ARFAGA

SI hay una asignatura que permanece suspendida desde hace más de treinta años en el conjunto de la sociedad española es la Cultura de la Defensa. Reconozcámoslo. Y lo que es peor, las perspectivas pueden no resultar del todo halagüeñas porque, aunque la consideración general hacia las Fuerzas Armadas ha evolucionado mucho y para bien en estos años, no es menos cierto que el distanciamiento de las nuevas generaciones de españoles con nuestros militares resulta preocupante.

De entrada es muy difícil cambiar una tendencia si no se afronta el problema con la firmeza necesaria, o lo que es lo mismo, advertir que de cara a pasado mañana esa relación entre jóvenes y militares será más clave aún, si cabe, que la existente hoy mismo entre la sociedad en general y esos mismos militares. No hay mejor jornada que hoy, día de la Fuerzas Armadas, para pensar sobre la cuestión.

La manera más eficaz de apreciar su trabajo y formación es compenetrarse no ya sobre el terreno de los distintos teatros de operaciones por cualquier lugar del mundo, que también, sino permitiendo la imbricación de la sociedad civil con los profesionales y viceversa. Los colegios e institutos han de abrirse a los soldados, porque si no, la relación a medio y largo plazo de la sociedad española con sus militares será imposible.

¿Nos hemos planteado en algún momento el nivel de capacitación y, por lo tanto, de formación de los protagonistas de un día como hoy? ¿Nos atreveríamos, por ejemplo, a comparar la cualificación de los oficiales de las Fuerzas Armadas con los miembros de los distintos «staffs» periodísticos, incluyéndome yo mismo, por supuesto? No existe un colectivo profesional en España con similar volumen de idiomas, preparación técnica y cultural y capacidad de prospectiva y análisis. Prueben, si no, a tratar con cualquier oficial cuestiones de política exterior, análisis político, geografía o historia. Y comparemos esas calificaciones con las nuestras o las de cualquier otra carrera.

En Estados Unidos, en Reino Unido o en Francia, la interconexión entre milicia y universidades, por ejemplo, es fundamental no sólo para los primeros, sino especialmente para los centros de investigación y de formación de las principales universidades de estos países. ¿Por qué aquí nos cuesta tanto ese proceso si nuestros vecinos lo llevan a cabo con toda normalidad? ¿Nos podemos imaginar la cantidad de avances científicos que encajan en las políticas de I+D+I que han nacido en instalaciones militares? Una vez más, seamos sinceros: el motivo es un complejo atávico que no hemos sabido arrancar de nuestras entrañas. Porque yendo un poco más allá en el razonamiento, y salvo honrosas excepciones, la entrada de militares en determinadas universidades provocaría en sus rectores y responsables la estigmatización absurda de tiempos predemocráticos olvidados, en primer lugar, y sobre todo, por los propios soldados.

Algo se ha conseguido ya con la inclusión de aspectos específicos de esta materia en los temarios de Educación para la Ciudadanía. Y el caso es que en España existen instrumentos y experiencias muy positivas al respecto. Desde centros de enseñanzas medias como el instituto «Al Qadir» de Alcorcón (Madrid), donde se ha logrado una interesantísima experiencia de intercambio entre soldados, profesores y alumnos, hasta universidades concretas o agrupaciones como la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional. Desde la otra vertiente, se trata de empujar a que instituciones como el CESEDEN se abran más aún a los civiles porque multiplicaría su influencia y amplificaría el efecto de sus informes y estudios más allá de los uniformados. Ningún «think tank» en España es capaz de fabricar los estudios y ensayos que elabora el CESEDEN ni, por supuesto, tiene organización para desarrollar los cursos y visitas que se llevan a cabo en este edificio del Paseo de la Castellana.

Pero para afrontar todo lo anterior, nos encontramos con otro bastión fundamental, cual es la politización de la Defensa que comienza, por el propio Ministerio y termina con el tratamiento que los medios de comunicación aplicamos al tema. ¿Por qué los ministros mejor recordados en su paso por el Ministerio han sido los menos politizados, más allá del que fuera su color partidista? ¿No debería ser este departamento el menos politizado de todos los sillones del Gabinete, o, dicho de otro modo, el más transversal del Consejo de Ministros? Por supuesto que la Defensa es pieza clave de la política de un país, faltaría más, pero también se debe dar por supuesto que esa alta política habría de estar por encima de una legislatura, y, ni qué decir tiene, mucho más allá de unos comicios electorales. Y es que, yendo a lo que nos ocupa, nada más contraproducente para una auténtica Cultura de la Defensa que la contaminación partidista de esa misma Defensa. Porque Educación, Asuntos Exteriores y nuestro tema no deberían ser transversales -por cierto, qué poco me gusta esta palabra-, sino claves y de larguísimo plazo.

No obstante, y aunque suene a conformarse con poco, la situación puede empeorar si seguimos erre que erre por la linde de un proceso autonómico, cuando no nacionalista, que separa más todavía a sus futuras generaciones de todo lo que suponga un cordón umbilical con el Estado. Y las Fuerzas Armadas son, muy particularmente, un nexo entre los españoles. Quien no quiera verlo se equivoca.

En cuanto a los medios de comunicación, y teniendo en cuenta la mediatización social a la que contribuimos, a la que pertenecemos y de la que vivimos, se debe desarrollar un ejercicio a la vez de autocrítica y de difusión. Porque si hay un colectivo en el que el complejo atávico persiste es en el periodístico, y, por lo mismo, si desde algún vértice del polígono se tendría que acometer el cambio de percepciones hacia los Ejércitos y la Armada, es desde el periodístico. O nosotros, los informadores y opinantes, nos creemos y constatamos que las Fuerzas Armadas han cambiado, o será imposible que la sociedad española se sume a un proyecto verdadero tendente a su reconocimiento.

Hace falta que los militares sepan «venderse». Las Fuerzas Armadas tienen que abrirse más a la sociedad. Los políticos deben facilitar con inteligencia y sin prejuicios esa apertura, su conocimiento y el intercambio. Desde el periodismo hemos de aportar los medios, la crítica y el acceso a su mundo.

Si en primer lugar consiguiéramos avanzar en los colegios con los niños; en segundo término accediéramos a los institutos con los chavales; y, como tercer paso, lográramos penetrar en el corazón universitario, el futuro de esa interrelación entre militares y sociedad civil estaría garantizado y la Cultura de la Defensa se escribiría así, con mayúsculas, en la formación de los españoles.

Seguro que por los militares no va a quedar, porque ellos mismos serían los más agradecidos y beneficiados. Pero somos el resto quienes hemos de dar el paso para permitirles el acceso y, a partir de ahí, aprender con espíritu crítico, conocimiento de la historia y perspectiva internacional.

MI carrera militar, forzada y tardía, culminó como cabo apuntador de Artillería. Juré bandera el día en que vino al mundo la segunda de mis hijos, Rosalía. Es decir, que el militarismo no forma parte de mis esencias y que, a pesar de ello, le debo al servicio militar obligatorio, al que tanto maldije, una parte importante de mi formación como persona. El Ejército es una pieza fundamental en un Estado en el que los ciudadanos aspiren a ejercer su libertad y, aunque mucho años de mal uso de su poder hayan distorsionado la imagen de su realidad más honda, en las Fuerzas Armadas descansa el fundamento de la seguridad y la independencia nacionales.

La supresión del servicio militar obligatorio se hizo en España, como casi todo, tarde y mal. Era algo ineludible, pero debió producirse con otros modos y distintos ritmos. Hoy disponemos de una tropa profesional y, dicho sea de paso, sus cuadros de mando -jefes, oficiales y suboficiales- son los de más capacitación y mejor formación técnica e intelectual de los que ha dispuesto nuestro país a lo largo del tiempo. Sin olvidar el mérito y la gloria que la milicia le ha dado a la Nación en las muchas y difíciles peripecias en que la ha servido.

Una suerte de complejo antimilitarista, seguramente efecto de la dramática ley del péndulo que rige nuestra convivencia, se ha instalado en los usos y las costumbres. Nuestra pertenencia a la OTAN, junto con los pactos bilaterales con los EE.UU, alivian la responsabilidad gubernamental en materia de Defensa. Se olvida que nuestro flanco sur, el mayor problema estratégico nacional, no está suficientemente cubierto por esos tratados y que un Ejército bien dotado, equilibrado dentro de la dimensión económica y política del Estado, es tan indispensable como la Educación o la Justicia, algo de lo que tampoco disponemos en los niveles deseables y convenientes. Es tal nuestro desapego por los asuntos de Defensa que puede hablarse, sin consecuencias, de la supresión de la Infantería de Marina, la primera del mundo, que fundo nuestro Carlos I y que tuvo servidores tan notables como Miguel de Cervantes.

Ojalá que la celebración, en Santander, de un día de las Fuerzas Armadas invite a la reflexión colectiva y responsable que merece una institución que, por lo que llevamos visto, en los últimos tiempos no tiene suerte con los ministros/as que le tocan en el reparto.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha asegurado que la estatua de Franco seguirá de momento a la entrada al puerto de la ciudad, a los pies de la ciudadela de Melilla Vieja, hasta que la ministra de Defensa, Carmen Chacón, responda al ofrecimiento de que la efigie del dictador se instale en unas dependencias militares.

Imbroda recordó, en respuesta a las críticas que le ha dirigido el PSOE sobre este asunto, que la misiva a la titular de Defensa se envió con fecha 8 de abril para instalar la escultura en el Museo Militar o en algún acuartelamiento, "pero aún no hemos recibido respuesta".

La primera autoridad melillense aseguró que cambiaron de opinión sobre este asunto después de que su Gobierno anunciara que, con el comienzo de unas obras en Melilla la Vieja, se retiraría de la vía pública, porque "vimos que la estatua no estorba a las obras y por eso decidimos que permaneciera allí".

En su opinión, "ningún ciudadano de Melilla está lo más mínimamente preocupado por que la estatua de Franco esté ahí o en otro lado", aunque destacó que "en cuanto (la ministra de Defensa) me conteste y me diga que sí, yo se la mando", después de que los socialistas le reprocharan que Melilla es la única ciudad de España con una estatua del dictador en la vía pública.

Juan José Imbroda se mostró contrario a trasladarla a un almacén municipal de la ciudad autónoma "porque se trata de un militar" y señaló que lo correcto sería hacerlo a una dependencia de la Comandancia General de Melilla, como el Museo Militar o algún acuertelamiento de la ciudad.

El presidente subrayó además que se trata de un monumento aprobado en un Pleno del Ayuntamiento en el año 1975 para "rendir homenaje al que fuera Comandante del Tercio Gran Capitán I de la Legión de Melilla y no por su condición de dictador", y aseguró que se trata de un homenaje a todos los militares que defendieron la ciudad en el año 1921 -15 años antes de la sublevación del 'bando nacional'- durante la guerra con los rifeños de Abdelkrim.

"Gracias a la Legión, Melilla sigue siendo española" recordó. En esas fechas Francisco Franco Bahamonde era comandante del Tercio Gran Capitán de la Legión en Melilla

Como hay gente incapaz de ver más allá de las vísceras, e incluso incapaz de leer entre líneas, a veces hay que repetir las cosas para que algunos se den cuenta de lo quieren decir. Qué se le va a hacer, tal es la miopía. No aguantan que uno diga que se alegra de la victoria del Barça porque es un equipo español, porque tiene más seguidores en el resto de España que en Cataluña, porque dispone de millones de hinchas en el mundo hispano de América o porque, pese a sus actuales directivos, el día en el que se juega la final de la Champions allí están, por este orden, el Rey de España, el presidente del Gobierno español, el presidente de la Federación Española de Fútbol, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, un español de origen andaluz que se llama José y se apellida Montilla. Justamente lo que pretenden ocultar los independentistas que aspiran a hacer del Barça un equipo sólo catalán y por supuesto antiespañol. La realidad es la que es, y difícilmente se puede manipular. Por eso sabemos, y no nos chupamos el dedo, que en la medida en la que el Barcelona esté gobernado por una camarilla próxima a ERC, no van a ondear banderas de España en el Camp Nou, no va a usarse el castellano en la cartelería ni en la megafonía del estadio, no va a izarse la roja y gualda en sus instalaciones deportivas, y además se hará lo posible para que los benjamines del equipo no respeten el himno, los jugadores extranjeros se expresen sólo en catalán, intenten boicotear la presencia del Rey en sus celebraciones y silben a la marcha real siempre que tengan oportunidad. Todo esto lo sabemos de sobra, y además algunos hasta lo criticamos y denunciamos siempre que podemos en los medios de comunicación en los que escribimos o hablamos. Pero por eso mismo es importante subrayar que, pese a los intentos constantes de apartar a Barcelona y al Barcelona de España, la realidad es que el Barça es un equipo que pertenece a este país sin duda, que su victoria deportiva es la de España, que la inmensa mayoría de sus millones de seguidores se sienten españoles, y que hasta los exaltados que reparten panfletos con la leyenda «Catalonia is not Spain» tienen que usar el pasaporte español para desplazarse, el dni para moverse, y además están encantados de jugar la Liga española y de disputar la Copa del Rey. Y es que el error está en caer en planteamientos de rechazo que sólo sirven para dar más argumentos a los que quieren que Barcelona no sea España y que España no vibre con el Barça. Unos y otros se alimentan. Lo entiendo en el caso de los separatistas, pero no en aquellos que se dedican a denigrar a un equipo y una afición que no debemos confundir con algunos de sus dirigentes. De manera que alegrémonos de la victoria de un club español que juega con más españoles de origen que otros de su misma categoría, y apreciemos a Barcelona como la segunda capital de España que es, al catalán como una lengua tan española como el castellano, igual que lo son la senyera, els-segadors, la Generalitat, el Camp Nou y el Barça. Es lo que más fastidia a los independentistas. Que digamos que cuando gana el Barça, gana España.

Las ministras de Defensa, Carme Chacón, y de Sanidad, Trinidad Jiménez, defendieron ayer su gestión ante el brote de gripe A en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, que luego se propagó a la Base Conde de Gazola de Ferral del Bernesga (León). La versión oficial fue que la Administración y las autoridades militares cumplieron rigurosamente los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Ambas ministras argumentaron que hubo coordinación y que se actuó con transparencia, sin que hubiera una situación descontrolada o de riesgo. En suma, dedicaron plenamente sus intervenciones parlamentarias a autoexculparse de posibles errores y, más aún, a autoelogiarse, sin admitir negligencia o imprudencia alguna.

Sin embargo, los hechos acontecidos durante estos días cuestionan esa versión. En lo único en que se puede estar de acuerdo con las ministras es en que la gripe A es una dolencia benigna que responde perfectamente al tratamiento, y que, por lo tanto, cualquier tipo de alarma sanitaria estaba injustificado. Pero el juicio que merece su gestión no puede ser igual de benigno. En primer lugar, cuesta creer que se pretenda pasar como normal que las dos ministras hayan tardado nada menos que diez días en acudir al Congreso para informar sobre el contagio. Estos plazos no encajan con lo que se entiende como admisible ante unos hechos que forman parte de una pandemia, de gran repercusión pública. A la vista de las distintas versiones que han circulado desde el Gobierno, pudiera ser que se tomaran esos días para ordenar una secuencia de los hechos que no chirriara, lo que lograron ayer a medias. Tampoco parece conveniente la rueda de prensa de un jefe del Ejército, la primera en años, para apuntalar la versión oficial del Gobierno. Los militares no están para hacer el trabajo de los políticos ni éstos deben instrumentalizar a los mandos en polémicas que sobrepasan sus cometidos. En este sentido, la presencia ayer de la cúpula militar junto a Chacón parece una puesta en escena exagerada. Los testimonios de los afectados, de sus familiares, que hablan de soldados con mascarillas desde el lunes, y de las propias ministras demostraron que faltó transparencia y coherencia. Si Trinidad Jiménez dijo que Defensa le avisó el martes y Carme Chacón que ella se enteró el jueves, queda claro que la coordinación ha brillado por su ausencia. Ambas reiteraron en el Congreso que se cumplieron los protocolos sanitarios. Pero si fue así, ¿cómo es posible que se permitiera el acceso al acuartelamiento de 150 escolares y de seis unidades militares si había sospechas desde el martes? ¿Cómo se debe interpretar un número de contagios alto en la Academia y en militares de otros destacamentos que estaban allí de paso? ¿Cómo explicar también que se permitieran las salidas y las entradas del personal con el resultado de contagios familiares?

Decir que se creía que era sólo gripe común resulta inverosímil, pues a la ministra de Sanidad no la suelen molestar para anunciarle con urgencia una gripe común. Chacón señaló a Rajoy y al PP como los culpables, «porque han mentido y generado alarmismo». Muy poca seguridad en su propia gestión debe de tener la ministra de Defensa para escudarse en la oposición, que se ha limitado a hacer su papel. Un balance ecuánime de lo sucedido no puede ser favorable al Gobierno. Después de haber oído a las dos ministras y, el día anterior, a los responsables militares, el veredicto es que faltó coordinación entre Defensa y Sanidad y no se actuó con celeridad ante las sospechas fundadas, lo que contribuyó a propagar el brote y puso en peligro a decenas de escolares.

Mientras se conocen más detalles del brote en el cuartel, la Asociación Unificada de Militares (AUME) anunció ayer que solicitará al Defensor del Pueblo que investigue la gestión de Defensa. Además, aseguró que valora la posibilidad de que también analice estos hechos la Fiscalía General del Estado para que determine si esta actuación podría tener «algún encaje» en el delito contra la eficacia en el servicio del Código Penal Militar. La asociación denunció que , «presuntamente», en la cuarentena, personas «afectadas y no afectadas» han estado en contacto. El secretario general de AUME, Mariano Casado, reclamó al Departamento que dirige Carme Chacón que «aclare todas las cuestiones» del brote del virus A/H1N1 y «facilite información» a los militares y sus familias «de manera inmediata, urgente y transparente». «Exigimos un trato digno a los militares en cuarentena y a sus familias», señaló el responsable de AUME para reclamar «un cambio en la política informativa».

No parece que el brote de gripe A que se detectó la pasada semana, o quizá antes, en la Academia Militar de Hoyo de Manzanares sea una simple cuestión «de unos cuantos militares con gripe», como dijo Zapatero en un mitin. Los hechos indican que el problema es mayor: se ha propagado a otras zonas, con dos casos en Castilla-La Mancha y otro en Castilla y León; a éstos hay que sumar el centenar de militares en cuarentena en un cuartel de León, después de que algunos de ellos visitaran la base de Hoyo. Sorprende que casi diez días después de haberse detectado el problema las ministras de Sanidad y Defensa todavía no hayan ofrecido una explicación clara, verosímil y diligente. Es verdad que a última hora de la tarde de ayer, ante el cariz que están tomando los acontecimientos, ambas ministras anunciaron su intención de comparecer de manera conjunta, mañana miércoles, en el Congreso. Bienvenida sea la rectificación, aunque se antoje algo tardía, pues ocasión y oportunidad han tenido para ello. Al igual que sucediera con la retirada de las tropas españolas de Kosovo o con la detención de catorce piratas somalíes, da la impresión de que la ministra de Defensa tiene ciertas dificultades para trabajar coordinadamente y en equipo con sus compañeros de Gobierno y reacciona tardíamente a los problemas.

Los oficiales de la Escala Superior de la Armada fueron los primeros en abrir el frente judicial contra la Ley de la Carrera Militar, aprobada por el Gobierno socialista. El pasado mes de febrero, 302 oficiales consumaron su amenaza y formalizaron ante la sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional una demanda que pedía la inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria IV de la citada norma. El motivo fundamental de esta denuncia es que, como consecuencia de la aplicación de la Ley, oficiales con menor antigüedad en el empleo superan en el escalafón a otros con más años.

Cinco meses después de esta primera demanda ante la Audiencia Nacional, los mismos oficiales de la Escala Superior de la Armada ya preparan su segunda iniciativa judicial. El desencadenante de esta nueva demanda es la publicación provisional del nuevo escalafonamiento, en el que, a su juicio, se pone de manifiesto la discriminación sobre la que ya venían advirtiendo. El nuevo escalafonamiento es el resultado de la aplicación de los criterios de la Ley de la Carrera Militar que, en numerosos casos, no ha satisfecho a una gran mayoría de militares de los tres Ejércitos.

Alegaciones

En el caso de la Armada, el periodo de alegaciones para expresar su disconformidad con el lugar que ocuparán en sus empleos -fundamental para ascender, cuestiones económicas, acceso a vivienda, ayudas, etcétera- finaliza hoy. Las respuestas que han obtenido hasta ahora aquellos que han presentado alegaciones se resumen en que el Ministerio de Defensa lo único que dice es que se está cumpliendo la ley.

Encontrándose por ello en un callejón sin salida, a estos oficiales no les ha quedado más remedio que recurrir de nuevo ante la Justicia, ya que el lugar en el que les han situado en el nuevo escalafonamiento condicionará para siempre el futuro de su carrera militar. Como el escalafonamiento definitivo no se conocerá hasta el próximo día 1 de julio, los militares no pueden formalizar su recurso hasta esta fecha.

Será entonces cuando cumplan su objetivo. «Vamos a pedir la inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria IV, ya que no nos reconoce dos años más de antigüedad a los miembros de la Escala Superior. Nosotros vamos a recurrir el escalafonamiento», aseguran a ABC fuentes militares. Estas fuentes se refieren a los dos años que, inicialmente, se les iba a reconocer en la Ley Militar, pero que finalmente no se incluyeron en la redacción final, a su juicio, como consecuencia de las presiones ejercidas por los miembros de la Escala de Oficiales. Si se les hubieran reconocido estos dos años más, los afectados entienden que no habrían salido tan perjudicados.

Hay que recordar que el aspecto más criticado de la Ley de la Carrera Militar es la integración de las dos escalas de oficiales en una única. Para que este proceso se lleve a cabo, los oficiales de la Escala de Oficiales deben superar un curso de adaptación, que también ha suscitado las críticas de éstos.

La aplicación de la Ley ha abierto la espita de las discrepancias entre la mayoría de los empleos de los Ejércitos. El malestar crece por días y fuentes militares aseguran que «la desunión entre los militares es espectacular». Una desunión que llega también a la medida de presión que se ha llevado a cabo este fin de semana. Algunos militares acusan a la AUME de representar sólo a un sector de las Fuerzas Armadas e incluso critican el contenido de la Proposición No de Ley del PP.

Los despachos del Ministerio de Defensa van a tener un fin de curso «legalmente» agitado. A medida que se acerca el verano, la aplicación de la Ley de la Carrera Militar se cierne como una amenaza para muchos oficiales y suboficiales que ven irreversibles los problemas que les generará.

El próximo 1 de julio se hará efectiva la integración de las escalas de oficiales tras la conclusión del primer curso de adaptación de los de la antigua escala media. En ese momento se establecerá un nuevo escalafonamiento de los oficiales del que ya se ha publicado la ordenación provisional. Esta publicación ha airado a los oficiales de la escala superior, que en algunos casos ven cómo sus compañeros de la media les rebasan en el ordenamiento pese a ser más menos veteranos, hasta perder una veintena de puestos respecto al antiguo escalafón. Ante esta perspectiva, cientos de ellos lanzarán en los próximos días una ofensiva de recursos para tratar de frenar una integración que consideran «una vulneración de los principios constitucionales de mérito y capacidad».

En los modelos que circulan entre los oficiales, estos argumentan que el nuevo orden «equivaldría a fusionar el cuerpo de médicos con el de enfermeros», al tiempo que lo comparan con una sanción extraordinaria de pérdida de puestos en el escalafón.

En su argumentación, los oficiales subrayan que la propia Ley de la Carrera Militar preceptúa que «el escalafón es la ordenación por empleos y antigüedad de los militares profesionales pertenecientes o adscritos a una escala» y que «su orden sólo podrá alterarse en aplicación de lo previsto en esta Ley», que recoge que eso se hará cuando los ascensos se producen por los procedimientos de elección, selección o concurso-oposición».

Así, los recurrentes piden al general jefe del Mando de Personal que anule la ordenación provisional de escalas por «ser contraria a los derechos fundamentales» y reclaman que «se interesen las medidas legislativas necesarias para su adecuación al texto constitucional».

Estos recursos se unen a las quejas presentadas el sábado por cientos de militares ante el Defensor del Pueblo por las consecuencias negativas de la Ley y a las diez propuestas «muy urgentes» que en forma de proposición no de Ley registró el jueves el PP para corregir «las múltiples disfunciones, los agravios y las contradicciones que se han detectado en la aplicación de la norma». Este «decálogo» incluye la creación de una subcomisión de seguimiento de la aplicación de la norma y la supresión del curso de adaptación de las escalas de oficiales.

La proposición del PP

El Grupo Popular se hizo eco ayer de las quejas de los militares y registró en el Congreso una proposición no de ley para corregir la Ley de la Carrera Militar, cuyos efectos están provocando un malestar sin precedentes e, «incomprensiblemente», reciben del Gobierno la callada por respuesta, añade en un comunicado. Éstas son algunas de las modificaciones propuestas:

- Concursos de mérito y capacidad hasta julio de 2011 para ascender a oficial por promoción interna.

- Plazo de 3 meses para reformar la situación de los suboficiales.

- Ascensos a teniente de los que obtuvieron el empleo de sargento con la ley del 17/1989.

- Ascenso a teniente de los subtenientes con 25 años de antigüedad.

- Potenciar la carrera de los suboficiales para que sea de grado universitario.

- Sufragar los estudios universitarios que realicen los militares.

- Ascensos a teniente de los que obtuvieron el empleo de sargento con la ley del 17/1989.

- Suprimir el curso de adaptación de oficiales.

- Crear una subcomisión de seguimiento de la Ley.

Ayer, en la entrada del Castillo de Montjuïc de Barcelona había un cartel en el que se podía leer: «Gracias a los cinco millones de visitantes en nuestro medio siglo de servicio a la ciudad». De esta manera, se quería agradecer el apoyo al Museo Militar, que echaba el cierre después de que el Ayuntamiento haya asumido la titularidad de la fortaleza. Durante todo el día, se acercaron por última vez al museo inaugurado en 1963 centenares de personas. A las doce del mediodía se calculaba que habían pasado por las salas de la institución unas 700 personas.

La dirección del museo organizó un acto festivo y sobrio con una «chocolatada» popular y con música interpretada por la III Subinspección General Pirenaica. Apenas hubo discursos oficiales, a excepción de un breve parlamento del director del museo, el coronel García Riesco, quien se limitó a resaltar que lo que se cerraba era «un museo militar que se quiso brindar a la ciudadanía hace 46 años, como ejemplo del valor del Ejército». Tras resaltar que el espacio también trató siempre de aportar «un mensaje artístico», agradeció el trabajo de los que «han hecho todo esto con una generosidad absoluta» por espacio de cuatro décadas.

También hablaron los visitantes, entristecidos por la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de suprimir el museo por un centro por la paz, que aún no está dibujado. «Es una pena que se haya tomado una decisión como ésta porque lo que hay aquí es historia. Lo han dejado morir porque todos lo han matado», explicó Enrique Cuevas, visitante del espacio quien, como muchos, preguntaba por el destino final de los fondos. En una de las salas del museo, María de Miguel, al ver las 11.000 figuras de plomo de la colección Arturo Llovera, afirmaba que «me arrepiento de no haber venido antes y esperar hasta el último día porque lo que hay aquí vale la pena. ¿Dónde irá todo esto?». Más reflexiva era la actitud de un jubilado, Carlos Mesa, quien afirmó a este diario que «nunca ha interesado que el Ejército estuviera en Barcelona. Pero lo que se muestra en este museo no es la guerra sino la paz. Las guerras las hacen los que disparan, no las armas».

Pero todas estas opiniones no parecen ser compartidas desde el Ayuntamiento de Barcelona. La única autoridad que se acercó brevemente fue el delegado de presidencia del Consistorio, Ignasi Cardelús, quien dijo que «existe la voluntad de que las piezas que explican la historia del castillo, permanezcan aquí», aunque otras irán a parar a museos como el Etnológico o el Frederic Marès. Cardalús puntualizó que la jornada de ayer «se tiene que valorar dentro de la normalidad democrática». El delegado recordó que un museo como el militar no tiene sentido.

Para el historiador y militar, Gabriel Cardona, las intenciones del Ayuntamiento son equivocadas. «Un museo militar daría fuerza a un centro de la paz. Suprimir un museo es un atentado cultural», dijo Cardona a LA RAZÓN. Para este historiador, «en los últimos años solamente se han cerrado en todo el mundo dos museos: el de Afganistán y éste de Barcelona.

Cuando una cosa no gusta se destruye y lo que ha sucedido aquí es el mismo mecanismo que cuando se volaron los Budas, es decir, se actúa como talibanes». Cardona apuntó que en este tiempo el Ayuntamiento «ha aportado argumento falaces para la medida que han tomado. Es política, no tiene nada que ver con la cultura», aclaró, apuntando que también se ha perdido un rico patrimonio. «Se dispersarán las colecciones, como se ha hecho en Kabul, en vez de tratar de dar un discurso coherente a todo. Es una verdadera lástima», lamentó.

Sin noticias para Figueres

Hoy empezarán a abrirse las vitrinas de las salas del museo, para empezar a recoger las numerosas piezas expuestas. Lo que sigue siendo una incógnita es el destino final de todo lo exhibido hasta ayer. En el castillo de San Fernando, en Figueras, donde se espera que habrá un futuro museo militar, no se sabe nada de que piezas podrán disponer, algo comprensible cuando ni siquiera se ha aprobado el presupuesto de esa instalación. Los responsables de Figueras ni siquiera han visitado el ya cerrado Museo Militar de Barcelona. Igualmente no se ha definido qué museos de Barcelona acogerán algunas de las piezas. Una comisión estudia el destino final de cada una de ellas, aunque un número importante pertenece a coleccionistas privados que se llevarán lo suyo a casa.

El Defensor del Pueblo ya tiene en sus manos las quejas de 340 militares. Protestan contra la Ley de la Carrera Militar y porque aún no se ha tramitado la de Derechos y Deberes, un compromiso del Gobierno desde el año 2005, cuando se aprobó la Ley de Defensa Nacional, en la que una disposición instaba a aprobar la norma sobre los derechos de los militares en el plazo de tres meses. Ambas quejas tuvieron ayer una escenificación en las oficinas del Defensor del Pueblo, donde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) había convocado a quienes quisieran formalizar su protesta. La pretensión de la asociación es que esta institución llame la atención al Ministerio de Defensa sobre el retraso de una ley y los efectos negativos que sobre los militares está provocando la otra. Oficiales, suboficiales y miembros de tropa y marinería de los dos ejércitos y la Armada fueron depositando en el registro del organismo el formulario con la queja. En total, 240 presentaron el escrito en persona, mientras que fuentes de la asociación señalaban a este diario que otras cien habían llegado ya por fax y correo electrónico. A estos se pueden sumar más impresos en los próximos días y el escrito que la propia AUME, como asociación, ha presentado en la misma línea. Las quejas se centran especialmente en los «graves problemas» que está generando la Ley de la Carrera Militar en todas las escalas, principalmente en los ascensos de suboficiales a teniente, en la unificación de escalas de oficiales, así como por la situación laboral de tropa y marinería. El secretario general de AUME, Mariano Casado, subrayó la importancia de que se tengan en cuenta las reivindicaciones de los militares porque, de lo contrario, los problemas que va a generar la actual legislación «van a ser de tal magnitud que va a haber una litigiosidad elevadísima en los próximos meses», informa Ep. La AUME presentará asimismo un documento a todos los grupos

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha ordenado al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Fulgencio Coll, abrir un expediente informativo a propósito del brote gripal en la academia militar de Hoyo de Manzanares. Su objetivo será esclarecer qué pasó desde el martes, cuando Defensa informó a Sanidad de la posibilidad de que hubiera militares infectados de A (H1N1), hasta el jueves, cuando se confirmaron 11 casos. También se quiere aclarar por qué se autorizó la visita de un grupo de escolares el miércoles cuando ya había estallado el brote. En la base se intenta contener en vano la expansión del virus con medidas de cuarentena, pero tres de los alumnos de la academia y un familiar han sido hospitalizados con síntomas de gripe en Segovia y Valladolid.

Antes de la visita de Chacón al Gómez Ulla, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, intentó defender a la ministra. En declaraciones a la Cadena Ser, dijo que fue el director de la Academia de Ingenieros, el general de Brigada Pedro Vivas, quien permitió la entrada de los escolares al recinto militar, y no la titular de Defensa.

Estas declaraciones y el expediente anunciado por la ministra han desconcertado a los militares. En las Fuerzas Armadas no existen «expedientes informativos» ni los generales están acostumbrados a que los parlamentarios anuncien en la radio sus ceses en los destinos.

La Sanidad Militar tiene una clara cadena de mando y un responsable único que debe ser informado en todo momento. Y por ley orgánica, la competencia en materia de epidemias para las medidas de aislamiento corresponde a Sanidad, que es quien debe centralizar los datos y decidir cómo actuar. El punto más inexplicable de todo el proceso es la visita escolar del miércoles, admiten en Defensa. Fuentes de Defensa aseguraron a ABC que el director de la Academia sigue en su puesto y matizaron que la ministra había pedido información detallada de todo lo ocurrido «sin que el expediente vaya en concreto contra nadie».

El punto más inexplicable de todo el proceso es la visita escolar del miércoles, admiten en Defensa. Por su parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles denunció una nueva «cortina de humo» y una «operación de imagen» de la ministra por considerar que no tiene sentido centrar las culpas en el director de la academia cuando es un caso de ocultación de datos y descoordinación política en Defensa o entre ministerios.

El brote se extiende

El número de casos que se investigan en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares es de 70: 11 confirmados y 59 que permanecen en observación. Además, medio centenar de sus compañeros siguen con la «movilidad restringida» para evitar más contagios. Aunque la cuarentena del recinto militar no está sirviendo para contener el virus. A última hora de ayer, la Junta de Castilla y León informó de que tres militares de la academia de Hoyo que estaban en Segovia y Valladolid habían sido ingresados con síntomas de la nueva gripe, informa Isabel Jimeno. Ninguno de ellos estaba aislado en la base. Hay que añadir una cuarta persona, un varón que guarda una estrecha relación con una de las afectadas, que también está hospitalizado.

El Gobierno busca explicaciones. Y culpables. Es la conclusión que se puede sacar del anuncio que hacía ayer la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien aseguró que se ha abierto expediente informativo para determinar por qué se permitió una visita escolar al cuartel de Hoyo de Manzanares (Madrid) tras detectar el entonces probable brote de gripe A. Aunque recordó que debe haber «contacto directo» con los afectados para que se produzca el contagio, Chacón aseguró que quiere determinar las circunstancias «por las que se autorizó la visita», sólo un día después de afirmar que todo lo sucedido en el cuartel había sido normal y que no se había incurrido en riesgos.

La ministra hizo estas declaraciones tras visitar el Hospital Gómez Ulla, donde estaban los nueve ingresados. Pero se quedó sin verlos, porque mientras llegaba al centro, Sanidad enviaba un comunicado en el que anunciaba que habían sido dados de alta. La última contradicción entre los dos ministerios. Los nueve se unieron a sus más de 500 compañeros que siguen en cuarentena en la Academia de Ingenieros.

En su comparecencia, Chacón no apuntó directamente a nadie, pero el PSOE sí lo hizo: el secretario del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, señaló que Defensa centra su investigación en el director de la Academia militar de Ingenieros, el general de Brigada Pedro Vivas, al que culparía de autorizar las excursiones de los colegiales. A su juicio, resulta «imprudente e injusto» acusar a la titular de Defensa. A las peticiones de comparecencia en el Congreso, Chacón respondió que lo hará cuando haya finalizado el expediente informativo.

Mientras esto ocurre, el brote de nueva gripe de Hoyo de Manzanares saltaba ayer a la campaña para las elecciones europeas. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue el que creó más polémica, al referirse a lo sucedido como a «unos cuantos militares con gripe». El PP no tardaba en reclamar «una disculpa» por tomarse «a broma» la situación. Mientras, el líder popular, Mariano Rajoy, criticó que Chacón acudiera al hospital «a hacerse la foto», pero sin dar explicaciones sobre lo sucedido. También pidió explicaciones a Zapatero por haber «ocultado el caso a la opinión pública».

Por su parte, los más de 500 militares sospechosos de haberse infectado con el virus A/H1N1 o que han tenido contacto con éstos seguían ayer confinados en el cuartel. Lo estarán hasta el próximo viernes, o hasta más tarde, pues los mandos estudiarán prolongar la cuarentena si aumentan los casos. Algunos de los familiares denunciaron ayer a este periódico que a sus allegados «no les han dado mascarillas para protegerse», sólo unos guantes de plástico. Los militares aislados pasaron el día «haciendo deporte y limpiando». Se les prohibió hablar con la Prensa.

LA gestión gubernamental del brote de la gripe A en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares ha sido sencillamente desastrosa. Es cierto que hasta ahora Sanidad había actuado con rigor y transparencia para informar a los ciudadanos sobre la evolución de esta epidemia. Sin embargo, la falta de coordinación entre Sanidad y Defensa ha resultado lamentable y la propia ministra, Carme Chacón, tuvo que suspender ayer un mitin electoral para reunirse con altos cargos de su departamento y mandos militares. La visita de un colegio a la Academia cuando ya eran conocidos los problemas sanitarios añade un factor de alarma social y confusión de responsabilidades que debe ser aclarado con urgencia. En todo caso, parece evidente que el Instituto Militar de Medicina Preventiva informó el martes por la tarde a la Dirección General de Sanidad de la existencia del brote y que al día siguiente las muestras de los pacientes fueron enviadas para su análisis al Instituto de Salud Carlos III. Es sorprendente por ello que la ministra de Sanidad no conociera hasta el jueves la existencia del brote y, por tanto, Trinidad Jiménez debería aclararlo con una investigación interna en su departamento para saber por qué nadie le hizo llegar una información tan relevante.

Más allá de los aspectos técnicos y las responsabilidades administrativas, es inaceptable en términos políticos que la vicepresidenta del Gobierno insista en hablar de «normalidad» y «coordinación» cuando la opinión pública percibe un verdadero caos a la hora de gestionar una cuestión tan sensible. Malo es que hayan existido negligencias y fallos en los protocolos de actuación, pero mucho peor todavía es la sospecha de que hubiera una voluntad deliberada de ocultar el problema. Los vecinos de la localidad madrileña donde se ubica la Academia son los primeros perjudicados, pero todos los ciudadanos muestran una lógica inquietud y se preguntan con razón si puede haber otros casos «ocultos» que salgan a la luz cuando ya sea demasiado tarde. Está confirmado que en la noche del lunes tres soldados ingresaron en el hospital de Torrelodones y otros seis en el Gómez Ulla sin que nadie asumiera la responsabilidad de poner orden en el asunto. El PSOE es el primero en reclamar responsabilidades políticas cuando la ineficacia o la imprevisión generan situaciones de riesgo en materias cuyas competencias corresponden a administraciones gestionadas por el PP. En cambio, ahora se limita a insinuar culpas de los segundos escalones y a realizar declaraciones voluntaristas de que todo está bajo control. Es lógico que la oposición reclame explicaciones detalladas de un caso que, salvo prueba en contrario, ofrece motivos para suponer que hubo ocultación deliberada.

Rodríguez Zapatero parece identificar la coordinación y el buen funcionamiento del Ejecutivo con una sesión fotográfica de reuniones entre ministros, acompañada de una retórica optimista fuera de lugar. En este caso, los datos concluyentes desmienten esa imagen complaciente. El virus de la gripe A preocupa seriamente a la opinión pública y cualquier maniobra interesada con fines partidistas o de propaganda merece el rechazo más absoluto. Hay que investigar a fondo, rendir cuentas en el Congreso y establecer responsabilidades políticas en los niveles que corresponda.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha ordenado abrir inmediatamente un expediente informativo con el fin de aclarar lo sucedido en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares tras el brote de gripe A (H1N1).

Fuentes militares han informado a EFE de que Chacón dio instrucciones ayer al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Fulgencio Coll, para la apertura de ese expediente.

Un expediente que, según las mismas fuentes, debe abarcar desde la aparición de los primeros síntomas de la gripe en la base de Hoyo de Manzanares hasta ayer mismo, cuando por parte del Ministerio de Sanidad se confirmó la existencia de once afectados.

La ministra ha decidido que el responsable de llevar a cabo este trabajo no sea alguien del acuartelamiento, sino un oficial del Estado Mayor del Ejército.

Está previsto que un total de 507 militares permanezcan durante todo el fin de semana dentro de las instalaciones del cuartel militar por medidas cautelares relacionadas con la gripe A(H1N1), informaron ayer los ministerios de Sanidad y Defensa.

EL PSOE YA APUNTA AL RESPONSABLE

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, explicó hoy en la Ser que no fue Chacón la que decidió que diversos escolares entraran en la base militar tras el brote de la infección, sino el director de la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército, el general de Brigada Pedro Vivas.

De ahí que, según el dirigente socialista, el Ministerio de Defensa haya decidido investigar cuáles son las razones que le llevaron a tomar esa decisión.

A juicio de Madina, resulta "imprudente y muy injusto" que se acuse a la titular de Defensa, "con una gestión buena según los propios militares, la opinión pública y la mayoría de la gente", e guiarse sólo por un criterio de comunicación pública.

61 MILITARES EN OBSERVACIÓN

El Ministerio de Sanidad y Política Social ha informado hoy de que el número de casos en estudio en la Academia de Ingenieros Militares de Hoyo de Manzanares por posible contagio del virus de la gripe A/H1N1 es de 61.

De estos 61, continúan siendo 11 los casos confirmados, según las mismas fuentes

Además, los 9 ingresados en el Hospital General de la Defensa, antiguo Hospital Gómez Ulla, ya han sido dados de alta.

Todas las personas afectadas han presentado un cuadro clínico leve y una respuesta favorable al tratamiento, ha detallado el Ministerio de Sanidad y Política Social.

VISITA AL HOSPITAL GÓMEZ ULLA

La ministra de Defensa, Carme Chacón, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del Aire José Julio Rodríguez Fernández, y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Fulgencio Coll Boucher, visitarán este mediodía el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Carabanchel (Madrid).

La visita es la primera que realizan, de manera conjunta mandos militares y autoridades de Defensa, desde que el pasado lunes aparecieran en la Academia de Hoyo de Manzanares (Madrid) los primeros casos sospechosos de afectados por nueva Gripe.

El Departamento que dirige Carme Chacón informó esta mañana de que la titular de Departamento, el jefe de la cúpula militar, el jefe del Ejército y la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José Villacé, visitarán el hospital de referencia militar, en el que fueron ingresados esta semana los primeros militares que fueron hospitalizados por la denominada nueva gripe.

La visita de la ministra, la subsecretaria y los dos altos mandos militares es la primera que realizan conjuntamente desde la aparición del brote en la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército de Tierra. Según el comunicado del Departamento que dirige Carme Chacón la visita de las autoridades de Defensa se producirá "alrededor de las 12.00 horas".

La visita al Gómez Ulla ha llevado a Carme Chacón a suspender su participación en el acto de campaña del PSOE por las elecciones europeas en Cornellá de Llobregat (Barcelona), previsto para este sábado.

Mensajes del Gobierno

«Tranquilidad». Ése es el mensaje que ayer trasladaba el Gobierno ante el brote de gripe A detectado en la Academia de Ingenieros del Ejército en Hoyo de Manzanares. Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo tomaba la decisión de aislar a 459 militares durante todo el fin de semana en el acuartelamiento como medida de prevención, «para que el virus no se extienda» más allá de los muros de la instalación militar, pese a que no presentan síntoma alguno de la enfermedad. La decisión se toma porque estos efectivos pudieron estar en contacto con los confirmados o bajo sospecha de tener el virus.

A esos 460, que tendrán una «movilidad restringida» a una parte de las instalaciones, se unen los 48 casos que ayer permanecían en estudio, los once confirmados pero en situación «de alta» en su domicilio y los nueve también en estudio que permanecen ingresados en el hospital Gómez Ulla. En total, 528 militares están aislados por una u otra circunstancia. Los ministerios de Sanidad y Defensa salieron ayer conjuntamente a hacer una llamada de calma que ya había hecho la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega por la mañana. Una llamada que era a la vez una escenificación de coordinación ante el aluvión de críticas por la sensación de descontrol y por la ausencia de información a las familias y a los alumnos de la academia. En este punto, las denuncias han llegado desde las filas del Partido Popular, que ha pedido la comparecencia de la ministra de Defensa, Carme Chacón, por «ocultar» el brote y ha solicitado su dimisión.

Desde ambos ministerios se defienden asegurando que en todo momento ha habido una coordinación precisa, que la Sanidad Militar ha actuado desde la aparición de los primeros síntomas y subrayando que los casos no confirmados «no son relevantes a la hora de tomar decisiones». Las familias, preocupadas Desde los familiares, los ataques por la falta de información se mezclan con la preocupación por los que están dentro de la academia. «Mi novia está haciendo la instrucción en la academia de Hoyo de Manzanares. Hace dos días me dijo que había visto a gente con mascarilla, pero que no sabía por qué». Quien lo cuenta es F., un joven de 25 años que prefiere no dar su nombre ni el de su prometida «por miedo a las represalias hacia ella».

Ayer, por fin, se enteró de la causa de las medidas de protección que lucían algunos de sus compañeros. «Les han reunido esta mañana y les han dicho que estén tranquilos, pero que hay un brote de gripe A en el centro». Cuando esto ocurría, F. tenía pensado ir a ver a su novia hoy mismo. «Ella tiene una sanción y no puede salir este fin de semana, pero me han dicho que no hay ningún problema con las visitas y que la gente va a salir en los próximos días con normalidad». Minutos más tarde, F. era informado de que, al final, no iba a poder ser. «Les han dicho a todos que tienen que quedarse encerrados». La noticia causó todo menos tranquilidad en los allegados de los militares.

«Estoy preocupado, ella ha visto cómo algunos de sus compañeros han acabado aislados por presentar síntomas». Como él, otra madre de uno de los alumnos que no quiere dar su nombre asegura que la desinformación ha sido la tónica dominante de la semana. Otros allegados «se han quejado de que, primero, les impidieron las comunicaciones telefónicas con los militares y, después, les exigieron no hablar sobre el posible brote del virus A/H1N1», así lo explican fuentes del Grupo Parlamentario Popular, que ha recibido quejas directas de estas familias.

Familiares de algunos soldados, aseguran que sus hijos ya les habían alertado de que se encontraban mal hace varios días y que incluso se habían producido desmayos en formación, pese a lo cual habían sido advertidos por sus mandos de que no dijeran nada, informa Onda Cero. Entre los propios alumnos del centro la sensación es de estupor e intranquilidad. Primero porque muchos de ellos fueron informados ayer mismo de la situación que se estaba dando en la academia; segundo, porque desde el lunes que se presentaron en la enfermería los primeros compañeros con síntomas, el movimiento del resto de los alumnos ha sido normal, sin restricciones.

Tanto los alumnos como algunos mandos militares se sorprenden de que un caso como este no se haya hecho público hasta el jueves y se haya mantenido la actividad prácticamente normal en el centro. También subrayan como un riesgo innecesario la presencia de niños de un colegio de Hoyo en la academia el lunes y el miércoles. Ante la preocupación suscitada por estas visitas, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y la subsecretaria de Estado de Defensa, María Victoria San José, aseguraron ayer que los niños no corrieron ningún riesgo porque no entraron en contacto con los infectados ni con los casos sospechosos.

Los alumnos del colegio de Hoyo de Manzanares visitaron el Centro Internacional de Desminado y el Museo de Ingenieros, pero no llegaron a tener contacto con los potenciales portadores del virus, que ya eran conocidos el primer día de excursión y algunos de los cuales ya estaban aislados la segunda jornada. Pese a la convicción de que ninguno de los alumnos se contagió en la academia, el Gobierno ha instado al centro escolar a que comunique inmediatamente cualquier síntoma que pudiera presentar alguno de los niños. La subsecretaria de Defensa confirmó que el lunes los primeros militares con síntomas se acercaron a la enfermería de las instalaciones.

El martes, según San José, se comunicó al Instituto Militar de Medicina Preventiva, que acudió a la Academia de Ingenieros para realizar los primeros análisis. Tras los estudios preliminares se dio parte, según la subsecretaria, a Sanidad. Durante todo este tiempo, el resto de alumnos y trabajadores del acuartelamiento se movieron con libertad dentro y fuera del mismo. Por otro lado, ambos representantes gubernamentales confirmaron que ninguno de los infectados por el virus viajó a México. Preguntados por la posibilidad de que los casos confirmados hubieran estado en contacto con alguien que sí hubiera estado en el país centroamericano, Martínez Olmos señaló que por el momento se está haciendo el estudio completo para determinar de dónde surge el contagio. Tampoco especificaron si se ha analizado el entorno de los casos sospechosos por si alguien presentara síntomas.

Cerca de 250 militares han acudido este sábado a la sede del Defensor del Pueblo en Madrid para presentar ante este organismo sus quejas por la aplicación de la Ley de Carrera Militar, en un acto de protesta convocado por la la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

El secretario general de esta asociación, Mariano Casado, ha explicado que en total se han registrado ante el Defensor del Pueblo 330 quejas. Más de 240 fueron presentadas de forma personal por los asistentes, mientras que alrededor de 90 fueron registradas por otras vías, como el fax o el correo electrónico.

Los militares esperan que esta protesta sirva para que esta institución advierta al Ministerio de Defensa de la reforma que quieren los miembros de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la ley que entró en vigor en enero de 2008. Denuncian que en la tramitación de la ley todo ha fallado porque se acometió un proceso de modificación de las políticas de personal sin contar con los destinatarios Casado ha señalado que ahora «lo que toca es que el Defensor del Pueblo estudie las quejas» y que «se regule de una vez por todas los derechos de los militares». El secretario general de AUME ha destacado que la asociación está «muy satisfecha» con el resultado de la concentración, que ha discurrido «sin ningún incidente».

Un documento para todos los grupos parlamentarios

Para apoyar esta medida, la asociación ha elaborado un documento, que será entregado a todos los grupos parlamentarios, en el que plantea varias reformas que, a su juicio, deben realizarse en la Ley de Carrera Militar.

Este documento abarca fundamentalmente cuatro áreas: ascensos de suboficiales a teniente; unificación de escalas de suboficiales; de la escala única de oficiales, y la situación profesional de tropa y marinería.

Críticas por no contar con ellos

Desde AUME denuncian que en la tramitación de la Ley de la Carrera Militar todo ha fallado porque se acometió un proceso de modificación del marco regulador de las políticas de personal sin contar con los destinatarios.

Con este documento, que pretenden sea la base para la reforma de la carrera militar, los militares de AUME plantean las «numerosísimas aportaciones» que los miembros de las Fuerzas Armadas han trasladado a la asociación

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, ha asegurado que no fue la ministra de Defensa, Carme Chacón, la que decidió que diversos escolares entraran en la base militar de Hoyo de Manzanares tras el brote de gripe A en este acuartelamiento, sino el director de la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército, el general de Brigada Pedro Vivas.

De ahí que, según dijo el dirigente socialista en declaraciones a la Cadena Ser, el Ministerio de Defensa haya decidido investigar cuáles son las razones que le llevaron a tomar esa decisión.

Madina añadió que resulta "imprudente y muy injusto" que se acuse a la titular de Defensa, "con una gestión buena según los propios militares, la opinión pública y la mayoría de la gente", de guiarse sólo por un criterio de comunicación pública.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado, denunció "la falta de claridad y transparencia" en torno al brote de la gripe en la Academia de Hoyo de Manzanares y exigió que se depuren las responsabilidades políticas.

En declaraciones a los periodistas durante la concentración de militares ante la sede del Defensor del Pueblo, Casado aseguró que no le satisfacen "en modo alguno" las explicaciones que sobre la aparición del brote dieron la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, así como los responsables de los Ministerios de Sanidad y Defensa.

El responsable de AUME mantiene que existe "una falta de transparencia" en relación con este incidente que no se soluciona con la apertura de un expediente informativo, que, a su juicio, sólo supone "una cortina de humo".

Casado aseguró no tener garantías de que vaya a haber "imparcialidad y objetividad" en el mismo, dado que la responsabilidad no se acaba en el director de la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército. "Hay otros ámbitos de responsabilidad estrictamente política que no pueden quedar indemnes ante una situación gravísima que afecta a la seguridad pública de muchos cientos de ciudadanos en España", destacó.

Casado insistió en que la transparencia no se consigue con la apertura de un expediente o con ir a visitar a los primeros militares ingresados por la denominada gripe en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, sino dando las explicaciones oportunas. En este punto, Casado recordó que existe una comisión nacional integrada por el inspector general de Sanidad del Ministerio de Defensa (IGESAN), que será el que tendrá que dar cuenta si se activó o no algún mecanismo de coordinación sobre el brote de la gripe en la academia militar de Hoyo de Manzanares. "Todo apunta a que no se ha hecho o se ha hecho tarde", indicó.

Por último, el secretario general de la AUME subrayó que han de depurarse responsabilidades porque a día de hoy hay más de 500 militares que están en cuarentena. "Por muy soldados que sean, son ciudadanos y merecen una explicación", agregó.

El malestar existente en las Fuerzas Armadas con la aplicación de la Ley de la Carrera Militar, puesta en marcha por el Gobierno socialista, llegará hoy a la calle. El Ministerio de Defensa no ha podido contener la crispación que ha provocado la nueva normativa, y la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) ha convocado hoy una concentración ante la oficina del Defensor del Pueblo de Madrid. Se trata de que los soldados, oficiales y suboficiales de los tres Ejércitos presenten en persona sus quejas ante esta institución.

La protesta se produce dieciséis meses después de la entrada en vigor de la Ley, periodo en el que los militares no han cesado de presentar recursos judiciales y de elevar sus quejas al Ministerio. Los primeros en dar el paso fueron 302 oficiales de la Escala Superior de la Armada, que recurrieron la primera orden ministerial que regula la normativa ante la Audiencia Nacional, como así lo desveló ABC. Le siguieron otros mil oficiales de la Escala de Oficiales, que se opusieron al curso de adaptación y a los Planes de Estudio que contempla la nueva ley, entre otros aspectos de la misma.

Suboficiales

A los suboficiales tampoco les gusta la Ley, como así se refleja en la Reclamación Patrimonial al Estado que presentaron 17.000 miembros de esta Escala, por los perjuicios que les ocasiona el texto normativo. Las quejas también se extendieron a 1.500 suboficiales del Ejército del Aire, que denunciaron que la Ley «pisotea» sus derechos. Igualmente, otros 8.000 suboficiales del Ejército de Tierra reconocieron sentirse «humillados» con la Ley, ya que aseguran que no les permite ascender a teniente en activo.

El Gobierno intentó frenar parte de este malestar introduciendo unas modificaciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Aunque estos cambios han beneficiado, sobre todo a la Armada, no han sido definitivos para evitar la polémica. De hecho, el nuevo escalafonamiento que surgirá de esta Ley, cuyo listado provisional se publicó el día 11, no ha hecho más que aumentar el descontento. Fuentes militares consultadas por ABC han asegurado que «esto se veía venir desde el principio. En este escalafonamiento provisional ya se está viendo la discriminación, que oficiales con menor antigüedad en el empleo se han situado por encima de otros más antiguos». De esta primera aplicación real de la Ley se derivarán «muchísimas alegaciones que la gente ya está presentando». El 1 de julio es cuando quedará definitivamente elaborado el escalafonamiento.la respuesta es una incógnita, ya que los militares son muy reacios a participar en este tipo de medidas de presión. Este malestar se podría hacer patente hoy en la calle. Aunque la respuesta es una incógnita, ya que los militares son muy reacios a participar en este tipo de medidas de presión, ante el temor de posibles represalias, las fuentes consultadas por ABC aseguran que «la gente está bastante quemada». No descartan que haya más gente de lo previsto, aunque reconocen que «precaución hay siempre».

Junto al frente judicial y la presión en la calle, el PP abrió ayer otra vía en el Parlamento al presentar una Proposición No de Ley. Con esta iniciativa quiere instar al Gobierno a que cree una Subcomisión en el Congreso, para que vigile el cumplimiento de la Ley y realice las modificaciones necesarias. Los populares están abiertos a todas las aportaciones de los demás grupos para hacer una propuesta conjunta. Ya cuentan con el apoyo de CiU, como así lo aseguró a ABC su portavoz de Defensa, Jordi Xuclá, al considerar que es «necesario el consenso para revisar los puntos débiles de la Ley. Nosotros estamos a favor de la Subcomisión».

Desde el PSOE, su portavoz, Jesús Cuadrado, todavía no se quiere pronunciar sobre esta iniciativa hasta conocer su contenido. Finalmente, el portavoz del PNV, José Ramón Beloki, tampoco tiene una «idea clara» sobre lo que hay que cambiar.

El Centro Universitario de Defensa arrancará en septiembre de 2010. Tendrá 40 docentes

S.R. - PONTEVEDRA

El próximo año se pondrá en marcha en Marín el Centro Universitario de Defensa, que dirigirá José María Pousada, un ingeniero que encabezó durante años la ETS de Telecomunicaciones de Vigo y que también ha participado en desarrollo de productos como pulseras electrónicas para localización de maltratadores y pizarras electrónicas para personas con problemas de comunicación.

– ¿Qué hace un centro de la Universidad de Vigo en una academia militar?

–Para entenderlo hay que decir que a partir del año que viene los futuros oficiales de los tres ejércitos estudian dos carreras: una militar y a la vez una civil. Para que puedan compaginar las dos carreras llevarlos al campus de Vigo era poco práctico y Defensa tomó la decisión de crear un centro universitario dentro de las propias academias militares para no desplazar a los estudiantes. Entonces se crea un centro universitario en cada una de las academias militares, entre ellas Marín, que será exactamente igual que cualquier centro de la Universidad de Vigo, la Escuela de Teleco, Industriales, Fisioterapia etc. Tiene una peculiaridad, que es un centro adscrito, administrativamente dependerá de Defensa, y desde el punto de vista de la docencia dependerá de la Universidad de Vigo.

– ¿Qué enseñanza se impartirá?

–La idea de Defensa es que en cada centro se oferte una titulación a los futuros oficiales, en el caso de Marín se ha decidido que sea en el ámbito de la ingeniería de industrial y la especialidad de mecánica. En principio esa será la titulación, el título de grado en ingeniería industrial y, dentro de él, la especialidad de Mecánica.

– ¿Cuántos docentes integrarán el claustro?

–Cuando esté en pleno funcionamiento en el plazo de 4 a 5 años serán sobre 40 profesores.

– ¿Qué opinión le merece la formación de los oficiales del Ejército español?

–A día de hoy desde el punto de vista militar entiendo que reciben la formación que Defensa considera que debe tener un futuro oficial, en ese sentido desde el punto de vista militar creo que no hay ninguna queja ni problema dado que no se reforma, no hay un cambio sustancial en la formación militar, lo que sí faltaba en el ejército, en cualquiera de los tres, es que en ejércitos punteros en el mundo ya hace años que se estudia carrera civil y carrera militar, se echaba en falta una formación civil y un reconocimiento, en España faltaba dar ese paso y el ministerio se ha decidido.

– ¿Arrancará en 2010?

-Si, de hecho ya se han iniciado las obras de adaptación de espacios. Había un problema de definición por el tema de Bolonia en la universidad, no en Defensa, pero se ha resuelto con lo cual ya se pueden hacer los planes de estudio de las carreras de ingeniería y por tanto estamos en plazo, tanto en Marín como en las escuelas de ingeniería que tenemos en Vigo con lo cual en septiembre de 2010 ya se puede cumplir toda la reforma de reforma de Bolonia en toda la universidad española y obviamente en el centro de la Defensa que empezará con un ciclo ya de Bolonia.

–Desde 2003 hasta el pasado mes de febrero ha sido director de la Escuela de Teleco de Vigo ¿qué le parece la reforma derivada del plan Bolonia?

–Me parece muy bien, creo que hay un sector dentro de la universidad que pretende que ésta no cambie y de alguna manera están dirigiendo a los alumnos para que protesten. No creo que antes hubiese becas y ahora no las va a haber o que se privatice la enseñanza, al contrario. El principal problema es que se ha mezclado Bolonia con una reforma estructural y organizativa de la universidad, un tema que no tiene que ver con Bolonia, y hay un sector que está en contra. Pero por lo demás Bolonia supone la equiparación de los títulos en cualquier país europeo, hasta ahora con mi título no se sabía para qué sirve en otro país, tenías que pedir convalidaciones y seguir un proceso administrativo de varios meses, mientras que si Bolonia se hace bien el reconocimiento es casi inmediato. También se pretende hacer una reforma en la universidad de la metodología docente, aprovechando Bolonia, y eso es río revuelto, esa reforma pretende que los grupos sean más pequeños, algo que siempre hemos pedido los profesores, y también exige más trabajo con los alumnos, algo que tampoco es malo. La clave estará en si se aporta suficiente dinero a la enseñanza para llevar eso a cabo.

–En paralelo a su carrera docente ha desarrollado una labor de desarrollo de productos...

–Los profesores universitarios tenemos una doble vertiente: docente e investigadora; como investigador he trabajado en varios proyectos y algún producto ha salido.

–¿Cómo va el proyecto de una pizarra para personas con problemas de comunicación?

–Estamos trabajando todavía en esa idea, es para personas con dificultades de comunicación... Hablando con una experta, la directora de un colegio de sordos, ella vio la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías para crear un tablero, una especie de pantalla de ordenador en la que señalando con el dedo podías comunicarte. Hemos hecho ya un prototipo para demostrar que el sistema funcionaba y seguimos trabajando en ello, intentamos abaratarlo porque si el aparato es caro y el escolar lo rompe al día siguiente no resulta rentable. Nos ocupamos en esta segunda fase de que sea barato y resistente. Hemos mantenido contacto con un hospital de Santiago para personas que están atendidas por operaciones de garganta y no se pueden comunicar y para supervivencia dentro del hospital le das un tablero como estos en donde pones los tipos de comida, etcétera, y de alguna manera les permite hablar, de modo qué utilidad tiene muchísima.

–También ha desarrollado una pulsera electrónica para localización de maltratadores.

-Salió porque en Madrid habían tenido la idea inicial pero el sistema madrileño tenía a mi juicio como técnico un grave defecto, que sería un sistema muy voluminoso, el maltratador tenía que llevar casi una mochila con un peso importante, nuestra idea era hacer algo más pequeño y con otros compañeros se nos ocurrió una solución técnica para tener localizado al maltratador y el aparato sería como un reloj. Lo propusimos, trabajamos en el tema y al final se quedó en nada: hicimos el prototipo, que demostramos que funcionaba, pero hicimos la parte tecnológica que había que meter dentro de una pulsera, que es algo físico, el problema fue que hasta donde yo vi (porque luego el proyecto se quedó en manos de la Xunta y por diferentes razones permaneció dormido) es que no se encontró una empresa que fuese capaz de fabricar la pulsera, que tendría que ser irrompible.

–Es el problema que sucedió precisamente en el asesinato protagonizado por Maximino Couto, que se sacó la pulsera

–Es que la pulsera no debía de sacarse fácilmente, tenía que ser irrompible o muy difícil de romper. Cuando lo hablamos, porque tuvimos reuniones con psicólogos y demás para ver el efecto, lo que se comentaba es que si a mi quitarme la pulsera me lleva un segundo no pienso, pero si me cuesta varios minutos romperla o le tengo que dar un martillo y también me duele eso podría afectar al resultado: si son momentos de locura transitoria, por decirlo así, ese margen de tiempo ayudaría al maltratador a reflexionar y que recuperase, por decirlo de algún modo, la normalidad. Y ahí se quedó el proyecto, pero el sistema funcionaba y de la parte de comunicaciones no tenemos ninguna queja.

“Hicimos el primer antimóviles... Venderlos en la tienda de la esquina es ilegal, pero no comprarlos por internet”

“Hicimos el primer antimóviles”, explica Pousada, “un aparato para que no sonasen en cines, hospitales, etc., lo hicimos a finales de los noventa pero sucedió algo curioso: son aparatos alegales y la administración no podía autorizar el sistema a riesgo de crear problemas con los operadores. Nosotros lo que decíamos es que lo que puede ser ilegal es el uso, no el aparato en sí. Habíamos demostrado técnicamente que en un recinto cerrado el aparato no dejaba utilizar los móviles, aunque fuera de ese recinto sí, de modo que una propiedad privada la ley protege al dueño frente a los operadores, en su local sí podría utilizarse mientras que fuera de la puerta no afectase. El sistema entonces era legal, lo que era ilegal era usarlo fuera, pero por más que nos peleamos no hubo manera y no tenía sentido seguir desarrollándolo.

–Pero ahora puedo comprar perfectamente un inhibidor.

–Si, ahora los hay, muchos. Venderlos en la tienda de la esquina es ilegal pero comprarlos por internet es legal, es toda una paradoja.

–También aplicaron nuevas tecnologías a las subastas.

–Fue un producto encargado por una empresa a instancias de la Xunta. Un grupo de compañeros y yo desarrollamos un aparato para las subastas, que antes eran a viva voz, el subastero iba cantando el precio, y ahora van con un aparatito que para la subasta, eso lo hemos desarrollado en Vigo y todo nació porque la Xunta informatizó las lonjas y puso como condición el incorporar un sistema de parada de subastas. La empresa que en ese momento quería informatizar las lonjas no tenía un departamento de investigación y desarrollo y contactó con nosotros para desarrollar esos aparatos.

Tampoco debemos sorprendernos, porque Trillo ha hecho lo que esperábamos de él. Tras conocerse la sentencia por el accidente del Yak-42, pese a su amago de dimisión como portavoz de Justicia del PP, el ex ministro se ha lavado las manos, que es lo que lleva haciendo desde el día en que el avión se vino abajo. Y, a decir de muchos, lo que hizo el resto de su vida. Federico Trillo, que se destaca por impartir sesudas lecciones de ética y que exige a gritos la dimisión de un ministro porque se fue de caza, no ha asumido sus responsabilidades. Ni lo hizo antes, ni lo hace ahora que la sentencia habla de «la conducta de personas no acusadas», en clara referencia al ex ministro y a otros responsables políticos. Porque la cuestión es tremendamente simple. ¿Por qué los militares echan a correr hacia España con los cadáveres sin identificar? ¿Quién da la orden de un regreso inmediato? ¿Quién es el responsable del ministerio que ordena tal atrocidad? Pues, por lo visto, ahora nos enteramos de que no era Trillo. Sería que estaba paseando por las esplendorosas playas gallegas. Pero esta actitud vergonzante de una persona con sus principios morales y religiosos, y que está amparada por la disciplina militar, tiene otros responsables. Los que llevaron a Trillo a los escaños del Parlamento, los que lo colocaron como portavoz de Justicia del PP, los que permiten que siga alzando la voz para hablar de moral y los que consienten que continúe alimentándose a cuenta de su evidente falta de valentía. Porque Trillo, no nos engañemos, es el Trillo de siempre

El Partido Popular exigió este jueves al Ministerio de Defensa que aclare urgentemente si se han registrado afecciones relacionadas con la Gripe A, y qué es lo que ha motivado la imposición de medidas de cuarentena a sesenta miembros de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares, de los cuales, hay varios ingresados en observación en el Hospital militar Gómez Ulla de Madrid.

Además, los populares pidieron al Departamento dirigido por Carmen Chacón que explique el modo en que se ha gestionado el brote y, especialmente, si se ha trabajado en colaboración con el Ministerio de Sanidad.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Santiago Cervera aseguró que, en relación con la Gripe A, el PP ha ofrecido su colaboración al Gobierno para reducir los riesgos e incertidumbres de los ciudadanos, pero al mismo tiempo exige transparencia e información puntual sobre los posibles casos.

"Para nosotros, ello también incumbe a la sanidad militar. No podemos aceptar que el Ministerio de Defensa no adopte idénticas actitudes que las que hasta ahora se han puesto en práctica por las Comunidades Autónomas y el Ministerio. Es impropio que hasta el momento no hayan dado cuenta de los casos del brote, y nos preguntamos si han trabajado en colaboración con el Ministerio de Sanidad en esta cuestión tan sensible", subrayó Cervera.

A juicio del diputado popular, el Ejecutivo debe informar "de manera urgente" del número de casos producidos, su status clínico y si se trata de Gripe A. De lo contrario, apuntó Cervera, "será el Ministerio de Defensa y los responsables políticos de la sanidad militar quienes están vulnerando una pauta de gestión adecuada de esta crisis, en la que los ciudadanos deben disponer d e información veraz y continua".

Federico Trillo cree que su responsabilidad política en todo lo que concierne al accidente del Yak-42 se salda con unas disculpas a las víctimas. Ni la sentencia condenatoria a los mandos militares que él envió para encargarse de la identificación de los cadáveres le hace moverse un centímetro de su escaño: 'Respeto la sentencia pero no la comparto', ha dicho.

Pareciera que la víctima es él, y no los 62 militares españoles que encontraron la muerte en un vuelo chapucero y que chapuceramente fueron repartidos en los ataúdes.

Trillo debería haber dimitido hace seis años, cuando, siendo ministro, se produjo la tragedia. El accidente se debió a un error de los pilotos, pero cuando a un ministro se le estrella un avión causando la mayor catástrofe de nuestro Ejército, cuando hay serias dudas sobre el estado del aparato (ruso) y sobre la profesionalidad de la tripulación (ucraniana), el responsable de turno del Gobierno tiene que dar un paso al frente. Ahora la sentencia de la Audiencia Nacional le ofrece la oportunidad de actuar con gallardía. Dado que fueron personas de su confianza las que procedieron a la repatriación de los cuerpos y su entrega a las familias, debe asumir como propios sus errores. Si sabía que actuaron mal, por haberlo consentido, y si no lo sabía, por haberse equivocado al encomendarles esa delicadísima tarea.

Trillo ha tratado de exculpar a los tres militares condenados aduciendo que actuaron 'de buena fe'. Pero ésa hay que darla por descontado. Fueron elegidos no para que fueran a Turquía cargados con las mejores intenciones, sino para que acertaran en su actuación. No porque fueran moralmente buenos, sino porque se les suponia profesionales eficaces.

Trillo debería dejar el acta de diputado, por doloroso que pueda resultar para su partido perder a un parlamentario de su valía. Pero si en una ocasión tan flagrante nadie asume responsabilidades políticas ¿cuándo, entonces? Resulta ciertamente sospechosa la obstinación con la que los políticos se aferran en España al cargo.

Su empecinamiento pervierte la propia razón de ser de la política, que es la de servir a la sociedad. Cuando uno se atrinchera de esta manera es que ha perdido la perspectiva: mira más por sí mismo que por los ciudadanos

El PP ha acusado hoy a la ministra de Defensa, Carme Chacón, de haber realizado unas declaraciones "indignas, abyectas y viles" sobre la sentencia del Yak-42 y ésta ha replicado que "toda la ciudadanía sabe" que el PP debería decirle lo mismo al ex ministro Federico Trillo.

Las declaraciones que han provocado esta acusación de la diputada del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, son las que hizo ayer la ministra de Defensa, en las que aseguró que "los verdaderos responsables" del caso Yak-42 "están ahí sentados", en referencia a Federico Trillo, que ocupa un escaño en el Congreso.

"Nuestro respeto y nuestro dolor para todos, pero nuestro rechazo total a las declaraciones de una ministra de Defensa. Santo Dios, santo Dios. Indignas, abyectas y viles", ha manifestado Rodríguez Salmón en referencia a esas palabras de Chacón.

La titular de Defensa ha respondido a Rodríguez Salmones volviendo a aludir a Federico Trillo: "Toda la ciudadanía sabe que lo que me acaba de decir a mí se lo debería decir a un ex ministro, compañero suyo", ha manifestado Chacón entre los aplausos de los diputados socialistas.

La diputada del PP ha recordado a continuación a Chacón que "es usted la ministra" y le ha exigido "respeto, dolor, y punto".

El cruce de acusaciones entre Chacón y Rodríguez-Salmones ha tenido lugar en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, durante una pregunta de la diputada del PP sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

El diputado socialista Jesús Cuadrado, que formulaba la siguiente cuestión a Chacón, ha iniciado también su intervención respondiendo al PP al afirmar que "lo indigno y lo abyecto es esconderse detrás de militares uniformados para esconder la responsabilidad que en su día tenían los responsables políticos de Defensa".

Tras afirmar que "es buen día para hablar de presupuestos", Cuadrado se ha preguntado: "¿de qué etapa, de la de Trillo, en la que no había dinero para el transporte militares en buenas condiciones?".

El diputado socialista ha insistido en que lo "indigno y abyecto" es que hoy mismo, el PP siga hablando de "errores en la identificación" de las víctimas del siniestro aéreo porque indica "un gran desprecio al dolor de sus familias y al de los compañeros de aquellos 62 héroes que murieron en una misión".

Tras formular su pregunta sobre el protagonismo de la Armada en la lucha contra la piratería en el Índico, Cuadrado ha recalado que los militares españoles actúan allí "con honor" porque "hay que actuar con honor y no como Aznar, Rajoy, Mayor Oreja y el mismísimo señor Trillo: sin honor y punto".

Chacón ha agradecido este apoyo del diputado socialista en su respuesta: "Sé que parece un tópico pero me sale del corazón. ¡Cómo me ha alegrado escucharle en toda su pregunta!".

Seis años después de que el accidente aéreo del Yak-42 en Turquía segara la vida de sus seres queridos, los familiares de los 62 militares fallecidos conocieron ayer a las puertas de la Audiencia Nacional (no se les permitió la entrada) la sentencia que condena al general de División del Cuerpo Militar de Sanidad Vicente Navarro, encargado de repatriar los cuerpos, a tres años de cárcel por «falsear la verdad» al entregar 30 cadáveres que sabía que estaban sin identificar. A sus dos subordinados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, el tribunal –presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez– les ha impuesto una pena de un año y medio de prisión como «cómplices». Navarro, o en su defecto los otros dos condenados, deberá pagar a cada familia 10.000 euros de indemnización, una cantidad a la que tendrá que hacer frente de forma subsidiaria el Ministerio de Defensa, una vez establecida por la Sala la responsabilidad civil del Estado. El general, además, ha sido condenado a pagar una multa de 1.800 euros (la mitad en el caso de Ramírez y Sáez), y sobre él pesa ya una inhabilitación de dos años (uno para los otros dos procesados).

Avala a los forenses turcos

No se trató de un error ni de una imprudencia. La sentencia no ahorra argumentos para concluir que Navarro «era consciente de que no tenía identificados 30 cuerpos y, no obstante, decidió falsear la verdad». Y eso, admite, aunque no obtuviera beneficio alguno, «ni quisiera directamente causar perjuicio a las familias de los fallecidos».

Para los magistrados, «no es verosímil» que dos generales «con amplia experiencia (además de Navarro, José Antonio Beltrán, que no fue procesado) firmasen el acta turca (el documento de entrega de los cadáveres) «responsabilizándose de la repatriación en condiciones irregulares de 62 cadáveres sin conocer el contenido de lo que están firmando» (tal y como alegó Navarro en el juicio). Sobre todo, añade, teniendo en cuenta que tuvieron a su disposición a un intérprete.

El tribunal ahuyenta cualquier duda sobre el trabajo de los forenses turcos (que intentaron desprestigiar las defensas de los acusados). Avisaron al equipo español de que había que tomar muestras de ADN de esa treintena de cuerpos para establecer de forma certera sus identidades. Nada de eso se hizo hasta que los cadáveres fueron exhumados en noviembre de 2004.

El valor de ese acta turca, subraya el fallo, es «incontestable». «Los 32 cuerpos que en el acta aparecen identificados estaban bien identificados, y mal los 30 a los que no se asignó identidad».

A estas evidencias, añade la Sala, el general contestó con «evasivas», escudándose en que redactó una lista en la que esa treintena de cuerpos sí estaban identificados basándose en unas notas que después destruyó. «Lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleatoria», rebate el tribunal. Pese a ello, Navarro manifestó a Beltrán que él los tenía identificados, «lo que no se correspondía con la realidad».

Para la Sala, «no consta» que los otros dos acusados intervinieran en la confección de la polémica lista. Sin embargo, considera a ambos «cómplices» no necesarios, porque el delito de falsedad documental se podría haber realizado sin su colaboración. Ambos redactaron, una vez en España y por indicación de Navarro, los informes de necropsia que necesitaba éste para extender los certificados de defunción que demandaban las familias.

«Dulcificaron» las lesiones

En esos informes, Ramírez y Sáez «dulcificaron» la descripción de las lesiones y omitieron «conscientemente» las que podían despertar «recelos o dudas» acerca del trabajo realizado por Navarro. De haber consignado por escrito que algunos cuerpos estaban totalmente carbonizados, «hubiera resultado evidente para cualquier persona que éstos no podían haber sido identificados con el simple examen visual». Con esa acción, «facilitaron» la comisión del delito.

Navarro no tendrá que ingresar por ahora en prisión, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre su recurso.

El portavoz de Justicia e Interior del PP, Federico Trillo, reapareció ayer en una comparecencia pública, tras semanas de silencio, para leer un comunicado sobre la sentencia de la Audiencia Nacional respecto a los 30 errores en las identificaciones de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42. Él era entonces el ministro de Defensa y el fallo condena a tres mandos militares que estaban a sus órdenes.

Trillo dijo respetar la decisión judicial, aunque no la comparta, y utilizó la declaración, sin aceptar preguntas, para subrayar su ignorancia en relación a los graves errores en la identificación de los cadáveres, sobre los que ha fallado la Audiencia Nacional. Una vez que ésta se ha pronunciado sobre lo que tenía encima de la mesa, de inmediato han surgido las voces que se preguntan por las responsabilidades políticas.

Trillo sostiene que en ningún momento, «como se ha afirmado falsamente», tuvieron noticias sobre errores en las identificaciones, «que sólo empezaron a cuestionarse muchos meses después». En su defensa esgrime, asimismo, su entrega con las familias de las víctimas y la buena fe de todos los que intervinieron en la repatriación de los cuerpos. Desde que se inicio el juicio hasta ahora, Trillo no ha tenido ningún gesto con los tres militares sentados en el banquillo. De hecho, ni siquiera ha fijado posición pública ni ha actuado como portavoz en materias de las que se ocupa en primera persona, como es el caso de la estrategia ante el «caso Gürtel». Ayer afirmó que sigue pensando que «los médicos militares actuaron al máximo de sus posibilidades y en circunstancias tan dramáticas como extraordinariamente difíciles». «Reitero una vez más mi respeto y mi homenaje a las víctimas del accidente», alegó, antes de volver a pedir disculpas a las familias.

En su partido se reconoce que, en su calidad de portavoz de Justicia, se queda en una situación un tanto delicada. El PSOE salió ayer en tromba a reclamarle el escaño por «honor y por vergüenza». Hasta la ministra de Defensa, Carme Chacón, entró al quite sin perder tiempo. «Los verdaderos responsables están ahí sentados», dijo apuntando a la bancada del Partido Popular.

Constantino Méndez, número dos del Ministerio de Defensa, compareció ante la Comisión de Defensa de la Cámara Alta para informar sobre la seguridad de las misiones en el exterior y las consecuencias del anuncio de retirada de las tropas de Kosovo.

Durante su intervención también anunció que la nueva base que está construyendo España en Qala e Naw (Afganistán) responde al objetivo de reforzar la seguridad de los soldados españoles y ante la posibilidad de albergar a contingentes de otros países.

Méndez, que centró su comparecencia en Kosovo, recordó que España decidió su retirada porque no reconoce la declaración unilateral de independencia (febrero de 2008) de la ex provincia Serbia y agregó que por "responsabilidad" y "coherencia" se mantuvo allí durante un año.

Recalcó que la decisión fue comunicada en forma y tiempo al secretario general de la OTAN el día 18 de marzo y a las autoridades civiles y militares de los aliados y a los grupos parlamentarios el día 19 de marzo, fecha en la que fue anunciada públicamente por la ministra de Defensa, Carme Chacón, durante su visita a Istok.

Méndez, quien insistió en que la decisión es "firme" y que el repliegue se hará de forma "coordinada" y "flexible" con los aliados, especificó que los mandos de la misión KFOR de la OTAN en Kosovo han pedido que los soldados españoles mantengan su actividad hasta finales de julio.

Tras subrayar que varios países ya han mostrado su interés en adquirir la base española en Istok, detalló que el proceso de repliegue se hará en tres fases, las mismas que detalló la ministra, Carmen Chacón, cuando compareció en el Congreso.

En una primera, ya en marcha, la nueva agrupación desplegada en tierras kosovares desde el pasado mes ha reducido su número de efectivos respecto al anterior unidad entre un 15 y un 20 por ciento. Hasta ahora estaban destinados en Kosovo unos algo más de 600 militares, la mayoría de ellos en la base "España" de Istok.

En una segunda fase, que abarcará de mediados de junio a finales de julio, se producirá una nueva reducción de efectivos y una disminución de la operatividad de las tropas españolas respecto a las tareas encomendadas por la KFOR.

Y entre agosto y finales de septiembre se llevará a cabo una tercera fase, en la que ya habrá regresado a España el grueso de la misión y se procederá al cierre y entrega de la base de Istok y de la unidad destacada en la localidad de Osoyane, según ha agregado el secretario de Estado.

Méndez afirmó que el tiempo ha demostrado que la decisión del repliegue es "absolutamente correcta" y "si entonces hubo algún malentendido, se subsanó a las pocas horas. Ahora toca hacer bien el repliegue".

Por otra parte, el secretario de Estado afirmó que la seguridad de las tropas en el exterior es "una prioridad absoluta" para Defensa. y recordó el acuerdo del pasado jueves del Consejo de Ministros por el que se aprobó limitar el transporte de las tropas a empresas nacionales con solvencia.

En la línea de aportar seguridad, Méndez afirmó que se han instalado inhibidores de frecuencia en todos los blindados en el exterior, la presencia de aviones espía UAV en Afganistán, el programa de renovación de vehículos blindados o la construcción de la nueva base de Qala e Naw.

Sobre los vehículos blindados ha detallado que ahora hay 57 "linces" desplegados en Afganistán y que a finales de agosto habrá unos cien. También confió en que este año se habrán recibido unos cien blindados RG-31, que irán sustituyendo de forma progresiva a los BMR actualmente destinados en las misiones en el exterior.

La mayoría de los portavoces de los grupos parlamentarios, salvo Hilario Caballero, del PSOE, coincidieron en criticar la forma en que se anunció la retirada. Para Ovidio Santos (PP), España dio "una imagen muy poco seria y de país poco fiable". Y el senador de CiU, Josep Maldonado, afirmó que "se ha hecho muy mal" y que su formación no comparte la decisión del Gobierno "ni en el fondo ni en la forma".

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de esta asociación, Mariano Casado, en la presentación de un documento base para la modificación de la Ley de Carrera Militar, "una ley que desde que entró en vigor en enero de 2008 no ha dejado de generar problemas, conflictos, dificultades y malestar en las Fuerzas Armadas".

AUME fijó el próximo sábado para convocar una concentración ante la sede del Defensor del Pueblo y presentar su escrito de queja contra la Ley de Carrera y reclamar el cumplimiento de un mandato legislativo de elaborar una ley de derechos y deberes de los militares. Tras calificar la ley de Carrera de "auténtico fraude", Casado informó de que en los próximos días se remitirá a todos los grupos políticos y al Ministerio de Defensa el "Documento base para la reforma de la Ley de la Carrera Militar", elaborado con "datos, correos electrónicos y debates", en los que han participado "miles" de miembros de las Fuerzas Armadas. Este documento abarca fundamentalmente cuatro áreas: ascensos a suboficiales del Ejército del Aire, la unificación de escalas de suboficiales, la unificación de escalas de oficiales y la situación en personal de tropa y marinería. En opinión de AUME, la Ley de la Carrera no establece plazas de promoción interna para suboficiales, la unificación de las escalas de suboficiales dará "miles de problemas" y el curso de adaptación establecido para la escala de oficiales "no aporta nada y supone un filtro". Casado indicó que los militares confían en que los grupos parlamentarios, Defensa y el Defensor del Pueblo atiendan sus demandas y se activen iniciativas encaminadas a la reforma de la Ley, así como la elaboración de una normativa relacionada con la ley de derechos y deberes. Entre sus propuestas de modificación, AUME solicita la desaparición de los contratos temporales o "contratos basura" para tropa y marinería y crear un verdadero sistema de promoción interna que garantice los principios de mérito y capacidad. En cuanto a la unificación de la escala única de oficiales, propone la supresión del actual curso de adaptación. AUME plantea cambios relacionados con el ascenso de suboficiales al empleo de teniente de las escalas de oficiales y el reordenamiento de los escalafones. También pide que se establezcan hasta julio de 2011 concursos de mérito y capacidad sin límites de edad ni empleo y sin necesidad de tener un título oficial universitario de grado. Asimismo propone crear en las escuelas de suboficiales los centros universitarios de la defensa previstos en la ley con la finalidad de impartir enseñanzas de las titulaciones universitarias de grado.

El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, reconoció ayer en el Senado que las bajas anticipadas de los barcos patrulleros de la Armada obligarán a «otros servicios del Estado» -Interior- a suplir sus cometidos en misiones de seguridad de las costas. En una sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta en la que tuvo que responder a numerosas preguntas sobre los efectos de los recortes presupuestarios y la reorganización de las Fuerzas Armadas, Méndez no convenció de nada a los portavoces de la oposición, pero en el caso de los patrulleros admitió que hasta que en 2011 no entren en servicio los nuevo buques de acción marítima (BAM), llamados a sustituirlos, no estará solucionado el problema que supone amarrar y desguazar los 18 barcos más antiguos que tiene la Armada para vigilar las costas.

El secretario de Estado eludió citar la cuestión presupuestaria para explicar las bajas anticipadas y se centró en la antigüedad de los citados navíos, para justificar las prisas de Defensa en amarrarlos. Méndez sostuvo que han prestado servicios «relevantes», pero agregó que se han vuelto incluso inseguros y que no merecía la pena invertir más fondos para que llegaran al final de su vida útil.

El senador Luis Peral replicó que no entendía que se ahorre en misiones de seguridad interior mientras no se mira el dinero destinado a la Unidad Militar de Emergencias, que en 2008 costó 129 millones de euros y se empleó durante ese ejercicio en «cinco incendios, tres casos de inundaciones, un rescate en montaña y un problema de viabilidad invernal en León». Peral se refería a los recortes en la Armada, la supresión de una bandera de la Legión en Melilla y la reducción de unidades militares en el Estrecho y el País Vasco para criticar el reparto de gasto del Ministerio. «Parece que sólo hay dinero para lo que se considera políticamente rentable», remachó el parlamentario del PP.

El Grupo Popular volverá mañana a denunciar el problema que han creado los recortes presupuestarios en la Armada a través de su portavoz de Defensa, Beatriz Rodríguez-Salmones, que preguntará a la ministra en el Pleno de control al Gobierno que se celebrará en el Congreso.

Además, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) convocó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas a que el próximo sábado presenten ante el Defensor del Pueblo sus quejas por la aplicación de la Ley de Carrera Militar, tanto de forma individual como colectiva

La Ley 8/2006, de Tropa y Marinería, que entró en vigor el 26 de abril de 2006, reconoció el derecho a reingresar en el Ejército a todos los militares de Tropa Profesional que habían sido cesados en las FAS por llevar más de 12 años de servicios o tener más de 35 de edad. Como novedades más importantes les reconoció los derechos a firmar un compromiso temporal de larga duración hasta cumplir los 45 años de edad (en que serían cesados), a percibir trienios y a cobrar una paga de 600 euros mensuales desde los 45 a los 65 años (siempre que hubieren prestado un mínimo de 18 años de servicios), paga plenamente compatible con los ingresos que pudieran obtener por actividades laborales civiles por cuenta propia o ajena.

Entre los reingresados en 2006 los había con más de 18 años de servicios y próximos a cumplir los 45 años de edad, con lo cual, a partir de ese mismo año empezaron a ser cesados y a solicitar la condición de Reservista de Especial Disponibilidad (RED), situación que es la que da derecho a percibir los 600 euros de 2006 (que se actualizaron por las leyes de Presupuestos a 612 en 2007, 624 en 2008 y 636 en 2009).

Los tres ejércitos reconocieron a la tropa profesional con compromiso de larga duración los trienios perfeccionados desde la fecha de ingreso en las FAS, descontándoles dos años en concepto de servicio militar obligatorio, con lo que muchos consiguieron seis o siete trienios de golpe.

Aunque la ley marca que se seguirá el mismo criterio para contabilizar el tiempo de servicio para trienios y el tiempo de servicio (mínimo 18 años) para obtener la paga de RED, el Ejército de Tierra interpretó que solo era computable a estos efectos los servicios prestados desde 1993, con lo que empezaron a desestimar las solicitudes de aquellos militares de Tropa Profesional (generalmente Cabos Primeros) que habían sido cesados por haber cumplido los 45 años de edad, aunque demostrando que llevaban no solo 18 años de servicios sino más de 22. Las actuaciones en primera instancia y en vía de recurso administrativo fueron desestimadas. Los interesados se vieron obligados a denunciar sus casos ante los Tribunales de Justicia e incluso ante la prensa, entre ellos el Cabo Primero de la Legión José Serrano Valencia, de Almería, que actuó bajo la dirección letrada del Abogado Jesús Navarro Jiménez, presidente de la Federación de Asociaciones de Militares de España, que interpuso recurso judicial ante el TSJ-Madrid. Otro compañero lo interpuso ante el TSJ-Galicia. La vía judicial es muy lenta y aunque se han presentado las demandas y practicado las pruebas que demuestran las fundadas razones de los recurrentes, el Cabo Primero Serrano y su Letrado decidieron solicitar la revocación por el propio Ejército de sus resoluciones desestimatorias, porque la Ley de Procedimiento Administrativo (art. 105) y la Ley de la Jurisdicción contenciosa-administrativa (art. 76) así lo permiten aunque el asunto esté judicializado.

El caso es que el Ejército elevó consultas al Ministerio de Defensa, y la Dirección General de Personal ha respondido (por acuerdo de 17-02-2008) que se computarán a efectos de alcanzar los 18 años de servicios todo el tiempo permanecido en las Fuerzas Armadas, desde la fecha de ingreso, incluido el tiempo de servicio militar obligatorio.

Como consecuencia, el Cabo Primero Serrano Valencia, tras ser revocadas por el MAPER las resoluciones desestimatorias, ha obtenido la condición de reservista de especial disponibilidad con efectos de 22-12-2006, fecha en que cumplió los 45 años, con derecho a percibir la paga correspondiente desde entonces hasta el 21-12-2026. Así fué publicado en el Boletín Oficial de Defensa nº. 50, de 13-03-2009. El Ejército ha comunicado su decisión al Tribunal de Madrid para que proceda a archivar el pleito judicial.

Queda así abierta la puerta para que otros Cabos Primeros que vieron desestimadas sus pretensiones, puedan solicitar la revocación de las correspondientes resoluciones y el reconocimiento de la condición de RED y la percepción de la paga correspondiente. También podrán solicitarla ahora los que no lo hicieron al cumplir lo 45 años porque se había difundido entre las Unidades que los servicios prestados antes de 1993 no eran computables. El Ejército ha dispuesto que se comunique a todas las Unidades, Centros y Organismos, el criterio legal establecido por Defensa, aunque parece ser que todavía no ha llegado a conocimiento de los interesados, particularmente de los que están próximos a cumplir los 45 años y serán cesados en su relación de servicios temporales con las FAS.

Los trece piratas que arrestaron las Fuerzas Armadas españolas en aguas somalíes están ya, por fin, en Kenia para ser juzgados. Algunos de los principales protagonistas de esta historia, prolongada varios días en la Audiencia con el conflicto entre juez, fiscal y Gobierno, han sido los militares que custodiaron a los delincuentes en el buque "Marqués de la Ensenada" mientras se resolvía el embrollo judicial. Varios de ellos hablaron para ABC, que publica este domingo sus declaraciones.

Según recoge el reportaje, de Eduardo Molano, los militares confesaron, ya en el puerto de Mombasa, que "la mayoría" se fue enterando de lo que iba ocurriendo "por la prensa". "Muchos de nosotros, hasta horas después, no supimos que había bucaneros a bordo", cuenta uno de ellos.

Sobre la custodia de los piratas, explica uno de los militares, sin dar su nombre –tenían orden de abstenerse de hacer declaraciones–, "improvisamos un pasillo cubierto con telas entre dos contenedores". "Lo cierto es que se han portado bastante bien y no nos han dado ningún problema. El único momento peligroso fue su captura", cuenta.

Los militares relatan que le producía tristeza la juventud de muchos de los detenidos –"alguno no tenía más de 18 años"– y que parecían tener "jerarquías entre ellos". También hablan de la desinformación desde el Gobierno: "Hubo un momento, cuando la polémica decisión del juez, que no sabíamos qué hacer. Estábamos parados, casi sin rumbo, esperando nuevas órdenes. La verdad es que ya estábamos bastante hartos de este desconcierto".

Los piratas, en efecto, permanecieron en el buque durante más de diez días, desde su arresto hasta que por fin se dio el permiso de entregarlos a Kenia. Ahora, los militares del "Marqués de la Ensenada" disfrutarán de tres días de permiso en Kenia: "Nos van a saber a gloria

La decisión de desembarcar a los piratas responde a la aplicación del acuerdo internacional suscrito entre la Unión Europea y Kenia, por el que se establece la jurisdicción del país africano para el enjuiciamiento de los actos de piratería en las aguas donde actúa la operación europea Atalanta. Hasta ahora, viajaban en el buque de la Armada española "Marqués de la Ensenada".

El buque español tenía previsto llegar anoche a Mombasa, pero hubo mala mar y fue perdiendo velocidad, por lo que arribó al puerto cuando no había autoridades y quedó fondeado hasta este sábado.

Comandado por el capitán de fragata Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdoba, el petrolero de flota de la Armada española "Marqués de la Ensenada" participa desde el pasado 6 de abril en la operación Atalanta de la Unión Europea.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se ha puesto en contacto esta mañana con el comandante del buque de la Armada "Marqués de la Ensenada" para darle cuenta de lo ocurrido con el caso de los piratas apresados en aguas de Somalia y explicarle cada uno de los pasos jurídicos que ha dado.

Así lo han informado fuentes cercanas al magistrado, que han añadido que éste le ha dicho al capitán de navío Alfonso Gómez Fernández de Córdoba que lamenta cualquier molestia que le haya podido causar la situación vivida, pero que desde su función jurisdiccional no podía actuar de otra manera.

De este modo, Andreu ha explicado que cuando el pasado jueves recibió una comunicación del Ministerio de Defensa informando de que el "Marqués de la Ensenada" había apresado a siete personas y de que había "pruebas evidentes" de su participación en actos de piratería abrió diligencias porque eso es a lo que le obliga la ley ante la existencia de indicios de delito.

El juez Fernando Andreu llamó ayer al comandante del «Marqués de la Ensenada», el capitán de navío Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, para explicarle las medidas que adoptó desde que le comunicaron la captura de los piratas y lamentar cualquier molestia que pudiese haber ocasionado la tramitación del caso. El magistrado desconocía los acuerdos que la Unión Europea tiene con Kenia para la entrega de piratas, acuerdo que podría ampliarse a otros dos países.

La UE está buscando esos nuevos pactos, similares al de Kenia, para hacer las entregas de los filibusteros, al ser una pesadilla judicial para los que los detienen. Así, fuentes de la Unión confirmaron a LA RAZÓN que el acuerdo con las Seychelles, país muy afectado por la piratería, ya está a punto: «Ya se ha firmado uno sobre intercambio de información y el judicial podría llegar a finales de mes». Con Tanzania y con Djibuti aún no se han cerrado, con el primero por «por motivos legales», y con el segundo por la situación de extrema pobreza en el país

Los presuntos piratas detenidos en Somalia no tienen todavía un destino judicial seguro, pero el Gobierno está decidido a que sean juzgados, y que eso ocurra en Kenia, a pesar de lo que manifestó el juez Fernando Andreu.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, confirmó ayer que el Ejecutivo “solicitó a la Abogacía del Estado que se persone para recurrir el auto que ordena la puesta en libertad” de los piratas. “A su vez, hemos pedido a la Fiscalía que lo haga”, señaló la ministra. El Ministerio de Defensa espera que “muy pronto” se aplique el acuerdo con Kenia para entregar a las autoridades de ese país los 14 piratas detenidos por el “Marqués de la Ensenada”.

Por su parte, el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, afirmó que confía en “poder empezar a aplicar muy pronto el acuerdo con Kenia, de manera eficaz y con todas las garantías”.

También el portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, señaló que los piratas “lógicamente” no pueden quedar en libertad. Los piratas fueron detenidos el miércoles cuando su embarcación volcó mientras intentaban asaltar con una embarcación ligera el barco de bandera panameña Nepheli, que los hizo naufragar en una maniobra defensiva.

La embarcación de la Armada “Marqués de la Ensenada”, que acudía en ayuda del buque panameño, los rescató del agua. Otros siete piratas detenidos el jueves viajan asimismo a bordo del buque español. Estos últimos fueron capturados cuando intentaban asaltar un buque mercante de bandera maltesa.

Sobre el mismo tema, el PP pedirá hoy la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Carme Chacón, ante la “alarma” generada por el caso de los piratas detenidos en aguas de Somalia y la “incompetencia” y descoordinación del Gobierno en la aplicación de los protocolos judiciales para este tipo situaciones. La portavoz de Defensa del PP, Beatriz Rodríguez-Salmones, emplazó a Chacón a dar explicaciones ante la “gravedad” de un caso que comparó con el del anuncio de la retirada de las tropas de Kosovo, por el “desprestigio” que supone para la misión española que participa en la operación “Atalanta” de la UE de lucha contra la piratería en el Golfo de Adén.

Rodríguez-Salmones censuró la descoordinación del Gobierno y su responsabilidad por “empañar” las dos operaciones “magníficas e impecables” ejecutadas por el buque “Marqués de la Ensenada”.

“La misión queda en muy mala situación. El pirata actúa de distinta manera ante la bandera española que ante otra. Es una situación muy grave”, indicó.

Irak, Kosovo... y ahora Somalia. La presencia española en misiones internacionales está salpicada de demasiadas polémicas. Y, en el caso concreto de la operación contra la piratería en el golfo de Adén, de una cadena de despropósitos. Porque eso, y no otra cosa, es que Defensa traspase a la Justicia la decisión sobre los piratas sin saber de un acuerdo en la UE, bajo cuyo paraguas se desarrolla la misión, para entregarlos a Kenia. Porque un despropósito es que el fiscal pida un día el ingreso en prisión de los detenidos y al día siguiente se retracte. Y que el juez, que había ordenado su traslado a España, reaccione, airado, tirando por la calle de en medio y ordene liberarlos. Y despropósito es que no haya un tribunal internacional con jurisdicción en esta causa.

El Abogado del Estado advierte de que si se mantiene esa decisión del juez Fernando Andreu de poner en libertad a los siete piratas detenidos el pasado miércoles en aguas de Somalia, se impediría «casi con total seguridad su enjuiciamiento».

La Abogacía del Estado ha presentado esta mañana en la Audiencia Nacional un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de que los piratas detenidos en aguas de Somalia sean liberados y no se entreguen a Kenia.

En el recurso de apelación, presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el abogado del Estado argumenta que si el juez decretó la libertad de los detenidos por imperativo legal y porque no existía acusación, esta personación pretende erradicar cualquier vacío o insuficiencia acusatoria que el magistrado haya podido detectar en su momento.

El Abogado del Estado advierte de que si se mantiene esa decisión del juez Fernando Andreu de poner en libertad a los siete piratas detenidos el pasado miércoles en aguas de Somalia, se impediría «casi con total seguridad su enjuiciamiento», por lo que pide que se revoque la decisión de su puesta en libertad con la máxima urgencia.

Cada día que pasa se complica más la posición del Gobierno, sobre todo la del Ministerio de Defensa, en la gestión que se ha hecho para poner a disposición de la Justicia a los catorce piratas capturados en aguas de Somalia. Aunque en un principio se quiso presentar la polémica como fruto de las discrepancias entre la Fiscalía y la Audiencia Nacional, las fuentes parlamentarias consultadas por ABC no dudan en apuntar al ministerio de Carme Chacón como el responsable de lo que califican como un «error» e incluso «una metedura de pata». ¿Si había un convenio entre la UE y Kenia para juzgar a los piratas capturados en la operación «Atalanta», por qué Defensa abre una vía judicial en España y no se acoge a un acuerdo al que tantas veces se ha referido la propia ministra? ¿Hacia dónde va el petrolero español, dónde y cuándo podrá ser aceptado en algún puerto?

Ridículo internacional

Cinco días después de que esta rocambolesca situación haya colocado al Ministerio de Defensa al borde del ridículo internacional, sin que se dé una explicación de por qué no se avisó al juez Fernando Andreu de la existencia de este acuerdo, la oposición (PP, CiU y PNV) ya habla de «incompetencia, imprudencia e impericia» en la gestión de la ministra y le pide su comparecencia urgente en el Congreso para que explique la situación. El petrolero «Marqués de la Ensenada» sigue navegando sin que Defensa desvele hacia qué país se dirige y qué harán con los piratas. Después de calificar de «impecable» la operación militar de captura de los piratas, Rodríguez Salmones califica de «incompetencia» la actitud del ministerio Desde el PP, la portavoz de Defensa, Beatriz Rodríguez Salmones, muestra su «máxima preocupación» por la situación y asegura que «todo lo que se había hecho con Kenia y la UE era para que esto no sucediera. Todo debía estar pensado para que esto no sucediera. ¿Cómo es posible que suceda?», se pregunta. Además, recuerda que en el viaje a Kenia para visitar a las tropas preguntó a los mandos militares qué sucedería si se produjera un caso de captura de piratas y, en ningún momento, se le habló de recurrir a la Audiencia Nacional.

Después de calificar de «impecable» la operación militar de captura de los piratas, Rodríguez Salmones califica de «incompetencia» la actitud del ministerio, y espera que «no salga dañado nuestro prestigio internacional. Tenemos una gran preocupación por la imagen de España». Finalmente, al igual que en el caso de Kosovo, afirma que «de nuevo aparece Moratinos salvando a Chacón. Hay una descoordinación entre Exteriores y Defensa».

En el PNV, el portavoz de Defensa, José Ramón Beloki, llega a calificar de «surrealista» la situación y exige «algo más de rigor cuando se toman medidas». Por su parte, en CiU, Jordi Xuclá, pide a la ministra Carme Chacón que «tome conciencia de su error» y advierte de la descoordinación que existe entre los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa.

¿Alguien se ha puesto en la piel de los soldados españoles que trabajan en el Índico en busca de piratas somalíes? ¿Se imaginan la cara de idiotas que se les habrá quedado a los infantes de Marina que se juegan la vida deteniendo a estos nuevos corsarios cuando les hayan dicho que les liberen «por imperativo legal»? ¿Nadie ha calculado el ridículo internacional al que se somete a los soldados allí destacados, a las Fuerzas Armadas españolas en general y al propio Ministerio de Defensa ante sus aliados de la OTAN?

Después del bochornoso episodio de Playa de Bakio, ahora esto. Lo que nos faltaba. ¿Se imaginan qué cara va a poner el sargento español al mando de una patrulla, armado hasta los dientes, cuando le ordenen atacar una barcaza con bucaneros? ¿Y la cara de alegría de esos mismos piratas cuando vean que el buque militar que les asalta lleva bandera española y no francesa o norteamericana? «¡Qué alivio!», pensarán. «¡Qué ridículo!», pensaremos.

Sólo la pericia del comandante y de los más de cincuenta miembros de la tripulación del S-74 Tramontana logró evitar el pasado 11 de diciembre una tragedia en las Fuerzas Armadas españolas. El submarino de la Armada se encontraba realizando maniobras en la costa murciana, exactamente en el cabo Tiñoso, sumergido a unos trescientos metros, cuando se detectó una fuga de agua de 5 centímetros en la cámara central del submarino.

La tripulación del submarino consiguió sacarlo a flote y, tras las comprobaciones apropiadas, el S-74 Tramontana regresó a su Base en Cartagena para continuar con sus actividades derivadas del periodo de mantenimiento programadas.

Según la respuesta escrita del Gobierno al parlamentario Arsenio Fernández de Mesa (PP), que había registrado varias preguntas al respecto en el Congreso de los Diputados, cinco meses después del accidente, “equipos técnicos especializados de la Armada Española y de Navantia -empresa encargada del programa de mantenimiento del submarino- están estudiando el caso. Una vez se hayan aclarado todas las circunstancias y se hayan elevado las conclusiones, se propondrán, en caso de necesidad, las actuaciones correctoras y medidas a tomar para seguir garantizando la máxima seguridad de los submarinos”.

Además, y también tras una pregunta formulada por el diputado popular, el Ejecutivo dice que estudia si condecorará a la tripulación del submarino. “El Ministerio de Defensa, a la vista de las actuaciones efectuadas por algunos miembros de la dotación, valorará, conforme a la legislación vigente, si éstas son merecedoras de recompensa.

La situación de crisis y la reducción del presupuesto para este año requiere una gestión económica "rigurosa" y el Ministerio de Defensa hará "un esfuerzo mayor" e impulsará la colaboración con el sector privado, según ha señalado la ministra.

La titular de Defensa, tras suscribir la Directiva en la sede de su departamento, afirmó que este documento constituye la base para que las autoridades del Ministerio de Defensa inicien el planeamiento militar y de recursos, adaptándose a la coyuntura económica y otorgando máxima prioridad a la protección y seguridad de la Fuerza.

Este documento, que se encuadra en la Directiva de Defensa Nacional 2008 promulgada en diciembre por el presidente del Gobierno, mantiene los compromisos adquiridos con las organizaciones internacionales en las que participa España, como la UE, Naciones Unidas y la OTAN.

Tras indicar que está sujeta a las modificaciones que sean necesarias, Chacón dijo que se adapta a la coyuntura económica en un modelo presupuestario basado en los principios de "economía, racionalidad y coherencia". Esta "guía" de planeamiento incluye una valoración de la situación estratégica y de la coyuntura económica, y define los objetivos a alcanzar y los esfuerzos exigibles a las Fuerzas Armadas para el periodo 2009-2012.

En su intervención, la ministra recalcó que la Directiva mantiene los planes de transformación de los Ejércitos y afianza el modelo profesional, con el desarrollo de la Ley de Carrera Militar. Asimismo, agregó la titular de Defensa, detalla el compromiso de España con la paz y la legalidad internacional, con el desarme y el control de armamentos, y con la no proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras cuestiones.

La nueva normativa también tiene en cuenta el respeto al medio ambiente, la igualdad, la cultura de la defensa y la identificación de las Fuerzas Armadas con la sociedad. Chacón concluyó que es un documento preciso que permitirá concretar las necesidades para que los Ejércitos sigan "progresando, innovando y cumplan su labor con eficacia, con el respaldo de la sociedad".

Salvo el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), asistieron al acto todos los altos cargos de su departamento, los jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El pasado lunes, el ministerio que dirige Carmen Chacón emitió un comunicando informando de que la Blas de Lezo reforzará hasta finales del próximo mes de junio el dispositivo de lucha contra la piratería frente a las costas de Somalia, junto a otros buques de la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN (SNMG-1). Según informaba, el buque español se integró el pasado 15 de marzo en esta Agrupación Naval de la Alianza, y desde el mes de abril ha estado colaborando significativamente en las actividades de lucha contra la piratería en el Océano Índico.

Sin embargo, el ministerio de Defensa emitió un detalle importante en su comunicado, y es que la tripulación que forma parte fragata F103 cobrará la mitad del sueldo que están cobrando los militares que ya se encontraban allí destinados. Un hecho que se ha conocido tras la denuncia hecha pública por los familiares de la dotación de la fragata, que tiene su base en la localidad gallega de El Ferrol.

El parlamentario del PP Arsenio Fernández de Mesa registró este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que "de las órdenes oportunas, de manera inmediata, para que las dotaciones de los barcos de guerra españoles que actúen en la operación Atalanta de manera circunstancial, cobren las mismas retribuciones que corresponden a los buques que están destinados específicamente en la persecución de la piratería en Somalia, durante el tiempo que dure su misión de apoyo". Además, pide que esta medida "tenga carácter retroactivo", para que pueda afectar a la dotación de la F103 Blas de Lezo.

Según argumenta en su exposición de motivos, "este proceder del Gobierno, estableciendo diferencias entre quienes se encuentran en la misión ordenada por el Gobierno para perseguir la piratería en Somalia dentro de la operación Atalanta de la UE, supuesta operación de paz en el extranjero, lo que incluye las correspondientes compensaciones económicas diferenciadoras de quienes están de maniobras, sin riesgos de enfrentamientos, y quienes son requeridos por el propio Operativo para intervenir en el conflicto, aunque se encuentren dentro de una de las Flotas Permanentes de la OTAN, con los mismos riesgos y las mismas ROES que los de la operación Atalanta, no parece que sea justo, por mucho que los presupuestos de Defensa, del presente ejercicio, se hayan visto recortados de manera excepcional y como no había ocurrido en los últimos treinta años".

Del mismo modo, el diputado popular dice no entender la postura del Gobierno y se pregunta si el objetivo de ella es "no contabilizar más unidades desplazadas a la zona de las autorizadas por el Congreso de los Diputados".

El dispositivo militar español que se encuentra en Somalia, dentro de la misión «Atalanta» de la Unión Europea de lucha contra la piratería, se está viendo envuelta, día si día no, en actuaciones de salvamento de los buques que transitan por la zona. La última actuación se produjo ayer a las once de la mañana, cuando el petrolero «Marqués de la Ensenada» atendió las llamadas de socorro que lanzaba el buque mercante «Nepheli», de bandera panameña.

Este buque, con una tripulación de 15 personas, se encontraba en el Golfo de Adén en tránsito desde el puerto chino de Jioa-Jing, con destino a Port Said (Egipto), y alertó de que estaba siendo objeto de un ataque de piratas a bordo de una embarcación ligera y que, tras varias maniobras evasivas, terminó por golpear a la embarcación de los piratas, que volcó, cayendo al agua sus siete ocupantes. El petrolero español, que se encontraba a quince millas de diatancia, reaccionó enviando a su helicóptero y poniendo rumbo a la zona, con los motores a máxima velocidad.

Una vez en el lugar del ataque, el helicóptero se encontró la presunta embarcación pirata volcada y a siete personas en el agua, por lo que se mantuvo sobrevolando las inmediaciones, a la espera de la llegada del «Marqués de la Ensenada». Al llegar a la zona donde se encontraban los presuntos piratas, «el petrolero arrió sus embarcaciones y recogió a los náufragos y comprobó que todos se encontraban en buen estado de salud», según la versión facilitada por el Ministerio de Defensa.

Tras el rescate de los presuntos piratas, un equipo del petrolero subió al buque panameño y pudo constatar que eran los responsables del ataque, ya que encontraron diversos impactos de bala. En la embarcación que utilizaron, también encontraron diverso material como petacas de gasolina y un equipo GPS.

Tripulantes de la F-103, con base en Ferrol, aseguran que por la misma labor cobran la mitad que los de otros buques

Los doscientos tripulantes de la fragata F-103, con base en Ferrol, están cobrando «la mitad» que sus compañeros de la Numancia y del petrolero Marqués de la Ensenada, las unidades españolas desplazadas para combatir la piratería en Somalia. Así lo denunciaron familiares de la dotación de la Blas de Lezo tras recibir esas quejas desde el navío. También corroboraron esta situación fuentes de la Armada. Desde el Ministerio de Defensa, no obstante, se eludió ayer pronunciamiento alguno sobre el asunto.

En concreto, se indica que frente a los 1.700 euros mensuales que percibe una buena parte de la dotación de la F-103 -varía el montante en función del rango-, los ingresos de sus compañeros de los otros dos buques ascienden a 3.400. El doble.

¿Cuál es la causa de que se dé esta situación? Las fuentes consultadas en la Marina señalan que es un problema de «carácter administrativo». Tanto la fragata Numancia como el petrolero Marqués de la Ensenada, con base en Rota, fueron requeridos directamente por Defensa para participar en la zona en la operación Atalanta de la UE. Se enmarca su misión en una «operación de paz en el extranjero» con cargo a los presupuestos del Estado y que incluye compensaciones por peligrosidad.

La Blas de Lezo, por contra, está en el Cuerno de África bajo mando de la OTAN, dentro de una de sus flotas permanentes de seguridad. Aunque inicialmente su destino era navegar hasta Australia para regresar a finales de junio, la escalada de la piratería en esas aguas hizo que la Alianza Atlántica variase la misión final de su agrupación y decidiese que esa y otras unidades permaneciesen casi hasta julio en Somalia. Pero su actividad no se contempla por Defensa dentro de ese concepto de operaciones de paz en el extranjero al haber salido de puerto con una meta distinta y con la OTAN, siempre según las mismas fuentes. De ahí, la diferencia de ingresos.

«Estamos indignados»

Dos familiares de tripulantes de la F-103 mostraron ayer su indignación por la situación. La esposa de uno de los marinos, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, afirmó: «No entendemos que si se está haciendo lo mismo, en las mismas aguas, unos cobren mucho más que otros. Estamos indignados y, la verdad, es completamente injusto». Recordó que «no habían salido para eso, iban para Australia... La misión hay que cumplirla, pero que se la paguen como a los demás».

Para L.?L., tío de otro de los soldados embarcados en la Blas de Lezo, se trata de «un agravio comparativo que se tiene que solventar, porque no se puede cobrar menos que los de la fragata de al lado por hacer lo mismo». Concluye: «Y si no hay presupuesto, que los traigan de vuelta y ya está».

El 30 de abril, el Ministerio de Defensa publicó cuatro órdenes ministeriales que desarrollan el reglamento de evaluaciones y ascensos. Con estas disposiciones se abre un nuevo escenario en el ámbito de las evaluaciones, que marca un cambio en los sistemas y procesos de ascensos. Estas son la órdenes aprobadas:

—Procedimiento y normas objetivas de valoración para su aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional.

Establece diez elemen tos agrupados en cuatro grupos de valoración, que contienen las cualidades, trayectoria, méritos y aptitudes que pueden ser motivos de valoración, evaluándose de un modo específico las cualidades y desempeño profesional.

—Tiempo mínimo de servicios y de permanencia en destinos necesarios para el ascenso. Sustituye el concepto de «mando o función» por el nuevo de «tiempo en determinado tipo de destinos».

—Número máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación

El número de veces fijado es de tres, excepto para el ascenso a comandante y brigada, que se fija en cuatro.

—Máximo y mínimo de la relación entre el número de evaluados en cada ciclo y el de vacantes previstas para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación, durante el periodo cuatrienal de plantillas 2009/2013.

Desde que el 20 de noviembre de 2007 entró en vigor la nueva Ley de la Carrera Militar, los militares sabían que su carrera iba a dar un vuelco de consecuencias impredecibles. Una institución con tanta tradición, con unas costumbres y usos tan arraigados, era levantada de cuajo por el entonces ministro de Defensa del Gobierno socialista, José Bono. Los militares eran conscientes de que nada iba a ser igual, de que su antigüedad como valor para el ascenso ya no iba a tener tanta importancia, y de que sus estudios en las academias militares iban a quedar relegados.

El día «D» de la aplicación de esta norma llegó el pasado 30 de abril. Esa fecha marca el antes y el después de la carrera militar. El empleo que se tuviera ese día es lo que marcará el futuro de los militares. Ese dato es el único que se tendrá en cuenta para la elaboración del nuevo escalafonamiento en las Fuerzas Armadas, en el que ya se aplicará la nueva ley, que tanta polémica ha suscitado. El escalafonamiento se dará a conocer el 1 de julio y entonces saldrá a relucir los agravios y los resquemores. Ya se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, y pueden caer más.

Estas son algunas de las principales consecuencias y problemas que ha generado y generará la aplicación de la ley:

Ascensos

Oficiales no llegarán a teniente coronel

Hasta ahora, los militares habían tenido la antigüedad como principal criterio de ascenso. Con la nueva ley, un oficial o suboficial con origen más moderno puede rebasar a otro, incluso relegarlo en el empleo hasta el retiro. El nuevo sistema contempla un número máximo de ciclos en el que el oficial/suboficial, de no haber ascendido, ya no podrá hacerlo. Es decir, las condiciones de carrera con las que se ingresó en los Ejércitos han variado tanto, como «para que esta profesión, además de ser una vida llena de deberes, pasa a ser una vida llena de incertidumbre social y económica», según militares consultados por ABC. Estas fuentes indican que una gran parte de los oficiales actuales no llegarán ni a teniente coronel, y una gran parte de suboficiales no lo harán a brigada. La situación se agrava por la reducción de plantillas, lo que redundará en mayor tiempo de permanencia, con el envejecimiento del escalafón.

Enseñanza militar

Más formación civil, menos militar

Las academias militares pasarán a impartir una enseñanza de grado universitario, cuya titulación será exactamente igual a la que se otorga en las universidades. La prioridad en periodos y créditos será, en gran parte, dedicada e impartida por profesores civiles del centro adscrito, y la formación será eminentemente civil. A juicio de los militares, «la formación militar quedará relegada a periodos testimoniales y, quizás, un quinto año cien por cien militar, en el que se tratará de dar en un año los conocimientos básicos para poder ser destinados a unidades». En definitiva, «la formación integral del nuevo oficial será un baño de milicia civil y un título de grado universitario. Cuando el oficial salga de la academia, su carencia será tan grande que cualquier suboficial bajo sus órdenes estará mucho más formado».

Suboficiales

Falta de promoción interna

La Ley de la Carrera Militar reconoce a los suboficiales una serie de atribuciones de oficial pero les corta la posibilidad de ascenso a la condición de oficial por promoción interna. La falta de promoción y los eternos tiempos en los empleos, desmotivarán a los componentes de este cuerpo. Además, la polémica ha crecido como consecuencia de los ascensos del personal en la reserva, que ascienden a oficial antes que compañeros más antiguos en activo, en virtud de otra de las disposiciones transitorias de la ley.

Retiro y reserva

Merma económica y desmotivación

El nuevo sistema de pase a retiro y a la reserva puede ser un arma de doble filo. La posible obligatoriedad de pase a la reserva a aquellos oficiales y suboficiales que hayan quedado relegados en el ascenso, en el caso de aquellos militares con menos de veinte años desde la adquisición de la condición de militar de carrera, supondrá «una merma económica considerable, además de un quebranto psicológico», según las fuentes consultadas. La ley establece que, con menos de este tiempo de empleo efectivo, no se tendrá derecho a indemnización y estarán sujetos a lo establecido en el régimen de clases pasivas. Por otro lado, la dedicación y el esfuerzo del militar «bajará muchos enteros ante la posibilidad de no promocionar más, incluso la desmotivación y falta de ilusión se apoderarán de las Fuerzas Armadas».

CONVIENE en primer lugar tener presente que la defensa, adjetivada militar, es entendida como concepción territorial cuyo objetivo último es la integridad territorial, y por tanto, como un medio de la Seguridad. Interesa indicar también, que la concepción estratégica española ha apostado por un multilateralismo activo sin perjuicio de la legítima defensa individual o colectiva recogida en la carta de Naciones Unidas. El archipiélago canario y el territorio peninsular forman parte de una entidad estratégica única, lo que significa, que ambos espacios de soberanía española son indivisibles y que todos los recursos de la estrategia militar actúan de modo global o cohesionado para su protección y defensa.

En este marco, Canarias requiere especial tratamiento por su relevante relación estratégica. Tiene una ubicación privilegiada entre tres continentes y en las proximidades de uno de los principales flujos de transporte marítimo y aéreo hacia Europa y orillas del Mediterráneo; está abierta al Atlántico; es la puerta natural para Iberoamérica y plataforma logística para África -dos de los principales marcos de actuación y decisión explicitados en la Directiva- y es parte del flanco sur occidental de la Alianza Atlántica.

Además, Canarias es punta de flecha de uno de los ejes de proyección de nuestro panorama estratégico, que tiene su base en Rota-Cádiz, contribuyendo a su protección y dando con ello un segundo elemento de control al estrecho de Gibraltar, punto de paso obligado hacia el Mediterráneo, área prioritaria para España.

Desde el punto de vista de seguridad en el ámbito de la Alianza Atlántica, el territorio peninsular, el citado eje de proyección y el archipiélago canario no presentan solución de continuidad al estar bajo la responsabilidad de la Alianza, que sigue siendo pilar básico en la defensa europea, y en la que debe basarse en el refuerzo de ese vínculo atlántico. Pues bien, la seguridad atlántica, vínculo entre los dos pilares de la defensa europea, tiene una espléndida base de apoyo en el valor estratégico que proporciona Canarias, junto con las islas Azores y Madeira.

Ese doble mecanismo de defensa -nacional y compartida- afianza la seguridad del archipiélago ante potenciales riesgos.

Ciertamente vivimos en un mundo con múltiples contingencias y la proximidad a zonas de inestabilidad en el continente africano nos enfrenta a peligros variados, y también nos ofrece oportunidades para fomentar su estabilidad y desarrollo económico, como recoge la nueva directiva de defensa al establecer el África subsahariana como uno de los marcos de actuación y de decisión, constituyendo Canarias una valiosa plataforma hacia esa zona, geopolíticamente inestable.

Los riesgos no son siempre fáciles de precisar. Uno de ellos para el archipiélago, aunque no solo para éste, es el flujo de inmigrantes ilegales, en cuyo control las FAS participan activamente -de forma continuada las unidades aéreas y navales- apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La situación de Canarias, su configuración fragmentada, la lejanía del territorio peninsular y problemas derivados del entorno geopolítico africano demandan una visión particularizada de su defensa. Las islas configuran una plataforma especial, en la que cada una de ellas parece ofrecer un espacio definido para su protección por el efecto delimitador de sus costas, efecto que se difumina, a la vez que complica, al observarla en su conjunto. Si uniésemos los vértices de un polígono irregular formado por sus islas tendríamos una superficie próxima a la de Andalucía con centros de gravedad en Tenerife y Gran Canaria y las restantes islas en los flancos, dando idea de las capacidades de control de espacios aéreos y marítimos, de la necesidad de sistemas de inteligencia, de vigilancia y de los retos que presenta el ejercicio de mando y control.

No existe un Mando Unificado en Canarias, como antaño, aunque la legislación prevé su creación en caso necesario, pero sí dispone de fuerzas de los tres ejércitos con la defensa antiaérea integrada en la nacional, más las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que crean seguridad y garantizan la protección de los ciudadanos y visitantes en una zona de alto valor, turístico incluido, ante cualquier riesgo. Este dispositivo, aunque los medios no satisfacen todas las necesidades como es habitual en el campo de la defensa, articula capacidades militares que materializan las líneas estratégicas de disuasión y respuesta militar, y cuenta prioritariamente con planes de refuerzo nacionales, en su caso con el apoyo de la Alianza, desde el territorio peninsular español, centro de gravedad de la proyección de esfuerzos.

El resultado, basado en una calculada y prudente gestión del riesgo -la seguridad absoluta es inalcanzable- es un despliegue equilibrado y disuasorio que garantiza los intereses nacionales en esta zona mediante unidades navales, aéreas y terrestres, cuyo componente humano es el mejor activo en la defensa de Canarias. Las primeras aseguran el control de las aguas circundantes y el espacio que las cubre, respectivamente, y las últimas materializan la presencia en tierra con unidades polivalentes, ágiles, capaces de ser proyectadas rápidamente entre islas, profesionalizadas y adiestradas. Soldados con causa, mayoritariamente canarios, resistentes a la fatiga, acostumbrados a moverse en terreno difícil, leales, disciplinados y con espíritu de sacrificio; espíritu que tiene su exponente en la tradición e historial de uno de sus regimientos de infantería: el Soria 9, que en este mes de mayo celebra el V centenario de su creación. Velázquez inmortalizó la entrega de las llaves de la ciudad de Breda al mariscal Spínola, quien está rodeado de soldados con picas pertenecientes al Tercio Viejo de Nápoles, nuestro actual Soria 9, con sede en Fuerteventura, que próximamente participará en el esfuerzo de la comunidad internacional para estabilizar Afganistán, expresión del compromiso de España con la paz y seguridad internacionales.

Canarias tiene un papel relevante en el planteamiento estratégico español al ser parte de una entidad estratégica única, ser pieza clave en los marcos de actuación y decisión recogidos en nuestra directiva de defensa -seguridad europea y del Mediterráneo occidental, África subsahariana e Iberoamérica- y, con las fuerzas situadas en ella, proporcionar seguridad y contribuir al esfuerzo solidario español por la estabilidad internacional.

«Nosotros, los más chicos, seamos los más grandes en la firmeza y el vigor de las resoluciones; nosotros, los últimos en fuerza y en abolengo histórico, seamos los primeros en confianza, como somos los primeros en el peligro; nosotros los más distantes, seamos los más próximos en el corazón de la patria». Sirvan estas palabras de Benito Pérez Galdós, como síntesis del espíritu del sentir y de la sensibilidad de Canarias a lo largo de la Historia, de la que un hito significativo fue su generoso esfuerzo a la Guerra de Independencia, fundente nacional y motivo de la obra más representativa de este insigne español y canario.