Miembros de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), el cuerpo de élite de la Infantería de Marina, que actuaron tras el pago del rescate del Alakrana y persiguieron a los piratas han criticado los procedimientos y órdenes que recibieron durante la misión desde el Gobierno, según recoge El Confidencial Digital.
El periódico realiza una síntesis de las declaraciones y quejas que estos militares. Según cuenta, los militares afirmaron que "pudimos detenerlos, tuvimos entre tres y cuatro minutos de tiempo para bloquearles el paso antes de que se acercaran a la orilla. Era el momento propicio: nosotros habíamos reaccionado a tiempo y dábamos cobertura. En ese momento, hicimos la pregunta: ¿Qué hacemos? Y no recibimos la orden para intervenir. Hubo silencio". "También tuvimos blanco a distancia en varias ocasiones, pero nos habían dejado claro que no había que disparar bajo ningún concepto. No querían ni muertos ni heridos", continúa.
Estas afirmaciones contradicen la explicación de los hechos que el día después de la liberación del Alakrana dio el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), José Julio Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del ministerio. En la misma, el JEMAD aseguró que tras asegurarse que el Alakrana no iba a volver a ser secuestrado, uno de los helicópteros fue en busca del último esquife pirata y "abrió fuego por la proa de ese esquife, y luego hacia la zona del motor" para tratar de detenerlo. Es más, llegó a especificar que fue el jefe del Mando de Operaciones, el general Jaime Domínguez Buj, quien dio la orden de Disabling fire.
En la misma información, se señala que los infantes de marina afirmaron que "no tiene explicación que los piratas pudieran escapar, sin capturar a ninguno de ellos. Con el entrenamiento y los medios técnicos de los que disponemos, es técnicamente imposible que puedan huir en un esquife sin ser interceptados y apresados", una reflexión cuanto menos extraña, ya que el diario dice que son los participantes de la operación los que hacen esas reflexiones y, lógicamente, conocerían a la perfección las causas por las que los piratas lograron escapar.
Los infantes de marines cuyas declaraciones recoge El Confidencial Digital dijeron que "las órdenes y reglas de combate que recibimos en el Índico eran de disuadir e intimidar con nuestra presencia. No responder, salvo si éramos atacados con fuego". "No entendemos qué hacíamos allí. Parece que íbamos a regalar caramelos", sentencian.
Por último, afirmaron que "estamos quemados. No sólo hemos quedado en entredicho ante los piratas y para futuros ataques a otros barcos, sino también ante otros países. La Armada española se ha convertido ahora en el hazmerreir de otros ejércitos. Incluso algunos han puesto en duda nuestro valor", concluyen.
Boletín Oficial de Defensa de 26 de octubre de 2009.
MUSEOS
Orden Ministerial 64/2009, de 20 de octubre, por la que se crea la figura del Comisionado Jefe del Programa del Museo Militar del Castillo de San Fernando en Figueres (Girona). Mediante Ley 52/1960, de 21 de julio, se produjo la cesión al Ayuntamiento de Barcelona del Castillo de Montjuic, estableciéndose, no obstante, en dicho castillo un museo militar. Posteriormente, por Orden de 27 de abril de 2007, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se modifica la cesión al Ayuntamiento de Barcelona del Castillo de Montjuic, para ser destinado a centro de la paz, publicada por Resolución de 3 de mayo de 2007, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, fue revisado el destino entonces señalado, atendiendo, según el preámbulo de dicha disposición, a la voluntad de las Administraciones Públicas interesadas, para destinarlo de forma permanente a centro de la paz, regido por un consorcio participado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Defensa y la Generalitat de Cataluña.
Por ello, se ha considerado oportuno, con el acuerdo de la Junta de Promotores del Consorcio «Castillo de San Fernando», creado en virtud del Convenio de colaboración suscrito con fecha 6 de noviembre de 2003 entre el Ministerio de Defensa, Gobierno de la Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Figueres para la puesta en valor cultural del Castillo de San Fernando en Figueres, trasladar los fondos del Museo de Montjuic al edificio del Gobernador del Castillo, para configurar allí un nuevo museo militar referido principalmente a Cataluña.
Procede pues coordinar los trabajos de traslado de los fondos del museo desde Barcelona a Figueres, y de rehabilitación de los espacios que los han de contener y establecer un programa museológico, con los medios que el Ministerio de Defensa y otras Administraciones Públicas faciliten al efecto, a través de un órgano de trabajo específico hasta la inauguración del nuevo museo.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación de la figura del Comisionado Jefe del Programa del Museo de Historia Militar en el Castillo de San Fernando en Figueres (Girona). Bajo mi dependencia directa se crea la figura del Comisionado Jefe del Programa del Museo Militar en el Castillo de San Fernando en Figures (Girona). El Comisionado, cuyo nombramiento corresponde a mi autoridad, recaerá en un Oficial General u Oficial en situación de servicio activo, reserva o segunda reserva, de acreditada solvencia en la materia.
Artículo 2. Cometidos del Comisionado. Corresponde al Comisionado la realización de los siguientes cometidos: a) Llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para impulsar y dirigir la puesta en marcha del Museo Militar del Castillo de San Fernando de Figueres (Girona). b) Supervisar y coordinar la elaboración de estudios de carácter específico que se requieran para el adecuado desarrollo del programa. c) Velar por el mejor cumplimiento de las previsiones actuales del desarrollo del programa, proponiendo, en su caso, la adopción de las medidas y adaptaciones necesarias que permitan llevarlo a buen término. d) Coordinar los trabajos de traslado de los fondos del Museo de Barcelona al Museo Militar en el Castillo de San Fernando en Figueres (Girona). e) Coordinar los trabajos de rehabilitación de los espacios que los han de contener. f) Establecer un programa museológico con los medios que el Ministerio de Defensa y otras Administraciones Públicas faciliten al efecto. g) Informar, con la periodicidad que se determine, de las actividades desarrolladas.
Artículo 3. Relaciones internas y externas del Comisionado. El Comisionado podrá relacionarse directamente con los órganos directivos del Ministerio de Defensa y de los Cuarteles Generales de los Ejércitos, así como con los de la Generalitat de Cataluña y de los Ayuntamientos de Figueres y Barcelona, y recabar de ellos, en su caso, cuantos datos e informes considere necesarios.
Disposición final única. Vigencia. La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» y, en la fecha de inauguración del Museo Militar del Castillo de San Fernando en Figueres (Girona), el Comisionado cesará en sus funciones, finalizando la vigencia de esta Orden Ministerial.
Madrid, 20 de octubre 2009.
CARME CHACON PIQUERAS
EL secuestro del «Alakrana» ha dejado en las Fuerzas Armadas una huella de insatisfacción, no por la suerte final de los secuestrados, sino por el papel secundario que han tenido en su desarrollo. Un comunicado interno de un alto oficial de la Infantería de Marina demuestra la disposición que tenían las unidades especiales desplazadas al Índico para rescatar el «Alakrana». «Su único anhelo era asaltar el pesquero y liberar a los rehenes», dice el escrito. No hay una sola palabra que exprese indisciplina o desobediencia a las órdenes del Gobierno. La profesionalidad y el rigor castrense están presentes en cada una de las ideas que transmite el oficial autor del documento, quien no esconde, eso sí, la necesidad de reivindicar a los militares que participan en la operación «Atalanta» y, especialmente, a los integrantes de las unidades de asalto que fueron movilizadas en menos de 24 horas para ser luego lanzadas en paracaídas sobre el Índico y recogidas por los buques de guerra «Canarias» y «Méndez Núñez». Por eso se refiere especialmente al confuso episodio de la persecución de los piratas que abandonaron el «Alakrana» con el botín del secuestro y dice que «en el último momento actuando siempre escrupulosamente a las órdenes del Gobierno, se intentó pero no se pudo capturar a los piratas como nos hubiera gustado». A buen entendedor, pocas palabras bastan.
La cuestión que sigue sobre la mesa es saber si las instrucciones que dio el Gobierno eran adecuadas para la detención de los piratas. Y esta duda remite a la responsabilidad del Gobierno por dirigir una operación militar contra la piratería como si fuera un control policial de alcoholemia en una carretera local. Han pasado ya días suficientes para recibir una explicación que no llega, probablemente porque no sea otra que la falta de aptitud del Gobierno para tomar decisiones graves. El uso de la fuerza contra los secuestradores, estén huyendo o en tierra, es una opción legítima si hay un despliegue militar. El Gobierno no debe escudarse tras nuestros militares, excelentes profesionales, para tapar o compartir sus torpezas. Son suyas y de nadie más.
El Ministerio de Defensa ha difundido un comunicado en el que no desmiente que la decisión de traer a los piratas detenidos el pasado día 3 de octubre correspondiera a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
La nota, de tres párrafos, se limita a señalar que la detención fue ordenada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), José Julio Rodríguez, "a la luz de los diversos informes que tenía en su haber" y siguiendo "las normas de la 'operación Atalanta', tal y como ha publicado EL MUNDO.
La polémica está, sin embargo, en quién decidió qué hacer con los piratas una vez que fueron detenidos. Sobre este punto, la nota del departamento que dirige Carme Chacón no dice nada, evitando así desmentir la información publicada por EL MUNDO, en la que se indica que fue una decisión que tomó De la Vega, en contra del criterio de Defensa, que prefería entregarlos a Kenia.
Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha defendido la actuación de Baltasar Garzón al ordenar trasladar a los piratas a Madrid y ha asegurado que el juez desconocía que "existiera intención" de trasladarlos a Kenia.
