He sentido siempre un especial interés por los antiguos campos de batalla.
Recuerdo haberme emocionado al contemplar Salamina, donde la marina helénica salvó a Europa o las murallas de Viena, donde la brutalidad islámica quedó detenida tras un milenio casi ininterrumpido de asaltos.
Esa sensación se ha repetido de manera bien significativa en cada lugar donde masas diferentes de guerreros se enfrentaron defendiendo lo que consideraban justo y me ha dado lo mismo que se tratara de Granada, Covadonga, Maratón o las Ardenas.
Con todo, si tuviera que escoger aquellos lugares donde el sentimiento que me embargaba parecía reinar en el ambiente como una atmósfera natural me quedaría sin dudarlo con Shiloh, Gettysburg u otros campos de batalla de la guerra de Secesión.
Allí, bajo el mismo suelo empapado antaño por su sangre, yacen los soldados del Norte y los del Sur. Ambos reciben honra y respeto porque, independientemente de lo que creyeran o defendieran – la unidad nacional o la secesión, la esclavitud o la emancipación – entregaron su vida por la patria.
Quizá porque veo así la Historia me siento profundamente asqueado por el plan del Ministerio de Defensa –que tan mal gestiona la señora Chacón– de aniquilar el museo del Alcázar de Toledo.
Yo comprendo que para gente tan sectaria como los ministros de ZP, el Alcázar resulte incómodo. A fin de cuentas, allí resistieron algunos cadetes y guardias civiles a fuerzas del Frente Popular que los superaban en una proporción de uno a diez causando la admiración de todo el mundo y poblando los noticiarios con las imágenes de su gesta.
Claro que la aversión por la hazaña del Alcázar no viene de ahora. Ya Bono, cuando era ministro de Defensa y a pesar de que su padre fue un alcalde de Falange, cometió la intolerable felonía de colocar unos mingitorios en los mismos lugares donde habían derramado su sangre combatientes de los dos bandos.
Dentro de esa política rencorosa y absurda, es de esperar que en el futuro museo del Ejército desaparezca el automóvil de Carrero Blanco, porque lo asesinó ETA, o que se borren las referencias a la División Azul, o que incluso no podamos ver los restos de las victorias conseguidas contra los invasores islámicos durante la Reconquista.
Sin embargo, yo creo en asumir a nuestros héroes lucharan donde y por lo que lucharan y, partiendo de esa base, la conducta de este Gobierno al respecto me resulta inmoral, baja y miserable.
Ninguna nación decente niega u oculta a los que combatieron por ella aunque se hayan enfrentado entre sí en el campo de batalla y, de la misma manera que hemos aceptado –espero– a Espartero y Zumalacárregui va siendo hora de que lo hagamos con Miaja y Mola, con Tagüeña y Franco, con el Quinto Regimiento y con los moros de Yagüe.
Unos españoles que se empeñan en olvidar a Numancia y a los últimos de Filipinas, a los conquistadores de Cuzco y a Daoíz y Velarde, al Gran Capitán y a don Juan de Austria es dudoso que se merezcan el calificativo de tales.
Ésa es una lección elemental de ciudadanía en cualquier nación del mundo y lo es porque los combatientes deben ser objeto de recuerdo respetuoso; porque su sacrificio se encuentra por encima de diferencias ideológicas y porque los héroes no se discuten.
Que desgracia de Gobierno, es imposible superar a estas malas bestias que por odio son capaces de cualquier cosa para destrozar cualquier pasaje, por heroico que sea, de nuestra historia.
¡¡¡¡¡ Que ejemplo el de los USA y el respeto a los que lucharon en su guerra civil !!!!!
La mala planificación de los gobiernos socialistas unido a los últimos y drásticos recortes en los presupuestos de Defensa retrasan en algunos casos de forma indefinida los programas de armamento y material.
Las Fuerzas Armadas españolas también están en Haití. Lamentablemente, esto es noticia cuando ocurren hechos como el reciente accidente del helicóptero, en el que murieron los cuatro militares. Aunque su labor diaria pasa mucho más desapercibida. Además de en Haití, Afganistán o Líbano, nuestros efectivos andan desplegados por medio mundo: estamos en el Congo, primero como parte de una misión de la Unión Europea de asesoramiento y asistencia para la reforma de la seguridad, y en segundo lugar dentro de una misión de la ONU en el país; en el Océano Índico tratando de prevenir los actos de piratería; en Guinea Bissau apoyando la reforma del sector de la seguridad, y donde además hace escasas semanas hubo un intento de golpe de Estado; y en Bosnia como parte de la su operación EUFOR Althea, heredera de las operaciones IFOR y SFOR de la OTAN. Recientemente se ha aprobado el envío de 38 militares como parte de una misión de la Unión Europea para adiestrar las Fuerzas de Seguridad somalíes en Uganda.
Para tal variedad de compromisos y misiones se necesitan sobre todo recursos, desde los blindados en Afganistán, hasta combustible o trabajos de mantenimiento del material. La triste realidad es que escasean. Por eso, tras el accidente del helicóptero en Haití saltaron las dudas sobre el buen estado del avión siniestrado. Ha sido inevitable. Desde hace tiempo se advierte sobre las condiciones del material que usan las Fuerzas Armadas en el exterior, que no son siempre las óptimas. En este caso, el helicóptero –un Augusta Bell 212 (AB-212, los denominados "gatos") – estaba en perfecto estado según el Ministerio de Defensa. Eso sí, con casi cuatro décadas a sus espaldas, en las que ha participado en innumerables misiones internacionales. De hecho, el propio Ministerio de Defensa, en el año 2005, aprobó un importante monto para renovar la vetusta flota de helicópteros de las Fuerzas Armadas, apostando por el NH-90. Su objetivo consistía también en unificar el parque de los tres ejércitos para así abaratar costes con la homogeneización. Pero el NH-90 presentaba un gran problema: la versión que se decidió adquirir no servía para su incorporación a la Armada, porque no cumplía con los requerimientos técnicos propios de los helicópteros embarcados. Así que el Gobierno socialista se cargó pronto los dos objetivos que se había planteado. Hasta el día de hoy. A estas alturas, sigue sin renovarse la vieja flota y sigue sin darse el paso necesario para unificar y modernizar el parque de helicópteros. La armada no ha tenido otra que mantener sus fiables y experimentados AB-212, pese a que necesitan una urgente modernización para alargar su vida más allá de 2015, según fuentes del propio Ministerio.
La mala planificación de los gobiernos socialistas unido a los últimos y drásticos recortes en los presupuestos de Defensa –de los que los socialistas tienen el valor de culpar a la crisis económica, que afecta a nuestros soldados, pero no a ONGs y clase política– retrasan en algunos casos de forma indefinida los programas de armamento y material. De los planes de modernización de los que Chacón habla día sí y día también, ya nadie se cree nada. Mientras esto ocurre, las Fuerzas Armadas andan haciendo encaje de bolillos limitando las maniobras, amarrando barcos, y recortando las horas de vuelo. No es la mejor carta de presentación para nuestras misiones internacionales. Pero para qué esconderlo: las Fuerzas Armadas españolas no pasan por su mejor momento.
MADRID- La crisis económica y los recortes presupuestarios han paralizado buena parte de los programas de armamento y material de la Armada. Más allá de las necesidades perentorias de personal y operaciones, las renovaciones previstas y las grandes operaciones de mantenimiento han quedado apartadas. Pero eso no quita para que la Marina tenga claro cuáles son sus prioridades de cara al futuro, y siempre que la crisis económica permita aligerarse un poco el cinturón.
Las necesidades planteadas ayer por el jefe de la división de planes de la Armada, el almirante José Antonio Ruesta, durante una jornada con la prensa, se dirigieron a seis programas básicos: una dotación de aeronaves no tripuladas para misiones como la lucha contra la piratería en aguas de Somalia; un nuevo avión de combate embarcado que reemplace a los Harrier; la sustitución de los Hummer de Infantería de Marina por vehículos más modernos; realización de la carena (el mantenimiento integral) de los submarinos en activo; una nueva serie de Buques de Acción Marítima (BAM), vitales para misiones de lucha contra la piratería y control del Estrecho de Gibraltar; y el reemplazo de los helicópteros en servicio, los Seaking y los Augusta Bell 212.
Esta última necesidad no parte de que los helicópteros estén en malas condiciones u obsoletos, sino por el alto coste de su mantenimiento. La larga vida que llevan a sus espaldas (desde el año 1974) estas aeronaves hace que su mantenimiento sea cada vez más caro, por lo que una renovación de la flota recortaría gastos a largo plazo. El problema ahora es encontrar un modelo que permita su integración en los buques de la Armada, ya que el programa NH-90 previsto también para el Ejército, no tiene modelos que recojan sus rotores, algo fundamental para acoplarse en los buques.
El 2010 quedará marcado, salvo giros imprevistos del guión, como un año de muy poca actividad en el mar por parte de las fragatas de la clase F-100, con base en el Arsenal. Así lo han indicado fuentes oficiales consultadas en la Armada, señalando que el criterio de «austeridad» que está aplicando el Ministerio de Defensa acentuará todavía más la escasez de ejercicios de estas unidades en comparación con años pasados.
La tónica ya se comenzó a notar en el 2009, cuando hubo un bajón importante en la participación en maniobras por el mismo motivo. Y en esa línea, pero todavía más remarcada, se continuará durante este año. De hecho, La Voz ya adelantó el pasado 25 de abril que la crisis extendería la mencionada coyuntura. La falta de días de mar es, sin embargo, todavía más elevada de lo que se aguardaba. Siempre según las mismas fuentes, además, se desconoce por el momento si este horizonte se prolongará también al 2011.
Prioridades
La máxima con la que se trabaja, como ya se ha mencionado, es la de la «austeridad» en aspectos tales, por ejemplo, como el uso de combustibles. La prioridad es atender las misiones que se encuentran en marcha -como la del Castilla en Haití- y, eso sí, «que este escenario no merme bajo ningún concepto la operatividad de las unidades en caso de que sean requeridas para misiones reales».
Siempre según las mismas fuentes consultadas en el seno de la Marina, la prueba de lanzamiento de misiles en aguas de Estados Unidos realizada por la F-101 en el primer trimestre de este ejercicio, que implicó tres meses fuera del Arsenal, es el ejercicio más destacado que está programado para las cuatro unidades F-100 en este 2010. En otras palabras, no habrá ninguna maniobra más ambiciosa.
Por lo demás, y salvo cambios poco probables, habrá ejercicios en el litoral español de escaso calado en comparación con operativos anteriores y una participación corta en aguas internacionales por fragata, aproximadamente.
Almirante de la Flota
De esta situación ya alertó también recientemente el propio almirante de la Flota, Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río. En declaraciones realizadas en Ferrol el pasado 28 de enero, en el marco de una visita a las embarcaciones y dependencias locales, indicó que «los recursos puestos a disposición este año están mermados, sin que por ello nos veamos eximidos de nuestras responsabilidades. Obviamente, el número de ejercicios que se realizarán este año varía con respecto a años anteriores. Sin embargo, procuraremos que no vaya en detrimento de la preparación de nuestras unidades».
LAS previsiones dicen que los cuatro militares españoles serán enterrados hoy. Si se cumplen, los enterraremos con la misma facilidad con que asumimos que estas cosas pasan a aquellos que han elegido una profesión que tantas veces los coloca en situaciones límite, cuando no decididamente determinantes. Ellos lo sabían. Muchas profesiones se eligen por casualidad, ninguna como la de militar cala tan hondo en un ser humano: quiero ser eso, un soldado español: así imagino el momento en que todo comenzó para Luis, Francisco, Manuel y Eusebio.
No hacen ruido. La mitad de los españoles no sabrían qué decir si escuchan aquello que tanta espantaba: el ruido de los sables. Hacen su trabajo mientras soportan políticas infames que pregonan que su espacio entre nosotros es reducido y marginal. En ellos algunos ven la encarnación de una Nación, la nuestra; otros una rémora de siglos pasados. No caben en ningún Estatuto porque son la piel de España.
Pero están aquí, entre nosotros, y salen en los periódicos sólo cuando pierden la vida. Sus vidas son como las nuestras, pero no se parecen a ninguna. Van de aquí para allá; se preparan, obedecen, se ofrecen, se obligan, se entregan y, finalmente, guardan silencio. Siempre guardan silencio. Escuchan que ya no hay guerras, que ya no son necesarios. Silencio. Entonces, cuando el hijo del comandante Torija nos pregunte por qué murió su padre, ¿qué le contestamos? Cuando el del teniente Calderón nos mire a los ojos, ¿podremos aguantar su mirada escrutadora? Cuando la esposa del alférez Dormido Garrosa se pregunte por qué le pasa a ella y no a otras mujeres, ¿qué le explicamos? Y cuando la madre del cabo Villatoro nos diga que no se traen los hijos al mundo para que mueran tan lejos de sus hogares, ¿qué palabras inventaremos para que deje de llorar?
Qué paradoja, no hay guerras, pero los soldados españoles mueren. No hay guerra, sólo terrorismo, nos acaba de decir Obama. Es mentira. La guerra está entre nosotros. Ocurre que el hombre inventa las palabras y tiene la facultad de cambiarles el significado. La guerra que nos declara la Naturaleza nos parece la mirada turbia de Dios. La que trae la pobreza y la miseria la cubrimos de explicaciones geográficas e históricas. La guerra de la estupidez, la de no querer saber es la más cruel de todas. No sé si los soldados españoles que han muerto en Haiti viendo a un enemigo feroz e inerme encontraron algunas respuestas. Pero el final de sus vidas es la respuesta para muchos que hoy verán por la televisión sus funerales. Mueren por España y por otros que no saben nada de España. Mueren porque cuando fueron llamados no pudieron y no quisieron decir no. Rilke tiene un ruego a los cielos que empieza así: Detén mi corazón y latirá mi cerebro/ y si incendias mi cerebro/ te llevaré en mi sangre. Cómo siento que hayan muerto sin leer estos versos.
Después de la aplicación de la Ley de la Carrera Militar, el gran reto al que se enfrenta la ministra de Defensa, Carme Chacón, es sacar adelante en el Parlamento una Ley de Derechos y Deberes para las Fuerzas Armadas. No hay que engañarse, posiblemente no sea ella la que se apunte el mérito de esta controvertida ley, fundamentalmente porque los tiempos electorales están en marcha y ella es consciente de que sin el consenso del principal partido de la oposición, el PP, no podrá debatirla en el Parlamento. Ha pasado demasiado tiempo desde que envió a los grupos políticos un resumen de no más de cinco folios, con los que se quisieron sentar las bases de este texto legal que servirá, fundamentalmente, para regular la forma de asociación de los militares en la vida pública, un tema tabú hasta que hace, creo que hace dos años, la Guardia Civil inundó de tricornios la Plaza Mayor de Madrid. Aquel acto obligó a Rubalcaba a ceder ante la presión de las asociaciones militares, a los que le dio una representaqción en el régimen regulador del Instituto Armado, de la que se puede haber arrepentido. Las Fuerzas Armadas no quieren ser menos y el asociacionismo militar presiona para ello. Ahora, Defensa da un paso más y avanza en su proyecto de Ley de Derechos y Deberes. El PP anda con pies de plomo porque sabe que tiene la sarten por el mando del consenso, pero quiere claridad en la actittud de la ministra. A favor de la ministra está que a los populares le interesa que sea ella la que asuma el coste político de aprobar una ley de estas características, que seguro que no contentará a todos.
El borrador del proyecto de ley diseña un «sindicalismo consultivo» en los Ejércitos.
Las claves de la futura ley.
Derechos de las asociaciones
Realizar propuestas y solicitudes relacionadas con la defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de los militares.
Consejo de Personal.
Será el órgano de participación de las asociaciones profesionales y estará presidido por el subsecretario de Defensa.
Representatividad
Para acceder al Consejo las asociaciones necesitarán un mínimo del 1 por ciento de afiliados entre el personal de las FAS
Límites
Deberán respetar los principios de neutralidad política y sindical y no podrán interferir en decisiones de política de seguridad y defensa
Régimen económico
La asociaciones profesionales se financiarán a través de las cuotas de sus afiliados y no podrán recibir donaciones privadas
El Ministerio de Defensa ha dado un paso más en la elaboración de la anunciada Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas con un nuevo borrador en el que detalla sus intenciones y con el que aspira a conseguir el acuerdo con la oposición, requisito sin el que Carme Chacón afirma que no seguirá adelante aunque la ley sea un compromiso aplazado desde la pasada legislatura.
En uno de los puntos más delicados del proyecto, el de las asociaciones profesionales, el Gobierno diseña una fórmula de aproximación al modelo sindical en la Administración, pero con funciones de tipo consultivo.
«Las asociaciones podrán estar representadas en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y contribuir por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración de proyectos normativos que afecten al régimen de personal», dice el citado borrador al que ha tenido acceso ABC.
Sobre el guión trasladado a los grupos parlamentarios en pasado mes de enero, en el que ya se incluía la creación de ese «Consejo de Personal» presidido por el subsecretario de Defensa, ahora se añade que las asociaciones podrán «realizar y dirigir solicitudes y sugerencias relacionadas con sus fines», «asesorar y prestar apoyo y asistencia a sus asociados» y «recibir información de los órganos competentes del Ministerio de Defensa sobre régimen de personal y protección social». En el capítulo sobre el régimen económico de las mismas se establece que podrán financiarse con las cuotas de sus afiliados, pero que no podrán percibir donaciones privadas.
Sobre los medios para las asociaciones, se especifica que «en las unidades se habilitarán lugares y procedimientos adecuados para la exposición y difusión de los anuncios, comunicaciones o publicaciones de las asociaciones profesionales» y que el Ministerio facilitará esa difusión «a través de determinadas vías de comunicación electrónica». Además, en las delegaciones y subdelegaciones de Defensa se les proporcionarán, «en la medida de lo posible, locales y medios adecuados».
El borrador aclara que las asociaciones profesionales podrán convocar y celebrar reuniones en las instalaciones militares, «sin interferir en el funcionamiento de las unidades». Los convocantes de esas reuniones «serán responsables de su desarrollo».
«Condiciones de vida»
El Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas será el órgano de participación de las asociaciones profesionales, donde se analizarán sus propuestas o sugerencias referidas al régimen de personal y «las condiciones de vida y trabajo de las unidades». Pero quedan excluidas de ese ámbito «las materias relacionadas con decisiones de política de seguridad y defensa, con el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares y con el empleo de la fuerza».
El borrador detalla que las asociaciones, además de no poder interferir en decisiones de política de seguridad y defensa y estar obligadas a respetar el principio de neutralidad política y sindical, serán de ámbito nacional y necesitarán un mínimo de afiliados entre el 1 o el 3 por ciento del personal de las FAS para acceder al Consejo de Personal.
El texto legal, que aprobará próximamente el Gobierno en Consejo de Ministros, establece los derechos y deberes que tendrá todo militar en servicio activo y en la reserva y aborda uno de los puntos que nunca había sido sometido al criterio de las Cortes, la regulación de las actividades que desarrollan las asociaciones profesionales de militares.
Según consta en un documento confidencial sobre el anteproyecto de Ley Orgánica, las asociaciones "profesionales" podrán "convocar y celebrar reuniones en instalaciones militares", siempre "sin interferir en el funcionamiento" de las unidades.
Los colectivos, que en la actualidad son legales por estar en el Registro de Asociaciones de Interior pero que no tienen reguladas sus acciones, deberán cumplir una serie de requisitos para poder integrarse en el nuevo "registro específico" que creará el Departamento que dirige Carmen Chacón.
Así, se podrán financiar con las cuotas de sus miembros pero no podrán recibir en ningún caso donaciones privadas. Su actividad no deberá interferir nunca "en las decisiones de política de seguridad y defensa", "en el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares" ni tampoco "en el empleo de la fuerza".
Del mismo modo, las asociaciones deberán respetar "el principio de neutralidad política y sindical" y deberán disponer de unos estatutos que garanticen "su funcionamiento democrático". Todos los militares españoles tendrán derecho a "asociarse libremente" pero sólo podrán formar parte de una asociación.
Requisitos para ser reconocidas por Defensa
El proyecto de Ley establece la creación de un Consejo de Personal, que presidirá el titular de la Subsecretaría de Defensa, en la actualidad María Victoria San José, y que será el órgano en que estén directamente representadas las asociaciones.
Para poder formar parte de este nuevo órgano, las asociaciones deberán tener un "mínimo de afiliados", igual o superior al uno por ciento del total de militares cuando se trate de colectivos de miembros de cualquier ejército, rango y escala; un tres por ciento cuando estén formados por oficiales y suboficiales y un 1,5 por ciento cuando esté integrada por soldados y marineros.
El proyecto de norma elaborado por el Ejecutivo deja abierta la puerta a que estos porcentajes puedan ser reducidos "con objeto de facilitar la adecuada representatividad y funcionalidad del Consejo de Personal".
El Consejo de Personal podrá reunirse en Pleno o por comisiones de cada ejército y de los Cuerpos Comunes de la Defensa, siendo presidido cuando se reúna al completo por el subsecretario de Defensa y, en su caso, por el titular ministerial. Cuando la reunión sea en comisión, presidirá el Mando o la Jefatura de Personal que corresponda.
La nueva Ley permitirá a las asociaciones presentar propuestas y "realizar informes con los asuntos que son de la competencia del Consejo", incluso tendrán opción de elaborar documentos de manera conjunta entre varios colectivos. El Ministerio de Defensa tendrá también la obligación de facilitar la difusión de las acciones de las asociaciones y los cuarteles deberán proporcionarles locales y medios para sus actividades.
Además, el Gobierno creará un Observatorio de la Vida Militar que, como órgano "colegiado", "asesor" y "consultivo", realizará un "análisis permanente de la condición militar" y de la forma en que el Estado "vela por los intereses" de los militares.
Esta nueva institución estará integrada por un máximo de siete miembros elegidos por el Congreso de los Diputados "entre personalidades de reconocido prestigio". Los miembros tendrán un mandato de cinco años y serán los encargados de elegir a su presidente, mientras que el Ministerio de Defensa les proporcionará "la sede y el apoyo administrativo necesario" para poder cumplir sus funciones.
Libertad de expresión e información de los militares
La nueva ley será la primera norma de carácter orgánico elaborada y aprobada en democracia para regular derechos fundamentales de los militares como la libertad de expresión y de información, con los límites de "la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional", "el deber de reserva", "la neutralidad política y sindical", el secreto profesional, la disciplina y el respeto a la dignidad de las personas y las instituciones".
El proyecto reconoce también el derecho de reunión de los militares pero prohíbe que organicen, participen o asistan a "reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical". El soldado, marinero, suboficial u oficial tampoco podrá participar "vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar" en "manifestaciones o reuniones en lugares de tránsito público".
Además, la norma incluye un artículo específico que detalla que el derecho de asociación se limitará a los colectivos que tengan como fin "la defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales" de "los miembros de las Fuerzas Armadas".
También estipula el texto que los uniformados podrán dirigirse "individual y directamente" al Defensor del Pueblo, tendrán derecho de petición de manera individual y tendrá reconocido su derecho a "recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en su ejercicio profesional".
En el artículo referido a quejas, la norma señala que el militar podrá exponer "en el ámbito de las Fuerzas Armadas" sus "quejas e iniciativas" relativas a personal y a las condiciones de vida en los acuartelamientos.
Por último, los oficiales, suboficiales y la tropa podrá disponer de asistencia letrada gratuita "en determinadas circunstancias" y podrán ser defendidos por la Abogacía del Estado "de acuerdo con el Régimen General de Asistencia Jurídica".
Limitación en los arrestos
El documento al que ha tenido acceso Europa Press fija como límite para la sanción de arresto que el militar "sólo podrá ser privado de su libertad en los casos previstos por las leyes y en las formas que estas impongan".
La aprobación de una ley que regule los derechos y obligaciones de todos los militares era un mandato legislativo contemplado en la Ley Orgánica de Defensa Nacional y que estaba incumplido desde la pasada legislatura.
Reclamada desde hace varios años por las asociaciones militares --especialmente por AUME, el colectivo con mayor número de militares en activo de toda España--, la norma fue prometida por la ministra de Defensa, Carme Chacón, que aseguró en su primera comparecencia parlamentaria que el Gobierno la impulsaría y que buscaría el consenso con todos los grupos parlamentarios por tratarse de un texto que afecta a derechos fundamentales.
Cuando la Ley sea finalmente aprobada por el Parlamento, España se incorporará al grupo de países europeos que autorizan las actividades de las asociaciones y les reconocen como interlocutores, entre los que destaca especialmente el caso de Alemania por la entidad y antigüedad de sus Fuerzas Armadas.
La Ley Orgánica de Derechos y Deberes será la norma más importante de la actual legislatura impulsada por la ministra de Defensa, Carme Chacón, que también participa junto con el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional, el documento guía para desarrollar una política global de defensa civil y militar ante los retos y riesgos actuales.
El Gobierno ya sabe, de momento, que camino judicial le queda por recorrer, después de que más de dos mil militares hayan optado por la vía judicial para frenar las consecuencias que ha provocado en los Ejércitos la Ley de la Carrera Militar.
El malestar de los Ejércitos sólo se puede medir en los más de 12.000 recursos presentados contra el nuevo escalafón y en los 22 contenciosos administrativos que ya se están tramitando, o camino de tramitarse, ante la Audiencia Nacional. Este es el número final de demandas a las que se han agarrado los oficiales de la Escala Superior de Tierra, Armada y Aire para hacer valer unos derechos, que consideran pisoteados.
Desde que el 26 de octubre finalizó en el Ejército de Tierra el plazo de tres meses para que el Ministerio de Defensa respondiera a las reclamaciones presentadas por miles de militares contra el nuevo escalafón, se puso en marcha la maquinaria judicial y un grupo de 1.500 oficiales de la Escala Superior decidieron presentar el primer contencioso-administrativo contra el escalafón.
No eran los primeros en presentar un contencioso, ya lo habían hecho antes, a final de 2008, unos 300 oficiales de la Escala Superior de la Armada, pero se habían centrado en la orden ministerial que regula el curso de adaptación. La primera que desarrolla la ley. Posteriormente, estos militares, a través del equipo jurídico de García de Enterría, prepara su segundo contencioso, también contra el escaláfón que salió publicado el 1 de julio de 2009.
Aunque la Armada ha abierto el camino al resto de los militares, éstos no se han quedado atrás. A medida que se han ido cumpliendo los plazos en Aire y Armada, los contenciosos han llegado a la Audiencia Nacional. Según fuentes del equipo jurídico Ramón y Cajal, ya han presentado veinte, y la Audiencia Nacional está a la espera de que el Ministerio de Defensa remita los expedientes para poder dictar una decisión.
El primer éxito judicial se ha producido cuando la Audiencia Nacional ha advertido sobre la inconstitucionalidad de parte de esta Ley. Precisamente sobre ello, la diputado popular, Beatriz Rodríguez-Salmones preguntará mañana a la ministra Chacón en el Congreso
En un militar, la indisciplina es intolerable. En un militar, la disciplina es un ingrediente más de su honestidad. No se condecora a los indisciplinados, sea cual sea el momento, la ocasión o el motivo. Entre ellos, las cosas están muy claras. El último episodio de grave indisciplina lo cerraron los militares con condenas severísimas a sus propios compañeros. Me refiero al Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los que condenaron querían y admiraban a muchos de los condenados, pero el deber ante todo. La concesión de la Cruz al Mérito Militar a los miembros de la UMD ha sido un capricho político, ridículo e irreflexivo. Muchos años de servicio leal y constante son necesarios para ser acreedor a esa distinción. Muchos años de disciplina. En el lenguaje políticamente correcto, el conjunto de personas que comparten una profesión –y en este caso, una vocación–, recibe el nombre de «colectivo». El colectivo militar, el colectivo diplomático y el colectivo de la vaina que se le antoje al colector. Muy «progre» lo del colectivo, cuando lo militar es una institución. Y pongo en duda que haya existido en nuestra joven y mejorable democracia una institución más disciplinada y leal a los poderes públicos surgidos de las urnas que la institución militar. El colectivo que se lo guarden para los grupúsculos. Y colectivo fue la UMD, un grupúsculo dentro de una institución, que lesionó con gravedad el concepto de la disciplina. La ministra Chacón ha confundido valor y honor con cercanía política. Y ha premiado el «valor» de los miembros de la UMD con más de treinta años de retraso. Un valor que se demuestra a los treinta años, y que no es tal, resulta, como poco, sospechoso. Lo malo es que al reconocer el presumible valor de los caprichosamente condecorados se está negando el valor de los militares disciplinados, que son todos menos esa veintena. A ningún ministro de Defensa de los Gobiernos socialistas de Felipe González se le ocurrió, y tuvieron catorce años de tiempo para hacerlo, condecorar a quienes protagonizaron un acto de indisciplina. Además, que no parece ninguno de los «valerosos o valientes» indisciplinados, militares que echaron sus brillantes carreras por tierra por meter la política en los cuarteles y regimientos. No destacaron gran cosa mientras vistieron el uniforme que obliga a la disciplina y la lealtad. La indisciplina es un deshonor, y el deshonor no se premia. Podrían haber renunciado a la milicia para dedicarse a la política. No lo hicieron. Y la ministra Chacón lleva ya el suficiente tiempo cerca de los militares para haber aprendido su código moral. Lamentables condecoraciones. Lamentables por inoportunas, extemporáneas, y sobre todo, injustas. Han disgustado y herido a una gran mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas. Si el Gobierno, la ministra de Defensa y su secretario de Estado creen que estas personas son merecedoras de una distinción, ¿por qué militar si precisamente son protagonistas de un desprecio a la conducta de los militares? He llegado a pensar que se trata de una provocación gratuita, de un desaire a todo el admirable y disciplinado estamento militar. De no ser una provocación, habría que buscar la decisión de premiar a los «úmedos» en los más inaccesibles espacios del revanchismo político majadero.
El accidente ocurrió este martes por la noche, sobre las 20.30 horas, cuando militares del regimiento de Infantería Mecanizada Asturias 31, pertenecientes a la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII (antigua División Brunete), con base en El Goloso (Madrid), realizaban maniobras en el terreno habilitado para tales menesteres en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba.
Los mismos realizaban estas maniobras con material obsoleto. Exactamente, estaban trabajando con vehículos TOA (Transporte Oruga Acorazado), en su versión porta morteros. Según fuentes militares consultadas por Libertad Digital, el accidente se produjo después de que los dos soldados municionasen el mortero de 120 milímetros de su TOA. "El proyectil introducido estalló antes de salir. El problema fue de la munición, que estaba en mal estado", apuntaron.
Tras el accidente, los dos soldados fueron evacuados de las instalaciones militares y trasladados hasta el hospital Reina Sofía de Córdoba. El primero de ellos, J.V.M.S., de 23 años, en estado muy grave, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Según las fuentes consultadas por este periódico ya habría sido operado hasta dos veces por sus importantes heridas en los glúteos. El segundo, D.G.G., de 22 años, con pronóstico leve, está ingresado para observación con cargo a trauma por las heridas recibidas en uno de sus brazos.
Fuentes militares consultadas por Europa Press informaron de que "siempre que hay un accidente se constituye una comisión para tratar de esclarecer las causas y evitar que se repitan en un futuro". De hecho, durante este miércoles se desplazaron hasta el lugar de los hechos los grupos de investigación del ministerio de Defensa, que inmovilizaron el TOA, y peritos y representantes de la empresa que suministra la munición.
Los soldados de la Infantería Mecanizada Asturias 31 iniciaron sus maniobras en las instalaciones de Cerro Murriano el pasado lunes y, según el programa previsto por el Ejército, concluirán este viernes.
Sin modernizar, por su inutilidad
Las primeras unidades del TOA (Transporte Oruga Acorazado), del que se llegaron a tener más de 1300 unidades en sus diferentes versiones, fueron adquiridas por el Ejército de Tierra en los años sesenta. Las últimas unidades, a principio de los años ochenta.
En la primavera de 2003, el Gobierno presidido por José María Aznar, estando en la cartera de Defensa Eduardo Serra, inició un programa de modernización para este vehículo que contaba con un presupuesto de 180 millones de euros. 360.500 euros para cada una de las 500 unidades que iban a ser modernizadas. Un programa que nunca llegó a salir adelante por lo inútil de estos vehículos.
Según reconoció entonces el propio Gobierno, en una contestación a una pregunta parlamentaria del PSOE, el vehículo TOA no cumplía las exigencias para ser utilizado en combate o en misiones en el exterior. Unas exigencias que tampoco alcanzaría ni con la actualización que estaba prevista. Finalmente, ese proceso de modernización fue revocado.
El próximo martes día 13 se conmemora la festividad del mártir sevillano. Aunque el nombre suene a reminiscencias de aquella interminable lista de reyes godos, la Real y Militar Orden de San Hermenegildo que arropa a la de San Fernando desde 2001, constituye un cuerpo vivo de la institución militar, con un importante papel actual y futuro.
A través de su dilatada historia, que comienza en 1814, se ha producido un proceso de adaptación de su Reglamento a la evolución social de las Fuerzas Armadas, conservando el espíritu que conforma la finalidad de la Orden. El último revisado es de junio de 2000.
Esta finalidad no es otra que «recompensar y distinguir a los generales, oficiales y suboficiales de los Ejércitos, de la Armada, de la Guardia Civil y de los Cuerpos Comunes por su constancia en el servicio y la intachable conducta a tenor de lo que establecen nuestras Reales Ordenanzas».
Dos conceptos, por tanto, prevalecen para acceder a las categorías de Cruz, Encomienda, Placa y Gran Cruz de la Orden: el de la constancia en el tiempo que es relativamente fácil de cuantificar, condicionada por el más subjetivo concepto de «intachable conducta». En esta apreciación es donde entra la importante responsabilidad de un órgano colegiado como es la Asamblea Permanente ubicada entre el Capítulo, órgano superior de gobierno que preside S.M. el Rey y la Cancillería que lleva a cabo la gestión y tramitación de los expedientes.
El Reglamento señala las condiciones para solicitar las distinciones. Veta prácticamente el acceso a los profesionales que hayan sido condenados por delito o falta grave y permite ciertos matices a los que tengan anotadas en sus hojas de servicio cuatro o mas faltas leves o durante dos años consecutivos, valoraciones de «inferior» o «muy inferior» a la media, en el concepto de disciplina, o un nivel «bajo, nulo o negativo» en el concepto de prestigio profesional. Es en este concepto subjetivo sobre el que se pronuncia una Asamblea, presidida por el Gran Canciller de la Orden, hoy el General Rodrigo, y formada por Censor, Asesor Jurídico, un número variable de Generales antiguos Jefes de Estado Mayor o Jefes del Cuarto Militar de S.M., durante un periodo de seis años posteriores a su cese, y otros siete procedentes de los Ejércitos y de la Guardia Civil. Órgano claramente colegiado, dotado de un buen apoyo jurídico y administrativo, somete sus decisiones a votación y sus deliberaciones son secretas. Algún expediente personal lleva a la Asamblea a largas y meditadas discusiones referidas a la concesión o supresión de unas condecoraciones que no entrañan ningún beneficio económico, sino sólo un significado moral. Hace tiempo que las Fuerzas Armadas renunciaron a mezclar el honor de los distintivos con remuneraciones económicas anexas, cosa que les honra.
Los casos más frecuentes a discutir proceden del análisis de arrestos impuestos en primeros años de carrera, asociados a juventud o falta de madurez y que nada tienen que ver con excelentes comportamientos posteriores. Aquí se aprecia el beneficio de las «correcciones a tiempo».Si no se abusa de ellas, son beneficiosas para la Institución, como lo pueden ser en el seno de una familia. También se pretenden analizar posibles «persecuciones» a que puede ser sometido un profesional por falta de afinidad con un superior. La Asamblea analiza la conducta del clasificado, pero también la del clasificador.
Se tiene en cuenta igualmente el rigor de ciertos Cuerpos como la Legión, la Guardia Civil o las unidades Paracaidistas que tienen niveles de exigencia y sanción superiores a los de otras formaciones.
La Asamblea que analizó el pasado año 236 expedientes con impedimentos, sobre los 6.545 tramitados, desestimó 31 concesiones y dio de baja a 25 miembros sobre un total de 49 expedientados. En los últimos dieciséis años ha tramitado cerca de 160.000 expedientes.
Un bien determinado sistema de recursos permite garantizar los derechos de los afectados, que pueden apelar hasta llegar a la jurisdicción contenciosa ordinaria.
Concluyo con dos reflexiones:
-Sigue siendo importante el valor que da el militar a un concepto de premio, muy ligado a las virtudes de la constancia y del honor, que influye en sus valoraciones profesionales, pero que excluye claramente la compensación económica.
-Resalto el valor de lo colegiado sobre lo individual, en estos casos en que priva el respeto a la persona, la ponderación y el análisis objetivo. Este concepto debería ser válido para la concesión de otros tipos de condecoraciones, por ejemplo las referidas a misiones en el exterior, excesivamente sometidas al «pudor político» del momento. La Asamblea podría dar ponderada respuesta en menos de 24 horas a cualquier tipo de propuesta. Sería memoria comparada, ajena a consideraciones de tipo político e incluso a recelos entre ejércitos. Y debería ser el instrumento apropiado para reconsiderar expedientes perdidos –en el caso de las operaciones en Bosnia la deuda con algunos soldados es sangrante– o cuando se tratase de méritos conocidos con posterioridad o que precisasen juicio contradictorio. ¡Que San Hermenegildo en su día, nos ilumine, proteja y pondere a todos, que falta nos hace!
El juez Baltasar Garzón se sentará finalmente en el banquillo y será suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela resolviera ayer proceder penalmente contra él. Varela le acusa de un presunto delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) por investigar, sin ser competente para ello, las desapariciones durante el franquismo. El magistrado concreta que el delito cometido por Garzón fue «la adopción de plurales decisiones que por múltiples motivos se califican como opuestas al ordenamiento jurídico, desde la consciencia de dicha antijuricidad». Considera que atribuyó a personas fallecidas, como los generales Franco, Mola o Queipo de Llano, actuaciones delictivas que habían prescrito, estaban afectadas por la Ley de Amnistía de 1977 y que, además, tampoco eran de su competencia. Esta decisión, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, conllevará la separación del ejercicio de la función judicial.
Aunque la decisión es recurrible, todo hace pensar que la Sala de lo Penal del Supremo respaldará al magistrado Luciano Varela como lo ha hecho hasta la fecha. Garzón tendrá que afrontar otras dos causas admitidas a trámite por el Alto Tribunal relacionadas con los cobros que obtuvo durante la organización de unos cursos en Nueva York y por intervenir comunicaciones de imputados en el «caso Gürtel» con sus abogados en prisión.
El panorama para el juez es sombrío. Si bien respetamos la presunción de inocencia, no se puede pasar por alto que todas las decisiones del Supremo han sido adoptadas por unanimidad y que la acusación ha sido lo suficientemente sólida como para abrir una causa por prevaricación, un delito muy complicado de probar.
Entendemos que las decisiones de Garzón en la causa contra el franquismo no tienen sostén jurídico y que su actuación ha sido un ejercicio al servicio de un principio de oportunidad al calor de la revanchista Memoria Histórica. Hay que recordar que incluso la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronunció en contra de su competencia, pese a lo cual siguió adelante en una absurda carrera por situarse por encima de la Ley. Su estrategia de defensa tampoco ha resultado la más acertada. Lejos de plantear argumentos jurídicos, se ha centrado en la desligitimación de los denunciantes, con la colaboración de la izquierda política. La teoría socialista de la persecución de la derecha contra el juez es insostenible, y no sólo por las rigurosas resoluciones del Supremo, sino incluso por la biografía del magistrado Varela, fundador de Jueces para la Democracia. Quienes desde el Gobierno y el PSOE alientan esa versión conspiratoria atacan a la independencia judicial y hacen un flaco favor al Estado de Derecho.
Garzón ha prestado importantes servicios al país, pero también ha sido responsable de actuaciones controvertidas y cuestionadas con una interpretación muy polémica del principio de legalidad. El juez de la Audiencia Nacional no tiene inmunidad y debe someterse a la Ley, como cualquier otro ciudadano. Se juzgan hechos sin que nada ni nadie pueda mediatizar la acción de la Justicia. Lo contrario no es propio de una democracia.
