiene procede de «fuentes abiertas y de organismos internacionales».

Esta falta de inteligencia militar hizo que, en el momento de la toma de decisiones sobre la operación, no se contara con lo que se denomina «Juicio de Inteligencia». Ello supone que no se pudieron analizar «los documentos y valoraciones a partir de los cuales se aconseja al mando lo que tiene que hacer. En la actualidad, el Mando de Operaciones no cuenta con inteligencia militar que pueda apoyar en la toma de decisiones o para que el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) asesore de manera correcta a Defensa», siempre según la versión de las fuentes militares consultadas.

El Cifas, al margen

La constatación de esta carencia llevó a que se plantearan la posibilidad de desplegar personal especializado en el área. Sin embargo, esta alternativa no prosperó y «el Cifas ha quedado fuera de la operación militar», ya que no se ha montado ninguna célula de seguimiento que «pudiese de alguna manera mantener un contacto con la estructura de mando y realizar un seguimiento».

Esta situación ha causado perplejidad en el seno de las Fuerzas Armadas. Las fuentes llegan a asegurar así que «estamos desplegando fuerzas sin tener una valoración de la amenaza que se pueden encontrar. Vamos completamente ciegos a una zona de despliegue para cumplir una misión con una alta posibilidad de tener bajas. Hemos mandado a gente sin saber en absoluto qué era lo que se podía encontrar». En este sentido, aseguran que la operación debería haber estado preparada desde «muy atrás o contar con alguien que esté llevando a cabo un seguimiento continuo de la zona. Si no es así, los riesgos que asumes son altísimos».

El envío de este contingente sin tener una evaluación de los riesgos de la zona a la que van, según la versión de las fuentes consultadas, ha provocado irritación entre militares, que aseguran que «nos hemos metido en un avispero sin tener en absoluto conocimiento de dónde nos metemos. No existe ningún tipo de valoración de la amenaza, ni evaluación de cómo pueden sucederse los acontecimientos, ni documentación militar».

Medios impuestos

Al margen de esta falta de informes analíticos sobre la situación, las fuentes apuntan que los medios que se han enviado a Libia han venido impuestos desde el Ministerio de Defensa. «Allí alguien ya había decidido qué es lo que se iba a desplegar. Completamente al contrario de lo que se hace en un proceso normal de planeamiento, ya que esto debería haberse elaborado en la División de Planes del EMAD».

Las valoraciones que realizan a ABC las fuentes militares consultadas es que «la cosa pinta mal, pero sobre todo pinta largo, muy largo». Además, buscando una explicación a lo que ha sucedido, no quieren imaginarse que «habría ocurrido si alguien hubiera hecho una valoración que dijese algo (delicado sobre las consecuencias de la intervención y ese informe llega a filtrarse... pues tendrían un problemón. Ante eso, no se pide nada, y se acabó».

Finalmente, estas mismas fuentes advierten de que nadie puede pensar que esta guerra se gana solo con aviación y desvelan que la Armada, de manera extraoficial, ha ofrecido un batallón de desembarco de la Infantería de Marina.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, está dispuesta a controlar toda la información que circula por la red corporativa del Ministerio de Defensa. No quiere fugas de información, ni correos electrónicos que no sean estrictamente profesionales y, para ello, no dudará en exigir las responsabilidades «disciplinarias o penales que pudieran corresponder» si detecta que se produce un uso indebido de la intranet de este departamento. Un control que llega incluso a otorgarle la capacidad de poder «inspeccionar todos los archivos y mensajes que se encuentren en este sistema de mensajería», aplicando «los procedimientos legales correspondientes». En definitiva, una Ley del Silencio.

Esta es la nueva política que se deriva del contenido de la instrucción 10/211 del 24 de febrero de la Secretaría de Estado de Defensa, publicada en el Boletín Oficial de la Defensa (BOD)de 18 de marzo, a la que ha tenido acceso ABC, por la que se aprueba «la política de uso de la mensajería interpersonal en la red de área extensa corporativa de propósito general del Ministerio de Defensa». Unas nuevas instrucciones que han provocado estupor entre los trabajadores del Ministerio de Defensa y miembros de las Fuerzas Armadas, ya que hasta ahora nunca se había utilizado el BOD para dar a conocer el uso del correo electrónico, sino que se habían comunicado a través de unas circulares internas. Pero no solo ha sorprendido el cauce, sino el contenido de la instrucción, con amenazas de aplicación del régimen disciplinario y el Código Penal.

En esta instrucción se señala que se define «abuso en el correo electrónico como la utilización del servicio de mensajería interpersonal en la WAN PG que trascienda la finalidad para la que se ha implantado este servicio o perjudique gravemente, de manera directa o indirecta, la imagen del Ministerio de Defensa, la infraestructura tecnológica que lo soporta o a los usuarios del servicio». Además, subraya que «los usuarios de este servicio serán los responsables de las actividades realizadas desde su cuenta de correo y buzón asociado. Estarán sujetos a las leyes y normativas aplicable en España, así como a la específica del Ministerio de Defensa».

Malestar en Defensa

Los trabajadores del Ministerio de Defensa califican de «excesivas» estas nuevas normas de uso, ya que entienden que se puede llegar a vulnerar la Ley de Protección de Datos, si se diera el caso de que los responsables ministeriales entren en la base de datos de los trabajadores. En este sentido, advierten que tiene que existir «un mandato judicial y no deben poder entrar sin nuestro conocimiento expreso».

Estas nuevas normas de uso se publican un año después de que el Ministerio de Defensa haya decidido unir las bases de datos de los tres Ejércitos en el Centro Corporativo de Explotación y Apoyo de la Defensa (CCEA). Hasta entonces, cada Ejército custodiaba los datos de sus miembros en sus propios servidores, pero la ministra de Defensa optó por migrar la bsae de datos de todos los servidores a un servidor común. Ello implica que los responsables civiles de este organismo dependiente de la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio pueden acceder a estos datos.

“Sólo gráficos”. Es la coletilla que repite el ministerio de Defensa estos días en las notas de convocatoria a la prensa. En fuentes socialistas se comenta que forma parte de una ‘estrategia’ de Carme Chacón para evitar que se le relacione demasiado con la guerra de Libia.

Para ello, la táctica de la ministra de Defensa es no dar opciones a los periodistas de que le puedan preguntar sobre las operaciones militares en el país africano, y por eso no quiere ruedas de prensa, ni declaraciones, y ni siquiera los habituales ‘corrillos’ de periodistas a su lado en el Congreso o en cualquiera de sus actos.

El objetivo es desvincular todo lo posible su imagen política, ahora en la carrera de la sucesión de Zapatero con vistas a optar a la presidencia del Gobierno en 2012, con su papel de conductora de la intervención en Libia.

Fuentes socialistas consultadas por El Confidencial Digital, que consideran la actuación de Carme Chacón una “estrategia políticamente legítima”, reconocen que relacionar las operaciones militares en Libia “sería contraproducente” para su futuro político.

Ninguna intervención en público

Desde el inicio de la ofensiva internacional, y tras anunciar los medios militares aportados por España a la misión de Libia, Carme Chacón no ha vuelto a decir una palabra en público sobre esa guerra, salvo dos excepciones.

Ha concedido dos entrevistas en televisión, una con Pepa Bueno en TVE y otra con Concha García Campoy en Telecinco, cuyos contenidos estaban pactados de antemano según las fuentes del Partido Socialista consultadas.

Por ejemplo, en ambas entrevistas, no hubo ni una sola pregunta relacionada con su futuro como posible sucesora de José Luis Rodríguez Zapatero.

“Sólo gráficos”

La agenda de la ministra está siendo muy apretada desde hace una semana, cuando se iniciaron de las operaciones contra Gadafi. Sin embargo, en las convocatorias de prensa cursadas por su gabinete de prensa para todos los actos públicos se especifica que sólo tiene acceso la “prensa gráfica”: los fotógrafos y las televisiones. No hay, pues, posibilidad de recibir preguntas embarazosas.

El martes, el Congreso afrontó la votación sobre la participación militar española en Libia. Los periodistas que siguen habitualmente a la ministra realizaron en la Cámara algún intento de acercarse a ella. No tuvieron éxito. Miembros del gabinete de prensa de la ministra lograron evitar cualquier contacto. Incluso se le vio nerviosa por los pasillos.

Ayer, jueves, acudió a varios actos públicos, en los que tampoco se admitieron preguntas de la prensa. A las 9:30, la ministra firmó en la sede de Castellana 109 un convenio de cesión de terrenos con el alcalde de L'Escala (Girona). Más tarde, cogió un Falcon del Ejército del Aire para trasladarse a San Sebastián e inaugurar una yeguada, pero allí el interés estaba en las decisiones del TS sobre Sortu.

Por la tarde, de vuelta a Madrid, Chacón recuperó el mando de las operaciones en Libia. A las 17 horas, mantuvo un encuentro en la sede ministerial con Alan Solomon, embajador de Estados Unidos. Se habló de Gadafi y de la misión internacional. De nuevo, convocatoria sólo para la prensa gráfica.

A última hora, Chacón acudió a la reunión de seguimiento de la misión libia en el Estado Mayor de la Defensa. Se anunció rueda de prensa y convocatoria para periodistas, pero quien compareció no fue la ministra sino el Jefe de la División de Estrategia y Planes del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON).

Maceira, sargento en situación de retiro, documenta la mencionada sanción al mismo tiempo que recuerda que recientemente el Ministerio de Defensa, en contestación a una pregunta del BNG, confirmaba que esa calle está destinada al uso de «todo el personal de la Armada», sin distinciones por rango. Por este motivo concluye que «las directrices de la ministra Chacón no son bien acogidas en la Armada y que la disciplina, igual que la calle número 1, no es para todos».

No entiendo por qué la ministra de Defensa, Carme Chacón, aparece siempre entre los miembros (perdón miembras) del Gobierno de Zapatero mejor valoradas. Será por no hacer nada, me respondo a mí misma. Su obsesión por huir de cualquiera de los periodistas que seguimos los temas de defensa está ya rayando en el ridículo más espantoso. Si los ciudadanos supieran.... Yo les voy a contar algo de lo que vivo en primera persona.

El mejor ejemplo de lo que digo está sucediendo estos días con motivo de la guerra de Libia. Siete días después de anunciarse que España participará en esta guerra (sí, guerra, señora ministra, no misión de paz), a la ministra ni está ni se le espera. Eso sí, muchas fotos, supongo que algún día nos enseñará el book de fotos (como dice mi compañero Diego Mazón) de estos días, apasionante. Todas las convocatorias de sus reuniones, ya sea con el Estado Mayor de la Defensa para hacer el seguimiento del despliegue español o con quien sea, van precedidas de una advertencia “solo gráficos”. Y si hay que dar la cara, que hable un militar, que a ella no la graben hablando de cazabombarderos, misiles, de abrir fuego contra el enemigo y, si llegara el caso, ojalá no, de alguna que otra vida perdida.

Si hay que hablar, mejor hacerlo con los periodistas locales, que no saben como se las gasta el ministerio, del cordón de seguridad que rodea a Chacón, y de las prisas repentinas que le entran cuando tiene que responder a más de tres preguntas. Por eso solo ha convocado a la prensa en Rota y San Fernando, lejos de casa, para que nosotros, los de siempre, no le incomodemos.

El colmo del esperpento sucedió el martes en el Congreso de los Diputados, después del Pleno que aprobó el envío de las tropas a Libia. Salía la ministra y la abordamos los periodistas de defensa, se puso tan nerviosa que solo acertó a pronunciar una ridícula frase: “Yo también tengo vida propia”. Toma, y yo también, pero al Congreso se viene a trabajar. Además, estamos en guerra con Libia y usted tiene que dar la cara, como nosotros, que desde que estalló el conflicto no hemos tenido ni un día de respiro. Es lo que tiene ser periodistas, que a veces tampoco tenemos vida propìa. Pero lo peor vino después, cuando en pleno ataque de nervios, ¡oh sorpresa!, una oportuna llamada al móvil le salvó del mal rato, algunos dicen que fue uno de los miembros de su gabinete que acudió en su auxilio, al más puro estilo Belén Esteban y Ana Obregón.

¡Dios mío, y dicen que puede ser la sucesora!

No seré yo quien diga que Zapatero nos ha llevado precipitadamente a una GUERRA. No lo creo. Tampoco afirmaré que esta guerra no tiene ni fundamento ni pies ni cabeza. Los tiene. De un lado, ante el desvalimiento e indefensión de los que se habían levantado contra Gadafi había que tomar la decisión pronto y, de otro, la ONU ha aprobado la intervención.

El Gobierno, por lo tanto, podía limitarse a explicar que si entraba en la guerra era claramente amparado por la ONU. Llevaría razón. Ahora bien, nuestro ejecutivo tiene complejos de izquierda, está obsesionado con demostrar que él no es un impío como Aznar y, en consecuencia, para justificarse se embarca en una serie de camuflajes, tergiversaciones e incluso mentiras.

No se entiende en primer lugar por qué el pudor en mencionar la palabra GUERRA. Zapatero la evitó a lo largo de su intervención en el Congreso y las ministras Chacón y Jiménez repiten infantilmente en intervenciones mediáticas que no se trata exactamente de una guerra. ¿De qué se trata? Parece como si los aviones de la coalición estuviesen lanzando caramelos u octavillas sobre Libia en los que se leyese que la paz y la libertad son inapreciables, que la solidaridad es hermosa, que las mujeres son iguales que los hombres, que la cuota es una conquista social y que el talante de Zapatero es absolutamente pacifista. Risible. Los aviones aliados lanzan bombas, bastante gordas por cierto, cuyo objetivo es destruir y matar. Y hay que aspirar a que sean enormemente eficaces destruyendo al armamento de Gadafi porque en caso contrario esto se eternizará con consecuencias nefastas. Ahora bien, en el belicismo pacifista de los que nos gobiernan, hay que seguir ilusamente vendiéndole a los españoles que nuestro PSOE no hace la guerra, sólo tiene un talante humanitario y bonachón. ¿De qué se avergüenzan? ¿Por quién nos toman?

Aznar, sigue la cantinela del gobierno, se metió en una GUERRA ATROZ mientras que ahora estamos en una beatífica INTERVENCION humanitaria. Lo que casa mal con la realidad. Aznar, apoyó decididamente la empresa pero no envió ningún soldado español a la guerra de Irak, los mandó después, ahora, por el contrario, realizamos el mayor despliegue militar de nuestra historia contemporánea y nuestros aviones, no hay que avergonzarse, tendrán que disparar o bombardear en cuanto el mando aliado les dé la orden.

Embalados en marcar las diferencias con el malvado PP oímos de nuevo los viejos slogans descalificatorios: nuestra intervención tiene un claro respaldo de la ONU (lo que es cierto) mientras que la guerra de Aznar “fue en contra de la ONU” (lo que es faltar a la verdad, la ONU ni la aprobó ni la condenó). La Ministra de Defensa el martes en la tele desgranó de nuevo la consigna acuñada con enorme éxito por la maquinaria gubernamental: ésta no es una campaña basada en mentiras como la de Aznar. La acusación ha hecho fortuna pero es totalmente cuestionable. Diga lo que diga la señora Ministra, a la que creo le falta un hervor de conocimientos y se nota, la guerra de Irak, no ocultemos el nombre, se basó en el propósito declarado de despojar a Sadam Hussein de las armas de destrucción masiva. Las armas no aparecieron, Saddam las había destruido sin confesarlo, pero Aznar no estaba mintiendo por muchas razones:

a) Hussein había tenido las armas y había gaseado con ellas a los iraníes y a su pueblo.

b) No probaba, a pesar de las tajantes conminaciones de la ONU, que las había destruido

c) Todos los Servicios de inteligencia del mundo creían en aquel momento que las tenía.

Este era el pensamiento común de la época pero no tengo la menor duda de que la ministra, que debería estar bien informada, seguirá como cualquier corifeo del Gobierno repitiendo letanía de la falsedad de la existencia de las armas.

Por otra parte, un apasionado del tema humanitario podría explicar a más de un miembro del ejecutivo que si el objetivo de esta guerra es librar al pueblo libio de un opresor despótico que ha liquidado a un buen número de libios, la contienda de Irak no sale éticamente mal parada porque Saddam Hussein en el terreno autocrático no tenía que envidiar nada de Gadafi y ciertamente había masacrado a bastantes más MILES de sus ciudadanos. Bastantes más. Es un hecho archiprobado.

Algún palmero sociata, demagogo, ignorante o simplemente repetidor de slogans aprendidos, ha prolongado peyorativamente la comparación entre lo “nuestro y lo de Aznar” reiterando esa memez de que hubo que retirar las tropas de Irak porque, a diferencia de ahora o de la situación en Afganistán, las tropas que el PP había situado en Irak “estaban allí en situación ilegal”. Falso y torticero de nuevo, cuando nuestro Gobierno decidió retirar las tropas hacía SIETE meses que la ONU había decretado solemnemente que su presencia en Irak era totalmente legal y conveniente.

Creo que la señora ministra y el Gobierno no tienen por qué ponerse “coloraos” por participar en la GUERRA de Libia. La ONU les autoriza.

El delegado en Galicia de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Francisco Maceira, denunció ayer que ha sido expulsado durante noventa días naturales de la piscina militar de Batallones por negarse a abandonar una calle «para que un alto mando pudiese nadar en solitario».

Maceira, sargento en situación de retiro, documenta la mencionada sanción al mismo tiempo que recuerda que recientemente el Ministerio de Defensa, en contestación a una pregunta del BNG, confirmaba que esa calle está destinada al uso de «todo el personal de la Armada», sin distinciones por rango. Por este motivo concluye que «las directrices de la ministra Chacón no son bien acogidas en la Armada y que la disciplina, igual que la calle número 1, no es para todos».

Militares de edad avanzada, algunos de más de noventa años, que en la actualidad se encuentran en la segunda reserva están solicitando a Defensa pasar a la situación de retiro. Y el ministerio lo está denegando y los sigue considerando “disponibles”.

Uno de esos casos concretos afecta a un general de brigada de 93 años que en 2010 solicitó el pase a retiro acogiéndose al artículo 114 de la Ley de la Carrera Militar.

Según ese el artículo, el retiro del militar de carrera se declara de oficio o a instancias de parte, entre otras situaciones, al cumplir los 65 años, o por “insuficiencia de condiciones psicofísicas que impliquen inutilidad permanente para el servicio”, o “insuficiencia de facultades profesionales”, etc.

Ese general, que además de su dificultad de movimientos sufre ceguera prácticamente total e insuficiencia coronaria, manifestó en el escrito de solicitud de pase a retiro: “No puedo vestir el uniforme militar con un grado mínimo de prestancia, en aquellos casos donde es reclamada mi presencia”.

Pues bien, a pesar de ello, el Ministerio de Defensa le ha comunicado, en enero de este año, que desestima su pase a retirado, acogiéndose para eso a una ley anterior a la mencionada, la 17/1989 de Régimen del Personal Militar Profesional de las Fuerzas Armadas.

La denegación, que según ha sabido El Confidencial Digital también se ha comunicado a otros de edades similares, implica que, a los efectos de la Ley de la Carrera Militar, los militares ancianos siguen estando disponibles para “desempeñar comisiones de servicio de carácter temporal”, excluyendo el ejercicio del mando.

La resolución de Defensa plantea el interrogante de por qué el Ministerio toma una decisión que, al margen de la norma legal, va contra toda lógica.

Las pensiones de los militares retirados y en segunda actividad son cubiertas por "Clases pasivas del Estado".

El Gobierno decidió en un primer momento enviar a Libia el portaaviones ‘Príncipe de Asturias’, pero ha tenido que dar marcha atrás por un problema con el software del radar tridimensional, que lo hace “inútil” para una operación de exclusión aérea. Tampoco se pudo contar con el submarino ‘Mistral’.

La participación de España en la guerra de Libia y los efectivos que se pondrían a disposición de la misión estaban decididos antes incluso de la cumbre de presidentes en París del pasado sábado. Pero los planes de despliegue de fuerzas españolas tuvieron que ser modificados inesperadamente por “cuestiones técnicas”, según las fuentes militares consultadas por El Confidencial Digital.

Estaba previsto enviar a la zona la unidad más importante de la armada, el portaaviones ‘Príncipe de Asturias’, que recientemente ha participado en la operación ‘Noble Mariner’ de la OTAN. La operatividad mostrada durante esos ejercicios navales de la Alianza realizados en el Cabo de Gata justificaba su despliegue en la zona.

Con los Harrier

En caso de haberse concretado su participación en la fuerza multinacional contra Gadafi, los efectivos aportados por España habrían sido mayores que los actuales, ya que el portaaviones previsiblemente llevaría a bordo como dotación algunos aviones Harrier, de despegue vertical, pertenecientes a la 9ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de la Armada.

Sin embargo, en los últimos días de la operación en aguas de Almería, que simulaba la entrada en combate en un escenario ficticio, embargo marítimo y tareas de ‘demostración de fuerza’, el sistema de radar tridimensional del ‘Príncipe de Asturias’ empezó a fallar.

Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, el software con que opera el sistema –encargado de la detección, análisis, clasificación e identificación de las señales radar- funcionaba “de forma errática”.

El dispositivo daba problemas, no mostraba resultados precisos y, por tanto, dejaba “prácticamente sordo y ciego, y por tanto inútil” al portaaviones en cuanto a vigilancia de los cielos. Justamente una de las misiones prioritarias del operativo multinacional en Libia.

Un radar viejo y obsoleto

El modelo de radar tridimensional que lleva instalado el único portaaviones de la Armada española es el modelo AN/SPS-52C, fabricado por la empresa norteamericana Hughes Aircraft Company.

Ese dispositivo tiene un radio de alcance superior a los 400 kilómetros, lo que le permitiría controlar el espacio aéreo de Trípoli desde aguas jurisdiccionales de Malta. Sin embargo, según las fuentes consultadas, ese modelo “ha quedado obsoleto” tras décadas de uso.

En la modernización prevista del ‘Príncipe de Asturias’, aplazada una y otra vez por los recortes presupuestarios en Defensa, se iba a instalar un nuevo dispositivo fabricado por la firma española Indra, modelo Lanza-N.

Este modelo de radar tridimensional es el mismo que llevan instalados ya los nuevos buques de la Armada, como el Buque de Aprovisionamiento de Combate ‘Cantabria’ o el Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’.

El ‘Mistral’ tampoco pudo ir

Además, la ministra de Defensa anunció el día 10 de marzo que España había desplazado a la zona de Libia al submarino clase S-73 ‘Mistral’. El buque se encontraba en esos momentos activado en la operación de vigilancia antiterrorista de la OTAN ‘Active Endeavour’.

Sin embargo, y según ha podido saber El Confidencial Digital, en el momento en que la ministra pronunciaba esas palabras, en realidad el ‘Mistral’ se aproximaba a la base naval de Cartagena.

Una vez que llegó a puerto, informaron a la dotación que tenían que partir hacia Libia de nuevo. Las fuentes consultadas aseguran que el ‘Mistral’ volvió “completamente vacío” de combustible y sin víveres, tras la larga travesía por el Mediterráneo, ante lo cual la Armada ordenó al submarino Tramontana que se pertrechara y saliera cuanto antes hacia la zona.

Actualmente, el ‘Mistral’ continua en la base de Cartagena. Con el ‘Tramontana’ de camino a Libia, el ‘Galerna’ en plena revisión técnica y el ‘Siroco’ inmovilizado a la espera de confirmar su venta a Tailandia, el ‘Mistral’ es el único submarino capacitado para vigilancia litoral

La comunidad internacional decidió intervenir en el conflicto libio cientos de muertos después. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución en contra de Muamar Gadafi que contempla su salida del poder, una zona de exclusión aérea y «la toma de todas las medidas necesarias para proteger civiles». La iniciativa internacional volvió a demostrar las divergencias de fondo en el tratamiento de la crisis, pues, si bien el acuerdo impulsado por Francia y Reino Unido salió adelante, lo cierto es que China, Rusia, Brasil, India y Alemania se abstuvieron. Ni siquiera Europa mantiene una posición común –Berlín no comparte la necesidad del ataque–, aunque el Gobierno español sostenga lo contrario. La amenaza de la OTAN provocó un movimiento táctico de Gadafi, que declaró un alto el fuego y la asunción de la legalidad internacional, pero el escepticismo de las cancillerías ante el personaje está justificado por su historial de falsedades.

España anunció que participará en la misión de guerra contra Libia. El presidente del Gobierno confirmó una «contribución importante» de nuestro país, que Defensa concretó en las bases aéreas de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), así como en medios navales y aéreos. La determinación de Zapatero es tal que el Ejecutivo admitió que las fuerzas se podrían poner en marcha antes de que el Congreso aprobara la operación, como contempla la Ley de Defensa Nacional. Rajoy anunció con buen criterio su receptividad al acuerdo de los aliados.

El propósito final de esta medida es inobjetable, porque pretende acabar con un régimen criminal y terrorista y proteger a la población civil de las atrocidades del dictador. Pero en este momento es también oportuno recordar que ese encomiable fin propició otras intervenciones internacionales como la de Irak contra Sadam Hussein. Se mire como se mire, los argumentos de fondo son idénticos: acabar con un tirano y amparar a millones de ciudadanos inocentes. Entre ambas contiendas, el presidente y el Gobierno del «No a la guerra» han experimentado una reveladora evolución. Rodríguez Zapatero irrumpió en la presidencia con la retirada de Irak y está a un año de abandonar el poder con tropas españolas en Afganistán, Líbano, Índico y Libia, entre otras zonas. La metamorfosis es evidente pese a que los socialistas pretendan edulcorar ese historial bélico con referencias propagandísticas como misión humanitaria. Ese deambular errático no ayuda a generar credibilidad ni confianza, condiciones indispensables de una política exterior seria.

El ataque a Gadafi que se avecina demuestra también la hipocresía internacional. Libia no es la única dictadura de la zona ni del mundo. En la misma o similares circunstancias se encuentran Yemen, Bahréin, Arabia Saudí, Argelia, entre otras. Los derechos humanos son pisoteados en esos países por autocracias o teocracias, pero nadie mueve un dedo para evitarlo. El petróleo es una razón que explica la doble moral de Occidente con un proveedor principal como Libia, lo que demuestra de nuevo que los principios sucumben en ocasiones ante la «real politik», lo que no es como para sentirse orgulloso.

El arranque de la reforma de la enseñanza en la Academia General de Zaragoza se ha convertido en un fracaso, por la ola de bajas que se han producido en la promoción que ingresó este año. El ministerio de Defensa ha decidido rebajar la intensidad de la formación militar inicial, dosificándola.

El problema de los abandonos de este curso, con un 20 por ciento de bajas entre los cadetes de primer curso tal como se con tó en ECD -véalo aquí-, ha obligado a los responsables de Defensa a buscar medidas paliativas, la primera, rebajar el choque de los jóvenes con la vida castrense.

Según ha sabido El Confidencial Digital, el próximo curso, los clásicos casi dos meses seguidas de instrucción militar para los cadetes –el “campamento”- se van a dosificar en varias fases durante todo el curso, es decir, desde septiembre hasta julio.

Criba de cadetes

El modelo de enseñanza militar que existía hasta ahora incluía que en el primer trimestre del curso se produjera una primera criba de cadetes, como consecuencia de la instrucción básica del soldado a que se sometía a los alumnos. En ese periodo, se ponía a prueba la vocación y disciplina de los cadetes.

En 2009 superaron ese proceso el 96 por ciento de los jóvenes: sólo abandonaron 8. Ahora, con la reforma aprobada por Defensa para ofrecer una doble titulación civil y castrense, y con el ingreso por el simple criterio por nota de selectividad, en diciembre de 2010 se dieron de baja más sesenta cadetes de primer curso, el 20 por ciento de la promoción.

El ministerio ha logrado multiplicar por dos el número de aspirantes a entrar en las academias militares con su oferta de la doble titulación, pero al suprimir la oposición de ingreso, ha aumentado el número de jóvenes que entran en las instituciones castrenses sin la vocación y el espíritu de sacrificio que requiere la vida militar. Y lo descubren cuando ya ocupan plaza.

Para intentar remediar ese problema, Defensa ha decidido que en el próximo curso los cadetes tendrán en septiembre su primera fase de instrucción básica, pero se interrumpirá en octubre para dejar unos días de “campamento” para febrero, otros en marzo y el resto en julio.

Falla con la oferta de plazas

Ante el fracaso que supone el alto número de bajas registradas, en Defensa empieza el cruce de acusaciones por la aparente improvisación en el cambio de modelo. Los responsables de la reforma de los estudios habían pedido que el ministerio ofreciera hasta un 50 por ciento más de plazas de las deseables para completar la promoción, precisamente porque esperaban más abandonos que con la fórmula anterior.

Además, estaba la cuestión de que se iba a endurecer la formación técnica, al incluir las asignaturas de las ingenierías correspondientes a la doble titulación. Sin embargo, los recortes presupuestarios impuestos después por la secretaría de Estado que dirige Constantino Méndez dejaron ese margen en un diez por ciento.

El resultado es que en Zaragoza, después del primer trimestre, estudia ya la promoción que tiene visos de ser la más corta de su historia, cuando además falta por ver si los cadetes que han superado la primera fase de instrucción militar son capaces además de aprobar además las asignaturas de ingeniería que no tienen nada que ver con la formación de oficiales del Ejército

Defensa cierra el círculo en torno a la identidad del confidente que filtró información sobre las patrullas a los ladrones de armas de Badajoz. Se busca un perfil de suboficial, con acceso a las claves del armero, que haya estado destinado en la base y con recientes adquisiciones de automóvil o motocicleta.

Fuentes militares cercanas a la investigación aseguran que las indagaciones sobre el robo de 25 fusiles HK y 10 pistolas en la base militar de Bótoa (Badajoz) “van por el buen camino”. Según su testimonio, el perfil del confidente que ayudó a los ladrones está “bastante claro”.

Pese a que no se descarta ninguna opción –ni siquiera la de un oficial-, la principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un suboficial que tenga acceso a todos los detalles de la seguridad de la base, las patrullas, horas de menor actividad, tiempos de relevo y, muy importante, claves de acceso al armero.

Los ladrones que asaltaron la base de Badajoz tenían a su disposición las claves numéricas que dan acceso a las instalaciones donde se guardaban los fusiles y las pistolas. Sin ellas, sólo sería posible entrar en la cámara forzándola, y no se ha encontrado ningún indicio que apunte a ello.

Esas claves “se modifican cada cierto tiempo”, y eso ha puesto sobre la pista de que el confidente tiene que haber estado destinado en la base en un periodo “relativamente reciente, unos meses como mucho”.

Por otra parte, estas claves son de reservado conocimiento para ciertos mandos y suboficiales. No parece, por tanto, obra de soldados o tropa general. De hecho, en el caso similar ocurrido en Portugal –vea aquí la noticia de ECD- también se está siguiendo la pista de un suboficial luso.

Con ese perfil ya establecido, la investigación ahora se concentra en determinar cuántos de quienes encajan en esta descripción han adquirido bienes valiosos en los últimos meses o semanas –y quien lo hará en un futuro próximo-. Se buscan, en concreto, coches nuevos, motocicletas e incluso vacaciones en países exóticos.

Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, los cuatro arrestos en la base General Menacho no están –“en principio”- relacionados con la fuga de información. El ‘modus operandi’ que manejan los investigadores implica a un sólo colaborador.

La decisión de la ministra de Defensa, Carme Chacón, ratificada por el Consejo de Ministros del pasado día 4, de ascender a teniente general al actual jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), general de división Miguel Romero, y obligarle con ello a abandonar el cargo, abre una nueva etapa en la polémica e irregular trayectoria de este servicio de inteligencia. Desde que fue creado en junio de 2005 por el entonces ministro de Defensa, José Bono, hasta la actualidad, el Cifas ha ido perdiendo cada vez más contenido y con la llegada de Chacón atraviesa su «momento más negro», según han asegurado a ABC fuentes militares.

La salida del ya teniente general Miguel Romero y su relevo por el vicealmirante Juan Antonio Cuadrillero se produce en la peor etapa de este centro, caracterizada por la falta de medios, la ausencia de personal en las zonas de operaciones y el enfrentamiento con el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa. Este relevo podría coincidir con la intención de la ministra de proceder a la revisión de la estructura del Cifas.

Bono, máximo apogeo

La época de máximo apogeo de este centro coincide con su creación, en 2005, cuando el entonces ministro José Bono quería unificar los servicios de inteligencia de los tres Ejércitos en una sola estructura orgánica. El embrión del Cifas fue la antigua división de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa, con unos 80 miembros, y recibe directrices del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Con este nuevo centro de inteligencia, Bono pretendía mejorar la coordinación entre la inteligencia civil y militar. Al frente del Cifas colocó Bono a una persona de su total confianza, el general Martínez Valero.

En la práctica, esta unificación de los servicios de inteligencia de Tierra, Armada y Aire no fue tal. Solo Tierra se quedó sin su inteligencia, ya que todos sus analistas pasaron en bloque al Cifas, según apuntan las fuentes consultadas, mientras que la «Armada y Aire se quedaron con su gente y siguieron haciendo la guerra por su cuenta». A pesar de ello, el general Martínez Valero trató de dar contenido al Cifas y hacer frente a las diferentes operaciones militares en el exterior, como eran Afganistán, Congo, Chad y Líbano. Pero fue entonces cuando chocó con el CNI, que se opuso a que la inteligencia militar estuviera en la zona de operaciones, ya que entendían que todo lo relativo a la protección de los militares en estos conflictos es competencia suya.

Una vez que Bono deja el cargo de ministro de Defensa, el general Martínez Valero continúa al frente del Cifas con el nuevo titular de este departamento, José Antonio Alonso. Sin embargo, la llegada de Carme Chacón a Defensa supuso el inicio del declive de la inteligencia militar. Lo primero que hizo fue prescindir del general Martínez Valero en octubre de 2008, a propuesta del nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Julio Rodríguez, que había sustituido a Félix Sanz Roldán, actual director general del CNI. El cese de Martínez Valero «fue fulminante» y, según las fuentes consultadas, fue consecuencia de sus continuas peticiones de «más personal y material para estar presente en la zona de operaciones y poder asegurar así la seguridad» de las tropas.

«Momento más negro»

El ambiente ya era entonces «malo» en el interior del Cifas y «empieza el momento más negro para lo que representa la trayectoria del centro, pues todo lo que se había conseguido se empieza a desmoronar». Esta situación va a peor con el nombramiento del general Vicente Romero, un hombre de la confianza del Jemad que no estaba vinculado a la inteligencia militar, sino a actividades relacionadas con transporte y personal.

Para las fuentes militares consultadas por ABC, la «situación actual del centro es absolutamente penosa», con vacantes que no se cubren, la moral de los miembros muy baja y con escaso personal en áreas de especial relevancia como el Líbano, «donde apenas hay tres o cuatro personas». El área de Contrainteligencia y Seguridad tiene pocas posibilidades de estar al corriente de lo que sucede en la zona de operaciones, ya que no pueden desplazarse porque el Mando de Operaciones (MOP) les veta los viajes. Ello ha desembocado en un enfrentamiento entre el Cifas y el MOP, que se traduce en una «merma completa y absoluta de la operatividad del centro». Las fuentes militares apuntan como responsable de esta situación al general Romero, por no haber «defendido los intereses del centro».

«Guerra completa»

«La guerra entre ambos es completa», dicen fuentes solventes, que aseguran que el Cifas no hay que «reorganizarlo», sino poner al mando a alguien que sepa de inteligencia, ya que subrayan que «el problema fundamental es que desde el Mando de Operaciones se ha pretendido hacer inteligencia olvidándose de su centro de inteligencia. Se ha puesto al frente de las diferentes secciones del centro a especialistas en Estado Mayor, pero no de inteligencia».

Los cambios que se van a llevar a cabo en el centro no han causado sorpresa a nadie, ya que desde hace tres semanas conocían movimientos encaminados a cambiar a su máximo responsable y a reorganizar las actividades del mismo.

Claves que explican qué es el Cifas

¿Quién creó el Cifas?

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) lo creó el entonces ministro de Defensa, José Bono, en 2005, con el objetivo de unificar en un mismo organismo los servicios de inteligencia de los tres Ejércitos. La creación de este centro se enmarca en la nueva estructura que Bono diseñó para el antiguo Estado Mayor Conjunto. Su objetivo era mejorar la coordinación entre la inteligencia civil y militar.

¿Cómo se organiza?

El Cifas tiene su sede propia en uno de los cuarteles generales cerca del Estado Mayor de la Defensa y su plantilla no supera las 200 personas. Actúan bajo el mandato de un general y en el concurso para la provisión de puestos de trabajo para el centro pueden presentarse tenientes coroneles, comandantes y capitanes. La previsión era que llegara a contar con un núcleo de 70 agentes perfectamente preparados.

¿Cuáles son sus funciones?

El Cifas está regulado por una orden ministerial, que le encomienda la misión de alertar sobre «situaciones de interés militar, con riesgo potencial de crisis; dirigir la explotación de los sistemas conjuntos y específicos de inteligencia y guerra electrónica; proporcionar a los jefes de Estado Mayor la inteligencia necesaria y relacionarse y colaborar con organizaciones homólogas».

¿Quiénes han sido sus jefes?

El primer responsable, nombrado por José Bono, fue una persona de su confianza que procedía de su gabinete, el general Martínez Valero. El sucesor de Bono, el ministro José Antonio Alonso, lo mantuvo, pero cuando llegó Carmen Chacón, lo sustituyó en 2008 por el general Miguel Romero, ahora relevado. El próximo responsable será Juan Antonio Cuadrillero.

HACE ahora diez años que ningún joven español tiene el deber de entregar unos meses de su tiempo a la defensa común mediante el Servicio Militar. Fue una medida razonable en consonancia con los tiempos y con las necesidades de la defensa: el Ejército precisaba adaptarse a unos estándares internacionales y atlantistas y parecía inevitable modernizar sus estructuras humanas y tecnológicas mediante la profesionalización de sus soldados y la racionalización del número de jefes y oficiales, además de la inevitable inversión en armamento moderno y en preparación técnica de sus diferentes cuadros de mando. Nuevos hombres —y mujeres— tomaron el relevo de los reclutas y dejaron a éstos en sus quehaceres civiles. La medida fue tomada por el gobierno Aznar, pero estaba consensuada con gobiernos anteriores —que la prepararon— y posteriores —que la continuaron— sin que supusiera ningún terremoto social. Generaciones enteras —y vivas— de españoles tendrían tiempo y lugar para relatar las vivencias acumuladas tras años de cuarteles, campamentos y tiendas de campaña: como parece evidente, cada uno lo ha contado según le fue. Para algunos, el Servicio Militar supuso una interrupción inoportuna en su progresión laboral o académica, en su aprendizaje empresarial o en su difícil equilibro familiar: un año fuera de casa en el entorno de los veinte años puede pasar algún tipo de factura. Otros podrán alegar que vivieron días absurdos sometidos al caprichoso arbitrio de mandos militares que reproducían las más surrealistas de las situaciones y los más inútiles de los esfuerzos, y seguramente será cierto. Pero también para unos cuantos millones de jóvenes supuso salir por primera vez de su entorno, despertar a una nueva realidad, conocer a personas de cualquier parte de España, convivir con no pocos estímulos de compañerismo, entender la importancia de la disciplina y la jerarquía y, muy importante, darse cuenta de que en el Ejército, una vez se traspasaban las puertas, quedaban igualados en deberes, derechos y vestimenta el más rico con el más pobre, el más listo con el más torpe y el más guapo con el más feo.

Son muy pocos los que hoy contemplarían la conveniencia de volver a someter a los jóvenes españoles a un año y pico de paréntesis, entre otras cosas porque habría que plantearse si sólo habría de afectar a varones y no a hembras, militares hoy estas últimas de probada eficacia. Son, sin embargo, cuantiosos los que lamentan que una generación Logse y otra generación de ni-nis desconozcan el compromiso sincero con la defensa de los valores comunes que hemos venido en llamar Patria o Nación. Es muy probable que para muchos jóvenes españoles resultara muy educativo compartir tres meses con hombres y mujeres de su edad relacionándose con elementales conceptos de disciplina y eficacia. Respeto, Honor, Entrega y Orgullo, por demás. El Ejército no es más que una síntesis de la sociedad de la que procede y en él moran personas excepcionales y otras no tanto; en aquellos años de mili se daban algunos elementos que creían que tener a su disposición una compañía de esclavos a los que insultar o humillar, pero también se contaban a pares, los que ejercían desde el respeto, el

talento, la humanidad y el sentido del deber. Hoy en día, con tantos conceptos vueltos del revés, los militares españoles son un ejemplo en un manojo de disciplinas. Transmitírselo a mucho hombre o mujer viciados por un nihilismo un tanto abandonista no sería un mal negocio. Pero diga algo parecido a los que han hecho del excesivo halago a la juventud —no os esforcéis, nos preocupéis, no luchéis— una costumbre. Te pueden llamar reaccionario a la que te escantilles

Las Fuerzas de Seguridad y los efectivos del Ejército de Tierra encargados de investigar la sustracción de armas en el cuartel de Botóa, en Badajoz, han dado con una pista fiable. Las similitudes entre este y un robo en Portugal ha llevado a los investigadores a pedir la colaboración del Serviço de Informações de Segurança, el CNI luso.

El día de Año Nuevo, Portugal se levantó sobresaltado por el robo de armas en un cuartel de la región de Sintra. Unos individuos se colaron en la base de Carragueira, sede del Centro de Tropas Comandos, y sustrajeron diez armas de guerra -actualmente, según las pesquisas en marcha, parece que fueron más-.

Podría parecer una coincidencia con el caso del robo de armas en la base General Menacho de Bótoa (Badajoz), pero para los operativos que están investigando el caso es mucho más.

De hecho, según ha podido saber El Confidencial Digital, los detalles del robo portugués se han convertido en “la mejor pista a seguir” para dilucidar lo acontecido en Extremadura, según fuentes militares involucradas en la investigación.

Los datos que obran en manos de los investigadores españoles del Ejército de Tierra y de la Policía Judicial Militar han sido facilitados por el Serviço de Informações de Segurança (SIS), el equivalente al Centro Nacional de Inteligencia español.

Según lo comunicado por las autoridades lusas, el robo es “idéntico, calcado” al que se cometió en Badajoz. La intrusión se produjo a media noche, coincidiendo con el momento de menos protección de la base. Los asaltantes tenían en su poder los códigos de acceso al armero.

Por otra parte, las armas sustraídas son similares a las españolas. En concreto, se extrajeron del armero luso, además de pistolas, una docena de fusiles de asalto H&K G3 (M/61), el equivalente español al CETME. En España, el modelo robado es el H&K G36, diseñado como sustituto del modelo utilizado por Portugal.

Todos estos indicios han activado las alarmas del Ejército de Tierra, que buscan ya un perfil de sospechoso similar al que continúan buscando las fuerzas de seguridad lusas.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha anunciado este martes que cuatro militares han sido arrestados por haber sido "como mínimo" responsables de "negligencia" en el robo de armas cometido la pasada semana en la base General Menacho de Bótoa (Badajoz).

Según ha anunciado en la sesión de control al Gobierno en el Senado, los arrestos son resultado de la investigación interna desarrollada por el Ejército de Tierra. En concreto, se trata de un sargento, un cabo y dos soldados que formaban parte del equipo de guardia la noche en que tuvo lugar el robo de 25 fusiles y diez pistolas.

Chacón ha explicado pormenorizadamente las medidas de seguridad con que cuenta la base -reforzadas tras un primer intento de robo hace tres años- y ha destacado que la noche del pasado día 28 febrero "no fallaron los medios técnicos de seguridad, fallaron las personas" y, en concreto, "algunos de los miembros del equipo de guardia". La ministra ha explicado que se ha podido llegar a esta conclusión gracias a la información proporcionada por los medios de seguridad de la base y ha indicado que los resultados de esta investigación interna ya han sido puestos a disposición del titular del Juzgado Togado Militar n 12 de Madrid que dirige la investigación judicial.

«No son los autores materiales»

En un comunicado hecho público coincidiendo con la comparecencia de la ministra en la Cámara Alta, el Ejército de Tierra ha explicado que los cuatro militares han sido sancionados "por inexactitud en el cumplimiento de sus obligaciones", una "falta leve que comporta arrestos que van desde 48 horas a 30 días".La investigación se centra en si alguien de la base proporcionó informaciónNo obstante, fuentes militares han precisado que estos arrestos no están relacionados con los autores materiales del robo y con la posible persona que les pudo ayudar desde el interior. La investigación sigue la pista de que alguien de la base pudo proporcionarles información y ayuda, dado el modo en el que se desarrollo el asalto. Todos los militares que formaban parte de la guardia en la noche de los hechos ya habían sido relevados del servicio de seguridad, por decisión del Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general Fulgencio Coll, desde el pasado miércoles día 2 de marzo.

Ese mismo día, el JEME también decidió que el coronel responsable de la seguridad de la base pasase en comisión de servicio a colaborar exclusivamente con todos los órganos investigadores, con el objetivo de dar máxima prioridad a las investigaciones en curso. Desde entonces su responsabilidad ha sido asumida por el segundo jefe de la Unidad de Servicio de Base (USBA).

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha anunciado hoy el arresto de cuatro militares, por negligencia, tras el robo de armas en el cuartel de Botoa, en Badajoz.

Chacón ha hecho este anuncio ante el pleno de la Cámara Alta en respuesta a una pregunta del senador del PP Ovidio Sánchez en la que pedía explicaciones por ese robo.

La titular de Defensa ha explicado que los arrestados son un sargento, un cabo y dos soldados y ha asegurado que la noche del robo «no fallaron los medios técnicos, fallaron las personas».

En su respuesta ha precisado que el Ejército de Tierra, que mantiene abierta una investigación interna sobre el caso, ha decidido hoy arrestar a estos militares que estaban de guardia durante el robo de 20 fusiles HK y diez pistolas, ocurrido en la noche del 27 al 28 de febrero.

Esta investigación, según ha agregado la ministra, se ha puesto ya a disposición del juez que investiga el caso.

Los militares han sido sancionados por inexactitud en el cumplimiento de sus obligaciones, falta leve que comporta arrestos que van desde 48 horas a 30 días, según el régimen disciplinario militar, precisa una nota informativa del Ejército de Tierra.

Todos los militares que formaban parte de la guardia en la noche de los hechos ya habían sido relevados del servicio de seguridad, por decisión del Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general Fulgencio Coll, desde el pasado miércoles día 2 de marzo.

«Hemos vueltos a fregar y pronto vamos a tener que volver a las garitas». Esta elocuente y significativa frase pronunciada por un miembro de las Fuerzas Armadas, pone de manifiesto el malestar que existe en el seno de los Ejércitos por los sucesivos recortes presupuestarios que está sufriendo el Ministerio de Defensa en los últimos tres años. Lo de menos es que los militares tengan o no que limpiar sus despachos, «no se nos caen los anillos», sino que esta reducción económica está afectando seriamente a la inversión en infraestructuras y, lo que es peor, a la seguridad de las instalaciones militares.

El robo de treinta armas (diez pistolas y veinte subfusiles) en la Base General Menacho de Botóa en Badajoz, sede de la Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura XI», ha reabierto el debate sobre si los sistemas de seguridad con que cuentan los cuarteles son eficaces y si, lo que es más importante, son modernos y están en perfecta condiciones de uso. La respuesta de las fuentes militares consultadas por ABC es que no.

El caso del cuartel de Badajoz es un botón de muestra de lo que sucede en otras instalaciones militares. Al margen de las circunstancias en que se produjo el robo, que todavía están sin aclarar y bajo secreto de sumario, la realidad es que, como desveló ABC, el sistema de alarmas de esta base tiene una antigüedad de once años. Una vida demasiado larga para las cámaras que deben vigilar las entradas y salidas del recinto y el perímetro de una superficie de gran extensión como la de esta base extremeña.

«Chapucillas»

Pero lo que sucede en Badajoz se repite en otros acuartelamientos de España donde «no tienen ni cámaras» y en los que la política a la que han sido abocadas por los recortes económicos de Zapatero es ir de «chapucilla en chapucilla», aseguran fuentes militares. El principal problema es que no se ha llegado a culminar el proyecto de tecnificación de los perímetros de las vallas de los cuarteles, que se puso en marcha hace una década, ya que «el dinero llega cuando va llegando» y todavía «falta mucho por hacer». Agrava esta situación que «los cuarteles están vacíos. Estaban pensados para mucha gente y ahora la gran mayoría vive fuera de las instalaciones, por lo que hay que estudiar medidas de seguridad adicionales».

A esta conclusión ya han llegado los militares antes de que el Ministerio de Defensa finalice la revisión de la seguridad de los cuarteles, como así anunció tras producirse el robo de Badajoz. Las fuentes consultadas se preguntan si cuando se constate esta falta de seguridad «Defensa estará dispuesta a asumir el coste».

La raíz de este problema de falta de medios no está en el trabajo de los militares, que hacen lo que pueden por mantener la seguridad con las infraestructuras que cuentan, sino que el Gobierno no solo recorta el presupuesto, sino que ha cambiado las prioridades. Como han venido asegurando los responsables de Defensa, con la ministra a la cabeza, la máxima prioridad es la seguridad de las misiones internacionales. Estas misiones han engullido más de 3.000 millones de euros en los últimos seis años.

Más gasto en misiones

España, según las fuentes consultadas, es el país occidental que destina menos dinero de su Producto Interior Bruto (PIB) a Defensa, con un 0,7 por ciento. Casi la mitad del siguiente país, Canadá, con un 1,1 por ciento Holanda destina el 1,15 y Francia el 2. A este bajo porcentaje se une el hecho de que, en los presupuestos, se destina una gran cantidad de dinero a las misiones en el exterior. Desde que Zapatero llegó al poder en 2004 ha duplicado el gasto en las misiones internacionales de España, que él llama misiones de paz pero que, en casos como Afganistán, son acciones de guerra. De 380 millones de euros ha pasado a más de 700 anuales, siendo la misión de Afganistán la que más dinero ha gastado con cerca de dos mil millones.

A la vista de esta situación, no es extraño que los militares comenten con ironía que quizás tengan que volver a las garitas, una vez que han vueltos a limpiar los cuarteles. «Cuando se quitó la mili se insistió que los militares no estaban para hacer garitas ni limpiar... pues poco a poco volveremos a las garitas».

Después de que el pleno del Ayuntamiento de Valladolid se pronunciara el pasado martes contra el cierre de la Academia de Caballería, el dirigente del Grupo Popular y diputado del PP por Toledo Arturo García-Tizón dio una conferencia de prensa en la capital castellano manchega para salir en defensa del futuro de la Academia de Infantería y anunciar que la oposición pedirá explicaciones a la ministra Carme Chacón en el Congreso como responsable de unos cambios organizativos en la enseñanza militar que su grupo considera perjudiciales para la formación de los oficiales y para los vínculos de Toledo con el Ejército.

La decisión de agrupar todo el ciclo de formación de los oficiales del Ejército de Tierra en la Academia General con sede en Zaragoza, incluida la especialización en las distintas Armas (Infantería, Caballería y Artillería), fue tomada por el Estado Mayor ante los recortes en Defensa y la falta de recursos económicos en el presente ejercicio y como medida drástica de austeridad ante las malas perspectivas económicas y presupuestarias para los próximos años. También para aprovechar todos los medios, las instalaciones que quedarán vacías serán empleadas para la formación de suboficiales.

Intereses locales y tradiciones aparte, el Grupo Popular ha decidido dar al asunto alcance nacional, ya que considera el paso dado por Chacón como un síntoma más de que el Ministerio de Defensa ha abordado la reforma de la enseñanza militar con la misma improvisación con que el Gobierno de Zapatero acomete el conjunto de sus decisiones políticas.

Diez años atrás, el Gobierno de José María Aznar decretó el fin del servicio militar obligatorio. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, ha dispuesto que se celebre en un acuartelamiento la defunción de aquel servicio, que también era un derecho. Sigo creyendo que lo idóneo hubiera sido modernizar el servicio militar con un sistema mixto que abriera el camino de los soldados profesionales sin renunciar a la incorporación obligatoria de los jóvenes españoles a una estancia en las Fuerzas Armadas más breve y mejor aprovechada. Lo escribo por experiencia. A los veinte años me repateó la idea y la realidad de salir de mi casa para instalarme en un Centro de Instrucción de Reclutas ubicado a más de quinientos kilómetros de Madrid. La duración de aquel exilio, que así lo consideraba, oscilaba entre los trece y los quince meses. Pasaba de ser un proyecto de persona a convertirme en un recluta, la última escala de la sociedad. Tenía un gran aprecio al Ejército por tradición familiar, pero no tanto como para acudir feliz a perder, que así lo consideraba, más de un año de mi vida. Estuve catorce meses en Camposoto, Isla de San Fernando, Cádiz. Cuando me licenciaron y devolvieron la cartilla verde –el último reclutamiento de «la verde», que pasó a ser «la blanca»–, me despedí del Ejército con tristeza y una profunda gratitud. Conocí durante aquel año largo a personas que nunca hubiera imaginado que existieran, casi todas ellas positivas. Experimenté la pérdida de los privilegios sociales y la diferencia de clases. Allí nos reunimos dos mil jóvenes procedentes de toda España que éramos lo mismo y se nos exigía lo mismo, sin distinciones de ningún tipo. Aprendí el sentido de la puntualidad como una obligación y una cortesía para los demás. Y la lealtad, y el concepto de la verdad, y el sufrimiento físico del esfuerzo, y las carencias de las comodidades hogareñas. Se trataba de un servicio, y así lo interpreté. Pero al cabo del tiempo también lo interpreté como un derecho y un honor. Entre los mandos destinados en aquel campamento, un altísimo porcentaje lo componían hombres justos, directos, leales y siempre dispuestos a ayudar a los más débiles. Me enseñaron a enseñar, y cuando terminaba la agotadora jornada de instrucción, algunos reclutas –ahora sí, privilegiados–, ayudábamos a los oficiales encargados de alfabetizar a los más desamparados culturalmente, a nuestros propios compañeros sin letras ni números. Sin exagerar por razones de lejanía, comprobé que los jefes, oficiales y suboficiales del Ejército consideraban un alto valor lo que yo entendía por señorío. No tuve que obedecer, en catorce meses, ni una sola orden caprichosa o injusta. Como todos, fui arrestado en diferentes ocasiones, siempre por incumplir el cumplimiento. El único sufrimiento que padecí en la mili, me lo procuró un mono. Un mono tití que regalaron al comandante de mi batallón y con el que me obligaba a desfilar cuando llevaba el guión del batallón. Mientras desfilábamos, el mono y yo, el primero me arañaba y mordisqueaba las orejas. Una tarde, el mono falleció y aún no se conocen los motivos de su óbito.

Conocí a muchos hombres de honor, de palabra y de justicia. Admiré su vocación de servicio a los demás y su amor a España, a mi Patria. Lamenté que mis hijos no tuvieran el deber y el derecho de formar parte de las Fuerzas Armadas. Hoy sólo me acompañan los buenos recuerdos y el agradecimiento. Estoy muy orgulloso de haber sido uno de ellos, y siempre he intentado recompensarles con afecto lo mucho que me enseñaron.

Muy discutibles son los pasos que ha dado el ministerio de Defensa en relación con el general Casimiro José Sanjuán, máximo responsable hasta ahora del cuartel de Bótoa (Badajoz), en el que se produjo el domingo el espectacular robo de una veintena de subfusiles y una decena de pistolas de la armería de la base.

Más de un alto mando de las Fuerzas Armadas arqueó las cejas ayer, miércoles, cuando se enteró que el general Sanjuán acaba de ser nombrado asesor del subsecretario de Defensa, Vicente Salvador Centelles, según han contado a El Confidencial Digital fuentes militares.

A este traslado a Madrid se une el hecho de que el lunes, es decir el día en que se informó del robo a la opinión pública, se publicaba en el BOE su ascenso a general de división. Una hecho que perfectamente podía haberse aplazado ya que, si bien el Consejo de Ministros aprobó el ascenso el viernes -dos días antes de la increíble incursión en Bótoa-, la publicación oficial se podía haber demorado unos meses, como ha hecho el Ejecutivo en el pasado con otros asuntos que tardó un tiempo en llevar al Rey para su firma y entrada en vigor.

Así pues, el general que ha estado al mando del acuartelamiento en el que se ha producido el mayor robo de armas de guerra en los últimos años en España, ha conseguido una estrella más en su hoja de servicios y un puesto de asesor en Madrid del número tres del ministerio de Defensa. De ahí el estupor entre altos mandos de las FFAA por las dos decisiones del departamento de Carme Chacón, que vienen a eximir al general de toda culpa.

No han tenido tanta suerte el coronel jefe de la unidad de servicios de Bótoa, que ha sido apartado de su puesto y ha quedado en comisión de servicio para apoyar y colaborar en la investigación que han iniciado la Guardia Civil y el Ejército de Tierra por separado, así como los militares que estaban encargados de la seguridad y hacían guardia la noche del robo, que han sido relevados de su trabajo hasta que concluyan las pesquisas.

Desde el principio se ha dado por hecho que los asaltantes contaron con ayuda desde dentro, de uno o varios efectivos del acuartelamiento

La Guardia Civil sigue la pista de entre dos y tres ex militares como autores del robo de veinte fusiles de asalto y diez pistolas en la Base General Menacho de Bótoa (Badajoz), ocurrido el 28 de febrero. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que han estado destinados, o continúan estándolo, en esas dependencias, que se relacionan con un grupo de delincuencia organizada —e incluso que alguno forma parte de él— y, como se barajó desde el principio, conocen al detalle las instalaciones del acuartelamiento y sus medidas de seguridad, que burlaron ningún problema. Existen asimismo indicios de la unidad en la que han podido estar destinados por el conocimiento del manejo de ciertos vehículos militares que se les presupone. Pasado un mes desde el asalto, todo apunta a los individuos que ya intentaron apoderarse de un cajero automático de la base en abril de 2008 o a personas relacionadas con ellos, según fuentes de la investigación. El jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), Fulgencio Coll, ordenó días después el arresto de cuatro militares que estaban de guardia esa noche y el relevo del resto de la guardia. No era el primer robo ni el segundo.

Además de la tentativa del cajero, en los últimos meses se han producido sustracciones de ordenadores, baterías y llantas de vehículos, así como diverso material sin que se haya encontrado a los responsables. Pero además entre los dos asaltos existen algo más que coincidencias, según datos a los que ha tenido acceso ABC.

La noche del 31 de marzo al 1 de abril de 2008, tres individuos, tal y como grabaron las cámaras de vigilancia, se apoderaron de un vehículo blindado tipo oruga que estaba estacionado en los talleres del Regimiento de Carros del cuartel; forzaron la oficina donde estaba el cajero automático del BBVA y lo arrancaron de cuajo. Cuando ya lo habían colocado en el oruga, llegaron varios agentes de la base y los sorprendieron «in fraganti», pero los ladrones lograron escapar ocultándose en los barracones y dormitorios de la Primera Compañía de Carros del Regimiento Castilla 16. Los investigadores señalan que hubiera sido casi imposible que se escondieran en ese lugar sin conocer las dependencias.

La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Bajadoz trabaja pues con esa primera hipótesis de que fueron dos o tres soldados de la citada Compañía quienes ayudaron a ex militares vinculados a la base Menacho, sede de la Brigada Mecanizada de Infantería Extremadura XI del Ejército de Tierra, a perpetrar el audaz asalto. Entonces se hallaron numerosos indicios pero hasta la fecha no se ha logrado detenerlos.

La noche del 27 al 28 de febrero pasado entre las 22.30 y las 00.30 se repitió la arriesgada maniobra. Los ladrones (entre dos y tres) entraron por la puerta «Matamoros» que da acceso a la finca exterior de la base y está situada en el punto kilométrico 69,700 de la carretera EX100 (Badajoz-Cáceres). Allí destrozaron un candado de tipo «pitón» con una cizalla o un objeto similar. Desde la carretera, tomaron un camino de tierra hasta la primera valla perimetral, donde rompieron la alambrada. A las 22:30 horas se activó la alarma del perímetro exterior, pero los militares que estaban de guardia no detectaron nada anómalo.

Los delincuentes accedieron a continuación a la segunda valla perimetral metálica, la cortaron e hicieron un hueco para pasar. A las 22.51 se activó la alarma en el lugar que coincide con el de la primera valla y donde luego los cacos abandonarían el todoterreno militar en el que transportaron las armas desde el armero hasta el punto inicial en el que el alambre fue cortado.

Tan seguros estaban de su golpe que utilizaron un coche particular desde la puerta «Matamoros» hasta la valla que abraza el recinto y allí lo dejaron semiescondido en una encina, a 70 metros del perímetro. Tras descubrirse el asalto, los investigadores encontraron en esa zona triángulos de señalización, una garrafa, chanclas y bolsas; es decir, los objetos que sacaron del maletero para guardar las armas en su lugar. Asimismo se detectaron huellas y rodaduras de un vehículo.

Una vez en el interior, los asaltantes intentaron forzar varios todoterreno «Aníbal» haciéndoles un puente. Les costó unos cuantos intentos hasta que consiguieron arrancar uno, que luego dejaron abandonado, como se ha dicho.

Se llevaron el uniforme

Pertrechados tan solo con una cizalla y una llave grifa, se emplearon con habilidad y rompieron todo lo que se les puso por delante: un candado, las vallas metálicas, el bombín de la puerta del armero de la Primera Compañía de Carros (de donde se llevaron las armas). En este lugar inutilizaron la alarma sonora; había otra volumétrica que se activó varias veces entre las 00:7 y las 00:9 horas. El robo se cometió a las doce. A esa hora se produce el arriado de la bandera y la formación de la guardia, una circunstancia que los cacos conocían y aprovecharon para «trabajar».

Otro detalle que revela su buena información es que subieron hasta la tercera planta de esa Compañía, donde está la taquilla del sargento encargado del armero. La abrieron y robaron su uniforme, se cree que en busca de los códigos de seguridad de apertura de ese armero.

No las encontraron, aunque ese contratiempo no les arredró. Forzaron el armero que guardaba los 20 fusiles de asalto HK G-36 y que estaba bloqueado con cuatro candados y desencajaron el de las diez pistolas Llama M82, atornillado a la pared. Minutos después se dio orden de cerrar la base y los accesos de la provincia, pero ya no había ni rastro de los delincuentes.

Una de las principales preocupaciones de la Guardia Civil es que las armas puedan llegar al mercado negro y que alguna banda pueda tener acceso a ellas. Por eso se mantienen contactos permanentes con la Policía portuguesa, en cuyo territorio también se han producido recientes robos en cuarteles aunque sin relación con el de Bótoa. Los datos apuntan a que el botín no ha salido de Badajoz.

«Solo funcionaron algunas cámaras»

La ministra de Defensa, Carme Chacón, defendió en el Senado que en la base «no fallaron los medios técnicos, fallaron las personas» para justificar por qué se había detenido a cuatro militares que estaban de guardia esa noche. Según las diligencias que obran en poder del Juzgado Togado Militar 12 de Madrid, eso solo es así en parte. La base Menacho tiene 44 cámaras de seguridad, tal y como explicó la ministra, pero «solo funcionaron un número reducido», según consta en la documentación.

Esa información no la proporcionó Chacón, a preguntas del PP, sino que se limitó a detallar que se habían reforzado los medios de seguridad tras el intento de robo de 2008 con más sensores, fibra óptica y alarmas así como una unidad de seguridad permanente formada por 63 personas.

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el asalto a Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura XI», con sede en Bótoa (Badajoz), en el que los delincuentes se apoderaron de treinta armas —diez pistolas y veinte subfusiles—, han llevado hasta Portugal, en concreto la zona de El Algarve, donde tiene el botín obtenido más fácil salida. En concreto, se investiga a una banda colombiana que podría ser la que está detrás de un robo que ha puesto en evidencia las medidas de seguridad de instalaciones tan sensibles como la citada.

Los investigadores saben que los autores del asalto disponían de una información privilegiada del acuartelamiento, a la que solo tienen acceso personal de la propia base, bien en activo o que hayan prestado sus servicios en ella con anterioridad. De hecho, una de las líneas de trabajo es analizar a todos aquellos que han estado destinados allí los últimos años.

Tras 48 horas de trabajo sobre el terreno, los expertos en Criminalística ya se encuentran en Madrid después de haber recogido todo tipo de vestigios en el lugar de los hechos. Particularmente interesantes pueden resultar restos biológicos encontrados en el vehículo militar utilizado por los ladrones para cargar las pistolas Llama M82 y los fusiles de asalto HK G36, y una huella nítida detectada en el armero. Además, se analizarán los candados forzados.

Una de las principales preocupaciones tras el asalto es la evidencia de que la base tenía un sistema de seguridad vulnerable. En este sentido, el último dato que ha conocido ABC es que dicho sistena tiene once años de antigüedad y aunque «funciona bien», está un tanto anticuado y podía tener algún fallo puntual que impidiera grabar en determinado momento algunas imágenes.

Paralela a la investigación judicial, que lleva el Juzgado Togado Militar 12 de Madrid, el Ejército de Tierra sigue buscando una explicación a los hechos y está «removiendo hasta los cimientos del cuartel» para encontrarla. La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha puesto al frente de estos trabajos al jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), Fulgencio Coll. El JEME viajó el martes a Badajoz para conocer «in situ» los hechos, después de mantener una reunión con la ministra. Tras regresar ayer, volvió a mantener un despacho con Chacón.

Por lo pronto, Coll ha apartado de sus funciones al jefe militar encargado de los temas de seguridad en la base extremeña. Ahora, la responsabilidad en esta materia recaerá en el teniente coronel que actuaba como segundo jefe de seguridad. Asimismo, los miembros que hacían guardia la noche del robo dejarán de prestar servicio de seguridad hasta la conclusión de la investigación

La ministra sigue manteniendo silencio sobre los hechos, aunque fuentes de Defensa aseguran que «depurará todas las responsabilidades».

De general de la base a asesor

Al máximo responsable de la base extremeña en la que se ha producido el robo, el general de división Casimiro José Sanjuán, este grave incidente le ha sorprendido recién ascendido. Hasta el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros aprobó su ascenso, era general de brigada, pero su nombramiento como general de división no se ha hecho efectivo hasta el día de ayer, cuando salió publicado en el Boletín Oficial de la Defensa (BOD).

Este ascenso implica su traslado de unidad y un nuevo destino, que también fue aprobado por el mismo Consejo de Ministros que lo ascendió. Su nueva ocupación será la de asesor del subsecretario del Ministerio de Defensa.

El subsecretario de Defensa, Vicente Salvador, tomo posesión de su cargo el 11 de noviembre de 2010 y su principal objetivo es la aprobación de la Ley de Derechos y Deberes.

Ni el Ministerio del Interior ni el de Defensa han dado explicaciones sobre el robo de armas militares en las instalaciones de la Brigada Mecanizada de Infantería Extremadura XI, un asunto de extrema gravedad por la inquietante falta de seguridad en un cuartel puntero del Ejército. Bien está que se abran las investigaciones pertinentes, pero si se confirma que los autores del robo son miembros de una banda organizada, que incluso utilizó un vehículo militar, estaríamos ante un fallo en la vigilancia que debería tener consecuencias por la vía de asunción de responsabilidades, incluidas las políticas.

La trascendencia de los graves acontecimientos mundiales en curso, que marcan nuevos vectores de tensión y niegan los planteamientos buenistas de la «alianza de civilizaciones» —el cenit del pensamiento político de José Luis Rodríguez Zapatero—, no debieran distraernos del análisis de los sucesos domésticos. Entre ellos es de especial gravedad, aunque la máquina gubernamental quiera aliviarlo con una faena de aliño, el asalto a la base «General Menacho» de Bótoa, en Badajoz. El hecho de que unos desconocidos entren en unas instalaciones militares, permanezcan en ellas durante un par de horas, suenen durante su estancia las alarmas de seguridad y se lleven, sin más, un cargamento de pistolas y fusiles de asalto de última generación no es un asunto baladí que se pueda desvanecer con su mera publicación en los diarios. Sobre el supuesto de su profesionalidad, ¿se trata de delincuentes comunes o «políticos»?

El suceso, en plena tensión bélica y revolucionaria en el norte de África, evoca las «Historias de la puta mili» que el desaparecido Ivá dibujó para El Jueves. O los asaltantes integran un comando de alta preparación, hipótesis terrorífica, o resulta de muy difícil explicación que unos quídam puedan operar a sus anchas en un cuartel y profanar nada menos que el depósito de armas. Parece que, por no haber, ni tan siquiera existen grabaciones con la imagen de quienes ahora tienen en su poder, para nuestra inquietud, una veintena de fusiles HK G-36, capaces de efectuar 700 disparos por minuto.

La ministra del ramo, la muy dispuesta Carme Chacón, dice que aspirante a lideresa del PSOE, suele vendernos con gran maestría, como si tuvieran fundamento, sus naderías políticas. No deja de ser chocante que quien entiende España como «Nación de naciones» —así lo firmó en El País al alimón con Felipe González— sea la encargada de la Defensa de la Nación; pero, ya se sabe, al hablar de los asuntos españoles parece inevitable la asunción de una cuota de incoherencia y otra de disparate. Esa es, por otra parte, una responsabilidad exclusiva y específica de quien la designó para el cargo que es quien, a su vuelta de su pintoresco viaje a Túnez en un raro ejercicio de espiritismo político, debiera poner firme a su delegada para los asuntos castrenses y exigir las responsabilidades que son del caso. En unas Fuerzas Armadas en las que los artificieros hacen prácticas con carga real en los explosivos, la sustracción del armamento de un cuartel no puede quedar en el arresto de un pobre sargento de guardia. Chacón tendrá que cumplir su responsabilidad presente para poder aspirar a su gloria de futuro.

Cristián Rafael de León Almanzar, teniente de Sanidad de los Cuerpos Comunes de la Defensa, que fue contratado por Defensa mientras se encontraba en España con autorización de estancia por estudios, no ha conseguido la calificación necesaria para acceder a la lista de aspirantes al MIR. Se trata del segundo año consecutivo que no supera las pruebas exigidas.

Según el resultado de los exámenes celebrados por Sanidad el pasado 29 de enero para acceder al MIR, a los que LA GACETA ha tenido acceso, el teniente De León obtuvo los siguientes resultados: de las 225 preguntas que le fueron formuladas, contestó 101 en blanco, falló 96 y contestó afirmativamente a 28. La puntuación total de 0,5488 que obtuvo no es suficiente para la plaza de Médico Interno Residente.

Pese a no poder ejercer en España por no poseer el título de MIR, trabaja como médico en el Ministerio de Defensa y su salario depende de las Fuerzas Armadas.

Anteriormente, ejerció su profesión en la Sanidad Pública, cuando fue contratado por el Servicio Murciano antes de sentar plaza como oficial de complemento. A pesar de que tenía que haber abandonado el territorio nacional cuando se suspendió por primera vez las pruebas de acceso al MIR el año pasado, la Sanidad murciana le ofreció un contrato para trabajar como médico, y luego se encargarían los militares de hacer lo mismo al captarlo como oficial de complemento.

Fuentes policiales consultadas por LA GACETA no dudaron en afirmar que estas dos formas de hacer contratos de trabajo a un extranjero que se encuentra de forma irregular en España son fraudulentas y van en contra de la ley.

Como ya informó este diario, una de las causas por la que el hoy teniente Rafael está imputado por la Policía es por haber trabajo como médico en aquella ciudad sin tener la titulación necesaria.

Este periódico preguntó a la Academia de Sanidad Militar cuáles son los requisitos a reunir y el programa de los temas exigidos para convertirse en médico militar. En su contestación indicaron que España tiene convenio con varios países en relación con el alistamiento de médicos a las Fuerzas Armadas, entre ellos con Santo Domingo, de donde es originario el teniente Rafael. En cuanto a los temas sobre los que versa el examen, no se diferencian de los que se exigen para el MIR. Sin embargo, si este dominicano ha suspendido en dos ocasiones este examen, ¿cómo es posible que haya aprobado para médico militar?

Aunque este teniente de Sanidad está integrado en la llamada Escala de Complemento, no es obstáculo para que pueda incorporarse a las escalas profesionales y convertirse en un militar profesional con todos sus derechos al igual que los que sí obtuvieron el título del MIR, según informaron a este periódico las mismas fuentes de la Academia de Sanidad.

El sueldo establecido para estos oficiales médicos por el Ministerio de es de 1,981, 51 €, lo que supone un sueldo anual de 27.609, 27 €. Al que hay que agregar otros completos.

Don Felipe preguntó en Zaragoza sobre las deserciones de cadetes durante este curso en la Academia General Militar, tras la entrada en marcha del nuevo sistema de acceso. Además, mostró su extrañeza por los cinco militares muertos en Hoyo de Manzanares. "Eran expertos" indicó.

Según cuenta Monarquía Confidencial, don Felipe, aprovechó su visita para interesarse por la formación de cadetes, y en concreto preguntó a varios oficiales allí destinados sobre el “problema”, en sus palabras, del abandono prematuro de cadetes este curso –vea aquí la noticia publicada por El Confidencial Digital-.

Algunos de los mandos llegaron a calificar de ‘normal’ esos abandonos, añadiendo que las plazas se habían repuesto.

El príncipe dejó ver su tristeza por la muerte de cinco especialistas en explosivos, tres del Ejército de Tierra y dos Infantería de Marina, fallecidos en el Centro de Excelencia de Hoyo del Manzanares. Mostró su extrañeza por lo sucedido al destacar que “era gente experta en manejar explosivos”. “No entiendo que les pasó” recalcó.

El juzgado que se encarga de llevar las diligencias sobre el robo acontecido la pasada madrugada de una treintena de armas en la base militar General Menacho de Badajoz, decretó este lunes el secreto del sumario.

Así lo han asegurado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura que, sin embargo, no precisan nuevos datos sobre las circunstancias del robo ocurrido en la base pacense y en el que unos desconocidos se llevaron una veintena de fusiles y una decena de armas cortas.

El robo se produjo poco después de la medianoche en la armería del acuartelamiento, donde tras saltar la alarma se presentó la patrulla de seguridad y constató los hechos sin encontrar a ninguna persona en su interior.

Según las mismas fuentes, todos los datos apuntan a que los autores son un grupo de delincuentes organizados, tal vez de procedencia albano-kosovar, que huyeron en el mismo vehículo en el que habían llegado y que, según algunas fuentes, podría pertenecer también a la base o contar con un contacto en el interior de la misma.

Ante el suceso, se ha abierto una investigación policial, al tiempo que el Ejército de Tierra también ha iniciado la investigación pertinente para aclarar los hechos.

La Base General Menacho, en Botoa (Badajoz), es la sede de la Brigada de Infantería Mecanizada "Extremadura" XI. Esta base ya sufrió en abril de 2008 el intento de robo de la caja fuerte de un cajero de la sucursal bancaria que está ubicada en la base militar, utilizando para arrastrarla un vehículo militar de transporte acorazado conocido como TOA.

Según informó entonces la Delegación del Gobierno en Extremadura, sobre las tres de la madrugada, unos desconocidos forzaron la entrada de la sucursal que el BBVA tenía en esta base militar e intentaron llevarse la caja de caudales del cajero automático arrastrándolo con este vehículo. Sin embargo, cuando llevaban a cabo esta acción fueron sorprendido por militares que estaban de guardia por lo que emprendieron la huida

Esta madrugada se ha producido el robo de 10 pistolas y 25 fusiles en el almacén del Regimiento Castilla de la Base General Menacho de Badajoz, según han informado fuentes de la investigación. Los hechos se produjeron en torno a la una de la madrugada.

La Delegación del Gobierno asegura que la alarma saltó, pero la compañía de seguridad no detectó nada en su central. Los ladrones lograron penetrar en la armería y se llevaron subfusiles HK y diez pistolas. En una nota de prensa, las mismas fuentes aseguran que "por la forma de actuar y la rapidez con la que se cometió el robo", se sospecha que los autores "pueden ser un grupo criminal bien organizado".

Otras fuentes no oficiales, señalan no obstante, que la alarma no estaba activada por lo que se contempla la posibilidad de que los asaltantes contaron con colaboración desde el interior del cuartel porque para acceder desde el exterior al almacén es imprescindible el introducir un código secreto.

Fuentes militares aseguran a ELMUNDO.es que no descartan la posibilidad de que los asaltantes contaran con ayuda en el interior de las instalaciones, porque "las bases son muy grandes, con muchos edficios, y es difícil saber dónde está exactamente la armería". Según explicaron, los responsables del robo sabían perfectamente dónde tenían que ir y lo hicieron todo muy rápido, logrando huir antes de que llegara a la zona la primera patrulla, informa Roberto Benito. El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha una investigación sobre el robo.

Una base ya asaltada

No es la primera vez que se produce un asalto a esta base pacense. Hace tres años se produjo un intento de robo y para ello los ladrones utilizaron un vehículo acorazado para tratar de llevarse la caja fuerte de una sucursal de la entidad BBVA que existe dentro del cuartel.

Las primeras investigaciones de la propia Brigada de Seguridad de la base militar, la Policía Nacional y la Guardia Civil apuntan a que los asaltantes de este pasado fin de semana huyeron a Portugal a través de la frontera, situada a escasos kilómetros del cuartel.

Las ciudades de Toledo, Segovia y Valladolid rechazan la decisión del Ministerio de Defensa de clausurar como centros superiores de enseñanza las Academias Militares de Infantería, Artillería y Caballería que acogen desde los siglos XVIII o XIX. Los grupos municipales del PP en los tres ayuntamientos y los diputados del Grupo Popular por las tres circunscripciones se movilizan para que el Gobierno rectifique en una reforma –obligada por la falta de fondos–, que consideran contraria a los intereses de sus ciudades y de la formación de los militares.

El consistorio vallisoletano debate mañana una moción para exigir a Defensa que se replantee el cierre de la Academia de Caballería, y el PSOE propone convertir el edificio principal de las instalaciones castrenses en un parador.

Gran malestar

Las protestas municipales han sido hasta ahora de rango menor, pues en los ayuntamientos de Toledo (Academia de Infantería) y de Segovia (Academia de Artillería) hay alcaldes socialistas (Emiliano García-Page y Pedro Arahuetes); pero en Valladolid la mayoría del PP, con el alcalde Javier León de la Riva al frente, convertirá el malestar de las ciudades afectadas en choque institucional.

En la capital castellana se forman desde 1852 los oficiales de Caballería del Ejército y mientras los populares rechazan la decisión de Defensa de que la academia pierda la condición de centro de enseñanza superior, los socialistas ya tienen planes para el cierre total del centro, instalaciones incluidas.

Con la puesta en marcha en septiembre pasado del nuevo modelo de enseñanza militar, que agrupa en la Academia General de Zaragoza toda la formación y titulación de los oficiales del Ejército en detrimento de la especialización que se desarrollaba en las de las Armas, el PSOE adelantó en Valladolid sus planes. Óscar Puente, candidato a la Alcaldía, aseguró que estaba en conversaciones con el Ministerio de Defensa para convertir el edificio de la Academia de Caballería en un parador de turismo con locales anejos para la celebrar congresos.

“Nos pidieron una propuesta y ya la tienen”, dijo el dirigente socialista al presentar su iniciativa de cambio para la capital ante las próximas elecciones municipales, además de sentenciar que “las instalaciones militares están abocadas a salir de la ciudad”. El candidato del PSOE cifró en 50 millones de euros el coste de la operación y la condicionó a que el PSOE se haga con la mayoría en el ayuntamiento y Zapatero siga en La Moncloa.

Parte de la ciudad

Por el contrario, en el PP consideran un agravio que el Gobierno prive a Valladolid de “su” Academia de Caballería, que consideran una institución más de la ciudad y un vínculo directo de sus ciudadanos con el Ejército, según explica la diputada Ana Torme. Tampoco entienden en el Grupo Popular que, pese a los recortes presupuestarios acometidos en Defensa, en la época de la especialización educativa y los másteres se reduzca la formación especializada de los oficiales y se rebaje un centro superior como es la Academia de Valladolid.

En el caso de Segovia, la preocupación por el futuro de la Academia de Artillería no es menor. “Es como si quisieran cerrar West Point”, opina el diputado Javier Gómez Darmendrail, que ha remitido una pregunta al Gobierno pidiendo explicaciones sobre la clausura de la Academia de Artillería como centro de enseñanza superior del Ejército.

Fundada por Carlos III en 1764, fruto y exponente del avance científico y militar de la España de la Ilustración, es un orgullo para la ciudad castellana y una de sus referencias históricas. También está entre las academias con más tradición. Cuando se abrió West Point al norte de Nueva York, los artilleros españoles llevaban 38 años graduándose en la capital castellana. El parlamentario del PP también considera necesario buscar fórmulas para que la Academia de Artillería siga como centro de enseñanza superior.

Estrategia común

Paloma Barredo, concejal y aspirante a la alcaldía de Toledo por el PP, ha ido más lejos que los dirigentes nacionales de su partido al promover una moción en el ayuntamiento para proclamar persona non grata a Carme Chacón por su decisión de poner fin a 171 años de historia de la Academia de Infantería. No salió adelante porque el PP carece de mayoría, pero la defensa de la Academia estará en los debates.

Arturo García-Tizón, diputado por Toledo y miembro de la dirección del Grupo Popular, reunirá en los próximos días a los parlamentarios y representantes de las ciudades afectadas para plantear una alternativa común que permita la supervivencia de las academias militares como centros superiores de enseñanza. La reunión estaba ya convocada para el pasado jueves pero el accidente de los artificieros en Hoyo de Manzanares hizo que el Grupo Popular retrasara la cita

El Gobierno ha indicado, en respuesta a una pregunta del diputado nacionalista Francisco Jorquera, que no existe ninguna calle específica reservada para mandos dentro de la piscina de Batallones.

El Ejecutivo recuerda que la instalación pertenece a la Armada y que su objetivo principal es facilitar la práctica deportiva y preparación física del personal de la Marina. Añade que «con carácter secundario, se autoriza el uso a distintos organismos y asociaciones locales», aunque sin estar abierta «a todo tipo de público».

Se concreta desde el Ejecutivo que «dentro del carácter naval de la instalación referida y con la finalidad de armonizar las necesidades del personal de la Armada con las prácticas deportivas que requieren el resto de usuarios no militares autorizados, se reserva una de las calles al personal de la Armada», sin distinguir por el rango.

Desde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) se considera que, con esta contestación, se «desautoriza la circular firmada por el director de la piscina de la Armada en Ferrol, en la que recordaba que la calle número 1 quedará reservada en todo momento a los almirantes, capitanes de navío y coroneles».

Según AUME, en esta circular se apoyaban «altos mandos para expulsar a otros bañistas de inferior empleo militar y nadar así en solitario». Concluyen recordando que «estos abusos motivaron multitud de protestas de los usuarios y en especial de la Asociación Unificada de Militares Españoles, que llevó hasta el Congreso de los Diputados, a través del diputado nacionalista, las injustas prebendas de esta piscina de Ferrol».

La ministra de Defensa y posible aspirante a suceder a Zapatero, ha hecho unas declaraciones sorprendentes. Una revelación pasmosa y tan desacertada que sólo puede responderse desde el humor. Ha dicho Carmen Chacón que el Ejército que hoy tenemos es el que quería Azaña. En las Fuerzas Armadas, esa tontería ha sentado como un tiro. Azaña despreciaba a los militares y abominaba de la milicia. Les clausuró la Academia General Militar de Zaragoza, el centro de formación de los oficiales del Ejército de Tierra y Guardia Civil y una de las instituciones militares más queridas por los que visten orgullosos el uniforme y por los que admiramos a los que lo visten.

Azaña no estimaba a los militares, y no soñó con Ejército alguno. Nunca los entendió y jamás hizo un esfuerzo para comprenderlos y acercarse a sus valores. Era taimado, rencoroso y como se demostró en el último tramo de la Guerra Civil, elementalmente cobarde. Como gobernante fue una auténtica calamidad. Una calamidad con muy buena prosa, pero nada más. Su continente literario contiene más valor que su contenido, un largo camino de folios y cuartillas sostenidas por el resentimiento y el chisme. Azaña reparte mandobles a diestro y siniestro, a enemigos y allegados, a sus más íntimos colaboradores y odiados adversarios con una destreza literaria admirable.

Al único que salva y cuenta siempre con disculpas y justificaciones es a él mismo. Azaña es uno de los principales responsables de la Guerra Civil.

Desde siempre he intentado acceder a los motivos de su mitología, y no los he encontrado. Hay un cierto esnobismo intelectual en la exaltación de su pésimo quehacer político. El elogio a su persona y la defensa de su actividad pública se interpretan como indispensables certificados de inteligencia y cultura que reparten los concededores de bulas. Escribir a estas alturas que Azaña fue un lastimoso gobernante y un generador de odios conlleva la inmediata expulsión de los espacios intelectuales. Literariamente, Azaña no fue mejor que Pedro de Lorenzo. Precioso continente, floritura verbal, y poco más.

Pero nadie se había atrevido, hasta ahora, a exponer los sueños militares de don Manuel, que no supo poner orden entre los que lucharon en su bando. Azaña, como todos los tontos dotados de brillante arrogancia, se situó muy por encima de los militares. Los sobrevolaba con desprecio, él en lo alto, ellos en el suelo, tan pequeñitos. Personificaba todo lo que un militar no aprecia. El buen militar acostumbra a ser tan bien educado que jamás desprecia. Le sobra con no sobrepasar el límite que la cortesía establece en el desaprecio, que no es lo mismo que el desprecio. El desafecto es la falta de afecto, pero nunca el odio. Eso, y la disciplina, la cortesía, la entrega, la vocación, el amor a España y sus instituciones, el valor, la lealtad, el deber, el servicio, y el ofrecimiento de sus propias vidas desde la desatención de las ambiciones materiales y económicas, es lo que aprenden los militares en la Academia que Azaña clausuró impulsado por su rencor indescifrable. Claro, que también Dios, el honor y la Patria –y nadie lo olvide, El Rey– son conceptos de irrenunciable lealtad por parte de los militares. De ahí que el nombre de Azaña no encaje bien, excepto en mentalidades poco ajustadas a la cultura, en el ámbito militar.

Busque otro ejemplo, señora ministra

Lógicamente, publicamos hoy lo que pensamos y escribimos ayer. Y ayer y hace una semana, el tema del triste episodio del 23 de febrero de 1981 encuentra amplio eco en nuestra vida política y en todos los medios de comunicación.

Han ido reapareciendo algunos protagonistas que, directa o indirectamente, tuvieron que ver con el fallido golpe. Conociendo el alma humana, las posiciones son claras: hay quienes arriesgaron y dieron la cara; quienes arriesgaron y no la dieron; quienes tiraron piedras y escondieron la mano; quienes ofrecieron ésta y la retiraron a tiempo; quienes hacían de la Patria un coto privado y quienes han vivido del cuento desde aquel día, que para ellos constituyó la mejor página de su currículo. Porque a la sombra de lo sucedido se han consolidado fecundas carreras políticas y buenas fortunas económicas.

Faltan hoy, por ley de vida, dos testimonios clave: el del presidente Suárez y el del general Gutiérrez Mellado.

Alejado por destino de lo que sucedía en Madrid y en Valencia aquel día, sí he ido madurando mi opinión durante estos años. Sostengo –y puedo equivocarme, por supuesto– que el general reaccionó, sorprendido y justamente indignado. No opino lo mismo respecto a la actitud de Adolfo Suárez que aún controlaba los servicios de inteligencia del momento. El concepto de «contragolpe» o «vacuna», al más puro estilo Maquiavelo o Curzio Malaparte, es claro. No deben extrañar por tanto, las aseveraciones actuales de «no era esto lo convenido», que nos recuerda a los entonces jóvenes oficiales, lo que escuchamos de la sensata mayoría de nuestros generales: «Esto no es lo que nos comprometimos a apoyar; no estamos en el siglo XIX».

Pero nadie dudaba entonces –ahora es fácil pregonar lo contrario– que hacía falta un Gobierno de concentración fuerte para acabar la Legislatura y contraatacar la sangrienta ofensiva de ETA. Los que ahora dicen lo contrario mienten, como mienten los que dicen hoy «yo ya lo advertí». O los que hacen profesión de fe al declararse «demócratas de toda la vida».

Faltan a lista los que crearon un mito en el País Vasco en la persona de un Teniente Coronel de la Guardia Civil, que defendía a muerte a sus Guardias , a los que diezmaban con órdenes y contraórdenes, pasteleos políticos, concesiones, miedos. Faltan a lista quienes prohibían honrar incluso a estos muertos ordenando sacarlos de los cuarteles por las puertas traseras o se negaban a abrir las de sus iglesias para celebrar funerales cristianos.

Faltan a lista quienes socavaban desde dentro el proyecto de la UCD de Suárez; los que ya habían vendido su piel ocupando aun poltronas de poder, los que huían, como las ratas del barco en llamas. Faltan a lista los que pactaron «operaciones De Gaulle» y salieron silbando de la vía mirando para otro lado.

Luego, unos uniformados fueron procesados y condenados.

Pero otros uniformados que nada tuvimos que ver ni con el tardofranquismo, ni con la UCD y las luchas de sus barones, ni con los partidos de izquierda prestos a ocupar el poder, otros, que también seguíamos pagando con sangre la ofensiva de ETA, fuimos tratados como los primeros, incluidos en un común pecado original.

Hace una semana, en una enésima sesión dedicada a la Ley de Derechos y Deberes de los Militares celebrada en el Congreso de los Diputados, un General dijo que «en Defensa se legislaba mirando más al 23-F que al Líbano o a Afganistán». Por encima de la oportunidad del momento y del lugar, el mando recogía un sentimiento arraigado en las gentes de armas. Con honradísimas excepciones –y ellos bien saben que les respetamos y queremos– el Ministerio ha sido interventor más que constructor, ha sido restricción más que impulso; ha sido interés de partido por encima de servicio de Estado; ha sido fiscal más que apaciguador de conflictos; ha sido claro promotor de turbias lealtades políticas que ha bien pagado con ascensos o con presidencias de empresas estatales. Ha sido banco de prueba para carreras políticas, cuando no para absorber a personas de difícil acomodación en otros ministerios. Hoy, un alto porcentaje de su estructura de altos cargos, incluidos los puramente técnicos, está ocupada por civiles al servicio del partido de turno.

¡Siguen siendo los beneficiados del 23-F!

Todo. Todo de libro, diría Nicolás de Maquiavelo. ¿De qué se sorprende general?

Pero ya hemos cumplido los treinta años y un día de condena, la pena máxima de nuestro Código Penal.

Dejen tranquilas a las Fuerzas Armadas. No las líen con sus planes de estudios, ni con sus códigos de conducta. No necesitan comisarios políticos que les digan cómo deben ser sus museos. Dejen de empeñarse en hacerlas a imagen y semejanza de una clase política o sindical determinada. ¿No saben la distancia en valoraciones que reflejan las encuestas de opinión pública?

¡Dejen ya de sacarle réditos a una aciaga jornada que sufrimos todos, un 23-F hace treinta años y un día!

Una explosión en el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados y Centro Internacional de Desminado de Hoyo de Manzanares, en Madrid, ha causado la muerte de al menos cinco militares. Otras tres personas han resultado heridas y han sido trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla y el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Una de ellas está grave.

Según ha explicado la ministra de Defensa, Carme Chacón, a las 10,30 horas de la mañana una unidad de desactivadores de explosivos ha sufrido un accidente en el campo de maniobras de Hoyo de Manzanares, al que se ha referido como «una explosión de geran magnitud en un ejercicio de instrucción».

Dos suboficiales y un cabo

Los fallecidos son dos suboficiales y un cabo de la Brigada Acorazada 12, con el sede en El Goloso, y un suboficial y un cabo primero de San Fernando, mientras que los heridos son tres infantes de marina, de los cuales dos están graves y uno leve.

Los cinco realizaban un ejercicio de adiestramiento para realizar un próximo relevo en Líbano. «Se preparaba para desactivar explosivos y salvar vidas en Líbano cuando han perdido las suyas», ha explicado Chacón, quien ha informado ya a Su Majestad el Rey y al presidente del Gobierno, así como a los familiares de las víctimas mortales y los heridos. El ejercicio concreto que estarían llevando a cabo los militares fallecidos sería uno de desactivación de minas anticarro.

Entre los fallecidos se encontraban algunos de «los mejores expertos den desactivacion de nuestras Fuerzas Armadas». Algunas de las víctimas acababan de regresar de Afganistán.

De manera pública, ha dado el pésame a las familias de los fallecidos y ha desado la pronta recuperación de los heridos.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid han confirmado que especialistas del equipo de Policía Judicial de Colmenar Viejo se dirigieron ya al lugar del suceso para hacerse cargo de la investigación. Según estas fuentes, la explosión se ha producido cuando se realizaba un ejercicio de desactivación de explosivos en el que participaban al menos dieciséis militares del Ejército de Tierra pertenecientes a la Brigada Acorazada número 12, y de Infantería de Marina, con base en San Fernando, Cádiz con base en El Goloso. Tres de los fallecidos estarían encuadrados en la primera unidad. Los otros dos son infantes de marina. No se descarta que pueda haber más víctimas mortales. Los militares que participaban en las maniobras forman parte del contingente que iba a engrosar la misión española en el Líbano el próximo mes de abril.

El Rey, informado

La ministra de Defensa, Carme Chacón, se ha trasladado al lugar del suceso para informarse directamente de los detalles del mismo. Junto a Chacón, se encuentra el jefe del Estado Mayor del Ejército, Fulgencio Coll, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, José julio Rodríguez y el Jefe del Estado Mayor de la Armada, Manuel García Rebollo.

La instalación de Hoyo de Manzanares es el centro de referencia de la OTAN para la formación de especialistas en detección y desactivación de artefactos explosivos improvisados y minas.

La activación antes de tiempo de uno de los detonadores que los militares españoles fallecidos hoy en Madrid habían colocado junto a las minas que querían explosionar de forma controlada ha sido la causa de su fallecimiento, según informan a ABC fuentes del Ministerio de Defensa tras el trágico accidente ocurrido esta mañana en la Academia Militar de Ingenieros de Hoyo de Manzanares. La unidad, compuesta por entre 16 y 18 militares, realizaba en el Centro Internacional de Desminado un ejercicio de destrucción de minas anticarro. Las minas habían sido previamente desactivadas y ya no tenían detonador.

Como se hace habitualmente en estos ejercicios de entrenamiento, habían colocado las minas juntas en un boquete abierto en el suelo. En ese momento, el detonador que debía haber activado la carga de forma controlada estalló antes de tiempo y provocó la explosión. Los motivos por los que el detonador saltó antes de lo previsto están siendo investigada por el juez togado militar responsable del caso.

Los militares, que se adiestraban para partir al Líbano a relevar al actual contingente español en la misión de la ONU (Finul), se encontraban equipados con todos los medios de seguridad, incluidos el chaleco y el casco reglamentario. Todos ellos habían participado en varias misiones en el exterior y, según aseguró la ministra de Defensa, Carme Chacón, entre ellos se encontraban «algunos de los mejores expertos en desactivación de explosivos».

Los fallecidos son:

Sergio Valdepeñas Martín Buitrago. Sargento primero del Ejército de Tierra de la brigada acorazada número 12 de El Goloso (Madrid). Nacido el 8 de enero de 1976 en Madrid y soltero, el sargento primero ha estado destinado en misiones internacionales como ISAF (Afganistán), UNIFIL (Líbano), Bosnia y Kosovo.

Mario Hernández Mateo. Sargento del Ejército de Tierra de la brigada acorazada número 12 de El Goloso (Madrid). Nacido en Madrid el 10 de octubre de 1977, soltero, ha estado destinado en misiones internacionales como Kosovo, ISAF (Afganistán) y Bosnia.

Miguel Ángel Díaz Ruiz. Cabo del Ejército de Tierra destinado en la brigada acorazada número 12 de El Goloso (Madrid). Nacido en Salamanca el 12 de abril de 1985 y soltero, ha estado destinado en UNIFIL (Líbano) y Kosovo.

Víctor Manuel Zamora Letelier. Sargento Primero de Infantería de Marina de la Armada estaba destinado en la Brigada de Infantería de Marina. Nacido el 12 de octubre de 1966 en Chile, de nacionalidad española y soltero, con una hija, ha participado en misiones internacionales como UNIFIL (Líbano) y Bosnia.

Javier Muñoz Gómez. Cabo Primero de Infantería de Marina de la Armada, estaba destinado en la Brigada de Infantería de Marina. Nacido en San Fernando (Cádiz) el 28 de junio de 1974 y casado, con una hija, ha participado en misiones internacionales como Bosnia-Herzegovina, Líbano y Haití.

La cúpula militar ha pasado de despreciar a la clase política a dejarse maltratar.

Cuando un Ejército deja de cumplir su papel de defender a la nación frente a sus enemigos, se dobla sobre sí mismo y participa indignamente, con la ventaja y el privilegio de las armas, en política interior. Es lo que ha ocurrido periódicamente con el Ejército español en los últimos dos siglos. El franquismo fue el episodio más claro y agudo; el 23-F, el último y más tragicómico. De este, el Ejército salió democráticamente deslegitimado y fue a peor, no sin merecerlo: unos socialistas que nunca se han fiado y siempre lo han despreciado. Desde las instituciones constitucionales, simplemente lo adelgazan, desarman y desorganizan. Tras Aznar, a partir de 2004 se inició un profundo proceso de desmantelamiento presupuestario, de politización e ideologización, iniciado por José Bono y culminado por Carme Chacón. Esta dejará el próximo año unas Fuerzas Armadas en pésimo estado anímico y físico: navíos amarrados en puerto, cazas sin piezas de repuesto, blindados que no llegan a Afganistán o desvío de recursos a la UME, por un lado; ideologización extrema y organización desquiciada, Ley de Carrera Militar, reales ordenanzas, ruptura de tradiciones por otro.

Ningún país de nuestro entorno maltrata así a sus Fuerzas Armadas. Y esto no hubiese sido posible sin la colaboración activa de parte importante de ellas, por un mal entendido sentido del deber, de la lealtad constitucional y de su papel en nuestras democracias. La cúpula militar ha pasado de despreciar a la clase política a dejarse maltratar, como si esta indignidad fuese menor que la anterior y fuese a borrarla de la historia.

Para normalizarse, deben aún aprender de sus colegas occidentales de la OTAN, norteamericanos, franceses o británicos, que poseen y emplean canales y formas de expresión legítimos para hacer llegar a los políticos y al resto de la sociedad sus legítimas preocupaciones, necesidades y quejas. Única forma digna de relacionarse con la sociedad a la que han jurado defender.

Veinticuatro horas antes de que se cumpliese el trigésimo aniversario de la intentona golpista del 23-F, Carmen Chacón, hizo una de sus limitadas intervenciones públicas. La misma tuvo lugar en los desayunos informativos de Europa Press, donde presentada por la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, impartió la charla La transformación de las Fuerzas Armadas, un éxito democrático.

La titular de la cartera de Defensa señaló que Fuerzas Armadas han pasado de cometer hace treinta años –en alusión al 23-F– el acto que "mayor distanciamiento" ha creado entre los Ejércitos y la ciudadanía a ser ahora la institución del Estado "más valorada" por los propios ciudadanos. Esto se debería, según dijo, a siete hitos en la modernización de las FAS.

En estos hitos incluyó el proceso de reorganización, con una estructura de mando unificado y abandonando los criterios de despliegue territorial que, según dijo, "estaban más enfocados a la ocupación del territorio que a su defensa"; el ingreso en organizaciones internacionales como la OTAN; la profesionalización del Ejército en 1999, con el fin del servicio militar obligatorio; o la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas en 1988.

A estos, según añadió, habría que sumar el nuevo modelo de enseñanza militar que ha aprobado el Gobierno Zapatero, con doble titulación civil-militar para oficiales y suboficiales; los programas de renovación tecnológica, que han hecho que las FAS cuenten con material como los "Eurofighter" o los "RG-31"; y la participación de las Fuerzas Armadas en las misiones del exterior, en las que más de 120.000 militares españoles han cumplido con su deber en más de 60 misiones en cuatro continentes, y en las que han fallecido 159 militares.

Tras ese repaso, dijo que el 25 de abril de 1931 fue el primer intento de modernización de las Fuerzas Armadas, en alusión al decreto de reforma de los Ejércitos que firmó el por entonces ministro de la Guerra, Manuel Azaña. "Fue el primero en concebir un ejército eficaz como lo eran el de Francia y Alemania, pero aquel proyecto se truncó por la guerra y la larga sombra de la dictadura", dijo, para sentenciar después: "tenemos el Ejército que Azaña soñó hace 80 años".

La Ley de Derechos y los recursos de la Carrera Militar

Chacón apostó nuevamente por alcanzar un importante consenso en la tramitación de la Ley de Derechos y Deberes de los ciudadanos, a la que los grupos parlamentarios de la oposición han registrado casi 250 enmiendas. "La ley no debe salir sin un gran consenso, haríamos un flaco favor a nuestras Fuerzas Armadas", dijo.

Tampoco quiso aclarar más de lo ya conocido sobre el Observatorio de la vida militar, del que volvió a insistir en que estará conformado por expertos en materia de Defensa y se supone que será "un órgano independiente de los gobiernos"; ni entrar en excesivos detalles sobre cómo se definirá el concepto de neutralidad política de las Fuerzas Armadas, aunque sobre esto recordó que "hay unas líneas rojas claras marcadas por la jurisprudencia".

La ministra señaló que Ley de Derechos abre "espacios de participación" y auguró que con esta ley y "con nuevo régimen disciplinario se cerrará un ciclo" en cuanto a normas para los Ejércitos se refiere. Y es que, según dijo, el Gobierno intentará sacar adelante en esta legislatura el nuevo régimen disciplinario militar, pero tendrá que hacerlo una vez se haya aprobado ya la Ley de Derechos.

Sobre la polémica Ley de Carrera Militar, que ha supuesto un profundo malestar en el seno de las Fuerzas Armadas y ha llenado de recursos los estamentos del ministerio, negó que los recursos presentados contra la misma sean más de 12.000 y los cifró tan sólo en unos cinco mil, "de los que 1.881 han sido desestimados y aceptados 341".

Presencia española en Afganistán

Chacón dijo que el año 2012 "será clave, el principio del fin de la misión en Afganistán" porque se "empezará a ceder el poder" al Ejército y la policía afgana. Según avanzó, se prevé transferir la responsabilidad a las autoridades locales en Herat en este 2011 y en Badghis en 2012. Aunque esas transferencias "no suponen la vuelta inmediata de las tropas" a España porque los objetivos de los aliados son "irrenunciables". "Volverán a casa cuando los objetivos estén cumplidos", insistió.

Como en ocasiones anteriores, aprovechó la ocasión para destacar la labor que están desarrollando los militares españoles en el país asiático y reconoció que es posible que en los próximos meses aumenten el número de ataques que las tropas reciben de los talibanes, aunque prefirió utilizar el eufemismo "más dificultades".

"Conforme más espacio de territorio garantizas a los afganos más la insurgencia trata de impedir que eso sea así", dijo, para insistir en que las dos carreteras que construyen los españoles, la denominada ruta Lithium y la Ring Road son "rutas estratégicas para el comercio y el desarrollo social y económico de la zona", que pasan por zonas que "antes controlaban talibanes e insurgentes".

Por ello, tuvo que admitir que según se gana terreno hacia el norte, adentrándose hacia el valle de Bala Murghab, "los talibanes y la insurgencia tratan de seguir controlando espacios que los militares devuelven al comercio afgano. Y ahí entramos más en lo que llamamos hostigamientos", reconoció, para plantear después que si los españoles no saliesen de su base no recibirían ataques pero tampoco podrían desarrollar el trabajo para el que han sido enviados.

Programas de modernización

La ministra de Defensa habló también de algunos de los programas de modernización en los que se encuentran inmersas las Fuerzas Armadas. Así, destacó que el programa del Airbus400M "es ya una realidad" y "un éxito de Europa", y avanzó que Francia recibirá la primera unidad en 2012.

Así, descartó que los 2700 millones de euros extras que hubo que aportar para que el proyecto del Airbus 400M saliera adelante no obligarán a Defensa a abandonar otros programas de modernización, aunque sí reconoció que las dificultades económicas han hecho que se tenga que priorizar en programas como los del RG31 o los Lince, para dar más seguridad a las misiones exteriores, y que se tengan que renegociar los pagos de algunos otros procesos: "Gracias a los ministerios de Ciencia e Industria hemos podido revisar los plazos de algunos pagos. Todo el mundo es consciente de que los pagos llegarán".

Del mismo modo, negó que el programa de los blindados 8x8 esté descartado, después de los continuos retrasos por los que se está viendo afectado. "Se acaba de terminar la elaboración de los pliegos de los contratos. No hemos abandonado el programa", afirmó la ministra.

En el año 31, el Ejército estaba en muy mala situación. Tengo que decir, de todas formas, que aquél arrastra una serie de males que parece que vienen de las guerras carlistas. Y digo desde las guerras carlistas porque como en el Abrazo de Vergara se decidió que los oficiales carlistas entraran en masa en el Ejército, se produjo en éste una macrocefalia que casi casi dura hasta el día de hoy.

El Ejército era sin lugar a dudas macrocéfalo; tenía, sí, un cabezón inmenso (había un oficial por cada 14 hombres), y era terriblemente indigente en materia de instrucción y capacitación, así como de medios. La situación de la Flota era algo mejor, gracias a las reformas ideadas por Maura y emprendidas por Primo de Rivera, pero en términos generales las Fuerzas Armadas eran un desastre. Y como no eran aptas para la defensa y no estaban preparadas ni dotadas para sostener el fuego enemigo más allá de unos días, la reforma era obligada. Lo que pasa es que se hizo muy mal.

Y se hizo muy mal porque, para empezar, una de las cosas que consintió Azaña, evidentemente no por buenas razones, fue que reaparecieran las Juntas Militares. Y vaya si reaparecieron: en la extrema derecha surgió la UME: Unión Militar Española, y en la extrema izquierda la UMA: Unión Militar Antifascista, que luego pasaría a ser la UMRA, con erre de Republicana. Las Juntas se dedicaron a meter la cuchara y, por ejemplo, anular ascensos por méritos de guerra, suprimir el Cuerpo del Estado Mayor, hacer la vida imposible a determinados oficiales, promocionar a otros (porque eran masones, verbigracia), etcétera. Es decir, lo de las Juntas era lo peor de lo peor.

En segundo lugar, tenemos lo que Azaña denomina en sus memorias, con tremendo cinismo, "el gabinete negro". ¡Que nombró él! Ese "gabinete negro", nombrado por el ministro de la Guerra Azaña, estaba dirigido por un comandante de artillería, sectario e incompetente como pocos, de la absoluta confianza del ministro de la Guerra Azaña, llamado Juan Hernández Sarabia. Por si fuera poco, no estaba bien de la cabeza, como reconocían sus propios compañeros. Pero Azaña lo escogió porque era tan sectario, que haría lo que aquél perseguía, y que no era reformar el Ejército para hacerlo más eficaz, sino republicanizarlo al azañesco modo.

Así las cosas, se dictaron 32 decretos, que en septiembre del 31 se convirtieron en la Ley Azaña, que fundamentalmente pretendían apartar del servicio a militares que podían ser competentes pero no azañistas y, por el contrario, mantener y promocionar a los azañistas. El alcalaíno clama en sus memorias por lo que hizo Sarabia, pero es que resulta que él puso ahí a Sarabia para que hiciera justamente eso.

La reforma fue un desastre, una diarrea de medidas de carácter administrativo y político que no mejoraron la calidad ni la dotación de las Fuerzas Armadas: en términos generales, éstas sólo mejoraron algo en la época de Gil Robles, ya durante el bienio radical-derechista. Además, no consiguió republicanizar al estamento militar: lo que pasó fue que la gente que quería al Ejército decidió quedarse en él... aunque no le gustara el ministro de la Guerra; por el contrario, aquellos a los que el Ejército no les gustaba tanto y eran más partidarios de Azaña, al ver que podían retirarse con los haberes completos y dedicarse a otras cosas, lo hicieron. Algo así ocurrió también a raíz de la reforma de Narcís Serra, por cierto.

Esto tuvo consecuencias notables. Como las Fuerzas Armadas no mejoraron y tampoco se convirtieron al azañismo entusiasta, se produjo un proceso muy notable. En el año 31 la mayoría de los oficiales, y especialmente los jóvenes, aplaudió la llegada de la República; no porque fueran republicanos, sino porque pensaban que la Monarquía no se había comportado correctamente y que las Fuerzas Armadas dejaban mucho que desear. Pues bien: en el año 36 la mayoría de esos oficiales jóvenes era muy contraria a la República de izquierdas; y eso en buena medida fue obra de Azaña. También hay que decir, en honor a la verdad, que Azaña no dudó en calificar de "nefasto" al Ejército; incluso llegó a motejarlo, en la época de la reforma, como "el monstruo". Y claro, cuando uno forma parte del "monstruo", este tipo de cosas no te agradan demasiado.

Azaña no mejoró el Ejército pero lo mermó; en cambio, multiplicó los efectivos de las fuerzas de orden público: en el año 32, apenas unos meses después de proclamada la República, éstas ya tenían el doble de miembros que el 14 de abril de 1931. Un dato significativo, sobre todo si tenemos en cuenta la leyenda de que la República era el régimen de la libertad...

"La Ley de Derechos es el último cartucho que le queda a Chacón para salvar la legislatura. O se hacen las cosas bien o la ministra va a pasar a la historia por su fracaso". Así de contundente se mostró este jueves el secretario general de AUME, Mariano Casado, quien compareció ante los medios de comunicación para valorar el proceso en el que se encuentra la citada ley.

Tras valorar de forma "positiva" que se hayan registrado unas 250 enmiendas al texto articulado presentado por el Gobierno, señaló que la asociación consideraría un error que ahora se cerrasen en banda a la modificación de la ley, ya que se está "ante una ocasión histórica para modernizar a las Fuerzas Armadas".

Casado desgranó sus desacuerdos con el texto actual en aspectos como la legislación del derecho a la intimidad de los militares y las limitaciones de los derechos de expresión, manifestación y reunión. Asimismo, abogó por que las asociaciones militares sean "fuertes y transversales" y no quede difuminado su papel en el futuro Consejo en pos de una infinidad de pequeñas asociaciones sin apenas representación.

Asimismo, dijo que su asociación sería partidaria de que la Ley de Derechos incluya la posibilidad de que los militares puedan afiliarse a partidos, tal y como propone Izquierda Unida, aunque al mismo tiempo reconoció que se trata de "un debate que no está maduro" y contaría con casi total seguridad con el rechazo en bloque del ministerio de Defensa y de la cúpula militar.

Según dijo, la Asociación Unificada de Militares Españoles no considera que el tema de la afiliación o no a los partidos políticos sea un asunto "prioritario", pero creen que se podría tratar limitando si fuese necesario el derecho de los militares a tener una participación activa en las formaciones en las que militen.

Por último, consideró imprescindible que el ministerio que dirige Carmen Chacón acometa también las reformas del régimen disciplinario, del código penal y de la jurisdicción militar, así como de la polémica Ley de Carrera Militar, que ha generado miles de recursos desde su aprobación en 2007.

La reforma de la enseñanza militar acometida por el Gobierno se complica en todos sus aspectos. Al dato del 22% de bajas entre los cadetes en el primer trimestre del curso del nuevo plan de formación (título de oficial más el de ingeniero) en la Academia General de Zaragoza, se suma el problema de los cierres como centros superiores de enseñanza de las Academias de las distintas Armas: Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros.

La falta de recursos en Defensa obliga al Ejército a concentrar toda la formación de los oficiales en Zaragoza y al malestar interno se añade la protesta política en las ciudades afectadas, en especial en Segovia y Toledo, sedes de los centros superiores desde los siglos XVIII y XIX.

Hasta el presente curso los cadetes del Ejército arrancaban sus estudios generales en Zaragoza y los culminaban en las academias de las cuatro armas y la de la Guardia Civil, que era donde se especializaban antes de graduarse como tenientes, de nuevo en Zaragoza. La reforma de la enseñanza militar fue diseñada por el Gobierno socialista para dar una doble titulación a los oficiales, castrense y al tiempo civil, –como “ingenieros de organización industrial” en el caso del Ejército de Tierra– con el argumento de que así se facilitaba la posible salida al mercado laboral de los militares.

En los nuevos planes de estudios se aumenta la preparación técnica a costa de reducir la instrucción militar, se persigue la endogamia militar al cambiar la oposición de acceso a la Academia General por el criterio de acceso a la Universidad basado en la nota de selectividad y se exige a los futuros oficiales que en los cuatro primeros años tengan una formación de ingenieros para recibir el despacho de teniente en el quinto y último curso (el de instrucción más específicamente militar), sin pasar ya por la etapa de especialización en Toledo (Infantería), Valladolid (Caballería), Segovia (Artillería) y Hoyo de Manzanares (Ingenieros) como centros superiores de enseñanza. Todo en Zaragoza para ahorrar en instalaciones, medios, mantenimiento, profesores y traslados.

De momento, en el primer trimestre del curso, 60 cadetes, el 22% de la promoción, se ha dado de baja sin superar la primera fase de instrucción militar básica al aducir falta de vocación o desinformación sobre la carrera que habían iniciado.

El cambio del modelo de enseñanza militar, que es casi una revolución, viene en parte obligado para adaptarse a los criterios de la reforma de la enseñanza en toda la Unión Europea (Bolonia), pero también está impuesto por los recortes presupuestarios que el Gobierno aplica en Defensa desde 2008. Para “optimizar recursos”, el de Tierra ha tenido que acabar con tradiciones de varios siglos de historia, como es el caso de la actual Academia Superior de Segovia instalada por Carlos III como Real Colegio de Artillería en 1764.

Impopularidad

La solución a la falta de recursos ha sido ideada por el propio Estado Mayor del Ejército, con su jefe Fulgencio Coll al frente y que ha asumido la impopularidad de los cierres de las academias ante sus subordinados, además de esforzarse en explicar la drástica medida –siempre con el argumento de que no hay dinero– a las autoridades políticas que han protestado ante Defensa. Las instalaciones de los centros superiores se utilizarán para la formación de suboficiales y para cursos especiales.

Defensa ha contado con la ventaja de que los alcaldes de las ciudades más afectadas, en lo económico y en lo sentimental, por el cierre de las academias son del PSOE: en Toledo está Emiliano García-Page, y en Segovia Pedro Arahuetes.

Pero los dirigentes locales y nacionales del PP no digieren tan fácilmente perder un centro superior de enseñanza y un vínculo tan tradicional de sus ciudadanos con el Ejército.

Arturo García-Tizón, diputado por Toledo, anuncia que el PP se replanteará la reforma y buscará fórmulas para que la Academia de Infantería –entre las más antiguas del mundo- se mantenga como centro de estudios superiores.

El PSOE y el PP están en contra de que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan afiliarse a partidos políticos, de manera que no apoyarán en el Congreso de los Diputados la propuesta que ha hecho el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, para que la futura ley de Derechos y Deberes de los militares contemple esta posibilidad.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de ambos partidos, socialistas y populares están de acuerdo en que la neutralidad política de los militares debe permanecer según está contemplada en el proyecto de ley, por lo que no respaldarán la iniciativa de IU.

En su artículo 13, el texto establece que los militares tienen derecho a asociarse libremente, pero no pueden ejercerlo mediante la constitución, pertenencia, participación, vinculación o promoción de partidos políticos o sindicatos.

Sin embargo, el diputado de IU ha defendido, en una de sus enmiendas al texto registradas este martes, que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan tener una participación política y sindical "activa", expresada, entre otras formas, mediante la afiliación a partidos.

Opiniones enfrentadas

Esta cuestión fue una de las que se abordó durante las intervenciones de algunos de los 14 expertos que comparecieron la semana pasada en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja para expresar su opinión sobre el proyecto de ley.

En concreto, el general José Luis Rodríguez-Villasante Prieto, general del Cuerpo Jurídico Militar retirado y director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española, puso en duda la conveniencia de mantener esta prohibición.

El general Villasante, que calificó el proyecto de ley de "excelente", expuso que la prohibición de la "mera afiliación" de un militar a un partido político podía ser "necesario" en un momento de transición política, pero se preguntó si tiene hoy "soporte constitucional" prohibir esa "mera afiliación, no el activismo político", cuando "es un derecho".

También hubo quien expresó su rechazo a esta posibilidad al ser preguntada por ella. Así, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) general Eduardo González-Gallarza Morales dio un "no rotundo" a que los militares puedan afiliarse a partidos, ya que considera que esto supondría una "fidelidad" a la formación política y sus consignas incompatible con la neutralidad exigible al militar. "No podemos compartir consignas salvo la de la defensa de España y la lealtad al Gobierno", afirmó

Esta vez ha fracasado en Egipto. Representa todo un símbolo, el que los ocupantes de la plaza Tahrir se esfuercen estos días en limpiarla de cascotes y restos del improvisado campamento, empeñados en demostrar que hay orden en la capital, aspecto básico para recuperar una imagen y un turismo que le proporcionaba 13 millones de visitantes al año.

El régimen de Mubarak administró el caos durante treinta años, apoyado en una discutible ley de emergencia nacional. Estas leyes, están concebidas para momentos que lo requieren, pero esencialmente se promulgan con fecha de caducidad. Pero a los 80 millones de egipcios se les mantenía encorsetados por el miedo a derivas extremistas que pudieran romper su paz social o volver a los tiempos de las guerras con su vecino Israel. De hecho quienes dirigían el país eran los antiguos héroes del Yom Kipur.

Y cuando estalla la revuelta, desbordadas sus fuerzas policiales, el Gobierno utiliza los viejos métodos del caos. Tras las detenciones masivas y los internamientos, el Ministro del Interior utiliza a matones de paisano que se enfrentan con los manifestantes. Luego retira a la fuerza pública en calculada maniobra, para propiciar los saqueos, certificar el vacío de poder: «Sin nosotros, el caos».

Un buen amigo, con el que compartí experiencias semejantes en la Nicaragua que recuperó democráticamente Violeta Chamorro, me escribía desde El Cairo el pasado día 9: «Hemos tenido unos cuantos días sin ningún policía en las calles; esto parecía una ciudad sin ley. Todos los vecinos nos tuvimos que constituir en grupos de defensa. Se oían infinidad de disparos. Se produjeron incendios –entre ellos la sede del NPD– y se difundían todo tipo de noticias sobre asaltos, robos, violaciones e incluso asesinatos. Se hablaba –y creo es verdad– que esta sensación de inseguridad había sido orquestada por el Gobierno para crear la sensación de caos y desasosiego, que serviría de excusa para que el pueblo pidiera o comprendiera la dura actuación de las Fuerzas de Seguridad».

De libro. El resumen es más que clarificador.

Nada nuevo, respetado lector. Algunas veces el método ha funcionado. Pero en este caso, no. Y el elemento clave de su fracaso ha sido la información y las redes sociales. El despliegue de corresponsales de Prensa y televisión ha sido enorme y la calidad de las crónicas excelente, con unanimidad casi del 100% en adoptar posturas cercanas a los levantados. La importancia de la red también ha sido vital. Por esto el Gobierno de Mubarak intentó colapsar internet y la telefonía móvil.

Si en la guerra de Argel los transistores fueron fundamentales para que aquellos soldados franceses supiesen lo que se decidía en Paris, si las televisiones a partir de los sesenta fueron esenciales para comprender lo que pasaba en Tiananmen o en el Muro de Berlin, en Egipto Facebook y Twitter han actuado de claros aceleradores del proceso.

Ahora hay que salvaguardar el nuevo orden. Ahora hay que saber juzgar con garantías a los inculpados. Ahora hay que evitar tribunales populares, juicios sumarísimos, hay que preservarse de las venganzas, de los odios locales o simplemente de barrio.

No todo ha sido negativo durante los 30 años de Mubarak. Hay que saber aprovechar lo positivo y a las personas que han servido con honestidad. Hay que huir de los héroes populacheros que surgirán por cada esquina, en cada barrio, en cada aldea. Si sumamos a todos los que dicen que estuvieron en Tahrir seguramente llegaremos a los 20 millones. Porque si la red tiene ventajas, también tiene sus inconvenientes. Brotan los sentimientos y las opiniones, más que se meditan; cuesta menos atribuirse heroicidades más o menos noveladas. Hay que saber desbrozar delitos de fantasías, lo real de lo relatado. Hay que templar, conociendo como es el alma humana.

Aquí tenemos buenos ejemplos. No nos faltan buenos especialistas en crear fangales políticos o judiciales de los que emergen como ángeles exterminadores o como salvadores universales.

Sin llegar a tanto, acuérdense de las palabras de nuestro presidente, susurradas aquel 17 de marzo de 2008 a Iñaki Gabilondo en Cuatro Televisión: «Nos conviene que haya tensión». ¡Cuidado! De la tensión al caos hay un paso.

La revuelta egipcia ha conseguido incluso, unir a la trascendental opinion pública norteamericana. Es curiosa la coincidencia de los «neocon» con un Noam Chomsky, el referente de las izquierdas alternativas y crítico virulento de la política exterior USA. Este, incluye en sus «estrategias de la manipulación» la que llama «problema-reacción-solución» es decir, se crea un problema para conseguir una reacción del súbdito, a fin de que sea éste el demandante de medidas duras, aun a costa de sus libertades. Pone como ejemplos, intensificar la violencia urbana, organizar atentados sangrientos, intoxicar sobre inseguridad, robos, saqueos, violaciones, asesinatos.

Mi amigo de El Cairo acababa escribiéndome: «El egipcio es un pueblo bueno, generoso y dispuesto al sacrificio cuando la situación lo requiere. Hay mucha gente preparada y dispuesta a sacar adelante a su país.

Los representantes de las asociaciones de militares que han acudido a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados este jueves para expresar su opinión sobre el proyecto de ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas han coincidido en pedir a la Cámara que no "limite" sus derechos fundamentales y han negado que el asociacionismo militar quiera derivar al sindicalismo.

Además, se han mostrado de acuerdo en solicitar, como ya hiciera el miércoles el presidente de la mayoritaria Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, que los representantes de los miembros de las Fuerzas Armadas en el futuro Consejo de Personal sean seleccionados mediante elecciones libres.

Los últimos en comparecer en la Cámara Baja han sido los representantes de la Asociación de Suboficiales de las FAS (ASFAS), Pedro Amador; la Asociación de militares en activo y reserva o retirados(AMARTE), Jesús Navarro; el Círculo de Oficiales de las FAS (CIOFAS), Ignacio San Julián, y la Asociación de Militares Españoles (AME), Leopoldo Muñoz. El punto final a estas intervenciones –que se han prolongado durante más de trece horas– ha corrido ha cargo de Tomás Gisbert, del Centre d'Estudis per a la Pau J.M.Delás.

"Suficiente madurez para elegir representantes"

Desde ASFAS, su presidente ha insistido en que los militares tienen "suficiente madurez" para elegir a sus representantes y ha calificado de "peor sistema posible" el que ofrece el proyecto de ley, que sólo estipula que todas las asociaciones podrán participar si el número de afiliados corresponde a unos porcentajes determinados. A su juicio, un sistema electivo sería "el único sistema de representación acorde con una democracia".

Amador, que ha asegurado que su colectivo no es "partidario de la sindicación", ha alertado de que si se aprueba la ley en su redacción actual se verían "limitados" los derechos de las asociaciones y "recortados" los derechos fundamentales de los militares.

El asesor jurídico de AMARTE también ha afirmado que los militares en activo "no quieren sindicatos", pero sí "asociaciones efectivas que defiendan sus intereses". Sobre el proyecto de ley, ha criticado que "recorta mucho" determinados derechos fundamentales en los que, en su opinión, no habría que entrar porque ya están garantizados por la Constitución.

En cambio, ha dicho, el texto debería ser "más específico" sobre los derechos profesionales y "centrarse" en las libertades. "La ley no debe estar sólo para establecer límites", ha afirmado. Además, ha criticado por "ineficaz" al futuro Consejo de Personal, salvo que se le quiera "llenar de contenido" del que ahora adolece.

Las FAS, "una habitación oscura"

El más duro ha sido el representante de CIOFAS, que ha aprovechado la mayor parte de su intervención para criticar el desamparo que, a su juicio, sufren los militares desde hace décadas: "Las Fuerzas Armadas son una habitación oscura donde no llega el Estado de derecho", ha dicho, una afirmación tildada después de "inaceptable" por la portavoz de Defensa del PP, Beatriz Rodríguez Salmones.

San Julián ha defendido que esta ley "llega 30 años tarde" y es producto del "ánimo de controlar todos los derechos y limitarlos por la vía de la excepción", mediante un "sistema de control y represión para los de abajo que nunca se ha aplicado a los de arriba".

Desde AME, su presidente se ha sumado a las peticiones de "elecciones libres e independientes" para elegir a los representantes de las asociaciones pero ha añadido que deberían tener lugar "fuera del cuartel", al igual que el resto de "propaganda y proselitismo" que puedan hacer estos colectivos.

Muñoz también se ha mostrado contrario a que los militares se manifiesten –como esta mañana hiciera el ex jefe de Estado Mayor del Aire general Eduardo González-Gallarza–, porque, a su juicio "la sociedad se puede sentir alarmada".

Tras este trámite parlamentario, los grupos políticos, que han tenido ocasión de plantear preguntas específicas al total de 14 expertos que han desfilado por la Comisión entre el miércoles y el jueves, tendrán hasta el próximo martes para presentar sus enmiendas al proyecto de ley, que pretende "actualizar" la regulación de los derechos fundamentales y libertades de los militares.

Comienzan los problemas derivados de la aplicación del nuevo modelo de enseñanza militar. Hasta el momento, más de sesenta cadentes han abandonado la Academia Militar de Zaragoza, y se estima que otro tanto puede abandonarla a final de curso. El principal argumento que ofrecen es que no les “gusta la vida militar”.

Los datos están siendo minuciosamente analizados por el Ministerio de Defensa. Algo falla en el nuevo sistema de acceso a la Academia Militar General de Zaragoza cuando este año se están produciendo más bajas prematuras que de costumbre.

Fuentes militares muy vinculadas con la enseñanza militar, consultadas por El Confidencial Digital, aseguran que la mayoría de quienes se han dado de baja durante el primer trimestre argumentaron –siendo expresamente cuestionados- que lo hacían por “no gustarles la vida militar y considerar muy dura la disciplina” de la academia.

Según las fuentes consultadas, la vida de campamento e instrucción militar fue la fase más complicada para los mandos de la Academia. Muchos de los cadetes “no llegaban ni al mínimo exigido, y había faltas de disciplina”. Destacan, además, que esta circunstancia se dio a pesar de que “se ha levantado mucho la ‘mano’ con respecto a otros años, pero ni aún así”.

El requisito básico para entrar en la Academia para el curso 2010 ha sido la nota final de selectividad. Unida a las pruebas de inglés y a las físicas, se establecieron unas notas de corte sobre un total de 12,5: 9,2 para Aire; 8,9 para Infantería de Marina; 8,4 para la Armada; y 8,3 para el Ejército de Tierra.

Este curso, la Academia Militar de Zaragoza recibió a 440 nuevos cadetes. Los aspirantes admitidos fueron 2.636. De ellos, sólo 1.895 pasaron la prueba de inglés y 1.601 las físicas. Sorprendentemente, sólo 624 se presentaron al reconocimiento médico

El mal arranque de la reforma de la enseñanza militar en el Ejército –un 22% de bajas durante el primer trimestre en el primer curso de la Academia General– lleva a Defensa a plantearse soluciones tan modernas que recuerdan el pasado de las milicias universitarias o IMEC: incorporar a graduados universitarios de carreras técnicas en el último ciclo de las promociones esquilmadas por falta de vocación para poder así alcanzar el mínimo previsto de oficiales. Para completar el lío, los colegios de ingenieros, además de recordar que ya avisaron de la “publicidad engañosa” en que incurría Defensa al anunciar la doble titulación, insisten en que esos estudios no servirán para ejercer la profesión civil correspondiente.

La idea de potenciar la formación técnica de los oficiales con más estudios civiles –aunque fuera a costa de reducir la preparación militar– y equiparar títulos de enseñanza castrense con carreras universitarias fue recibida con recelo por el Ejército que se ha convertido en abierta preocupación al empezar el curso. El modelo ha fracasado nada más aplicarse.

Como la LXX promoción de la Academia General Militar de Zaragoza ya ha perdido en el primer trimestre del curso más de 60 cadetes que adujeron para irse falta de información, desconocimiento o nula vocación militar, el Ejército se queda con poco margen para formar un mínimo de oficiales al final del ciclo. Tendrá que recurrir a universitarios para cubrir muchas vacantes de cadetes. Lo que iba a servir de reducido complemento en los últimos dos cursos par a contar con tenientes muy especializados en distintas áreas técnicas con la incorporación de titulados superiores en carreras universitarias, serán parte esencial de la promoción, según reconocen en fuentes militares. Pero falta por ver si ese imprevisto alto cupo de cadetes más mayores y con más estudios civiles tienen la vocación militar y la actitud que no han demostrado buena parte de los cadetes de primer curso.

El modelo resultante sobre la idea original puede ser tan moderno como las milicias universitarias –la mili de los estudiantes– de antes de la profesionalización plena de las Fuerzas Armadas, pero sin escala de complemento. Defensa ha promovido una reforma inspirada en el modelo de enseñanza aplicado en las Fuerzas Armadas de Alemania que ahora se puede quedar en un híbrido con el español, en algún Estado Mayor empiezan a mirar hacia el de los EE UU y muchos militares se preguntan qué tenía de malo el sistema vigente que ha alumbrado las promociones de oficiales mejor preparados de la historia como acreditan en las misiones internacionales y en su labor diaria dentro de la OTAN.

Las noticias sobre el complicado arranque de la nueva enseñanza militar en la Academia de Zaragoza reactiva además las protestas y quejas que los ingenieros industriales plantearon durante la gestación de los cambios en las titulaciones de Defensa. El presidente de las asociaciones de ingenieros, Luis-Manuel Tomás, recuerda que “hace justo un año que comunicamos a la Ministra Carme Chacón que era imposible otorgar, como pretendían, a los alumnos militares la titulación de graduado en Ingeniería Industrial, ya que dicha denominación, conforme a la legislación, estaba reservada para un máster y no podía ser empleada en ningún otro título oficial. No sólo no hicieron caso a nuestra advertencia, sino que en mayo lanzaron una campaña de prensa incitando a matricularse en las Academias en donde podría cursarse la ingeniería industrial”

Tomás insiste en que aquello fue “publicidad engañosa”. De hecho, reitera que las asociaciones han decidido que los futuros oficiales no podrán colegiarse para ejercer como ingenieros, simplemente porque no estarán capacitados para ello

Cuando al borde del parto la ministra Carme Chacón voló a Afganistán la acompañó un cardiólogo para monitorizarle el corazón. Me pareció un exceso de prudencia y pregunté a mi círculo de médicos, que son unos chismosos: «Tiene el corazón del revés con un ventrículo obturado; una cardiopatía congénita, nada rara, que te permite hacer una vida normal». Me olvidé de la indiscreción por mi reverencia a la confidencialidad médico-paciente, pero es que la ministra acaba de hablar públicamente de su condición física para estimular a quienes también la padecen, lo que la honra. Chacón ha estado siempre en las quinielas sucesorias de Zapatero, y con el faisán abierto en canal sobre la mesa de Rubalcaba, repunta la chica más querida por el Presidente. Que La Moncloa agota es una leyenda urbana para que nos apenemos de sus habitantes; la gobernación sólo exprime a quien no sabe organizar su trabajo. En este país de hipocondríacos publicitar tu cuadro clínico se parece a un suicidio político. ¿Tiene la revelación de la ministra una lectura política ?¿Quiere, sutilmente, quedarse fuera de la herencia de Zapatero? Pilar Miró me dejaba palparla un seno para notar en la piel el ruido metálico de sus válvulas. Recordamos la escalera en la que se derrumbó, y a los futbolistas Puerta y Dani Jarque. Los pacientes congénitos se preparan desde el nacimiento para una vida longeva. Pero ¿también para la rastrojera vida política?

Las jornadas de debate en el Congreso sobre la Ley de Derechos y Deberes han transcurrido en medio de un ambiente de “cordialidad”, al menos aparente. Sin embargo, fuentes de las asociaciones militares aseguran que “ha sido un paripé”.

La Comisión de Defensa recibió esta semana a una docena de voces autorizadas y asociaciones, que expusieron sus propuestas sobre la Ley de Derechos y Deberes de los militares ante los diputados que forman este grupo de trabajo en el Congreso.

El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con varios de los asistentes para conocer cómo se han desarrollado los encuentros. Todos ellos coinciden en que el clima de debate fue positivo, incluso “cordial”, pese a que algunas de las posturas estaban muy enfrentadas.

Sin embargo, las fuentes consultadas no ocultan sus dudas sobre la productividad de estas reuniones, “máxime cuando el Gobierno ya ha negociado su aprobación con algunos grupos parlamentarios”.

Según la versión ofrecida a ECD, diputados que han estado involucrados en estas reuniones les transmitieron un mensaje claro con frases como “Olvidaos, esto ya está todo decidido”. El malestar entre las asociaciones es patente: “ha sido un paripé. El texto se hizo sin consultarnos, y cuando nos han consultado ya es demasiado tarde” indican

Las tropas españolas desplegadas en Afganistán continúan con su guerra diaria contra los talibán para hacerse con el control de la provincia de Badghis. En esa lucha constante, los soldados españoles lograron abatir ayer a uno de los principales líderes insurgentes en el oeste de la provincia. El Mullah Rashid murió a consecuencia de los disparos de una patrulla mixta hispano-afgana que realizaba una misión de reconocimiento en las proximidades de la localidad de Ludina, donde el contingente tiene una de sus bases avanzadas.

La patrulla, compuesta por efectivos españoles y miembros del Ejército Nacional afgano, circulaba al suroeste de la base avanzada «Bernardo de Gálvez 2» cuando entraron en una vaguada. En ese momento comenzaron a recibir disparos por parte de un número indeterminado de insurgentes. Los efectivos que conformaban la columna abrieron fuego para repeler el ataque. Como consecuencia de ese intercambio de disparos falleció el Mullah Rashid, mientras que el resto de enemigos se dio a la fuga

«Yo sí me mojo». Así iniciaba el brigada Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en la inédita sesión de debate a la que han sido llamados una serie de expertos para que opinen sobre la Ley de Derechos y Deberes. Una cita novedosa, dentro del trámite parlamentario de esta normativa, que las Fuerzas Armadas están esperando desde hace 33 años.

La complejidad de esta normativa, el deseo de buscar el consenso con todos y evitar las críticas de las asociaciones, que han denunciado que el texto enviado por el Gobierno al Congreso se ha hecho a sus espaldas, ha llevado a los miembros de la Comisión a abrir este trámite de audiencia.

En la primera sesión de comparecencias, el único militar en activo que intervino fue Jorge Bravo, que dejó bien claro que iba a decir lo que pensaba. Los que le precedieron en el turno de palabra, reconocieron, en algunos casos, que hablaban de la forma en que lo hicieron, porque ya estaban en la reserva. En este primer día de comparecencias intervinieron el almirante Francisco Torrente, ex secretario general de Defensa; el general Jorge Ortega , que realizó unas llamativas declaraciones al asegurar que «en el Ministerio de Defensa se piensa más en el 23 F que en lo que sucede en Afganistán»; el general José Luis Rodríguez-Villasante; el director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Ayuda Humanitaria, Jesús Núñez Villaverde; y Jorge Bravo. Hoy está previsto que comparezcan representantes de otras asociaciones militares como CIOFAS, AME o Amarte.

La mayoría de los comparecientes coincidieron en la necesidad de llegar a un consenso y destacaron que el texto enviado por el Gobierno puede ser «una base de partida adecuada.

Expertos y militares pidieron ayer al Congreso que introduzca cambios y logre el máximo consenso en torno a la Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas, pero el rechazo a la introducción del sindicalismo en los ejércitos fue unánime. Entre los citados por la Comisión de Defensa, Jorge Ortega, general de división retirado y director editorial del Grupo Atenea, rechazó que un militar deba pedir autorización para hablar con los medios de comunicación porque entiende que se trata de «censura previa» y manifestó que con esta norma parece que «desde el Ministerio de Defensa se sigue pensando más en el 23-F que lo que ocurre en Líbano». Por su parte, el almirante general Francisco Torrente recalcó que «las Fuerzas Armadas no pueden ser una institución democrática en el sentido de que en su seno no caben deliberaciones, ni su funcionamiento responde al del sufragio universal de sus miembros», informa Servimedia.

El fallecido, de 28 años, era natural de Venezuela. Los tres heridos han quedado ingresados en el hospital de Puerto de Rosario.

Un soldado ha fallecido y tres más han resultado heridos después de que se haya producido el volcado de un vehículo militar en el campo de Tiro de Pájara, en la isla de Fuerteventura, según han indicado a Europa Press fuentes del Mando de Canarias.

El Mando militar de Canarias ha explicado en un comunicado que el vehículo "ha volcado por causas que todavía se desconocen".

El militar fallecido es José Tomás Fariña, natural de Caracas (Venezuela), y tenía 28 años. Ingresó en el Ejército en febrero de 2007, estaba casado y tenía tres hijos. La familia del fallecido ha sido informada y está siendo atendida por personal de la unidad.

En concreto, el accidente se produjo por el volcado de un vehículo blindado LMV, mientras realizaban "un ejercicio táctico de preparación del contingente que el próximo abril se desplazará a Afganistán".

El fallecimiento del soldado se produjo este lunes a las 16.40 (hora canaria), accidente en el que también resultaron heridos los soldados Alexander Alonso Castro, Raquel García Habas y Miguel Bauluz Pérez, que han sido evacuados al hospital insular de Puerto de Rosario, donde han quedado ingresados.

Todos los militares implicados en el accidente, incluido el fallecido, pertenecen al II Batallón del Regimiento de Infantería Ligera Tenerife 49.

El anuncio realizado ayer por el Ejército no es una creación en sí misma sino la agrupación en un solo mando que se encargará de prestar el apoyo logístico a todas las unidades del Ejército de Tierra en abastecimiento, mantenimiento y transporte, tanto en operaciones como en territorio nacional.

La constitución formal de la nueva brigada no se producirá hasta el próximo viernes, pero el Ejército informó ayer de que contará con más de 5.000 efectivos repartidos entre su Cuartel General y las Agrupaciones de Apoyo Logístico ya existentes en Colmenar Viejo (Madrid), Sevilla, Zaragoza, Valladolid, y San Cristóbal de la Laguna (Tenerife).

Dentro de este proceso de reorganización, el Ejército también ha anunciado la creación de las bases únicas de Ceuta y Melilla, aplicando el concepto de «bases discontinuas». Esto implica que a partir de ahora, las unidades de servicio de todos los acuartelamientos en cada una de las ciudades se unificarán en una sola para cada ciudad. De este modo, un coronel se ocupará de los servicios de las bases, por ejemplo, de Melilla, y para ello contará con más medios de transporte, de modo que parte de los hombres que se ocupan de esas tareas en las siete bases de la ciudad autónoma puedan emplearse en cuestiones operativas al tiempo que se produce un ahorro.

De la misma manera, según informa el Ejército en su página de internet, la nueva «base única» de Melilla se ocupará de las islas Chafarinas y los peñones de Alhucemas y Vélez.

CUANDO después de pasar todas las fatiguitas del mundo tras la muerte de Magallanes a manos de los indígenas en Filipinas pudo hallar Juan Sebastián Elcano el nuevo camino a la Indias Orientales y completar la vuelta al mundo con la nao «Victoria», con la que llegó a Sanlúcar con sólo 17 marineros desmayaditos, el rey Carlos I le otorgó blasón: una esfera del mundo sobre la que campeaba una filacteria con la leyenda latina «Primus circumdedisti me» («Fuiste el primero que me dio la vuelta»). La ministra Chacón va a tener que hacer algo por el estilo con el capitán de navío don Manuel de la Puente Mora-Figueroa, comandante del bergantín-goleta «Juan Sebastián Elcano» en su LXXXII crucero de instrucción como buque-escuela de la Armada. No digo blasón. Hablo de algo tan marinero como una metopa. ¡Lo que le gusta a la Armada una metopa! Tú visitas un buque de la Armada y, a poco que seas, no sales por el portalón sin tu metopa puesta.

La metopa que, cuando vuelva de su viaje, Carmen Chacón podría entregar al comandante del buque gaditanísimo que ayer zarpó de la Bicentenaria Cuna de la Libertad representaría una silueta del bergantín-goleta desde el rediente de la muralla de San Carlos con todo el trapo desplegado, con una leyenda. En castellano, catalán, gallego y vascuence, naturalmente, como los cartones de leche de Eroski, que eso del latín es facha y además ya no saben latín ni los curas: sólo saben latín los toros de don Eduardo Miura. La dedicatoria al comandante del buque que para los gaditanos es como de la familia diría: «Al capitán de navío don Manuel de la Puente Mora-Figueroa, que igual que el marino de Guetaria fue el primero que dio la vuelta al mundo, ha sido el primero en ordenar al "Juan Sebastián Elcano": "Media vuelta al mundo...¡ar!".»

Cómo estarán de tiesas nuestras Fuerzas Armadas que no hay dinero ni para que «Elcano» dé la vuelta al mundo. Cuando Antonio Martín, mi compadre de Carnaval, vio los puertos que tocará «Elcano» tras zarpar ayer de Cádiz, me dijo:

—Compare, ¿pero esto qué es? ¿La vuelta al mundo del «Juan Sebastián Elcano» o el coro de la Viña? ¿Se ha fijado usted que este año «Elcano», en vez de ir a América, va como aquel coro que sacamos usted y yo, «A Venecia del tirón»?

Esto es lo que hay. Con el takatá chin chin pom pom de la reducción de gastos de Defensa, vámonos que nos vamos a dar sólo media vuelta al mundo: «Vámonos, vámonos,/con el crucero de "Elcano",/qué buque más gaditano,/a Venecia del tirón». Y todo lo más lejos a Estambul, y a cositas que estén por aquí cerca, ¿eh?, a Londres, a Hamburgo, a Lisboa... Después de la conversión de la tradicional Vuelta al Mundo de «Elcano» en apenas una Media Vuelta a Europa, no me extrañaría que Carmen Chacón ordenara a nuestra Aviación que las gloriosas alas de España vuelen bajito y despacito, para no gastar gasolina y que dote al Ejército de Tierra del teléfono de Gila, para que reclamen al enemigo el obús que le han disparado, que nada más que tenemos uno y es de Huelva, colega.

Mientras tanto, esas Fuerzas Armadas convertidas por ZP en la ONG titulada «Despilfarradores sin Fronteras» siguen costándonos más de un millón de euros al día con su absurda presencia en Afganistán. Yo no sé qué pintamos en Afganistán. Pero sí sé lo que pinta la bandera de España ondeando gloriosamente en la popa del «Juan Sebastián Elcano» por los mares de América o por las Filipinas donde mataron a Magallanes y ahora resucita la lengua castellana.

Y es que el hecho de que a partir de ahora los soldados tengan que hacer pequeñas chapuzas, realizar labores de limpieza, cocina, jardinería y hasta peluquería, tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, ha desconcertado a propios y extraños. Así lo ha manifestado la portavoz de Defensa del PP en el Congreso, Beatriz Rodríguez Salmones, que insiste en la necesidad de una «reflexión profunda» sobre «cuál es el Ejército que necesitamos, queremos y podemos permitirnos».

A su juicio, un ejército profesional como el nuestro debería poder externalizar todos esos servicios, lo contrario es «impensable». Sin embargo, en las últimas decisiones del Ministerio de Defensa, dirigido por Carme Chacón, no hay espacio para la negociación y, mucho menos, para el diálogo. Por tercer año consecutivo, recuerda Rodríguez Salmones, el Gobierno ha aprobado «recortes muy graves sin realizar una reflexión profunda», algo que sí está haciendo el resto de países dado el alcance de la crisis.

Cierto es que Defensa, en un intento por salvar las apariencias, aclaró que esta medida sólo se aplicará si la crisis «persiste», pero las cifras no conducen a error y todo apunta a que la grave situación económica persistirá. Por este motivo, la portavoz de Defensa del PP no entiende por qué se llevan a cabo meros recortes, «altamente inconvenientes», que no «nos llevan a nada».

Es más, a su entender, estamos hablando de una «cuestión de Estado» y el Ejecutivo se ha limitado a aplicar una serie de medidas como si «la crisis fuera provisional». Y Rodríguez Salmones pone un ejemplo: «Si intentásemos trasladar el ejercicio de esas funciones –limpieza, recogida de basuras, cocina– a otros miembros del sector público, no se podría hacer». Luego, la conclusión es evidente: ¿por qué el Ejército sí debe hacerlo? En definitiva, «hay que anteponer la seguridad a estos recortes», matiza la parlamentaria popular.

Arrecian las críticas

Pero las reacciones no sólo llegan desde la política. Las asociaciones de militares no han tardado en mostrar su malestar. El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado, señaló a este periódico que los soldados «no están para limpiar». Asimismo, dejó claro que se trata de trabajos esenciales «que a un soldado profesional no le corresponde realizar», ya que, además, implicaría un «sobrecargo muy grande en las unidades». Y por si esto fuera poco, asegura Casado, «los ciudadanos españoles no entenderían que los militares no se dedicaran a la seguridad de España».

Y va más allá al indicar que existen «muchos otros gastos superfluos que pueden reducirse, especialmente, en actos del Ejército, así como en reuniones, comidas o dietas». Según el secretario general de AUME, «recurrir a las reales ordenanzas –que dicen que los militares estarán disponibles para el servicio de cualquier tarea para garantizar el funcionamiento de las unidades– no tiene nada que ver con la limpieza» y aseguró que muchos de los que podrían realizar estas tareas «tienen contratos precarios y si les piden limpiar, lo tendrían que hacer para conservar su trabajo».

El Buque Escuela de la Armada 'Juan Sebastián de Elcano' ha zarpado hoy de los muelles de Cádiz para iniciar su LXXXII crucero de instrucción, que en esta ocasión durará dos meses menos de lo habitual -cuatro frente a seis- y no viajará a América y sólo navegará por Europa. Según Defensa, este crucero más corto no es por el recorte de gastos, sino por las obras de reparación a las que se someterá al buque tras su regreso.

El Buque Escuela de la Armada 'Juan Sebastián de Elcano' ha zarpado hoy de los muelles de Cádiz para iniciar su LXXXII crucero de instrucción, que en esta ocasión durará dos meses menos de lo habitual -cuatro frente a seis- dadas las obras a las que se someterá a su regreso a España.

Al mediodía, y tras las salvas de trece cañones, el buque ha partido de Cádiz con 52 guardias marinas a bordo, los cuales realizarán parte de su cuarto año de carrera en el barco cursando asignaturas especialmente dirigidas a su formación profesional y marinera.

La dotación del buque, al mando del capitán de navío Manuel de la Puente Mora-Figueroa, está compuesta además por 20 oficiales, 20 suboficiales y 140 marineros, de los cuales 20 son mujeres.

El buque cruzará el estrecho de Gibraltar y realizará su primera escala en el puerto de Estambul (Turquía) del que partirá más tarde hacia Venecia (Italia) y Tolón (Francia).

A continuación, hará escala en Bilbao y en los puertos de Londres (Reino Unido) y Hamburgo (Alemania).

Posteriormente visitará San Petersburgo (Rusia) y Lisboa (Portugal) antes de su llegada a la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), prevista para finales de abril, y que supondrá el fin del LXXXII crucero de instrucción.

A diferencia del año pasado que zarpó el 3 de enero, este año los marinos han podido disfrutar de todas las fiestas navideñas antes de embarcar, algo que tripulantes como Javier Casablanca han calificado de "un favor muy grande" porque tiene una hija de cuatro meses y es la primera vez que la deja sola por lo que "cuesta mucho marcharse".

Otros como el alférez Carlos Díaz han cambiado el rol de alumno por el de profesor, y ha declarado a Efe que está más que preparado para emprender "un nuevo viaje más tranquilo".

Entre los consejos para los guardiamarinas destaca el "aprovechamiento del día a día, porque se aprende mucho en el barco".

AYER se cumplió una vez más la tradición arraigada que sitúa a la Pascua Militar como primer acto oficial del año nuevo. La brillante ceremonia desarrollada en el Palacio Real es una buena oportunidad para hacer balance y plantear perspectivas. Su Majestad el Rey subrayó el esfuerzo de nuestros Ejércitos para adaptarse a la realidad social, en este caso a una crisis que exige sacrificios a todos los ciudadanos e instituciones. En plena sintonía con la opinión pública, mencionó también Don Juan Carlos el reconocimiento de todos los españoles hacia el papel que desempeñan nuestros soldados en misiones exteriores y el recuerdo emocionado a quienes han perdido la vida en el cumplimiento heroico de su deber. Los Ejércitos cumplen con eficacia ejemplar las funciones que les atribuye la Constitución: garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad territorial y la vigencia del orden constitucional. Por ello, la política de Defensa debe ser siempre una política de Estado y no de partido.

En este sentido, está bien orientada la apelación de la ministra al consenso con vistas a leyes pendientes que generan serias discrepancias, en concreto las referidas a régimen disciplinario y derechos y deberes de los militares. Sin embargo, Carme Chacón debería pasar de las palabras a los hechos y ser consciente de que Rodríguez Zapatero ha roto una larga trayectoria de acuerdos parlamentarios en este tipo de normas. El consenso es incompatible con las posiciones dogmáticas. Tampoco va por buen camino la aplicación de la ley de la carrera militar, puesto que ha suscitado agravios comparativos que los responsables políticos del departamento no consiguen encauzar. En plena etapa de recortes presupuestarios, es imprescindible garantizar a las Fuerzas Armadas los medios materiales y personales para realizar con eficacia sus funciones. Ayer dijo la ministra que la defensa de España está por encima de cualquier coyuntura económica. Una vez más, la retórica suena bien, pero no se corresponde con los hechos. Hace apenas unos meses ABC denunciaba, por ejemplo, los «saldos» en la Armada que van mucho más lejos que las naturales exigencias de austeridad y eficiencia.

Los Reyes, acompañados por los Príncipes de Asturias, presidieron ayer en el Palacio Real la celebración anual de la Pascua Militar. En su discurso, Don Juan Carlos ha querido subrayar y valorar el esfuerzo de austeridad que están ejerciendo nuestras Fuerzas Armadas y ha señalado que éste «debe continuar» sin que se traduzca en un debilitamiento de la seguridad de las tropas. Así, abogó por la mejora decidida de la «operatividad de nuestras unidades y por el adecuado mantenimiento de los sistemas de armas» para garantizar esa protección, especialmente de aquellas que desarrollan misiones internacionales». En la misma línea, la ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguró que estas medidas de austeridad, que se han tenido que adoptar por de la crisis económica que padecemos, no son incompatibles con que nuestras tropas desarrollen sus cometidos con las máximas garantías posibles. Lo cierto es que el Ministerio de Defensa lleva sufriendo recortes presupuestarios desde hace tres años, en los que ha perdido 1.100 millones de su presupuesto. En 2010 sufrió un recorte en sus cuentas de un 7 por ciento con respecto a 2009, y no será el último puesto que en octubre del año pasado el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez auguró que habrá «algunos años más de restricciones presupuestarias».

Es lógico, como sucede en otros colectivos y en el conjunto de la sociedad, que la austeridad llegue al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. Lo que no parece que sea pertinente es que el Jeme se haya visto obligado a elaborar una directiva para planificar los trabajos básicos que deberán hacer los soldados de las distintas unidades en el caso de que la crisis económica persista. Entre otros trabajos, nuestras tropas deberán asumir labores que hasta ahora estaban externalizadas, como la seguridad de las bases, la limpieza, la recogida de basuras, la cocina, la jardinería y pequeñas reparaciones de las infraestructuras. Estas tareas no deberán ir en perjuicio de su verdadera labor: mantener las capacidades operativas y logísticas de las unidades, razón última por la que llegó la profesionalización al Ejército.

Es de desear que este escenario no llegue a concretarse. El Ejército es un pilar básico de nuestra sociedad –y, según el CIS, la primera institución más valorada por los españoles por segundo año consecutivo– por lo que el Gobierno debería actuar con más responsabilidad. En vez de mermar los presupuestos de Defensa, debería eliminar otras partidas más superfluas, como determinadas subvenciones de destino incierto u otros gastos prescindibles producto de una estructura estatal y autonómica mastodóntica. Como recordó Don Juan Carlos, nuestras Fuerzas Armadas viven un proceso de transformación que «ha de estar en consonancia con el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN». Eso les exige «estar preparadas para poder ayudar a promover la seguridad común allá donde se los requiera». En ese sentido la labor en el exterior de nuestras Fuerzas Armadas es ejemplar, hasta convertirse –como subrayó Don Juan Carlos– «en un factor clave para afianzar el peso de España». Así las cosas, austeridad en el Ejército, sí, pero sin que ésta lleve a nuestras tropas a emplear su tiempo y su esfuerzo en labores que no son propias de su condición.

UNA prueba unívoca de que el presidente del Gobierno ha fracasado en la imposición de todos sus objetivos para convertir la democracia española en un régimen inspirado en su ideal frentepopulista, está en el hecho de que la principal fiesta institucional de las Fuerzas Armadas se siga celebrando, vinculada a la fecha cristiana de la Epifanía y bajo su nombre tradicional de Pascua Militar. Seguro que hace casi siete años, el Zapatero jovencito, exultante con su hazaña militar de abandonar sin previo aviso a los aliados en Irak, tenía otros planes para esta fiesta, tantas veces vilipendiada desde el izquierdismo pacifista que encarnaban como pocos el presidente y su ministra de Defensa Carmen Chacón. Se reconocen los esfuerzos que ha tenido que hacer la ministra para doblegar sus prejuicios ideológicos a la realidad que necesita saber exponer. Tiene mérito incluso si sólo se debiera a su lógico interés por no dañar sus aspiraciones personales. Ha dicho cosas en principio sensatas. «La defensa de España está por encima de cualquier coyuntura económica». Debería ser una obviedad. Pero es menos que eso. Simplemente no es cierto. La inversión en defensa de España siempre ha estado por debajo de las necesidades, en buena y mala coyuntura. Ante ciertas situaciones serias de amenaza o violación de nuestro territorio nacional —las que están en mente de todos—, España carece de una disuasión creíble. Quedaríamos a expensas de la lealtad de otros países. Sólo nos quedaría el rezar para que fueran más leales en la defensa de la seguridad común de lo que fuimos nosotros en las dos retiradas sin previo aviso en Irak y Kosovo. Si contamos aun con unidades combatientes dignas de tal nombre es porque nuestras misiones internacionales nos han dado la oportunidad de tener allí en permanente rotación a dichas tropas. Han tenido ocasión de bregarse y de ser testigo de cómo combaten otros ejércitos, no sometidos a las consideraciones electorales e ideológicas de sus Gobiernos. Hace días le preguntaron al ex jefe de la OTAN en Afganistán, el general alemán Egon Ramms, si hubo problemas por los intentos de Berlín de mantener a sus tropas al margen de los combates de sus aliados. «Resultaba y resulta penoso». Pedía Ramms que los políticos fueran más honrados con los militares y la sociedad. Tenemos un problema con nuestro ejército similar al de los alemanes. En ambos casos por prejuicios y complejos emanados del pasado y hoy ridículos. Ellos lo afrontan ahora. Aquí, con el antimilitarismo enquistado en el parietal socialista, vamos hacia atrás. Dice Ramms que un grave error en Alemania fue una campaña publicitaria del ejército presentando a los soldados como unos trabajadores más, como los panaderos o los electricistas. No es cierto. Y toda mentira tiene un precio. Los soldados no son unos obreros más sino los únicos compatriotas que tienen como oficio, llegada la necesidad, el matar y morir por los demás. Cuando las guerras eran impensables para los europeos, daba lo mismo. Hoy ya no. Los soldados requieren un respeto especial. Y el gobierno promoverlo como piedra angular de una cultura de defensa que, por desgracia, nos es totalmente ajena. Como dice el general Ramms citando a Federico el Grande, «los soldados quieren ser queridos». Con salarios acordes a su responsabilidad y prestigio social. Lo que incluye el permiso para portar con orgullo el uniforme en nuestras ciudades, como en todas las democracias salvo la nuestra. A quien se le pide el sacrificio máximo no se le puede tratar como a un cuerpo semioculto de la administración, en el que cada reivindicación se entienda como desacato y sus miembros tengan como únicos medios efectivos de promoción profesional la afinidad personal o el servilismo ante los políticos.

Según publica La Razón, esta nueva directiva es del jefe de Estado Mayor (JEME), Fulgencio Coll, y planifica los "nuevos trabajos" de los soldados, en el caso de que la situación financiera continúe estancada. Ahora, podrán asumir la seguridad de las bases, la recogida de basuras, la limpieza, la cocina, la jardinería, las "chapuzas" pequeñas... Y, a medida que el dinero se vaya acabando, será el JEME el encargado de establecer quien realizará estas agradables labores "en coherencia con los recursos económicos disponibles para la financiación de los mismos", dice la norma.

En la directiva se establece que sólo tendrán que asumirlo en caso de que "las limitaciones financieras sean de tal magnitud» que no se pueda financiar la contratación de empresas ajenas al Ejército".

Y es que, la asfixiante crisis ha provocado que la externalización de los servicios de limpieza se haya convertido en un gasto superfluo. Lo cual, además de por la nefasta gestión económica del Gobierno, se entiende por el "tijeretazo" que ha sufrido el ministerio de Carmen Chacón: ahora gestiona 1.100 millones que en 2009.

J. M. Zuloaga Un millar miembros de la Benemérita, de todos los empleos, desde guardia a general, han constituido la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc), que hará su presentación el próximo mes. Las adhesiones a la entidad se han logrado en muy poco y cada día se reciben nuevas peticiones para asociarse.

«Quienes hemos dado este paso lo hemos hecho con el ánimo, el aliento y la colaboración de otros muchos que desean lanzar un mensaje alternativo y diferente a otras asociaciones que, tristemente se han expresado en ciertos términos, no adecuados a los fines perseguidos por la mayoría de personas que integramos el Cuerpo de la Guardia Civil», según fuentes de la Aprogc. «Dedicaremos todo el tiempo disponible a esta difícil pero ilusionante tarea y sólo con una limitación: el respeto a la Ley, porque ningún guardia civil tiene justificación para no cumplirla», agregan.

La Aprogc afirma que «abre sus puertas a todos aquellos que se sienten orgullosos de ser guardias civiles, que son lo que quisieron ser, y que entienden esta noble profesión como algo más que “un trabajo” (...) tienen su sitio los profesionales serios y respetados que consideran que hay cosas que mejorar y lo van a intentar con determinación, argumentos, razones, educación y buen estilo, sin ridiculizar uniformes ni insultar a compañeros, sintiéndose orgullosos de los valores morales y las señas de identidad propias de tan querida Institución».

La Aprogc se declara «independiente y plural» y anuncia que «defenderemos los intereses de los guardias civiles y de la Guardia Civil, y lo haremos respetando la neutralidad e independencia política y sindical que siempre ha caracterizado a la Institución».

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El Confidencial Digital desveló la pasada semana los esfuerzos que se están realizando en el Ejército de Tierra para descubrir a militares profesionales con vínculos con bandas urbanas latinoamericanas. La detención de un soldado en la base de El Goloso, en Madrid, fue el punto de partida.

El suceso ocurrió en 2009 y supuso la intensificación de las investigaciones sobre militares de origen sudamericano por parte del Ejército de Tierra. Estas labores las está desarrollando el Centro de Seguridad (CESEGET).

El detenido entonces era soldado y estaba destinado en la base de El Goloso (Madrid). En el informe posterior a su detención se mostraba que mantenía vínculos con una banda de Trinitarios, la más violenta ‘mara’ latina con presencia en España.

Según ha podido saber El Confidencial Digital de fuentes castrenses, la investigación se abrió tras la denuncia de un compañero que había detectado conductas extrañas en el sospechoso.

Tras un seguimiento detallado de las actividades del soldado –ahora detenido y a la espera de sentencia judicial-, se descubrió que estaba robando munición del arsenal de la base.

Sin embargo, no se llegó a saber si parte de esa munición había salido de El Goloso o si había acabado en manos de alguna banda de Trinitarios. A partir de ese momento, la investigación de estas infiltraciones en las filas del Ejército pasó a ser una de las prioridades del CESEGET.

Cuarenta controladores militares fueron entrevistados por Aena, que determinó que cumplían el perfil idóneo para actuar como controladores civiles en caso de necesidad. Sin embargo, los seleccionados recibieron tiempo más tarde una carta rechazando su solicitud. Defensa no quiere prescindir de ninguno de ellos.

En marzo, unos 200 controladores militares se ofrecieron a Aena –a través de la asociación Sodecta- con el objetivo de poder ser movilizados en caso de huelga y evitar que se reprodujera el conflicto de las Navidades de 2009.

Aena, en un primer momento, se mostró interesada en la posibilidad de movilizar a controladores militares. La empresa estatal organizó entrevistas personales con los interesados.

Este proceso se alargó durante todo el mes de marzo y parte de abril. Según admiten a El Confidencial Digital fuentes conocedoras de estas negociaciones, se determinó que había unos cuarenta controladores militares con experiencia y dominio del inglés suficiente como para incluirlos en los aeropuertos civiles.

La opción de integrar a los controladores militares en el resto de aeropuertos civiles parecía tomar cuerpo, hasta que Aena rechazó oficialmente sus propuestas. Lo hizo por carta, asegurando que se había tenido en cuenta el perfil del candidato pero que finalmente se desechaba esta posibilidad.

El papel de Defensa en el ‘no’ de Aena

Fuentes militares del Ejército del Aire apuntan veladamente que durante este proceso hubo “contactos y presiones” del Ministerio de Defensa a Aena para forzar su respuesta negativa a los controladores de Sodecta.

Según esta versión, Defensa dejó claro que necesita “a cada controlador militar, sin excepción”, por lo que no podría permitir que un grupo de ellos pasase al sector civil.

El Ministerio de Defensa está reimpulsando sus contactos con las administraciones locales en este último tramo de 2010. El objetivo es desbloquear los planes de traspaso de suelo militar a los ayuntamientos para su reconversión en terreno edificable.

Tras años de negociaciones, trabas judiciales y bloqueos políticos, las labores del Ministerio de Defensa para deshacerse de suelo militar en desuso comienzan a acelerarse. Si todo transcurre como se espera, en enero de 2011 comenzará un aluvión de ventas.

Estas gestiones se llevan a cabo a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Defensa (GIED), el órgano del Ministerio de Defensa encargado de tramitar la venta de terrenos con instalaciones militares que han caído en desuso. En los últimos días se han producido importantes avances en toda la península.

300 pisos en Coruña

Un caso concreto, por ejemplo, son los terrenos del paseo del Metrosidero, en A Coruña. El Ayuntamiento coruñés ha desbloqueado el proyecto de cesión de estas parcelas, lo que permitirá al Gobierno central venderlas a promotoras para la construcción de viviendas.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, sólo falta que la Junta municipal apruebe el plan de reparcelación, y tras ello Defensa podrá vender el suelo para que promotoras privadas se hagan con los terrenos. Pueden albergar hasta 300 pisos.

Cádiz encabeza la lista

La provincia andaluza es la que alberga más superficie de suelo militar susceptible de ser vendido, con algo más de seis millones de metros cuadrados. Defensa se ha deshecho recientemente de unas 20 hectáreas del campo de adiestramiento de El Retín, que serán empleados para la construcción de una piscifactoría.

También se ha llegado recientemente a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz para la desafectación de la muralla de Cortadura. Y en Jerez, ya está cerrado el acuerdo económico con Defensa para hacerse con el Rancho la Bola y el Cortijo Garrapilos y destinar su uso a zonas verdes y viviendas. Sólo falta la firma.

Sin embargo, la operación más importante que dirige Defensa en Cádiz es la venta de la sede del antiguo Gobierno Militar en Algeciras. Aún está pendiente de firma por parte del consistorio local. De concretarse, supondría unos ingresos de dos millones de euros para el ministerio

Un Corte Inglés en Toledo

Defensa está orientado sus esfuerzos a cerrar un acuerdo con El Corte Inglés, que permitirá el desembarco de los grandes almacenes en la capital castellano-manchega.

Las negociaciones contemplan la venta por parte del ministerio de unos terrenos de su propiedad en el barrio toledano de Palomarejos. La cuantía del acuerdo aún no se ha hecho pública.

Seis bases en Getafe

El alcalde de Getafe, Pedro Castro, anunciaba esta semana que su consistorio financiará y dirigirá las obras de un nuevo cuartel para el Ejército del Aire. A cambio, Defensa entregará al ayuntamiento getafense un total de seis cuarteles a cambio de 69 millones de euros, de los que habrá que descontar el coste de la nueva base.

Defensa está elaborando informes técnicos para determinar una fecha y comenzar a redistribuir a su personal en esos cuarteles. El objetivo es despejarlos cuanto antes para que el Ayuntamiento de Getafe comience a construir el equipamiento público previsto en esas áreas.

Los mandos del Ejército de Tierra han ordenado una investigación para descubrir a miembros activos de las Fuerzas Armadas que mantienen vínculos con organizaciones violentas de origen latino, tipo Latin Kings, Ñetas o Trinitarios.

Según ha podido saber El Confidencial Digital de fuentes militares, una de las labores que está llevando a cabo el Centro de Seguridad del Ejército de Tierra (CESEGET) es investigar las conexiones de algunos militares profesionales españoles de origen sudamericano con bandas latinas.

Estas fuentes aseguran que se han encontrado –y siguen investigándose- vínculos entre efectivos de tropa y grupos como los Ñetas, los Latin King y los Trinitarios. Ésta última nació en las cárceles de Estados Unidos y Latinoamérica donde se crearon pandillas para ayudar a los presos que recibían un trato denigrante y padecían el mal estado de las celdas. El fenómeno llegó después a convertirse en una tribu urbana en Europa y Sudamérica.

Otras fuentes, igualmente militares, reconocen la existencia de estos vínculos, pero minimizan el hecho. “Los casos no son abundantes, en la mayoría de casos se descubre algún tipo de relación en su juventud”.

“De hecho, en ocasiones los trinitarios –y de otras bandas- se meten en el Ejército e incluso a la Policía tras abandonar estos grupos. Es una forma de protegerse ante represalias” afirman estas fuentes.

Actualmente, el número de extranjeros en las Fuerzas Armadas españolas supera la barrera de los 4.000, lo que supone un 7 por ciento del total. Ecuador, Colombia y Bolivia son las nacionalidades más presentes, mientras Guatemala, Costa Rica y Honduras son los que menos efectivos aportan.

Los unidades con más extranjeros en sus filas son los cuerpos de alta operatividad, como la Birgada Paracaidista o la Legión. Allí, los extranjeros alcanzan hasta el 30 por ciento del total de efectivos. De hecho, más del 42 por ciento de los militares fallecidos en acto de servicio en zonas de conflicto son extranjeros.

"Uno a uno", con el apoyo de los once hombres del destacamento de la isla de Alborán, frente a la costa de Almería, salvó la vida a todas estas personas. En declaraciones a Europa Press ha explicado que todo fue "de una forma improvisada" porque la patera "embarrancó y la embarcación de Salvamento Marítimo no podía acceder". "Tuvimos que decidir una opción y ante la desesperación de esas personas gritando, no pudimos más que improvisar, con riesgo para mis hombres, que acabaron magullados y con hipotermia", señala.

Según apunta, todo el destacamento participó en el rescate, aún a pesar de que no disponen de medios para ello. "Nosotros no tenemos para hacer una evacuación de rescate: Me até a un cabo, les dije que tirasen bien fuerte y hasta que dio", explica el sargento primero, quien reconoce que fue "una temeridad, porque no hay ni equipo ni nada", pero no había alternativa.

A partir de ese cabo, sujeto con fuerza por sus compañeros de destacamento, consiguió abrir una vía de escape para los náufragos. Durante más de dos horas, "en plena noche y con rompiente", Trujillo fue sacando de la barcaza a todos sus ocupantes. "Mis compañeros iban tirando de la cuerda y les íbamos sacando uno a uno", apostilla.

Dieron prioridad a los niños, por lo que el primero en salir en sus brazos fue el bebé nacido durante la travesía. "Estaba recién nacida, el cordón umbilical aún caliente y la madre no se podía ni mover", recuerda.

Trujillo dice que será difícil de olvidar la imagen de aquellas personas. "Estaban en plena desesperación, asustados, con hipotermia, y con esa señora que estaba recién parida", indica el sargento, quien señala que la patera se quedó sin combustible, de modo que la marea "les fue metiendo en el barranco hasta que vieron imposible salir de ahí".

Asimismo, reconoce que la imagen de aquellas 33 personas varadas en el mar aún tiene "conmocionados" a los once hombres que componen el Destacamento de la Isla de Alborán, entre el oficial, el suboficial, el cabo, los marineros y los infantes, aunque pesa más la "satisfacción plena" que han sentido al conocer que 24 horas después, se encontraban todos en buen estado.

La Isla de Alborán, situada a 50 millas al sur de Almería, es una reserva marina y de pesca custodiada permanentemente por un destacamento de la Armada Española compuesto por un grupo marinos entre los que se encuentran cuatro infantes de marina.

Este confidencial contó ayer que Marruecos acelera la terminación de su base naval a 20 kilómetros de Ceuta, en la que operará la más moderna fragata lanzamisiles de su armada. Pues bien, esto coincide con un proceso de desmilitarización que se viene produciendo en Ceuta desde hace dos años.

Carme Chacón sacó adelante, en abril de 2008, el llamado Plan de Transición de las Fuerzas Armadas, que incluía una reducción en el cuadro de mandos en Ceuta, y la unificación de las unidades de servicios de acuartelamientos (UACS) en una base única.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, la iniciativa de la ministra de Defensa ha supuesto la salida de cerca de mil militares, entre oficiales, suboficiales, y soldados.

Sólo tres meses después de aprobarse el proyecto, 27 mandos de Regulares, 30 de la Legión, y toda la plana mayor del Gobierno militar fueron trasladadas a otras comandancias con puestos vacantes, provocando la reubicación de más de trescientas personas.

El plan de Chacón es considerado como una “auténtica desmilitarización” para los oficiales ceutíes, que aún tendrán que afrontar la eliminación de ocho unidades más en enero de 2011.

Según las fuentes consultadas, los tres cuarteles militares de la ciudad autónoma están “casi vacíos”, pese a que las autoridades locales ya han pedido explicaciones al Gobierno

Aquel proyecto de Ley de «Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas» aprobado a bombo y platillo por el Consejo de Ministros del pasado 2 de julio, ha causado baja transitoria, con peligrosos indicios de baja total. Arrastra en su trámite parlamentario siete prórrogas para presentación de enmiendas y se abre ahora al turno de comparecencias de afectados y de expertos. Convive esta situación con los más de 3.000 recursos contra la otra ley, la de la Carrera Militar de 2007, y con los 22 contenciosos presentados en la Audiencia Nacional, que reconoció en dos casos cuestiones de inconstitucionalidad que afectaban a su Disposición Transitoria 4ª (Curso de adaptación) y a la Adicional decimoquinta de la de Presupuestos Generales para 2009 (reconocimientos académicos equivalentes para esfuerzos distintos). Y no se pueden obviar los contenidos de la manifestación convocada por AUME en Madrid el 16 de octubre frente a la sede del Ministerio, que se pretendieron acallar con una mal pensada rueda de prensa convocada a la misma hora en dicha sede.

La marejada legislativa se ha llevado por delante a la subsecretaria Victoria San José en medio de una tormenta política que también nombró al cuarto jefe de Prensa del Ministerio y al tercer jefe de Gabinete de la Ministra en el plazo de dos años. Eran los mismos días en que una cesante v vicepresidenta del Gobierno, firmaba el Real Decreto128/2010 de 15 de octubre que desarrolla una nueva «Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa».

Mal presagio.

Fernández de la Vega ya estaba embalando sus efectos personales para la sede del Consejo de Estado, donde presidirá la Sección Séptima, tras la renuncia por edad de Miguel Vizcaíno, un jurídico militar que fue durante décadas un baluarte en defensa de nuestras tradiciones y de los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas. Su salida de Moncloa ha permitido repescar a la que fue secretaria de Estado de Defensa, Soledad López, ministrable en ciertas quinielas, que se incorpora a Presidencia como subsecretaria, tras dos años de relajado y oscuro papel al frente de la Sociedad Estatal de Grandes Conmemoraciones. Moviendo los hilos, siempre Enrique Serrano «el segundo hombre de Uclés –o el primero–» un hombre que conoce muy bien todos los entresijos de Defensa.

A favor de la ministra diré que se comprometió a no firmar la nueva Ley si no tenía amplio consenso. Y hace bien, porque el consenso no existe, contaminado además por la ejecución de la Ley anterior. Los títulos de ingeniero, que iban a coexistir con los de oficiales, han sido cuestionados por los Colegios profesionales. Lo que denunció públicamente Rosa Díez respecto al sistema de selección para ingreso en las Academias Generales –«procedencia de 17 Bachilleratos diferentes con 17 pruebas de selectividad diferentes y con centros educativos con incentivos a inflar notas» (Boletín Oficial de las Cortes 275/2009), ya se está sufriendo.

Sus problemas proceden en mi opinión de dos frentes. El primero, dimanante de la mentalidad de un ministro sin más experiencia que unas prácticas de oficial de complemento, que en poco tiempo, mal digeridas sus lecturas sobre las reformas de Azaña –hasta lo del título de ingeniero copió– quiso diseñar el nuevo modelo de Fuerzas Armadas acorde con sus principios políticos y a los postulados pacifistas y buenistas del momento. Tras su inesperado cese, su sucesor pasó por Castellana 109 con la cabeza más metida en periodos electorales inmediatos y en reforzar como portavoz parlamentario a su jefe de filas, que en preocuparse por nuestras leyes.

Segundo punto, los redactores.

La Ley de Derechos y Deberes aparte de su fondo, en su forma es larga, pesada y de difícil digestión. Es un cortar y pegar de restos de normas dispersas que se refunden en un cuerpo legislativo, con la mala percepción de que se mezclan conceptos básicos, con otros que debieran recogerse en un simple reglamento y no en una Ley Orgánica. Desaparece aquel viejo y práctico ejercicio de «el Gobierno, antes de tal fecha, remitirá el reglamento que desarrolla el presente artículo».

Deben redactar las actuales leyes las generaciones que se han formado en los últimos veinte años en el exterior, que piensan, escriben y «ensayan» en revistas profesionales, no personas que llevan treinta años en el Ministerio acostumbrados a confundir la lealtad con la sumisión. Bien sé que ésta se retribuye mejor que la primera. Hay ejemplos claros en las cabeceras de empresas de titularidad estatal. Aún hay quien confunde –escribía recientemente un teniente general– política, administración y mando. Si se quiere consenso, relevo generacional.

En resumen. Yo clamaba por una ley de «deberes y de derechos» antes que a la inversa. La sociedad confía el poder coercitivo de las armas a una Institución, y ésta asume voluntariamente el deber de servirla y no precisamente contra ella. Luego vendrán los derechos, por supuesto. Pero no discutamos. Nos quedamos sin reconocimiento legislativo a ambos. La sociedad no le dará la menor importancia. Nuestra clase dirigente –salvo excepciones que bien conocemos y valoramos– igual. Seguiremos con nuestros deberes, todo tiempo, todo lugar.

¡Servidumbre y grandeza de los leales servidores del Estado!

Constantino Méndez ha respondido así en la comisión de Defensa del Senado al senador del grupo popular Pedro Manuel Hernández, quien ha puesto en entredicho la capacidad operativa de la Armada y la seguridad de los cuatro únicos submarinos que tienen su base en Cartagena, algo que ha atribuido a los recortes presupuestarios del departamento.

El secretario de Estado le ha acusado de crear una situación de "alarma" al dudar de la seguridad de los buques y ha afirmado que las actividades en la base naval de Cartagena transcurren "sin novedad". De hecho, ha explicado que dos de los cuatro submarinos S-70 –el "Siroco" y el "Tramontana"– están operativos, mientras que el "Galerna", actualmente en fase de mantenimiento, lo estará el próximo abril, y el "Mistral" ya está listo para misiones de más de seis meses.

Ha garantizado también que la Armada tendrá a su disposición a partir de 2013 los cuatro nuevos submarinos de fabricación nacional y tecnología "muy avanzada", a razón de uno por año, que está construyendo Navantia.

Todo ello, ha insistido Méndez, pone de relieve el compromiso de Defensa con la seguridad y la operatividad, los "grandes ejes" del presupuesto del ministerio para el próximo ejercicio y ha querido responder de esta manera al senador del PP, quien se ha referido a un accidente que sufrió el submarino "Tramontana" en diciembre de 2008 para dudar de la seguridad de estos buques.

De acuerdo con Pedro Manuel Hernández, en aquel accidente "se rozó" la tragedia, ya que los 60 tripulantes estuvieron a punto de morir, según ha dicho, a la vez que ha recriminado al Gobierno que aún no haya aclarado las circunstancias de aquel siniestro, el tercero del "Tramontana", ha apuntado. En 2008, el submarino sufrió una vía de agua en la cámara principal cuando el sumergible navegaba a 300 metros de profundidad en aguas próximas a Cartagena.

Hernández ha afirmado que los submarinos padecen "graves deficiencias" y que la tripulación ha manifestado estar preocupada por la falta de revisiones adecuadas, una situación de la que el senador del PP ha culpado a los recortes presupuestarios.

No obstante, ha señalado quedarse satisfecho con las explicaciones del secretario de Estado aunque ha incidido en que el ajuste presupuestario no debe afectar a la producción de Navantia ni a la industria astillera de Cartagena.

Por otro lado, Constantino Méndez y el senador también popular Luis Peral han mantenido un rifirrafe a propósito de la treintena de preguntas que, según el senador, el secretario de Estado tiene pendientes de contestarle y le ha advertido de que comunicará esta "inadmisible" falta de respeto al Senado a la ministra de Defensa, Carme Chacón.

El presidente de la Comisión, Jaime Blanco, ha intervenido para aclarar que era la subsecretaria de Defensa la que tenía previsto responder a estas cuestiones pendientes, pero ha sido sustituida en su cargo, y su sucesor ha pedido tiempo para ponerse al día de todos los asuntos.