Si España quiere que sus militares desplazados a Afganistán estén cada vez más seguros, tendrán que pagar la implantación de una unidad del Ejército Nacional Afgano en la remota provincia de Badghis. Una provincia donde se encuentra el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) y que no forma parte de las prioridades de seguridad del Ejército afgano.
El Consejo de Ministros dio ayer el primer paso para la puesta en marcha de esta iniciativa, al autorizar al Ministerio de Defensa a conceder una subvención a Afganistán de 14,5 millones de euros. Con este dinero se construirá el acuartelamiento para un batallón, se financiará el equipamiento, el entrenamiento y los gastos generales. La propuesta española se materializará en un acuerdo que firmarán ambos países. Esta fórmula para garantizar la seguridad de las tropas, anunciada hace más de un año por el anterior ministro de Defensa, José Antonio Alonso, no tiene precedentes en la misión de Afganistán.
El lugar elegido para la construcción del cuartel es una vieja instalación soviética, que ya está limpia de minas, aunque de momento no se ha puesto una sola piedra. Está previsto que las obras empiecen en breve y que el ANA (siglas en inglés por las que se conoce al Ejército Nacional Afgano) empiece a asumir el protagonismo en Badghis. Este es un punto muy importante para la nueva estrategia de seguridad, ya que la población local tiene mucha más confianza en los militares que en una policía corrupta y poco fiable. Por otro lado, resulta más económico disponer de fuerzas afganas que soportar el coste financiero y político del posible envío de más tropas desde España.
Más policía
Junto a esta labor de patrocinio del Ejército afgano, los Ministerios de Defensa afgano y español han elaborado un Plan de Seguridad que supone, también, el despliegue de 1.400 agentes de policía en esta insegura provincia. España se ha comprometido a dar cobertura para que los policías puedan llegar a la zona, donde está previsto construir seis grandes comisarías. Además, se instalarán pequeños puestos de control intermedios, que serán financiados por la comunidad internacional, con una pequeña aportación española.
La importante labor de cobertura para la llegada de la nueva Policía supone un esfuerzo extra para el pequeño destacamento español, compuesto por apenas doscientos efectivos y que tiene a su cargo una provincia del tamaño de Galicia. Esta apuesta por afganizar la seguridad en la provincia es exclusivamente española, ya que la prioridad absoluta de las autoridades afganas y de ISAF es vencer la batalla contra los talibanes al sur del país, de ahí que España tenga que correr con todos los gastos. Para evitar que tras la formación y equipación de esta fuerza afgana el Gobierno de Kabul decidiera enviarla a reforzar el sur, España ha incluido una cláusula en el pacto por el que se obliga a los afganos a mantener siempre un número mínimo de los efectivos apadrinados por los españoles.
«Satisfecho» con el pacto
El gobernador local, Ashraf Nasery, se muestra «muy satisfecho» con el reciente pacto, pero solicita «el envío de más efectivos españoles para ser más rápidos en las tareas de reconstrucción. Ahora sufrimos una fuerte sequía y es un buen momento para que los españoles actúen de forma directa y borren la imagen de invasores que aún tienen en sus mentes muchos de nuestros ciudadanos». El general de la Policía local, Mohamed Ayoob, coincide en la necesidad del envío de más tropas para que España se convierta en «una pieza clave en la victoria de esta guerra».
Con un número de incidentes muy alejado de los altos números del sur del país, España se enfrenta en Badghis a la creciente presencia de bandidos y convive a escasos kilómetros de uno de los principales corredores de salida del opio hacia Turkmenistán. La lucha entre pastunes y tayikos también está contribuyendo al deterioro de la situación.