Las fobias del nacionalismo vasco están obligando a los altos tribunales del Estado a defender lo obvio. Si el Tribunal Constitucional desmanteló el nuevo plan Ibarretxe -el de la consulta- porque la soberanía popular reside en el pueblo español y sólo éste puede modificar el pacto constituyente de 1978, el Tribunal Supremo ha tenido que ordenar al Parlamento vasco que exhiba la bandera nacional, de forma diaria y permanente, en el exterior del edificio. Con sus retos desleales y sus obsesiones, el nacionalismo está facilitando que ambos tribunales vayan dando cuerpo a una doctrina que es necesaria para frenar los intentos de derogar la Constitución por vías de hecho. Los principios constitucionales se expresan en los símbolos de la Nación y éstos son prevalentes al rechazo patológico que practican ciertos nacionalismos. La unidad nacional, la bandera, la propia Constitución, son elementos de la identidad constituyente del Estado español y del concepto permanente de España como Nación. Por tanto, están fuera de cualquier transacción política. Por ello, más importante que el nuevo revés que ha sufrido el nacionalismo vasco en el Supremo, es la constatación de que las principales instituciones jurisdiccionales del Estado funcionan como baluartes del orden constitucional, que es lo que deben ser, por encima de coyunturas políticas. Ahora, el nacionalismo vasco hará trampas para no cumplir la sentencia, y la respuesta no puede ser otra que la firmeza en el cumplimiento estricto de esta resolución judicial.
ES evidente que algunos departamentos salen perdiendo a la hora de sufrir las consecuencias del recorte presupuestario. El caso más llamativo afecta al Ministerio de Defensa. Una vez más, las promesas retóricas del presidente del Gobierno no sirven para nada y la cruda realidad para las cuentas públicas de 2009 amenaza la operatividad de las Fuerzas Armadas. ABC publica hoy un informe en el que se hace referencia a un recorte global del ocho por ciento, que para el capítulo VI (inversiones y mantenimiento) alcanza hasta el 26,69 por ciento. En la práctica, esto supone que habrá menos dinero para elementos básicos como combustible y electricidad, que se retrasa la modernización prevista de las fragatas, se da de baja a varias patrulleras y se opta por el alquiler -no por la compra- de misiles. Como es notorio, todo ello causa un perjuicio objetivo a la eficacia de las funciones atribuidas a la Armada, así como a la formación del personal, puesto que se reducen las horas de entrenamiento en alta mar y se implanta a bordo un sorprendente modelo de jornada continua. También habrá menos horas de vuelo para el entrenamiento de los pilotos en el Ejército del Aire, lo que supone una merma evidente en su aprendizaje técnico.
La decisión al más alto nivel de recortar los gastos en Defensa ha pasado por encima del liderazgo de Carme Chacón en la valoración de los ministros, confirmada por la reciente encuesta del CIS. Debe tenerse en cuenta que los recortes afectan a cuestiones básicas de inversión y desarrollo, con lo cual estas decisiones coyunturales influirán de forma negativa en futuros ejercicios presupuestarios. Mientras aumentan las exigencias para las misiones en Afganistán o en Somalia, las Fuerzas Armadas sufren una discriminación injustificada respecto de otros departamentos con escasas competencias de gestión y que sobreviven a base de ocurrencias. En la Moncloa no han querido ser sensibles a las necesidades de Defensa, a pesar de la influencia de la ministra en el seno del Ejecutivo, de manera que han salido mejor parados otros departamentos ministeriales con muchas menos competencias y muy escasa valoración en la opinión pública, como es el caso de Vivienda o Igualdad. A Rodríguez Zapatero le gusta presumir en los foros internacionales de nuestras unidades en el exterior, incluso se inventó la Unidad Militar de Emergencia. No obstante, parece poco dispuesto a otorgar a las Fuerzas Armadas la importancia que merecen y, por tanto, los instrumentos que necesitan. Si los buques de guerra tienen menos combustible del necesario y los radares de los aviones no se modernizan, difícilmente podrán los Ejércitos cumplir con rigor las funciones que tienen atribuidas. Los Presupuestos Generales del Estado para 2009 nacen ya lastrados por su falta de adaptación a la realidad de la crisis, según reconoce una y otra vez el propio vicepresidente económico. Es muy grave que, además, no tengan en cuenta las prioridades de una auténtica política de Estado como se demuestra con el dato de que Defensa es el único Ministerio inversor que sufre un fuerte recorte en este terreno.
Queda claro de nuevo que una cosa es predicar y otra dar trigo. En la legislatura actual, Rodríguez Zapatero pretende adornar su imagen con una mayor presencia diplomática y militar en el exterior, porque ha entendido por fin que la presencia de España en el mundo depende de su capacidad para hacer frente a los desafíos que se plantean en nuestro tiempo. Como suele ocurrir con los políticos que viven pendientes de la imagen, no sabe o no quiere saber que la propaganda es perfectamente inútil cuando no va acompañada de un trabajo serio y riguroso. Carme Chacón le ha tomado el pulso a su Departamento, pero no podrá desarrollar su compleja tarea si los Ejércitos carecen de los medios imprescindibles para una gestión eficiente de sus recursos humanos y materiales.
Las tropas españolas desplegadas en Afganistán están haciendo un espectacular trabajo en las tareas de reconstrucción que desarrollan en el marco de la misión ISAF de la OTAN. Pero también están combatiendo contra la creciente insurgencia talibán con resultados muy efectivos. Más de 200 talibanes muertos y ningún soldado español caído o herido. Éste es el balance que, según fuentes militares consultadas por LA RAZÓN, han producido en lo que va de año los cada vez más frecuentes enfrentamientos entre el contingente español y la insurgencia. Además, las tropas no han causado ni una baja entre la población civil.
Estos combates se han producido siempre tras el ataque de grupos talibanes y en respuesta a una acción hostil, nunca por iniciativa propia. Las reglas de enfrentamiento aprobadas por la OTAN bajo amparo de la ONU y con el visto bueno del Gobierno permiten siempre abrir fuego proporcionado como respuesta a un ataque del enemigo. Y así ha sido en todos los casos, y no sólo contra talibanes, sino también contra «soldados» de los señores de la guerra o delincuentes varios que se escudan bajo el paraguas talibán para cometer sus fechorías.
La frecuencia de los hostigamientos de los insurgentes se ha incrementado proporcionalmente con el paso de los meses. La esperanza en medios militares es que la llegada del durísimo invierno afgano dificulte los movimientos de los talibanes y reduzca los ataques.
El recuento de las bajas no es especialmente preciso, dado que se hace en el momento inmediato del combate y sobre el terreno. Sí que se contabiliza exactamente el número de proyectiles de fusilería empleados en cada combate, pero el número de muertos causados es más difícil de controlar, por lo que se cifra en torno a 200, pero no se precisa más.
Las unidades que han estado sobre el terreno han sido el Mando de Canarias, desde el 16 de noviembre al 4 de marzo, cuando le dio el relevo la Legión. Tras cuatro meses en Afganistán fue sustituida, por la Brigada Paracaidista y ésta, a su vez, relevada por la Jefatura de Tropas de Montaña el pasado 12 de noviembre.
Once nuevos blindados más
Desde ayer, estos últimos cuentan con 11 blindados «Lince» más. Así lo confirmó ayer el Ministerio de Defensa, que informó de que con este envío ya hay 28 de estos vehículos en suelo afgano. Con ellos, según el departamento de Carme Chacón, «mejorarán las condiciones de seguridad y operatividad del contingente», dado que estos vehículos ofrecen «un alto nivel de protección contra ataques terroristas y explosivos».
El Ministerio de Defensa es una lotería para cualquier político. Que se lo digan, si no, a Carmen Chacón. De ser la ministra peor valorada del Gobierno, cuando le dieron Vivienda, ha pasado, con Defensa, al primer lugar de la clasificación. Lo que quiere decir que el cargo, en este caso, la dirección de una de las instituciones mejor valoradas en España, las Fuerzas Armadas, te fabrica él solito el prestigio. Sin necesidad de mover un dedo.
Si a esto le unes la habilidad social y la capacidad de comunicación de la ministra y, sobre todo, el generosísimo trato de todos y cada uno de los medios de comunicación, prensa del corazón incluida, te encuentras donde se encuentra Chacón. En la cima del mundo, inmune a sus flagrantes contradicciones pacifistas y, en los últimos días, dando lecciones de estrategia militar a EE.UU. La ministra Chacón se ha pasado un año manipulando ante la opinión pública la misión de Afganistán. Utilizando las palabras del General de División Ricardo Martínez Isidoro en la Tercera del lunes, digamos que hay una brecha creciente entre las declaraciones oficiales y lo que realmente se espera de los participantes en una operación de paz. En otras palabras, que mientras Chacón sólo reconoce la paz, los soldados hacen la guerra.
Y cuando la guerra es una realidad imposible de ocultar en Afganistán, la ministra recurre a otras dos maniobras en los últimos días. La primera, la engañosa apelación a no sé qué liderazgo de la ONU en Afganistán. La ONU es absolutamente incapaz de enfrentarse a cualquier agresión bélica y la ministra quiere hacer creer a los españoles que puede dirigir la guerra de Afganistán. Con tal de seguir con el cartelito de la paz en la solapa, que es de lo que se trata con el cuento de la ONU. La segunda maniobra de despiste tiene más de ridícula que de engañosa. Me refiero a su llamada a una nueva estrategia para Afganistán. Tiene desplegados menos de 800 soldados allí, pero quiere dar lecciones de estrategia a Estados Unidos que tiene 33.000. Estrategia pacifista debe de ser, sin soldados y sin armas, el sueño de nuestra señora de la paz.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene localizado y controlado a un grupo de ex soldados españoles musulmanes que realizan entrenamientos para integrarse en la Yihad islámica, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes militares.
A pesar de que la cifra de los ex miembros de las Fuerzas Armadas españolas que se están preparando para entrar en los grupos radicales no ha sido concretada, sí que se sabe que son alrededor de una decena y que actualmente se encuentran formándose en campos de entrenamiento de los radicales islámicos, tal y como señalan las citadas fuentes. De la misma manera, subrayan que ninguno tuvo acceso a información sensible durante su servicio en el Ejército dado que no ocupaban puestos de responsabilidad.
Los campos de entrenamiento de la Yihad se ubican generalmente en países como Irak, Afganistán, Yemen o Arabia Saudí, aunque se han localizado algunos campos móviles en zonas del Magreb y en Palestina.
Las investigaciones del departamento que dirige Alberto Saiz no sólo han llevado a detectar a este grupo de ex miembros de las Fuerzas Armadas «reconvertidos» al islamismo radical militante, sino que han informado sobre las actividades, menos peligrosas sin duda, que realiza una pequeña parte de los soldados musulmanes integrados en el Ejército.
En las unidades con una mayor presencia de soldados que profesan esta religión se han creado «vigilantes», una figura encarnada por alguno de los militares musulmanes que discretamente vela porque sus correligionarios cumplan los preceptos islámicos en cuanto a comida y bebida, pese a que en las unidades con un porcentaje mayor de musulmanes hay desde hace tiempo menús específicos para ellos, de modo que puedan compaginar su servicio en el Ejército con profesar su fe. Igualmente se les respeta la oración de los viernes y se les permite acudir al rezo sin condición alguna.
En un principio, inteligencia detectó también algunos problemas tras el ascenso de mujeres musulmanas al empleo de cabo, puesto que ocasionaba ciertos recelos entre parte de la tropa de esa religión, que no veía con buenos ojos ser mandada por una mujer.
Los problemas en todo caso no han surgido con mujeres que ostentan empleos de oficial o suboficial, sino con las que están en contacto directo con los soldados, que son la correa de transmisión de las órdenes.
Aspectos positivos
Pero la situación, más allá de la preocupación lógica, no ha desatado la alarma entre la inteligencia, y menos entre los oficiales de las unidades donde hay soldados musulmanes. Según fuentes militares consultadas por LA RAZÓN, la integración de militares de esta confesión en las unidades es total, y eso está generando una mayor asimilación de colectivos musulmanes en la sociedad española, especialmente en aquellas ciudades con elevado porcentaje de ellos. Estas fuentes subrayan como ejemplo que el hecho de que haya cabos musulmanas está rompiendo algunos tabúes que en esos colectivos había con el género femenino. Destacan como un hecho muy positivo el que ellas mismas se hayan sabido enfrentar a las posibles presiones de sus subordinados y que se mantengan en sus puestos, lo que supone una clara muestra de su integración en los patrones de respeto a la mujer sin tener en cuenta otros factores sociales o religiosos. De la misma manera, señalan que el trabajo cotidiano con miembros de otras confesiones religiosas o con personas ajenas completamente a cualquier fe provoca sinergias muy positivas no sólo en las unidades sino también fuera de ellas.
Los ejércitos no ponen ningún tipo de cortapisa para la entrada de soldados de esta religión, dado que en ningún momento se pregunta a un aspirante sobre sus filiaciones políticas o religiosas. Las únicas trabas que puede encontrar un candidato a ingresar en los ejércitos son legales, dado que sólo los que tengan la nacionalidad española o aquellos que procedan de países de habla castellana pueden ingresar en las filas. En cuanto al servicio religioso, existe en Defensa una sección dedicada a este asunto, que se ocupa de ofrecer el apoyo espiritual requerido por los ejércitos. Las fuentes militares consultadas señalan que tanto en Ceuta como en Melilla la población musulmana con nacionalidad española está claramente implicada en la integración de todas las culturas. La premisa, según los medios consultados, es que la nacionalidad española y el pasaporte europeo son fundamentales para mantener el buen funcionamiento político, social y económico de las dos ciudades.
La Audiencia Nacional ha reclamado al Ministerio de Defensa que remita en el plazo de diez días el expediente administrativo previo a la orden ministerial que creó el curso de adaptación para la nueva escala de oficiales o será multado. La diligencia remitida por la sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia es la segunda que envía con el mismo requerimiento al departamento de Carme Chacón. A la primera, el Ministerio no contestó, por lo que ahora, «habiendo transcurrido en exceso el plazo de remisión del expediente administrativo», advierte de que si en el periodo antes citado no le envía la documentación, se le castigará con una multa de entre 300,51 a 1.202 euros. La petición inicial de este expediente surge tras la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional del recurso interpuesto por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) contra la Orden Ministerial que creaba el citado curso, incluido en la polémica Ley de la Carrera Militar aprobada por el Ejecutivo. Una vez admitido el recurso, el juez reclamó la información sobre los costes, contenidos, organización e implicaciones del curso, petición obviada por Defensa. El nuevo requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene fecha de 18 de noviembre, por lo que el departamento de Chacón tiene hasta el viernes que viene para remitir los documentos. Si no lo hace, el juzgado actuará. El recurso presentado por la AUME contra el curso que creado por la Ley de la Carrera Militar se fundamentaba en que la Orden Ministerial que lo regulaba fue publicada fuera de plazo. Debía estar el 31 de enero y se publicó en mayo. Además, la asociación consideraba que el curso en sí era discriminatorio en tanto obligaba a los oficiales a estudiar algunos contenidos que nunca se habían exigido a sus compañeros de la escala superior, con quienes se integrarán. De la misma manera, la Asociación Unificada de Militares Españoles subrayaba que la superación del curso no tiene ningún tipo de valor académico y el hecho de aprobarlo no conlleva la obtención de un título. Por último, expresaban sus dudas sobre el rango normativo que se otorgaba al curso.
Las tropas españolas desplegadas en Afganistán están haciendo un espectacular trabajo en las tareas de reconstrucción que desarrollan en el marco de la misión ISAF de la OTAN. Pero también están combatiendo contra la creciente insurgencia talibán con resultados muy efectivos. Más de 200 talibanes muertos y ningún soldado español caído o herido. Éste es el balance que, según fuentes militares consultadas por LA RAZÓN, han producido en lo que va de año los cada vez más frecuentes enfrentamientos entre el contingente español y la insurgencia. Además, las tropas no han causado ni una baja entre la población civil.
Estos combates se han producido siempre tras el ataque de grupos talibanes y en respuesta a una acción hostil, nunca por iniciativa propia. Las reglas de enfrentamiento aprobadas por la OTAN bajo amparo de la ONU y con el visto bueno del Gobierno permiten siempre abrir fuego proporcionado como respuesta a un ataque del enemigo. Y así ha sido en todos los casos, y no sólo contra talibanes, sino también contra «soldados» de los señores de la guerra o delincuentes varios que se escudan bajo el paraguas talibán para cometer sus fechorías.
La frecuencia de los hostigamientos de los insurgentes se ha incrementado proporcionalmente con el paso de los meses. La esperanza en medios militares es que la llegada del durísimo invierno afgano dificulte los movimientos de los talibanes y reduzca los ataques.
El recuento de las bajas no es especialmente preciso, dado que se hace en el momento inmediato del combate y sobre el terreno. Sí que se contabiliza exactamente el número de proyectiles de fusilería empleados en cada combate, pero el número de muertos causados es más difícil de controlar, por lo que se cifra en torno a 200, pero no se precisa más.
Las unidades que han estado sobre el terreno han sido el Mando de Canarias, desde el 16 de noviembre al 4 de marzo, cuando le dio el relevo la Legión. Tras cuatro meses en Afganistán fue sustituida, por la Brigada Paracaidista y ésta, a su vez, relevada por la Jefatura de Tropas de Montaña el pasado 12 de noviembre.
Once nuevos blindados más
Desde ayer, estos últimos cuentan con 11 blindados «Lince» más. Así lo confirmó ayer el Ministerio de Defensa, que informó de que con este envío ya hay 28 de estos vehículos en suelo afgano. Con ellos, según el departamento de Carme Chacón, «mejorarán las condiciones de seguridad y operatividad del contingente», dado que estos vehículos ofrecen «un alto nivel de protección contra ataques terroristas y explosivos».
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) celebrarán el próximo 10 de diciembre a las 12.00 horas una «concentración» de militares y guardias civiles de paisano ante al Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid para protestar contra el denominado «pensionazo», el recorte en un 25 por ciento de las pensiones por incapacidad permanente que se concedan en virtud del Régimen de Clases Pasivas a partir de 2009 a funcionarios con menos de 20 años de antigüedad.
Así lo anunció en rueda de prensa en la sede de la asociación militar el 'número dos' de AUME, Mariano Casado, quien aseguró que la convocatoria todavía está pendiente de ser autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid y denunció que en el Ministerio de Defensa se está produciendo "una ralentización incomprensible" de los expedientes de inutilidad, que podría provocar que las pensiones que deberían ser tramitadas este año sean aprobadas en virtud del nuevo régimen y se vean, por tanto, reducidas en su cuantía hasta en un 25 por ciento.
El secretario general de AUME subrayó que el 'pensionazo', que modifica además el régimen de incompatibilidades de estas ayudas con el empleo en el sector privado, "disminuirá sensiblemente los derechos de los funcionarios del Estado".
Casado indicó que la protesta contará con el respaldo de otras organizaciones como los sindicatos policiales y las centrales sindicales, toda vez que el sector de la enseñanza es el más afectado por la reducción de estas pensiones, y que la concentración permitirá poner de manifiesto el "malestar" por el "auténtico recorte social" a los ciudadanos "más débiles".
Aseguró que la reducción de estas ayudas afectará a "miles y miles" de militares y que en las Fuerzas Armadas hay "una grave y extensa preocupación" por la aplicación del 'pensionazo', "un recorte social" tramitado por el Gobierno por medio del proyecto de Presupuestos Generales del Estado "sin consultar con nadie".
Afirmó, asimismo, que esta bajada de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas supondrá una reducción "en un porcentaje elevadísimo" del poder adquisitivo de los funcionarios y denunció el carácter discriminatorio que tiene la modificación de su régimen de incompatibilidades porque sólo se pondrá en marcha para las ayudas concedidas a partir del próximo año y no en las anteriores. El 'número dos' de AUME defendió la "normalidad democrática" de la concentración convocada por su asociación y AUGC y subrayó que la protesta es "perfectamente lícita" porque se centra en expresar el rechazo al 'pensionazo', que considera "un ataque frontal" al presupuesto económico de futuro de los funcionarios.
En ese sentido, explicó que la decisión de convocar la concentración responde al hecho de que tanto guardias civiles como militares son los colectivos que no pueden participar directamente con la administración en negociaciones y decisiones que afectan a su situación laboral y aseguró que AUME no descarta organizar nuevos actos de rechazo si el Gobierno no retira la medida. Indicó además que tampoco se descarta que "algún grupo político" pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reducción de pensiones por incapacidad permanente para los funcionarios cuando la iniciativa entre en vigor con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Casado afirmó que el 'pensionazo' afectará a muchos militares y a sus familias, de las cuales algunas contaban con percibir el total de la pensión, y aseguró que, a partir de enero del próximo año, comenzarán a registrarse casos de funcionarios afectados por esta reducción de las ayudas económicas concedidas por incapacidad permanente.
NUEVA CAMPAÑA POR LOS DERECHOS MILITARES EN LOS CUARTELES
El secretario general de AUME realizó el anuncio de la concentración de militares y guardias civiles durante la rueda de prensa en la que informó sobre la puesta en marcha de una nueva campaña de imagen que su asociación distribuirá en cuarteles y unidades de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional para defender los derechos de los «ciudadanos de uniforme». Casado indicó que el objetivo de la iniciativa de su asociación es trasladar a los militares que tienen la condición de «ciudadanos» y que, como tales, tienen el derecho de defender y ejercer sus derechos y explicó que solicitarán a la Dirección General de Comunicación de la Defensa que les facilite la difusión de la campaña en todos los cuarteles.
Destacó además el hecho de que el anuncio de la nueva concentración de militares y de la puesta en marcha de la campaña informativa coincida con la fecha de la primera manifestación de miembros de las Fuerzas Armadas, celebrada el pasado 24 de noviembre ante el Ministerio de Defensa para protestar por el arresto de su presidente, el brigada Jorge Bravo, y reclamar una ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, "el compromiso legislativo incumplido" por el Gobierno desde noviembre de 2005.
En este sentido, subrayó que un año después el Gobierno sigue incumpliendo su compromiso electoral y el mando de la Ley de Defensa Nacional para promover una norma sobre los derechos de los militares y denunció que, transcurridos doce meses desde aquella manifestación militar, continúan pendientes de resolución temas como la modificación del régimen disciplinario o el Código Penal Militar y el reconocimiento de las asociaciones profesionales.
Bajo el lema 'Ciudadanos militares. Ciudadanos con derechos', la asociación que reúne el mayor número de militares en activo informará en su campaña gráfica a soldados, marineros, suboficiales y oficiales de los tres ejércitos de que el hecho de ser militar "no inhabilita para el pleno ejercicio de derechos civiles universales" y promoverá el "encuentro" entre militares y "la sociedad civil a la que sirven".
En el marco de la iniciativa, la asociación distribuirá en los cuarteles un boletín que expone las 100 propuestas que defiende para mejorar la situación social y laboral en los ejércitos y relata los medios que pone a disposición de los uniformados para apoyarles y asesorarles. La campaña de imagen viene acompañada con un desplegable con diferentes caricaturas de militares de uniforme y de civil, para hacer patente el mensaje de que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen los mismos derechos que el resto de la sociedad.
"Los militares son funcionarios del Estado con derechos y deberes que regulan sus funciones profesionales, pero antes son ciudadanos con derechos, cuyo ejercicio les cualifica, precisamente, para asumir lo más delicado del encargo que reciben: defenderlos", señala el folleto principal de la iniciativa.
La sentencia del Tribunal Supremo que anula el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias agrava la indefinición del proyecto militar estrella de Zapatero, que ve cuestionada la ventaja de poder actuar a las órdenes directas del Gobierno. Ni del todo militar ni del todo competente en todo el ámbito nacional, a partir de ahora sólo podrá intervenir a petición o bajo coordinación de las autoridades locales con competencias en protección civil -Ayuntamientos y Comunidades autónomas, según la amplitud de la catástrofe- y eventualmente de los delegados el Gobierno en las provincias o regiones correspondientes.
El protocolo anulado permitía a la UME actuar también a instancia única del Gobierno, por petición de Interior y decisión de Defensa, en casos de «interés nacional». En este último supuesto, el teniente general al mando de la unidad, ahora José Emilio Roldán, asumía «la dirección y coordinación operativa en la zona siniestrada».
El Gobierno intentó ayer quitar importancia a la decisión del Tribinal Supremo y respondió por medio de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, que se trataba de un mero problema de formas, y que la UME podrá actuar «si se solicita su intervención». Fue la vicepresidenta la encargada de replicar al Tribunal Supremo porque la idea de crear un cuerpo de bomberos pero de carácter militar y con competencias en todo el territorio partió del presidente del Gobierno, no de Defensa.
De la Vega se limitó a decir que el Ejecutivo «acata y respeta» la sentencia del Tribunal Supremo, insistir en que no afecta al fondo de la cuestión -el encaje legal de la UME- y asegurar que el Gobierno subsanará inmediatamente el «defecto de forma» del protocolo.La oposición denuncia la doble falta de encaje competencial de la UME en la FAS y en protección civilEl Gobierno autonómico vasco interpuso el recurso correspondiente por considerar que la normativa de actuación de la UME invadía sus competencias en protección civil; el Supremo le da la razón y argumenta que el Ejecutivo central se saltó los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Nacional de Protección Civil. De la Vega no explicó cómo y cuándo va a pedir ahora esos informes o si directamente redactará un nuevo protocolo.
En la misma línea de quitar importancia al hecho de la chapuza legal o normativa puesta en evidencia por el TS, en fuentes gubernamentales recordaron que la UME ha actuado siempre a petición de los gobiernos autonómicos o locales, como en las últimas inundaciones de Melilla, y que en el caso de una emergencia nacional el Ejecutivo puede movilizar esa unidad y a todo el Ejército amparado por una norma superior, la ley de Defensa.
Unidad sin sentido
En la oposición, sin embargo, interpretan la sentencia del Supremo como un dato más que viene a darles la razón en sus denuncias sobre lo que consideran una «ocurrencia zapateril»: la UME. Arsenio Fernández de Mesa, vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso, reiteró que no tiene sentido crear y sostener una unidad militar para protección civil a costa de los menguados efectivos, medios y material del Ejército.
La UME choca con las competencias de protección civil de las Autonomías, detrae inversiones de las unidades militares y tiene también un encaje peculiar en las FAS. Sus 4.300 bomberos-militares son los mejor pagados, tienen al mando a un teniente general, pero no dependen orgánicamente de ninguno de los tres Ejércitos: Tierra, Armada y Aire. Y la anulación del protocolo les confirma en una posición subordinada a las autoridades locales.
El Tribunal Supremo ha anulado la norma de creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), unidad castrense, pero con funciones de protección civil (incendios, catástrofes), que responde a una iniciativa personal del jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La buena idea de contar con un grupo operativo de despliegue inmediato se ejecutó de manera voluntarista y precipitada, eludiendo el informe del Consejo de Estado e invadiendo competencias autonómicas sobre Protección Civil. Ahora, el Supremo sanciona estos errores con la nulidad del reglamento de la UME, consecuencia lógica de hacer mal las cosas, de actuar como si no hubiera procedimientos legales ni Estado de las autonomías -tan jaleado por el Ejecutivo socialista para otras cuestiones- y, también, de utilizar al Ejército para funciones que no le son propias. El Gobierno puede enmendar el error con otra norma bien hecha y para una UME mejor configurada. Pero ahí quedará la marca de la chapuza.
ME niego a dos cosas, a las que todos deberíamos negarnos, por el bien de la libertad, de la democracia, de la Constitución y siga usted poniendo conceptos nobles de los que esta gentuza de la ETA no conoce:
1. Me niego a escribir como Txeroki el alias del delin-cuente apodado Cheroqui, como la tribu india. Me niego porque por las tardes no tomo txocolate con txurros, sino chocolate con churros. Y porque como estamos en crisis no espero que estas Pascuas me regale nadie un jamón con txorreras, en todo caso será con chorreras. Pero me quedaré con las ganas, porque en el mejor de los casos tampoco me mandarán un txorizo, sino tal vez un chorizo, que es como se escribe en castellano el sonido «ch», joé, no con este grupo consonántico «tx» ajeno a nuestra hermosísima lengua, que nos han impuesto los etarras e islas adyacentes dentro de la batalla del lenguaje, que llevan ganada desde tiempos del Rege Carolo gracias a nuestro entreguismo.
2. Y me niego a seguir cayendo en la trampa de utilizar desde la democracia el lenguaje de los que quieren terminar con ella poniéndonos una pistola en la nuca. Dicen que ha «caído» el tal Cheroqui y que el tal Cheroqui era el «jefe militar» de la ETA. No, mire usted: caído es el que muere en defensa de una noble causa, no un asesino en busca y captura al que detiene la Guardia Civil. En Francia no ha caído nadie más que los dos guardias civiles que fueron asesinados en Cap Breton por esta pandilla de mamones con pistola, ésos sí que fueron caídos. Y de jefe militar, nada. Para mí jefe militar es bien un comandante, un teniente coronel o un coronel de los Ejércitos, que ha ascendido desde oficial y aún no ha llegado a oficial general. Es muy noble la palabra «militar» y muy de gente de honor el oficio de las armas como para que, porque estos pistoleros la usen de ellos con ellos y con sus cómplices y encubridores, se la apliquemos también nosotros. No se dan cuenta de que les estamos dando la razón al proclamarlos jefes militares de una estructura castrense. Hay que repetir una vez más que aquí no hay más estructura militar que la de nuestras Fuerzas Armadas. Decir que el tal Cheroqui era el supremo jefe militar de la ETA es ponerlo a la altura de Su Majestad El Rey, comandante general de las Fuerzas Armadas, y hasta ahí podíamos llegar. Pero es que además aclaran que este Cheroqui era también jefe de la «logística militar» de la ETA. Vuelvo a lo mismo: logística militar es un honorable Cuerpo del Ejército de Tierra, la antigua Intendencia de toda la vida, vamos, la del sol en el cuello de la guerrera. Y me niego igualmente a decir que Cheroqui era jefe de comandos. Vamos a dejarnos de comandos, que me suena a los tebeos de «Hazañas Bélicas», encima una americanada. ¿Qué comando ni comando, y menos de la ETA? Vamos a dejar los comandos para las películas de la Segunda Guerra Mundial. Eso en castellano se dice cuadrilla de bandoleros.
Por mucho, pues, que hayan detenido (que ya era hora) al jefe de los pistoleros, Mikel Garicoitz Azpiazu, hasta para comentar su captura hay que negarse a usar el lenguaje de este bestia que aparte del mote de Cheroqui tenía un nombre más incomprensible todavía: Garikoitz. Eso de Garikoitz, ¿qué es? ¿Un apellido o un nombre de pila? Lo de Azpiazu sí me suena. Hay aquí en Sevilla un cantaor que se llama Tomás Azpiazu, que es como el doble o sosias de Luciano Pavarotti, pero que no vean lo bien que canta las sevillanas, pues desde su obesidad deja las arias para las marcas de mantequilla.
Y hay que evitar con sumo cuidado entrar al trapo de este lenguaje, como todos estamos entrando, porque cualquier cosa menos hablar el idioma de los enemigos de la Constitución. Entre los papeles que le han trincado al Cheroqui estaba la orden que dio a sus pistoleros cuando les mandó que asesinaran en Don Juan Carlos en Palma de Mallorca. Menos mal que a esta papela no la han llamado «orden de plaza», que podría ser, tras la degradación del lenguaje militar al uso. ¿Y saben cómo terminaba el mocito la orden escrita? Pues ponía: «¡Aúpa vosotros kaguendiox!». Hay que ser imbécil para blasfemar en esa aljamía. Así que éste no es de los aguerridos indios cheroquis. Este, en todo caso, es de los siux. De los siuputas de la ETA.
De entrada, no lo entiendo. Me he esforzado mucho en entenderlos. He buscado y rebuscado para ver por qué alguien decide meterse a la milicia. Y no lo entiendo. No comprendo que en la sociedad de hoy una persona opte por entrar en un trabajo como este, en el que el principal requisito es obedecer a un jefe detrás de otro hasta que, con suerte, llegue a general y aún así, o peor, tendrá que estar a las órdenes del político de turno.
No me cabe en la cabeza que alguien opte por ponerse este uniforme por un mísero sueldo, cuando enfundándose el de policía municipal cobraría mucho más. Es incomprensible que un joven de provecho, en el siglo XXI, asuma valores como el sacrificio, la entrega incondicional, la obediencia, el honor, la lealtad, el silencio, la disponibilidad, la constancia, cuando el resto de la sociedad rema en la dirección opuesta.
Hay que tener mucha moral para cargar sobre los hombros de uno la responsabilidad tremenda de proteger a una sociedad que mientras duerme, toma cañas o se va de excursión ignora y menosprecia a quienes vigilan su libertad, a quienes se dejan la vida en la búsqueda de la tranquilidad de sus congéneres. Y hay que tener mucha humildad para entrar en una forma de vida en la que la ambición es la última de las prioridades, y en la que te pueden mandar al culo del mundo a cumplir una misión que nadie entiende, en la que te cambian de destino por razones de servicio y no puedes ni rechistar.
No, en realidad a quien no entiendo es a la sociedad, que desprecia a los militares porque no los comprende. A la sociedad en la que algunos aún los consideran un vestigio del franquismo, a la sociedad que es incapaz de decir «gracias» al colectivo que vela por su vida, a la misma que protesta porque el presupuesto de Defensa no vaya destinado a esa vaguedad de fines sociales que se queda en escalones burócratas. Y no entiendo a los políticos que quieren hacernos creer que los militares son un grupo de voluntarios de uniforme que se dedican a repartir caramelos por el mundo y a hacer de bomberos ocasionales.
Este blog es el homenaje obligado a toda la familia militar, pero también será la crítica pertinente, el buzón para los que callan en otros lados, la bitácora de la vida militar, de sus vicisitudes y de sus problemas, de su cultura y de todo lo que les rodea. Porque al fin y al cabo, como decía Calderón de la Barca, «aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados; que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados».
Ya nadie cree en los héroes. Nadie admira a nadie. Las grandes gestas pasaron a la historia y sólo se idolatra a futbolistas tatuados o a cantantes recubiertos de mercadotecnia. Pero sí hay héroes. Reconocer a uno requiere de cierta humildad, de una dosis importante de sensatez y de una visión trascendente de los hechos. Cientos de ellos pasan desapercibidos en pequeños actos cotidianos, en obligaciones presupuestas y en tímidos reconocimientos sociales. Pero sí hay héroes. Juan Andrés Suárez García y Rubén Alonso Ríos lo son. Pero no porque un suicida, cobardemente, haya decidido estrellar su camioneta llena de explosivos contra el blindado en el que viajaban. No porque hayan muerto son héroes. Lo son, y lo eran cinco minutos antes de que un animal los matara. Lo eran ya el día que decidieron dejar la verde Galicia e irse a la reseca Afganistán a cumplir con su misión.
Son héroes porque dejaron aquí a sus familias y se fueron a un futuro incierto, a un rincón perdido del mundo, a intentar que otros vivieran un poco mejor aunque la muerte acechara tras cada montículo de arena. Son admirables porque en esa decisión no hay una obligación profesional sino la voluntariedad de quien ama su labor, del que lleva el sacrificio por bandera y el valor y el honor por estandartes.
Sabían que no iban a repartir caramelos, que Afganistán no es el Caribe y que allí se lucha diariamente. Reconstruyen, sí, realizan una labor humanitaria impresionante, también, pero no es menos cierto que pelean, que se enfrentan al enemigo traicionero con el arrojo del que está defendiendo su casa de los ladrones. Y eso tenemos que reconocerlo nosotros y las autoridades políticas. Admitir y hacer saber a la sociedad que los que van son héroes por el hecho de ir, que por poco que hagan ya han hecho más que el resto y que su sacrificio es un granito más en la playa de nuestra tranquilidad. Que en su lucha y en su gesto humanitario va intrínseco el derecho a ser alabados por sus congéneres.
En Afganistán ya han muerto muchos, demasiados, compatriotas. Gentes que se fueron a hacer patria donde no saben qué es eso. Quizá quisieron ser “el mejor soldado de la patria”, quizá vieron en eso una aventura y se apuntaron. Fuera cual fuera el motivo, no volvieron a su tierra. La guerra los mató, no la guerra de siempre, la de dos fuerzas que chocan abiertamente una contra otra, ésta es la guerra de quienes buscan hacer el bien contra los cobardes que sólo pretenden que su boyante negocio del opio no se vaya al garete, que su dominio y humillación de la sociedad a la que en teoría sirven no pierda ni un ápice de fuerza.
El brigada Suárez y el cabo primero Alonso no volverán a la verde Galicia. Ahora nosotros, con nuestro reconocimiento, un millón de lágrimas y la esperanza de que “La muerte no es el final”, debemos hacer que su tierra vaya a ellos, que España entera vaya a ellos y los coloque en la memoria colectiva para siempre y en el lugar que les corresponde: el de los héroes cotidianos.
El reciente y vil asesinato de dos militares españoles en Afganistán ha reabierto el debate sobre la misión en el país asiático y el futuro de la misma. Más allá de que Izquierda Unida o no pocos sectores del PSOE estén deseando la salida de aquella ratonera, el debate se ha centrado en dos puntos: si estamos realmente en una misión de paz, como recalcaba (luego explicaremos el pasado empleado) insistentemente el Gobierno y si el incremento de tropas es la solución a los problemas crecientes de la Alianza sobre el terreno.
Vayamos por partes. El debate recurrente sobre si aquello es una misión de paz suele aparecer cada vez que ocurre una desgracia como la del domingo y uno y otro partido político se lanzan las pertinentes acusaciones al respecto. Pero ese no es el tema que me ocupa. ¿Es una misión de paz? Sí en su definición primigenia según los parámetros de la amada (por el Gobierno) ONU. Pero una cosa es el concepto que las inútiles Naciones Unidas quieran otorgar a sus resoluciones y otra muy distinta es el terreno donde se aplican las mismas. Y es que Afganistán es a día de hoy el escenario de una guerra subversiva o de guerrillas, muy alejado de la euforia vivida por el mundo occidental tras la caída del régimen talibán.
Hasta hace aproximadamente un año, el país asiático se podía dividir por la mitad a partir de una línea transversal que cruzaría desde el noreste al suroeste. De esa línea hacia el sur estaba la guerra. Estados Unidos, Canadá, Holanda y el Reino Unido entre otros, se enfrentaban en una batalla constante contra los talibanes, que libremente saltaban de un lado a otro la frontera con Pakistán y atizaban hasta elevar el número de bajas por encima de las de Irak. De esa línea hacia el norte, el resto de países aliados reconstruían un país nunca construido soportando puntuales escaramuzas con los insurgentes. Ahora la línea ha desaparecido. Alimentados económica y armamentísticamente por países vecinos interesados en que no haya paz, los talibanes han crecido, han mejorado en sus medios y en sus tácticas y se han expandido por todo el país que un día gobernaron. Los ataques ya no son artefactos improvisados en una carretera o lanzamientos de granadas que caían a un kilómetro de las bases. Ahora se enfrentan abiertamente en nuestra provincia (el extremo opuesto de la frontera con Pakistán) con tres compañías de un ejército tan preparado como el nuestro. O lanzan suicidas contra convoyes armados hasta los dientes. Su táctica es de hostigamiento, e irá creciendo hasta la guerra abierta en todos los puntos del país.
Un inciso: hay que alabar el increíble trabajo que hacen nuestras tropas, tanto en la reconstrucción (lo de Qala-i-Now es increíble) como en el combate, porque tal y como está el patio, que no haya muerto nadie en enfrentamientos dice mucho de nuestros soldados.
El Gobierno ha sostenido siempre que estamos en una misión de paz, que allí no hay una guerra porque la ONU “no hace la guerra” (ex ministro Alonso dixit). Ayer, la ministra Chacón cambió de tercio. Estamos, dijo, porque ese país es “la base de Al Qaeda”, porque hay que luchar contra el terrorismo que ha golpeado en Nueva York, en Londres, en Madrid... Cabe preguntarse si dentro de una semana volveremos, cuando haya pasado el trauma de otros dos féretros con la bandera de España, al discurso de la paz que hay en suelo afgano. Eso teniendo en cuenta que el Gobierno sigue erre que erre con que no enviará más tropas.
Y engancho aquí con la segunda cuestión. ¿Más tropas aseguran el éxito? No necesariamente. Si bien eso probablemente aumentaría la seguridad de nuestros soldados, no asegura éxito alguno mientras no se cambien los conceptos que manejan la ONU y la OTAN y siga habiendo tal descoordinación entre la operación ISAF de la Alianza Atlántica y la Libertad Duradera encabezada por Estados Unidos, que de cuando en cuando bombardea objetivos civiles sin mucho acierto. Las reglas de enfrentamiento que maneja la ISAF contemplan el uso de la fuerza siempre en respuesta a un ataque y proporcional al mismo.
Esto, hace un año y medio estaba muy bien. Hoy, con el cambio de escenario, supone dejar en manos de los talibanes la iniciativa militar. Mientras las tropas internacionales no den de vez en cuando un puñetazo encima de la mesa de los insurgentes, estos mantendrán intactas sus tácticas, su manera de proceder y su escalada hacia la guerra total. La diatriba es ahora cambiar de táctica en aras de seguir avanzando en la reconstrucción y de dotar de un tejido social firme a un país deshilachado, o limitarnos a esto último y verlas venir. Obama ha dicho que su prioridad es Afganistán y va darlo todo. ¿Lo harán también el resto de aliados?
Casi sin excepciones, los medios de comunicación de este país trataron la información sobre la muerte de dos soldados españoles ocurrida en Afganistán hace diez días de un modo extrañamente coincidente: nuestros compatriotas habían sido asesinados, pues habían sido víctimas de un atentado terrorista.
Constatar que todos los indicios confirman que se trató de algo por completo diferente no resta un ápice de mérito ni de valor a Juan Andrés Suárez García y a Rubén Alonso Ríos, ni disminuye en nada el profundo dolor que sentimos por su pérdida: solo sirve para entender por qué murieron ambos militares y por qué hay un riesgo manifiesto de que algo similar vuelva por desgracia a producirse antes o después.
La pura y simple verdad es que cuando dos soldados que circulan en una vehículo blindado componente de una columna militar mueren como consecuencia de un ataque en una situación de conflicto bélico abierto desde hace varios años solo una versión falseada de las cosas permite seguir hablando de asesinatos y atentados terroristas. Y es que nuestros soldados, como todos los que están desplegados en Afganistán, participan -en diferentes misiones, ciertamente- en la guerra civil que, desde hace años, asola aquel país.
Eso, y no otra cosa, es lo que debería haber aclarado anteayer en el Congreso de los Diputados la ministra de Defensa, en lugar de servirse del lenguaje perifrástico que el Gobierno emplea siempre que trata de este asunto: «Afganistán vive una violencia terrorista generalizada», dijo Carme Chacón para disfrazar una verdad ya inocultable: que en Afganistán se libra una guerra civil y que nuestros soldados participan en ella en uno de los bandos. Si la violencia se ha generalizado, como reconoce la ministra, es que estamos ya en un escenario diferente al de los ataques terroristas. El Gobierno debería asumirlo de una vez y debería aclarar, en consecuencia, con algo más que enfáticas proclamas, porque considera ahora que «lo único que no puede hacer un político responsable es abandonar Afganistán», como afirmó el lunes la ministra, cuando, en una situación -la de Irak- en la que lo que había en juego era algo casi idéntico, estimó todo lo contrario: que no cabía otra opción que la retirada inmediata de las tropas.
¿La diferencia estriba únicamente en que en un lugar (Irak) el mandato de la ONU era más que discutible y en otro (Afganistán) es claro y manifiesto? ¿O es que existe, a juicio del Gobierno, además de esa razón, alguna otra que justifique tratar los dos conflictos de un modo opuesto? La amenaza, «alta o extrema» según Chacón, en que viven en Afganistán 778 soldados españoles exige que imperiosa y urgentemente el Gobierno aclare esta cuestión.
madrid- Después de que en la Legislatura pasada fuera uno de los aspectos más criticados de la labor de gobierno, el nuevo escenario internacional tras las elecciones en Estados Unidos y los cambios de Gobierno en Suramérica hacen necesario tomar el pulso a la ciudadanía sobre la política exterior española. Uno de los grandes temores que más allá de nuestras fronteras se presenta es el terrorismo internacional. Los españoles, según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN, creen mayoritariamente que el terrorismo islamista es una grave amenaza para España. De hecho, un 66,8 por ciento de los encuestados así lo considera, mientras que solamente el 24,1 afirma lo contrario. Preguntados por si creen que nuestro país podría ser objetivo de nuevo del terrorismo islamista, un 68,7 por ciento de los encuestados responde afirmativamente, mientras que el 22,1 lo hace en contra. Vinculado con el terrorismo, en este caso el que hace una semana acabó con al vida de dos militares en Afganistán, la misión que las tropas desarrollan en ese país ha sido de nuevo objeto de debate. Algo más de la mitad de los españoles, un 51,8 por ciento, la valora positivamente. De ese porcentaje, sólo un 6,9 responde con la calificación de «muy bien», mientras que el otro 44,9 lo deja en «bien». En contra se muestra el 39,5 por ciento. Este porcentaje en contra quizá se deba a que Asia no es uno de los continentes prioritarios para los españoles en la acción exterior del Estado. Sólo un 8,2 por ciento valora que ése debe ser el objetivo del Gobierno a la hora de desplegar su diplomacia. En el polo opuesto se encuentra Europa, hacia la que se debe volcar España según el 57,5 por ciento. En segundo lugar, los españoles valoran que debe ser América la meta de la política exterior, y sólo un 7,3 opina que ha de ser África. La valoración sobre la política exterior española es bastante dispar. Una cuarta parte de los que respondieron a la encuesta la califican de «desacertada», mientras que en el extremo contrario, que creen que es acertada, se colocan el 22,7 por ciento. Entre ambos, tildándola como regular, se ubica el 29,2, y aquellos que no saben o no contestan suponen un 23,1 por ciento. Fruto de esta valoración tan heterogénea de la política exterior española es la nota que los encuestados otorgan al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, a quien le califican con un 4,3. No muy lejos del aprobado, pero bastante mejor que la nota que conceden a los cuatro presidentes suramericanos referidos en la encuesta. La que más se acerca es la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que logra un 4,1. Tras ella, Rafael Correa, de Ecuador, que obtiene un 3,6. A poca distancia se queda Evo Morales, presidente de Bolivia, con un 3,4 y en última posición el mandatario venezolano Hugo Chávez, que suspende con un 2,7. Los procesos nacionalizadores llevados a cabo por algunos de estos presidentes sobre empresas españolas pueden haber influido en su valoración. Los encuestados, de hecho, creen mayoritariamente que el Gobierno debe defender los intereses españoles en esos países. Así opina un 56,5 por ciento, mientras que los que creen lo contrario se quedan 32 puntos por debajo. Por último, y con la cumbre del G-20 como telón de fondo y los dimes y diretes de si entra España o no, la encuesta va un paso más allá y pregunta sobre si nuestro país debería exigir, como octava potencia del mundo, la entrada en el G-8, grupo de los ocho países más industrializados del planeta. La respuesta de los españoles es contundente: un 67,1 por ciento considera que sí, mientras que sólo un 18,3 opina lo contrario. La política exterior sigue atrayendo a los españoles. En la actual coyuntura económica y política internacional, los ciudadanos tienen claras sus prioridades en la acción de gobierno más allá de nuestras fronteras, y también sus temores. Y en esto coinciden todos los sectores de edad.
La muerte de dos militares españoles más en Afganistán viene a ocurrir en un momento en que, por una parte, el presidente electo de los Estados Unidos acaba de anunciar que solicitará a su país y a sus aliados un aumento de los efectivos militares en la zona, y por otro, nuestro gobierno confirma que no piensa enviar más tropas. Mientras, el hombre de la calle se pregunta con toda lógica si se necesitan más soldados y por cuánto tiempo. En España la pregunta va más allá, pues hay voces que incluso se cuestionan nuestra presencia allí y si no sería éste un momento adecuado para retirarlas. El problema de raíz es siempre el mismo. El mismo que se plantea con los presupuestos de Defensa y con el volumen de los contingentes. ¿Son suficientes? Y es que la pregunta está así mal formulada o mejor dicho está incompleta. Suficientes para qué y en relación con qué o con quién. ¿Qué es lo que se espera de ellos? En primer lugar, no hay que olvidar que las Fuerzas Armadas están en Afganistán para colaborar con los demás elementos en la consecución de un objetivo político como es la paz y la seguridad en libertad en el país que hoy en día es impensable que pueda lograrse únicamente mediante el uso de la fuerza militar. Incluso aunque se lograra aniquilar a la insurgencia, el fin de las hostilidades duraría muy poco si no va acompañado de un auténtico plan de paz, y éste debe estar elaborado ya, no como algo posterior al cese de la violencia. Por otra parte es también ilusorio que sin una fuerza militar que haga frente a los que mediante las armas impiden la reconstrucción del país pueda conseguirse un objetivo mínimo, y el actual gobierno afgano ni siquiera tiene fuerza suficiente para ello. Hace falta pues un verdadero plan que abarque de una vez todos los aspectos. Sin seguridad no puede haber desarrollo social, político ni económico, pero sin éste tampoco pude haber seguridad. También es absurdo o ingenuo pensar que esa fuerza militar deba actuar solamente a la defensiva. Sólo repeliendo los ataques no se va a lograr la seguridad, siquiera sea en una zona. En estos combates asimétricos es imposible garantizar que no se vayan a producir ataques y más aún que algunos de ellos tengan éxito. Tampoco consiste solamente en proteger a las tropas; no existe ningún tipo de vehículo acorazado que sea inmune a todas las armas y artificios contracarro. Es cierto que con vehículos y armas más modernos se pueden reducir sus efectos y que con más tropas puede ser más fácil la defensa de una zona: su mayor presencia aumentará la disuasión, pero, por otra parte, al aumentar el número se incrementará matemáticamente la probabilidad total de accidentes y víctimas de ataques terroristas. Lo que hay que replantearse es la estrategia política y como consecuencia de ello, la estrategia militar. De ahí podrá el mando militar asesorar al político sobre cuántas tropas se necesitan y por cuanto tiempo. La estrategia política debería tener en cuenta que, además de estarse llevando a cabo una operación de apoyo al gobierno del presidente Karzai, se está librando una batalla por el poder que quieren recuperar los talibán y que no olvidemos, amparan los yihadistas que pretenden, no sólo expulsar a Occidente del país sino infligirle la primera gran derrota de una guerra que acabe con la primacía de EE UU y sus aliados. Además, en Afganistán se enfrentan o tienen lugar las manifestaciones de una serie de problemas regionales como son los que existen en el interior de Pakistán, los de Pakistán con la India, los recelos de Rusia con la OTAN, las tensiones entre Irán y EE UU, entre chiíes y suníes, la reconstrucción de Irak y todo ello con el trasfondo de Oriente Medio. No se puede pues preparar una estrategia para Afganistán sin tener en cuenta lo anterior. Dicho esto, si se decide continuar con la batalla para la derrota de la insurgencia y la consolidación de un régimen democrático en todo el país, es preciso continuar con la «afganización» y esto supone resolver el problema social y económico que a su vez pasa por resolver el problema de la corrupción y de la droga. Al mismo tiempo es preciso controlar el territorio, y para ello hay que atacar a la insurgencia allá donde esté, en todo el territorio, porque si no los terroristas pasarán de unas zonas a otras, que es lo que está sucediendo. Para que el ejército afgano sea capaz de llevar a cabo esta misión necesitará mucho tiempo y dinero. Actualmente, ni con el apoyo de ISAF y «Libertad Duradera» es posible efectuarlo. Se necesitan más tropas terrestres y no confiemos en el apoyo aéreo más de lo que es. En combates asimétricos como éste, el apoyo aéreo no es siempre eficaz pues el insurgente se mezcla con la población civil y es difícil no producir daños colaterales que pueden, como también está sucediendo, ser contraproducentes. En resumen, Occidente no puede perder esta batalla pero, repetimos, no se podrá ganar solamente en el terreno militar. Abandonar Afganistán a su suerte sería catastrófico. España tendrá que definirse tarde o temprano. Es miembro de la OTAN, es un país occidental, está amenazado y ha sido ya objeto de un ataque terrorista en su territorio. Ocupa un lugar importante en la escena internacional y debería mantenerlo. No puede esperar una vez más que sean otros países los que le resuelvan el problema sin que ello le pase factura y le relegue a una situación que no se merece.
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general José Julio Rodríguez, ha pospuesto para «más adelante» la posibilidad de ampliar el tiempo de estancia de los militares que participan en misiones internacionales, que actualmente es de cuatro meses. Rodríguez ha hecho estas manifestaciones a los periodistas en Valencia, después de intervenir en la 54 Asamblea Parlamentaria de la OTAN que celebra hoy su segunda jornada de trabajos, marcados entre otros temas por el análisis del terrorismo internacional, el papel de la mujer en los ejércitos o la seguridad ambiental.
El JEMAD ha considerado necesario buscar un equilibrio respecto al tiempo que los militares deben permanecer en los países donde se llevan a cabo misiones internacionales, una decisión «técnica y operativa que hay que mirar más adelante», ha dicho. No obstante, ha querido dejar claro que lo importante es el compromiso con las operaciones en el exterior, «con independencia de cuándo se rota», aunque ha reconocido que existe un debate sobre el asunto y que algunas voces apuntan a un despliegue más largo, si bien el actual periodo es políticamente aceptable.
«Lo importante son los resultados, que se cumpla con la misión adecuadamente», ha concluido el general, para quien la continuidad en los relevos es también necesaria. Ya en su intervención en la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea, donde se ha rendido tributo a los dos militares españoles fallecidos hace una semana en un atentado en Afganistán, Rodríguez ha resaltado el proceso de transformación del Ejército español, ahora profesional, «muy capacitado» y con el tamaño adecuado.
Por su parte, el experto en terrorismo internacional del Instituto Elcano Fernando Reinares ha alertado de la «cantidad ingente» de material «sensible» que está fuera del control de las autoridades atómicas mundiales y del riesgo «verosímil» de que los terroristas pudieran utilizar productos radiactivos.
Con el uso de las denominadas «bombas sucias» -explosivos convencionales preparados para dispersar material radiactivo-, los integrantes del nuevo terrorismo global podrían hacer «inhabitables» las zonas atacadas y «cuestionar a la autoridad política existente», ha respondido Reinares a un delegado británico sobre la posible amenaza de un atentado con material nuclear. Asimismo, ha descartado que ETA haya mantenido contactos con Al Qaeda porque no hay «ninguna prueba» que lo confirme, pero sí ha reconocido que entre la organización terrorista vasca y las FARC colombianas ha habido una «conexión».
También ha intervenido hoy el director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, José Luis Rubio, quien ha reclamado que la crisis medioambiental, energética y financiera que afronta el planeta obligue a rectificar, con un examen de conciencia «muy serio», «muchos comportamientos» como el gasto militar de los gobiernos.
Según Rubio, muchos gobiernos deben «replantearse» el gasto que dedican a la defensa militar de sus países y tomar conciencia de que la Tierra tiene «recursos suficientes para todos», que «convenientemente gestionados» y con solidaridad harían que numerosos conflictos bélicos entre Estados fueran «innecesarios».
La Asamblea Parlamentaria, que acoge el Palacio de Congresos de Valencia hasta el próximo martes con 300 delegados de 50 países distintos, ha querido también dedicar un apartado al papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas.
En el debate, Belén Caballud, coordinadora del Observatorio de la Mujer de las Fuerzas Armadas, ha pronosticado que hasta 2017 no habrá ninguna mujer general en el Ejército español, pese a que la presencia femenina tiene ya veinte años de historia y actualmente representan el 12,3 por ciento del total de efectivos.
La Asociación de Militares Españoles (AME) ha solicitado por carta a la ministra de Defensa, Carme Chacón, que firme el manifiesto promovido por una veintena de intelectuales en defensa del castellano como lengua común en España por considerar que su rúbrica daría "tranquilidad" a los militares y sus familias, que sienten una "enorme preocupación" por la situación de dicha lengua ante la "inmersión linguística".
"Me permito reiterarle la enorme preocupación del ámbito militar por este asunto. Por todo ello y tal vez abusando de su amabilidad, mantengo la esperanza de una respuesta por su parte que venga a tranquilizar los ánimos de todos los compañeros como de sus familias, respuesta y tranquilidad que podrían comenzar viendo su firma en el manifiesto que, en defensa de la lengua española, está en los medios de comunicación estos días", señala el presidente de AME, el coronel retirado Leopoldo Muñoz Sánchez, en su misiva remitida a la titular de Defensa el pasado 27 de junio y publicada en el último número de la Revista Militares, que edita esta organización. Lo que preocupa es la repercusión, en los militares y sus familias, del empleo de otras lenguas que no sean el castellanoEn la carta, el presidente de AME subraya que el empleo de "una única lengua" resulta "imprescindible" en las Fuerzas Armadas, denuncia la campaña de la "Generalidad de Cataluña" para que "los inmigrantes rechacen el español" y asegura que esta actuación "preocupa enormemente" a los militares, al igual que "las actuaciones de los Gobiernos de las regiones vasca y gallega".
"La actuación de la Generalidad de Cataluña en cuanto a la aplicación de la inmersión linguística y las consecuencias que ello puede tener tanto para los militares como sus familias es cosa que les preocupa enormemente, como no podría ser de otro modo" explica. El problema es el tiempo que se necesita para aprender otra lengua En ese sentido, advierte de que las "actuaciones" de los Ejecutivos autonómicos le llevan a la conclusión de que "el militar español" va a verse "obligado" a dedicar "un tiempo del que no dispone" al aprendizaje de "las varias lenguas de las regiones".
En su opinión, la postura de los Gobiernos autonómicos también llevará a los familiares de soldados, suboficiales y oficiales a tener que aprender las lenguas cooficiales a pesar de que la Constitución y "diversas leyes españolas" reconozcan su derecho a utilizar el castellano. Tras considerar que la Carta Magna y las mencionadas normas nacionales que reconocen el castellano como lengua oficial podrían quedar "en un papel absoluta y totalmente mojado" por las "actuaciones" de los Gobiernos autonómicos, el presidente de AME asegura que "ya se están comenzando a dar casos concretos" de militares que dejan a sus familias en su lugar de origen cuando son trasladados a comunidades con lengua cooficial. «¿Tendrían que tener los militares pasaporte en el interior de una de las naciones de la Unión Europea?»"Posiblemente, lo más esperpéntico sería que los militares españoles recibieran la consideración de extrajeros en una región de España. ¿Tendrían que tener pasaporte en el interior de una de las naciones que constituyen la Unión Europea? . ¿Serían considerados como 'Ejército de Ocupación'", se pregunta. El presidente de la Asociación de Militares Españoles concluye la misiva, de la que asegura no haber obtenido respuesta ni "acuse de recibo", con la invitación a la titular de Defensa para que estampe su firma en el manifiesto en defensa del castellano
Madrid- Militares y guardias civiles se plantean convocar «en las próximas semanas, junto a otras organizaciones sociales, un gran acto de protesta» contra el recorte de pensiones aprobado por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, que estos colectivos califican como «pensionazo». La protesta, sin fecha fija, está patrocinada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y a ella se unirá la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), según señaló ayer a este diario su secretario general, Mariano Casado. La AUGC anuncia además recursos contenciosos administrativos contra esta medida presupuestaria. La protesta viene motivada porque a los que no lleven veinte años de servicio y padezcan una inutilidad permanente no les quedará el cien por cien de la pensión (excepto si es por acto de servicio), y se recortará en función de los años que hayan trabajado. Más grave es en el caso de que los que pasen a retiro sufrirán una incompatibilidad con un trabajo en el sector privado que reducirá su pensión un 55 por ciento si llevan menos de veinte años de servicio, a lo que se suma la reducción inicial del 25 por ciento.. Madrid- Militares y guardias civiles se plantean convocar «en las próximas semanas, junto a otras organizaciones sociales, un gran acto de protesta» contra el recorte de pensiones aprobado por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, que estos colectivos califican como «pensionazo». La protesta, sin fecha fija, está patrocinada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y a ella se unirá la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), según señaló ayer a este diario su secretario general, Mariano Casado. La AUGC anuncia además recursos contenciosos administrativos contra esta medida presupuestaria. La protesta viene motivada porque a los que no lleven veinte años de servicio y padezcan una inutilidad permanente no les quedará el cien por cien de la pensión (excepto si es por acto de servicio), y se recortará en función de los años que hayan trabajado. Más grave es en el caso de que los que pasen a retiro sufrirán una incompatibilidad con un trabajo en el sector privado que reducirá su pensión un 55 por ciento si llevan menos de veinte años de servicio, a lo que se suma la reducción inicial del 25 por ciento.
El debate se reabre así en el seno de las Fuerzas Armadas. Y es que, según ABC, el Ejército considera insuficientes los medios utilizados para misiones en el exterior. Cada vez que hay fallecidos se reabre el tema, y se contrasta con la agilidad y rapidez con las que el Gobierno ha dotado a la nueva UME (Unión Militar de Emergencias, cuya utilidad práctica también ha sido puesta en duda) en comparación con lo dedicado a la renovación de material antiguo, sobre todo vehículos blindados.
Las diferencias entre ambas inversiones indican que el proyecto estrella de Zapatero es más importante que la renovación de blindados, lo que molesta a las Fuerzas Armadas. Éstas califican de "derroche y gasto inútil" lo invertido en la UME, y recuerdan que, en tiempo de restricción, el Ejecutivo "a lo mejor debería reconsiderar la utilidad de la unidad". "La gente ve que no sirve para nada y que la inversión que se ha hecho es un gasto excesivo".
Mientras la UME ha recibido entre el 2006 y el 2008 unos 1.660 millones de euros, según los datos de la Memoria de la VIII Legislatura, el desembolso para la renovación de los blindados ha sido, hasta ahora, de 112 millones, dentro de un Plan que tiene como horizonte el año 2010 y que tiene previsto una inversión total de 321 millones para adquirir 575 vehículos.
El primer año de vida de la UME la inversión fue de 147 millones (año 2006). Al año siguiente, la inversión ascendió a 314, mientras que en el presente se van a destinar 27 millones para "atender sus necesidades de gastos de personal, gastos corrientes e inversiones". Además, según ABC, se ha autorizado un gasto de 903 millones para la adquisición de aeronaves y en 2007 se aprobó un suplemento de crédito de 21,4 millones para la creación de una sección en Tenerife.
Este presupuesto, y el que queda por llegar, como recuerda el diario de Vocento, es el que estableció el Gobierno para la citada unidad militar, con un número de 4.310 efectivos (de los que cuenta ya con más de 3.000), diez aviones contraincendios, 19 helicópteros, más de mil vehículos y 68 embarcaciones ligeras. Estos datos ponen de manifiesto que, desde que se creó esta unidad en octubre de 2005, el Gobierno no ha escatimado en dotarla de todos los recursos en un tiempo récord.
Según ABC, el caso de los blindados es bien distinto. La decisión de renovar su parque móvil con más de treinta años de antigüedad se ha demorado en el tiempo y la inversión materializada ha sido menor de la esperada. El Plan de Renovación de Vehículos Blindados, que el Gobierno aprobó el 2 de noviembre de 2007. Invertirá 321 millones de euros hasta 2010 para adquirir 575 vehículos.
El plan se encuentra en una primera fase que abarca la adquisición de 220 vehículos, de los que 120 son de escuadra modelo Lince, adjudicados a la empresa italiana Iveco por 37 millones, y que vienen a sustituir a los Vamtac actuales. De ellos, ya se han recepcionado 40 y 17 de éstos se han enviado a Afganistán, afirma ABC. El resto se entregarán a lo largo del año.
La compra de otros cien blindados medios de pelotón –que sustituyen a los BMR- se autorizó el 27 de junio por 75 millones. ABC recuerda que se adjudicó a la empresa General Dynamics Santa Bárbara y el modelo elegido fue el RG-31. La entrega se ha adelantado a diciembre y los siguientes meses del 2009.
Todo esto quiere decir que a fecha de hoy, y según datos de Defensa citados por ABC, 112 millones de euros han sido ya ejecutados, y queda pendiente una segunda fase prevista para 2010 y que tiene previsto empezar el año próximo con otros 355 blindados (275 de escuadra y 80 de pelotón) con un coste final de 178 millones de euros. La tercera fase está prevista a partir de 2017, y para la misma está programada la adquisición de vehículos de nueva generación 8x8.
madrid- Durante toda la semana, la posición del Gobierno, expresada por el propio Zapatero y por Chacón, ha sido la de un «no» rotundo a enviar más tropas a Afganistán. Ayer cambió de tercio y suavizó la negativa. Lo hizo Diego López Garrido, secretario de Estado para la UE, que afirmó que esperará a que Barack Obama tome posesión como presidente y fije su posición sobre Afganistán para decidir algo sobre nuestras tropas. En este sentido, López Garrido rechazó hacer «elucubraciones» sobre este asunto y afirmó que la situación en Estados Unidos exige que el Gobierno español «espere» a que ponga en marcha «una formulación estratégica» sobre el modo en que va a tratar la situación en Afganistán y a que «se produzca un debate entre los aliados de la UE antes de pronunciarse sobre un hipotético aumento de los efectivos destinados a la misión». El PP no será un «obstáculo» Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró ayer que su partido «no va a ser un obstáculo» si el Gobierno estima que hay que enviar más soldados a Afganistán, pero pidió al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que le diga a los españoles «la verdad» sobre esta misión, en un país «en guerra», y que se haga «un mayor esfuerzo de seguridad» para los soldados desplegados, según declaró a la cadena Ser.
"La ministra de Defensa, Carmen Chacón, ha dicho ahora que la presencia militar española en Afganistán se debe a que el país se convirtió en 2001 en "base de operaciones de Al Qaeda" y los talibán declararon "la guerra al mundo civilizado" que fue golpeado desde entonces con los atentados del 11 de septiembre en EEUU, los ataques en Yerba, Bali, Riad, Casablanca, Estambul, Londres y el "vil" atentado del 11-M.
En su comparecencia para defender en el Pleno del Congreso los presupuestos de su Departamento, Chacón explicó que el 11 de septiembre de 2001 el régimen talibán "había declarado la guerra al mundo civilizado" y a todos los que no estaban dispuestos a someterse "a los dictados de su terror" y que, por ese motivo, España envió tropas a ese país, "convertido en base de operaciones de Al Qaeda".
La ministra afirmó que ese país que albergaba a la red terrorista liderada por Ben Laden "irrumpió con brutalidad" en las vidas occidentales y asestó "su primer gran golpe" en nueva York y Washington, seguido por ataques en Yerba, Riad, Casablanca, Estambul, Londres y el "vil atentado" de Madrid el 11 de marzo de 2004.
Chacón aseguró que España ha pagado "un alto precio en vidas humanas civiles y militares" en esa "ofensiva feroz" y destacó el "valor y heroísmo" de los dos últimos militares fallecidos en Herat, el cabo Rubén Alonso Ríos y el brigada Juan Andres Suárez y Rubén. Aseguró que ambos han sido reconocidos en el ámbito militar, con la máxima condecoración posible, la cruz con distintivo rojo, y en el político, con el "consenso y unidad" de los partidos políticos en el "aliento y apoyo" a las Fuerzas Armadas españolas.
Chacón explicó que los tres militares heridos leves en el ataque del domingo en Herat continúan evolucionando favorablemente en Galicia y que el más grave de los heridos, el cabo Antonio Cures García, "probablemente" será trasladado esta noche a la base alemana de Ramnstein, en la que estará atendido por un comandante médico español hasta que regrese a territorio nacional.
Todos los portavoces parlamentarios manifestaron su pésame y sus condolencias por el fallecimiento de los dos militares españoles en Afganistán y desearon una pronta recuperación a los cuatro soldados que resultaron heridos en el ataque.
Por parte del PP, el diputado Arsenio Fernández de Mesa reclamó a la ministra que, además de las condecoraciones, conceda inmediatamente a los dos fallecidos el ascenso honorífico a título póstumo para evitar así el trámite largo y complejo que deben realizar los Cuarteles Generales para conseguir ese reconocimiento.
IU pide una estrategia política en Afganistán
Por su lado, el diputado de IU Gaspar Llamazares expresó la "discrepancia política" de su formación con la misión española en Afganistán y recalcó que esa divergencia ha aumentado ahora por la "confusión" entre la operación Libertad Duradera y la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), en la que se encuadran las tropas española.
Llamazares criticó a la ministra de Defensa por sostener que la misión española va contra el terrorismo y aseguró que esa postura, que "jamás" había sido defendida en el Congreso por el Ejecutivo, evidencia la "confusión" del Gobierno en cuanto a los objetivos que persigue la presencia militar española en Afganistán, hasta ahora basada en la seguridad y la reconstrucción.
El diputado incidió en que IU rechaza la concepción anglosajona de que el terrorismo se vence con "la lucha militar" y considera que insistir en una "estrategia militar" supone "empecinarse en el error", por lo que reclamó una "estrategia política" que conlleva la retirada paulatina de las tropas españolas.
La seguridad, prioridad máxima y absoluta del presupuesto
Departamento para 2009 contemplan la seguridad de las Fuerzas Armadas como "una prioridad máxima, superior y absoluta". "La hostilidad que marcan los tiempos no impedirá la seguridad de los militares sean prioridad máxima, superior y absoluta", indicó. Chacón mostró su agradecimiento a los grupos parlamentarios por las enmiendas introducidas a los presupuestos de Defensa y se mostró partidaria de "estudiar" la enmienda propuesta por el PP para aumentar en 100 millones de euros el plan de renovación de blindados. En defensa de sus partidas presupuestarias, Chacón admitió que la labor que realizan los ejércitos implica "un riesgo" y un peligro elevado" y recalcó que la dotación para el próximo año garantiza la seguridad y la operatividad de las Fuerzas Armadas y avanza en su profesionalización y en el proceso de transformación.
La ministra enmarcó las cuentas de su Departamento, que registran una reducción del 2,9 por ciento con respecto al año anterior, con un total de 8.238 millones de euros, unos 325 millones de euros, en la "solidaridad" y "austeridad" que marca el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Subrayó que el Ministerio de Defensa se esforzará en emplear con la "mayor eficiencia" sus recursos, para lo que pondrá en marcha programa permanente de eficiencia y control de gasto, sistema que ya permitió en la anterior legislatura ahorrar 270 millones de euros en contrataciones negociadas.
Chacón recordó que el propio jefe de Estado Mayor de la Defensa, general del Aire José Julio Rodríguez, dijo en el Congreso que los militares deberían "apretarse el cinturón" por la época de crisis pero dejó claro que los presupuestos "permitirán cumplir todos y cada uno de los compromisos adquiridos", garantizarán la seguridad y operatividad de las Fuerzas Armadas y profundizarán en su transformación y modernización. Todo ello será posible, dijo, por el "esfuerzo económico sostenible" de la anterior legislatura, en la que aumentó un 26 por ciento la dotación del Ministerio.
Chacón explicó que durante el próximo año se completarán las entregas de los 120 vehículos blindados resistentes a minas Lince y comenzará la recepción del nuevo modelo para pelotón, el RG31, y aseguró que el plan de renovación de blindados puede ampliar su presupuesto según las necesidades.
Avanzó además que su Departamento adquirirá más equipos de visión nocturna y dotará a los vehículos destacados en el exterior con nuevos sistemas inhibidores de frecuencia de mayor alcance y más resistencia a las altas temperaturas. "En seguridad no pueden ni deben regatearse nuestros esfuerzo", explicó.
Por último, aseguró que las cuentas de su Departamento cumplen con "austeridad", "rigor" y "eficiencia" el objetivo de garantizar la seguridad de los militares, que, a su vez, "velan por la seguridad de todos los españoles".
Juran una bandera, que es la de todos, mal que les pese a algunos. Y murieron en las praderas como de la luna de Afganistán por una llamada libertad duradera que a mí me suena más a la muerte eterna que promete cualquier guerra. Volaron por los aires con una cantidad enorme de explosivo, como para reventar un tanque. Pero no reventaron un tanque. Los mataron a ellos dos, padres, hermanos, hijos y esposos. Eran Rubén Alonso Ríos y Juan Andrés Suárez, como fue Idoia Rodríguez Buján. La de la muerte violenta es una herida que no cura, o cura mal. Una cicatriz que duele. No le encuentras sentido. Cincuenta mil veces le dijo Rubén Alonso a su viuda que quería vivir esa experiencia. Que tenía que ir a Afganistán. Ir para no volver. Los militares y los políticos explican las misiones en el extranjero a su gusto y dicen que nuestros soldados son héroes de paz. El Ejército, con esta teoría que los políticos se han inventado y que los militares acatan, sería una especie de ONG que pone en hora los corazones de los niños perdidos de Herat. Pero la realidad es tozuda. Afganistán no es territorio español y los que allí están nos consideran invasores. O sea, el enemigo. Y al enemigo hay que matarlo. Aunque se llame Rubén y tenga dos hijos, uno apenas un bebé. O Juan Andrés, que no hizo caso del mal augurio que sentía su madre. Ojalá que descansen en paz y que, por lo menos, los heridos se recuperen. Y pronto.
Recuerdo la noche que llegaron los primeros soldados españoles a Afganistán por el frío que hacía. Era enero de 2002 y el termómetro marcaba 18 grados bajo cero. Nadie había preparado su llegada y las tropas durmieron hacinados en la sala de motores del aire acondicionado del aeropuerto de Kabul. Fue el comienzo de una aventura en la que los Gobiernos del PP y PSOE iban a prostituir las prioridades de la misión, conscientes de que el resto seríamos cómplices silenciosos y sólo nos acordaríamos de los soldados cuando llegara una noticia urgente anunciando una nueva baja.
El bienestar, la seguridad y el éxito de las tropas han sido desde entonces sacrificados por la seguridad política de quienes han tomado la decisión de enviarlos en primer lugar. No valen aquí trincheras políticas: no hay distinción en la vergonzosa actitud que los políticos que hoy se llenan la boca con pésames grandilocuentes han mostrado ante los efectivos desplegados en Afganistán. El gobierno de José María Aznar se olvidó de ellos para centrarse en la aventura iraquí, reduciendo el contingente hasta los 126 abandonados y mal equipados efectivos que dejó en el país antes de abandonar el Gobierno en 2004. Los soldados que me encontré aquel año recibían provisiones sólo una vez cada 15 días, para comer productos frescos debían mendigarlos a contingentes de otros países y llevaban meses viajando de regreso a España en aviones inseguros contratados para ahorrarse un poco de dinero. 62 militares murieron en un avión Yakovlev 42 que no logró volar más allá de Turquía.
Los compañeros de las víctimas del Yakovlev, lejos de venirse abajo, lloraron su pérdida y se conjuraron para acabar la misión en nombre de los caídos. Muchos no sospechaban hasta qué punto su objetivo iba a ser obstaculizado no ya por los talibán, sino por políticos cómodamente instalados en despachos de Madrid.
Llegó Zapatero al Gobierno, retiró las tropas de Irak y la presión de EEUU le obligó a reforzar el contingente en Afganistán en contra de lo que le pedían cuerpo, mente y coherencia política. El objetivo ha sido desde entonces engañar a los españoles para tratar de hacerles creer que nuestros soldados se encuentran en Herat repartiendo caramelos entre los niños. La obsesión ha sido que no haya bajas que recuerden que el país vive una guerra y que nosotros combatimos en ella. El resultado ha sido la imposición de una política de 'riesgo cero' que ha obligado a los soldados a permanecer gran parte del tiempo encerrados en su base, reducir su contacto con la población local -aumentando el recelo mutuo- y permitir que los talibán resurjan en una zona donde antes no operaban. Y todo acompañado de la imposición de una censura intolerable que impide a los soldados hablar con libertad de su situación y a sus mandos decir lo que realmente piensan. Esto es: que NECESITAN REFUERZOS.
Es una pena, porque la misión en Afganistán merece la pena. El país ha vivido décadas de guerra y una brutal dictadura islámica que anuló a millones de mujeres y niñas. Los atentados del 11-S contra EEUU fueron organizados desde territorio afgano y dejar el país en manos de los talibán supondría darle al terrorismo internacional el santuario que busca para llevar a cabo nuevos atentados.
Los soldados españoles, desde aquellos que durmieron en la sala del aeropuerto a 18 grados bajo cero a los que hoy despiden a Rubén Alonso Ríos y Juan Andrés Suárez García, han tratado de ayudar al pueblo afgano a ponerse de nuevo en pie con una valentía y dedicación a prueba de la inagotable cobardía política de nuestros dos principales partidos políticos. Ni PP ni PSOE se merecen a las tropas destinadas en Afganistán. El resto podríamos hacer algo más por merecerlas y acordarnos de ellas también cuando no están de luto.
En pocas circunstancias -y no han faltado- ha dado mayores muestras de bajeza moral el gobierno de ZP que en lo relacionado con la guerra de Afganistán. Durante años, ha negado -a sabiendas de que era mentira- que nuestras tropas en la zona se encontraban en un conflicto bélico, ocultando tal circunstancia bajo el eufemismo vergonzante de la misión de paz. Pero si ya tamaño comportamiento es de por sí escandaloso, aún más lo ha sido el de buena parte de los protagonistas de las últimas horas. Cuando ha tenido lugar la muerte de otros dos soldados españoles en Afganistán, nos hemos visto obligados a asistir a lo que sólo puede considerarse un ejercicio desvergonzado de obscenidad por parte de la ministra de Defensa. Los antecedentes de la Chacón son, desde luego, obvios. Chacón es la política que, en su día, se solidarizó con un cómico del tres al cuarto que «se había cagado en la puta España» diciendo que ella también era Rubianes. Chacón es la ministra que ha convertido en primer objetivo de su ministerio el integrar a la mujer en las FF AA, pero no en dotar a nuestras tropas del equipo necesario. Chacón es la ministra que se ha preocupado de cambiar los uniformes femeninos en el Ejército, pero no los carros de combate sustituyéndolos por otros dignos. Chacón es la ministra que pertenece a un gobierno que consiente que personajes como Touriño se gasten en automóviles innecesarios lo que podría dedicarse a blindados indispensables para nuestras tropas. Chacón es la ministra que ha apoyado unos presupuestos que significan un recorte del 7% en el gasto de Defensa a la vez que se incrementaba en un 22% los del absolutamente inútil Ministerio de Igualdad, todo ello sin decir ni mu. Chacón es la ministra que milita en el PSC, ese partido catalanista que ha arrancado a los españoles la parte del león para infraestructuras y que se dedica a abrir embajadas de Cataluña en el extranjero porque hay que darle un trabajo a Apeles, el hermano de Josep Lluís. Chacón es la ministra que se permite -al estilo del CAC y del gobierno del bachiller Montilla- excluir a medios de comunicación de sus viajes, como hizo recientemente con la cadena COPE. Chacón es, en última instancia, la ministra que no se ha atrevido a enfrentarse con la prensa este fin de semana porque sabe hasta qué punto es culpable de que nuestras tropas se jueguen la vida sin contar con un equipo suficiente -el que tienen los otros ejércitos que están en Afganistán- que pueda salvarlos en episodios como el de las últimas horas. Con ese historial a sus espaldas, seguramente, muchos de los lectores comprenderán que pocas veces en mi vida haya sentido tanto asco, tanta repugnancia y tanta indignación como hace unas horas al ver a la ministra de Defensa eludiendo a un grupo, sin duda fiero, de periodistas y leyendo un papel en el que expresaba su admiración por unos soldados a los que no ha atendido ni un solo minuto desde que se hizo con la poltrona ministerial. Ningún hombre de honor hubiera incurrido jamás en semejante conducta. La Chacón ni es un hombre ni tiene honor. Bastaría, pues, con que dimitiera y nos librara a todos de tener que contemplar tanta obscenidad.
En Afganistán hay una guerra y los casi 800 soldados españoles desplegados allí están en una guerra. Más allá de los tecnicismos que definen la presencia de nuestro Ejército español en aquel país (misión pacificadora, de reconstrucción o humanitaria), la cruel realidad de las últimas horas, con la muerte de otros dos soldados españoles en un ataque suicida, viene a recordarnos que la verdad de las cosas prevalece siempre sobre los eufemismos. Por fortuna ya han pasado los tiempos en los que, para disfrazar esa realidad, incluso se negaba a los muertos la cruz con distintivo rojo que se concede a los “caídos en combate”. Se privaba a los muertos de ese honor póstumo con tal de no reconocer la realidad de que nuestras tropas estaban destinadas en un conflicto bélico. Como si los españoles fueran memos. El Gobierno se equivoca: estoy seguro de que la mayoría de nuestros ciudadanos aprobarían que nuestros soldados fueran a una guerra si se les explica abiertamente que es por una causa justa y se cuenta con la aprobación, como es el caso, de los organismos internacionales competentes. Ocultar la realidad revela tal vez un problema de mala conciencia y emite una señal inequívoca: si estos niegan la verdad es porque tienen algo que ocultar. Y estarían en lo cierto: el Gobierno oculta la cruda realidad de que la libertad y la democracia en el mundo no se defienden sólo con buenas palabras y alianzas de civilizaciones; a veces hay que empuñar las armas para preservar un modelo de civilización que nos gustaría legar a nuestros hijos y nietos. En muy poco tiempo, el nuevo presidente de Estados Unidos va a poner a prueba el alborozo con el que nuestro Gobierno y una gran mayoría de españoles hemos recibido su elección. ¿Estará dispuesto Zapatero a enviar más tropas a la guerra de Afganistán como nos a va pedir de inmediato Barak Obama? Si no lo hace, tendrá que explicar al presidente norteamericano los límites de sus efusiones; y si lo hace, tendrá que explicarnos a los españoles por qué ahora sí y hace unos meses, no. Es la misma guerra, los mismos contendientes e idénticos objetivos. ¿Nuestra adhesión a las causas internacionales depende que quien ejerza la presidencia de un determinado país? Mala cosa.