El Ministerio de Defensa ha anunciado a los militares afectados por el Plan de Transición del Ejército destinados en Melilla que «congela» las cartas de disponibilidad que les entregaron, por lo que no tendrán que abandonar su actual destino a partir del 1 de julio. Así lo hizo público ayer en declaraciones a los periodistas una portavoz de la plataforma de familiares y amigos de los mandos afectados, durante el transcurso de la concentración que, como todos los viernes, se llevó a cabo frente a la Delegación del Gobierno. Según la citada portavoz, se les ha comunicado de forma «verbal» que las cartas quedan sin efecto «por el momento», circunstancia que no implica que el Plan de Transición de las Fuerzas Armadas no se ejecute finalmente en Melilla. «Desde Madrid se está estudiando el tema», aseguró la representante de los afectados, que ha matizado que, mientras tanto, se ha optado por «anular» las cartas de disponibilidad. Sin embargo, comentó que «esto no es una solución» y lo único que se está buscando es «conseguir tiempo» para alcanzar «el plazo legal» y «quitarnos la posibilidad de concentrarnos», informa Efe.
Mientras tanto, el Gobierno de Melilla solicitó ayer a Defensa que incremente en 500 euros el complemento específico que reciben los militares destinados en la ciudad autónoma, con el objetivo de «incentivar» la presencia del Ejército y hacer de Melilla un destino atractivo. La intención es que ésta subida salarial se incluya como partida específica en el próximo proyecto de los Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Defensa aún no ha contactado con la empresa que previsiblemente se encargará de fabricar los sustitutos de los Blindados Medios de Ruedas (BMR) pese a la urgencia de este cambio. La empresa surafricana BAE Systems consiguió la mejor calificación en las pruebas realizadas por el Ejército de Tierra y cumplió con los requisitos exigidos por el Estado Mayor de la Defensa, según Europa Press.
Esta información, confirmada por fuentes ministeriales a este diario, señala el modelo RG-MK5E «Nyala» como el idóneo para comprar 220 unidades de este vehículo de pelotón con el que sustituir a los Blindados Medios de Ruedas.
Esta preselección no supone que se haya firmado ningún contrato y eso ha disparado la tensión en la empresa surafricana. Dado que el Ministerio no se ha puesto en contacto con BAE Systems, ésta tomó la iniciativa hace tres semanas de llamar a la Embajada surafricana en Madrid para preguntar por el proceso de contratación y presionar para que se resuelva la situación de vacío actual. Pero el limbo en el que se encuentra tiene difícil salida por el momento, porque, según confirman fuentes ministeriales, el problema es económico. Así, la inversión para adquirir estos 220 nuevos blindados no está presupuestada en las cuentas para 2008, por lo que se están buscando soluciones para financiar la compra. Una de ellas pasa por detraer parte del presupuesto destinado al Ejército del Aire y a la Armada, alternativa a la que no están dispuestos ninguno de los dos. La otra, cargar su compra a la partida destinada a misiones de paz, que el Gobierno cifró a finales de abril en 632,5 millones de euros. De éstos, 616,3 millones forman parte de un fondo de contingencia para «atender los gastos relacionados con operaciones de paz de los Balcanes, Afganistán, Líbano, Observadores ONU y otras operaciones». Otros 13,7 millones financiarán los gastos derivados de las contribuciones a organismos internacionales que debe realizar España.
En la reciente visita que la ministra de Defensa, Carme Chacón, realizó a Líbano, el jefe del contingente, el general Juan Bautista García Sánchez, recordó a la titular de la cartera la necesidad de sustituir urgentemente los BMR, porque «están muy viejos».
El debate viene de mucho antes, de los meses posteriores al atentado que el verano pasado costó la vida a seis militares destinados en Líbano como «cascos azules» y que pertenecían a la Brigada Paracaidista, en un atentado terrorista premeditado contra el convoy en el que viajaban.
EL último asesinato de la organización terrorista ha vuelto a provocar las mismas reacciones y condenas tantas veces repetidas después de cada crimen. Y como en ocasiones precedentes, también podría ocurrir que los decisores políticos volviesen a ignorar las consecuencias que deben extraerse cuando una vez más se ha corroborado la voluntad asesina de ETA. Con el fin de evitar tan peligrosa inercia es preciso aplicar medidas que den sentido a palabras de condena y declaraciones de intenciones que sin hechos que las respalden quedan vacías de contenido. En primer lugar, y con objeto de diseñar una eficaz estrategia anti terrorista, resulta obligado definir correctamente el tipo de amenaza que la banda comporta. ETA opera en diferentes frentes, siendo diversas las expresiones de violencia que requieren respuesta desde el Estado. No sólo debe prevenirse y perseguirse el asesinato, sino todas las manifestaciones terroristas con las que la banda intenta avanzar en la consecución de sus objetivos. El control político y social que ETA ha conseguido mediante su presencia en las instituciones debe ser neutralizado al tiempo que se combaten otros medios mediante los cuales la organización terrorista obtiene recursos materiales, humanos y financieros. El Estado no puede permanecer impasible o tolerante ante la violencia que mata, pero tampoco frente a la que no deja vivir a los ciudadanos coaccionados por la intimidación etarra.
De nuevo debe insistirse en la necesidad de reconstruir un consenso en torno a la política antiterrorista al que se apela después de cada asesinato. Sin embargo, nada se ha hecho por recomponer la unidad que garantizó excelentes resultados al articularse una respuesta como la que PP y PSOE diseñaron en torno al Pacto por las Libertades entre 2000 y 2004. Durante la pasada legislatura la firme presión política, policial, social, judicial e ideológica frente a ETA quedó en suspenso al optar el gobierno por la negociación con la banda. Aunque algunos de los instrumentos utilizados para presionar al movimiento terrorista han sido recuperados recientemente, la presión política es aún infructuosa al evidenciarse una preocupante falta de unidad entre los principales actores democráticos. Lamentablemente no se aprecian esfuerzos por recomponer un consenso político vital para debilitar a la banda. En ausencia del mismo, ETA seguirá sufriendo embates, pero podrá encontrar alivio en un decisivo frente de la lucha antiterrorista como es el político. Así ha ocurrido al sustituirse el modelo antiterrorista que excluía la negociación con la banda por otro que situó el diálogo como su eje fundamental y que todavía sigue contemplándolo. Estériles son las declaraciones de los representantes gubernamentales asegurando que no hay expectativas de diálogo con la banda, pues esa posibilidad sigue abierta a pesar del fracaso de la última experiencia. En este apartado la política antiterrorista carece de credibilidad y, por tanto, de capacidad disuasoria ante ETA, como exponen la banda y su entorno al recordar cómo sucesivos gobiernos españoles han negado la posibilidad de negociar con los terroristas para incumplir posteriormente su palabra. Tamaña concesión sigue sirviendo a ETA para movilizar a su militancia, ya que refuerza el argumento terrorista que defiende la violencia como eficaz al ser el garante de la negociación que el Estado niega pero que después concede.
Los posicionamientos que diez años atrás mostraban los dirigentes del PSOE revelan los negativos efectos derivados de la actitud que hoy sigue manteniendo el gobierno. En mayo de 1998, tras el asesinato del guardia civil Alfonso Parada, el comité federal del PSOE aprobó una resolución política en la que declaraba: «Es grave y erróneo insistir antes, durante y después de los atentados, en proponer y ofrecer a los terroristas un diálogo o una negociación política, sea ésta una oferta que se hace con la condición previa del cese de la violencia o sin ella». El texto, que fue aprobado con la reveladora abstención de Jesús Eguiguren, señalaba: «Se está otorgando carta de naturaleza a una verdadera oferta de impunidad puesto que colocamos en la mano de los terroristas la decisión del cuándo dejan de matar, dando la sensación de que sus crímenes serán impunes después de esa supuesta negociación o diálogo que la democracia les ofrece».
Los socialistas denunciaban otro de los perversos efectos generados al aceptar el diálogo, pues «la causa que los terroristas alegan para matar adquiere legitimación y cobertura sociopolítica que prolonga y agrava el terrorismo mismo». Por ello consideraban urgente reconducir «esta grave equivocación política y acabar ya con la sensación de impunidad que alimenta a los violentos»: «Los terroristas deben perder la esperanza de conseguir algo, tanto personal como políticamente, matando y extorsionando al pueblo vasco y a la democracia española. Basta ya». Es evidente que la negociación política con ETA aceptada por el gobierno, y materializada en el denominado Pacto de Loyola en el que se aceptaron importantes transformaciones del marco jurídico político, alienta esas esperanzas de los terroristas a las que aludía la proposición socialista de 1998. Se alimenta asimismo la creencia en la eficacia del terrorismo etarra cuando el gobierno admite que la unidad contra el terrorismo seguirá sin materializarse a causa de las discrepancias que mantiene con la oposición respecto a futuros diálogos con la banda.
También en mayo de 1998 el ex presidente Felipe González manifestaba una postura radicalmente distinta a la del actual gobierno al afirmar: «Si les decimos que cuando dejen de matar se abrirán no sé qué posibilidades, les estamos dejando en sus manos la decisión de cuántos muertos van a provocar hasta que decidan que ya es bastante». González aseguraba que «pese a los últimos atentados, ETA está muy débil, pero tiene la llave de la cárcel en el bolsillo». Añadía por ello que «los terroristas no van a reaccionar hasta que los demócratas recuperemos la llave de la cárcel», lo que le llevaba a concluir lo siguiente: «Les damos oxígeno con esa frase de que cuando dejen de matar les consideraremos buenos chicos; es monstruoso».
El diagnóstico que subyace bajo las declaraciones citadas llevó a los socialistas a respaldar un Pacto por las Libertades que resquebrajó el mito de la imbatibilidad de ETA. Si ese modelo se aplicara hoy, persistiéndose en una presión inalterable e integral desde diversos frentes, constituiría una novedad en el marco de la estrategia antiterrorista que a lo largo de las últimas décadas ha recurrido sucesivamente al recurso del diálogo a pesar de su improductividad. El mensaje político que la democracia trasladaría a ETA con semejante determinación representaría un perfecto complemento a la acción antiterrorista que se desarrolla desde otros ámbitos como el policial y el judicial. Si los partidos democráticos renuncian a recomponer una política antiterrorista firme y consensuada, ETA encontrará un relevante estímulo al lograr un poderoso argumento de propaganda y motivación. En consecuencia la férrea aplicación y reactivación del Pacto representa una coherente respuesta que debe marcar la estrategia antiterrorista a medio y largo plazo. Insuficiente resultará el excelente trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de contener y combatir la amenaza terrorista si la política y los políticos facilitan a la banda un contexto en el que el terrorismo resulta rentable para los intereses de ETA. Las divergencias entre gobierno y oposición respecto a la política antiterrorista pueden ser difíciles de superar, desafío que, no obstante, debería incentivarles a redoblar sus esfuerzos por enmendar tan dañina situación. En caso contrario, el terrorismo seguirá cobrándose vidas y coartando la libertad de los ciudadanos mientras se sucede la rutina de condenas y de intenciones retóricas que convierten la ansiada determinación y unidad contra ETA en mera ficción.
Ahora sí. Los asesinos han matado a un guardia civil y han estado a punto de culminar una matanza de hombres, mujeres y niños en la Casa-Cuartel de Legutiano, en Álava. Ahora sí se han mostrado consternados los nacionalistas del PNV, de EA y de EB, éstos últimos mucho más cercanos al nacionalismo excluyente que al comunismo declinante. El guardia civil muerto se llamaba Juan Manuel Piñuel, llevaba dos meses en el País Vasco y soñaba con vivir en Málaga, junto a su mujer y su hijo de cuatro años. Entre los heridos, mujeres de guardias civiles, que viven el día a día con la misma entereza y lealtad que sus maridos. Ahora sí. Unas palabritas de apoyo, una falsa «enérgica repulsa». Ibarreche, aprovecha la coyuntural condolencia para recordar que es necesario el entendimiento y el acuerdo político. Lo que es necesario es que dejen ustedes de dar la vara apoyando desde las sombras a los socios de los terroristas. Por las sombras y por las claras, en algunos ayuntamientos. Es un juicio de valor, una apreciación personal fundamentada en muchos años de dolores y tragedias. Un nacionalista vasco jamás ha sentido la muerte de un guardia civil. El odio a la Guardia Civil, a la que consideran una fuerza extraña, está presente en decenas de miles de manifestaciones públicas, actas de ayuntamientos y salidas de tono de dirigentes nacionalistas. En el fondo, y tragándome el sapo de la repugnancia, es más honesta la postura de los cómplices intelectuales de la ETA. Guardo el recorte de la entrevista que Antonio Lucas hizo al dramaturgo Alfonso Sastre en su casa de Fuenterrabía y que publicó «El Mundo» el pasado 13 de abril. Sastre es viudo de Genoveva Forest, una mala escritora que colaboró activamente con la ETA en el atentado de la calle del Correo de Madrid, y autora con el seudónimo de Julen Aguirre del libro que narra la preparación y ejecución del crimen del Almirante Carrero-Blanco. Al final, se llevó a José Bergamín a las cloacas de Batasuna, y ahí enterraron al notable poeta y excelso imbécil, entre banderas de hachas y serpientes.
En la entrevista a la que me refiero, Alfonso Sastre, que para algunos es un autor de culto, y que se define reflexivo y anticolérico, dice con toda sinceridad, con villana sinceridad, con asquerosa sinceridad: «Me niego a condenar ninguna acción violenta de ETA, aún estando en desacuerdo con muchas de ellas». En nuestra sociedad mansa, unas declaraciones tan abiertamente delictivas pasan desapercibidas. No condena y reconoce estar de acuerdo con acciones terroristas, es decir, con el asesinato de personas inocentes, de masacres, de vidas sin futuro, de familias rotas, de secuestros infames, de la vileza como primer y último fin. Autor de culto, incluso para Antonio Lucas, que acepta la forajida sinceridad de Alfonso Sastre con enorme naturalidad. Pues bien. Dentro de lo inconcebible, mejor la inhumanidad ciega de este crepuscular calzonazos que la cínica tristeza de algunos dirigentes nacionalistas cuando es asesinado un guardia civil. Esa fotografía de todos los representantes de los grupos parlamentarios guardando un minuto de silencio, está muy repetida y nunca ha servido para nada. Es mentira. Por lo menos, que se enteren de que hay españoles que no los creemos. Marchitas las flores sobre la tumba de Juan Manuel Piñuel, volverán a las andadas. Y antes de que se marchiten.
JOSEAN IZARRA | AGENCIAS VITORIA.- ETA ha matado a un guardia civil y ha herido a otros cuatro en un atentado con coche bomba ocurrido esta madrugada contra la casa cuartel de Legutiano (Álava). Los cuatro agentes heridos se encuentran fuera de peligro, según el último parte médico.
"ETA ha fracasado en su intento, ya que si uno pone una bomba cargada de explosivos frente a una casa cuartel está pensando en producir una masacre, pero no del todo porque ha matado a un inocente", aseguraba el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, horas después del atentado.
El fallecido es Juan Manuel Piñuel Villalón, natural de Melilla pero afincado en Málaga, de 41 años, casado y con un hijo. Llevaba dos meses destinado en la localidad alavesa adonde se había desplazado desde su destino anterior en Valencia para conseguir la preferencia que le permitiera volver a Málaga, donde vive su familia.
En el momento de la explosión se encontraba en el pequeño edificio de vigilancia anexo a la casa cuartel, que ha quedado derruido, al igual que la garita contigua.
Entre los escombros, además quedó atrapado otro compañero que fue rescatado con vida. Se trata de un sargento que fue trasladado al hospital de Txagorritxu, en Vitoria, y que se encuentra en la UCI fuera de peligro. Según el parte médico, el agente presenta politraumatismos diversos y un pequeño hemoperitoneo -presencia de sangre en el abdomen-.
Dos de los otros heridos, un hombre y una mujer, que se encuentran ingresados en el Hospital de Santiago, tienen 41 y 34 años, respectivamente, y no presentan heridas de gravedad. Ambos tienen policontusiones y erosiones múltiples y quedarán ingresados en Observación.
El hombre es F.G.C., mientras la mujer responde a las siglas E.M.C. Al mismo tiempo, junto al sargento herido grave, al Hospital de Txagorritxu fue trasladada una mujer, de 39, que ya ha sido dada de alta.
Juan Manuel Piñuel, el guardia civil muerto en el atentado. Obra del 'comando Vizcaya' Según las primeras investigaciones, el método usado por los terroristas ha sido similar al atentado de Durango del pasado 24 de agosto contra otra casa cuartel: han llegado al lugar, se han bajado del vehículo y han dejado la furgoneta con los explosivos, lo han activado y han huido en otro, un Peugeot 306, matriculado en Bilbao.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado han atribuido el atentado al 'comando Vizcaya'. Los investigadores consideran que este comando, el más activo desde el fin de la tregua en diciembre de 2006 cuando ETA mató a dos ecuatorianos en el aeropuerto de Madrid, sería el responsable de esta nueva acción de la banda que ha costado la vida a un guardia civil.
A este comando integrado por los terroristas liberados -fichados por la Policía- Jurdan Martitegi y Arkaitz Goikoetxea se le atribuye, entre otros atentados, el del coche-bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja).
Según los expertos, Martitegi y Goikoetxea forman el "grupo estable" del comando aunque contarían también con al menos dos 'taldes' de apoyo de colaboradores 'legales" -no fichados- algunos de los cuales podrían haber intervenido en varios atentados.
Entre 100 y 300 kilos de explosivo La furgoneta bomba, una Citröen Berlingo con matrícula 5945FMC, estaba colocada a la puerta del edificio, situado al borde de la carretera N-240 a la entrada del pueblo. Según las primeras estimaciones, la banda terrorista utilizó entre 100 y 300 kilos de explosivos.
29 personas, unas 15 familias, se vieron obligados a abandonar sus viviendas, dentro de la casa cuartel después de estallar la furgoneta bomba. Con la ropa y objetos que tenían en ese momento en su poder, fueron evacuadas a las instalaciones de la Guardia Civil en Sansomendi, donde serán realojadas, ya que los destrozos causados en el edificio les imposibilita volver a sus viviendas.
La onda expansiva del coche bomba ha sido tal que los analistas de la guardia civil han encontrado partes del vehículo como el motor a 200 metros del atentado, después de pasar por encima de edificios, así como restos de éste empotrados en postes de la luz. La bomba ha producido un cráter de varios metros. Además, varios edificios próximos han quedado también dañados.
El Peugeot 306 con matrícula BI2122-BY en el que huyeron los terroristas, fue robado el pasado 14 de abril. Tenía un dispositivo incendiario que no llegó a estallar, según confirmado el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "El vehículo se ha recuperado y, en este momento, está siendo objeto de investigación por parte de la Guardia Civil", ha explicado el ministro.
Rubalcaba, que llegaba pasadas las 09.00 horas a Legutiano, ha dedicado sus primeras palabras a la mujer y al hijo de seis años que tenía el guardia civil asesinado.
Tras afirmar que los heridos se encuentran bien, el ministro ha lanzado un claro mensaje a ETA. "No sé si alguien en la banda terrorista piensa que este tipo de atentados nos asustan y nos amedrentan. Si lo piensa, está muy equivocado porque hoy tenemos un aliciente más, y me refiero a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, para perseguir a los asesinos de Juan Manuel y poder decir un día, más pronto que tarde, a su mujer e hijo que el asesino de su marido y padre está detenido".
El Ministerio de Defensa incumple la Ley de Tropa y Marinería, impulsada por el ministro José Bono y aprobada en abril de 2006, y serán los tribunales de justicia quienes lo dictaminen. Y ello es así, porque el cabo primero profesional del Ejército de Tierra, José Serrano Valencia, ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo contra el Ejército de Tierra, al denegarle éste el derecho a ser considerado «reservista de especial disponibilidad» y poder cobrar una asignación económica de 600 euros mensuales hasta cumplir los 65 años, como así lo recoge la Ley. El militar considera que cumple los requisitos que marca este texto legislativo: llevar al menos 18 años de servicio y haber cumplido la edad de 45 años. José Serrano dice acreditar 22 años de servicio en las Fuerzas Armadas, mientras que ésta dice que tan sólo son 11, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC.
El litigio judicial tiene su origen en la resolución que recibió el militar el 31 de mayo de 2007, en el que el Mando de Personal desestimaba «mi legal y legítima pretensión de obtener la condición de Reservista de Especial disponibilidad». Ante esta negativa, José Serrano presentó el 17 de julio de 2007 un recurso de alzada, basándose en que el Ejército de Tierra señalaba que «hasta el 23 de febrero de 2007, sólo había prestado once años de servicio en las Fuerzas Armadas, sin tener en cuenta que en mi hoja de servicios tengo reconocidos 22 años, dos meses y tres días», según consta en el recurso de alzada. En su escrito, pedía que la resolución del Mando de Personal fuera «anulada por ser contraria a Derecho».
El recurso de alzada fue rechazado por resolución del 24 de octubre de 2007 y el militar ha optado por la vía contenciosa administrativa y así lo ha hecho efectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado día 10 de marzo. El recurso derivará en una demanda. Éste no es el único caso que se ha producido en el Ejército de Tierra en relación al posible incumplimiento de la Ley, ya que otro militar en las mismas circunstancias, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sin embargo, en la Armada y en el Aire, sí que se han reconocido esta condición de reservistas.
Retrasos en el Líbano
El abogado y presidente de la Federación de Asociaciones Militares de España, Jesús Navarro, ha asegurado a ABC que, «los militares de tropa que han conocido los casos y que se encuentran próximos a cumplir los 45 años y que llevan más de 18 años de servicio, así como los que han ingresado o reingresado porque la nueva Ley les garantizaba una cierta, aunque mínima seguridad económica, se sienten desmoralizados y desmotivados». Por otra parte, y en relación a cuestiones económicas del Ministerio de Defensa, esta semana ha regularizado una serie de retrasos que estaban pendientes de abonar a militares que han estado desplazados al Líbano. Los afectados llegaron a presentar una serie de escritos para que se agilizara el trámite de pago, y así se ha realizado.
El PP presenta 71 preguntas en el Congreso sobre la reducción del Ejército en Ceuta y MelillaEl Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Registro del Congreso de los Diputados dos baterías de preguntas parlamentarias por escrito, que suman un total de 71 cuestiones, para que el Gobierno aclare por qué va a reducir las tropas en Ceuta y Melilla. Las ciudades autónomas están preocupadas por los planes del Gobierno de reducir sensiblemente el número de efectivos, sin que haya trascendido el motivo.
L D (Europa Press) Los diputados del Grupo Popular por Ceuta y por Melilla Francisco González Pérez y Antonio Gutiérrez Molina presentaron ante el Registro de la Cámara Baja a mediados del pasado mes de abril sus respectivas iniciativas parlamentarias, a las que tuvo acceso Europa Press y con las que, entre otras cuestiones, buscan que el Ejecutivo informe sobre el número total de efectivos de Tierra destinados en las dos ciudades autónomas desde 2004 hasta la actualidad y el personal militar en servicio hoy por hoy en unidades de Infantería como la Legión y los Regulares, en Artillería de Campaña, en Caballería y en unidades de Logística, entre otras.
Las baterías de preguntas parlamentarias presentadas por González Pérez y Gutiérrez Molina reclaman al Gobierno que aporte datos y previsiones tanto desde una perspectiva general como ya desde un enfoque estrictamente específico, con preguntas como aquellas referidas al número concreto de oficiales, suboficiales y soldados que estaban en 2004 y están en 2008 destinados en una unidad determinada en alguna de las dos ciudades autónomas.
Algunas de las más de 30 preguntas presentadas por cada uno de los diputados del Grupo Popular son idénticas en contenido y únicamente se diferencian en la mención a la ciudad autónoma de Ceuta o Melilla y todas ellas están datadas el 16 de abril pasado y tienen sello de entrada en el Registro de la Cámara Baja catorce días después.
La iniciativa parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso se produce días después de que los presidentes de Ceuta y de Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, se quejaran públicamente y remitieran sendas cartas al Ministerio de Defensa por estimar que el Ejército de Tierra reducirá sus efectivos en ambas ciudades autónomas en aplicación del Plan de Organización de la Fuerza, aprobado por el Ejecutivo en el último Consejo de Ministros con José Bono como responsable de Defensa.
Tanto José Antonio Alonso, ya en su etapa final como ministro de Defensa, como Carmen Chacón, en los primeros días en la sede del madrileño Paseo de la Castellana, aseguraron a Vivas e Imbroda que la reorganización del Ejército de Tierra no supone una reducción de los efectivos destinados en sus plazas y que el contingente militar se verá incrementado. Sin embargo, Ceuta y Melilla están viendo todo lo contrario. Que se está reduciendo el número de efectivos.
El Ministerio de Defensa remitió hoy una carta al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la que le asegura que la reorganización prevista por el Ejército de Tierra desde 2006 no se traducirá en una reducción de los efectivos desplegados en la Ciudad Autónoma, informó a Europa Press un portavoz del departamento que dirige Carmen Chacón.
Enmarcado en el Plan de Organización del Despliegue de la Fuerza de los Ejércitos, la Armada y la Unidad Militar de Emergencias, el Plan de Reorganización de la Fuerza del Ejército de Tierra fue aprobado el 7 abril de 2006 en el último Consejo de Ministros que contó con la asistencia de José Bono como titular de Defensa.
El decreto estableció una nueva estructura con una reducción de unidades en toda España. En el caso de Ceuta y Melilla, según fuentes militares consultadas por Europa Press, se ha previsto una reducción del número de cuadros de mando.
Para mí no es relevante que la ministra de Defensa sea mujer y esté embarazada. Y, aunque no comparto la euforia que este hecho ha suscitado en las instancias oficiales y el feminismo activo, no tengo ningún motivo para creer que un ministro de Defensa es algo más «normal» que una ministra. Lo que me gustaría saber, en cambio, es el conjunto de razones que llevaron al presidente a escoger a esta mujer y no a otra para tan importante responsabilidad. O si es verdad, como parece, que para ser ministro hacen falta menos méritos que para ser becario, y que, una vez que se entra en el círculo inescrutable de los elegidos, da lo mismo dirigir el Ejército que las clases pasivas. Quizá por eso, porque ni siquiera la propia ministra se lo esperaba, andamos muy confundidos sobre lo que es y representa la política de Defensa, en la que todo parece estar reducido a convertir el Ejército en una ONG humanitaria, y en la que, entre viaje y viaje, nos cuelan un ceremonial y unos discursos que se parecen más a las homilías del padre Llanos -«sois la luz del mundo, la sal de la tierra y ejemplo de todas las virtudes»- que a las explicaciones de alguien que tiene que dirigir el uso de la violencia legitimada por el Estado al servicio de nuestros intereses. En términos críticos, hay que recordar que ya no disponemos de una milicia nacional y obligatoria en la que pudiesen encarnarse los valores patrios tradicionales. Y por eso empieza a ser urgente preguntar ciertas cosas que la señora Chacón debe responder.
Necesitamos saber si la milicia va a ser la punta de lanza de nuestra política exterior, o si vamos a fomentar la construcción efectiva de una defensa europea. Queremos saber si vamos a seguir impulsando la investigación militar y la actividad comercial que de ella se deriva, o vamos a optar, radicalmente, por las políticas de paz. También necesitamos hablar sobre las condiciones en las que actúan nuestros soldados -incluidos sus equipamientos y el número de efectivos-, si podemos ser eficientes en las condiciones actuales, y si estamos dispuestos a hacer los sacrificios presupuestarios que se necesitan para continuar huyendo hacia delante. E incluso hay que discutir sobre los criterios políticos y estratégicos que nos llevaron a aceptar misiones que, además de tener poco que ver con la justicia y la paz, fueron decididas sin consultarnos y al servicio de otros intereses nacionales -o nacionalistas- muy específicos.
La política de Defensa es eso, y no debemos dejar que nos la cambien por la monserga de la igualdad, la subida de los sueldos o la idea de de reinventar Cáritas en plan laico. Por eso esperamos de Carme Chacón un discurso más claro y realista.
Si fuera un soldado español desplegado en Kosovo también querría que el máximo responsable del Ministerio de defensa, en este caso, la ministra Carmen Chacón, me hubiera hecho una visita, aunque fugaz, al menos igual que las realizadas a las tropas en Afganistán, Líbano y Bosnia. La vida de un español en uniforme vale lo mismo al sur del río Litani, en Herat o en Prístina. No puede haber distingos.
Pero la ministra ha despachado Kosovo con un «todo va bien allí» y un «no es el momento de la visita». ¿Pero por qué no? Por una sencilla razón: porque el gobierno socialista anda prisionero de su esquizofrenia de Kosovo, a saber, no reconocer la independencia de aquella provincia, pero al mismo tiempo actúa como si esa ausencia de reconocimiento no significara nada. La ministra ha paseado y mostrado su embarazo por medio mundo en señal de que ella, pese a todo, ostenta el mando plenamente. De hecho, las tropas españolas han sido su telón de fondo para ese mensaje, no el motivo de sus preocupaciones.
La mejor prueba es que no quiera ir a Kosovo a ver a nuestros soldados que están allí patrullando sin mandato de la ONU y en una situación, cuando menos, peculiar. Estar con ellos pondría el foco de atención sobre las contradicciones de Rodríguez Zapatero y su política exterior y de seguridad. Y entre los militares y su líder, Carmen Chacón no lo duda. No habrá visita a las tropas en la recién independiente Kosovo.
No es lo que se merecen nuestros hombres y mujeres en uniforme que, al fin y al cabo, hacen lo que el gobierno les dice que hagan.
No es justo que precisamente por eso se les ignore. ¿Es su misión acaso menos digna que la del Líbano? No. Pero tiene un pecado capital para este gobierno, que no cuenta con el aval de la ONU. Rodríguez Zapatero se niega a que la UE envíe su misión a la zona paralizando la decisión de Bruselas. Pero no se atreve a traerse a nuestros soldados, que sería lo coherente. Y encima, no deja que su ministra les vaya a visitar.
LA liberación del atunero vasco «Playa de Bakio» tiene una historia oculta que ABC desvela hoy al dar a conocer los detalles del control constante al que estaban sometidos los secuestradores somalíes por la fragata «Méndez Núnez». Desde este buque de guerra se tuvo conocimiento permanente de la situación del barco y de los movimientos de los asaltantes, quienes abandonaron impunemente el buque con el rescate sin que hubiera intervención militar alguna para detenerlos. Concretamente, los mandos del «Méndez Núñez» recibieron la orden de dejar partir a los asaltadores, quienes tomaron una lancha desde el «Playa de Bakio» para llegar a tierra. La orden del Gobierno español impidió su detención, pese a que una acción militar se habría producido sin riesgo alguno para la tripulación del barco. Este relato de hechos deberá llegar necesariamente a la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, porque una vez que la Justicia entra en un asunto, nada debe quedar sin aclarar, menos aún las razones por las que los autores de un delito de piratería contra un buque español no fueron inmediatamente apresados, como hubiera sido lo lógico y teniendo en cuenta que ya no había riesgo para los secuestrados. ¿A qué fue, entonces, el «Méndez Núñez»? El empeño del Gobierno en no informar debidamente sobre los acontecimientos de este secuestro y su posterior desenlace toca a su fin con la revelación de estos comprometedores datos, que ponen de manifiesto el contraste entre la respuesta del Ejecutivo español al secuestro del «Playa de Bakio» y la del Gobierno francés al del yate Ponant, a principios de abril, que consistió en la persecución y detención, sin miramientos, de los autores del asalto. Ahora toca responder políticamente.