Solicitud de empleo y antigüedad para oficiales en retiro.
Cuerpo Auxiliar de Especialistas del E.T.
Solicitud de empleo y antigüedad para oficiales en retiro (especialistas).
madrid- Su Majestad el Rey presidió ayer en el Palacio de la Zarzuela la reunión del Pleno del Consejo de Defensa Nacional junto a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, el presidente del Gobierno, cuatro ministros (Solbes, Moratinos, Chacón y Rubalcaba) y la cúpula militar en pleno. Durante la reunión, la ministra de Defensa presentó a Don Juan Carlos la nueva Directiva de Defensa Nacional, proyecto que ya expuso en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el pasado 25 de noviembre.
Junto a este proyecto, Chacón informó al Monarca sobre la situación de las misiones que España tiene actualmente en curso más allá de nuestras fronteras. En este sentido, la titular de Defensa incidió ante el Rey en que en las próximas semanas propondrá al Consejo de Ministros la supresión del límite de los 3.000 efectivos en el exterior y a principios del próximo año pedirá al Congreso la autorización para desplegar la misión contra la piratería en aguas próximas a Somalia.
La nueva Directiva presentada ayer al Rey por Chacón será firmada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las próximas semanas y pretende potenciar la visión conjunta e interministerial de los asuntos de Seguridad y Defensa. Entre las cuestiones que incorpora la Directiva se encuentra la «Estrategia de Seguridad Nacional», que establece las bases para proporcionar una respuesta integral que garantice la protección de los intereses nacionales.
El Consejo de Defensa Nacional es un órgano asesor, coordinador y consultivo del presidente del Gobierno en materia de defensa y que al menos una vez al año tiene la obligación de informar al Rey. Junto a los ministros asistieron el director del CNI, Alberto Sáiz; los jefes de Estado Mayor del Ejército, del Aire y de la Armada y el secretario de Política de Defensa.
LD (Europa Press) "Pido que levantéis vuestra copa conmigo y brindéis conmigo por su majestad el Rey", dijo la ministra durante la copa ofrecida a los soldados. Chacón olvidó brindar "por España", que es la fórmula para todos los brindis con las tropas. No es la primera vez que un miembro del Gobierno olvida el tradicional "Viva España" al brindar con las tropas. El 5 de enero de este año, el presidente Zapatero tuvo el mismo lapsus que Chacón. Durante su viaje de unas horas a Líbano para visitar la base Miguel de Cervantes, situada en Blat (región de Marjayún, sureste del país), José Luis Rodríguez Zapatero ha dirigido el tradicional brindis, que concluye siempre con un "Viva España". El presidente limitado la fórmula habitual al grito de: "Por el Rey". Fue un militar de la base quien, espontáneamente, gritó "Viva España" justo antes de que Zapatero bebiese de su copa de vino. En esta ocasión ningún militar brindó con Chacón por España.
Chacón reconoció que la situación de seguridad "se ha deteriorado" en el país, pero aseguró que el cambio en la Administración norteamericana supone "un motivo de esperanza a ministra de Defensa y el de Exteriores llevan a los soldados el "cariño" y el "reconocimiento" de la sociedad española
La ministra de Defensa llegó esta mañana a la base española de Camp Arena, para visitar a los soldados españoles destacados en el exterior con ocasión de las fiestas navideñas. En esta ocasión, en el que es ya su tercera visita al país, acompañó a Chacón el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, además del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del Aire José Julio Rodríguez, el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), general de Ejército Fulgencio Coll, y una alta responsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Carmen Romero.
Nada más llegar, la titular de Defensa pasó revista a las tropas y, junto al jefe de la diplomacia, presidió un homenaje a los caídos en Afganistán, en el que se depositó una corona de laurel frente al monolito que recuerda a los fallecidos en misiones en el exterior.
Después, ambos ministros se dirigieron a la sala de lectura de la base, que a partir de ahora contará con 300 libros más, gracias a la iniciativa del escritor Alvaro Colomer, respaldada por el Departamento que dirige Carme Chacón, que pretende enviar, inicialmente, hasta 3.000 libros a todas las misiones españolas en el exterior.
También tuvo ocasión la delegación española de visitar una mini estación de radio puesta en marcha por los soldados, con el nombre de 'RECA Radio-España Camp Arena', que, con el descubrimiento de una placa, quedó además hoy oficialmente inaugurada. Finalmente, los ministros se dirigieron al comedor de la Base, donde tanto Chacón como Moratinos pudieron pronunciar unas palabras a los soldados españoles, a los que transmitieron todo el "apoyo" y el "cariño" de la sociedad española y, en concreto, el del presidente del Gobierno y el Rey.
Además, Chacón recordó que mañana, día de Navidad, "cuando mañana millones de familias se sienten a la mesa, en más de 3.000 de ellas habrá una silla vacía". "Soy perfectamente consciente del sacrificio que estáis haciendo y del sacrificio que hacen también vuestras familias, teniendo que vivir en estas fechas vuestra ausencia", afirmó.
Al recordar que la de Afganistán es la misión española en el exterior que más baja se ha cobrado, con 87 víctimas mortales, Chacón reconoció el "alto tributo" que ha pagado España por su "compromiso" con Afganistán, pero subrayó que éste responde a un "amplio consenso internacional".
"Reorientación de la estrategia"
Chacón volvió a defender que la estrategia internacional en Afganistán "necesita una reorientación", que España "está impulsando con apoyo de sus principales aliados" y que "se basa en la 'afganización'", en "solicitar una mayor exigencia a las autoridades afganas para que hagan ellas también su trabajo", en "el reforzamiento del papel de la ONU" y en una "mayor y mejor coordinación" de la misión de la OTAN y la misión Libertad Duradera de Estados Unidos.
Además, señaló que hace falta "un cambio de prioridades", para lo que la "nueva Administración norteamericana" supone "un motivo de esperanza", ya que "va a concentrar el esfuerzo en donde está la verdadera amenaza, en Afganistán".
No obstante, tanto ella como otros miembros del gobierno han negado en varias ocasiones que España vaya a a ampliar su contingente en el país, lo que no parece muy en sintonía sobre ese cambio de prioridades que se pide a EEUU.
Chacón destacó que el trabajo de la misión "está dando frutos visibles", como son los 150 kilómetros de carretera construidos, el suministro eléctrico para 15.000 personas o las 29.000 nuevas plazas escolares, que han llevado a reducir la tasa de analfabetismo "hasta la mitad".
Moratinos: "Sin seguridad no hay desarrollo"
Moratinos, por su parte, destacó que la misión española supone "una experiencia única" de colaboración entre Fuerzas Armadas y Cooperación, que pone de manifiesto que "sin seguridad no hay desarrollo", del mismo modo que "sin desarrollo no hay seguridad".
Tras 14 horas de viaje y una vez concluida su visita de cuatro horas, la delegación española emprenderá el viaje de regreso desde Herat hacia Madrid, previa parada técnica de nuevo en Manas.
MADRID- El aumento de la inseguridad en Afganistán es un hecho que ya nadie niega. La ministra de Defensa, Carme Chacón, reconoció en una reciente comparecencia en el Congreso que el nivel de riesgo en la provincia española es alto, y en algunas zonas «extremo». Esto, añadido a la creciente presión que ejercen los talibanes sobre todo el territorio, ha puesto en alerta a las autoridades militares. Tanto es así que el Ministerio de Defensa baraja el envío de un refuerzo al contingente desplegado actualmente en suelo afgano. Por el momento, según confirmaron fuentes militares a LA RAZÓN, la petición de los encargados de la misión ha sido de unos sesenta efectivos para apoyar al Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT por sus siglas en inglés) que España tiene en la población afgana de Qala-i-Now. Este contingente lo componen cerca de 250 militares que tienen como misión proteger a los cooperantes civiles encargados de la reconstrucción de la provincia de Badghis y además tratar de evitar que la violencia insurgente se extienda en ese área noroccidental. El incremento de la violencia y del hostigamiento a las tropas, especialmente en la parte norte de la provincia, ha requerido la presencia de más soldados, que Defensa baraja enviar en el próximo relevo, que se producirá entre febrero y marzo, dado que el último se produjo el pasado mes de noviembre. El hecho de que la cantidad planteada sea tan reducida se debe principalmente a la capacidad de la base de Qala-i-Now, que no permite acoger un refuerzo mayor. También juegan en contra de un envío mayor el ajustado presupuesto económico y, a la hora de la planificación planteada desde el Estado Mayor de la Defensa, el límite de los 3.000 soldados desplegados en el exterior que sigue todavía vigente. Las mismas fuentes subrayan que este refuerzo podría ser sólo un anticipo, pues con la anunciada supresión del límite se habría vencido uno de los condicionantes. La otra traba, la capacidad de la base, se solventará una vez que concluya la construcción del nuevo acuartelamiento en las afueras de la ciudad que adelantó este diario en exclusiva el pasado 1 de octubre. Este cambio vino en parte motivado porque la sede actual de las tropas se encuentra situada en medio de la ciudad, de unos 20.000 habitantes, y se precipitó la decisión después de que el pasado 27 de septiembre una granada impactara en el interior del actuartelamiento. Según la capacidad de la que se dote finalmente a la nueva base, el refuerzo podría incrementarse. Según fuentes militares consultadas por este diario, el contingente de Qala-i-Now es el que más problemas está experimentando de los dos que tiene España en suelo afgano. El de Herat es más numeroso (unos 525 efectivos), y comparte misión y cuartel con un nutrido despliegue italiano, además de con fuerzas menores de otros países. Durante los últimos meses, el PRT ha visto duplicarse su carga de trabajo, no tanto en tareas de reconstrucción, que continúan con los proyectos ya planteados, sino en las de seguridad. Peligro en el norte En una reciente visita del jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general José Julio Rodríguez, el coronel jefe de la base de Qala-i-Now, Pedro Rolán, le advirtió de que el principal peligro de la misión se sitúa en la zona norte de la provincia de Badghis y cuando se produce una coincidencia de «pastunes y opio». Además, el coronel destacó que en la provincia no existe gobernabilidad, que nadie contempla el poder judicial y el Gobierno central afgano es débil en este sentido. Prueba de este riesgo son los dos ataques consecutivos que sufrieron las tropas españolas y afganas el pasado mes de octubre. El primero se produjo cuando soldados del Equipo de Reconstrucción Provincial y miembros del Ejército Nacional Afgano escoltaban un convoy del Programa Mundial de Alimentos por la citada provincia. En el segundo, apenas veinticuatro horas más tarde, otro grupo de militares españoles escoltaba a otro convoy de ayuda humanitaria de la misión internacional. En ese ataque, las tropas españolas causaron seis bajas entre los atacantes. En total, en lo que va de año, el contingente del Ejército ha causado cerca de doscientas bajas entre los talibanes, siempre en respuesta a ataques de éstos, sin causar ninguna baja civil y sin que ni un solo soldado español resultara muerto o herido.
En los primeros días de noviembre la ministra de Defensa concretó un cambio de principios en el discurso oficial del Gobierno sobre la intervención en Afganistán. Hasta esa fecha, el Ejecutivo rehuyó siempre hablar de una guerra abierta contra el terrorismo y se refirió con insistencia a una misión de paz y humanitaria, de socorro en fin a la población. En aquellas fechas, Chacón se encontraba en Afganistán para trasladar los féretros de los dos soldados fallecidos en el último ataque suicida contra nuestras tropas y fue allí, sobre el terreno, cuando aseveró que España está en el país asiático porque «aquí se fraguan amenazas contra miles de ciudadanos inocentes y libres del mundo. Estamos en Afganistán porque quienes han arrancado la vida de nuestros compañeros no sólo amenazan al pueblo afgano, amenazan la libertad y la seguridad de todos, también de nuestras familias», afirmó, en un replanteamiento de la «misión de paz» en Afganistán. Pocos días más tarde, la ministra de Defensa fue todavía más clara y aseguró en el Congreso de los Diputados que las tropas españolas están en Afganistán para combatir al terrorismo internacional que declaró «la guerra al mundo civilizado» el 11-S de 2001 y que convirtió ese país en «base de operaciones de Al-Qaida». El cambio sustancial en la posición del Gobierno resultaba pues incuestionable. Desde entonces, además, se han producido pequeños avances para mejorar las condiciones de la misión y se ha eliminado el límite de soldados en el extranjero. El Gobierno, sin embargo, se enfrenta en las próximas semanas a un horizonte en el que deberá dar pasos definitivos en ese replanteamiento general de la presencia española en Afganistán. LA RAZÓN informó ayer de que el Estado Mayor del Ejército ha pedido refuerzos para el contingente ante el considerable aumento de la inseguridad en la zona. El incremento de la violencia y del hostigamiento a las tropas en la provincia de Badghis, donde nuestros militares realizan una parte sustancial de su trabajo, han disparado todas las alarmas. La situación general del conflicto tampoco es nada positiva, después de que la presión de los talibanes sea cada vez mayor en todo el país. La OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, ha manifestado insistentemente que los aliados están obligados a aumentar sus efectivos considerablemente si se pretende hacer frente a la acción terrorista con ciertas garantías de éxito. Bajo este nivel de amenaza, es ineludible y urgente que el Gobierno atienda las peticiones no sólo de nuestro Ejército, sino también de nuestros aliados para que se refuerce la misión española con más y mejores medios. Que nuestros militares puedan desarrollar su labor en óptimas condiciones debe ser una prioridad para el Ejecutivo, que también tiene que tener muy presente que España no ha estado precisamente a la altura adecuada en el cumplimiento de los compromisos internacionales. Otra negativa a la OTAN y nuevas excusas y más demoras para nuestros militares no encajarían para nada en la nueva lectura sobre la guerra en el país asiático de la ministra de Defensa, que además creemos que es la correcta. La comunidad internacional libra una lucha contra el terrorismo en distintos escenarios del mundo, aunque el más cruento y amenazador ahora mismo parezca Afganistán. Del destino de ese conflicto depende nuestra seguridad y libertad y por eso se deben poner los medios, todos ellos, para que el esfuerzo de nuestros militares se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles y la recompensa final sea que el fanatismo islamista y criminal sea derrotado.
Madrid- España no mandará la misión de las Naciones Unidas en Líbano. El organismo que dirige Ban Ki Moon ha decidido prorrogar el manDATO de Italia al frente del despliegue que comparte con nuestro país y Francia. Un general español debía asumir el mando del contingente internacional el próximo mes de febrero, pero la decisión de la ONU pospone sin fecha un hecho importante no sólo para la cúpula militar sino para nuestro país en sus relaciones internacionales. Ayer, la ministra de Defensa, Carme Chacón, pasó de puntillas por este asunto durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados y se limitó a señalar que «España no se ha opuesto a la prórroga» del mandato del general italiano Claudio Graziano por un tercer año. Asimismo, subrayó, «en tanto que tercer país contribuyente con fuerzas a la misión, aspiramos a sucederle cuando finalice su turno actual, en febrero de 2010».
Este somero análisis de la ministra sobre el cambio de opinión de la ONU tiene varios factores decisivos a su espalda. Según fuentes diplomáticas consultadas por este diario, el Gobierno no ha puesto muchas pegas a la decisión del organismo internacional ni ha tratado de cambiarla. En parte, apuntan, porque asumir el mando de la misión supone incrementar la participación en número de efectivos, en material y, por supuesto, económicamente. Dada la situación, un esfuerzo de tal envergadura no parece la mejor solución a la crisis.
Las mismas fuentes apuntan a que la renuncia del general Díaz de Villegas al mando de la misión de la ONU en el Congo tras un mes al frente de la misma podría haber influido, aunque consideran que las Naciones Unidas se mueven por cuestiones más globales y no tan puntuales. Lo que sí subrayan es que la medida adoptada por las Naciones Unidas es un frenazo a las aspiraciones militares internacionales de España.
Desde el Ministerio de Defensa se resta importancia al asunto asegurando que este tipo de decisiones son habituales, ya que argumentan que cuando una misión funciona con el mando que tiene, los organismos internacionales no tienen reparo en prolongar el mandato de quien lo ostenta. A principios de año, la propia ONU había solicitado a España que nombrara un general de división para hacerse cargo de la fuerza multinacional en el relevo de 2009, dado que como tercer país contribuyente a la misión (después de Francia e Italia) le correspondía. España, con sus 1.100 efectivos, ostenta el mando de la región este del «colchón» de interposición de las Naciones Unidas en la frontera entre Líbano e Israel. Bajo la responsabilidad española se encuentran también militares de Nepal, India, Indonesia, Malasia, Polonia y China.
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El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Manuel del Álamo, afirmó que sus servicios jurídicos están trabajando para «acelerar al máximo» los expedientes por incapacidad de los guardias civiles, con el objeto de lograr el menor número de perjudicados por la nueva normativa, que se pondrá en vigor en enero, y cifró en 300 el número de expedientes que están tramitando. Además, acusó a la Administración de otorgar un «mal trato» a los agentes del Instituto Armado e «imponer con alevosía y nocturnidad» un régimen de incompatibilidades al colectivo que ya de por sí, dijo, «tiene un régimen muy severo». Del Álamo se refería así a otra inclusión del texto legal, que incluye rebajar hasta un 45% la pensión de los funcionarios que no respeten el régimen de compatibilidad. «Estamos en contra del fraude, de la utilización fraudulenta de fondos, pero no es modo de combatir con este pensionazo indiscriminado» señaló, antes de reprobar que la iniciativa se ha planteado sin «estudio previo» sobre los trabajadores afectados.
madrid- Más de un centenar de militares, guardias civiles y otros funcionarios de la Administración Pública se manifestaron ayer ante la sede del Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid para exigir la retirada del recorte de las pensiones de Clases Pasivas por incapacidad permanente, conocido como el «pensionazo» y contemplado en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Alrededor de un millón de funcionarios de la Administración Pública pueden verse afectados por la nueva normativa, según fuentes sindicales, si bien los trabajadores de Enseñanza, Justicia y, sobre todo, de las Fuerzas de Seguridad y el Ejército serán los colectivos que verán mermadas en mayor grado sus pensiones. El texto conlleva un recorte del 25 por ciento en las pensiones concedidas a partir del próximo año por incapacidad permanente a los funcionarios con menos de 20 años de servicio o antigüedad. Bajo el lema «No al Pensionazo» denunciaron que el Ejecutivo de Zapatero ha puesto en marcha esta modificación legal «de forma unilateral», sin negociación con los agentes sociales y contra el criterio del Tribunal Constitucional, que rechaza que las cuentas públicas sirvan para reformar este tipo de prestaciones, informa Ep. La marcha, convocada oficialmente por CC OO, contó con el respaldo de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP). «Menos pensionazos, más derechos» fue una de las consignas más coreadas por los manifestantes, que hicieron sonar pitos mientras portaban pancartas contra «el pensionazo de Zapatero» y «los recortes sociales en el Ejército» durante más de una hora frente al despacho del vicepresidente de Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. El secretario general de AUME, Mariano Casado, defendió la libertad de los militares a ejercer los derechos de reunión y manifestación, a pesar de la oposición de algunos sectores «interesados en volver a la represión y que no entienden que los militares son ciudadanos como los demás». Además, anunció que AUME animará a los grupos parlamentarios a interponer proposiciones no de ley con el fin de modificar «este status, que va a ser muy grave y afectará a muchas familias». La protesta, advirtió, se trata de «una primera acción, pero no de la última.
Madrid- El Gobierno se autoimpuso en 2005 un límite para las misiones en el exterior. Sólo podían ser desplegados un total de 3.000 efectivos a la vez, fueran los compromisos internacionales los que fueran y pesaran las necesidades operativas que pesaran. Pocos defendían ya ese autoconstreñimiento gubernamental. Ayer, la ministra de Defensa, Carme Chacón, le dio la estocada definitiva a un límite indudablemente más político que operativo, como ella misma admitió de modo implícito. La ministra, tras calificar ese límite como «obsoleto», anunció que en las próximas semanas trasladará al Consejo de Ministros la propuesta de no limitar el número máximo de efectivos en el exterior, y que la actuación de las tropas esté sólo al albur de «la legalidad de la misión, la voluntad del pueblo español y la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas». Precisamente en esa capacidad está el reconocimiento implícito de una decisión política tras el límite. Como Chacón subrayó, «nuestros ejércitos tienen capacidad para mantener desplegada, en estas misiones en el exterior, una fuerza de hasta 7.700 militares», bastante más del doble de lo que el límite marcaba. Esta fuerza posible, lo que no significa que se vayan ahora a desplegar semejante cantidad de efectivos, se calcula teniendo en cuenta la capacidad de hacer rotaciones, los periodos de descanso necesarios y el mantenimiento de los materiales. Así, la capacidad de 7.700 está planteada para, como informó la ministra, «mantener dos escenarios de intervención externa principales y cuatro de menor exigencia». En junio de 2004, el Ejecutivo limitó la participación española en misiones a 2.600 militares. En diciembre de 2005 se amplió a 3.000 y desde entonces se ha mantenido intacto pese a que en ocasiones, atendiendo a esa limitación, se hayan tenido que variar las previsiones militares de las misiones en función de ese corsé, tal como ocurrió en Líbano. La decisión anunciada ayer, como admitió la ministra, permite mayor flexibilidad y «una mejora de las capacidades de seguridad». Más allá de esta cuestión, la titular de Defensa hizo ayer en el Congreso de los Diputados un repaso a las misiones que actualmente están en curso. En primer lugar, Chacón subrayó que el coste de las mismas durante 2008 se ha incrementado en un 4 por ciento respecto al año anterior, hasta los 668 millones de euros. El repaso a los despliegues de Bosnia, Kosovo, Líbano, Afganistán, Chad y Djibuti no aportó mucha novedad, más allá del reconocimiento del mal momento que vive la misión afgana. De cara al futuro, Chacón subrayó que las prioridades se centrarán en la zona de influencia del Mediterráneo y en África. Pero no sólo serán prioritarios para Defensa, sino que serán «destinatarios de nuestros próximos despliegues», lo cual abre la puerta a una posible participación española en la misión de la ONU en Congo.
Madrid- España no mandará la misión de las Naciones Unidas en Líbano. El organismo que dirige Ban Ki Moon ha decidido prorrogar el manDATO de Italia al frente del despliegue que comparte con nuestro país y Francia. Un general español debía asumir el mando del contingente internacional el próximo mes de febrero, pero la decisión de la ONU pospone sin fecha un hecho importante no sólo para la cúpula militar sino para nuestro país en sus relaciones internacionales. Ayer, la ministra de Defensa, Carme Chacón, pasó de puntillas por este asunto durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados y se limitó a señalar que «España no se ha opuesto a la prórroga» del mandato del general italiano Claudio Graziano por un tercer año. Asimismo, subrayó, «en tanto que tercer país contribuyente con fuerzas a la misión, aspiramos a sucederle cuando finalice su turno actual, en febrero de 2010».
Este somero análisis de la ministra sobre el cambio de opinión de la ONU tiene varios factores decisivos a su espalda. Según fuentes diplomáticas consultadas por este diario, el Gobierno no ha puesto muchas pegas a la decisión del organismo internacional ni ha tratado de cambiarla. En parte, apuntan, porque asumir el mando de la misión supone incrementar la participación en número de efectivos, en material y, por supuesto, económicamente. Dada la situación, un esfuerzo de tal envergadura no parece la mejor solución a la crisis.
Las mismas fuentes apuntan a que la renuncia del general Díaz de Villegas al mando de la misión de la ONU en el Congo tras un mes al frente de la misma podría haber influido, aunque consideran que las Naciones Unidas se mueven por cuestiones más globales y no tan puntuales. Lo que sí subrayan es que la medida adoptada por las Naciones Unidas es un frenazo a las aspiraciones militares internacionales de España.
Desde el Ministerio de Defensa se resta importancia al asunto asegurando que este tipo de decisiones son habituales, ya que argumentan que cuando una misión funciona con el mando que tiene, los organismos internacionales no tienen reparo en prolongar el mandato de quien lo ostenta. A principios de año, la propia ONU había solicitado a España que nombrara un general de división para hacerse cargo de la fuerza multinacional en el relevo de 2009, dado que como tercer país contribuyente a la misión (después de Francia e Italia) le correspondía. España, con sus 1.100 efectivos, ostenta el mando de la región este del «colchón» de interposición de las Naciones Unidas en la frontera entre Líbano e Israel. Bajo la responsabilidad española se encuentran también militares de Nepal, India, Indonesia, Malasia, Polonia y China.
Cuando uno dice algo para, a continuación, decir «¡Huy, lo que he dicho!», es que se ha metido la pata. Y cuando se hace una pregunta cuyo planteamiento pone inmediatamente tan en ridículo al que la hace que no le deja otro remedio que retirarla, entonces es que tenemos un nuevo bocazas entre nosotros. Y este es un país rico en bocazas. Nos encanta hablar por hablar y, sobre todo, hablar para que no hablen los demás, e incluso para que el ruido que hacemos con lo que decimos les impida pensar o nos permita insultarles por pensar como mejor les parezca. Y esto de pensar como mejor le parezca a uno, que es lo que acredita uno al votar como más y mejor le convenga, es lo que molesta a quien, al advertir semejante modo de hacer las cosas, se extraña y pregunta: «¿Por qué hay tanto tonto de los c... que vota todavía a la derecha?».
El lector habrá sustituido, sin duda, esos puntos suspensivos por su significado más testicular y el sentido más machista de la expresión en castellano. Habrá incurrido entonces en una transgresión de género al dar por buena la semántica de una expresión castiza de la violencia del sexo del varón sobre el de la hembra, aunque sea para atribuir al sexo aquel la calificación de tonto. Si ha sido así, ese violento vicio a la hora de interpretar la cosas puede ser entendido como el testimonio de una herencia franquista.
Y una vez alcanzado este punto de la exposición, no hay más remedio que aclarar la articulación de tanto disparate. La frase u oración braguetaria con la que se inicia este comentario fue pronunciada no por un descerebrado cualquiera, sino por el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, el socialista y flamante alcalde de Getafe, Pedro Castro. En cuanto a lo que tenga que ver la violencia de género con la herencia franquista, hay que recurrir a lo expuesto por la ministra de Educación, Política Social y Deportes, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, en las jornadas sobre Las mujeres bajo la dictadura franquista , donde relacionó la violencia contra las mujeres con ese pasado al que se referían esas jornadas. También podía haber considerado los 800 años de dominio musulmán, pero prefirió una herencia más cercana y, para ella, más clara que la que hayan de dejar esas palabras en sus herederos. No se a cuántos podrán parecer tremendas este tipo de cosas. A mí me lo parecen. Es más, a casi cuarenta años de la muerte de Franco, me pregunto: ¿qué habremos seguido haciendo para seguir mereciéndonos esto? A lo que cabe añadir las preguntas habituales: si quienes así hablan trabajaran en lo privado, con responsabilidades a su nombre y no a su cargo, ¿dirían lo que dicen? ¿Tan seguros están de sus sueldos como para no medirse un poco? ¿O es que cobran por no medirse?
MADRID- Dos comunicados oficiales, de Defensa y de Exteriores, confirmaron ayer que el Gobierno, como es lógico, sí tenía información de los vuelos con destino a Guantánamo. Tanto el jefe del Ejecutivo como el ministro de Asuntos Exteriores dijeron el lunes, ante la polémica por las informaciones de «El País», que nunca supieron nada de esos vuelos con origen o destino al limbo jurídico de la base nortea-mericana. Sin embargo, Defensa precisó ayer, en relación a las noticias sobre la posible autorización por parte del Gobierno de Aznar de escalas de emergencia, que ha remitido a la Audiencia Nacional cuanta información le ha sido solicitada. El departamento que dirige Chacón también aclara que esos vuelos eran legales porque «cumplían lo previsto en el artículo 25.2 del Convenio de Cooperación para la Defensa, es decir, que no transportaban pasajeros ni carga controvertidos». El Ministerio de Defensa asegura, asimismo, que «no tiene constancia de ningún vuelo o escala en territorio español por parte de aeronaves de las Fuerzas de los Estados Unidos de naturaleza ilegal, o que de algún modo hubiera podido contravenir los acuerdos internacionales suscritos por España en esta materia». Por otra parte, el ministro Moratinos anunció el lunes la apertura de una investigación para enterarse de qué había pasado, ya que supuestamente no tenía ninguna información sobre los vuelos -la filtración de una nota reservada de su Departamento es la que ha dado lugar a que se reabra la controversia por Irak. Asuntos Exteriores emitió ayer otro comunicado en el que «lamenta» que IU, que forma parte de la acusación particular en la causa abierta en la Audiencia Nacional, haya roto el secreto de sumario para «interpretar de manera parcial y no objetiva» documentos relacionados con los vuelos de la CIA a su paso por España, con presos que eran llevados a la cárcel de Guantánamo. Alude así a la rueda de prensa de Gaspar Llamazares en la que, en base a documentación secreta de Exteriores, denunció la «opacidad» con la que el Gobierno del PSOE ha gestionado los datos sobre las autorizaciones de los citados vuelos de EE UU. La información reservada eran dos faxes secretos y una nota interior, fechadas en los días 26, 27 y 30 de noviembre de 2007, en los que el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, ordena que no se facilite información sobre las autorizaciones de los vuelos de Estados Unidos. Al afirmar el lunes que no tenía ninguna información sobre los vuelos, Moratinos debe haberse olvidado de su comparecencia ante el Parlamento Europeo del 14 de septiembre de 2006. Entonces declaró que el CNI «no había encontrado pruebas ni indicios de delito en las escalas supuestamente de la CIA en territorio español». También precisó en sede parlamentaria que un vuelo que podría ser sospechoso de transportar detenidos hizo escala en Palma de Mallorca el 15 de septiembre de 2004, con Rodríguez Zapatero ya como presidente del Gobierno. Sus conversaciones con autoridades de EE UU le confirmaron que «no tenían constancia de que a bordo de los aviones en escala en aeropuertos españoles hubiese ningún pasajero clandestino ni en situación ilegal». En relación a la posición del PP, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que su partido también ha solicitado la comparecencia de la ministra Chacón, que se suma a la de Moratinos, para que traslade al Parlamento la información de la que dispone al respecto. Moratinos dijo anoche que la próxima semana informará al Congreso de su investigación. El grupo popular no descarta pedir también la comparecencia de los ex ministros de Defensa José Bono y José Antonio Alonso. Además, si se retrasan las explicaciones oficiales, promoverá una batería de preguntas orales y por escrito.
Según informó en un comunicado el Ejército de Tierra, el Mando de Adiestramiento y Doctrina español (MADOC), con sede en Granada, acogerá entre los días 10 y 12 de diciembre una serie de conferencias sobre lecciones aprendidas en operaciones en el exterior impartidas por militares del Centro de Lecciones Aprendidas del Ejército de Tierra estadounidense.
Los militares norteamericanos hablarán sobre las experiencias extraídas de las misiones que las tropas de su país llevan a cabo en los diferentes escenarios internacionales, principalmente Afganistán e Irak. Expondrán además sus problemas para convertir tales experiencias en lecciones aprendidas útiles para el conjunto de sus unidades, puesto que a la resolución de este problema se aplica precisamente en el Ejército de Tierra español a través del Centro de Lecciones Aprendidas del MADOC.
El Centro de Lecciones Aprendidas del Ejército español es el órgano encargado de realizar este tipo de cometidos en el marco de las misiones desarrolladas actualmente en Afganistán, Líbano, Kosovo y Bosnia Hercegovina.
Está previsto que asistan al seminario representantes de todas las unidades de entidad Brigada del Ejército español, al ser las que forman los contingentes que España envía a las citadas operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.
Mientras las autonomías se desentienden de la crisis y contemplan presupuestos expansivos con más gasto corriente, más personal, más coches oficiales y más avionetas privadas como las que Chaves y sus consejeros usan para llegar a tiempo a las votaciones parlamentarias, el asfixiado Ministerio de Defensa se dispone a recortar inversiones alquilando los misiles de la Armada en el muy pacifista supuesto de que no habrá que dispararlos. Tieso por los tijeretazos presupuestarios, el Ejército estudia también la implantación de la jornada intensiva para ahorrar luz, dando por sentado que, como en la guerra de Gila, el enemigo no va a atacar de noche. Si todo eso no basta para apretarse el cinturón se cambiarán los ejercicios navales de altamar a puerto, se reducirán las horas de vuelo de los pilotos -que el combustible de los aviones es muy caro y hay que dejarlo para los aerotaxis de los altos cargos-, y se restringirá la munición de entrenamiento terrestre, que sale por un pico y al fin y al cabo las misiones de paz de nuestras Fuerzas Armadas no han sido concebidas para disparar contra nadie. Todo esto no es una broma ni una parodia fácil: figura en los informes internos de Estado Mayor y en las explicaciones ofrecidas al Congreso por la ministra Chacón, entre otras medidas para afrontar el ajuste del tres por ciento a la baja impuesto para el ejercicio de 2009 en los gastos militares.
Cuando el keynesiano Paul Samuelson formuló su célebre dilema de «cañones o mantequilla» quizá no estuviese pensando exactamente en medidas de este tenor. Se refería a la orientación de las prioridades políticas en un mundo que compaginaba la desenfrenada carrera de rearme con altísimas tasas de infradesarrollo, pero es dudoso que admitiese llevar su propuesta de prioridades civiles al extremo de apagar la luz en los cuarteles. El zapaterismo ha decidido aplicar al pie de la letra la doctrina del Nobel de Economía, pero sustituyendo la mantequilla por los subsidios y la propaganda: los prescindibles ministerios de Vivienda o Igualdad, niñas bonitas de la estrategia gestual del presidente, no sufren en la misma medida la amputación financiera de sus constantes vitales. Y las comunidades autónomas, alegres y felices en el gasto clientelar, se consideran a sí mismas al margen de la obligada contención que impone la angustiosa coyuntura.
La reducción del gasto militar ha sido siempre un clásico del imaginario político de la izquierda europea, normalmente amortiguado por la exigencia del pragmatismo del poder, pero en todo caso su aplicación se justifica cuando sirve para equilibrar otras dotaciones estructurales básicas, la «mantequilla» de educación, sanidad, obras públicas o servicios sociales. Lo que no se entiende es que también estas partidas desaceleren su crecimiento o mermen sus inversiones mientras se mantienen o amplían las caprichosas prioridades artificiales que hilan el posmoderno diseño del republicanismo cívico. Y menos aún, mientras las autoridades despilfarran con desahogo en gastos suntuarios y modernizan sin reparo sus lujosas flotillas automovilísticas y hasta aeronáuticas. A menos que en la próxima misión en Afganistán nuestro mirífico y solidario Gobierno esté dispuesto a enviar los coches blindados de ciertos próceres autonómicos y municipales.
El recorte de fondos aplicado por el Gobierno a los presupuestos de Defensa para el próximo año -un 2,98 por ciento, el único ministerio que pierde de los llamados «de inversión»- amenaza la operatividad de los tres ejércitos según reconocen los respectivos estados mayores, como reveló ayer ABC. Pero el que puede resultar más afectado es la Armada, pues comenzará el ejercicio con una nueva misión, el desplazamiento de una fragata, la «Victoria», con Infantería de Marina y un petrolero de apoyo, a aguas del Índico (Somalia) para combatir la piratería.
Obligado por un recorte del 26,69 por ciento en el capítulo de inversiones y mantenimiento, el Estado Mayor de la Armada reconoce en su directiva sobre medidas de austeridad que se hace inevitable «una reducción significativa de la actividad de la fuerza» y «una ralentización en su proceso de modernización».
Ante el recorte de gastos en combustible, munición, pluses, actualización de equipamientos, renovación de armamentos y demás partidas incluidas en el citado capítulo, la Armada se ha visto obligada a dar instrucciones para «ajustar el plan de preparación de la fuerza a las disponibilidades presupuestarias reales para combustibles, pluses, gastos portuarios, etc.».
Salir menos
En teoría, los barcos tendrán que salir menos de sus bases, estudiar bien en qué puertos sale más barato el atraque y cuidar de que en los ejercicios de entrenamiento que se sigan haciendo en alta mar -se recomienda aumentar los que los navíos pueden hacer fondeados- se vigile que combustible, munición y dietas cubran los días imprescindibles. Pero en la práctica los barcos de la Armada tienen por delante un año con más misiones internacionales. El recorte se tendrá que cargar en instrucción y formación.
«El número de días de actividad se adecuará a la partida de menos disponibilidad para que ninguna de ellas resulte deficitaria», se insiste en la directiva de medidas de austeridad de la Armada. Aparte de los reajustes generales de las Fuerzas Armadas que redundan en una menor operatividad, en el caso de este ejército se ordena a las unidades que limiten al máximo la participación en actos representativos de carácter festivo, deportivo o social. Pero al mismo tiempo se les sugiere que aprovechen «patrullas, tránsitos o salidas al campo» para colaborar en labores de captación y reclutamiento. Por supuesto, no se insta a reducción alguna de esas actividades «en aquellos actos que no supongan gasto para la Armada».
Y como detalle de hasta qué punto hacen números los jefes militares está la advertencia de que deben aprovecharse las imprescindibles salidas al mar de los alumnos de las escuelas «con otras actividades de la fuerza». Es decir, que novatos y veteranos entrenarán juntos y las maniobras deberán servir para que unos se inicien y otros se perfeccionen en instrucción en alta mar para ahorrar, por ejemplo, en combustible.
Sólo está en estudio una medida que afecta a las necesidades de personal pero que vendría a agravar el único problema que le queda a las Fuerzas Armadas para cumplir sus necesidades y objetivo de «efectivos»: la captación de marineros. La directiva ordena realizar un estudio sobre el ahorro que supondría la disminución de las plazas de reservistas voluntarios que se convocan.
Reservistas y marineros
Es otro dato sobre lo fino que tienen que hilar los estados mayores para buscar capítulos de recorte. La crisis económica ya favoreció durante el año que termina el interés de los jóvenes por ingresar en las Fuerzas Armadas hasta el extremo de que, por primera vez desde que empezó el proceso de profesionalización, han llegado a registrarse hasta cuatro aspirantes por plaza convocada. En Defensa se ha solucionado el problema de reclutar soldados, pero no el de marineros. Las plazas más cualificadas de la Armada quedan sin cubrir por falta de nivel de estudios entre los aspirantes y las de simple marinero son las menos solicitadas.
Las fobias del nacionalismo vasco están obligando a los altos tribunales del Estado a defender lo obvio. Si el Tribunal Constitucional desmanteló el nuevo plan Ibarretxe -el de la consulta- porque la soberanía popular reside en el pueblo español y sólo éste puede modificar el pacto constituyente de 1978, el Tribunal Supremo ha tenido que ordenar al Parlamento vasco que exhiba la bandera nacional, de forma diaria y permanente, en el exterior del edificio. Con sus retos desleales y sus obsesiones, el nacionalismo está facilitando que ambos tribunales vayan dando cuerpo a una doctrina que es necesaria para frenar los intentos de derogar la Constitución por vías de hecho. Los principios constitucionales se expresan en los símbolos de la Nación y éstos son prevalentes al rechazo patológico que practican ciertos nacionalismos. La unidad nacional, la bandera, la propia Constitución, son elementos de la identidad constituyente del Estado español y del concepto permanente de España como Nación. Por tanto, están fuera de cualquier transacción política. Por ello, más importante que el nuevo revés que ha sufrido el nacionalismo vasco en el Supremo, es la constatación de que las principales instituciones jurisdiccionales del Estado funcionan como baluartes del orden constitucional, que es lo que deben ser, por encima de coyunturas políticas. Ahora, el nacionalismo vasco hará trampas para no cumplir la sentencia, y la respuesta no puede ser otra que la firmeza en el cumplimiento estricto de esta resolución judicial.
ES evidente que algunos departamentos salen perdiendo a la hora de sufrir las consecuencias del recorte presupuestario. El caso más llamativo afecta al Ministerio de Defensa. Una vez más, las promesas retóricas del presidente del Gobierno no sirven para nada y la cruda realidad para las cuentas públicas de 2009 amenaza la operatividad de las Fuerzas Armadas. ABC publica hoy un informe en el que se hace referencia a un recorte global del ocho por ciento, que para el capítulo VI (inversiones y mantenimiento) alcanza hasta el 26,69 por ciento. En la práctica, esto supone que habrá menos dinero para elementos básicos como combustible y electricidad, que se retrasa la modernización prevista de las fragatas, se da de baja a varias patrulleras y se opta por el alquiler -no por la compra- de misiles. Como es notorio, todo ello causa un perjuicio objetivo a la eficacia de las funciones atribuidas a la Armada, así como a la formación del personal, puesto que se reducen las horas de entrenamiento en alta mar y se implanta a bordo un sorprendente modelo de jornada continua. También habrá menos horas de vuelo para el entrenamiento de los pilotos en el Ejército del Aire, lo que supone una merma evidente en su aprendizaje técnico.
La decisión al más alto nivel de recortar los gastos en Defensa ha pasado por encima del liderazgo de Carme Chacón en la valoración de los ministros, confirmada por la reciente encuesta del CIS. Debe tenerse en cuenta que los recortes afectan a cuestiones básicas de inversión y desarrollo, con lo cual estas decisiones coyunturales influirán de forma negativa en futuros ejercicios presupuestarios. Mientras aumentan las exigencias para las misiones en Afganistán o en Somalia, las Fuerzas Armadas sufren una discriminación injustificada respecto de otros departamentos con escasas competencias de gestión y que sobreviven a base de ocurrencias. En la Moncloa no han querido ser sensibles a las necesidades de Defensa, a pesar de la influencia de la ministra en el seno del Ejecutivo, de manera que han salido mejor parados otros departamentos ministeriales con muchas menos competencias y muy escasa valoración en la opinión pública, como es el caso de Vivienda o Igualdad. A Rodríguez Zapatero le gusta presumir en los foros internacionales de nuestras unidades en el exterior, incluso se inventó la Unidad Militar de Emergencia. No obstante, parece poco dispuesto a otorgar a las Fuerzas Armadas la importancia que merecen y, por tanto, los instrumentos que necesitan. Si los buques de guerra tienen menos combustible del necesario y los radares de los aviones no se modernizan, difícilmente podrán los Ejércitos cumplir con rigor las funciones que tienen atribuidas. Los Presupuestos Generales del Estado para 2009 nacen ya lastrados por su falta de adaptación a la realidad de la crisis, según reconoce una y otra vez el propio vicepresidente económico. Es muy grave que, además, no tengan en cuenta las prioridades de una auténtica política de Estado como se demuestra con el dato de que Defensa es el único Ministerio inversor que sufre un fuerte recorte en este terreno.
Queda claro de nuevo que una cosa es predicar y otra dar trigo. En la legislatura actual, Rodríguez Zapatero pretende adornar su imagen con una mayor presencia diplomática y militar en el exterior, porque ha entendido por fin que la presencia de España en el mundo depende de su capacidad para hacer frente a los desafíos que se plantean en nuestro tiempo. Como suele ocurrir con los políticos que viven pendientes de la imagen, no sabe o no quiere saber que la propaganda es perfectamente inútil cuando no va acompañada de un trabajo serio y riguroso. Carme Chacón le ha tomado el pulso a su Departamento, pero no podrá desarrollar su compleja tarea si los Ejércitos carecen de los medios imprescindibles para una gestión eficiente de sus recursos humanos y materiales.
Las tropas españolas desplegadas en Afganistán están haciendo un espectacular trabajo en las tareas de reconstrucción que desarrollan en el marco de la misión ISAF de la OTAN. Pero también están combatiendo contra la creciente insurgencia talibán con resultados muy efectivos. Más de 200 talibanes muertos y ningún soldado español caído o herido. Éste es el balance que, según fuentes militares consultadas por LA RAZÓN, han producido en lo que va de año los cada vez más frecuentes enfrentamientos entre el contingente español y la insurgencia. Además, las tropas no han causado ni una baja entre la población civil.
Estos combates se han producido siempre tras el ataque de grupos talibanes y en respuesta a una acción hostil, nunca por iniciativa propia. Las reglas de enfrentamiento aprobadas por la OTAN bajo amparo de la ONU y con el visto bueno del Gobierno permiten siempre abrir fuego proporcionado como respuesta a un ataque del enemigo. Y así ha sido en todos los casos, y no sólo contra talibanes, sino también contra «soldados» de los señores de la guerra o delincuentes varios que se escudan bajo el paraguas talibán para cometer sus fechorías.
La frecuencia de los hostigamientos de los insurgentes se ha incrementado proporcionalmente con el paso de los meses. La esperanza en medios militares es que la llegada del durísimo invierno afgano dificulte los movimientos de los talibanes y reduzca los ataques.
El recuento de las bajas no es especialmente preciso, dado que se hace en el momento inmediato del combate y sobre el terreno. Sí que se contabiliza exactamente el número de proyectiles de fusilería empleados en cada combate, pero el número de muertos causados es más difícil de controlar, por lo que se cifra en torno a 200, pero no se precisa más.
Las unidades que han estado sobre el terreno han sido el Mando de Canarias, desde el 16 de noviembre al 4 de marzo, cuando le dio el relevo la Legión. Tras cuatro meses en Afganistán fue sustituida, por la Brigada Paracaidista y ésta, a su vez, relevada por la Jefatura de Tropas de Montaña el pasado 12 de noviembre.
Once nuevos blindados más
Desde ayer, estos últimos cuentan con 11 blindados «Lince» más. Así lo confirmó ayer el Ministerio de Defensa, que informó de que con este envío ya hay 28 de estos vehículos en suelo afgano. Con ellos, según el departamento de Carme Chacón, «mejorarán las condiciones de seguridad y operatividad del contingente», dado que estos vehículos ofrecen «un alto nivel de protección contra ataques terroristas y explosivos».
El Ministerio de Defensa es una lotería para cualquier político. Que se lo digan, si no, a Carmen Chacón. De ser la ministra peor valorada del Gobierno, cuando le dieron Vivienda, ha pasado, con Defensa, al primer lugar de la clasificación. Lo que quiere decir que el cargo, en este caso, la dirección de una de las instituciones mejor valoradas en España, las Fuerzas Armadas, te fabrica él solito el prestigio. Sin necesidad de mover un dedo.
Si a esto le unes la habilidad social y la capacidad de comunicación de la ministra y, sobre todo, el generosísimo trato de todos y cada uno de los medios de comunicación, prensa del corazón incluida, te encuentras donde se encuentra Chacón. En la cima del mundo, inmune a sus flagrantes contradicciones pacifistas y, en los últimos días, dando lecciones de estrategia militar a EE.UU. La ministra Chacón se ha pasado un año manipulando ante la opinión pública la misión de Afganistán. Utilizando las palabras del General de División Ricardo Martínez Isidoro en la Tercera del lunes, digamos que hay una brecha creciente entre las declaraciones oficiales y lo que realmente se espera de los participantes en una operación de paz. En otras palabras, que mientras Chacón sólo reconoce la paz, los soldados hacen la guerra.
Y cuando la guerra es una realidad imposible de ocultar en Afganistán, la ministra recurre a otras dos maniobras en los últimos días. La primera, la engañosa apelación a no sé qué liderazgo de la ONU en Afganistán. La ONU es absolutamente incapaz de enfrentarse a cualquier agresión bélica y la ministra quiere hacer creer a los españoles que puede dirigir la guerra de Afganistán. Con tal de seguir con el cartelito de la paz en la solapa, que es de lo que se trata con el cuento de la ONU. La segunda maniobra de despiste tiene más de ridícula que de engañosa. Me refiero a su llamada a una nueva estrategia para Afganistán. Tiene desplegados menos de 800 soldados allí, pero quiere dar lecciones de estrategia a Estados Unidos que tiene 33.000. Estrategia pacifista debe de ser, sin soldados y sin armas, el sueño de nuestra señora de la paz.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene localizado y controlado a un grupo de ex soldados españoles musulmanes que realizan entrenamientos para integrarse en la Yihad islámica, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes militares.
A pesar de que la cifra de los ex miembros de las Fuerzas Armadas españolas que se están preparando para entrar en los grupos radicales no ha sido concretada, sí que se sabe que son alrededor de una decena y que actualmente se encuentran formándose en campos de entrenamiento de los radicales islámicos, tal y como señalan las citadas fuentes. De la misma manera, subrayan que ninguno tuvo acceso a información sensible durante su servicio en el Ejército dado que no ocupaban puestos de responsabilidad.
Los campos de entrenamiento de la Yihad se ubican generalmente en países como Irak, Afganistán, Yemen o Arabia Saudí, aunque se han localizado algunos campos móviles en zonas del Magreb y en Palestina.
Las investigaciones del departamento que dirige Alberto Saiz no sólo han llevado a detectar a este grupo de ex miembros de las Fuerzas Armadas «reconvertidos» al islamismo radical militante, sino que han informado sobre las actividades, menos peligrosas sin duda, que realiza una pequeña parte de los soldados musulmanes integrados en el Ejército.
En las unidades con una mayor presencia de soldados que profesan esta religión se han creado «vigilantes», una figura encarnada por alguno de los militares musulmanes que discretamente vela porque sus correligionarios cumplan los preceptos islámicos en cuanto a comida y bebida, pese a que en las unidades con un porcentaje mayor de musulmanes hay desde hace tiempo menús específicos para ellos, de modo que puedan compaginar su servicio en el Ejército con profesar su fe. Igualmente se les respeta la oración de los viernes y se les permite acudir al rezo sin condición alguna.
En un principio, inteligencia detectó también algunos problemas tras el ascenso de mujeres musulmanas al empleo de cabo, puesto que ocasionaba ciertos recelos entre parte de la tropa de esa religión, que no veía con buenos ojos ser mandada por una mujer.
Los problemas en todo caso no han surgido con mujeres que ostentan empleos de oficial o suboficial, sino con las que están en contacto directo con los soldados, que son la correa de transmisión de las órdenes.
Aspectos positivos
Pero la situación, más allá de la preocupación lógica, no ha desatado la alarma entre la inteligencia, y menos entre los oficiales de las unidades donde hay soldados musulmanes. Según fuentes militares consultadas por LA RAZÓN, la integración de militares de esta confesión en las unidades es total, y eso está generando una mayor asimilación de colectivos musulmanes en la sociedad española, especialmente en aquellas ciudades con elevado porcentaje de ellos. Estas fuentes subrayan como ejemplo que el hecho de que haya cabos musulmanas está rompiendo algunos tabúes que en esos colectivos había con el género femenino. Destacan como un hecho muy positivo el que ellas mismas se hayan sabido enfrentar a las posibles presiones de sus subordinados y que se mantengan en sus puestos, lo que supone una clara muestra de su integración en los patrones de respeto a la mujer sin tener en cuenta otros factores sociales o religiosos. De la misma manera, señalan que el trabajo cotidiano con miembros de otras confesiones religiosas o con personas ajenas completamente a cualquier fe provoca sinergias muy positivas no sólo en las unidades sino también fuera de ellas.
Los ejércitos no ponen ningún tipo de cortapisa para la entrada de soldados de esta religión, dado que en ningún momento se pregunta a un aspirante sobre sus filiaciones políticas o religiosas. Las únicas trabas que puede encontrar un candidato a ingresar en los ejércitos son legales, dado que sólo los que tengan la nacionalidad española o aquellos que procedan de países de habla castellana pueden ingresar en las filas. En cuanto al servicio religioso, existe en Defensa una sección dedicada a este asunto, que se ocupa de ofrecer el apoyo espiritual requerido por los ejércitos. Las fuentes militares consultadas señalan que tanto en Ceuta como en Melilla la población musulmana con nacionalidad española está claramente implicada en la integración de todas las culturas. La premisa, según los medios consultados, es que la nacionalidad española y el pasaporte europeo son fundamentales para mantener el buen funcionamiento político, social y económico de las dos ciudades.
La Audiencia Nacional ha reclamado al Ministerio de Defensa que remita en el plazo de diez días el expediente administrativo previo a la orden ministerial que creó el curso de adaptación para la nueva escala de oficiales o será multado. La diligencia remitida por la sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia es la segunda que envía con el mismo requerimiento al departamento de Carme Chacón. A la primera, el Ministerio no contestó, por lo que ahora, «habiendo transcurrido en exceso el plazo de remisión del expediente administrativo», advierte de que si en el periodo antes citado no le envía la documentación, se le castigará con una multa de entre 300,51 a 1.202 euros. La petición inicial de este expediente surge tras la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional del recurso interpuesto por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) contra la Orden Ministerial que creaba el citado curso, incluido en la polémica Ley de la Carrera Militar aprobada por el Ejecutivo. Una vez admitido el recurso, el juez reclamó la información sobre los costes, contenidos, organización e implicaciones del curso, petición obviada por Defensa. El nuevo requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene fecha de 18 de noviembre, por lo que el departamento de Chacón tiene hasta el viernes que viene para remitir los documentos. Si no lo hace, el juzgado actuará. El recurso presentado por la AUME contra el curso que creado por la Ley de la Carrera Militar se fundamentaba en que la Orden Ministerial que lo regulaba fue publicada fuera de plazo. Debía estar el 31 de enero y se publicó en mayo. Además, la asociación consideraba que el curso en sí era discriminatorio en tanto obligaba a los oficiales a estudiar algunos contenidos que nunca se habían exigido a sus compañeros de la escala superior, con quienes se integrarán. De la misma manera, la Asociación Unificada de Militares Españoles subrayaba que la superación del curso no tiene ningún tipo de valor académico y el hecho de aprobarlo no conlleva la obtención de un título. Por último, expresaban sus dudas sobre el rango normativo que se otorgaba al curso.
Las tropas españolas desplegadas en Afganistán están haciendo un espectacular trabajo en las tareas de reconstrucción que desarrollan en el marco de la misión ISAF de la OTAN. Pero también están combatiendo contra la creciente insurgencia talibán con resultados muy efectivos. Más de 200 talibanes muertos y ningún soldado español caído o herido. Éste es el balance que, según fuentes militares consultadas por LA RAZÓN, han producido en lo que va de año los cada vez más frecuentes enfrentamientos entre el contingente español y la insurgencia. Además, las tropas no han causado ni una baja entre la población civil.
Estos combates se han producido siempre tras el ataque de grupos talibanes y en respuesta a una acción hostil, nunca por iniciativa propia. Las reglas de enfrentamiento aprobadas por la OTAN bajo amparo de la ONU y con el visto bueno del Gobierno permiten siempre abrir fuego proporcionado como respuesta a un ataque del enemigo. Y así ha sido en todos los casos, y no sólo contra talibanes, sino también contra «soldados» de los señores de la guerra o delincuentes varios que se escudan bajo el paraguas talibán para cometer sus fechorías.
La frecuencia de los hostigamientos de los insurgentes se ha incrementado proporcionalmente con el paso de los meses. La esperanza en medios militares es que la llegada del durísimo invierno afgano dificulte los movimientos de los talibanes y reduzca los ataques.
El recuento de las bajas no es especialmente preciso, dado que se hace en el momento inmediato del combate y sobre el terreno. Sí que se contabiliza exactamente el número de proyectiles de fusilería empleados en cada combate, pero el número de muertos causados es más difícil de controlar, por lo que se cifra en torno a 200, pero no se precisa más.
Las unidades que han estado sobre el terreno han sido el Mando de Canarias, desde el 16 de noviembre al 4 de marzo, cuando le dio el relevo la Legión. Tras cuatro meses en Afganistán fue sustituida, por la Brigada Paracaidista y ésta, a su vez, relevada por la Jefatura de Tropas de Montaña el pasado 12 de noviembre.
Once nuevos blindados más
Desde ayer, estos últimos cuentan con 11 blindados «Lince» más. Así lo confirmó ayer el Ministerio de Defensa, que informó de que con este envío ya hay 28 de estos vehículos en suelo afgano. Con ellos, según el departamento de Carme Chacón, «mejorarán las condiciones de seguridad y operatividad del contingente», dado que estos vehículos ofrecen «un alto nivel de protección contra ataques terroristas y explosivos».
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) celebrarán el próximo 10 de diciembre a las 12.00 horas una «concentración» de militares y guardias civiles de paisano ante al Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid para protestar contra el denominado «pensionazo», el recorte en un 25 por ciento de las pensiones por incapacidad permanente que se concedan en virtud del Régimen de Clases Pasivas a partir de 2009 a funcionarios con menos de 20 años de antigüedad.
Así lo anunció en rueda de prensa en la sede de la asociación militar el 'número dos' de AUME, Mariano Casado, quien aseguró que la convocatoria todavía está pendiente de ser autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid y denunció que en el Ministerio de Defensa se está produciendo "una ralentización incomprensible" de los expedientes de inutilidad, que podría provocar que las pensiones que deberían ser tramitadas este año sean aprobadas en virtud del nuevo régimen y se vean, por tanto, reducidas en su cuantía hasta en un 25 por ciento.
El secretario general de AUME subrayó que el 'pensionazo', que modifica además el régimen de incompatibilidades de estas ayudas con el empleo en el sector privado, "disminuirá sensiblemente los derechos de los funcionarios del Estado".
Casado indicó que la protesta contará con el respaldo de otras organizaciones como los sindicatos policiales y las centrales sindicales, toda vez que el sector de la enseñanza es el más afectado por la reducción de estas pensiones, y que la concentración permitirá poner de manifiesto el "malestar" por el "auténtico recorte social" a los ciudadanos "más débiles".
Aseguró que la reducción de estas ayudas afectará a "miles y miles" de militares y que en las Fuerzas Armadas hay "una grave y extensa preocupación" por la aplicación del 'pensionazo', "un recorte social" tramitado por el Gobierno por medio del proyecto de Presupuestos Generales del Estado "sin consultar con nadie".
Afirmó, asimismo, que esta bajada de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas supondrá una reducción "en un porcentaje elevadísimo" del poder adquisitivo de los funcionarios y denunció el carácter discriminatorio que tiene la modificación de su régimen de incompatibilidades porque sólo se pondrá en marcha para las ayudas concedidas a partir del próximo año y no en las anteriores. El 'número dos' de AUME defendió la "normalidad democrática" de la concentración convocada por su asociación y AUGC y subrayó que la protesta es "perfectamente lícita" porque se centra en expresar el rechazo al 'pensionazo', que considera "un ataque frontal" al presupuesto económico de futuro de los funcionarios.
En ese sentido, explicó que la decisión de convocar la concentración responde al hecho de que tanto guardias civiles como militares son los colectivos que no pueden participar directamente con la administración en negociaciones y decisiones que afectan a su situación laboral y aseguró que AUME no descarta organizar nuevos actos de rechazo si el Gobierno no retira la medida. Indicó además que tampoco se descarta que "algún grupo político" pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reducción de pensiones por incapacidad permanente para los funcionarios cuando la iniciativa entre en vigor con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Casado afirmó que el 'pensionazo' afectará a muchos militares y a sus familias, de las cuales algunas contaban con percibir el total de la pensión, y aseguró que, a partir de enero del próximo año, comenzarán a registrarse casos de funcionarios afectados por esta reducción de las ayudas económicas concedidas por incapacidad permanente.
NUEVA CAMPAÑA POR LOS DERECHOS MILITARES EN LOS CUARTELES
El secretario general de AUME realizó el anuncio de la concentración de militares y guardias civiles durante la rueda de prensa en la que informó sobre la puesta en marcha de una nueva campaña de imagen que su asociación distribuirá en cuarteles y unidades de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional para defender los derechos de los «ciudadanos de uniforme». Casado indicó que el objetivo de la iniciativa de su asociación es trasladar a los militares que tienen la condición de «ciudadanos» y que, como tales, tienen el derecho de defender y ejercer sus derechos y explicó que solicitarán a la Dirección General de Comunicación de la Defensa que les facilite la difusión de la campaña en todos los cuarteles.
Destacó además el hecho de que el anuncio de la nueva concentración de militares y de la puesta en marcha de la campaña informativa coincida con la fecha de la primera manifestación de miembros de las Fuerzas Armadas, celebrada el pasado 24 de noviembre ante el Ministerio de Defensa para protestar por el arresto de su presidente, el brigada Jorge Bravo, y reclamar una ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, "el compromiso legislativo incumplido" por el Gobierno desde noviembre de 2005.
En este sentido, subrayó que un año después el Gobierno sigue incumpliendo su compromiso electoral y el mando de la Ley de Defensa Nacional para promover una norma sobre los derechos de los militares y denunció que, transcurridos doce meses desde aquella manifestación militar, continúan pendientes de resolución temas como la modificación del régimen disciplinario o el Código Penal Militar y el reconocimiento de las asociaciones profesionales.
Bajo el lema 'Ciudadanos militares. Ciudadanos con derechos', la asociación que reúne el mayor número de militares en activo informará en su campaña gráfica a soldados, marineros, suboficiales y oficiales de los tres ejércitos de que el hecho de ser militar "no inhabilita para el pleno ejercicio de derechos civiles universales" y promoverá el "encuentro" entre militares y "la sociedad civil a la que sirven".
En el marco de la iniciativa, la asociación distribuirá en los cuarteles un boletín que expone las 100 propuestas que defiende para mejorar la situación social y laboral en los ejércitos y relata los medios que pone a disposición de los uniformados para apoyarles y asesorarles. La campaña de imagen viene acompañada con un desplegable con diferentes caricaturas de militares de uniforme y de civil, para hacer patente el mensaje de que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen los mismos derechos que el resto de la sociedad.
"Los militares son funcionarios del Estado con derechos y deberes que regulan sus funciones profesionales, pero antes son ciudadanos con derechos, cuyo ejercicio les cualifica, precisamente, para asumir lo más delicado del encargo que reciben: defenderlos", señala el folleto principal de la iniciativa.
La sentencia del Tribunal Supremo que anula el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias agrava la indefinición del proyecto militar estrella de Zapatero, que ve cuestionada la ventaja de poder actuar a las órdenes directas del Gobierno. Ni del todo militar ni del todo competente en todo el ámbito nacional, a partir de ahora sólo podrá intervenir a petición o bajo coordinación de las autoridades locales con competencias en protección civil -Ayuntamientos y Comunidades autónomas, según la amplitud de la catástrofe- y eventualmente de los delegados el Gobierno en las provincias o regiones correspondientes.
El protocolo anulado permitía a la UME actuar también a instancia única del Gobierno, por petición de Interior y decisión de Defensa, en casos de «interés nacional». En este último supuesto, el teniente general al mando de la unidad, ahora José Emilio Roldán, asumía «la dirección y coordinación operativa en la zona siniestrada».
El Gobierno intentó ayer quitar importancia a la decisión del Tribinal Supremo y respondió por medio de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, que se trataba de un mero problema de formas, y que la UME podrá actuar «si se solicita su intervención». Fue la vicepresidenta la encargada de replicar al Tribunal Supremo porque la idea de crear un cuerpo de bomberos pero de carácter militar y con competencias en todo el territorio partió del presidente del Gobierno, no de Defensa.
De la Vega se limitó a decir que el Ejecutivo «acata y respeta» la sentencia del Tribunal Supremo, insistir en que no afecta al fondo de la cuestión -el encaje legal de la UME- y asegurar que el Gobierno subsanará inmediatamente el «defecto de forma» del protocolo.La oposición denuncia la doble falta de encaje competencial de la UME en la FAS y en protección civilEl Gobierno autonómico vasco interpuso el recurso correspondiente por considerar que la normativa de actuación de la UME invadía sus competencias en protección civil; el Supremo le da la razón y argumenta que el Ejecutivo central se saltó los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Nacional de Protección Civil. De la Vega no explicó cómo y cuándo va a pedir ahora esos informes o si directamente redactará un nuevo protocolo.
En la misma línea de quitar importancia al hecho de la chapuza legal o normativa puesta en evidencia por el TS, en fuentes gubernamentales recordaron que la UME ha actuado siempre a petición de los gobiernos autonómicos o locales, como en las últimas inundaciones de Melilla, y que en el caso de una emergencia nacional el Ejecutivo puede movilizar esa unidad y a todo el Ejército amparado por una norma superior, la ley de Defensa.
Unidad sin sentido
En la oposición, sin embargo, interpretan la sentencia del Supremo como un dato más que viene a darles la razón en sus denuncias sobre lo que consideran una «ocurrencia zapateril»: la UME. Arsenio Fernández de Mesa, vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso, reiteró que no tiene sentido crear y sostener una unidad militar para protección civil a costa de los menguados efectivos, medios y material del Ejército.
La UME choca con las competencias de protección civil de las Autonomías, detrae inversiones de las unidades militares y tiene también un encaje peculiar en las FAS. Sus 4.300 bomberos-militares son los mejor pagados, tienen al mando a un teniente general, pero no dependen orgánicamente de ninguno de los tres Ejércitos: Tierra, Armada y Aire. Y la anulación del protocolo les confirma en una posición subordinada a las autoridades locales.
El Tribunal Supremo ha anulado la norma de creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), unidad castrense, pero con funciones de protección civil (incendios, catástrofes), que responde a una iniciativa personal del jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La buena idea de contar con un grupo operativo de despliegue inmediato se ejecutó de manera voluntarista y precipitada, eludiendo el informe del Consejo de Estado e invadiendo competencias autonómicas sobre Protección Civil. Ahora, el Supremo sanciona estos errores con la nulidad del reglamento de la UME, consecuencia lógica de hacer mal las cosas, de actuar como si no hubiera procedimientos legales ni Estado de las autonomías -tan jaleado por el Ejecutivo socialista para otras cuestiones- y, también, de utilizar al Ejército para funciones que no le son propias. El Gobierno puede enmendar el error con otra norma bien hecha y para una UME mejor configurada. Pero ahí quedará la marca de la chapuza.
ME niego a dos cosas, a las que todos deberíamos negarnos, por el bien de la libertad, de la democracia, de la Constitución y siga usted poniendo conceptos nobles de los que esta gentuza de la ETA no conoce:
1. Me niego a escribir como Txeroki el alias del delin-cuente apodado Cheroqui, como la tribu india. Me niego porque por las tardes no tomo txocolate con txurros, sino chocolate con churros. Y porque como estamos en crisis no espero que estas Pascuas me regale nadie un jamón con txorreras, en todo caso será con chorreras. Pero me quedaré con las ganas, porque en el mejor de los casos tampoco me mandarán un txorizo, sino tal vez un chorizo, que es como se escribe en castellano el sonido «ch», joé, no con este grupo consonántico «tx» ajeno a nuestra hermosísima lengua, que nos han impuesto los etarras e islas adyacentes dentro de la batalla del lenguaje, que llevan ganada desde tiempos del Rege Carolo gracias a nuestro entreguismo.
2. Y me niego a seguir cayendo en la trampa de utilizar desde la democracia el lenguaje de los que quieren terminar con ella poniéndonos una pistola en la nuca. Dicen que ha «caído» el tal Cheroqui y que el tal Cheroqui era el «jefe militar» de la ETA. No, mire usted: caído es el que muere en defensa de una noble causa, no un asesino en busca y captura al que detiene la Guardia Civil. En Francia no ha caído nadie más que los dos guardias civiles que fueron asesinados en Cap Breton por esta pandilla de mamones con pistola, ésos sí que fueron caídos. Y de jefe militar, nada. Para mí jefe militar es bien un comandante, un teniente coronel o un coronel de los Ejércitos, que ha ascendido desde oficial y aún no ha llegado a oficial general. Es muy noble la palabra «militar» y muy de gente de honor el oficio de las armas como para que, porque estos pistoleros la usen de ellos con ellos y con sus cómplices y encubridores, se la apliquemos también nosotros. No se dan cuenta de que les estamos dando la razón al proclamarlos jefes militares de una estructura castrense. Hay que repetir una vez más que aquí no hay más estructura militar que la de nuestras Fuerzas Armadas. Decir que el tal Cheroqui era el supremo jefe militar de la ETA es ponerlo a la altura de Su Majestad El Rey, comandante general de las Fuerzas Armadas, y hasta ahí podíamos llegar. Pero es que además aclaran que este Cheroqui era también jefe de la «logística militar» de la ETA. Vuelvo a lo mismo: logística militar es un honorable Cuerpo del Ejército de Tierra, la antigua Intendencia de toda la vida, vamos, la del sol en el cuello de la guerrera. Y me niego igualmente a decir que Cheroqui era jefe de comandos. Vamos a dejarnos de comandos, que me suena a los tebeos de «Hazañas Bélicas», encima una americanada. ¿Qué comando ni comando, y menos de la ETA? Vamos a dejar los comandos para las películas de la Segunda Guerra Mundial. Eso en castellano se dice cuadrilla de bandoleros.
Por mucho, pues, que hayan detenido (que ya era hora) al jefe de los pistoleros, Mikel Garicoitz Azpiazu, hasta para comentar su captura hay que negarse a usar el lenguaje de este bestia que aparte del mote de Cheroqui tenía un nombre más incomprensible todavía: Garikoitz. Eso de Garikoitz, ¿qué es? ¿Un apellido o un nombre de pila? Lo de Azpiazu sí me suena. Hay aquí en Sevilla un cantaor que se llama Tomás Azpiazu, que es como el doble o sosias de Luciano Pavarotti, pero que no vean lo bien que canta las sevillanas, pues desde su obesidad deja las arias para las marcas de mantequilla.
Y hay que evitar con sumo cuidado entrar al trapo de este lenguaje, como todos estamos entrando, porque cualquier cosa menos hablar el idioma de los enemigos de la Constitución. Entre los papeles que le han trincado al Cheroqui estaba la orden que dio a sus pistoleros cuando les mandó que asesinaran en Don Juan Carlos en Palma de Mallorca. Menos mal que a esta papela no la han llamado «orden de plaza», que podría ser, tras la degradación del lenguaje militar al uso. ¿Y saben cómo terminaba el mocito la orden escrita? Pues ponía: «¡Aúpa vosotros kaguendiox!». Hay que ser imbécil para blasfemar en esa aljamía. Así que éste no es de los aguerridos indios cheroquis. Este, en todo caso, es de los siux. De los siuputas de la ETA.
De entrada, no lo entiendo. Me he esforzado mucho en entenderlos. He buscado y rebuscado para ver por qué alguien decide meterse a la milicia. Y no lo entiendo. No comprendo que en la sociedad de hoy una persona opte por entrar en un trabajo como este, en el que el principal requisito es obedecer a un jefe detrás de otro hasta que, con suerte, llegue a general y aún así, o peor, tendrá que estar a las órdenes del político de turno.
No me cabe en la cabeza que alguien opte por ponerse este uniforme por un mísero sueldo, cuando enfundándose el de policía municipal cobraría mucho más. Es incomprensible que un joven de provecho, en el siglo XXI, asuma valores como el sacrificio, la entrega incondicional, la obediencia, el honor, la lealtad, el silencio, la disponibilidad, la constancia, cuando el resto de la sociedad rema en la dirección opuesta.
Hay que tener mucha moral para cargar sobre los hombros de uno la responsabilidad tremenda de proteger a una sociedad que mientras duerme, toma cañas o se va de excursión ignora y menosprecia a quienes vigilan su libertad, a quienes se dejan la vida en la búsqueda de la tranquilidad de sus congéneres. Y hay que tener mucha humildad para entrar en una forma de vida en la que la ambición es la última de las prioridades, y en la que te pueden mandar al culo del mundo a cumplir una misión que nadie entiende, en la que te cambian de destino por razones de servicio y no puedes ni rechistar.
No, en realidad a quien no entiendo es a la sociedad, que desprecia a los militares porque no los comprende. A la sociedad en la que algunos aún los consideran un vestigio del franquismo, a la sociedad que es incapaz de decir «gracias» al colectivo que vela por su vida, a la misma que protesta porque el presupuesto de Defensa no vaya destinado a esa vaguedad de fines sociales que se queda en escalones burócratas. Y no entiendo a los políticos que quieren hacernos creer que los militares son un grupo de voluntarios de uniforme que se dedican a repartir caramelos por el mundo y a hacer de bomberos ocasionales.
Este blog es el homenaje obligado a toda la familia militar, pero también será la crítica pertinente, el buzón para los que callan en otros lados, la bitácora de la vida militar, de sus vicisitudes y de sus problemas, de su cultura y de todo lo que les rodea. Porque al fin y al cabo, como decía Calderón de la Barca, «aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados; que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados».
Ya nadie cree en los héroes. Nadie admira a nadie. Las grandes gestas pasaron a la historia y sólo se idolatra a futbolistas tatuados o a cantantes recubiertos de mercadotecnia. Pero sí hay héroes. Reconocer a uno requiere de cierta humildad, de una dosis importante de sensatez y de una visión trascendente de los hechos. Cientos de ellos pasan desapercibidos en pequeños actos cotidianos, en obligaciones presupuestas y en tímidos reconocimientos sociales. Pero sí hay héroes. Juan Andrés Suárez García y Rubén Alonso Ríos lo son. Pero no porque un suicida, cobardemente, haya decidido estrellar su camioneta llena de explosivos contra el blindado en el que viajaban. No porque hayan muerto son héroes. Lo son, y lo eran cinco minutos antes de que un animal los matara. Lo eran ya el día que decidieron dejar la verde Galicia e irse a la reseca Afganistán a cumplir con su misión.
Son héroes porque dejaron aquí a sus familias y se fueron a un futuro incierto, a un rincón perdido del mundo, a intentar que otros vivieran un poco mejor aunque la muerte acechara tras cada montículo de arena. Son admirables porque en esa decisión no hay una obligación profesional sino la voluntariedad de quien ama su labor, del que lleva el sacrificio por bandera y el valor y el honor por estandartes.
Sabían que no iban a repartir caramelos, que Afganistán no es el Caribe y que allí se lucha diariamente. Reconstruyen, sí, realizan una labor humanitaria impresionante, también, pero no es menos cierto que pelean, que se enfrentan al enemigo traicionero con el arrojo del que está defendiendo su casa de los ladrones. Y eso tenemos que reconocerlo nosotros y las autoridades políticas. Admitir y hacer saber a la sociedad que los que van son héroes por el hecho de ir, que por poco que hagan ya han hecho más que el resto y que su sacrificio es un granito más en la playa de nuestra tranquilidad. Que en su lucha y en su gesto humanitario va intrínseco el derecho a ser alabados por sus congéneres.
En Afganistán ya han muerto muchos, demasiados, compatriotas. Gentes que se fueron a hacer patria donde no saben qué es eso. Quizá quisieron ser “el mejor soldado de la patria”, quizá vieron en eso una aventura y se apuntaron. Fuera cual fuera el motivo, no volvieron a su tierra. La guerra los mató, no la guerra de siempre, la de dos fuerzas que chocan abiertamente una contra otra, ésta es la guerra de quienes buscan hacer el bien contra los cobardes que sólo pretenden que su boyante negocio del opio no se vaya al garete, que su dominio y humillación de la sociedad a la que en teoría sirven no pierda ni un ápice de fuerza.
El brigada Suárez y el cabo primero Alonso no volverán a la verde Galicia. Ahora nosotros, con nuestro reconocimiento, un millón de lágrimas y la esperanza de que “La muerte no es el final”, debemos hacer que su tierra vaya a ellos, que España entera vaya a ellos y los coloque en la memoria colectiva para siempre y en el lugar que les corresponde: el de los héroes cotidianos.
El reciente y vil asesinato de dos militares españoles en Afganistán ha reabierto el debate sobre la misión en el país asiático y el futuro de la misma. Más allá de que Izquierda Unida o no pocos sectores del PSOE estén deseando la salida de aquella ratonera, el debate se ha centrado en dos puntos: si estamos realmente en una misión de paz, como recalcaba (luego explicaremos el pasado empleado) insistentemente el Gobierno y si el incremento de tropas es la solución a los problemas crecientes de la Alianza sobre el terreno.
Vayamos por partes. El debate recurrente sobre si aquello es una misión de paz suele aparecer cada vez que ocurre una desgracia como la del domingo y uno y otro partido político se lanzan las pertinentes acusaciones al respecto. Pero ese no es el tema que me ocupa. ¿Es una misión de paz? Sí en su definición primigenia según los parámetros de la amada (por el Gobierno) ONU. Pero una cosa es el concepto que las inútiles Naciones Unidas quieran otorgar a sus resoluciones y otra muy distinta es el terreno donde se aplican las mismas. Y es que Afganistán es a día de hoy el escenario de una guerra subversiva o de guerrillas, muy alejado de la euforia vivida por el mundo occidental tras la caída del régimen talibán.
Hasta hace aproximadamente un año, el país asiático se podía dividir por la mitad a partir de una línea transversal que cruzaría desde el noreste al suroeste. De esa línea hacia el sur estaba la guerra. Estados Unidos, Canadá, Holanda y el Reino Unido entre otros, se enfrentaban en una batalla constante contra los talibanes, que libremente saltaban de un lado a otro la frontera con Pakistán y atizaban hasta elevar el número de bajas por encima de las de Irak. De esa línea hacia el norte, el resto de países aliados reconstruían un país nunca construido soportando puntuales escaramuzas con los insurgentes. Ahora la línea ha desaparecido. Alimentados económica y armamentísticamente por países vecinos interesados en que no haya paz, los talibanes han crecido, han mejorado en sus medios y en sus tácticas y se han expandido por todo el país que un día gobernaron. Los ataques ya no son artefactos improvisados en una carretera o lanzamientos de granadas que caían a un kilómetro de las bases. Ahora se enfrentan abiertamente en nuestra provincia (el extremo opuesto de la frontera con Pakistán) con tres compañías de un ejército tan preparado como el nuestro. O lanzan suicidas contra convoyes armados hasta los dientes. Su táctica es de hostigamiento, e irá creciendo hasta la guerra abierta en todos los puntos del país.
Un inciso: hay que alabar el increíble trabajo que hacen nuestras tropas, tanto en la reconstrucción (lo de Qala-i-Now es increíble) como en el combate, porque tal y como está el patio, que no haya muerto nadie en enfrentamientos dice mucho de nuestros soldados.
El Gobierno ha sostenido siempre que estamos en una misión de paz, que allí no hay una guerra porque la ONU “no hace la guerra” (ex ministro Alonso dixit). Ayer, la ministra Chacón cambió de tercio. Estamos, dijo, porque ese país es “la base de Al Qaeda”, porque hay que luchar contra el terrorismo que ha golpeado en Nueva York, en Londres, en Madrid... Cabe preguntarse si dentro de una semana volveremos, cuando haya pasado el trauma de otros dos féretros con la bandera de España, al discurso de la paz que hay en suelo afgano. Eso teniendo en cuenta que el Gobierno sigue erre que erre con que no enviará más tropas.
Y engancho aquí con la segunda cuestión. ¿Más tropas aseguran el éxito? No necesariamente. Si bien eso probablemente aumentaría la seguridad de nuestros soldados, no asegura éxito alguno mientras no se cambien los conceptos que manejan la ONU y la OTAN y siga habiendo tal descoordinación entre la operación ISAF de la Alianza Atlántica y la Libertad Duradera encabezada por Estados Unidos, que de cuando en cuando bombardea objetivos civiles sin mucho acierto. Las reglas de enfrentamiento que maneja la ISAF contemplan el uso de la fuerza siempre en respuesta a un ataque y proporcional al mismo.
Esto, hace un año y medio estaba muy bien. Hoy, con el cambio de escenario, supone dejar en manos de los talibanes la iniciativa militar. Mientras las tropas internacionales no den de vez en cuando un puñetazo encima de la mesa de los insurgentes, estos mantendrán intactas sus tácticas, su manera de proceder y su escalada hacia la guerra total. La diatriba es ahora cambiar de táctica en aras de seguir avanzando en la reconstrucción y de dotar de un tejido social firme a un país deshilachado, o limitarnos a esto último y verlas venir. Obama ha dicho que su prioridad es Afganistán y va darlo todo. ¿Lo harán también el resto de aliados?
Casi sin excepciones, los medios de comunicación de este país trataron la información sobre la muerte de dos soldados españoles ocurrida en Afganistán hace diez días de un modo extrañamente coincidente: nuestros compatriotas habían sido asesinados, pues habían sido víctimas de un atentado terrorista.
Constatar que todos los indicios confirman que se trató de algo por completo diferente no resta un ápice de mérito ni de valor a Juan Andrés Suárez García y a Rubén Alonso Ríos, ni disminuye en nada el profundo dolor que sentimos por su pérdida: solo sirve para entender por qué murieron ambos militares y por qué hay un riesgo manifiesto de que algo similar vuelva por desgracia a producirse antes o después.
La pura y simple verdad es que cuando dos soldados que circulan en una vehículo blindado componente de una columna militar mueren como consecuencia de un ataque en una situación de conflicto bélico abierto desde hace varios años solo una versión falseada de las cosas permite seguir hablando de asesinatos y atentados terroristas. Y es que nuestros soldados, como todos los que están desplegados en Afganistán, participan -en diferentes misiones, ciertamente- en la guerra civil que, desde hace años, asola aquel país.
Eso, y no otra cosa, es lo que debería haber aclarado anteayer en el Congreso de los Diputados la ministra de Defensa, en lugar de servirse del lenguaje perifrástico que el Gobierno emplea siempre que trata de este asunto: «Afganistán vive una violencia terrorista generalizada», dijo Carme Chacón para disfrazar una verdad ya inocultable: que en Afganistán se libra una guerra civil y que nuestros soldados participan en ella en uno de los bandos. Si la violencia se ha generalizado, como reconoce la ministra, es que estamos ya en un escenario diferente al de los ataques terroristas. El Gobierno debería asumirlo de una vez y debería aclarar, en consecuencia, con algo más que enfáticas proclamas, porque considera ahora que «lo único que no puede hacer un político responsable es abandonar Afganistán», como afirmó el lunes la ministra, cuando, en una situación -la de Irak- en la que lo que había en juego era algo casi idéntico, estimó todo lo contrario: que no cabía otra opción que la retirada inmediata de las tropas.
¿La diferencia estriba únicamente en que en un lugar (Irak) el mandato de la ONU era más que discutible y en otro (Afganistán) es claro y manifiesto? ¿O es que existe, a juicio del Gobierno, además de esa razón, alguna otra que justifique tratar los dos conflictos de un modo opuesto? La amenaza, «alta o extrema» según Chacón, en que viven en Afganistán 778 soldados españoles exige que imperiosa y urgentemente el Gobierno aclare esta cuestión.
madrid- Después de que en la Legislatura pasada fuera uno de los aspectos más criticados de la labor de gobierno, el nuevo escenario internacional tras las elecciones en Estados Unidos y los cambios de Gobierno en Suramérica hacen necesario tomar el pulso a la ciudadanía sobre la política exterior española. Uno de los grandes temores que más allá de nuestras fronteras se presenta es el terrorismo internacional. Los españoles, según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN, creen mayoritariamente que el terrorismo islamista es una grave amenaza para España. De hecho, un 66,8 por ciento de los encuestados así lo considera, mientras que solamente el 24,1 afirma lo contrario. Preguntados por si creen que nuestro país podría ser objetivo de nuevo del terrorismo islamista, un 68,7 por ciento de los encuestados responde afirmativamente, mientras que el 22,1 lo hace en contra. Vinculado con el terrorismo, en este caso el que hace una semana acabó con al vida de dos militares en Afganistán, la misión que las tropas desarrollan en ese país ha sido de nuevo objeto de debate. Algo más de la mitad de los españoles, un 51,8 por ciento, la valora positivamente. De ese porcentaje, sólo un 6,9 responde con la calificación de «muy bien», mientras que el otro 44,9 lo deja en «bien». En contra se muestra el 39,5 por ciento. Este porcentaje en contra quizá se deba a que Asia no es uno de los continentes prioritarios para los españoles en la acción exterior del Estado. Sólo un 8,2 por ciento valora que ése debe ser el objetivo del Gobierno a la hora de desplegar su diplomacia. En el polo opuesto se encuentra Europa, hacia la que se debe volcar España según el 57,5 por ciento. En segundo lugar, los españoles valoran que debe ser América la meta de la política exterior, y sólo un 7,3 opina que ha de ser África. La valoración sobre la política exterior española es bastante dispar. Una cuarta parte de los que respondieron a la encuesta la califican de «desacertada», mientras que en el extremo contrario, que creen que es acertada, se colocan el 22,7 por ciento. Entre ambos, tildándola como regular, se ubica el 29,2, y aquellos que no saben o no contestan suponen un 23,1 por ciento. Fruto de esta valoración tan heterogénea de la política exterior española es la nota que los encuestados otorgan al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, a quien le califican con un 4,3. No muy lejos del aprobado, pero bastante mejor que la nota que conceden a los cuatro presidentes suramericanos referidos en la encuesta. La que más se acerca es la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que logra un 4,1. Tras ella, Rafael Correa, de Ecuador, que obtiene un 3,6. A poca distancia se queda Evo Morales, presidente de Bolivia, con un 3,4 y en última posición el mandatario venezolano Hugo Chávez, que suspende con un 2,7. Los procesos nacionalizadores llevados a cabo por algunos de estos presidentes sobre empresas españolas pueden haber influido en su valoración. Los encuestados, de hecho, creen mayoritariamente que el Gobierno debe defender los intereses españoles en esos países. Así opina un 56,5 por ciento, mientras que los que creen lo contrario se quedan 32 puntos por debajo. Por último, y con la cumbre del G-20 como telón de fondo y los dimes y diretes de si entra España o no, la encuesta va un paso más allá y pregunta sobre si nuestro país debería exigir, como octava potencia del mundo, la entrada en el G-8, grupo de los ocho países más industrializados del planeta. La respuesta de los españoles es contundente: un 67,1 por ciento considera que sí, mientras que sólo un 18,3 opina lo contrario. La política exterior sigue atrayendo a los españoles. En la actual coyuntura económica y política internacional, los ciudadanos tienen claras sus prioridades en la acción de gobierno más allá de nuestras fronteras, y también sus temores. Y en esto coinciden todos los sectores de edad.
La muerte de dos militares españoles más en Afganistán viene a ocurrir en un momento en que, por una parte, el presidente electo de los Estados Unidos acaba de anunciar que solicitará a su país y a sus aliados un aumento de los efectivos militares en la zona, y por otro, nuestro gobierno confirma que no piensa enviar más tropas. Mientras, el hombre de la calle se pregunta con toda lógica si se necesitan más soldados y por cuánto tiempo. En España la pregunta va más allá, pues hay voces que incluso se cuestionan nuestra presencia allí y si no sería éste un momento adecuado para retirarlas. El problema de raíz es siempre el mismo. El mismo que se plantea con los presupuestos de Defensa y con el volumen de los contingentes. ¿Son suficientes? Y es que la pregunta está así mal formulada o mejor dicho está incompleta. Suficientes para qué y en relación con qué o con quién. ¿Qué es lo que se espera de ellos? En primer lugar, no hay que olvidar que las Fuerzas Armadas están en Afganistán para colaborar con los demás elementos en la consecución de un objetivo político como es la paz y la seguridad en libertad en el país que hoy en día es impensable que pueda lograrse únicamente mediante el uso de la fuerza militar. Incluso aunque se lograra aniquilar a la insurgencia, el fin de las hostilidades duraría muy poco si no va acompañado de un auténtico plan de paz, y éste debe estar elaborado ya, no como algo posterior al cese de la violencia. Por otra parte es también ilusorio que sin una fuerza militar que haga frente a los que mediante las armas impiden la reconstrucción del país pueda conseguirse un objetivo mínimo, y el actual gobierno afgano ni siquiera tiene fuerza suficiente para ello. Hace falta pues un verdadero plan que abarque de una vez todos los aspectos. Sin seguridad no puede haber desarrollo social, político ni económico, pero sin éste tampoco pude haber seguridad. También es absurdo o ingenuo pensar que esa fuerza militar deba actuar solamente a la defensiva. Sólo repeliendo los ataques no se va a lograr la seguridad, siquiera sea en una zona. En estos combates asimétricos es imposible garantizar que no se vayan a producir ataques y más aún que algunos de ellos tengan éxito. Tampoco consiste solamente en proteger a las tropas; no existe ningún tipo de vehículo acorazado que sea inmune a todas las armas y artificios contracarro. Es cierto que con vehículos y armas más modernos se pueden reducir sus efectos y que con más tropas puede ser más fácil la defensa de una zona: su mayor presencia aumentará la disuasión, pero, por otra parte, al aumentar el número se incrementará matemáticamente la probabilidad total de accidentes y víctimas de ataques terroristas. Lo que hay que replantearse es la estrategia política y como consecuencia de ello, la estrategia militar. De ahí podrá el mando militar asesorar al político sobre cuántas tropas se necesitan y por cuanto tiempo. La estrategia política debería tener en cuenta que, además de estarse llevando a cabo una operación de apoyo al gobierno del presidente Karzai, se está librando una batalla por el poder que quieren recuperar los talibán y que no olvidemos, amparan los yihadistas que pretenden, no sólo expulsar a Occidente del país sino infligirle la primera gran derrota de una guerra que acabe con la primacía de EE UU y sus aliados. Además, en Afganistán se enfrentan o tienen lugar las manifestaciones de una serie de problemas regionales como son los que existen en el interior de Pakistán, los de Pakistán con la India, los recelos de Rusia con la OTAN, las tensiones entre Irán y EE UU, entre chiíes y suníes, la reconstrucción de Irak y todo ello con el trasfondo de Oriente Medio. No se puede pues preparar una estrategia para Afganistán sin tener en cuenta lo anterior. Dicho esto, si se decide continuar con la batalla para la derrota de la insurgencia y la consolidación de un régimen democrático en todo el país, es preciso continuar con la «afganización» y esto supone resolver el problema social y económico que a su vez pasa por resolver el problema de la corrupción y de la droga. Al mismo tiempo es preciso controlar el territorio, y para ello hay que atacar a la insurgencia allá donde esté, en todo el territorio, porque si no los terroristas pasarán de unas zonas a otras, que es lo que está sucediendo. Para que el ejército afgano sea capaz de llevar a cabo esta misión necesitará mucho tiempo y dinero. Actualmente, ni con el apoyo de ISAF y «Libertad Duradera» es posible efectuarlo. Se necesitan más tropas terrestres y no confiemos en el apoyo aéreo más de lo que es. En combates asimétricos como éste, el apoyo aéreo no es siempre eficaz pues el insurgente se mezcla con la población civil y es difícil no producir daños colaterales que pueden, como también está sucediendo, ser contraproducentes. En resumen, Occidente no puede perder esta batalla pero, repetimos, no se podrá ganar solamente en el terreno militar. Abandonar Afganistán a su suerte sería catastrófico. España tendrá que definirse tarde o temprano. Es miembro de la OTAN, es un país occidental, está amenazado y ha sido ya objeto de un ataque terrorista en su territorio. Ocupa un lugar importante en la escena internacional y debería mantenerlo. No puede esperar una vez más que sean otros países los que le resuelvan el problema sin que ello le pase factura y le relegue a una situación que no se merece.
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general José Julio Rodríguez, ha pospuesto para «más adelante» la posibilidad de ampliar el tiempo de estancia de los militares que participan en misiones internacionales, que actualmente es de cuatro meses. Rodríguez ha hecho estas manifestaciones a los periodistas en Valencia, después de intervenir en la 54 Asamblea Parlamentaria de la OTAN que celebra hoy su segunda jornada de trabajos, marcados entre otros temas por el análisis del terrorismo internacional, el papel de la mujer en los ejércitos o la seguridad ambiental.
El JEMAD ha considerado necesario buscar un equilibrio respecto al tiempo que los militares deben permanecer en los países donde se llevan a cabo misiones internacionales, una decisión «técnica y operativa que hay que mirar más adelante», ha dicho. No obstante, ha querido dejar claro que lo importante es el compromiso con las operaciones en el exterior, «con independencia de cuándo se rota», aunque ha reconocido que existe un debate sobre el asunto y que algunas voces apuntan a un despliegue más largo, si bien el actual periodo es políticamente aceptable.
«Lo importante son los resultados, que se cumpla con la misión adecuadamente», ha concluido el general, para quien la continuidad en los relevos es también necesaria. Ya en su intervención en la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea, donde se ha rendido tributo a los dos militares españoles fallecidos hace una semana en un atentado en Afganistán, Rodríguez ha resaltado el proceso de transformación del Ejército español, ahora profesional, «muy capacitado» y con el tamaño adecuado.
Por su parte, el experto en terrorismo internacional del Instituto Elcano Fernando Reinares ha alertado de la «cantidad ingente» de material «sensible» que está fuera del control de las autoridades atómicas mundiales y del riesgo «verosímil» de que los terroristas pudieran utilizar productos radiactivos.
Con el uso de las denominadas «bombas sucias» -explosivos convencionales preparados para dispersar material radiactivo-, los integrantes del nuevo terrorismo global podrían hacer «inhabitables» las zonas atacadas y «cuestionar a la autoridad política existente», ha respondido Reinares a un delegado británico sobre la posible amenaza de un atentado con material nuclear. Asimismo, ha descartado que ETA haya mantenido contactos con Al Qaeda porque no hay «ninguna prueba» que lo confirme, pero sí ha reconocido que entre la organización terrorista vasca y las FARC colombianas ha habido una «conexión».
También ha intervenido hoy el director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, José Luis Rubio, quien ha reclamado que la crisis medioambiental, energética y financiera que afronta el planeta obligue a rectificar, con un examen de conciencia «muy serio», «muchos comportamientos» como el gasto militar de los gobiernos.
Según Rubio, muchos gobiernos deben «replantearse» el gasto que dedican a la defensa militar de sus países y tomar conciencia de que la Tierra tiene «recursos suficientes para todos», que «convenientemente gestionados» y con solidaridad harían que numerosos conflictos bélicos entre Estados fueran «innecesarios».
La Asamblea Parlamentaria, que acoge el Palacio de Congresos de Valencia hasta el próximo martes con 300 delegados de 50 países distintos, ha querido también dedicar un apartado al papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas.
En el debate, Belén Caballud, coordinadora del Observatorio de la Mujer de las Fuerzas Armadas, ha pronosticado que hasta 2017 no habrá ninguna mujer general en el Ejército español, pese a que la presencia femenina tiene ya veinte años de historia y actualmente representan el 12,3 por ciento del total de efectivos.
La Asociación de Militares Españoles (AME) ha solicitado por carta a la ministra de Defensa, Carme Chacón, que firme el manifiesto promovido por una veintena de intelectuales en defensa del castellano como lengua común en España por considerar que su rúbrica daría "tranquilidad" a los militares y sus familias, que sienten una "enorme preocupación" por la situación de dicha lengua ante la "inmersión linguística".
"Me permito reiterarle la enorme preocupación del ámbito militar por este asunto. Por todo ello y tal vez abusando de su amabilidad, mantengo la esperanza de una respuesta por su parte que venga a tranquilizar los ánimos de todos los compañeros como de sus familias, respuesta y tranquilidad que podrían comenzar viendo su firma en el manifiesto que, en defensa de la lengua española, está en los medios de comunicación estos días", señala el presidente de AME, el coronel retirado Leopoldo Muñoz Sánchez, en su misiva remitida a la titular de Defensa el pasado 27 de junio y publicada en el último número de la Revista Militares, que edita esta organización. Lo que preocupa es la repercusión, en los militares y sus familias, del empleo de otras lenguas que no sean el castellanoEn la carta, el presidente de AME subraya que el empleo de "una única lengua" resulta "imprescindible" en las Fuerzas Armadas, denuncia la campaña de la "Generalidad de Cataluña" para que "los inmigrantes rechacen el español" y asegura que esta actuación "preocupa enormemente" a los militares, al igual que "las actuaciones de los Gobiernos de las regiones vasca y gallega".
"La actuación de la Generalidad de Cataluña en cuanto a la aplicación de la inmersión linguística y las consecuencias que ello puede tener tanto para los militares como sus familias es cosa que les preocupa enormemente, como no podría ser de otro modo" explica. El problema es el tiempo que se necesita para aprender otra lengua En ese sentido, advierte de que las "actuaciones" de los Ejecutivos autonómicos le llevan a la conclusión de que "el militar español" va a verse "obligado" a dedicar "un tiempo del que no dispone" al aprendizaje de "las varias lenguas de las regiones".
En su opinión, la postura de los Gobiernos autonómicos también llevará a los familiares de soldados, suboficiales y oficiales a tener que aprender las lenguas cooficiales a pesar de que la Constitución y "diversas leyes españolas" reconozcan su derecho a utilizar el castellano. Tras considerar que la Carta Magna y las mencionadas normas nacionales que reconocen el castellano como lengua oficial podrían quedar "en un papel absoluta y totalmente mojado" por las "actuaciones" de los Gobiernos autonómicos, el presidente de AME asegura que "ya se están comenzando a dar casos concretos" de militares que dejan a sus familias en su lugar de origen cuando son trasladados a comunidades con lengua cooficial. «¿Tendrían que tener los militares pasaporte en el interior de una de las naciones de la Unión Europea?»"Posiblemente, lo más esperpéntico sería que los militares españoles recibieran la consideración de extrajeros en una región de España. ¿Tendrían que tener pasaporte en el interior de una de las naciones que constituyen la Unión Europea? . ¿Serían considerados como 'Ejército de Ocupación'", se pregunta. El presidente de la Asociación de Militares Españoles concluye la misiva, de la que asegura no haber obtenido respuesta ni "acuse de recibo", con la invitación a la titular de Defensa para que estampe su firma en el manifiesto en defensa del castellano
Madrid- Militares y guardias civiles se plantean convocar «en las próximas semanas, junto a otras organizaciones sociales, un gran acto de protesta» contra el recorte de pensiones aprobado por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, que estos colectivos califican como «pensionazo». La protesta, sin fecha fija, está patrocinada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y a ella se unirá la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), según señaló ayer a este diario su secretario general, Mariano Casado. La AUGC anuncia además recursos contenciosos administrativos contra esta medida presupuestaria. La protesta viene motivada porque a los que no lleven veinte años de servicio y padezcan una inutilidad permanente no les quedará el cien por cien de la pensión (excepto si es por acto de servicio), y se recortará en función de los años que hayan trabajado. Más grave es en el caso de que los que pasen a retiro sufrirán una incompatibilidad con un trabajo en el sector privado que reducirá su pensión un 55 por ciento si llevan menos de veinte años de servicio, a lo que se suma la reducción inicial del 25 por ciento.. Madrid- Militares y guardias civiles se plantean convocar «en las próximas semanas, junto a otras organizaciones sociales, un gran acto de protesta» contra el recorte de pensiones aprobado por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, que estos colectivos califican como «pensionazo». La protesta, sin fecha fija, está patrocinada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y a ella se unirá la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), según señaló ayer a este diario su secretario general, Mariano Casado. La AUGC anuncia además recursos contenciosos administrativos contra esta medida presupuestaria. La protesta viene motivada porque a los que no lleven veinte años de servicio y padezcan una inutilidad permanente no les quedará el cien por cien de la pensión (excepto si es por acto de servicio), y se recortará en función de los años que hayan trabajado. Más grave es en el caso de que los que pasen a retiro sufrirán una incompatibilidad con un trabajo en el sector privado que reducirá su pensión un 55 por ciento si llevan menos de veinte años de servicio, a lo que se suma la reducción inicial del 25 por ciento.