LA destitución del jefe del área Somalia del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, teniente coronel Juan Carlos de Andrés, por sus informes en contra de la detención de los dos piratas en el caso del secuestro del atunero «Alakrana» en aguas del Índico, ha desatado una ola de adhesiones al militar en el seno de los Ejércitos. La indignación por la medida adoptada por la ministra de Defensa, Carme Chacón, corre como la pólvora por internet. Temerosos de que esta reacción pueda ir a más, altos mandos militares han emprendido una caza de brujas para frenar las muestras de apoyo al teniente coronel. Llaman a capítulo a quienes hayan hecho algún tipo de comentarios en la red, con el propósito de intimidar al resto de los militares y que el miedo les impida seguir utilizando la red para mostrar su malestar con la ministra.
La Academia General Militar (AGM) de Zaragoza ha anulado un expediente de contratación por presuntas irregularidades. Exactamente, por «existir dudas sobre las condiciones de secreto en que las proposiciones económicas debieron ser presentadas». Así consta en la resolución que el director de la AGM, el general de brigada Francisco José Gan Pampols, firmó el pasado día 15, sólo cuatro días después de haber tomado posesión de su nuevo cargo al frente de la Academia.
El contrato que había en juego —y que sigue estando, porque habrá que repetir la licitación— salió a concurso por 200.000 euros y consiste en la realización de un curso de idiomas en el extranjero para estudiantes de la Academia General Militar. Salió a concurso con un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de noviembre. El servicio que se tiene que contratar es un programa de inmersión lingüística a realizar en el Reino Unido, para perfeccionar el aprendizaje del inglés entre los alumnos de la AGM.
Pero alguien advirtió ciertas anomalías en el proceso y la dirección de la Academia optó por zanjarlo de un plumazo: según ha conocido ABC, el expediente de contratación fue anulado porque, al parecer, no existen plenas garantías de que se desarrollara de forma limpia y ajustada a la legalidad. Se cree que pudo haber trascendido información de forma irregular, de la que podría haberse beneficiado algún licitador. Por lo menos así se desprende de la orden que ha anulado el proceso de contratación.
El asunto estaba sobre la mesa del general Francisco José Gan Pampols nada más hacerse cargo de la dirección de la AGM. El día 11 de enero tuvo lugar el acto de toma de posesión en la Academia General Militar: el día 13 finalizó el plazo para que las empresas interesadas en ese contrato presentaran sus ofertas; y el día 15 firmó la orden con la que se anulaba el proceso de adjudicación, que depende de la Jefatura Económico-Administrativa de la AGM.
El contrato que salió a concurso, y que deberá volver a licitarse para que se pueda hacer efectivo, se enmarca en los planes de preparación especializada de los futuros oficiales que salen de la Academia General de Zaragoza. Esta es una de las cuatro grandes áreas en las que se estructura la formación de los cadetes y alféreces: asignaturas de ciencias y humanidades; enseñanzas de táctica militar; preparación física; y enseñanza de idiomas —se le da especial importancia al inglés—, en la que se incide especialmente desde hace años, ante la creciente participación de las Fuerzas Armadas españolas en ejercicios y misiones internacionales.
Se trata del teniente coronel J.C.A., que ocupaba durante la crisis del Alakrana en Somalia el cargo de jefe de área de África Subsahariana del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), y que, por tanto, dirigía al grupo de dicho centro encargado de hacer el seguimiento del secuestro del atunero, según informa la Cadena Ser.
Este militar elaboró el informe en el que se desaconsejaba la detención de los dos piratas somalíes del Alakrana, por considerar que podría poner en peligro a la tripulación y dilatar las negociaciones para la liberación.
Según explicaron fuentes ministeriales a Europa Press, se ha destituido a una persona "en la que se ha dejado de tener confianza". Estas fuentes argumentaron que los cargos de confianza están el tiempo "que se confía en ellos", y precisaron que si resulta que esa persona ha dejado de tenerla, "se acaba la relación y se le destituye".
El teniente coronel fue cesado el 7 de enero. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial de la Defensa, por un artículo que permite a la ministra de Defensa cesar a aquella persona que está en un destino de libre designación, apuntaron fuentes del Estado Mayor de la Defensa que no pudieron precisar su cargo exacto en las operaciones en la zona.
El Tribunal Militar ha rechazado el sobreseimiento pedido por el juzgado togado militar del sumario abierto contra dos cabos que se negaron a trasladar un camión entre dos bases españolas en Afganistán el pasado año, y ha resuelto que siga la investigación con la declaración de tres oficiales.
El Tribunal Militar Territorial Primero, en un auto de 14 de diciembre, resuelve "no acordar el sobreseimiento propuesto por el Juzgado Togado Militar Territorial número 12, al que se devolverá el sumario para su continuación, debiendo practicarse declaración de tres oficiales: un teniente coronel, un teniente y un alférez.
Estima que ha quedado acreditado que los cabos se negaron a obedecer las órdenes de conducir el vehículo "Vempar", el primero, y a viajar como acompañante el segundo, desde la base de Herat hasta la base de Qala e Naw, aduciendo que el vehículo no estaba blindado y que no contaba con inhibidores de frecuencia.
Ambos militares persistieron en su negativa después de que sus superiores les comunicaran que el vehículo contaba con inhibidores y que el transporte había sido autorizado por el Mando Operativo. Los hechos ocurrieron a principios de mayo del pasado año.
La Fiscalía Jurídico Militar, con fecha 19 de noviembre, mostró su conformidad con el auto de propuesta de sobreseimiento definitivo y en idéntico sentido se manifestó la representación letrada de los dos cabos.
En su auto, el Tribunal Militar afirma que la ley concede la posibilidad de, a la vista de la propuesta de sobreseimiento planteada por el juzgado instructor y la conformidad de la fiscalía jurídico militar, "no acordarlo si se pudieran deducir indicios que permitan asumir una razonable sospecha de responsabilidad penal frente a quienes con su actitud manifestaron una conducta desobediente".
El nuevo Museo del Ejército abrirá sus puertas en el Alcázar de Toledo. La fecha es una de las grandes incógnitas, tras años de continuos retrasos. Hace dos semanas, el alcalde de la Ciudad Imperial, Emiliano García-Page, dijo que su apertura, "como muy tarde", podría ser en septiembre de 2010.
Ninguna pista más dio la ministra de Defensa, Carmen Chacón, que con motivo de su discurso de la Pascua Militar destacó el compromiso de su departamento con este proyecto, que calificó como "uno de los proyectos más ambiciosos para la conservación y la divulgación de nuestra historia" y que "inauguraremos en los próximos meses".
Lejos de la visión positiva que sobre este cambio de ubicación del Museo del Ejército, de Madrid a Toledo, han tenido los ministros de Defensa de los Gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, expertos militares y civiles en historia militar denunciaron este lunes en Madrid lo que consideraron "un expolio cultural". En términos cuantitativos, según denunciaron, en Toledo se expondrá, tan sólo, una quinta parte de los fondos que se podían visitar en la capital de España, el resto serán almacenados en instalaciones hechas con esos fines en la Ciudad Imperial o se desperdigarán por instalaciones de administraciones locales, provinciales, autonómicas o académicas.
Reunidos en el Ateneo de la capital bajo la invitación y organización de la Agrupación El Mar y sus Ciencias, que preside Juan Manuel Gracia, a la mesa redonda "Expolio al Museo del Ejército de Madrid", dos generales retirados del Ejército –uno de ellos, ex director del Museo del Ejército de Madrid–, un almirante de la Armada y el presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Ejército de Madrid, criticaron duramente la decisión del traslado, que calificaron de "cúmulo de errores, fruto de la ignorancia y la falta de asesoramiento y, a veces, de la mala fe".
Tras la presentación del acto a cargo del propio Gracia, que recordó que "el patrimonio no es de los políticos, sino de los ciudadanos", el primer experto en tomar la palabra fue el máximo responsable de la Asociación de Amigos del Museo del Ejército de Madrid. José Durán justificó la utilización del término "expolio" para referirse a las consecuencias del traslado del Museo, pues, según dijo, hay "peligro para la integridad de algunos de los fondos" y gran parte de la colección va a quedar diseminada. Igualmente, recordó que el cambio de ubicación se realizó en contra de los dictámenes de las Reales Academias.
Tras él, tomó la palabra el ex director del Museo del Ejército de Madrid y general de Brigada de Infantería retirado Juan Antonio Sánchez, que tras hacer un repaso por la historia y orígenes del museo, aseguró que "se ha acabado con el museo de historia militar más importante del mundo".
Según explicó, gran parte de las colecciones van a perder su valor al no exponerse íntegras, sino tan sólo una selección de ellas. Entre estos casos, citó la colección de armas de fuego, de las que sólo se expondrán unas 200 en Toledo, impidiendo que se vea con la claridad del museo de Madrid la evolución histórica en la fabricación de las mismas. También se refirió a la colección Medinaceli de armaduras, compuesta por armaduras de guerra con armas largas de fuego y blancas de todo tipo –la colección del Palacio Real son armaduras de gala y para torneos, no de guerra–; o a la colección de piezas de artillería, cuatro de las cuales fueron sacadas a la calle y utilizadas para luchar contra las tropas francesas de Murat durante el levantamiento de Madrid contra los franceses en 1808.
También denunció que en 1997 se ordenó retirar la colección de banderas que había en el museo madrileño y que, desde entonces, están guardadas en unas "condiciones discutibles". En esa colección de banderas se encuentra la más antiguo que se conserva actualmente, la de la Real Hermandad, de los tiempos de los Reyes Católicos, y multitud de banderas de divisiones que se han disuelto a lo largo de la historia de España. Según dijo, estas banderas se mandaron limpiar –restaurar cada una constaba un millón de pesetas y hay más de dos mil banderas– y no se han vuelto a exponer.
Por último, denunció que muchos de los fondos del antiguo museo de Madrid se están dispersando por ayuntamientos, diputados, autonomías o universidades, dividiendo lo que era toda la colección, algo que, según dijo, "difícilmente se podrá volver a reunir". Como ejemplo de ello, puso a la espada Tizona –la del Cid Campeador– que pasó de exponerse en Madrid a ser comprada por la Junta de Castilla y León para ser expuesta en Burgos.
El último en intervenir fue el general de Brigada de Artillería retirado Antonio Marchante, quien dijo que la idea de cambiar el museo de ubicación la tomó José María Aznar asesorado por los hispanistas de la universidad de Yale Jonathan Brown y John Elliot, partiendo de "un estudio erróneo sobre la importancia del Salón de Reinos de Carlos IV, en el Palacio del Buen Retiro de Madrid", donde se encontraba el museo desde más de un siglo.
El objetivo era recuperar este salón, sacando de él el museo militar, pero la recuperación es imposible, según denunció Marchante, no sólo porque para ello habría que sacar del Museo del Prado obras de, por ejemplo, Velázquez, sino porque algunas de las obras expuestas fueron robadas por los franceses en su huida tras la Guerra de la Independencia y no han sido recuperadas.
Según informa La Razón, el Ministerio de Defensa continúa su particular cruzada para evitar que el Museo del Ejército de Toledo se salga del discurso marcado por la Ley de la Memoria Histórica.
El Museo ya acumula una larga lista de agravios por parte el ministerio, que lleva cerca de seis meses supervisando cada coma y cada punto, persiguiendo sistemáticamente todas sus actuaciones.
La última supone la censura más absoluta a los textos explicativos de la colección que recuerda la resistencia de Moscardó y sus hombres al asedio de las milicias republicanas sobre el Alcázar de Toledo. Esta colección ya fue suprimida inicialmente conforme a los criterios del Gobierno, pero los textos – especialmente los de un gráfico- han supuesto el verdadero foco de la polémica entre los responsables del ministerio y del museo.
Los textos, decían así:
"Durante la dictadura del General Primo de Rivera finalizó la guerra de Marruecos y la monarquía constitucional se transformó en una monarquía autoritaria. Con la Segunda República (...) no se consigue sentar las bases de un nuevo modelo de Ejército. Asimismo, ninguna de las dos formas de gobierno logra implantar un sistema político estable que unido a la progresiva radicalización de las opciones políticas en medio de una crisis internacional de la democracia desembocó en una guerra entre los españoles" "Con la llegada del régimen franquista, el Ejército se ajusta a la estructura de un ejército de paz".
Veinticuatro horas después de recibir los textos oficiales, el responsable de del ministerio de Defensa llamó al responsable del programa del Museo para expresarle su rechazo por la denominación de las salas, trasladándole la orden de Carmen Chacón de "revisarlas".
Después llegaron las reprimendas del subdirector de Patrimonio Histórico Artístico de Defensa, que se quejaba de que aparecieran los nombres de Franco y Primo de Rivera y no los de Martínez Campos, Prim, Espartero o Godoy. Además, subraya la sentencia "si se menciona expresamente a Franco en un texto de este tipo debería ser "porque mantuvo a España fuera de la II Guerra Mundial". El Museo descartó las modificaciones rotundamente.
La respuesta de Defensa fue tirar de la Ley de Memoria Histórica para obligar al Museo a acatar las discusiones y dejar de molestar. Les remitieron otro escrito, en el que se aseguraba, según La Razón: "no se pueden ni deben citar en textos murales como ejemplo a soldados que, por las razones que fueran, vulneraron el ordenamiento constitucional vigente en su momento. Por ello, si se quiere citar el desembarco de Alhucemas, se citará sin referencia expresa al dictador. Y esto no es censura, sino respeto y acatamiento al marco legal vigente mientras no se demuestre lo contrario".
El coronel encargado del proyecto zanjó la polémica anunciando que si finalmente se ve obligado a variar el discurso histórico "el coronel que informa solicita respetuosa, pero firmemente, ser relevado de la jefatura del equipo por negarse con los mismos respeto y firmeza a participar en la ocultación o tergiversación de la Historia".
El ministerio que dirige Chacón continúa la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en sus instalaciones. Ahora le ha llegado el turno a la fachada del Cuartel General del Aire, en el que se cubrirá con un escudo de España la placa de mármol que homenajea a Franco.
Las obras para tapar la placa de mármol que homenajea a Francisco Franco en la fachada del Cuartel General del Aire, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, comenzaron ayer lunes, según adelantó este martes la Cadena Ser y confirmó en declaraciones a Europa Press un portavoz del departamento de Defensa.
El objetivo de la obras es cubrir la citada placa con el escudo actual de España con el objetivo de cumplir el mandato de la Ley de Memoria Histórica. "Lo más complicado era colocar el andamio, porque la placa está muy alta, pero una vez terminada esa fase no se tardará mucho en concluir toda la obra", aseguraron las fuentes por Europa Press. De hecho, los técnicos esperan haber concluido todo el proceso "en unos quince o veinte días".
En cualquier caso, la situación de la placa, en lo alto de la fachada del cuartel, hizo imposible retirarla, por lo que Defensa optó por colocar una lápida encima con el escudo actual de España. Además, el epitafio "Francisco Franco. Caudillo de España" será borrado, y sólo se respetará la fecha –en cifras romanas– porque es la que señala el año de construcción del edificio. Asimismo, el Ministerio ordenó la eliminación de dos vítores franquistas –letras "v" con las que se exaltaban las victorias del bando nacional– que se encuentran en la fachada del cuartel.
Con esta intervención, el Ministerio de Defensa cumple "el 99,5 por ciento de todas las actuaciones que tenía que hacer con respecto a la Ley de Memoria Histórica en toda España", superando el millar de retiradas de homenajes o alusiones al Régimen de Franco.
Ahora, quedan pendientes tan sólo las actuaciones en algunos Bienes de Interés Cultural (BIC), para las que la propia ley reconoce que "hay que consultar con el Ministerio de Cultura para que su grupo de expertos se pronuncie sobre el futuro de esos elementos".
Me he esforzado mucho en entenderlos. He buscado y rebuscado para ver por qué alguien decide meterse a la milicia. Y no lo entiendo. No comprendo que en la sociedad de hoy una persona opte por entrar en un trabajo como este, en el que el principal requisito es obedecer a un jefe detrás de otro hasta que, con suerte, llegue a general y aún así, o peor, tendrá que estar a las órdenes del político de turno.
No me cabe en la cabeza que alguien opte por ponerse este uniforme por un mísero sueldo, cuando enfundándose el de policía municipal cobraría mucho más. Es incomprensible que un joven de provecho, en el siglo XXI, asuma valores como el sacrificio, la entrega incondicional, la obediencia, el honor, la lealtad, el silencio, la disponibilidad, la constancia, cuando el resto de la sociedad rema en la dirección opuesta.
Hay que tener mucha moral para cargar sobre los hombros de uno la responsabilidad tremenda de proteger a una sociedad que mientras duerme, toma cañas o se va de excursión ignora y menosprecia a quienes vigilan su libertad, a quienes se dejan la vida en la búsqueda de la tranquilidad de sus congéneres. Y hay que tener mucha humildad para entrar en una forma de vida en la que la ambición es la última de las prioridades, y en la que te pueden mandar al culo del mundo a cumplir una misión que nadie entiende, en la que te cambian de destino por razones de servicio y no puedes ni rechistar.
No, en realidad a quien no entiendo es a la sociedad, que desprecia a los militares porque no los comprende. A la sociedad en la que algunos aún los consideran un vestigio del franquismo, a la sociedad que es incapaz de decir «gracias» al colectivo que vela por su vida, a la misma que protesta porque el presupuesto de Defensa no vaya destinado a esa vaguedad de fines sociales que se queda en escalones burócratas. Y no entiendo a los políticos que quieren hacernos creer que los militares son un grupo de voluntarios de uniforme que se dedican a repartir caramelos por el mundo y a hacer de bomberos ocasionales. Porque al fin y al cabo, como decía Calderón de la Barca, «aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados; que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres
LOS efectos indirectos de la crisis económica alcanzan también a las Fuerzas Armadas, que cubren ahora con holgura sus necesidades de personal. Los datos que hoy publica ABC reflejan que existen cerca de cinco solicitudes por plaza, lo que permite consolidar un Ejército profesional a la altura de las exigencias de la Defensa nacional. Es evidente que el prestigio de la profesión castrense, reforzado por el desarrollo de las misiones en el exterior, supone un aliciente importante. También lo es, por supuesto, que en tiempos de crisis la seguridad en el empleo y la posibilidad de una formación útil atraen a muchos aspirantes, más allá de los viejos tópicos antimilitaristas. La incorporación de mujeres y de inmigrantes permite además ampliar el número de candidatos para superar de una vez la imagen -falsamente progresista- según la cual la vida militar es poco atractiva en una sociedad moderna. Estamos ante una buena oportunidad que debería ser aprovechada a través de una política razonable de incentivos económicos y de expectativas profesionales. En efecto, cuando hay mucho donde elegir, es posible elevar el nivel de calidad porque la competencia permite seleccionar a los mejores. En particular, la Armada y el Ejército del Aire pueden beneficiarse de un perfil singular de determinados aspirantes con conocimientos técnicos que resultan especialmente útiles.
La sociedad española reconoce la labor muy positiva de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento ejemplar de las funciones que les atribuye la Constitución y se muestra orgullosa de la imagen que ofrecen en las misiones desarrolladas fuera de nuestras fronteras, a la altura de los mejores Ejércitos del mundo. En este contexto, el departamento que dirige Carme Chacón ha de seguir aprovechando la oportunidad que plantea la situación económica para seleccionar a los candidatos más adecuados y ofrecer una carrera atractiva. Las recientes reformas en el terreno de la enseñanza militar apuntan en la dirección adecuada y la futura Ley de Derechos y Obligaciones de los Militares debe seguir una línea basada en el consenso parlamentario y en los principios de profesionalidad y eficacia propios del desafío que afrontan las Fuerzas Armadas en el siglo XXI.
El Ministerio de Defensa aún no se ha puesto en contacto con las asociaciones de militares para explicarles la ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, según anunciaron ayer los portavoces de la Asociación de Militares Españoles (AME) y de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). El presidente de la AME, Leopoldo Muñoz, y el secretario general de la AUME, Mariano Casado, aseguraron que el ente público aún no les ha avanzado el contenido de dicha ley, que completará la de Carrera Militar y cuyos trabajos preparatorios fueron anunciados por la titular del Ministerio Defensa, Carme Chacón, el pasado 6 de enero.
Por su parte, el secretario general de la AME, José María Pairet, aseguró que el Ejecutivo pretender crear «asociaciones tuteladas por los sindicatos para actuar dentro del cuartel», al mismo tiempo que denunció que el Gobierno quiere «hacer trampas» para justificar la implantación de un Observatorio y un Consejo Asesor.
Militares «domesticados»
Asimismo, el secretario general de la AME denunció que entre los planes del Ejecutivo también se encuentra sustituir las actuales asociaciones «libres e independientes» por organizaciones «domesticadas y limitadas al servicio del partido», informa Servimedia.
Sin embargo, fuentes de la AUME aseguraron que «ni por asomo» va a haber una tutela por parte de algún sindicato, al mismo tiempo que manifestaron su aprobación a las «pinceladas que han trascendido» sobre la normativa. «Queremos una asociación profesional y las asociaciones profesionales no tienen derecho a manifestarse públicamente ni a actuar de forma colectiva a favor de sus intereses», señalaron.
Menos de una semana después de que la ministra de Defensa anunciase en la Pascua Militar su intención de sacar adelante la ley de Derechos de los militares, eso sí, con la condición de que hubiese un amplio consenso parlamentario, Carmen Chacón inició este miércoles su primera ronda de contactos con algunos de los portavoces de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
Estas reuniones, que en todos los casos sobrepasaron la hora de duración, se iniciaron primero con un encuentro a solas entre el portavoz de turno y la ministra, y continuaron con la entrada en la sala de los técnicos del ministerio de Defensa, los mismos que llevarían seis meses trabajando en el borrador de la ley. Precisamente, ese supuesto borrador no estuvo presente durante estos encuentros, en los que tan sólo se entregó a los representantes políticos un documento en el que se esbozaba brevemente en qué consistía este borrador.
a futura ley, según los datos recabados por Libertad Digital, tiene como marco principal de trabajo la sentencia del Tribunal Constitucional 2001, de 31 de octubre, que reconocía el derecho de asociación de los militares para defender sus derechos profesionales, aunque eliminando el derecho de huelga, de conflicto colectiva y de negociación colectiva.
El borrador estaría dividido en tres partes. En la primera, se desarrollaría el ejercicio de los derechos y deberes de los militares, tanto fundamentales como profesionales. Obviamente, regularía todos los derechos y deberes salvo las tres excepciones que marcaba la sentencia del TC.
La segunda parte del borrador, regularía el derecho al asociacionismo profesional en las Fuerzas Armadas. Se crearía un Consejo Asesor, órgano de participación de las asociaciaciones, en el que también habría representantes del ministerio. La gran incógnita de este órgano sería cómo estarían representadas las asociaciones militares o qué método se utilizaría para determinar la representatividad de cada una, puesto que el ministerio de Defensa tiene claro que bajo ningún concepto permitirá que haya elecciones en los cuarteles.
La tercera parte del borrador de la ley sería la encargada de desarrollar la creación y funcionamiento del Observatorio de la Vida Militar. Los técnicos de Defensa están trabajando en un órgano conformado por siete personas de reconocida solvencia profesional seleccionadas por la Cámara Baja, aunque son todavía muchas las dudas sobre cómo desempeñarían su trabajo y qué carga de trabajo tendrían.
La portavoz del PP en la Comisión de Defensa, Beatriz Rodríguez Salmones, mostró su esperanza, en declaraciones a Libertad Digital, en que la futura ley "se haga pensando en que tiene que servir para los próximos veinte o veinticinco años, y no hasta el próximo cambio de Gobierno" y señaló que la ministra le expuso que si la ley no tiene el consenso mínimo, al menos entre los dos partidos con posibilidades de gobernar, Defensa no la llevará siquiera hasta el Consejo de Ministros.
La dirigente popular destacó como una posible fuente importante de conflictos en la próxima ley la cuantificación de la representatividad de cada asociación profesional, y avanzó que su formación política propondrá que el Observatorio de la Vida Militar presente un informe anual y esté dotado de un cuerpo de técnicos de apoyo.
Por su parte, desde CiU, aseguraron a este periódico que el encuentro de su portavoz en materia de Defensa, Jordi Xuclá, con la ministra de Defensa fue "distendida y cordial" y destacaron que era el "primer encuentro" para afrontar la futura Ley de Derechos, por lo que todavía hay "mucho recorrido".
Con el objetivo de aprobar antes de que finalice el año 2010 la futura Ley de Derechos de los militares, la ministra de Defensa se puso ayer miércoles manos a la obra y se entrevistó con los portavoces en la comisión del ramo de los partidos de la oposición. Tras estos encuentros, iniciará en fechas aún no concretadas reuniones con representantes de las principales asociaciones de militares.
En estas entrevistas, Carmen Chacón no entregó a los responsables políticos el borrador que durante seis meses elaboraron los técnicos de su ministerio, sino un documento de cinco página bajo el título "Líneas básicas de la futura Ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas", cuyo contenido ya había sido adelantado en parte por este periódico.
El documento, fechado en enero de 2010 y a cuyo contenido íntegro accedió este jueves Libertad Digital, comienza con un apartado cero o de antecedentes, en el que se expresa en sus primeras líneas que "la sentencia del Tribunal Constitucional 219/2001, de 31 de octubre, reconoce el derecho de asociaciones militares". Tras esto, recuerda que dicha sentencia pone límites a los derechos de estas asociaciones profesionales conformadas por militares.
Añade que la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional dispone la creación de un Observatorio de la vida militar y su disposición tercera prevé la elaboración de un ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales.
Asimismo, recuerda que la Ley de Carrera militar, que ha hecho que miles de militares presenten recursos contra la misma y que provocó la primera manifestación de miembros de la Fuerzas Armadas de la democracia, dice en su articulado que será completada por medio de una Ley Orgánica de derechos y deberes de los militares.
Los objetivos y las asociaciones
En el siguiente apartado del documento, el equipo de Carmen Chacón destaca los seis objetivos fundamentales de la nueva ley: "establecer el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares"; "completar el estatuto del militar una vez aprobada la Ley de carrera militar y las Reales Ordenanzas de 2009"; "actualizar los preceptos aún vigentes de la Ley de Reales Ordenanzas de 1978"; "regular los derechos de carácter profesional y de protección social, sobre la base de los áun vigentes, de la Ley 17/99, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas"; "dar cumplimento al mandato de creación del Observatorio de la vida militar"; y "culminar el ciclo de transformación, modernización y plena integración constitucional de las Fuerzas Armadas iniciado hace tres décadas".
El punto número dos y tercero del documento trata sobre la regulación de las asociaciones militares. Según se afirma en él, la nueva ley debe recoger "la constitucionalidad del derecho de asociación con los límites de no incluir la acción sindical, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional"; "establecer un régimen jurídico propio de las asociaciones militares para la defensa de sus intereses profesionales, creando para ello un registro único de este tipo de asociaciones y unos requisitos mínimos que deben cumplir sus estatutos"; "la regulación de la relación del ministerio de Defensa con las asociaciones a través del Consejo de Personal, que actuaria como órgano de intermediación"; y "se establecen como facultades o formas de participación de las asociaciones: la realización de propuesta a través del Consejo de Personal, la emisión de informes en el proceso de elaboración de proyectos normativos que afecten al régimen de personal, y recibir información de los órganos competentes del ministerio de Defensa sobre régimen de personal y protección social"
El Consejo de Personal y Observatorio de la vida militar
El lo que al futuro Consejo de Personal se refiere, el documento elaborado por los técnicos de Defensa dice que se establece como el "órgano de intermediación entre la Administración y las asociaciones militares" y dice que éste funcionaría "tanto en pleno, como por comisiones, que serán cuatro (una por cada Ejército y otra para los Cuerpos Comunes)".
Así, dice que formarán parte del Consejo de Personal "los responsables de personal del ministerio de Defensa y de los Cuarteles Generales, que también participarán en las distintas comisiones" y añade que "tendrá un número de miembros que garantice su funcionalidad", con representación de las asociaciones militares –no dice cómo se calculará esta representatividad y Defensa no contempla elecciones en los cuarteles– y con participantes de las tres categorías militares (oficiales, suboficales y de tropa y marinería).
Por último, se trata lo relativo al Observatorio de la vida militar, cuya creación vuelve a justificarse en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. El mismo estaría conformado por siete personas que serían designados por el Congreso de los Diputados por un periodo de cinco años.
Las funciones básicas y criterios de funcionamiento de este órgano serían "realizar análisis y estudios sobre la vida militar (régimen de personal y condiciones de vida), además de un informe anual que remitirá al Parlamento" y "recibir información general e individualizada de los asuntos relacionados con la vida militar y entorno familiar y social de los militares".
En cuanto a los siete componentes que se proponen para conformarlo, el documento estima que debería estar compuesto por "miembros destacados de los distintos ámbitos sociales para proporcionarle una amplia representatividad, sensibilidad social e independencia", siendo "retirados o en situación de reserva" si son militares. Además, el Observatorio tendría "un órgano de apoyo técnico dependiente administrativamente del Ministerio de Defensa".
La sede central de Unión Progreso y Democracia, ubicada en las cercanías del Congreso de los Diputados, fue el escenario este jueves del encuentro entre esta formación política y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Durante algo más de una hora estuvieron reunidos Rosa Díez y Francisco García, responsable de Defensa del partido, con el brigada Jorge Bravo y Mariano Casado, presidente y secretario general de AUME, respectivamente.
Tras el encuentro, la única diputada de UPyD apostó por la participación, desde el primer momento, de las asociaciones militares en la elaboración de la ley que, según dijo, "tiene que estar a la altura de lo que se dice el Ejército español: que es moderno, ejemplar y para estar orgullosos de él. Una ley que nuestro Ejército merezca y que sea homologable con las leyes que rigen los ejércitos de nuestro entorno y que esté a la altura del siglo XXI".
Díez instó al Gobierno y al resto de formaciones política a "ser atrevidos" para redactar una ley que sea "homologable" a la que hay en el resto de países europeos y "no volver a fracasar, como en la mala Ley de la Carrera Militar".
Del mismo modo, tras resaltar la coincidencia del encuentro UPyD-AUME con la apertura de una ronda de conversaciones sobre esta ley por parte de la ministra de Defensa, se mostró dispuesta a reunirse con otras asociaciones profesionales de militares, aunque eso sí, reconoció que, por ahora, no tienen todavía cita con ninguna de ellas.
El presidente de AUME señaló que, desde hace meses, no se hace mas que anunciar la nueva ley de derechos, pero todavía se sabe poco.Tras esto, señaló que "el documento parece bastante abierto, aunque ya hay restricciones. Sabemos que hay un escollo importante en el tema de la representatividad, por la reticencias de Defensa a las elecciones dentro de los cuarteles, pero lo consideramos necesario para que haya una verdadera representatividad de las asociaciones", aseguró.
El brigada Jorge Bravo detalló asimismo la hoja de ruta elaborada por su asociación con los "principios esenciales" que debería incluir la ley, como el reconocimiento de los derechos de los militares, no permitir que sea un ley de mínimos, elecciones en los cuarteles para decidir la representatividad de cada asociación, un estatus especial para los miembros del Consejo para que se puedan mover con libertad por los cuarteles, favorecer la relación informativa entre militares y asociaciones o crear un nuevo régimen disciplinario.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la Asociación de Militares Españoles (AME) afirmó este jueves que los primeros datos que se conocen sobre la futura ley de derechos de los militares indican que la ley va camino de ser inconstitucional al "incumplir" y "sobrepasar" la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho de los militares a la asociación.
Según argumenta, la sentencia 219/2001, de 31 de octubre, en amparo a Hepermisa (actualmente AME), ordenaba su inscripción y el reconocimiento del derecho de asociación "de conformidad con el artículo 22 de la Constitución y en contraposición con el artículo 28 del derecho de sindicación". Así, daba vía libre a la configuración de asociaciones "libres, independientes, y neutrales en campo sindical y en el de los partidos políticos".
Pero, según la asociación, el camino que va tomando la ley de derechos se encamina a la configuración de asociaciones "tuteladas y con convenios con los sindicatos, con la pretensión de actuar dentro del cuartel, con la manifestación de llegar a ser sindicatos, para la satisfacción de sus intereses".
Por ello, denunciaron que la nueva ley va camino de convertirse en inconstitucional, "incumpliendo" y "sobrepasando" aquella sentencia de 2001 del Alto Tribunal que amparó a Herpermisa-AME.
El Ministerio de Defensa prosigue su tarea de «limpieza» de los restos de elementos que recuerden al régimen anterior o a militares que de uno u otro modo pudieran tener vinculación con el mismo. Las órdenes que el departamento que dirige Carme Chacón transmitió a los ejércitos fueron hacer inventario y eliminar aquellas placas, escudos y esculturas que estén afectadas por la Ley de Memoria Histórica. Y en ello están. Si la semana pasada el Cuartel General del Aire, en Madrid, perdía la placa que lucía en lo más alto de su fachada principal en recuerdo de Franco, ayer se repetía la escena en el Palacio de la Capitanía de Burgos.
A primera hora de la mañana, operarios municipales comenzaron a retirar las placas que figuraban en la fachada de este edificio en recuerdo de Francisco Franco y de Emilio Mola, que fueron sustituidas por otras en las que se recuerda la historia del inmueble y los usos que se le ha dado. Ambas fueron cubiertas con sendos cristales para protegerlas.
La subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio, se limitó a recordar que esa actuación respondía a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a quitar de los edificios públicos cualquier simbología que tenga relación con el régimen franquista. Esta norma tiene excepciones, como por ejemplo la imposibilidad de quitar un elemento que forme parte de la estructura del edificio o que tenga un alto valor artístico.
«Un héroe de la cooperación»
La subdelegada del Gobierno también señaló que esta retirada de símbolos del Palacio de la Capitanía sigue la senda «de las decisiones que en los últimos meses ha ido tomando el Ministerio de Defensa en este sentido
Estas decisiones han implicado en primer lugar la exclusión de la colección del Museo del Ejército de todo lo referente al general Moscardó, pese a que la sede de la exposición es el edificio que el susodicho defendió durante la guerra cosechando un notable éxito militar. Después, ordenó retirar las placas que ejércitos de varios países habían dedicado en el lugar «a los héroes del Alcázar». Más tarde, se suprimió la citada placa del Cuartel General del Aire.
Retirada de nueve laureados
La última actuación y quizá la más sensible por la naturaleza de los implicados ha sido la orden de retirada de los nombres de nueve laureados del callejero de los cuarteles del Ejército. Entre ellos figuran el general Varela, bilaureado en los años 20 y condecorado por Alfonso XIII, o el soldado de la División Azul Ponte Anido, que murió para evitar el ataque de un carro de combate ruso contra un hospital de campaña de la retaguardia en Krasni Bor. Las actuaciones continuarán, siguiendo las instrucciones emitidas por el Ministerio de Defensa en aras de cumplir la Ley de Memoria Histórica.
Cuatro actuaciones
1/ Museo del ejército: Elimina la colección del asedio republicano a las tropas de Moscardó en el Alcázar de Toledo y las placas en homenaje a «los héroes».
2/ C. General del Aire: Defensa borra la placa en recuerdo de Franco que luce el edificio en lo alto de su fachada principal y le incorpora un escudo actual.
3/ Laureados: Ordena quitar los nombres de nueve militares que obtuvieron la Cruz Laureada pese a que se les concedió por hechos heróicos.
4/ Burgos: Sustituye del Palacio de la Capitanía de la capital burgalesa las placas en memoria de Mola y Franco por otras sobre el edificio.
¿Qué pensarán los militares del actual JEMAD, que no entra en el debate sobre la naturaleza de la misión de los efectivos españoles en Afganistán u que afirma que hay regresar cuanto antes de aquel país aunque primero mandemos más soldados?
Comienza el nuevo año, también para las Fuerzas Armadas. Con la celebración de la Pascua Militar se inauguró el presente curso. Una fiesta que antaño fue puramente castrense –una reunión del Rey, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, con una representación de los tres Ejércitos– y que se ha ido convirtiendo en un acto político donde priman la voz –y hasta la vestimenta– del Gobierno y sus representantes. Hoy en día es un político, en este caso la ministra de Defensa, quien en nombre de los militares se dirige al jefe de las Fuerzas Armadas.
Carmen Chacón hizo un balance del año y aventuró las acciones e intenciones políticas para el próximo, llegando incluso a exigir el consenso parlamentario para la nueva Ley de Derechos y Deberes, que dicho sea de paso anuncia por enésima vez. Una regañina que todos han coincidido en que podía habérsela ahorrado para otros ámbitos de actuación como son el Congreso y el Senado. Un discurso el de la ministra que no fue si no un síntoma más de la creciente politización de las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno socialista.
Este peligroso proceso fue acelerado ya en su día por Bono y Alonso con el cese de algún que otro general como prueba de fuerza, y en un claro intento a lo largo de sus mandatos de buscar la "sintonía" política con mando militar. De ahí el triunfo de los generales y almirantes "políticos", vinculados al PSOE. Véase el servilismo exhibido por el anterior JEMAD, el general Félix Sanz Roldán.
Es natural que el poder político tenga la última palabra a la hora de decidir sobre la elección del JEMAD y asigne esa responsabilidad a alguien que merezca su plena confianza. Pero no hay que dejar de lado su imagen ante el resto de la institución. Toda la cúpula militar, así como su credibilidad y confianza, es un referente para los ciudadanos de uniforme. ¿Qué pensarán los militares del actual JEMAD, que no entra en el debate sobre la naturaleza de la misión de los efectivos españoles en Afganistán, que afirma que hay regresar cuanto antes de aquel país aunque primero mandemos más soldados, y que responde con evasivas ante cuestiones delicadas como el secuestro del Alakrana?
Nadie le pide que entre en disquisiciones políticas que por lógica corresponden a los políticos, ni que lance críticas contra la máxima autoridad civil. Pero se espera algo más del que se reputa único asesor militar del Gobierno, el último escalón en el proceso de toma de decisiones de carácter operativo y –se supone– dentro de la organización militar.
Con este panorama, con falsas promesas y politización, con los recursos interpuestos contra la ley de la Carrera Militar, con el escaso presupuesto de Defensa, y con la celebración de la fiesta de la Pascua Militar damos por inaugurado el nuevo año para las Fuerzas Armadas. Podemos asegurar que dentro de un año serán menos fuerzas y menos armadas.
Dos días después de que la ministra de Defensa, Carmen Chacón, hiciera públicas las primeras pinceladas sobre la futura Ley de Derechos de los militares, siguen llegando las aportaciones de las asociaciones militares sobre cómo y hacia dónde debería encaminarse la nueva norma.
Este viernes fue el turno de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que el pasado mes de diciembre sacara a más de tres mil militares a la calle para protestar por los efectos de la Ley de Carrera Militar y reivindicar la Ley de Derechos frente a la sede del ministerio de Defensa.
Su secretario general, Mariano Casado, reivindicó que sean los militares de todos los cuarteles los que decidan mediante sufragio universal a sus representantes en el Consejo, entre personal que esté en activo, y no entre personal en reserva o retirado. "El Consejo se elige ahora a dedo, el único sistema válido sería a través de elecciones en las unidades, lo que no afecta a la disciplina. ¿Cómo se elegiría si no la representatividad de cada asociación?", se preguntó.
En lo que al futuro Observatorio de la Vida Militar se refiere, exigió que sea un órgano independiente que dependa del Congreso de los Diputados y no del Ministerio de Defensa, "para que tenga capacidad real" y lo comparó con una institución como la del Defensor del Pueblo. "No queremos que sea como el Observatorio de la mujer, sin presupuesto y donde las militares que lo componen son elegidas a dedo", dijo.
Casado denunció la "falta de transparencia" con la que, hasta ahora, estaría trabajando el ministerio esta nueva ley y reivindicó la participación de las asociaciones militares en la elaboración de la misma. Tras esto, mostró la disposición de AUME a entrevistarse tanto con los responsables del ministerio de Defensa como con los grupos parlamentarios.
Del mismo modo, criticó el "exceso de protagonismo" que la ministra de Defensa dio a la necesidad de que hubiese un amplio consenso parlamentario para llevar la ley adelante. Tras mostrar su preocupación por la posibilidad de que ese consenso "sea una escusa para poder eternizar" la aprobación de la ley, se preguntó "cómo se mide ese consenso".
Las palabras de la ministra de Defensa sobre los dos temas más calientes para las asociaciones de militares, la Ley de Carrera Militar y la de Derechos, no ha gustado en el seno de las mismas. Suspenden a las ministra en sus primeras valoraciones de la Pascua Militar.
En declaraciones a Libertad Digital, el secretario de la Asociación Militares Españoles (AME), José María Pairet, aseguró que la Ley de Derechos "era una ocasión ideal para hacer una cosa bien hecha y, por desgracia, se están recreando en cosas del siglo XX. Estamos peleando por instaurar un asociacionismo moderno y quiere hacer una especie de para-sindicalismo asociado a los partidos políticos".
Recordó las palabras de Chacón del jueves –"la condición de ciudadano no puede detenerse a la puerta de los cuarteles"– y aseguró que "dentro del cuartel no hay democracia, hay disciplina y orden, para defender la democracia. En vez de pseudo-sindicatos, a los que les falta sus señas de identidad, como el derecho a huelga, queremos el sistema norteamericano, que las asociaciones de militares funcionen como grupo de interes o lobby, libre de la influencia de los partidos. Dentro del cuartel, disciplina, fuera del cuartel, defensa de los intereses de los militares. Si hay una anomalía, el abogado de la asociación defiende en los tribunales al militar afectado. En Estados Unidos, la asociación principal la suele presidir un ex secretario de Estado de Defensa retirado, y les funciona este sistema".
Así, recordó que AME ya entregó un borrador de su propuesta de Ley de Derechos al Gobierno, al ministerio de Defensa y a los principales partidos, pero, según dijo, "parece que prefieren pseudo-sindicatos dentro de los cuarteles, que buscan una ley que conviene a los políticos y no a los militares".
Las críticas también llegaron desde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Su secretario general, Mariano Casado, afirmó a este diario que han pasado de una visión "inicialmente positiva, al ver que parecía que salía adelante la Ley de Derechos, a las discrepancias". "Se habla de la creación de un Consejo de Personal en el que sus miembros no se elegirían de forma democrática y que además, los miembros que los compondrían no podrían estar en activo, sólo en situación de reserva o retiro", criticó.
Sobre la Ley de Carrera Militar, aseguró que el tema "no está cerrado" y recordó que hace menos de un mes que su asociación consiguió que más de tres mil militares se manifestaran frente al ministerio de Defensa en protesta por esta ley. "Si creen que está cerrado, les traerá más problemas".
Del mismo modo, avanzó que AUME presentará este viernes a los medios de comunicación su postura sobre la furura Ley de Derechos y Deberes de una forma más extensa, momento que aprovecharán para solicitar a Defensa que se les permita participar en el debate sobre la nueva ley.
Por último, el Colectivo Independiente de Militares para la Democracia aseguró que "ni las Reales Ordenanzas, ni la Constitución Española, establecen límites a la elección de los representantes en las Asociaciones Militares, por lo que cualquier limitación imponiendo a éstas la representación en las Juntas Directivas, desnaturaliza a las asociaciones y las convierte en patronatos".
Según consideran, el ministerio de Defensa, "en su interés en imponer restricciones al derecho de asociación militar, entraría en la generación de un falso problema, pues los militares pueden crear cualquier tipo de asociación, y no tendrían que darla de alta en Defensa, salvo que aspiraran a recibir subvenciones de ese ministerio".
"Es paradójico que el Gobierno trate de imponer a las asociaciones militares los directivos, sólo equiptarable a las asociaciones de menores de edad, una demostración de la falta de sensibilidad del partido en el gobierno, en continuar con los errores de la derecha", concluyeron.
En el Palacio de Oriente y en todas las Capitanías se ultimaban detalles, se verificaban micrófonos y focos, se comprobaban listados de protocolo, se repasaban, incluso se memorizaban, las palabras que debían pronunciarse a mediodía añadiendo o suprimiendo alguna expresión «aconsejada» en un fax de última hora, cuando en Menorca a las nueve y media de la mañana de ayer, el Comandante General de Baleares, General Estaún, presidía en nombre de S.M. El Rey el acto conmemorativo de la Pascua Militar.
Madrugó la balear menor, como madruga el primer sol que le llega de oriente, y se conmemora en ella la Pascua –sin ser Capitanía– por razones históricas que bien conoce el lector.
La instituyó el rey Carlos III en 1782 «como expresión de júbilo por la recuperación de Menorca del poder de los ingleses y de regocijo por las ilusionadas esperanzas de recuperar el Peñón de Gibraltar». Menorca había sido conquistada tras seis meses de duro asedio al castillo de San Felipe en la entrada del puerto de Mahón, último bastión en el que resistieron las tropas inglesas del general James Murray.
Siempre sintió el Rey Ilustrado que la Guerra de Sucesión y la consolidación de la Casa de Borbón con Felipe V habían tenido un coste excesivo para nuestro país, constituyendo para él una permanente obsesión, la recuperación las dos importantes plazas. El «regocijo» de Gibraltar quedó –y sigue quedando– en ilusionada esperanza y el «júbilo por Menorca» sufrió un tercer traspiés en 1798, cuando los ingleses ocuparon nuevamente la isla. Sería la Paz de Amiens (1802) la que la reintegraría definitivamente a España.
Pero ni el sol naciente ni James Murray tuvieron nada que ver con la temprana hora menorquina. La razón es más sencilla. El Comandante General de Baleares, desdoblándose, debía presidir el acto en Palma a las doce, tras haberlo hecho antes en Mahón en el que fue palacio de los gobernadores ingleses, ubicado en un extremo de la muralla que protegió la plaza durante siglos. Desde 1287, Menorca tenía Gobernador o Comandante Militar. Los tiempos cambian y la historia y la tradición pesan menos aquí que el presupuesto y la orgánica.
Pero, volvamos a la Real Orden de Carlos III, cuando señala que: «el Rey de las Españas queriendo dar a los Ejércitos una muestra de su real aprecio ordenó a los Virreyes, Capitanes Generales, Gobernadores y Comandantes Militares, reuniesen a las guarniciones y presidios y notificasen a sus mandos, para que éstos lo hiciesen llegar después a las tropas, su regia felicitación».
Por supuesto, la conmemoración ha evolucionado, con retoques importantes incorporados en tiempos de nuestra Transición política. Pero hoy, iniciada la segunda década del siglo XXI, creo merece una ponderada reflexión.
La conmemoración de la Pascua Militar se ha convertido en una especie de «reapertura de curso político» recién iniciado el año y tras el parón informativo de la Navidad. En ella encuentran especial eco las declaraciones de intenciones políticas –algunas positivas, como la búsqueda del consenso parlamentario, pero también se da más importancia a vestimentas, gestos, presencias y ausencias, que a las palabras del Rey como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas (Artº 62 de la Constitución) siempre próximas al verdadero espíritu de la conmemoración.
No. Desde luego no pido que aprovechemos el día para reivindicar Gibraltar, borrón en la cuenta del reinado de Carlos III, ni es necesario proclamar la españolidad de la Menorca conquistada –a golpe de bloqueo naval, fuego de artillería , tren de sitio y asalto– hace doscientos y pico de años, por los 12.000 soldados que mandaba el duque de Crillón.
Me refiero al concepto de «hacer llegar a los mandos, para que éstos hagan llegar a las tropas la regia felicitación».
No es que los mandos y las tropas necesiten una felicitación periódica. Saben de sobra lo que piensa y siente su Rey.
Lo que debe reconsiderarse, en mi opinión, es si es necesario un intermediador protagonismo político, más dirigido a los partidos y a los medios de comunicación que a los miembros de las Fuerzas Armadas, que han acudido con sus mejores galas al Palacio de Oriente o a cualquier capitanía a recibir la «regia felicitación». Ya tienen los partidos políticos sus propios y necesarios ámbitos de actuación, esencialmente en las comparecencias en las comisiones y plenos del Congreso y del Senado.
Porque los miembros de las Fuerzas Armadas, mientras escuchan discursos correctos políticamente, preparados por bien dotados gabinetes, vertebrados con halagadoras promesas, en su callado fuero interno sienten con preocupación la manipulación partidista de sus ordenanzas –las que les legó precisamente Carlos III– ; piensan que se les cierran y dispersan colecciones en el museo militar de Barcelona o se pretende manosear la Historia en el de Toledo; piensan que otros partidos les reprenden por izar la Bandera española en el Monte Gorbea o les obligan a borrar el lema «a España servir hasta morir» de la Academia de Tremp, allá por el norte de Lérida; piensan en cómo se confunde la respetuosa lealtad con la sumisión; piensan en los reiterados recortes presupuestarios justificados siempre por un «reducir para estar mejor dotados»; piensan en las peligrosísimas reformas de su sistema de enseñanza que tan buenos profesionales ha proporcionado hasta hoy; piensan en los cientos de recursos interpuestos contra la ley de la Carrera Militar.
Por supuesto, piensan en sus compañeros de armas que les dejaron o que sirven en tierras extrañas y valoran positivamente el que nadie, ayer, les negase un sincero reconocimiento.
Creo que los miembros de las Fuerzas Armadas no merecen este «estar sin sentir». Si se les encuestase seriamente, imagino su respuesta.
No necesitan esta «expresión de júbilo». Saben de sobra lo que sienten sus Reyes y su sociedad por ellos.
Les basta. Les basta, porque su mayor satisfacción la encuentran en el cumplimiento callado, serio, estricto, a veces sufrido o incomprendido, de su deber como soldados. Les sobra con saber que sirven a su Patria, aquí o en tierra extraña.
En su discurso durante la celebración de la Pascua Militar, ante su Majestad el Rey, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, justificó este miércoles el aumento de las tropas españolas desplegadas en Afganistán –a finales del presente mes el Ejecutivo pedirá permiso al Congreso para enviar otros 511 militares– porque, según dijo, no se puede permitir que el país asiático se vuelva a convertir en un "santuario del terrorismo yihadista" e, incluso, pueda arrastrar consigo a países vecinos como Pakistán, del que recordó que tiene entre sus armas la bomba atómica.
Como ya había hecho en anteriores ocasiones, sobre todo en sus comparecencias ante la comisión de Defensa del Congreso, recordó que la misión afgana es la "más dura, compleja y arriesgada que nunca hayan hecho nuestras tropas en estos veinte años" de misiones en el exterior, aunque recordó que es necesaria para la seguridad de la comunidad internacional, y que este aumento de tropas se debe a la nueva táctica de la OTAN en el país, llevar a cabo un esfuerzo mayor para, a la vez que se intenta terminar de expulsar a los talibanes y reconstruir el país, poder dotar a los afganos de un ejército y una policía que pueda controlar el país sin la ayuda internacional.
Chacón elogió la actuación que han tenido las tropas españolas en las distintas misiones en el exterior en las que han participado y se refirió a algunos de los principales retos que a los que tendrán que enfrentarse en el nuevo año.
Tras recordar las casi dos décadas de presencia militar española en los Balcanes, defendido el repliegue de las tropas que había en la autoproclamada independiente región serbia de Kosovo y anunció la reducción progresiva de la presencia española en Bosnia-Herzegovina. Asimismo, aplaudió la misión desarrollada en Chad, donde se ayudó a los desplazados por las crisis humanitaria desatada en la región sudanesa de Darfur.
Entre estos nuevos retos, destacó que, por primera vez, un oficial español, el general Alberto Asarta, asumirá el mando de un misión de las Naciones Unidas, en este caso, la que se está desarrollando en Líbano. Asimismo, adelantó la necesidad de amplicar los cometidos de la operación Atlanta, que lucha contra la piratería en el Cuerno de África, frente a las costas de Somalia.
Por último, la ministra, como no podía ser de otro modo, se acordó también de los militares españoles caídos en servicio y de las víctimas del terrorismo. Mención especial tuvo el cabo canario Cristo Ancor Cabello, fallecido en un
DE acuerdo con una arraigada tradición, el acto solemne de la Pascua Militar supone el comienzo del año para la actividad oficial de las instituciones del Estado. En su discurso de ayer, Don Juan Carlos recordó la nueva realidad internacional, que exige hacer frente a «amenazas complejas e inciertas», lo que requiere, como es lógico, determinación política para dotar a las Fuerzas Armadas de los medios necesarios y lograr una mayor eficacia en la acción exterior. Son reflexiones muy acertadas a la vista del actual panorama internacional y enlazan, sin duda, con el reconocimiento de la sociedad española hacia el cumplimiento ejemplar por parte de los Ejércitos de las funciones que tienen a su cargo, de acuerdo con la Constitución y las leyes. En especial, los ciudadanos muestran su orgullo por la imagen de España que transmiten nuestras misiones militares en el exterior, modelo de profesionalidad y en ocasiones de heroísmo. El Gobierno es responsable del desarrollo de una política de defensa a la altura de las circunstancias. Sin embargo, las máximas instancias políticas del departamento mantienen por desgracia un discurso lastrado por criterios ideológicos. Ayer mismo, Carme Chacón reconocía la dureza de la situación en Afganistán, pero la ministra -en línea con Rodríguez Zapatero- sigue sin admitir que allí se libra una verdadera guerra contra el terrorismo. Para que las cosas salgan bien, lo primero es llamarlas por su nombre y no utilizar eufemismos que a estas alturas no engañan a nadie.
En este sentido, los recortes presupuestarios en Defensa y la normativa sobre la carrera militar crean dudas fundadas sobre la gestión de una ministra cuya retórica no siempre se corresponde con la realidad implacable de los hechos. Carme Chacón anunció ante las más altas instituciones del Estado y de las Fuerzas Armadas que no habrá ley sobre los derechos y obligaciones de los militares hasta que no exista consenso parlamentario. Hay que tomar buena nota de una promesa formulada en ocasión tan solemne, porque estamos ante un asunto de Estado y en este terreno tan sensible no se puede legislar a base de maniobras y alianzas coyunturales, como acostumbra a realizar el Grupo Socialista en los últimos tiempos.
Los resultados de la encuesta no dejan lugar a dudas: la mayoría de la sociedad española no respalda la decisión del presidente del Gobierno de contentar a Barack Obama incrementando el número de tropas en Afganistán, a partir de 2010.
El rechazo está generalizado en todas las edades y tendencias políticas, ya que Zapatero ni siquiera recaba apoyo entre sus propios votantes. Además, según los resultados de Sigma Dos para El Mundo, las opiniones contrarias están ampliamente fundamentadas, porque la mayoría de los encuestados ha manifestado una opinión y sólo un 4,4% rechazó opinar sobre el asunto, cifra reveladoramente baja.
El pobre respaldo de la sociedad contrasta con el elevadísimo riesgo para las tropas españolas y el importante gasto económico para el Estado, que actualmente lleva gastados más de 365 millones de euros.A tenor de los resultados obtenidos, pocos están convencidos por el argumento de la "misión de paz".
A pesar de todo, continúa habiendo un 25.9% de los españoles que no manifiesta una postura clara sobre el asunto, y solo admite que le parece "regular". Por el contrario, casi la mitad de la sociedad española (un 47,7 %) consideran mala o muy mala la decisión de aumentar las tropas.
El Jemad, general Julio Rodríguez, ya nos sorprendió hace cuatro meses con su despiste sobre la guerra de Afganistán en una entrevista en Cuatro. Entonces, el jefe de la cúpula militar no supo precisar si nuestros soldados estaban o no estaban en guerra en Afganistán. Que volviera a exhibir su mayúsculo despiste precisamente ayer, el día de la Pascua Militar, en una entrevista en «El País», es doblemente significativo. Porque el general aún no sabe, no contesta, si aquello es o no es una misión de guerra.
Lo que sitúa a nuestro Jemad al nivel de un jefe de la cúpula policial incompetente para determinar lo que es o no es terrorismo, o de un médico incapaz de distinguir la enfermedad o de un meteorólogo una tormenta. Y no se me ocurre forma menos deseable de «afrontar amenazas complejas e inciertas» o de «potenciar la conciencia y la cultura de seguridad y defensa de nuestra sociedad», como pidió ayer el Rey, que con generales incapaces de definir la guerra.
O con generales que no quieren reconocer la guerra, que es de lo que se trata. «No voy a entrar en ese debate», le dijo al periodista, como si la guerra fuera una cuestión de debate para un militar. Lo es para los políticos, no para los militares. Lo es para Zapatero, lo es para Chacón, que han hecho de la condena a las guerras del Gobierno de Aznar y de la negación de las guerras propias el eje de su discurso en defensa.
De ahí que el problema de nuestro Jemad sea la asunción de un discurso claramente partidista cuando se resiste a reconocer esta misión de guerra. De la misma forma que entra en el discurso político cuando manifiesta, en la misma entrevista, su deseo de irse cuanto antes de Afganistán.
O los militares pueden hacer discursos políticos o no pueden hacerlos. La regla debería ser la misma para todos, también para quienes hacen discursos políticos prosocialistas.
«La condición de ciudadano no puede detenerse a las puertas de los cuarteles». Con esta sentencia la ministra de Defensa, Carme Chacón, introdujo su visión de lo que debe ser la Ley de Derechos y Deberes de los militares que quiere sacar adelante con un «amplísimo consenso» político.
Chacón centró buena parte de su discurso de la Pascua Militar a desmenuzar esta norma, el principal reto que afronta su departamento en este comienzo de año. Un proyecto articulado bajo esa premisa antes citada aunque con un condicionante: los principios de unidad, disciplina y jerarquía. No obstante, esta nueva norma buscará, en palabras de la ministra, «una articulación ordenada de derechos y deberes que abra espacios de participación a nuestros hombres y mujeres de uniforme, desde los que mejoren tanto sus derechos individuales como sus condiciones profesionales y de vida».
Con este espíritu marcó los tres ejes principales de la Ley: «La regulación del derecho de asociación en el ámbito profesional, a fin de favorecer la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en la mejora de su régimen de personal; la constitución de un único Consejo de Personal, que servirá de cauce para la participación de los militares y de sus asociaciones; y, por último, la creación del observatorio de la vida militar, un órgano colegiado de carácter consultivo, que permitirá analizar y evaluar el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los militares, y que contribuirá a mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias».
Pero la que promete ser una nueva polémica norma no saldrá adelante sin ese «amplísimo consenso político». Chacón aprovechó la Pascua Militar para solicitar el «concurso de todos los grupos políticos», porque sin ese consenso, sin el máximo apoyo de la oposición, la ministra renunciará a aprobar la ley porque «en cuestiones militares, la única aritmética parlamentaria que vale es la de la suma». Todo, con un objetivo: «No puede haber unas Fuerzas Armadas a la medida de cada Gobierno».
La misión más arriesgada
En cuanto a las misiones en el exterior, la ministra dedicó la mayor parte a Afganistán. Más allá del anuncio de que las tropas en Bosnia se irán replegando lentamente hasta dejar 30 efectivos que instruirán a las Fuerzas Armadas bosnias, el país asiático centró su disertación. La premisa, que es la misión más compleja y arriesgada de las que han llevado a cabo los ejércitos en el exterior. La justificación, la guerra total contra el terrorismo, o lo que es lo mismo, que «la comunidad internacional no puede consentir que Afganistán vuelva a ser un santuario del terrorismo yihadista». Más aún cuando se ha producido, según afirmó, «un recrudecimiento de la actividad insurgente».
Coincidiendo con la celebración de la Pascua Militar, El País publica una entrevista con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. El asunto clave: la guerra de Afganistán y el envío de más tropas españolas.
El general Julio Rodríguez, el primer jefe del Estado Mayor de la Defensa que prometió su cargo en vez de jurarlo, señala que el aumento de 511 efectivos se anunciará “formalmente en la Conferencia de Londres –el 28 de enero– y deberá aprobarse luego en el Parlamento. La previsión es que el refuerzo se incorpore progresivamente en el primer semestre del año. Probablemente, el grueso vaya a Afganistán con el próximo relevo, en marzo, y el resto se incorpore a medida que sea necesario, de forma que en junio ya estén los 511”.
Poco se puede sacar de la entrevista puesto que las respuestas del general no se salen ni un ápice del guión establecido por el Gobierno. “En la provincia de Badghis, donde España ha invertido más de 30 millones, también se ha deteriorado la seguridad”, le comenta el periodista del diario de Prisa. Y Rodríguez responde: “Lo que pasa es que tenemos más presencia, ayudamos al Ejército afgano a extender su control a nuevas áreas y eso genera una respuesta de la insurgencia”.
Preguntado por si ésta es una misión con un riesgo mayor, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa señala simplemente que “es una misión distinta, que necesita más recursos”. Y llega la pregunta obligada: “¿Es una misión de guerra?” Pero el general no quiere “entrar en ese debate. Como militar lo que me importa es tener una misión claramente definida y los recursos para llevarla a cabo. Y la misión estará cumplida cuando hayamos alcanzado el objetivo: que los afganos se puedan hacer cargo de su propia seguridad”.
Sólo cuando trata la fecha de retirada, el general no se muestra tan entusiasta como Chacón: “Cuanto antes podamos marcharnos, mejor”. Aunque añade que “para eso tendremos que alcanzar antes nuestros objetivos”.
Dos leyes sacaron en 2009 a los militares a la calle: la ley de Carrera Militar y la de Derechos y Deberes. Precisamente, las dos formaron parte del discurso de Chacón en la Pascua Militar. De la primera, se vanaglorió. De la segunda, dijo que saldrá adelante si hay consenso en el Congreso.
Más de tres mil militares se manifestaron el pasado mes de diciembre frente a la sede del ministerio de Defensa reivindicando la derogación de una ley y la promulgación de otra. Precisamente, sobre esas dos leyes, habló este miércoles la ministra de Defensa, Carmen Chacón, en discurso ante el Rey para dar parte de lo acontecido durante el año en la tradicional fiesta de la Pascua Militar.
Sobre la primera de estas leyes, la de la Carrera Militar, que puso en pie de guerra a parte del estamento militar e hizo que miles de miembros de la Fuerzas Armadas plantearan recursos contra la misma, Chacón pareció sentirse orgullosa. Tras destacarlo estre sus logros del año, restó importancia a los problemas que ha causado: "Debido a esta complejidad, era inevitable que se produjeran disparidades y ya hemos articulado medidas para corregir los efectos indeseados", dijo.
La segunda de las leyes a la que se refirió la ministra de Defensa era una promesa electoral del PSOE desde las elecciones de 2004 y un vieja reivindicación de las principales asociaciones que representan a los miembros de las Fuerzas Armadas. Se trataba, ni más ni menos, de la Ley de Derechos y Deberes, que los últimos ministros socialistas de Defensa han ido prometiendo año tras año pero que sigue sin llegar.
En su informe a Don Juan Carlos, entre los próximos retos de su ministerio, Chacón señaló la nueva ley "pretende articular de forma ordenada los derechos y deberes, y abrir espacios de participación para los militares, de cara a mejorar tanto sus derechos individuales, como sus condiciones profesionales y de vida". Según recordó, los militares "son parte de la sociedad a la que sirven. Ceden parte de su libertad personal para garantizar mejor la de todos", pero "la condición de ciudadano no puede detenerse a la puerta de los cuarteles".
Eso si, condicionó que la ley se tramite en el Congreso de los Diputados a que exista un "amplísimo consenso" entre todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. "En cuestiones militares, la única aritmética parlamentaria que vale es la de la suma. Y la única política posible es la del consenso y la unidad. No puede haber unas Fuerzas Armadas a la medida de cada Gobierno. Necesitamos unas Fuerzas Armadas a la medida de España", dijo. Para ello, según dijo, empezarán en breve los primeros contactos con las fuerzas políticas.
La ministra señaló que ya existe un primer borrador sobre la ley, que estará centrada entre varios ejes fundamentales, entre los que destacó la constitución de un único Consejo de Personal; la creación del Observatorio de la Vida Militar para contribuir a mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias; y, por último, la regulación del derecho de asociación en el ámbito profesional.
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general del Aire José Julio Rodríguez Fernández, emitió el pasado mes de diciembre la instrucción 70/2009 por la que se regula el diseño, composición y utilización del uniforme y equipo de campaña en las Fuerzas Armadas.
En la misma, se detallán las carácterísticas que deberá tener el próximo uniforme de las Fuerzas Armadas: "cumplirá la normativa nacional e internacional que garantice la interoperabilidad con el de otras Fuerzas Armadas de la OTAN (AECTP-200 para el patrón boscoso y STANAG 4563 para el árido/urbano); deberán permitir la vida, el movimiento y el combate del personal en los distintos terrenos y ambientes climatológicos en que se desarrollen las operaciones y ejercicios; deberán predominar la ligereza y confort sin menoscabo de la resistencia de los tejidos a la rotura y abrasión; y protegerán al usuario de las condiciones meteorológicas adversas".
A estas, se añaden las siguientes características: "proporcionarán un camuflaje efectivo en cualquier ambiente; el patrón mimético será del tipo pixelado, del que existen dos modelos: boscoso y árido/urbano; soportarán y protegerán de la exposición prolongada a las radiaciones solares; y las prendas del uniforme no serán ajustadas al cuerpo, aunque sí lo suficiente para prevenir la entrada de polvo; y el uniforme se utilizará sin ceñidor".
En lo que a los uniformes específicos para clima extremadamente frío y clima tropical, en ambos casos, su patrón mimético será el mismo que el del uniforme de campaña boscoso.
De esta forma, las Fuerzas Armadas españolas se unirían a las de otros múltiples países como Estados Unidos, Reino Unido, Canada o Australia, entre otros, que van introduciendo el camuflaje pixelado en los uniformes. Según estudios militares, el pixelado consigue engañar a la corteza cerebral, de modo que se vería predominar en el uniforme el color más parecido al entorno en el que se encuentra el militar que lo porta, facilitando así su camuflaje.
Según la propia instrucción del JEMAD, el actual uniforme de campaña de las Fuerzas Armadas continuará coexistiendo con la nueva uniformidad, hasta que se complete la dotación a todas las unidades y se agoten las existencias de que dispongan los Ejércitos. "La implantación de la uniformidad y el equipo complementario de campaña, se realizará de forma progresiva, de acuerdo con los planes de transición establecidos por cada ejército", afirma.
El nuevo uniforme será unitario, es decir, será utilizado por todos los miembros de las Fuerzas Armadas independientemente del Ejército al que pertenezca. Así lo recuerda el propio José Julio Rodríguez en la instrucción, en la que cita la modificación reglamentaria de 2006 que permitía este hecho (Orden Ministerial 37/2006, de 13 de marzo) y en la que destaca que "las nuevas misiones de las FAS, el carácter conjunto de las operaciones, la experiencia en las misiones en el exterior y la eficiencia en la gestión de los recursos financieros, pusieron de manifiesto la necesidad de disponer de la mejor uniformidad y equipo de campaña, sin que existan diferencias por razón del ejército de procedencia del personal".
