La comparecencia de Jorge Gago ante el juez encargado del caso de la Extremadura dio un vuelco a la instrucción. Gago, especialista en Máquinas y miembro de la tripulación, advirtió que las señales de peligro en las horas previas a la explosión eran inequívocas y solicitó el abandono del buque y el apagado de las calderas. También denunció la desaparición de documentos, que fueron entregados a los mandos y que avalan su versión.
Tras escuchar su declaración, el juez citó para testificar a otros testigos, como el también cabo primero José Enrique Dopico Lorenzo, que respaldó sus palabras. No ocurrió lo mismo con el jefe de Máquinas de la nave, Pablo Varela, que rechazó las afirmaciones de Gago y defendió que su presencia en el buque no era necesaria porque dirigía la maniobra de encendido de la caldera por teléfono (estaba en su casa).
Gago pidió consulta con un psiquiatra militar por el fuerte estrés que sufrió tras la explosión y la presión tras sus declaraciones a la prensa. La Armada instruye en ese sentido un expediente de pérdida de aptitud psicofísica. Los allegados del cabo temen que «intenten que parezca un desequilibrado para que su testimonio pierda valor en el caso de la Extremadura».
ESTE mes de septiembre hará siete años desde que empezó la intervención occidental en Afganistán, destinada a estabilizar y reconstruir un país que el oscurantismo teocrático de los talibanes había hecho retroceder -literalmente- más allá de la Edad Media. La operación militar fue respaldada por el consenso internacional y bendecida por las Naciones Unidas, por lo que se la consideró de alguna manera la «guerra buena» por contraposición a la «mala», que era la de Irak. Sobre el terreno se demuestra que los enemigos de la libertad no suelen entretenerse en consideraciones políticas como las que perturban las estrategias electorales en Occidente.
Sencillamente las aprovechan. Como se ha visto con la muerte de diez soldados franceses en una emboscada, los talibanes saben muy bien cuáles son los objetivos que pueden tener más repercusión y, como ha dicho el ministro de Defensa galo Hervé Morin, «pretenden hacer dudar a los europeos» sobre la necesidad de apoyar esta operación.
La guerra de Afganistán sigue siendo el desafío más importante para la seguridad de Europa y Estados Unidos, no solamente porque una nueva «talibanización» del país volvería a favorecer la emergencia de un foco de difusión del terrorismo internacional, sino sobre todo porque Occidente perdería toda su credibilidad. Si la alianza militar más poderosa del mundo, la OTAN, no lograra imponer sus objetivos en Afganistán, difícilmente puede ser un mecanismo disuasorio para nadie, y sus cimientos políticos se desmoronarían como los de la Unión Soviética. La posibilidad de un fracaso en Afganistán debería ser excluida en cualquier caso.
Sin embargo, el respaldo social a la presencia militar aliada en Afganistán disminuye conforme la operación se prolonga en el tiempo o cuando se producen lamentables bajas entre los soldados que cumplen allí su misión. Por ello sería necesario que el conjunto de los aliados comprendiese que no es posible obtener resultados si no se suministran los medios necesarios para ello. La cuestión de cuántas tropas han de ser enviadas debería ser respondida con una fórmula de sentido común: las menos posibles, pero ni una menos de las que se necesitan para alcanzar sus objetivos. Las actitudes políticamente reticentes no son de gran utilidad cuando se trata de una situación en la que no se puede aceptar el fracaso colectivo. En el caso del Gobierno español, la cooperación con el Ejército de Colombia es un remedio positivo para aumentar el conjunto de los efectivos presentes sobre el terreno, pero el verdadero cambio ha de ser en las reglas de enfrentamiento de los soldados y en la ampliación de sus misiones hacia tareas más comprometidas con la lucha contra el terrorismo. Las malas relaciones con Rusia a raíz de su actitud en el caso de la República de Georgia no son un buen ingrediente para el buen desarrollo de las operaciones en Afganistán, puesto que una buena parte de los suministros militares para la ISAF se hace a través de su territorio. Tampoco sirve de ayuda la peligrosa inestabilidad de Pakistán, cuya frontera alberga la mayor zona de escondrijos de terroristas talibanes. Por ello, la solidaridad de todos los aliados es en este momento fundamental.
La OTAN ya ha tomado la decisión estratégica de prepararse para una guerra prolongada y muy probablemente Afganistán será objeto de debate en la campaña electoral norteamericana, por lo que es fundamental preservar el apoyo social a la guerra, a pesar de los lamentables errores que se han cometido durante los bombardeos en los que lamentablemente se producen bajas civiles. Naturalmente, también es necesario exigir al Gobierno afgano del presidente Hamid Karzai que cumpla con sus obligaciones se esfuerce más por instaurar estructuras sanas administrativas y de seguridad en el país, para hacer que el sacrificio de la OTAN tenga sentido también para los afganos.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, no intercederá a favor de Jorge Gago Chao, el cabo de la Armada que advirtió del peligro de la caldera de la fragata Extremadura , que puede ser condenado esta semana a tres meses de prisión en Alcalá Meco. La caldera del buque estalló y mató en el acto a dos marinos el 19 de diciembre del 2005 cuando la nave estaba atracada en el Arsenal de Ferrol. El militar declaró ayer en el Arsenal de Ferrol por el expediente que le abrió el almirantazgo de la Flota, a causa de sus manifestaciones a los medios informativos, en las que explicaba su versión de lo sucedido en la fragata. Los abogados de Gago y su familia son pesimistas y temen que sea arrestado. El almirantazgo lo acusa de violar el artículo 15 del reglamento disciplinario de las Fuerzas Armadas, lo que puede acarrearle una sanción de mes y medio a tres meses de arresto, en su domicilio o en la cárcel de Alcalá Meco.
El oficial instructor del procedimiento informó al cabo de que tomará una resolución en un plazo de cinco días.
La madre del marino, María de los Ángeles Chao, remitió el pasado 4 de junio una carta a la ministra de Defensa, Carme Chacón. La misiva recuerda que el militar ha servido quince años en la Armada con méritos distinguidos, incluyendo dos medallas al mérito naval; que advirtió en reiteradas ocasiones del peligro de que se produjese una explosión en la Extremadura, y que su actuación en las horas siguientes al suceso le valió varias felicitaciones por escrito de sus superiores.
Súplica a la ministra
La carta suplica a Chacón que haga todo lo posible para que se esclarezcan las «posibles negligencias que motivaron la explosión que causó la muerte de esos dos chicos», y le ruega que ordene la retirada del «inmerecido» expediente que pesa sobre su hijo, un «buen militar cuyo único delito es mantener la verdad con honor, dignidad y gallardía». Finalmente, «como madre de siete hijos», Chao felicita en su carta a la titular de Defensa por su reciente maternidad y le desea que «nunca pase por este infierno que estoy sufriendo yo por el tema de mi hijo, también padre de familia».
La ministra no contestó en persona. La respuesta llegó ayer a la casa de los padres del cabo, ubicada en el barrio ferrolano de Caranza, firmada por un subdirector de Recursos e Información Administrativa de Defensa. El oficio ministerial sostiene que el expediente no puede ser «retirado», ya que el régimen disciplinario de las fuerzas Armadas afirma que «el procedimiento ha de finalizar mediante una resolución dictada por la autoridad con competencia sancionadora», y también señala que esa misma ley «garantiza el derecho de defensa de su hijo».
En cuanto a la súplica para que se investiguen las «posibles negligencias», el ministerio se limita a señalar que «el Juzgado Militar Territorial número 41 (de A Coruña) incoa diligencias previas para el esclarecimiento de los hechos que motivaron la explosión acaecida en la Extremadura», y que será «en el seno de ese procedimiento judicial donde se resolverá, en su caso, su solicitud de que se esclarezcan las posibles negligencias».
MADRID- Quince oficiales de la antigua escala básica del Cuerpo General del Ejército del Aire han hecho efectiva su renuncia en el curso de adaptación que deben completar para poder integrarse en la nueva escala única y que incluye como materias, entre otras, «los principios, valores y objetivos» de la Alianza de Civilizaciones y las políticas de igualdad de género.
La renuncia «a petición propia» de estos quince militares se produce en la primera convocatoria del curso de adaptación para la incorporación de militares del Ejército del Aire con empleos de comandante o superior a la nueva escala, según consta en una resolución ministerial publicada ayer en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) y recogida por Europa Press.
La resolución detalla los nombres y apellidos de los oficiales, su empleo militar y su escala de pertenencia, todos procedentes de la antigua escala básica de oficiales. Once de los militares tienen el rango de capitán, tres son comandantes y uno teniente coronel. En cumplimiento de la orden ministerial que establece las reglas del curso de adaptación, los quince militares de la Fuerza Aérea que han renunciado no volverán a ser convocados para completar el curso de adaptación y continuarán en su escala de origen, que quedará a extinguir.
Según fuentes militares, el curso de adaptación para la incorporación a la Escala única de Oficiales ha generado «malestar» en los militares de la antigua escala básica de los tres ejércitos al tratarse de un trámite extenso y carente de reconocimiento académico alguno, y al ser una obligación para mantenerse con el mismo rango en la nueva escala, mientras sus compañeros de la escala superior se integran sin superar curso alguno.
(Libertad Digital) Dos empresas contratadas por el Ministerio de Defensa utilizaban a inmigrantes, en muchas ocasiones sin contrato de trabajo, para servir en los comedores de los militares destinados en Afganistán. Entre ellos había uzbecos, rumanos y muchos filipinos. Éstos a pesar de trabajar en una zona de riesgo no disponían de seguro y realizaban jornadas laborales de más diez horas con un salario que oscilaba entre los 400 y 670 euros mensuales.
Sin embargo, desde el Ministerio se justifican diciendo que "la responsabilidad de los trabajadores es de la propia empresa, y el Ejercito de Tierra pone límites por motivos de seguridad". Además, el Ejercito dijo además que buscan que se cumpla la ley y la legislación vigente.
En este sentido, Tecnoucal, empresa contratante de estos inmigrantes, asegura que no han realizado irregularidades ya que se ajustan a las legislaciones de los países de origen de estos trabajadores.
La situación ha ido cambiando gracias a las presiones de la unidad cívico-militar del contingente español destinado en Afganistán. Cuando se enteraron de la situación en la que se encontraban los inmigrantes contratados exigieron a la empresa a que regularizase esta situación. Fue a partir de junio cuando los trabajadores comenzaron poco a poco a tener contratos y seguro.
L D (EFE) El primero de estos aparatos aterrizó en Yamena el pasado 2 de junio y el día 7 de junio comenzaron las operaciones aéreas, aunque el segundo aeroplano no empezó a operar normalmente hasta el 16 de junio.
El destacamento aéreo tiene como misión fundamental el transporte de personal y carga entre Yamena y Abeché, cerca de la frontera con Sudán, una labor fundamental, ya que al comienzo de la temporada de lluvias todas las vías terrestres hacia la zona del conflicto quedan interrumpidas y la única forma de abastecimiento es por medio de aviones.
Actualmente, se están efectuando reconocimientos de otros campos con pistas no pavimentadas a lo largo de la frontera con Sudán, ya sea en Chad o en la República Centroafricana, con el fin de evaluar las posibilidades de que en ellos operen los aviones españoles.
También se están llevando a cabo los primeros cálculos para realizar lanzamientos de cargas al personal de la EUFOR, puesto que durante la época de lluvias quedan totalmente aislados.
Además de formar parte de esta misión, las tropas españolas destacadas en Chad también contribuyen a programas de cooperación humanitaria con diferentes organizaciones de carácter humanitario, tanto religiosas como laicas, que prestan sus servicios en el Chad.
MADRID.- El Ministerio de Defensa ingresó durante la pasada legislatura más de 1.460 millones de euros con la venta de viviendas militares que ya han perdido su uso para la seguridad, según datos incluidos en la Memoria de la VII Legislatura (2004- 2008) del departamento que dirige Carme Chacón.
La enajenación de estas viviendas se ampara en la ley 26/1999, que permite que los inmuebles que no son necesarios para la defensa, y que no estén en Ceuta y Melilla o en el interior de bases o recintos militares, se puedan vender. Dicha venta se hace al 50% del valor del mercado, o bien se sacan a concurso público si están vacías.
Esto ha permitido que en los últimos cuatro años 11.165 familias adquirieran otras tantas viviendas por las que el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) percibió 1.460.787.233 euros. En la legislatura pasada se obtuvieron 377 millones de beneficio más que en la 2000-2004, pese a que entonces se enajenaron 15.106 viviendas, 3.941 más que en la 2004-2008.
Los solares propiedad del Invifas también reportaron ingresos. En subasta pública se vendieron siete, con una superficie de 12.921,73 metros cuadrados y que supusieron el ingreso de 61,79 millones. Otros tres fueron objeto de expropiación de una superficie total de 10.610 metros cuadrados, por un justiprecio de 2,47 millones.
El importe total obtenido de la enajenación del patrimonio del Invifas entre los años 2004 y 2008 asciende a 1.583 millones de euros. Además, a través de acuerdos y convenios con distintos ayuntamientos, Defensa vendió 76.962 metros cuadrados por un valor de 14,4 millones de euros.
El PP y las asociaciones militares exigen que se sigan investigando las causas que provocaron el accidente del helicóptero Cougar en Afganistán en el que murieron 17 militares españoles, diez de ellos gallegos, al considerar que no se han aclarado suficientemente.
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El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui, ha defendido hoy que España retire sus tropas de Kosovo, en coherencia con su rechazo a la independencia de esta región, y las desplace a Afganistán con el fin de reforzar la seguridad de este contingente frente a la amenaza talibán.
De Arístegui, en una entrevista con Efe, ha afirmado que el tope de 3.000 soldados para misiones de paz en el exterior impuesto por el Gobierno está propiciando que las tropas desplegadas en Afganistán estén en una situación «compleja y complicada» por el incremento de la amenaza terrorista de los radicales islamistas.
«Si (el Gobierno) se empeña en el disparate de mantener ese número, lo que hay que hacer es retirar las tropas de Kosovo y mandarlas a Afganistán», ha explicado De Arístegui.
En su opinión, «no tiene mucho sentido» que España «apoye con su presencia 'de facto' («de hecho») una independencia en la que no cree 'de iure'», en referencia a Kosovo.
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Madrid- Partidos y asociaciones aplaudieron ayer la decisión del Ministerio de Defensa de modificar el cuadro médico de exclusiones para permitir que los transexuales o personas con cambios morfológicos en los genitales externos puedan ingresar en las Fuerzas Armadas, tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición de ayer. Así lo pusieron de manifiesto el PP, la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume), la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) y la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA). No obstante, ni la Aume ni los populares entienden que no se permita el acceso a la carrera militar de aquellos que se hayan operado de miopía exclusivamente para ingresar en la misma.
Mariano Casado, secretario general de la Aume, cree que es una medida «absurda». «Si hay miopes que no tienen dinero para una intervención quirúrgica y se considera discriminatorio admitir a los que sí lo tienen, debe ser el propio Estado el que se ocupe de que no exista esta desigualdad y pagar las operaciones. Los poderes públicos deben garantizar el derecho que tienen todos los españoles a ingresar en las Fuerzas Armadas», argumentó Casado.
Argumento insuficiente
Tampoco entiende el PP que tener suficientes recursos para poder operarse de miopía sea justificación suficiente para dejar a nadie que lo desee fuera de las Fuerzas Armadas. «A priori, no creo que sea un privilegio tan grande como para impedir a nadie su incorporación a alguno de los tres ejército», afirmó Beatriz Rodríguez Salmones, portavoz de los populares en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. No obstante, el Partido Popular esperará a recibir los informes que justifican tal medida antes de hacer más valoraciones sobre la cuestión.
Acerca de la decisión de eliminar la tartamudez, siempre que no se trate de trastornos graves, del cuadro de exclusiones médicas de las Fuerzas Armadas, hay consenso en que se trata de una medida muy oportuna. «Me parece muy acertado, siempre que los afectados puedan cumplir con sus tareas. La sociedad española ha dado sobradas muestras de estar preparada para admitir en el mercado laboral a personas con cierta discapacidad», afirmó Casado.
Asociaciones
Por su parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) y la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) celebraron la decisión del Gobierno de eliminar la transexualidad del cuadro médico de exclusiones. Para ambas asociaciones, la materialización de esta reforma eliminaría una «exigencia anacrónica y absurda que humillaba y discriminaba a las personas transexuales». El pasado día 22 de julio se reunieron con la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, a la que informaron de la «inconstitucionalidad» de estos reglamentos guiados por criterios que, a su juicio, «nada tienen que ver con la competencia o capacidad de desempeñar la función militar», según informa Ep.
El Ministerio de Defensa pretende evitar que los aspirantes a ingresar en las Fuerzas Armadas fuercen intervenciones quirúrgicas en los ojos con ese fin y no basadas, como «deontológicamente debe ser, en una indicación médica». «Además -subraya- esto sería discriminar a los que por razones económicas o de otro tipo no pudieran acceder» a esa clase de operaciones.
Por lo que respecta a la tartamudez, se indica que «no será motivo de no aptitud, excepto los trastornos severos del lenguaje que dificulten la normal comunicación: disartría, tartamudez severa o afasia motora que impida el lenguaje». Se hace una salvedad en lo que respecta a los pilotos del Ejército del Aire y se indica que «la disartría o tartamudez será considerada como causa de exclusión para la Escala Superior de Oficiales y Escala de Oficiales (especialidad fundamental de operaciones aéreas)».
Este grupo, en el que se encuentran los mandos tácticos y logísticos, llegó, al igual que el precedente, el pasado 5 de agosto, a bordo de un avión de Air Europa al aeropuerto internacional de Beirut.
Desde allí, el contingente se dirigió a la base «Miguel de Cervantes», donde está el cuartel general de la Brigada Este, bajo mando español.
En el mismo avión salió con destino a Almería otro grupo de militares de la Legión que ya cumplieron sus cuatro meses de misión en el Líbano.
Los militares del contingente español, un total de 1.067, que integran la FINUL desde 2006, llegarán en cinco rotaciones hasta el 14 de agosto. Cumplen su misión durante cuatro meses y al término de ese período son relevados con nuevas tropas.
Es la primera vez que El Salvador envía militares al Líbano para integrar el contingente. Está previsto que viajen un total de 52 militares de El Salvador, de los cuales ocho llegaron hoy. Antes de incorporarse a la unidad, los salvadoreños se entrenaron durante seis meses en España. La mayor parte de los efectivos del contingente español pertenecen a la Brigada de Caballería de Castillejos II, con base en Zaragoza.
Los «cascos azules» de la FINUL incluyen también militares de la India, Indonesia y Nepal. Cada una de las cuatro unidades de maniobra tiene asignada un tramo de frontera entre el Líbano e Israel. El contingente español, denominado «Agrupación Libre Hidalgo VI», actúa bajo las órdenes del general Juan Carlos Medida, jefe de la Brigada de Castillejos.
El camino para la admisión de los transexuales en las Fuerzas Armadas lo abrió en marzo de 2004 la cabo María del Mar Gordo Pantoja. Año y medio antes, y tras ocho meses de permanencia en la Armada, el entonces cabo José Antonio Gordo Pantoja se declaró transexual ante sus mandos y pidió que la llamasen, a todos los efectos, María del Mar. Ahí se inició un proceso que finalizó con el reconocimiento de su condición de transexual por parte de un tribunal médico que la examinaba por un expediente de inutilidad física, lo que le permitió reincorporarse al servicio activo. En septiembre de 2004 renunció al contrato que tenía con la Armada.
La ministra Carme Chacón se ha propuesto llevar a cabo reformas en el Ejército español, para mejorar las condiciones de los militares, ampliar sus derechos y, en definitiva, profesionalizar y modernizar nuestras Fuerzas Armadas. Objetivo ambicioso y loable el de la primera ministra española de Defensa, que debe velar porque en ese proceso no se caiga en operaciones de marketing que hagan sombra a otros aspectos más relevantes. LA RAZÓN publica hoy la propuesta del Ministerio de Defensa para modificar el cuadro médico de exclusiones para ingresos en los centros militares de formación. Una novedad es que podrán acceder al ingreso en el Ejército «personas con cambios morfológicos en los genitales externos», es decir, transexuales. En cambio, se veta a quienes hayan corregido su miopía mediante intervención quirúrgica.
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Madrid-La Subsecretaría del Ministerio de Defensa ha enviado a los Estados Mayores y las unidades de los tres Ejércitos (para que formulen alegaciones) un proyecto de orden ministerial por el que se modifica el «cuadro médico de exclusiones exigible para ingreso en los centros militares de formación». El texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, contempla que los transexuales, o «personas con cambios morfológicos en los genitales externos», podrán ingresar en las Fuerzas Armadas.
En el texto también se incluyen modificaciones sobre los tartamudos que, salvo excepciones, podrán ingresar en las Fuerzas Armadas, a las que no podrán acceder las personas que se valgan de intervenciones quirúrgicas en los ojos para subsanar las causas que les impedían dicho acceso. En la memoria en la que se justifica el «acierto» de las medidas que se van a adoptar, se asegura que «de decenas de miles de reconocimientos médicos realizados se ha dado un número muy limitado de casos en los que las alteraciones de la diferenciación sexual han determinado la aptitud». «Sin embargo, -añade- estos casos suelen ser muy sensibles pues afectan a personas que habitualmente están sometidas a significativas tensiones emocionales por el proceso de transformación que han pasado o están pasando».
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