Protección y eficacia, más capacidades y mejores medios. Ésa es la pauta que marca la «lista de la compra» de la Armada y los ejércitos de Tierra y del Aire, que ya han planteado a la ministra de Defensa, Carme Chacón, las prioridades en compra de material. Durante las reuniones que mantuvo la titular de la cartera la semana pasada con los jefes de Estado Mayor de la Armada y los ejércitos, éstos plantearon sus necesidades con la vista puesta en los presupuestos del Ministerio. Pese a la intensa modernización de sus unidades navales, que ha colocado a la Armada entre las mejores del mundo, aún precisa algunas capacidades que necesita completar en un plazo breve de tiempo para lograr una mayor operatividad por un lado y una mayor capacidad de ataque por otro. En el segundo aspecto, la Armada ha solicitado que se acelere la llegada de los misiles Tomahawk para las fragatas de la clase F-100. En el primero, ha planteado a la ministra la necesidad de adquirir cuatro Buques de Acción Marítima para la vigilancia del Estrecho.
La Armada tiene ya en construcción cuatro de estos buques, que sustituirán a las patrulleras de las clases «Barceló», «Anaga», «Conejera», «Toralla» y «Descubierta», y sus misiones incluyen, entre otras, protección al tráfico mercante, control del tráfico marítimo, inserción y extracción de unidades de Fuerzas Especiales, control y neutralización de acciones terroristas y de piratería, y operaciones contra el narcotráfico y contra el tráfico de personas.
Con esta petición, la Armada pretende modernizar uno de los aspectos que más necesarios se han revelado en los últimos tiempos, los buques de tamaño medio, más ágiles y versátiles. El Ejército de Tierra, por su parte, prioriza las medidas de protección, enfocadas especialmente a las misiones en el exterior. En primer lugar, reclama elementos de autoprotección de los helicópteros y los vehículos terrestres, después de las situaciones vividas en Afganistán y Líbano. Junto a esta petición, figuran la adquisición de radares contra mortero y la instalación de inhibidores y cámaras térmicas en los vehículos. En un segundo plano figuran medios de visión nocturna, fusiles de precisión y vehículos tácticos. Durante este año y el siguiente completarán la modernización de los helicópteros «Chinook».
El Ministerio de Defensa ha rectificado su decisión de restringir el acceso a foros, blogs, páginas web deportivas y de ocio y permite desde hoy la entrada libre en este tipo de sitios en internet tras conseguir aumentar el ancho de banda de la red ministerial, según confirmaron varios de los afectados por la medida y un portavoz del Departamento de Carme Chacón. El portavoz explicó que la decisión de limitar el acceso a internet en Defensa y en los Cuarteles Generales de los Ejércitos de Tierra y de Aire y la Armada no fue adoptada por Chacón, sino por personal técnico que comprobó la saturación de la red ministerial y decidió por ello restringirlo. Subrayó asimismo que la limitación se adoptó exclusivamente por motivos técnicos al haberse dificultado la navegación por internet.
Tras efectuar las gestiones técnicas y operativas durante la semana pasada, el Ministerio de Defensa y los Cuarteles Generales consiguieron finalmente aumentar el ancho de banda de modo que se retiró la restricción para permitir a todo el personal que pueda acceder a los portales deportivos y de ocio.
La decisión fue comunicada mediante una circular interna en la que explicaba que la medida se adoptaba porque la red del Departamento que dirige Carme Chacón se ha visto colapsada en una determinada franja horaria, llegando a hacerse «en ocasiones» imposible la navegación por Internet. La comunicación señala que se restringiría temporalmente en horario laboral la entrada en una serie de páginas, sin especificar todos los sitios prohibidos sino explicando las categorías de portales que no se podrán visitar a no ser que se tenga una autorización expresa.
MADRID- La Plataforma creada por las mujeres militares afectadas por el Plan de Transición de las Fuerzas Armadas ha recogido hasta el momento un total de 8.000 firmas en Melilla contra la reducción del Ejército en la ciudad autónoma.
El Plan de Transición, que comenzó a funcionar este mes, consiste en una reordenación del Ejército que se va desarrollando a través de sucesivas normas generales que en las que se determina la plantilla, con la que finalmente, deberá contar una Unidad.
El objetivo de esta organización «espontánea», según explicó a Efe una de sus portavoces, es seguir recabando más firmas para expresar la protesta de la sociedad ante la disminución de la presencia militar en la ciudad. No obstante, afirmó que se ha conseguido ya un número importante de apoyos entre los ciudadanos melillenses.
Los familiares de los oficiales, que han recogido su carta de disponibilidad de destino en Melilla, remitieron hace unos días al Congreso de los Diputados ya 5.000 firmas. Se espera hacer lo mismo en los próximos días con las que se vayan recogiendo.
Según la portavoz, los familiares han establecido contactos con las mujeres de los oficiales de Ceuta, con las que pretenden llevar a cabo una «cierta unidad de acción».
Y es que en Ceuta han comenzado ya esta semana a recoger firmas con el objetivo de recabar el mayor apoyo posible para que no se produzca ninguna reducción de efectivos militares en ninguna de las dos ciudades. La intención es mantener las acciones de protesta convocadas para todos los viernes frente a la Delegación del Gobierno. La Plataforma de mujeres recuerda que esto «afecta al conjunto de la sociedad».
Carme Chacón y Francisco Javier Velázquez comparecieron ayer ante la plana mayor de la Guardia Civil compartiendo tarjeta de presentación. Tanto la ministra de Defensa como el director de la Policía y el Instituto Armado reafirmaron el carácter militar de la Benemérita durante el acto en el que Velázquez asumió el mando de la institución ante la atenta mirada de Alfredo Pérez Rubalcaba. Chacón destacó que el modelo del cuerpo se ha mostrado «eficaz», como pone de manifiesto que también estén funcionando policías similares en Francia, Italia y Holanda. Velázquez, por su parte, afirmó que entre sus tareas pendientes está el desarrollo del Estatuto de Derechos y Deberes de los guardias civiles y afirmó que dicha normativa «reafirma el carácter militar» de la institución. El director de las Fuerzas de Seguridad también se marcó como metas mejorar los servicios antiterroristas, las unidades que luchan contra el crimen organizado y la inmigración. También espera poder contribuir a la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios policiales -que espera lleguen a estabilizarse en torno a los 140.000-, aunque entre las medidas que proyecta no está la equiparación salarial con las policías autonómicas, sino tan sólo una paulatina mejora de los sueldos.
Por la tarde, Velázquez acudió a la sede central de la Policía para asumir el mando de este cuerpo. Allí, Rubalcaba volvió a referirse a los salarios de los agentes y afirmó que es «consciente» de que hay que mejorar los retribuciones de los funcionarios, aunque, como el director de la Policía y la Guardia Civil, eludió hablar de equiparación. Los sindicatos policiales, no obstante, han amenazado con movilizaciones en caso de que Interior no atienda esta reivindicación.
Las ministras, incluidas la de Defensa, no han hecho la Mili. Los ministros, por edad, y el Presidente del Gobierno, sí. Y una buena parte de los diputados y senadores, también. En el Servicio Militar enseñaban muchas cosas, y al contrario que muchos vociferantes antimilitaristas, me siento muy orgulloso de haberle dedicado a ese servicio y a ese derecho quince meses de mi vida, allá en Campo Soto, en la isla que ya no es isla de San Fernando, Real Isla de León hasta el siglo XIX, tenaza de la bahía de Cádiz.
La ministra de Defensa no ha hecho la Mili, pero el General Jefe del Estado Mayor de la Defensa, mi amigo Félix Sanz Roldán, podría haberle enseñado que al paso de la Bandera en una formación militar, es costumbre inclinar, por respeto, la cabeza. Un leve esfuerzo de nuca que no deja agujetas. Enseñanza que podría extenderse al Presidente Zapatero, que después de cuatro años de Gobierno y otros tantos como Jefe de la Oposición, tendría que saberlo por sí solo. Como los ministros y los diputados y senadores. No es necesaria una forma física envidiable para protagonizar ese gesto de respeto a la Bandera de todos. No hay que ir a un gimnasio días antes de una parada militar para poner a punto las cervicales. Es muy sencillo. La Bandera pasa, se inclina la cabeza, y apenas dos segundos más tarde se reordena el cuello para que la chochola recupere su posición habitual. Claro, que el Presidente del Gobierno, en eso de saludar banderas es muy suyo, como Bush le recuerda cada vez que no lo recibe.
En la inauguración de la IX Legislatura, ante los Reyes y la Familia Real, el Presidente del Gobierno y los ministros, diputados, senadores e invitados de excepción, desfiló, como es tradicional por la Carrera de San Jerónimo, una compañía de la Guardia Real. Y al pasar la Bandera a la altura de las escaleras de honor del Congreso, ni el Presidente del Gobierno, ni sus ministros, ni la mayoría de los parlamentarios e invitados, recordaron la norma del gesto respetuoso. Sí los Reyes y la Familia Real, y el Presidente del Tribunal Supremo, y el Alcalde de Madrid, y los militares presentes. Pero nadie más. Y que los gobernantes y parlamentarios no sepan que al paso de la Bandera hay que inclinar -sin necesidad de demostrar un cuello muelle-, la cabeza, se me antoja desolador. Zapatero con las piernas abiertas y mirando no se sabe adónde. Moratinos y Bermejo, a lo suyo, que nadie sabe lo que es. Y la flamante ministra de Defensa con los brazos en la espalda y la cabeza erguida, que así la llevan siempre los militares excepto, precisamente, cuando la Bandera pasa ante ellos. No creo que esa despreocupación gestual en casi todos responda a la mala intención, pero sí a la malísima educación cívica de nuestra clase dirigente. De los presidentes autonómicos, el único que supo saludar fue el de Castilla-La Mancha, al menos en la gran fotografía publicada en el «Punto de Mira» de nuestro periódico. En el fondo y en la forma, casi todos los presentes, unos paletos.
Hay que organizarles un día, sólo un día, de Mili. Saber saludar a la Bandera se aprende con rapidez. Y la ministra de Defensa, arrestada.
Creo que fui el primero en decir por escrito que José Luis Rodríguez Zapatero y los socialistas han estado tratando de convertir al Ejército en una ONG. Antes de que llegara a la Moncloa. Pero dejando a un lado esta cuestión de ribetes personalistas, hay que reconocer que el nombramiento de Carme Chacón como ministra de Defensa es un acto que unos pueden calificar de provocación, otros de normal, y el propio Zapatero de pedagógico. Para éste, la creación de ciertos símbolos y la destrucción de determinadas convenciones es un modo de hacer «pedagogía» política. En este caso, este presidente, que se proclama «rojo y feminista», ha querido aprovechar la facilidad con la que pueden ser rebatidas las críticas al nombramiento en aras del feminismo cuando el fondo de la cuestión no tiene que ver con la condición sexual de la diputada, sino con la política. No parece muy sensato elegir para esta misión a alguien que pone en cuestión la unidad de España, al menos tal como ésta es tratada en la Constitución y cuando, de momento, aún no se han resuelto los recursos por anticonstitucionalidad al Estatuto catalán.
El nombramiento de la Chacón es, por tanto, una respuesta a los que pensaban que el reconocimiento de «la diversidad de los pueblos de España» y de la condición «plurinacional» que defienden los socialistas era pura retórica. Para Rodríguez Zapatero, la elección de Chacón tiene el objetivo de demostrar con hechos que el título de Nación, que se le ha dado a Cataluña en el preámbulo del Estatuto, debe ser aceptado por todos, incluidos los militares. Pero acaso ¿era necesario someter a una parte de la sociedad española a este juego de reflexiones? La prueba más clara de que la elección de Carme Chacón como ministra ha resultado verdaderamente llamativa para la opinión pública es que los cronistas han destacado como noticia los obligados, por formularios, «vivas» a España y al Rey. Estamos ante un hecho tan legal como innecesario. Por inquietante. A quienes argumentan que Narcís Serra ya fue ministro de Defensa se les puede recordar que aquel Partido Socialista de Cataluña no era el de hoy. ¿Y el Partido Popular? ¿Qué dice Mariano Rajoy? Ni «mú».
Hay gente que elogia el sentido del riesgo demostrado por Zapatero al elegir a Carmen Chacón para la cartera de Defensa y otros, seguramente muchos más, que critican el nombramiento por imprudente: poner al frente del Ejército a uno de los pesos pesados del PSC del Estatut que, además de ser mujer, y joven, está a punto de dar a luz, parece a primera vista un desaire a un estamento que todavía está dirigido por hombres que prefieren ser mandados por otros hombres capaces de pasar revista a las tropas con aire marcial y mantener a sus esposas ocupadas en las tareas del hogar. Hoy en día, sin embargo, ser ministro/a de Defensa es otra cosa: hay que hablar inglés, haber viajado, saber manejar un elevado presupuesto, ser inteligente, poseer el olfato político necesario para valorar lo que significa en clave nacional que la OTAN requiera de España el envío de unos pocos más soldados a Afganistán, controlar los servicios de inteligencia, tener acceso directo al presidente del Gobierno y mantener una buena sintonía con el Rey, que para eso es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Como Carmen Chacón sabe inglés, ha viajado, es lista, acaba de obtener unos resultados espectaculares para su partido como número uno por Barcelona, Zapatero es amigo suyo y, sin duda al Rey le gustará que precisamente una catalana que defiende el Estatut ande todo el día de cuartel en desfile rindiendo honores a la bandera de España, pues resulta que posee todos los requisitos imprescindibles para desempeñar ese cargo. Si es mujer, qué más da. Y si va a tener un hijo, mejor que mejor. La imagen de una mamá acunando a su bebé en un despacho frecuentado hasta ahora solo por generales hará más por la igualdad de los sexos que el texto de cualquier ley.
HACE sólo unas semanas que se presentó el libro 170 españoles opinan sobre sus militares, elaborado por Adalede (Asociación de Diplomados en Altos Estudios sobre la Defensa Nacional) para conmemorar el XXX Aniversario (en 2007) de la creación del Ministerio de Defensa, una decisión con la que se inició de manera decidida la transición en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. En efecto, durante el régimen anterior siempre hubo tres ministerios diferentes, Ejército, Marina y Aire eran sus denominaciones oficiales, y entre la muerte de Franco y las primeras elecciones de1977 se nombró un vicepresidente para Asuntos de la Defensa que coordinaba a los tres ministerios. Franco nunca tuvo un Ministerio de Defensa (puede que para evitar esa concentración de poder), aunque el general Agustín Muñoz Grandes fue durante mucho tiempo, tanto cuando ocupó alguna cartera ministerial como cuando no la tuvo, su principal hombre de confianza para asuntos militares, mientras que el general Camilo Alonso Vega fue su hombre de confianza para asuntos de seguridad interior y el almirante Carrero Blanco lo fue para las relaciones con los grupos políticos en el interior y para las cuestiones internacionales. Es decir, Franco tuvo especial confianza en estos tres militares y en otros, pero a ninguno de ellos le confió el mando conjunto de las Fuerzas Armadas, poder que ejerció él mismo.
Hoy, treinta años después, cuando incluso quienes vivieron la transición han adquirido cierta perspectiva para evaluarla, podemos afirmar que los distintos sectores de la sociedad española han hecho su transición con diferente intensidad y con diferente velocidad. Pues bien, entre los sectores sociales que han hecho su transición con mayor intensidad y rapidez, destacan con gran diferencia las Fuerzas Armadas, a pesar de que este hecho no suele ser reconocido tanto como sería justo y necesario. El cambio más visible ha sido que, contrariamente a lo que algunos pudieran haber pensado, sólo entre las dos primeras elecciones generales de 1977 y 1979, cuando se estaba redactando la Constitución, estuvo al frente del Ministerio de Defensa un militar, el general Gutiérrez Mellado. A partir de 1979 y hasta el día de hoy (cuando se está a la espera del nombramiento del décimo) ha habido nueve ministros (algunos varias legislaturas), todos ellos civiles. Pocos hubieran pensado cuando se gestaba la transición, en los años 70, que un civil pudiera «mandar» sobre los militares, y sin embargo ese hecho no ha provocado nunca el más mínimo problema. Es cierto que unos ministros han sido más apreciados que otros por los militares, como ha ocurrido con los funcionarios y sus ministros en todos los demás ministerios, pero no es menos cierto que ninguno ha tenido que enfrentarse a problemas internos graves. La interrelación funcional entre los diferentes ejércitos y armas se ha llevado a cabo, por otra parte, sin mayores problemas, incluso en su formación superior, como se ha demostrado mediante la integración de las diferentes Escuelas en la ESFAS (Escuela Superior de las Fuerzas Armadas).
Otros cambios han sido el de la orientación de su función o actividad, que de estar más bien centrada en cuestiones de política interior, ha pasado a estar principalmente centrada en las misiones en el exterior, colaborando en los sistemas supra-nacionales de defensa y seguridad con las Naciones Unidas, con la OTAN y con los países con los que se tienen tratados bilaterales para la defensa. La experiencia internacional ha sido, probablemente, uno de los factores más importantes de la transición en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, pues además de proporcionar a los militares una perspectiva más global de la defensa, les ha proporcionado también unos conocimientos técnicos y profesionales que para sí quisieran otros colectivos de servidores públicos, incluido de manera muy especial el conocimiento de idiomas. En la actualidad es difícil encontrar un oficial que no hable al menos un idioma además del español u otras lenguas españolas, y la gran mayoría conocen dos, siendo uno de ellos algún idioma poco usual para la mayoría de los ciudadanos. Además de los idiomas, los militares españoles han adquirido una intensa formación en nuevas tecnologías, especialmente en inform&aacuet;tica, comunicación, armamento moderno, administración de recursos materiales y humanos, etc., y han asimilado rápidamente los nuevos valores sobre libertades y derechos civiles de la democracia. También debe subrayarse la incorporación total de la mujer a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil así como la supresión del Servicio Militar Obligatorio y su sustitución por los soldados y marineros profesionales.
Los oficiales de la llamada, desde el 1 de enero de 1990, "escala superior" (denominaci&ocute;n que desaparecerá el 1 de julio de 2009), particularmente los de la Armada, vienen intoxicando a la opini&ocute;n pública desde los medios de comunicación (ya no les basta su lobby dentro del propio ministerio de Defensa para salirse siempre con la suya), con motivo de la integración de todos los oficiales en una sola escala propiciada por la ley de la carrera militar que entró en vigor al empezar este año.
Una de las falacias que vienen propalando para oponerse a la integración es que ellos son "licenciados" y los procedentes de promoción interna son "diplomados", aunque todos tienen cinco años de carrera militar (continuada, o en dos fases de tres mas dos años separados por seis años de ejercicio profesional). Nada más lejos de la verdad. La enseñanza militar no torga, ni puede otorgar titulaciones universitarias. Ningún militar tiene el título de "licenciado en infantería de marina", "licenciado en caballería acorazada", "diplomado en artillería de costa", etc. Las diplomaturas, licenciaturas y doctorados se obtienen en las universidades. En las academias y escuelas militares se obtienen los empleos militares de soldado, sargento, alférez o teniente. Después, por antigüedad, selección o elección van obteniendo los empleos que la ley y la edad les permiten. Pero a igualdad de empleo, todos los militares son iguales, y entre ellos solo prevalece la antigüedad en el empleo (art. 12 Reales Ordenanzas).
Dentro de las FAS hay militares con licenciaturas, diplomaturas o doctorados pero esto no depende de los empleos o escalas a las que pertenezcan. Esos títulos universitarios los han obtenido, como los demás ciudadanos, en las universidades. Y podremos encontrar muchos suboficiales y oficiales procedentes de suboficial con licenciaturas de derecho, económicas, empresariales, historia, filologías, o con ingenierías o arquitectura, así como con diplomaturas de las más diversas disciplinas universitarias. Y podremos encontrar a los oficiales de los "cuerpos comunes" e intendencia, todos con títulos universitarios porque les han sido exigidos para ingresar en las FAS. Pero muchos oficiales de "armas", de esa "escala superior", incluso coroneles y generales, no tienen ninguna clase de titulaciones universitarias pero, eso sí, presumen de ser "licenciados" en la milicia, en la defensa de España. Pero esa titulación no se la concede Defensa ni, por supuesto, las universidades. Ninguno puede tener esa titulación colgada de la pared. Tienen la de su empleo militar.
Por eso la nueva ley pretende que, para que todos los oficiales de las FAS tengan carrera universitaria, cursen a la vez la carrera militar y una carrera universitaria. Eso, como todas las utopías, va a ser muy difícil de conseguir, porque la carrera militar -hasta ahora y desde siempre- la terminan con éxito el cien por cien de los que la empiezan, y las carreras universitarias las terminan, como sabemos y según su dificultad e importancia, el 70, 50, 40 por ciento o menos de los que las empiezan. Si queremos que todos los militares, incluídos los de "armas", sean universitarios, habrá que exigirles que cursen la carrera en la universidad que quieran, y, luego cursen los estudios militares necesarios para obtener el primer empleo de sus escalas. No habrá otra forma viable.
Por cierto, la Guardia Civil, el benemérito cuerpo, siempre tuvo una sola escala de oficiales. En ella se integraban los procedentes de las academias de las FAS y los procedentes de guardias y suboficiales del propio cuerpo, siempre por empleos y rigurosa antigüedad. Nunca hubo ningún problema. La posibilidad de obtener los altos empleos del escalafón solo la tenían los más jóvenes. Los demás se quedaban de capitán, comandante o poco más. En 1999 los "desintegraron" siguiendo el ejemplo de las FAS. Ahora, porque rectificar es de sabios, volverán a reintegrarlos. Y la única fórmula deberá de ser la de siempre: Por empleos y por rigurosa antigüedad en los mismos. Como tendrán que hacer las FAS, aunque para ello habrá que modificar la novísima ley de la "carrera militar". Los anteproyectos e iniciativas legislativas al respecto ya empiezan a perfilarse. Denominador común: empleos y rigurosa antigüedad.
Jesús Navarro Jiménez,
presidente de la FAME (Federación de asociaciones de militares de España).
Los oficiales de la llamada, desde el 1 de enero de 1990, "escala superior" (denominaci&ocute;n que desaparecerá el 1 de julio de 2009), particularmente los de la Armada, vienen intoxicando a la opini&ocute;n pública desde los medios de comunicación (ya no les basta su lobby dentro del propio ministerio de Defensa para salirse siempre con la suya), con motivo de la integración de todos los oficiales en una sola escala propiciada por la ley de la carrera militar que entró en vigor al empezar este año.
Una de las falacias que vienen propalando para oponerse a la integración es que ellos son "licenciados" y los procedentes de promoción interna son "diplomados", aunque todos tienen cinco años de carrera militar (continuada, o en dos fases de tres mas dos años separados por seis años de ejercicio profesional). Nada más lejos de la verdad. La enseñanza militar no torga, ni puede otorgar titulaciones universitarias. Ningún militar tiene el título de "licenciado en infantería de marina", "licenciado en caballería acorazada", "diplomado en artillería de costa", etc. Las diplomaturas, licenciaturas y doctorados se obtienen en las universidades. En las academias y escuelas militares se obtienen los empleos militares de soldado, sargento, alférez o teniente. Después, por antigüedad, selección o elección van obteniendo los empleos que la ley y la edad les permiten. Pero a igualdad de empleo, todos los militares son iguales, y entre ellos solo prevalece la antigüedad en el empleo (art. 12 Reales Ordenanzas).
Dentro de las FAS hay militares con licenciaturas, diplomaturas o doctorados pero esto no depende de los empleos o escalas a las que pertenezcan. Esos títulos universitarios los han obtenido, como los demás ciudadanos, en las universidades. Y podremos encontrar muchos suboficiales y oficiales procedentes de suboficial con licenciaturas de derecho, económicas, empresariales, historia, filologías, o con ingenierías o arquitectura, así como con diplomaturas de las más diversas disciplinas universitarias. Y podremos encontrar a los oficiales de los "cuerpos comunes" e intendencia, todos con títulos universitarios porque les han sido exigidos para ingresar en las FAS. Pero muchos oficiales de "armas", de esa "escala superior", incluso coroneles y generales, no tienen ninguna clase de titulaciones universitarias pero, eso sí, presumen de ser "licenciados" en la milicia, en la defensa de España. Pero esa titulación no se la concede Defensa ni, por supuesto, las universidades. Ninguno puede tener esa titulación colgada de la pared. Tienen la de su empleo militar.
Por eso la nueva ley pretende que, para que todos los oficiales de las FAS tengan carrera universitaria, cursen a la vez la carrera militar y una carrera universitaria. Eso, como todas las utopías, va a ser muy difícil de conseguir, porque la carrera militar -hasta ahora y desde siempre- la terminan con éxito el cien por cien de los que la empiezan, y las carreras universitarias las terminan, como sabemos y según su dificultad e importancia, el 70, 50, 40 por ciento o menos de los que las empiezan. Si queremos que todos los militares, incluídos los de "armas", sean universitarios, habrá que exigirles que cursen la carrera en la universidad que quieran, y, luego cursen los estudios militares necesarios para obtener el primer empleo de sus escalas. No habrá otra forma viable.
Por cierto, la Guardia Civil, el benemérito cuerpo, siempre tuvo una sola escala de oficiales. En ella se integraban los procedentes de las academias de las FAS y los procedentes de guardias y suboficiales del propio cuerpo, siempre por empleos y rigurosa antigüedad. Nunca hubo ningún problema. La posibilidad de obtener los altos empleos del escalafón solo la tenían los más jóvenes. Los demás se quedaban de capitán, comandante o poco más. En 1999 los "desintegraron" siguiendo el ejemplo de las FAS. Ahora, porque rectificar es de sabios, volverán a reintegrarlos. Y la única fórmula deberá de ser la de siempre: Por empleos y por rigurosa antigüedad en los mismos. Como tendrán que hacer las FAS, aunque para ello habrá que modificar la novísima ley de la "carrera militar". Los anteproyectos e iniciativas legislativas al respecto ya empiezan a perfilarse. Denominador común: empleos y rigurosa antigüedad.
Jesús Navarro Jiménez,
presidente de la FAME (Federación de asociaciones de militares de España).
L D (Europa Press) Así consta en la declaración escrita que el ex ministro ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Fernando Grande Marlaska, que instruye la causa para determinar si existieron irregularidades en la contratación del Yakovlev-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), causando la muerte a 62 militares españoles.
Trillo señala en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que en virtud del principio de "desconcentración" del Ministerio la contratación del avión correspondió al EMACON, que asumió "las competencias operativas y logísticas de la misión" en la que participaba el Yak-42, lo que incluía "los medios de transporte".
También asegura desconocer las condiciones de contratación del aparato que el EMACON acordó con la agencia de la OTAN Namsa y, de igual modo, que ésta hubiera adjudicado el servicio a la compañía británica Chapman Freeborn. "Antes del accidente evidentemente no (lo conocía), por no ser de mi competencia", afirma.
Según se desprende de su declaración, de 34 folios, Trillo tampoco se enteró de que Chapman Freeborn decidió suprimir los seguros de vida de 75.000 euros que ofrecía a cada pasajero hasta que no ordenó una investigación interna en el Ministerio para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. Tras el siniestro, argumenta, suspendió los contratos con NAMSA "para evitar la alarma social producida durante esos días".
El ex ministro también dice que no supo de las quejas sobre seguridad que los aviones contratados a países de la ex Unión Soviética habían generado entre algunos militares hasta que no se produjo el siniestro y recibió los informes elaborados por el EMACON. Niega, no obstante, que estas quejas le fueran ocultadas porque, según afirma, "no era el destinatario final del conducto reglamentario, al no ser el órgano competente ni sobre la contratación, ni sobre el mantenimiento, ni sobre el seguimiento de los vuelos".
En relación con el informe que elaboró el teniente coronel Javier Merino en el que alertaba de los "altos riesgos que se estaban corriendo al transportar a personal en aviones de carga de la antigua URSS", indica que no tuvo conocimiento de ese documento porque "los únicos informes de inteligencia que recibía el ministro de Defensa eran los procedentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)".
Aún así, remacha que, según se le "alcanza, el Yak-42 siniestrado no era un avión de carga sino de pasajeros", a lo que añade en otro punto de su declaración que el aparato se encontraba en "el número tres del ranking mundial de seguridad".
No obstante, admite la existencia de partes de incidencias que algunos mandos realizaron sobre "vuelos específicos" y que estaban relacionadas con "retrasos, repostajes y condiciones de confortabilidad de los vuelos", pero no "con su seguridad". "Tales partes de incidencias dieron lugar, en su caso, a la formulación por el EMACON de las correspondientes quejas a través de NAMSA a la compañía adjudicataria Chapman", dice.
En concreto, cita el caso de un vuelo que un Yak-42 realizó a Kuwait en los días 11 y 12 de mayo de 2003, que se refería a "demoras para repostar, demoras por petición de certificados de exención de impuestos y falta de catering". "Como puede comprobarse --añade Trillo--, nada relativo a la seguridad del vuelo".
El ex ministro, que repasa minuciosamente las decisiones que adoptó en las horas que siguieron al accidente y cita en algunos pasajes su libro 'Memoria de entreguerras', se ratifica en todas las manifestaciones que realizó el 4 de junio de 2005 en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, que preparó a partir de la documentación que le remitió el EMACON.
En este sentido, reitera que los vuelos a Afganistán dependían del entonces jefe del Estado Mayor del Mando del Aire de Levante (MALEV), general Gómez Arruche, nombrado posteriormente director de la Guardia Civil por el Gobierno socialista. "Hubo al menos dos partes de incidencias sobre los vuelos de sostenimiento a Afganistán entre los meses de octubre a noviembre de 2002, relativos a aviones Tupolev e Illusin, que a mí nunca me llegaron", dice.
Asimismo, recuerda que el perito que compareció en la causa a petición de las familias de las víctimas, Cecilio Yustas, coincidió con la Comisión Internacional de Investigación en que "el accidente se produjo por un error humano de los pilotos".
Tras la declaración de Trillo comparecerá como testigo de la causa, que la Sala de lo Penal obligó a reabrir en noviembre de 2007 después de que Grande-Marlaska la archivara, su sucesor en el Ministerio de Defensa José Bono.