El juez ha dado la razón al sargento primero ferrolano Francisco Maceira Rodríguez, que recurrió el arresto de doce días sufrido, oficialmente, por registrar el pasado año dos escritos por un conducto no reglamentario. El Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña dictó una sentencia en la que declara incompetentes por carecer de potestad sancionadora tanto al jefe del Órgano de Apoyo al Personal (OAP) de Ferrol, en el momento de los hechos el capitán de navío Jesús Germán Iglesias Martín, como al almirante jefe de Personal de la Armada (Alper), Rafael Lapique Dobarro, que ratificó la sanción impuesta.
Según la sentencia emitida, cuyo fallo fue publicado el día 3 del pasado en el Boletín Oficial de la Defensa (BOD), el jefe del OAP no podía castigar al contramaestre ferrolano porque su situación administrativa era la de “servicio activo pendiente de asignación de destino”.
Vulneración > Ahora el Ministerio de Defensa deberá indemnizar a Maceiras con 600 euros al considerar probado que fue arrestado de forma indebida, vulnerando sus derechos constitucionales, y que cumplió de forma efectiva el castigo.
Maceiras fue sancionado por entregar en el Arsenal Militar, en lugar de hacerlo vía OAP -donde, según se alegó en el recurso, se negaron a recoger los documentos-, dos escritos sobre la regulación del componente singular del complemento -uno dirigido al presidente del Gobierno y otro al Alper-.
Sin embargo, su arresto fue impuesto poco después de que publicase en diversos medios de comunicación una carta titulada “Libertad para Jorge Bravo”, en la que denunciaba el recorte de los derechos constitucionales de los militares y reclamaba la puesta en libertad del presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que en aquel momento cumplía una pena de prisión por unas declaraciones realizados en A Coruña.
El tribunal que ha anulado la sanción es el mismo que rechazó en su día el recurso de “habeas corpus” presentado por la asesoría jurídica de la entidad.