España es así: se quieren borrar huellas de los odios provocados por la guerra y el franquismo, pero la autoridad judicial ordena que se reponga el nombre de un etarra dado a un parque público de Hernani. Es una de las consecuencias derivadas de la discutida sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aprobada por unanimidad, sin un voto en contra, de sus 17 magistrados. Ya saben: la que considera que mantener esos homenajes permanentes a varios asesinos no constituye delito. Es delito dedicárselos, pero no mantenerlos.
Para gran parte de los ciudadanos, es un escándalo. Para muchos analistas, un escarnio. Para la parte sana de la sociedad, la inmensa mayoría, es una afrenta. Sin embargo, se trata de decisiones antiguas, algunas de hace decenios, a las que hemos asistido con dolor y rabia, pero sin mover un dedo para impedirlo. Por eso las preguntas pertinentes de hoy no consisten en plantear por qué actúan así unos jueces que se limitan a aplicar la ley. Las preguntas consisten en acudir a la responsabilidad de casi todos los gobernantes de la democracia. ¿Por qué lo han tolerado? ¿Por qué incluso un Gobierno duro en estos asuntos, como el de Aznar, permitió que esos nombres siguieran en sus placas? ¿Por qué lo hemos permitido todos? No tengo una explicación. Se dejó estar, quizá porque no se encontró la forma de prohibirlo o de anular las resoluciones municipales. Si ahora se plantea, es porque la asociación Dignidad y Justicia decidió llevarlo a los tribunales y la opinión publicada se ha movido a golpes de decisiones de jueces.
Los impulsos de la opinión surgen cuando surgen, y este ha surgido ahora. Es ahora, por tanto, el momento de alzar la voz y decir: mantener calles, plazas y parques dedicados a asesinos podrá no ser un delito. Pero es una vergüenza. Este quizá sea el único país del mundo democrático donde manos manchadas de sangre reciben ese reconocimiento. Hay que pensar en los niños que ven esos nombres enaltecidos. Horroriza pensar cuántos los considerarán héroes sociales y los querrán imitar, para tener una placa como ellos en el pueblo donde han nacido. Ante esas consideraciones, que nadie pida que se condene a un alcalde que se encontró esa ignominia. Sencillamente, búsquese la forma legal de quitar la ignominia. Con un cambio legal. Con iniciativas políticas. Con la coherencia de los partidos, que se llenan la boca de condenas cuando se produce un atentado, pero después no mueven un dedo para borrar el enaltecimiento del criminal. O mucho más sencillo: que Zapatero cumpla su palabra de meter esto en la ley de víctimas. Lo que sea. Pero nadie puede sentirse orgulloso de vivir en un país que permite el callejero del terror.