ARFAGA

En su intervención ante el pleno del Congreso y en respuesta a las demandas de la diputada del BNG Olaia Fernández Davila, la ministra de Defensa, Carme Chacón, destacó la importante presencia militar existente en Galicia, donde hay destinados actualmente más de 7.000 militares, a los que hay que sumar 1.500 funcionarios que trabajan en las dependencias del Ministerio de Defensa. «Esta relevante presencia -dijo Chacón- aporta consecuencias positivas para la sociedad».

La repentina renuncia del general Vicente Díaz de Villegas a su puesto al mando de la misión de la ONU en el Congo ha provocado una virulenta reacción en el Estado Mayor de la Defensa y en el Cuartel General del Ejército. Mientras hay quien asegura que tiene el apoyo del jefe del Ejército, el general Coll, compañeros suyos de ambos organismos no han dudado en criticar abiertamente una decisión que pone en riesgo, afirman, las posibilidades de España de volver a liderar una misión internacional. Argumentan que, en contra de lo que pasó con la retirada de Irak, que fue una decisión política que los militares tuvieron que acatar, aquí es uno de ellos el que se bate en retirada, dejando la imagen de sus compañeros ante la ONU y la OTAN por los suelos. Y eso, sentencian, «no lo perdonan» en esos organismos. Una renuncia de este tipo, a una misión de ese calibre, concluyen, es «incomprensible» y está «fuera de lugar». Insisten en que esto perjudicará a otros generales.

Pero mientras algunos se lamentan, otros callan porque nadie más quiso ir a ese puesto, porque se tuvo que habilitar a un general de división para un mando de teniente general y porque saben cómo funciona la ONU. Este último punto es una de las cuestiones que, según fuentes militares, apresuró su decisión, que comunicó días antes al Estado Mayor y al Ministerio. El general no recibió informes de la misión antes de llegar y allí se encontró con una fuerza desestructurada con medios limitados. Según estas fuentes, su superior civil, Alan Doss, llegó a mandar operaciones militares contra los rebeldes sin tener en cuenta al general, que contaba con una fuerza de 16.000 hombres, la misma que en Kosovo, para un país veintitrés veces mayor.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó hoy que la Guardia Civil tiene restringidos algunos derechos por su carácter militar, por lo que defendió que el Gobierno tiene que estudiar «con prudencia y mesura» la posibilidad de sancionar a los guardias civiles que participaron en la manifestación del pasado 18 de octubre.

Por su parte, el PP se opuso a las sanciones pero defendió que, en caso de que no se produzcan, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, deberá presentar su dimisión por «pérdida de autoridad».

Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Rubalcaba hizo referencia al carácter militar de la Guardia Civil y explicó que esto implica la restricción de algunos de sus derechos, como los de manifestación política y sindical. «Y otra cosa no, pero la manifestación fue sindical en estado puro», subrayó.

Por ello, enfatizó que corresponde al Gobierno recordar las limitaciones que existen «y a las asociaciones cumplir la ley» y explicó que ahora el Ejecutivo pondrá «la misma determinación» en aplicar la legislación «para que tengan derechos y también para los deberes».

De esta forma, insistió en que la Benemérita «tiene sus mecanismos disciplinarios» y se harán informes sobre la manifestación. «El Gobierno tiene la obligación de aplicar la ley en todos los sentidos, y lo vamos a hacer con la prudencia y la mesura que nos caracteriza», insistió.

Desproporción en las sanciones

Por su parte, el portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ignacio Cosidó, preguntó a Rubalcaba si su Ministerio aplicará finalmente las sanciones tal y como advirtió Velázquez en una circular a todas las unidades. En este sentido, vio una «desproporción» que el Ejecutivo socialista sancionara a 20 promotores «de uniforme» en la concentración de enero de 2007 y pretenda ahora abrir expedientes contra los agentes «de paisano y sin armas» que se manifestaron este 18 de octubre. Dicho esto, recordó que el director general de la Policía y la Guardia Civil dictó «una orden amenazándoles con sancionarles si asistían», y frente a ello, dijo, los guardias civiles acudieron a la protesta. Por ello, sentenció: «O Velázquez sanciona a los guardias, cosa que mi grupo cree que es excesivo, o no sancionan pero Velázquez dimite porque ha perdido su autoridad». «O sancionan, o no sancionan pero el director general no puede estar ni un minuto más al orden de la Dirección», advirtió.

Cosidó también censuró el «recorte» de libertades sindicales realizado por Interior, aspecto en el que puso de manifiesto las denuncias presentadas por algunas asociaciones profesionales de la Guardia Civil contra Velázquez por un posible delito de coacciones.

«La estrategia meramente disciplinaria va a complicar el conflicto más», avisó el dirigente ‘popular’, para considerar que el Cuerpo está «cansado» del «doble discurso» socialista. «Cuando está en la oposición va a la calles a manifestarse y cuando está en el Gobierno sanciona a los que llevan la pancarta», apostilló.

En su intervención, Rubalcaba defendió que el Gobierno ha estado en todo momento «abierto» al diálogo con los sindicatos policiales mientras que éstos han «rechazado» en varias ocasiones su asistencia a las mesas de negociación convocadas en los últimos meses por su departamento. «No nos va a costar nada sentarnos a la mesa porque nunca nos hemos levantado», sentenció el ministro en cualquier caso.

Rubalcaba aseguró que el sueldo medio de un policía o un guardia civil se ha incrementado en un 10,52 por ciento más que el resto de funcionarios de la Administración General del Estado. «Un policía y un guardia civil han visto como sus salarios crecían en estos años un 10,52 por ciento más que un diplomático o un inspector de hacienda», subrayó, para apuntar que las dotaciones económicas en el Cuerpo han subido más de un 47 por ciento en los últimos cuatro años.

Destacó que el Gobierno ha realizado «el esfuerzo presupuestario más grande de nuestra historia democrática» dedicado a las fuerzas de seguridad, y señaló que su línea política se ha basado en «más personal, más medios y mejores condiciones de trabajo posible».

Dicho esto, consideró conveniente convocar el Consejo de Policía una vez «exista un acuerdo básico» con las centrales sindicales, aunque dijo que si la única forma de desbloquear el conflicto es reunir este Consejo el Ministerio procederá a hacerlo. En cuanto a la Guardia Civil, recordó el nuevo estatuto jurídico aprobado en estos años —Ley Orgánica de Derechos y Deberes y Ley del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil—, e incidió en que las elecciones del Consejo del Instituto Armado se celebrarán en enero, tal y como ha pactado con la asociación mayoritaria, la AUGC.

«Mal pagados y mal tratados»

Por su parte, la diputada de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, defendió que los efectivos de Policía y Guardia Civil están «mal tratados y mal pagados» y, aunque reconoció que en el pasado estaban en peor situación, pidió «no tomar el retrovisor por horizonte». De esta forma, criticó la desigualdad de los cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas y el tratamiento que reciben del Ministerio del Interior.

Asimismo, se sumó a las críticas por el llamamiento hecho por parte del Gobierno a los guardias civiles para no asistir a la manifestación y lamentó que se trata de una actitud «condenable» porque «no corresponde con los tiempos democráticos actuales». «No puedo sino reprobar su actuación y su forma de comportarse en este sentido», indicó al ministro.

El representante de IU, Gaspar Llamazares, también realizó un llamamiento al Gobierno para que negocie con las FCSE «sin prisas pero sin pausa» y se mostró preocupado por «las amenazas y las represalias» mientras que «faltan cumplimientos» por parte del Ministerio del Interior.

En este contexto, el diputado del PNV Emilio Olabarria se sumó a la crítica de Llamazares de que la Guardia Civil continúe siendo un cuerpo militar y rechazó que puedan abrirse expedientes disciplinarios por participar en la marcha, a la vez que calificó como «repudiables y rechazables» las advertencias de no asistir.

Por parte de CiU, Mercé Pigem reconoció que los avances a lo largo de la legislatura han sido «importantes», pero advirtió que «no suficientes», y pidió al Ministerio una postura activa para solucionar el conflicto. Además, apostó porque «afloren» los derechos de la Guardia Civil y rechazó también que la apertura de expedientes pueda ser la mejor manera de «quitar hierro a este asunto».

Militares que, además de trabajar en un infierno de calor, polvo y lagartos para hacer llegar por aire la ayuda donde es imposible ir por tierra, aún tienen tiempo de emular a la selección española y vapulear a los otros contingentes en el campo de fútbol. Enterada de esta habilidad, la ministra de Defensa, Carme Chacón, que pasó ayer apenas cinco horas en la base situada a las afueras de la capital chadiana, Yamena, les regaló camisetas de la selección y, de paso, a un teniente, de parte de Iker Casillas, una elástica mini para su recién nacido.

Chacón, acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez, aterrizó en Chad hacia las siete de la mañana, y menos de seis horas después ya estaba otra vez de vuelta. Esto teniendo en cuenta que estuvo el doble de tiempo en el avión que sobre el terreno. En ese breve periplo tuvo tiempo de hacerse fotos con el contingente español, en los aviones de transporte, en las tiendas de los militares («mejores que las de los franceses», se ufanan), con la «selección» y con grupos varios de soldados. Además, se entrevistó con el primer ministro y el titular de Defensa locales, recibió las explicaciones pertinentes del jefe del destacamento «Sirius», el teniente coronel García Sipols, y asistió a un acto atípico nada más llegar. Revista a la compañía multinacional e izado de la bandera de la Unión Europea al son del «Himno de la alegría», sin grandes honores a la ministra ni homenaje a los caídos. A lo que no le dio tiempo es a ofrecer una rueda de prensa. Chacón, en su discurso a las tropas, quiso destacar el trabajo que realizan, que calificó de «vital» y «excelente», y resumió su labor con un poético «los pies en el suelo y la cabeza puesta en lo más alto». Es la cuarta visita que Chacón realiza a las tropas en el extranjero, tras Líbano, Bosnia y Afganistán. Sólo le falta Kosovo. En un principio, el despliegue de Chad acabará en marzo de 2009, cuando la UE entregue la responsabilidad de la misión a la ONU.

Desde el viernes pasado existen sobre el papel los centros universitarios de la Defensa. El Consejo de Ministros los aprobó, para ubicarlos en las academias militares de Zaragoza, Marín y Cartagena, como entes independientes que actúan al alimón con las universidades de la capital aragonesa, de Vigo y la politécnica cartaginense. Pero en esos centros no se impartirá la Alianza de Civilizaciones, como sí se hará en las academias generales y en el curso de integración de las escalas de oficiales, según aseguraron a este diario fuentes militares y docentes. La exclusión de esta materia de esos centros es «preliminar», puntualizan, por cuanto antes de la entrada en funcionamiento de los centros universitarios de Defensa se deben firmar una serie de convenios con las tres universidades que diseñarán y regirán los cursos que se impartirán para la obtención del curso.

El Ministerio de Defensa envió antes del verano una instrucción llamada «Actuaciones del Ministerio de Defensa en el ámbito del Plan Nacional de la Alianza de Civilizaciones», en el que instaba a «garantizar la formación del personal militar docente en los principios, valores y objetivos de la Alianza de Civilizaciones» e incorporarlos al material didáctico y formativo de los centros de formación militares. Pero el caso de los centros universitarios de la Defensa es distinto porque no actúa sólo el departamento de Carme Chacón, sino que su gestión dependerá de un patronato mixto entre el Ministerio y las universidades que otorgarán el grado universitario a los militares que estudien en ellos.

Los estudios en los centros universitarios de Defensa están sujetos no sólo a la libertad de cátedra que impera en las universidades españolas, sino a los principios recogidos en el modelo de Bolonia, porque la inclusión de la Alianza de Civilizaciones en ellos ha chocado contra ambos y contra la opinión de las propias universidades de las que dependerán esos centros, que estarán físicamente ubicados en las academias antes citadas.

La gestión de esta nueva figura corresponderá al citado patronato que presidirá un representante de la Subsecretaría de Defensa y que nombrarán el director de cada centro. Los planes de estudio, según las fuentes citadas, dependerán de ese trabajo conjunto entre las universidades y el Ministerio, que tendrán que desarrollarlos para que entren en vigor en septiembre del año 2010, coincidiendo con la puesta en marcha del espacio europeo de educación procedente de los acuerdos de Bolonia.

Estos centros aportarán a los oficiales de los Cuerpos Generales de las Fuerzas Armadas y de Infantería de Marina no sólo la formación militar que ya reciben en las academias de oficiales sino un grado universitario del sistema educativo general.

El proyecto original elaborado en la anterior legislatura comprendía la creación de una Universidad de la Defensa, pero se topó con la oposición de la Armada y de los rectores de las universidades públicas, que veían en ella una centro educativo de élite incompatible con el sistema educarivo.

Carme Chacón trasladó hoy a los militares españoles desplegados en la base multinacional Camp Europa, en Yamena (Chad), que su misión es «clave y vital» para el éxito de la operación de la Unión Europea EUFOR Chad-RCA, al tiempo que destacó su papel como «emisarios del pueblo español» y garantes del «único corredor aéreo humanitario» del país centroafricano.

En su discurso ante una representación de los 88 militares del Ejército del Aire que componen el destacamento Sirius en la base Camp Europa, Chacón afirmó que «el único corredor humanitario posible» es que el garantizan los efectivos españoles y destacó el hecho de que dos de cada tres vuelos humanitarios sean operados con sus aviones, que han completado más de 640 horas de vuelo y han trasladado más de 300 toneladas de carga y 6.000 pasajeros.

«Solo así Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias pueden salvar vidas, repartir alimentos y agua y curar a los enfermos», destacó la titular de Defensa, para después incidir en que el «principal desafío» de la misión europea en la que se encuadra el destacamento español es «la logística» y, por ello, su misión es «clave y vital para el conjunto de la operación, para su éxito». La titular de defensa avanzó que España participará activamente en las negociaciones para la transición «en las mejores condiciones posibles» de la misión de la Unión Europea hacia una operación de Naciones Unidas, prevista para marzo de 2009, pero no aclaró si España tomará parte en el nuevo despliegue.

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La desgracia de los militares españoles es que siempre les toca a ellos comerse el marrón. Normal, es gente disciplinada y de primera, profesionales que allí donde van quedan maravillosamente bien, se llame el destino Bosnia, los Balcanes, Irak o Afganistán. Aunque por eso mismo no deja de ser injusto que tengan que bailar con la más fea y, sobre todo, que se les obligue a engullir el invento de la Alianza de las Civilizaciones, matraca conceptual que se sacó un día Zapatero de la manga como alternativa a Bush y a las cumbres del G-8 y el G-20, y cuyo fantasma sigue deambulando por las cancillerías sin que sepan muy bien unos y otros qué hacer para quitárselo de encima.

El problema es que la dura realidad se ha ido poco a poco abriendo paso entre zarpazos de crisis sub-prime y crisis financiera, pero la famosa Alianza sigue ahí, sin que nadie se acuerde de ella. O mejor dicho, casi nadie. Porque a nuestros militares les han clavado el tema como asignatura obligatoria para su formación en las Academias básicas, de manera que serán ellos los únicos empleados públicos especializados en el arte de saber como saludar a un turco sin que se enfade, como invitar a comer a un magrebí, y como darle la mano a una mujer del Kurdistán. Que a eso se debe referir la famosa Alianza.

El general español Vicente Días de Villegas renunció ayer al mando de la mayor misión de la ONU, la del Congo, después de un mes en el cargo. El militar, que había logrado un puesto de gran relevancia asumiendo la dirección de esta misión, se marcha por «razones personales». Su nombramiento suponía que estaría en el puesto un año prorrogable a otros dos, pero apenas ha llegado a un mes. Por el momento, su responsabilidad será asumida por el general de brigada Ishmeel Ben Quartey, de Ghana, hasta que se encuentre el sustituto idóneo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea el sistema de centros universitarios de la Defensa para su adscripción, mediante el correspondiente convenio, a una o varias universidades públicas con la finalidad de impartir las enseñanzas universitarias oficiales que acuerde el Ministerio de Defensa en función de las necesidades de la defensa nacional y las exigencias del ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas.

El Real Decreto regula el régimen general de los centros universitarios de la Defensa, que se crearán para la formación de los oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, de acuerdo con la Ley de la Carrera Militar en la que se diseña un nuevo modelo de enseñanza. Este modelo comprende, por una parte, la formación militar general y específica que se imparte en las Academias Militares y, por otra, el otorgamiento de un grado universitario del sistema educativo general, conforme al modelo de Bolonia, que se obtendrá en un centro universitario de la Defensa.

Convenios con Universidades

Los centros universitarios de la Defensa se crearán y regirán por sendos convenios entre el Ministerio de Defensa y las Universidades de Zaragoza, Vigo y Politécnica de Cartagena, que son las que se pueden relacionar con las Academias Generales de Zaragoza y San Javier, y con la Escuela Naval de Marín. Serán centros dependientes de cada universidad, pero estarán ubicados en las referidas escuelas militares. La gestión de los mismos estará a cargo de un Patronato mixto (Ministerio de Defensa-Universidad), que presidirá un representante de la Subsecretaría de Defensa.

Una vez firmados los convenios, antes de que finalice 2008, los respectivos Patronatos podrán nombrar a los directores de los centros universitarios, lo que se podrá llevar a cabo a lo largo de 2009. Además, la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa iniciará las obras para construir o, en su caso, acondicionar los edificios que albergarán los centros docentes dentro de cada Academia.

Por su parte, tras la firma de dichos convenios, las universidades iniciarán el procedimiento de homologación de los planes de estudio, lo que corresponde a las Consejerías de Educación de cada Comunidad Autónoma. Los nuevos planes de estudios entrarán en vigor en septiembre de 2010, fecha en la que se pondrá en marcha en toda España el Espacio Europeo de Educación.

La Armada acordó ayer no ejecutar la sanción impuesta al cabo primero Jorge Miguel Gago en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Esta decisión se adoptó a la vista del informe médico pericial consecuencia del reconocimiento extraordinario realizado el pasado miércoles en el Hospital Básico de la Defensa de Ferrol al citado cabo. Así pues, con esta decisión, el expediente ha sido archivado con carácter definitivo, tal y como informó a última hora de la tarde de ayer la Armada a través de un comunicado de prensa.

El cabo Gago había sido sancionado con dos meses de arresto en un establecimiento disciplinario militar “como autor de una falta grave” consistente, según la Armada, en realizar “reclamaciones o manifestaciones contarias a la disciplina a través de un medio de comunicación social acerca del accidente que le costó la vida a dos de sus compañeros, Erik Noval y Francisco Castrillón, la madrugada del 19 de diciembre de 2005 a bordo de la fragata Extremadura”. Dicha sanción se encontraba suspendida hasta conocer el resultado del reconocimiento médico realizado el miércoles en atención a problemas de tipo psíquico que el expedientado había alegado que padecía.

Tras conocerse la noticia -Jorge Miguel Gago tuvo que presentarse en torno a las ocho de la tarde en el Arsenal Militar- sus padres no ocultaban su alegría si bien declinaron hacer declaraciones al ser advertidos de que serían causa de otro expediente. Únicamente su padre, Miguel Gago, reconoció que tanto a él como a su mujer “nos asustaba mucho que fuera a la cárcel”. “Nuestro hijo está muy cambiado, ahora tenemos que recuperar no al cabo sino al ser humano, pues esto le ha hecho mucho daño y lo ha cambiado mucho”, manifestó, expresando su deseo de que se aclare el accidente ocurrido en la fragata “Extremadura”.

"Nos niegan derechos mientras a los asesinos de nuestras familias les dan beneficios penitenciarios"Los guardias civiles continúan indignados por el trato recibido por parte del Ejecutivo por acudir a la manifestación del pasado sábado. En declaraciones a COPE, la Unión de Oficiales se ha preguntado por qué se niega el derecho a manifestarse a los agentes, derecho amparado en 2007 tras ser aprobado por este Gobierno, "mientras a los asesinos de nuestras familias y de nuestros amigos les dan beneficios penitenciarios". Han denunciado además que "no tiene sentido" que existan enormes diferencias saláriales con las policías autonómicas cuando "el dinero sale de la misma caja".

Los guardias civiles están indignados con la campaña que desde el Ministerio del Interior y la Dirección General del Cuerpo han llevado a cabo tras la manifestación que realizaron el pasado sábado en Madrid en la que exigieron dignidad profesional y la equiparación de salarios con las policías autonómicas.

La idea parte de una reunión del Consejo Asesor de Personal durante el periodo en el que era jefe de Estado Mayor del Ejército (Jeme) el general Carlos Villar Turrau. Las decisiones que toma el consejo van acompañadas de un informe del Jeme, que es la persona encargada de elevarlo a la Subsecretaría de Estado de Defensa, competente en materia de personal, para que apruebe o rechace las propuestas acordadas.

El reglamento de recompensas establece que el distintivo rojo se concederá a aquellos que acrediten valor y «dotes significadas de mando, serenidad o iniciativa frente a fuerzas hostiles», a los que tengan «una acertada dirección o empleo de las fuerzas propias en el desarrollo de la operación armada» y a los que fallezcan en acto de servicio en misiones en el exterior «como consecuencia de acciones violentas de elementos hostiles, tales como atentados con explosivos, minas o supuestos análogos».

La Subsecretaría también rechazó la propuesta elevada por el Ejército de que los trienios computen a partir del primer día de ingreso en las Fuerzas Armadas porque no está previsto modificar el reglamento de retribuciones.

AUME protesta por la bajada de pensiones por invalidez

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) manifestó ayer «el malestar y la preocupación» de los militares y sus familias por la reducción en un 25 por ciento de la cuantía de las pensiones para militares incapacitados para el servicio que no tengan más de 20 años de antigüedad en las Fuerzas Armadas, bajada que bautizó como el «pensionazo». En un comunicado, AUME denunció que una vez más «los ciudadanos de uniforme» vuelven a ser objeto de «un trato negativo» por parte del Gobierno y adelantó que se ha puesto en contacto con asociaciones de policías y guardias civiles para «trabajar en común» e «impedir la definitiva consolidación del "pensionazo"». Avisó además de que no descarta que, «a la vista de las demandas de sus afiliados», pueda promover «iniciativas para ejercitar derechos fundamentales previstos en la Constitución, para la defensa de los intereses sociales, económicos y profesionales y el cumplimiento de sus fines estatutarios». La asociación explicó que está recibiendo «un número muy importante de llamadas y de consultas» de militares y familiares por la «sorpresiva modificación» de varios artículos de la Ley de Clases Pasivas.

Por ello, desde la Unión de Oficiales del Instituto Armado han enviado una carta a los partidos políticos para que pidan la comparecencia del director de la Guardia Civil y de la Policía Francisco Javier Velázquez. Con esta misiva pretenden que los partidos, ante el "sorprendente ataque a los derechos de los guardias" se pregunten por qué se niega el derecho a manifestarse a los agentes mientras "a los asesinos de nuestras familias y de nuestros amigos les dan beneficios penitenciarios".

A su juicio, el Gobierno ha conseguido desviar la atención de las verdaderas reivindicaciones de la manifestación centrando toda la polémica en la teórica prohibición de manifestarse. "Los guardias civiles no éramos el problema de esta manifestación" ya que "la reivindicación principal era la diferencia salarial con las policías autonómicas".

De hecho, las diferencias de sueldos entre la Benemérita y los Mossos o la Ertainzta puede llegar a los 500 euros mensuales en la escala básica. Denuncian que "no tiene ningún sentido que haya estas diferencias cuando el dinero sale de la misma caja".

Ante los repetidos mensajes del Gobierno, la Unión de Oficiales aclaró que "no se puede decir que los guardias civiles incumplen la ley" al manifestarse y lanzó un mensaje al Ejecutivo al sentenciar que en primer lugar "tendría que decirlo alguien que cumple la ley". En este sentido, explicó en COPE que en 2007 se aprobó una normativo sobre los derechos y deberes de los agentes que permitía la manifestación mientras se fuera de paisano y sin armas.

Además, han acusado a la dirección del Instituto Armado de tener mala intención a la hora de sancionar a los agentes que acudieran a la marcha del pasado sábado. Por un lado pretendían sancionar con una falta muy grave a cada guardia que acudiese a la manifestación mientras que con el envío urgente de una circular el jueves que prohibía la asistencia se quería acusar de otra falta muy grave de desobediencia.

MADRID- El Ministerio de Defensa, que dirige Carme Chacón, ha desestimado la propuesta del Ejército de Tierra para dotar de una pensión vitalicia a los militares o las familias de éstos que hayan sido condecorados con la cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. La idea, nacida en el Consejo Asesor de Personal del Ejército, fue trasladada a la Subsecretaría de Estado de Defensa para su estudio, pero la respuesta fue negativa. El argumento, que «la normativa no contempla la percepción de una pensión vitalicia» para quienes reciban esta distinción, que se concede a quienes han demostrado especial valor o sean víctimas de actos terroristas en misiones en el extranjero.

Según el boletín «Tierra», la propuesta de la pensión vitalicia trataba de equiparar la situación de los militares condecorados con la de los policías y guardias civiles que recibían este reconocimiento, los cuales gozan de una paga de por vida por recibirla.

La idea parte de una reunión del Consejo Asesor de Personal durante el periodo en el que era jefe de Estado Mayor del Ejército (Jeme) el general Carlos Villar Turrau. Las decisiones que toma el consejo van acompañadas de un informe del Jeme, que es la persona encargada de elevarlo a la Subsecretaría de Estado de Defensa, competente en materia de personal, para que apruebe o rechace las propuestas acordadas.

El reglamento de recompensas establece que el distintivo rojo se concederá a aquellos que acrediten valor y «dotes significadas de mando, serenidad o iniciativa frente a fuerzas hostiles», a los que tengan «una acertada dirección o empleo de las fuerzas propias en el desarrollo de la operación armada» y a los que fallezcan en acto de servicio en misiones en el exterior «como consecuencia de acciones violentas de elementos hostiles, tales como atentados con explosivos, minas o supuestos análogos».

La Subsecretaría también rechazó la propuesta elevada por el Ejército de que los trienios computen a partir del primer día de ingreso en las Fuerzas Armadas porque no está previsto modificar el reglamento de retribuciones.

AUME protesta por la bajada de pensiones por invalidez

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) manifestó ayer «el malestar y la preocupación» de los militares y sus familias por la reducción en un 25 por ciento de la cuantía de las pensiones para militares incapacitados para el servicio que no tengan más de 20 años de antigüedad en las Fuerzas Armadas, bajada que bautizó como el «pensionazo». En un comunicado, AUME denunció que una vez más «los ciudadanos de uniforme» vuelven a ser objeto de «un trato negativo» por parte del Gobierno y adelantó que se ha puesto en contacto con asociaciones de policías y guardias civiles para «trabajar en común» e «impedir la definitiva consolidación del "pensionazo"». Avisó además de que no descarta que, «a la vista de las demandas de sus afiliados», pueda promover «iniciativas para ejercitar derechos fundamentales previstos en la Constitución, para la defensa de los intereses sociales, económicos y profesionales y el cumplimiento de sus fines estatutarios». La asociación explicó que está recibiendo «un número muy importante de llamadas y de consultas» de militares y familiares por la «sorpresiva modificación» de varios artículos de la Ley de Clases Pasivas.

En los días previos a la manifestación, tanto el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como Velázquez advirtieron a los guardias civiles de que se arriesgaban a ser expedientados, e incluso a ser expulsados del Cuerpo, si acudían a la protesta convocada por los sindicatos policiales en demanda de la equiparación salarial con las Policías autonómicas y locales.

Velázquez remitió una circular a todos los cuarteles en la que afirmaba que la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil prohíbe que los agentes convoquen o participen, de forma individual o colectiva, en actos políticos o sindicales.

La Unión de Oficiales, cuyos dirigentes decidieron no acudir a la manifestación para no exponerse a las sanciones, consideran que se les ha impedido ejercer su legítimo derecho a participar en una manifestación legal "utilizando para ello la 'intimidación' por escrito".

En la denuncia, solicitan que se tome declaración al director general de la Guardia Civil y a tres de los miembros de la Junta Directiva de la asociación.

Por su parte, la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) ha pedido en un comunicado el cese inmediato de Velázquez "por sus inquietantes amenazas de sanción a los guardias civiles que participarán en la manifestación, por su nula capacidad para desarrollar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes (...) y por su manifiesta falta de dialogo con las asociaciones profesionales".

El Ministerio de Defensa ha desestimado modificar el reglamento de recompensas militares para que los miembros de las Fuerzas Armadas distinguidos con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo perciban pensión vitalicia, como ocurre en la Policía y la Guardia Civil, petición planteada por el Ejército de Tierra.

Esta fue una de las propuestas aprobadas a primeros de año por el Consejo Asesor del Ejército de Tierra, órgano con representación de todos los empleos del Ejército, elevada al entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), general Carlos Villar, para su estudio y traslado al entonces ministro de Defensa, José Antonio Alonso. Sin embargo, ya con Carmen Chacón como ministra, una resolución de la Subsecretaría de Defensa desestima la propuesta porque la normativa no contempla la percepción de una pensión vitalicia, según informa en su último número el boletín "Tierra" del Ejército de Tierra.

El Consejo Asesor planteó esta iniciativa para evitar la discriminación de los miembros de las Fuerzas Armadas en relación al tratamiento de recompensas con percepción económica que por los mismos hechos y acciones se concede a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil. Las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivo rojo, se conceden al personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, cuando hayan realizado acciones, hechos o servicios contemplados en los artículos 36 y 37 del Reglamento General de Recompensas Militares y en el Real Decreto 970/2007, de 13 de junio, que contiene modificaciones en este ámbito.

No pueden tener más razón guardias civiles y policías nacionales cuando aseguran que no son ni más ni menos que ertzainas o mossos de escuadra y no pueden ser más justas sus exigencias de equiparación salarial con esos dos cuerpos autonómicos para mantener un estatus similar.

Para lograr ambos objetivos, este sábado tuvo lugar en Madrid la primera marcha convocada por todos los sindicatos policiales, incluido el del Instituto Armado, bajo la amenaza de expulsión del Ministerio del Interior, porque la Benemérita es un cuerpo militarizado que tiene prohibidas las manifestaciones reivindicativas, independientemente del motivo que sea. Esto es así y quienes ayer se sumaron en Madrid el acto de protesta lo saben, pero también es cierto que el Gobierno y el Ministerio del Interior propician y aplauden actuaciones similares de este mismo Cuerpo si lo hacen en contra del terrorismo en general o de un asesinato de algún compañero...

En esos casos, no reciben la llamada al orden ni la advertencia de expedientes disciplinarios. Los agentes, conscientes del marrón que les podía caer encima, diseñaron la manifestación como un acto festivo -vestidos de paisano- y realizado en su tiempo libre en el que, presumiblemente, se pueden dedicar a la actividad que deseen. Únicamente unos maniquíes uniformados con trajes antiguos y actuales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil daban a entender el motivo de la protesta. Además, uno de los muñecos decía: «Yo no hablo porque no me dejan».

MILES de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se manifestaron ayer en Madrid a pesar de las presiones del Ministerio del Interior para disuadir a los miembros de la Benemérita. En efecto, una circular firmada por el propio director general recordaba la vigencia del régimen disciplinario que establece la calificación de falta muy grave por acudir a actos de naturaleza sindical, con sanciones que podrían llegar hasta la expulsión del Cuerpo. Ocurre, sin embargo, que la reciente Ley de Obligaciones y Derechos de la Guardia Civil impide la convocatoria de manifestaciones, pero no la participación, por lo que es discutible la aplicación de dichas sanciones. Por lo demás, el éxito de la convocatoria demuestra que, lejos de intimidar, las amenazas han provocado una corriente de indignación, hasta el punto de que una asociación de oficiales anuncia una querella por coacciones contra los responsables políticos de Interior. Las malas relaciones entre los Cuerpos citados y el equipo actual del departamento quedaron al descubierto en la pasada legislatura y han generado en los últimos tiempos destituciones poco justificadas. Hay 140.000 miembros de ambos Cuerpos que consideran lógica y razonable la equiparación salarial prometida con la Ertzaintza, los Mossos de d´Esquadra o algunas policías municipales, frente a la disparidad actual que llega en algún caso al 30 por ciento. Esta reivindicación merece el apoyo de la opinión pública no sólo porque se trata de funciones equiparables sino porque, con frecuencia, sus competencias exigen una mayor nivel de preparación y responsabilidad. En el caso de la Guardia Civil no sólo es cuestión de sueldo, sino que hay una seria preocupación por la integración de escalas prevista por la ley de la Carrera Militar, a la vista de los problemas surgidos en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

La sociedad española reconoce la eficacia de la Policía y la Guardia Civil en garantía de la seguridad ciudadana. La lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la prevención de los delitos y el normal funcionamiento de la vida cotidiana son aspectos determinantes en una sociedad moderna y compleja. El Gobierno debe dotar a las Fuerzas de Seguridad de los recursos personales y materiales imprescindibles y, en este terreno, deben existir unas condiciones adecuadas de trabajo. Por ello, es un grave error forzar el desencuentro entre los responsables políticos y los profesionales que ejercen su labor con el máximo rigor y, con frecuencia, mediante sacrificios personales y familiares. Los agravios comparativos conducen a un malestar evidente. No bastan las buenas palabras y los elogios retóricos a las Fuerzas de Seguridad si no van acompañados por hechos concretos.

Rodríguez Zapatero es especialista en suscitar expectativas que luego no llegan a cumplirse. El PSOE impulsó una ley que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el ejercicio de determinadas libertades públicas sin establecer matices que podrían estar justificados por la peculiaridad de las funciones que desempeñan. En todo caso, unos y otros deben ser conscientes de los límites de lo socialmente admisible en cuanto a la expresión pública de sus pretensiones. La ley, apresurada y oportunista, plantea ahora problemas de interpretación y conduce a situaciones indeseables, porque será difícil argumentar que los guardias civiles que ayer se manifestaron en número muy significativo, junto a los de la Policía Nacional, frente al Ministerio del Interior incumplieron norma alguna, y resulta contradictorio que ahora el Gobierno trate de impedir lo que fue un compromiso del propio Ejecutivo. La opinión pública exige que Interior escuche estas reivindicaciones justas y ponga remedio a la discriminación, al tiempo que reclama mesura en los planteamientos al servicio de las altas funciones que se encomiendan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Madrid- Ni las presiones políticas de los últimos días ni las de los mandos en las últimas horas impidieron que ayer miles de policías y guardias civiles se echaran a las calles de Madrid en una protesta que, más allá de la cantidad de participantes (la clásica guerra de cifras), supone un serio aviso para el Gobierno. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se convirtió en el centro de las iras de los manifestantes, que tampoco se olvidaron de Zapatero.

La consigna era clara: «Dignidad económica y profesional». El resto, las pancartas, los gritos, se derivaban de ésta, embebidas de indignación pero revestidas de un ambiente festivo y ordenado, que para eso son agentes de la ley. De hecho, de la previsión inicial de circular por el lateral del madrileño Paseo de la Castellana se pasó a los carriles centrales para evitar problemas de seguridad en el Ministerio del Interior, ubicado en ese lateral.

La proclama era la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil con otros cuerpos policiales locales y autonómicos, tal y como prometió el Gobierno. Pero la motivación económica fue más allá hasta clamar por el «respeto» del ministro hacia el trabajo que realizan. Junto a nacionales y guardias civiles no faltaron mossos d?Esquadra, ertzaintzas, policías locales y agentes de otros países que quisieron solidarizarse con los convocantes, así como asociaciones como la Unificada de Militares Españoles.

El ambiente festivo, con bromas a los agentes locales que cortaban las calles («Quiero cobrar como un municipal», coreaban entre las sonrisas de los aludidos), no quitó para que algunos, perdidos quizá en las fechas y la cuestión que los movía, se disfrazaran de sacerdotes para ridiculizar no se sabe muy bien qué, mientras a su alrededor estallaba una traca tras otra.

En la cabecera, tras el lema «Policía y Guardia Civil por la dignidad económica y profesional», cuatro maniquíes uniformados representaban aquello que les queda prohibido a los agentes de verdad. Vestidos de policía nacional, de guardia civil, con el antiguo uniforme del Cuerpo Nacional (aquel que les brindó el apodo de «maderos») y con el de los «grises», los muñecos protestaban a su manera. El guardia civil se «quejaba» de que «yo no hablo porque no me dejan»; el policía preguntaba a Rubalcaba: «¿Tas enterao o repetimos?»; el «gris» clamaba porque «cobro menos que cuando vestía así» y el «madero» afirmaba que «también estaba mejor».

Consignas y reclamaciones

Tras los maniquíes, 25.000 personas según los organizadores, menos de 7.000 según Interior, armados con pitos y bocinas, exigían la dimisión de Rubalcaba, que les subiera la paga y le retaban con un unívoco «¡ministro, escucha, la poli está en lucha!». Éste fue seguido por un «¡Zapatero, embustero!», otro de «¡Rubalcaba, da la cara!» y por exclamaciones comunes a cualquier protesta contra el Gobierno. Los ocupantes de los casi doscientos autobuses que acudieron hasta la plaza de Rubén Darío concluyeron en la de Colón. Allí, el manifiesto fue claro: «La presión no ha sido suficiente porque aquí estamos todos. No tenemos miedo. El miedo lo debería tener el señor ministro por tener a la Guardia Civil y a la Policía cabreada por el incumplimiento de las promesas», proclamó el secretario general de la Unión de Guardias Civiles, Manolo Mato.

Durante el discurso, a cargo del portavoz de la Unidad de Acción Sindical, José Antonio Fuentes Gago, se pidió «respeto, libertad, derecho y un salario justo». Ante la multitud, gritó que los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado no se rendirán, porque se trata de una «demanda justa». «No hay negociación, no hay diálogo, se abren expedientes, no se cumple la ley, se recortan derechos sindicales reconocidos legalmente y se usa toda la capacidad de transmisión a la sociedad que produce ser ministro del Interior para intentar silenciar el conflicto con artes de dudosa catadura democrática», manifestó entre aplausos.

La Junta Directiva de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, asociación que reúne a mandos del instituto armado, ha decidido no asistir a la manifestación convocada para hoy para evitar ser «rehenes» del Ministerio del Interior que ha amenazado con expedientes y sanciones. En un comunicado, la Unión de Oficiales ha anunciado que esta misma tarde denunciará ante los tribunales las «coacciones» y «amenazas» lanzadas desde la cúpula de Interior contra los guardias civiles que decidan finalmente acudir a la protesta.

Los mandos de la Guardia Civil justifican su ausencia en la marcha para no poder ser objeto del «chantaje» del Gobierno e impedir que la asociación pueda ser «descabezada» de cara a las próximas elecciones para el Consejo del instituto armado.

La Unión de Oficiales ha denunciado también que los Servicios de Información de la Guardia Civil han recibido órdenes terminantes de tomar imágenes de los mandos que asistan a la protesta con el objeto antes de abrir expedientes que pueden acabar, incluso, con la expulsión del Cuerpo. Unos 140.000 policías y guardias civiles de toda España -unos 500 desde Galicia- están llamados a participar este mediodía en Madrid en la manifestación convocada por los sindicatos de la Policía en demanda de mejoras laborales para ambos colectivos, a pesar de las amenazas de sanciones lanzadas contra los agentes del instituto armado.

Miles de policías y guardias civiles se manifiestan desde este mediodía por las calles en Madrid, en demanda de «dignidad económica y profesional» para los miembros de ambos cuerpos de seguridad.

A la marcha asisten los principales dirigentes de los sindicatos de la Policía y de algunas asociaciones de guardias civiles, a pesar de las amenazas de expedientes proferidas desde el Ministerio del Interior.

«No han hecho mella las presiones», ha subrayado en declaraciones a los periodistas el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, minutos antes del comienzo de la manifestación.

Moya ha dejado claro que los agentes del Instituto Armado tienen pleno derecho a manifestarse, en contra de la interpretación que ha hecho el Gobierno.

Por su parte, el portavoz del comité de conflictos y secretario general del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), Jose Ángel Fuentes Gago, señaló que la prohibición de participación de los guardias civiles es una interpretación subjetiva de la ley que será dirimida en los tribunales.

No ha descartado, a este respecto, emprender acciones legales por supuestas coacciones de responsables del Ministerio del Interior.

La marcha se desarrolla en un ambiente festivo y encabezada por cuatro maniquíes vestidos con los uniformes antiguos y actuales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con la boca tapada y con un cartel que reza: «yo no hablo porque no me dejan».

Dirigentes de los convocantes han denunciado que alguno de los autobuses que transportan a manifestantes a Madrid están siendo parados en carreteras de acceso a la capital para ser revisados y retrasar su llegada.

Según los convocantes, el número de manifestantes se va a acercar a los 15.000 antes de que termine la manifestación en la Plaza de Colón. Custodian la protesta miembros de la Unidad de Intervención Policial, a los que se ve conversar con los compañeros durante el recorrido.

Miles de policías y guardias civiles han asistido hoy a la manifestación convocada por las calles de Madrid bajo el lema "por la dignidad económica y profesional" para ambos cuerpos a pesar de las advertencias de sanciones que pesan sobre los agentes de la Guardia Civil que han decidido asistir a la protesta.

La marcha, que se ha desarrollado en un ambiente festivo y sin incidentes, ha recorrido la calle de Miguel Ángel y el Paseo de la Castellana, ha pasado a escasos metros de la sede del Ministerio del Interior, y ha concluido ocupando la práctica totalidad de la plaza de Colón, donde se ha leído el manifiesto.

Según los convocantes han acudido unas 25.000 personas, mientras que las estimaciones del Ministerio del Interior son de 7.000 asistentes, entre agentes y familiares.

Encabezaban la marcha portando la pancarta, los principales dirigentes de los sindicatos de la Policía, a los que se han unido representantes sindicales de las policías autonómicas y también de algunas asociaciones de guardias civiles, desoyendo las advertencias lanzadas en los últimos días desde la cúpula de Interior.

"Las presiones del Gobierno para que no nos manifestemos sólo nos han animado más, han servido de acicate", ha subrayado a cara descubierta el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, minutos antes del comienzo de la manifestación.

En declaraciones a los periodistas, Moya ha dejado claro que los agentes del instituto armado tienen pleno derecho a manifestarse, en contra de la interpretación que ha hecho el Gobierno.

Por su parte, el secretario de la Unión de Guardias Civiles (UGC), Manuel Mato, ha anunciado que su organización "no titubeará" a la hora de emprender acciones legales contra el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por un supuesto delito de coacciones.

Precisamente Rubalcaba ha sido el protagonista de la mayoría de las consignas coreadas a lo largo de la protesta que se ha detenido durante unos minutos a las puertas del Ministerio, donde se ha hecho explotar una potente traca.

Gritos de "Rubalcaba dimisión", "Rubalcaba, súbenos la paga" y "Rubalcaba, la poli no te traga", se han escuchado durante las casi tres horas de protesta que han concluido en los Jardines del Descubrimiento.

En el escenario, acompañaron a los representantes sindicales un ataúd con el escudo del Cuerpo Nacional de Policía y cuatro maniquíes vestidos de uniforme.

De uno de ellos, que lucía el uniforme de la Guardia Civil y que aparecía con la boca tapada con cinta adhesiva, colgaba un cartel que decía: "Yo no hablo porque no me dejan".

Tras la intervención de los portavoces de las federaciones de policías europeas, que criticaron el trato que el Gobierno español está dando a sus fuerzas de seguridad, la lectura del manifiesto corrió a cargo del portavoz de la unidad de acción sindical, José Ángel Fuentes Gago.

Fuentes Gago, quien insistió en pedir "respeto" para la labor de las fuerzas de seguridad, destacó que Rubalcaba "pasará a la historia" como el primer ministro del Interior que ha conseguido que policías y guardias civiles "hagamos causa común ante sus ataques injustos y arbitrarios".

"Estamos cansados de que se utilice nuestro trabajo y hasta nuestros funerales", ha lamentado el portavoz sindical quien ha acusado a Rubalcaba de "antidemocrático" y de derramar "lágrimas de cocodrilo en nuestros funerales" para después calificar a los policías de "insolidarios".

Unas acusaciones que han arrancado los mayores aplausos y numerosos gritos de "Rubalcaba, dimisión".

Por su parte, el dirigente del Sindicato Profesional de la Policía Fernando Vivas se ha solidarizado con los compañeros de la Guardia Civil y ha dicho que si es necesario volver manifestarse, "vamos a volver el doble".

"Nuestros compañeros de la Guardia Civil tienen la boca cerrada pero nosotros se la vamos a abrir", ha avanzado.

En esta misma línea, el portavoz de la Unión Federal de Policía, Alfredo Perdiguero, ha lamentado la presión a la que se han visto sometidos los guardias civiles y ha criticado que se haya amenazado a sus compañeros del instituto armado con la pérdida de su empleo si secundaban la protesta.

LD (Agencias) Los sindicatos policiales cifraron en 25.000 el número de asistentes a la manifestación, mientras que fuentes del Ministerio de Interior indicaron que según una primera estimación se congregaron unos 7.000 manifestantes. Además, estas mismas fuentes señalaron que aproximadamente la tercera parte de los asistentes no son miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil.

A la manifestación asistieron los principales dirigentes de los sindicatos de la Policía y de algunas asociaciones de guardias civiles, a pesar de las amenazas de expedientes proferidas desde el Ministerio del Interior. "No han hecho mella las presiones", subrayó en declaraciones a los periodistas el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, quien ha dejado claro que los agentes del Instituto Armado tienen pleno derecho a manifestarse, en contra de la interpretación que ha hecho el Gobierno.

Por su parte, el portavoz del comité de conflictos y secretario general del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), Jose Ángel Fuentes Gago, señaló que la prohibición de participación de los guardias civiles es una interpretación subjetiva de la ley que será dirimida en los tribunales. No ha descartado, a este respecto, emprender acciones legales por supuestas coacciones de responsables del Ministerio del Interior.

La marcha se desarrolló en un ambiente festivo y estuvo encabezada por cuatro maniquíes vestidos con los uniformes antiguos y actuales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con la boca tapada y con un cartel que reza: "yo no hablo porque no me dejan".

Dirigentes de los convocantes denunciaron que alguno de los autobuses que transportan a manifestantes a Madrid fueron parados en carreteras de acceso a la capital para ser revisados y retrasar su llegada.

Las demandas

El sueldo medio de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía es inferior en 16.167,12 euros al de los mossos de Esquadra. Una tabla elaborada por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, compara las diferencias retributivas entre los agentes de uno y otro Cuerpo, mayores según asciende la graduación. Esa diferencia alcanza, en los agentes "rasos", los casi 10.000 euros al año.

Sin embargo, la postura del ministro Rubalcaba es que la Administración central no puede someter las subidas salariales de sus funcionarios a las que realicen otras administraciones. Además, según Rubalcaba, en los últimos cuatro años los policías nacionales y los guardias civiles han recibido la misma subida que el resto de funcionarios más un 10 por ciento.

A todo esto, fuentes del Ministerio suman, en privado, la actual situación económica. "Con la que está cayendo", ha dicho alguno de sus responsables en referencia a las reivindicaciones de los policías. Y los sindicatos se defienden: "Nuestra reivindicación es muy anterior a la crisis económica. Interior ha ido dilatando el inicio de la negociación salarial y cuando ha empezado nos ha hecho una oferta ridícula". Y en un comunicado conjunto añaden que su reivindicación salarial "ha coincidido en el tiempo con un trasvase de 523 millones de euros a la policía autonómica catalana".

Amenazas a los guardias civiles

En los últimos días, la polémica de la manifestación se ha centrado en la asistencia de guardias civiles. Dos de sus asociaciones, AUGC, la mayoritaria, y UGC, figuraban como convocantes, pero en su respuesta, la Delegación del Gobierno les advirtió las asociaciones incurrían en falta muy grave al convocar un acto de carácter sindical. Las asociaciones se han retirado de la convocatoria, pero han animado a los guardias a acudir.

El pasado jueves, el director de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, remitió una circular a todas las unidades advirtiendo de que la participación, incluso a nivel individual, de los guardias está prohibida y los que acudan incurrirán en dos faltas muy graves: una por acudir y otra, por desacato, al haber aclarado la circular que está prohibido. La acumulación de esas dos faltas muy graves situaría a los agentes muy cerca de la expulsión del Cuerpo, como confirmó el propio Velázquez, al no descartar ninguna posibilidad.

Las asociaciones de Guardia Civil ven rocambolesca esta interpretación de la Ley. Mientras, entre los generales se ha extendido el malestar porque consideran lo que está ocurriendo consecuencia de la aprobación de un Régimen Disciplinario "ambiguo", contra el que ya expresaron su malestar en la pasada legislatura. A diferencia de la circular advirtiendo de las sanciones enviada antes de la manifestación de uniforme, firmada por el general José Manuel García Varela, director adjunto operativo, la distribuida el viernes llevaba únicamente la firma de Velázquez.

Apenas 48 horas después de que la Reina recogiese en Ferrol una carta de manos de la madre del cabo Jorge Gago Chao en la que le solicitaba la intercesión de la Corona en favor de su hijo, la Armada hizo público ayer un comunicado acerca de la situación disciplinaria del marino. Es el primero que emite sobre la sanción de dos meses de arresto en un establecimiento disciplinario militar que impuso al cabo por hablar con la prensa sobre lo ocurrido en el accidente mortal de la fragata Extremadura.

El comunicado explica que la sanción, «de acuerdo con la propuesta» del instructor, oficial del cuerpo jurídico militar, «no es firme y se encuentra en estos momentos suspendida en atención a problemas de tipo psíquico que el mismo expedientado ha alegado que padece». Añade además que el militar está pendiente de pasar «un reconocimiento médico-psiquiátrico extraordinario». Tendrá lugar el día 22 a las 9 horas en el Hospital Naval de Ferrol.

También explica que el motivo del expediente fueron las «diversas declaraciones en medios de comunicación social contrarias a la disciplina debida por los miembros de las Fuerzas Armadas y constitutivas de falta grave» según el régimen disciplinario interno. La abogada del cabo, Eva Añón, ha reiterado que Gago se limitó a repetir su declaración ante el juez militar que investiga lo ocurrido en la Extremadura . La letrada también ha señalado, con documentación, que el expediente se abrió por la concesión de una entrevista en televisión y que durante la instrucción del informe no se les mostró una copia de ese vídeo.

El escrito de la Marina afirma que «la sanción de arresto no es una pena y por lo tanto no se cumple en prisión sino en un establecimiento disciplinario militar habilitado a tal efecto». Concluye señalando que desde el pasado mes de agosto, Jorge Gago se encuentra «en servicio activo sin ocupar destino como consecuencia de un expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas iniciado, a petición suya, con fecha anterior al comienzo del expediente sancionador».

El cabo solicitó el inicio de esos trámites a causa del «estrés postraumático» que le diagnosticaron los médicos y que, según sus escritos, padece a raíz de la explosión de una caldera en la Extremadura en diciembre del 2005, en la que perdieron la vida dos marinos, uno de ellos íntimo amigo del militar.

El comunicado de la Armada está firmado por la oficina de comunicación social dependiente del gabinete del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo, quien deberá en última instancia aprobar la sanción y que estuvo presente cuando la Reina recogió la carta de la madre del cabo. Esta se saltó el protocolo del acto militar que doña Sofía presidía en ese momento en el Arsenal.

El gesto de la Reina fue saludado con aplausos y vivas desde las tribunas del público y fue destacado después por numerosos medios de comunicación.

El entramado institucional necesario para conseguir la recuperación del histórico monasterio de Santa Catalina incluye, también, a la Xunta. De hecho, la Dirección Xeral de Patrimonio se encuentra en la actualidad elaborando un plan director que garantizará la correcta conservación del inmueble y determinará los usos que se le pueden dar sin colisionar con su valor arquitectónico y cultural. Aunque el texto todavía no ha sido presentado oficialmente, el regidor aresano, Julio Iglesias, informa de que ya se le ha adelantado desde el Gobierno gallego que ese plan director abrirá la puerta, entre otros, a los usos hoteleros que se le pretenden dar a medio plazo al cenobio. Explica que, con esta herramienta, «tendremos el apoyo de un exhaustivo estudio del conjunto histórico y artístico que compone Santa Catalina y que nos servirá como guía para determinar qué se puede y qué no se puede hacer para mantener en todo momento su valor patrimonial».

Ahora, desde el Ayuntamiento se le notificará a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta que ya se ha formalizado el nuevo acuerdo de cesión del inmueble por parte del Ministerio de Defensa para que finalice ese plan director y, además de lo ya mencionado, puedan comenzar a realizarse actuaciones de urgencia para evitar que su deterioro continúe avanzando todavía más. El edificio fue levantado en 1393, con un estilo románico, cuando ya se imponían los cánones góticos. Con la desamortización de Mendizábal (1837), los franciscanos se vieron obligados a desalojar el monasterio, que pasó a manos del Ejército.

Posee en su interior un valioso retablo de madera policromada. Algunas de sus imágenes se encuentran en templos ferrolanos y otros restos esculturales del siglo XVI se conservan en el museo arqueológico del castillo de San Antón (A Coruña). Dentro del monasterio hay capiteles, estatuas y lápidas de sepulcros de elevado valor arquitectónico y patrimonial.

Patrimonio local

El alcalde de Ares considera que, además de jugar un papel determinante en la atracción de turistas al municipio, el propio hecho de disponer y acondicionar el monasterio de Santa Catalina ha de servir para fomentar su conocimiento y las visitas tanto entre los propios vecinos de la villa como entre las personas residentes en la comarca de Ferrolterra.

En la actualidad, ya se encuentra abierto al público y puede recorrerse los sábados desde las cuatro a las siete de la tarde y los domingos y festivos desde las doce del mediodía a las dos de la tarde. Tal y como se constató en verano en la oficina de turismo aresana, es la pieza patrimonial que más interés despierta entre los visitantes.

El gesto de la Reina fue saludado con aplausos y vivas desde las tribunas del público y fue destacado después por numerosos medios de comunicación.

El Concello de Ares ha conseguido que Defensa le ceda de nuevo, por un período de cuatro años, los usos del emblemático monasterio de Santa Catalina, de la decena de antiguas baterías militares costeras del municipio y de las pistas y caminos de su entorno. Han sido necesarias para ello intensas negociaciones por parte del alcalde, el socialista Julio Iglesias, con el mencionado departamento, unas conversaciones que han cuajado finalmente en un texto autorizado el pasado día 15 por la Dirección General de Infraestructuras del ministerio.

Este paso se ha dado, además, con un negativo telón de fondo. Las reiteradas denuncias del BNG durante los últimos compases del mandato de José Manuel Cendán como alcalde la villa (PP) y el estado de deterioro en el que se encontraba el cenobio fueron los principales argumentos por los que el mismo ministerio decidió rescindir un acuerdo de cesión anterior, suscrito en enero del 2000 y con una vigencia de 25 años.

¿Cuáles son las principales diferencias entre aquel texto y el que hoy está en vigor? En primer término, el plazo de la cesión. Ahora Defensa y Concello acordaron hacerla por cuatro ejercicios. En este aspecto se encontraba especialmente interesado el alcalde. Consultado al respecto, explica: «Hemos aprendido de la experiencia anterior. El Ayuntamiento de Ares no puede, ni en veinticinco ni en cincuenta años, buscar una solución por sí solo a una restauración del cenobio, que supone un desembolso económico de diez millones de euros». Enlaza este argumento con la segunda diferencia entre convenios. En el nuevo, el propio Ministerio de Defensa se vincula con el Concello para encontrar un «destino definitivo» para el inmueble. Para ello, tal y como se indica en el texto, se buscará «alcanzar un acuerdo interadministrativo para su gestión coordinada». En otras palabras, durante los próximos cuatro años el Ayuntamiento contará con la colaboración del Gobierno central para definir el uso que, finalmente, ponga en valor el monasterio, levantado en el año 1393. Efecto «multiplicador»

El regidor aresano considera claro que el futuro de Santa Catalina pasa por darle un destino «dentro del ámbito hotelero», bien apoyándose en la iniciativa pública, bien haciéndolo en la privada. Ahora hay un margen de cuatro años para, entre ambas instituciones implicadas, buscar la mejor fórmula. Remarca Iglesias la relevancia, además, de que se hayan incluido las baterías militares del municipio y todos sus senderos y pistas. Permitirá su puesta en valor «generar un conjunto variado y rico que provocará un efecto turístico multiplicador».

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Defensa nunca pasó la ITE, amparándose en una ordenanza municipal que el Supremo ha anulado

Juan Castro Y Sergio Román, los abogados que representan a los vecinos G. D. O.GUILLERMO D. Mujeres mayores, viudas de militares. Éste es el perfil de los propietarios de los pisos que el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas), vendió en la manzana comprendida entre las calles de Santa Engracia, Maudes y María de Guzmán, a pocos metros de la glorieta de Cuatro Caminos.

Lo explica Omar Gregorio, uno de los pocos vecinos que se ha atrevido a reclamar ante la Administración, que también denuncia que los inmuebles, construidos en la década de 1920, nunca pasaron la Inspección Técnica de Edificios.

La ordenanza municipal que regula este servicio para garantizar la seguridad de las edificaciones eximía de la obligación de pasarla a los inmuebles propiedad de las Administraciones públicas. Cuando, allá por el año 2003, las puso a la venta, en su mayoría a militares retirados, el Ayuntamiento procedió a inspeccionar las fincas. Y, claro, encontró infinidad de deficiencias. Según Gregorio, en su edificio han tenido que rehabilitarse todas las fachadas exteriores, los patios y las bajantes. "En total ha sido una derrama de más de 9.000 euros por cabeza, que hemos estado pagando hasta hace nada", asegura.

Los vecinos empezaron a movilizarse cuando se les informó de que una sentencia del Tribunal Supremo de junio del año pasado había declarado nulo el controvertido artículo de la ordenanza. El abogado Juan Castro, que junto a Sergio Román representa a la decena de vecinos afectados que han dirigido reclamaciones a la Administración, explica cuál fue la argumentación del Supremo: "La tesis de la sentencia es que no podía discriminarse a las personas físicas de las personas jurídicas; si las casas de los particulares tienen que pasar la ITE, todas tienen que hacerlo, incluidas las dependencias oficiales".

Cuatrocientas viviendas afectadas

El total de viviendas afectadas supera las 400. Según explica Gregorio, "en la mayoría viven señoras mayores, viudas de militares, que cobran unas pensiones que tampoco son para tirar cohetes". Un desembolso como el que han tenido que realizar ha debido suponerles un esfuerzo importante. Una de estas mujeres, que prefiere guardar el anonimato, explica en conversación telefónica su situación: "Para nosotros fue una oportunidad poder comprar una de estas casas y luego nos encontramos con lo que nos encontramos. Pagamos, porque no pensamos que hubiera alternativa".

Algunos oficiales del Ejército afectados de los que ABC.es ha intentado recabar su versión han declinado hacer declaraciones aludiendo a la disciplina debida. Es esta razón la que, según Omar Gregorio, explica que "aunque la inmensa mayoría de los pisos afectados son de militares o de familias de militares, sólo los pocos civiles que compramos estas casas hemos reclamado".Han tenido que reparar todas las fachadas exteriores, los patios y las bajantes.

De momento, la acción de los abogados que los representan se ha limitado a enviar sendos escritos al Ayuntamiento de Madrid y al Invifas. El primero ha respondido reclamando más documentación, el segundo ni siquiera se ha dignado a contestar. Román denuncia que el Ayuntamiento envió sus notificaciones a finales de julio, dando un plazo de quince días para contestar. "Lo que intentaban es pillar a los más posibles de vacaciones y que se les pasara el plazo", señala.

Román y su colega Castro lo tienen claro: "En la vía administrativa no ganaremos, pero aunque, recurran hasta el final, porque la Administración siempre lo hace, en la vía judicial nos darán la razón". El problema es que este es un proceso que podría demorarse varios años. La idea de los abogados es exigir la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por legislar mal.

Lo llaman «cabra» y es un carnero, con unas pelotas que dejan canijas a las del caballo de Espartero. Del desfile del Día de la Hispanidad dicen que es un «coñazo» y califican la misión de nuestras tropas en Afganistán como «humanitaria». El caso es no llamar a las cosas por su nombre. Edulcorar la realidad, para hacerla electoralmente favorable, es parte del oficio de político y uno entiende que te intenten vender gato por liebre de vez en cuando. Pero hay cosas con las que no se juega. Y una de ellas es la vida de nuestros soldados.

En el país de los talibanes se libra una guerra atroz, despiadada, en la que el enemigo se camufla entre la población civil, actúa cegado por el fanatismo islámico y recurre a los más abyectos métodos terroristas.

El conflicto carece del perfil mediático del que se libra en Irak, pero no es esencialmente diferente. Desde La Moncloa, como se hizo en tiempo de Aznar con el contingente destacado en Mesopotamia, se ha dado orden a nuestros mandos para que minimicen los riesgos y eludan los enfrentamientos.

Se han hecho oídos sordos, no sólo a las presiones de nuestros aliados norteamericanos, sino a las desesperadas demandas de los responsables afganos, que han pedido que aviones españoles bombardeen los campos de amapola del opio y que nuestros militares se empleen a fondo. No se cuánto tiempo creen que les funcionará la mentira. Aunque desde el Ministerio de Defensa sólo se haga hincapié en la cantidad de escuelas que pintan nuestros guerreros o en el número de vacunas que ponen, en Afganistán formamos parte de un cuerpo expedicionario internacional, desplegado allí para evitar que los talibán retomen el poder. Y eso no se logra repartiendo bizcochos, sino no otros productos menos digeribles.

Estoy convencido lo que le pide el cuerpo a Zapatero es que salgamos corriendo y que lo haríamos si el asunto no fuera diplomáticamente tan complicado. Mientras tanto, llaman «humanitario» a lo que va camino de convertirse en «carnicería», como si eso fuera a ahuyentar el peligro. Eso sí que es ofensivo, sobre todo para nuestros militares.

«Gracias igualmente al pueblo de Ferrol [...] por la generosa donación de estas banderas, que simbolizan y refuerzan todavía más el tradicional y muy estrecho vínculo de esta noble ciudad con la Armada española». Así se expresaba ayer la Reina doña Sofía en el discurso que pronunció como madrina del acto de entrega de las enseñas de combate -un distintivo oficial por su relevancia dentro de la Marina- a las dos escuelas navales de las que dispone Ferrol, una en Caranza y otra en A Graña. Solo en el curso 2007-2008, entre ambas han formado a más de 5.000 marinos.

La ceremonia tuvo lugar en el Arsenal ferrolano ante la presencia de numerosas personalidades tanto militares como civiles. En su alocución, la Reina puso especial hincapié en resaltar esa antigua relación entre la Armada y la ciudad. De hecho, señaló que suponía para ella «un gran honor y especial motivo de orgullo» amadrinar la entrega de las banderas y «hacerlo en la ciudad de Ferrol, tan estrechamente ligada desde el punto de vista histórico a nuestra Marina, y en fechas tan señaladas como la conmemoración del 150.º aniversario de la concesión del título de ciudad», distinción otorgada por Isabel II en 1858.

Posteriormente, además, doña Sofía participó en la inauguración, dentro del Museo de la Construcción Naval, de una exposición de fotografías históricas datadas entre 1858 y 1904, uno de los puntos centrales de la programación organizada por el Concello para conmemorar esa efeméride.

Con anterioridad, en el marco de la ceremonia militar, el alcalde de la ciudad, Vicente Irisarri, también enfatizó la conexión entre la Marina y Ferrol. De hecho, las dos banderas de combate que desde ahora lucirán en los actos más importantes de las escuelas navales fueron adquiridas por el Concello por un importe de 18.000 euros durante el anterior mandato municipal. Y amplió esa conexión a la propia Casa Real, señalando en su discurso: «Hablar de este Arsenal y de Ferrol es hacerlo de la Corona. Y decir Ferrol es decir Armada».

Ninguno de los cuatro concejales de IU en Ferrol, socios de gobierno del PSOE, ni los dos del BNG participaron en los actos, ni en el militar ni en el civil, al considerar que no se trataba de ceremonias estrictamente institucionales. Sí acompañaron a la Reina Concejales Socialistas, del PP y de Independientes por Ferrol.

La Reina Sofía ha estado ayer en Ferrol. Por encima de actitudes, a nuestro entender planteadas inoportunamente por algunas formaciones políticas, es incuestionable que la presencia de S.M. contribuyó a dar realce a una efeméride histórica en la que precisamente tuvo que ver una predecesora borbónica, Isabel II, tan de actualidad por conmemorarse el 150 aniversario de la concesión del título de ciudad. Doña Sofía ha hecho un guiño al Ferrol civil, aunque en su agenda hubiera además otro acontecimiento de índole militar. En definitiva, son dos rasgos indisociables

La reina Sofía ha ejercido de madrina durante el acto de entrega de banderas a las escuelas de especialidades de A Graña y Antonio Escaño.

El acto, en palabras de la Reina «simbólico y solemne», ha contado además con la presencia del alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri; la presidenta del Parlamento de Galicia, Dolores Villarino; el conselleiro de Presidencia José Luis Méndez Romeu y numerosos mandos miliatres. Entre estos últimos, el almirante general Santiago Bolívar, el jefe de Acción Marítima Gonzalo Sirvent y el Jefe del Estado Mayor de la Armada Manuel Rebollo.

A la llegada de la Reina al Arsenal Militar, María de los Ángeles Chao, madre del marino sancionado por hablar a los medios sobre el caso de la fragata Extremadura, Jorge Gago, le hizo entrega de una carta pese a la protección que rodeaba a Doña Sofía, quien se aproximó, en un gesto inusual, para recoger el documento.

Entrega de banderas

Fue el regidor municipal, Vicente Irisarri, el encargado de leer un discurso de bienvenida antes de ceder las banderas nacionales a la Reina, unas enseñas que le costaron a las arcas municipales 18.000 euros y que ya fueron encargadas hace dos años.

Tras un «viva la Reina» del alcalde, las banderas fueron bendecidas por el arzobispo castrense y cedidas a la Reina para luego, y tras unas palabras de Doña Sofía hacia Ferrol, su 150º aniversario y a la Armada, ser entregadas de nuevo a los representantes de las escuelas de especialidades Antonio Escaño y de la Estación naval de A Graña, que a partir de ahora las emplearán como símbolo en todos los actos oficiales.

Una vez concluido el desfile militar que cerró el acto, la Reina se dirigió a la sede de Exponav, en Herrerías, para inaugurar la exposición fotográfica sobre los 150 años de Ferrol como ciudad.

Madrid- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) advirtió ayer de que la «amenaza de abrir expedientes» a los agentes que acudan a la manifestación del sábado 18 no evitará que asistan al acto en el que reclamarán su dignidad profesional y que se convoquen elecciones al Consejo del Cuerpo. Así se expresaron el secretario general de AUGC de Madrid, Joaquín Cánovas, y el de organización de la Junta Directiva Nacional, José Antonio Agudo, que dejaron claro que los guardias civiles irán a la manifestación, que han convocado con los sindicatos policiales, para pedir la «dignidad económica y profesional para Policía y Guardia Civil».

Y acudirán a pesar de que la Delegación del Gobierno de Madrid -que autoriza la protesta- les haya advertido de que su normativa les prohíbe la organización y participación en este tipo de actos. Los portavoces de la asociación, que señalaron que los guardias civiles irán de paisano, han insistido en que la normativa aprobada el pasado año les reconoce su derecho de manifestación y reivindicar la mejora de sus condiciones.

«Nadie nos impide salir a la calle a manifestarnos, como así nos lo reconoce la propia ley, en orden a nuestros objetivos como asociación profesional», reclamó Agudo, qe admitió, no obstante, que la normativa es ambigua, pues en otro punto prohíbe organizar o acudir a manifestaciones de carácter sindical o político.

Por su parte, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil pidió a los mandos de la institución que faciliten el ejercicio del derecho de manifestación a los agentes que están bajo su responsabilidad. Mostramos toda nuestra adhesión al reconocimiento de la existencia de un conflicto con la Administración, señalaron.

Cuando, a las 10:15 de la mañana, la megafonía anunció la llegada del presidente del Gobierno al desfile de las Fuerzas Armadas, se repitieron, por cuarto año consecutivo, los silbidos y abucheos procedentes del público asistente. A pesar de que no faltó algún leve grito de «¡Zapatero dimisión!», el sonido de viento fue menos intenso que en otras ocasiones. Sin embargo, la novedad estuvo en que algunos de estos silbidos procedían de dos de los batallones de soldados que aguardaban en el Paseo de la Castellana a que diera comienzo el acto. Se trata de un hecho sin precedentes, pero que ilustra el profundo malestar que existe en el Ejército ante medidas como el recorte del 3% del presupuesto de Defensa o la aprobación de una conflictiva Ley de Carrera Militar. Unos pitos que, al menos, deberían llevar a la reflexión a Zapatero y a Chacón.

Madrid- Las tropas españolas desplegadas en Afganistán repelieron la mañana del pasado sábado un ataque de terroristas afganos contra un convoy del Programa Mundial de Alimentos al que escoltaban, junto con soldados afganos. El altercado, en el que perdieron la vida dos de los terroristas, se produjo en el distrito de Jawand, en la provincia de Baghdis, según informaron ayer a Efe fuentes del Ministerio de Defensa. Es decir, 24 horas después de haberse producido la ofensiva contra los militares españoles.

Ante el ataque, las tropas españolas y afganas respondieron a la ofensiva terrorista con fuego, defendiendo el convoy de alimentos, a la vez que avanzaban hasta su posición.

Los dos terroristas murieron en «el intercambio» de disparos, según fuentes del Ministerio que dirige Carme Chacón. Pero Defensa ni confirmó si los disparos que causaron las dos bajas procedían de las tropas españolas o afganas, ni especificó el número de militares españoles que participaban en la escolta, así como el momento en que se produjeron los hechos. Una vez llegaron al lugar los soldados de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), desde el que se había dirigido el ataque, encontraron a «los dos terroristas muertos, cerca de seis motocicletas destruidas y algunas granadas autopropulsadas».

La fuerza de la OTAN condenó el ataque en el que los terroristas sólo «intentaban confiscar» los alimentos del convoy, «demostrando su total desprecio por el pueblo al que aseguran servir». Precisamente es Baghdis el lugar en el que España mantiene un contingente militar de 700 efectivos desplegados en el marco de la ISAF. Los soldados españoles que defendieron el convoy pertenecen al Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT), con sede en la capital de la región, Qala-I-Now.

El desempleo dispara las solicitudes para entrar en el Ejército hasta un 70%Mientras la tasa de paro de España supera el 11 por ciento de la población activa (según los últimos datos de Eurostat) las oficinas de reclutamiento reconocen que, por primera vez en mucho tiempo, no dan abasto. Aunque el Ministerio de Defensa se niega a dar datos oficiales, algunas delegaciones provinciales reconocen que la demanda se ha disparado hasta un 70%, según publica El Economista. Casualmente, las provincias donde se recogen más peticiones son las más castigadas por la crisis de la construcción.

Algunos de los captadores con los que trabaja el Ministerio de Defensa han confirmado a El Economista que están "absolutamente desbordados". Su labor consiste en viajar por toda España con autobuses para ofrecer información a los ciudadanos interesados en inscribirse en las Fuerzas Armadas y, según sus propias estimaciones, "ahora entran a pedir información el triple de personas que el año pasado, y casi todas salen con la hoja de inscripción rellena".

Casualmente, la mayor demanda se está produciendo en las provincias más castigadas por la crisis de la construcción, las costeras. Así, en Alicante, las peticiones de ingreso en las Fuerzas Armadas se han elevado en el primer semestre hasta 1.463, casi tantas como en todo el año pasado y un 75 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos de la subdelegación de Defensa en esta ciudad.

Algo parecido ocurre también en Murcia, donde el aumento de la demanda de empleo es del 63 por ciento en el primer semestre. Según el comandante del centro de selección, en los primeros seis meses del año se han recibido 766 solicitudes, casi 300 más que en 2007. Mientras que en La Coruña se han contabilizado 570 peticiones, casi tantas como todo el año pasado.

La razón: el paro

Los captadores saben perfectamente cuál es la razón que mueve a los jóvenes a solicitar información: el paro. De hecho, están sorprendidos porque por primera vez en mucho tiempo "están desbordados".

José Nieto Manso, nuevo jefe de Capitanía y almirante de Acción Marítima de la Armada, reconoció recientemente que el incremento del desempleo siempre beneficia a la captación de personal para las Fuerzas Armadas. "La coyuntura económica actual propicia que sean muchos más los jóvenes que acuden a las oficinas de reclutamiento y se está notando ya un repunte considerable en este sentido.

El Gobierno pretende alcanzar unos efectivos totales en las Fuerzas Armadas de 140.000 militares, de los que 50.000 serían oficiales y suboficiales y 90.000 tropa y marinería. La idea es llegar a 85.000 personas a lo largo de este año, pero la crisis económica y el crecimiento del paro puede acelerar estos planes.

Este año, el 9 por ciento de los integrantes de las Fuerzas Armadas serán extranjeros. La cifra total podría rondar los 7.700 efectivos a final de año. Defensa tiene vacante para 2008 un total de 5.000 plazas.

Las Fuerzas Armadas vuelven a ser, un año más, las grandes protagonistas de los actos conmemorativos de la Fiesta Nacional, con el desfile que se celebrará hoy en Madrid. Los 4.689 militares que recorrerán los paseos de la Castellana y de Recoletos y la Plaza de Colón representan a una institución especialmente valorada por la sociedad y que sin duda, ha sido una de las grandes protagonistas del cambio que España ha experimentado en los últimos años. Su disciplina, su trabajo y su entrega las ha hecho quedar fuera del debate partidario, con contadas excepciones, dedicándose tan sólo a sus labores profesionales, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Y ha sido en estas últimas, las misiones internacionales, donde nuestros ejércitos han conseguido el general reconocimiento de su capacidad, tanto por la ciudadanía española, como fuera de nuestras fronteras. Pese a las limitaciones de medios empleados en ocasiones, las Fuerzas Armadas han sabido cumplir con su labor en escenarios tan distintos como Bosnia, Kosovo, Haití, Líbano o Afganistán, entre otras. Y sin olvidar Irak, donde, consideraciones políticas aparte, dieron un ejemplo de buen hacer, como han reconocido nuestros aliados. Esta presencia en operaciones multinacionales continuará marcando la labor de nuestros militares en los próximos años, pero con un nuevo condicionante, la crisis económica. Después de varios años con una trayectoria ascendente, los presupuestos destinados a Defensa sufrirán un recorte del 3 por ciento en 2009, lo que provocará que durante el próximo año no se aborde ningún nuevo proyecto de adquisición de material. Pese a la mala situación económica, el departamento que dirige Carme Chacón deberá ser especialmente cuidadoso en mantener operativos los actuales sistemas y garantizar la seguridad de nuestras tropas. El desgaste del material es un hecho, agravado por su constante utilización en escenarios con terrenos y condiciones climáticas extremas. Un buen mantenimiento debe ser primordial, tanto para el correcto funcionamiento de vehículos como para evitar accidentes de nuestros soldados.

Tampoco hay que descuidar los nuevos programas de vehículos destinados a las misiones más peligrosas, más blindados y con mejores protecciones contra minas, y los IDE (Explosivos improvisados), que han causado dolorosas bajas en Líbano y Afganistán. Dentro del reparto presupuestario y en este escenario de recortes, no deja de sorprender el que la mayor subida se efectúe sobre la Unidad Militar de Emergencias, el gran proyecto de Zapatero en Defensa. En el capítulo de personal, solucionado en buena parte el problema de la falta de soldados tras la eliminación de la «mili», Defensa tiene abierta una nueva ley de Carrera Militar que está causando más problemas de los previstos. La integración de las Escalas de oficiales ha abierto una fuerte tensión dentro de los tres ejércitos y las medidas planteadas para solucionar el problema no han sido suficientes. Existe también cierto recelo por tantos cambios en tan poco tiempo en su modelo de carrera. Esta última ley es la tercera desde el año 1989, con el consiguiente «mareo» al que son sometidos los militares para conocer sus perspectivas profesionales.

Con no poca preocupación se analiza también el anuncio de unas nuevas Reales Ordenanzas, plan que ningún ministro se ha atrevido a afrontar, y el empeño laicista del Gobierno, que en unas Fuerzas Armadas con extensas tradiciones tendría difícil encaje.

Pese a estos inconvenientes, los 4.689 militares que desfilarán hoy ante su capitán general, el Rey, y todos sus compañeros continuarán su trabajo diario para garantizar la seguridad de España

El Gobierno ha vuelto a patinar con una de sus campañas publicitarias. En esta ocasión, le ha tocado al departamento que dirige Carme Chacón. Con motivo del desfile de las Fuerzas Armadas, el ministerio preparó un cartel compuesto por cuatro imágenes con militares en diversos actos de servicios. En uno de ellos, aparece el mensaje: "Mi padre es piloto de un F18". El avión, en realidad, es un Harrier.

La campaña para dar a conocer la parada militar está compuesta por cuatro imágenes que muestran a militares en diferentes situaciones con un mensaje sobreimpresionado que representa una anotación de un familiar de uno de los protagonistas de la fotografía, que señala que su allegado es miembro de una determinada unidad o cuerpo.

Así, la campaña del departamento que dirige Carme Chacón muestra primero una imagen de tres militares con uniforme de campaña y el mensaje "Mi marido está en Afganistán". La segunda fotografía en cuestión es la que presenta un "Harrier" de la Armada como si fuera un F18 del Ejército del Aire.

Defensa exhibe la imagen de un piloto de un caza y el mensaje "Mi padre es piloto de un F18" pero la aeronave en realidad no ese cazabombardero de la Fuerza Aérea española sino un avión de ataque de despegue y aterrizaje vertical de la Armada "Harrier", que muestra además el identificativo "Armada" bajo la cabina del piloto, tal y como se puede apreciar en la imagen en alta resolución.

Las otras dos imágenes de la campaña representan a tres miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el mensaje de un familiar que dice "Mi mejor amigo, Unidad Militar de Emergencias", y otra fotografía que exhibe a militares de la Armada junto a un helicóptero naval "SeaKing", con la anotación "Mi hija, en la Armada".

La campaña promocional del desfile del Día de la Fiesta Nacional, con el lema "El valor de servir", fue difundida en prensa escrita e Internet por el Departamento que dirige Carme Chacón durante la semana previa a la celebración de la mayor parada militar española.

No tuvo más remedio Ibarreche que asistir al homenaje del Parlamento vasco al brigada asesinado por la ETA, Luis Conde. Primera grosería: acudió acompañado de Azcárraga y Madrazo, que ya son ganas. Segunda grosería: a un acto en memoria de una víctima del terrorismo, aún sobre la tierra en su capilla ardiente, no se lleva un corbata colorada. Tercera grosería: al llegar, nervioso y acomplejado, saludó a las autoridades y se detuvo cuando les llegó el turno a los militares. Finalizado el acto, sí se dignó estrechar la mano de los oficiales del Ejército allí presentes, sin dedicarles ni una sola palabra. Azcárraga y Madrazo no hicieron ni eso.

Reparé en la grandeza, educación y cortesía de los militares ninguneados por el paleto de Llodio. Ellos sí respetaron a la autoridad que no quiso respetarlos. En posición de firmes, en el primer tiempo de saludo militar y con la mano dispuesta a tomar la del representante del Rey en el País Vasco que los considera invasores. Porque el «Lehendakari», aunque no se haya enterado todavía, representa en su autonomía a la más alta institución del Estado, como es la Corona. Los militares están obligados a responder con cortesía los desprecios de los groseros. Y cumplen con su obligación, faltaría más, sin dejar de traslucir su estado de ánimo y sus sentimientos heridos en aquel acto, más heridos que nunca, con la imagen del féretro de su compañero asesinado camino de la Academia de Artillería de Segovia.

Pensé en lo que pasaba por la cabeza de aquel militar serio, educado, emocionado, decente y disciplinado que se cuadraba militarmente ante el «Lehendakari» que desprecia a las Fuerzas Armadas. No era una imagen para la diversión, pero me venció la fábula. La educación, respeto y cortesía van con los militares desde los años de la Academia. Forman parte de su personalidad y su hábito. Ante el poder civil, un soldado uniformado jamás interpretará un gesto reprobable, entre otros motivos, porque no le sale. Ahí está la diferencia entre unos y otros. Pero la imaginación vuela, y pensé en la indignación del militar ofendido, del militar herido, del militar obligado a respetar a quien no los respeta, y creí estar viendo una película con una escena gratificante. El breve y seco encuentro con Ibarreche, el saludo marcial del militar, y cuando el «Lehendakari» menos se lo esperaba, la colleja. O una colleja en la nuca o un cachete en el rostro, que es lo que merecía el altanero secesionista, a quien el asesinato del brigada Conde, como a otros muchos, le había importado un rábano, o un pimiento del huerto de la tía Nekane, o un tomate del caserío del abuelo Aitor. Por desgracia, el militar cumplió a rajatabla con las normas de cortesía, y no hubo ni colleja ni cachete, que, por otra parte, Ibarreche hubiera encajado con nerviosismo y saliendo por patas y a toda pastilla del recinto parlamentario, con Azcárraga y Madrazo siguiéndole a la carrera al grito de «¡No corras, Juancho, que es peor!»

Pero nada. Todo salió como se espera cuando un militar está presente y experimenta un desafecto institucional. Lo asume y responde con la educación que le exige su uniforme. Pero todavía me regocija la escena fabulada, la sinceridad de una reacción, y esa colleja, y ese cachete, y ese correr hacia el coche oficial... y me nace la sonrisa.

Los familiares del cabo Gago decidieron encadenarse al Arsenal después de que el militar recibiese una notificación «confidencial, en la que se le hacía custodio de su contenido», según explicó Miguel Ángel Gago, padre del marino. Es decir que si se hace público su contenido «podrían agravar la condena contra mi hijo», añadió. Los familiares temen que se trate de la confirmación de su próxima entrada en prisión, pero el cabo «que apenas sale de casa», según explicaron, «no puede hablar con sus familiares, y eso aparte de los dos meses de cárcel es una tortura que le están haciendo a mi hijo», afirmó su madre, Ángeles Chao.

Los familiares del cabo estuvieron acompañados en su protesta por integrantes de la plataforma de apoyo a su hijo y por varios concejales de IU y el BNG del Ayuntamiento de Ferrol. Ambos partidos han mostrado en reiteradas ocasiones su respaldo para que se retire la sanción al cabo y se investigue la explosión en la Extremadura. El Bloque intentó recientemente sacar adelante una declaración en el Parlamento gallego con esos fines, pero PSOE y PP se negaron a aprobarla.

«En relación con solicitud efectuada (...) comunico que documentación requerida fue destruida 16.09.06 de acuerdo con lo indicado en la publicación en vigor en la Armada PSO-01 (la seguridad operativa en la Armada)» (sic). Tal escrito fue recibido el pasado 8 de septiembre en el Juzgado Togado Militar de A Coruña, que instruye las diligencias sobre la explosión de una caldera en la fragata Extremadura que mató a dos tripulantes el 19 de diciembre del 2005, cuando el buque estaba atracado en Ferrol.

La documentación requerida por los abogados de la familia de Erik Noval, uno de los tripulantes fallecidos, y que, según Defensa, fue destruida apenas nueve meses después del suceso por motivos de seguridad, eran los informes redactados por miembros del Centro de Valoración y Apoyo de la Calificación Operativa para el Combate (Cevaco) de la Armada acerca de lo sucedido en el barco. Según la letrada de la familia de Erik Noval, Eva Añón, varios testigos declararon ante el citado tribunal que los integrantes de la Cevaco trabajaron en la fragata siniestrada durante una semana, y tenían documentos que respaldarían la declaración del cabo Jorge Gago Chao, que afirmó ante el juez que la explosión podía haberse evitado y que hubo negligencias por parte de algunos oficiales del buque.

La letrada señaló que entre esos documentos estarían las tablas de registro de contaminación por cloro del agua de la caldera que explotó. Un escrito que ha estado «pidiendo tres años», y que mostraría niveles de contaminación muy superiores a los reglados, lo que habría desencadenado la explosión, siempre según la declaración del cabo Jorge Gago.

El fiscal del caso, según explicó Añón, se ha comprometido a solicitar de oficio una copia de la documentación, que podría estar en manos de la oficina del Ajema (almirante jefe del Estado Mayor de la Armada). Sin embargo, podrían no existir, ya que fue el propio gabinete del Ajema el que remitió la petición de documentación de los abogados a la Cevaco, explicó Añón. La letrada se mostró «muy sorprendida» por la destrucción de los documentos cuando el caso ya estaba en los tribunales. «Nos hace pensar en lo peor, en que se está intentando ocultar algo», reprobó.

La familia, encadenada

En términos similares se expresaron los padres y la mujer del cabo Gago, que ayer se encadenaron a uno de los accesos del Arsenal de Ferrol para protestar por el posible ingreso en prisión de su hijo, condenado a dos meses de cárcel por repetir su declaración ante el juez a la prensa. «Yo pienso que si los papeles desaparecieron es porque algo tienen que ocultar», afirmó Ángeles Chao, madre del marino.

La Policía Nacional desencadenó e identificó a los parientes del militar que, sin oponer resistencia, retiraron la pancarta en la que pedían «libertad de expresión» y «transparencia».

madrid- La reducción del presupuesto destinado al Ministero de Defensa para 2009 ha traído consigo reacciones diversas. Los hay -como el Gobierno- que consideran que es «riguroso y equilibrado»; otros -como el jefe del Estado Mayor de la Defensa- esperan que la bajada sea temporal, mientras que los más críticos con los nuevos fondos -el PP- han dado la voz de alarma asegurando que «rozan la temeridad».

El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, compareció ayer en el Congreso para explicar que el Ministerio que dirige Carme Chacón dispondrá el próximo año 2009 de 8.237 millones de euros, un 2,9 por ciento menos que el pasado año. Sin embargo, pese a los 235 millones de menos, Méndez no dudó en calificar los presupuestos de «equilibrados, solidarios, rigurosos y coherentes». Eso sí, tuvo que abogar por «un mayor esfuerzo de racionalización». Pero para el PP, las cifras que maneja el Gobierno para Defensa no son tan equilibradas ni tan coherentes. Es más, para la portavoz popular en la Comisión de Defensa del Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones, pueden poner «en peligro» la seguridad de las tropas en operaciones de paz, al tiempo que reprochaba al propio Ministerio que no contase con los populares a la hora de cerrar las cuentas, informa Ep.

Además, la portavoz del PP señaló que las partidas presupuestarias anunciadas suponen el «derrumbe del edificio» levantado la pasada Legislatura con sucesivos aumentos. «¿Cómo le han podido hacer esto a la señora Chacón?», se preguntó, mientras criticaba las cifras presentadas. Unas cifras marcadas por la racionalización, como también indicó el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), José Julio Rodríguez, quien confió en que este descenso de fondos dure poco. Y en lo que a datos se refiere, Defensa contará también, como subrayó Méndez, con los recursos adicionales destinados a las operaciones de mantenimiento de la paz que las Fuerzas Armadas españolas desarrollan en el exterior, que este año han superado ya los 616 millones de euros. Y, entre otros, destacó que la Unidad Militar de Emergencias dispondrá de un montante de 105 millones de euros, de los que casi 25 se destinarán a inversiones.

La subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, rechazó este martes en el Congreso aplicar una moratoria a la integración de escalas de oficiales de los ejércitos contemplada en la Ley de Carrera Militar pero se comprometió a realizar este proceso de "la manera más pacífica posible". Más de 800 oficiales han impugnado ya esta polémica ley ante los tribunales de justicia.

L D (Agencias) La número tres del Departamento que dirige Carme Chacón respondió de este modo en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja a la propuesta planteada por el diputado del PP Arsenio Fernández de Mesa, quien reclamó una demora en la integración para consensuarla con los Cuarteles Generales de los Ejércitos de Tierra y del Aire y la Armada con el objetivo de conseguir una solución que no perjudique a los oficiales de los dos colectivos implicados, los de la Escala Superior y los de la antigua Escala básica.

La subsecretaria de Defensa rechazó de plano la moratoria y recordó que el propio Partido Popular apoyó la integración de escalas durante la tramitación parlamentaria de la Ley de la Carrera Militar, en la que, tras muchas reuniones, se alcanzó un "consenso total" sobre el proceso.

San José subrayó que el modelo contemplado en la Ley de la Carrera Militar fue pactado por los grupos parlamentarios, que coincidieron en que la integración de escalas eran "la mejor solución posible", y rechazó la posibilidad de abordar la unificación separando en escalafones diversos a los oficiales de cada una de las dos escalas existentes en la actualidad.

La subsecretaria reconoció que se han producido "ejemplo injustos" en la integración pero remarcó que Defensa ha procedido a subsanarlos con la ampliación de la plantilla de oficiales, a petición de la Armada, el cuerpo que aglutina a la mayoría de perjudicados e incidió en que el Ministerio de Defensa está "muy interesado" en que la integración de escalas se produzca "de la manera más pacífica posible".

En su comparecencia parlamentaria, la subsecretaria informó además de que en la actualidad el Ejército de Tierra cuenta en sus filas con 84.401 militares, entre soldados y cuadros de mando, la Armada dispone de 26.015 y el Ejército del Aire cuenta con 26.890 efectivos. Los Cuerpos Comunes de la Defensa están integrados por 39.533 militares.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Méndez insistió en que el presupuesto de Defensa para el próximo año es "austero, riguroso, coherente, equilibrado y solidario", y señaló que permitirá mantener y consolidar el esfuerzo de transformación de las Fuerzas Armadas; "continuar el proceso de profesionalización, con la mejora de las retribuciones, la formación y la carrera de los militares profesionales; garantizar la capacidad operativa y la seguridad de los Ejércitos, y proseguir con los proyectos de modernización de sus medios y sistemas".

En su comparecencia ante la Comisión de Defensa, Constantino Méndez señaló que en el próximo año se efectuará un "mayor esfuerzo de racionalización, control de gastos y evaluación de resultados" a través de acuerdos de asociación estratégica con la industria, reformas en los procedimientos relacionados con el apoyo logístico de los Ejércitos, o el denominado "programa permanente de eficiencia y economía de gasto", en la línea del trabajo ya desarrollado en la pasada legislatura, de la que citó como ejemplo el Grupo de Evaluación de Costes, que ha permitido "un ahorro de 270 millones de euros en 600 expedientes de contratación" examinados.

El presupuesto de Defensa para 2009, dotado con casi 8.241 millones de euros, equivale al 5,23 por ciento del Presupuesto del Estado. Si se le suman los organismos autónomos dependientes del Ministerio, la cuantía total se eleva a 9.379 millones. Entre los citados organismos se encuentran, entre otros, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que contará con 255 millones; y el Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), cuyos recursos ascenderán a 129 millones de euros.

Recursos adicionales para misiones de paz

Además de esos ingresos, el Ministerio de Defensa contará también, como subrayó el secretario de Estado, con los recursos adicionales destinados a las operaciones de mantenimiento de la paz que las Fuerzas Armadas españolas desarrollan en el exterior, que este año han superado ya los 616 millones de euros. Estas operaciones se localizan actualmente en Bosnia, Kosovo, Afganistán, Líbano y Chad.

Asimismo, Defensa contará, como en años anteriores, con ingresos derivados de la venta del patrimonio inmobiliario militar que ha dejado de cumplir su función y que ya no tiene interés para la defensa. Estos recursos se destinarán, como prevé el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, a financiar gastos operativos y de modernización de las FAS.

Igualmente, añadió Méndez, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio continuará prestando financiación a la industria de defensa para el desarrollo y construcción de los denominados "programas principales de modernización", que incluyen desde las fragatas y submarinos que construye Navantia hasta el avión europeo de combate Eurofighter, pasando por los aviones apagafuegos de la Unidad Militar de Emergencias, el carro de combate Leopardo o el helicóptero NH-90, que se construye en Albacete.

El conjunto de estos programas, que en general se llevan a cabo en cooperación con otros países aliados europeos, como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido, tiene un coste total estimado, según indicó el secretario de Estado, de casi 27.000 millones de euros. La aportación del Ministerio de Industria en 2009 rondará los 1.160 millones de euros.

El proceso de modernización de los medios militares de los Ejércitos, que ocupó una buena parte de la intervención de Méndez, absorbe en este presupuesto 1.133 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 16,55 por ciento respecto al ejercicio anterior, a los que hay que añadir la dotación en I+D+i, que se cifra en 173 millones.

Con estas cantidades, según observó Méndez, se hace posible el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por Defensa (la mayoría de ellos a muy largo plazo) para dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades necesarias, con especial hincapié en todo lo necesario para reforzar la seguridad de las tropas desplazadas en las distintas misiones de paz en las que participamos, como son los vehículos blindados y los inhibidores de frecuencias. En total, el capítulo de inversiones del Ministerio de Defensa para 2009 será de 1.733 millones de euros, cifra que se eleva a 2.006 millones si se añaden las inversiones que realizarán los organismos dependientes del Departamento.

Consolidación de las subidas extraordinarias

En cuanto a los gastos de personal, para 2009 habrá disponibles más de 5.033 millones de euros (un 1,94 por ciento más que en el ejercicio actual) para satisfacer las retribuciones y demás gastos asociados a las casi 176.000 personas del Departamento. "Con ello se consolidan las subidas extraordinarias que se aplicaron durante la pasada legislatura al personal de las Fuerzas Armadas, ya que las retribuciones de los militares crecieron un 29,5 por ciento de promedio, con una dotación extraordinaria de 450 millones de euros que se aplicó entre 2006 y 2008. De esta manera, se garantiza igualmente que el personal de Defensa vea mejorar sus retribuciones en la misma cuantía que el resto de los empleados públicos", señaló Méndez.

Los Ejércitos están compuestos por más de 137.000 militares, de los que 84.400 efectivos pertenecen al Ejército de Tierra, 26.000 a la Armada, y casi 27.000 al Ejército del Aire. La tropa y marinería no podrá superar en 2009 la cifra de 81.000 personas. En situación de reserva se prevé que se mantengan unos 18.200 militares.

Respecto de la Unidad Militar de Emergencias, que fue creada en 2005 para hacer frente, en colaboración con las autoridades civiles y las Administraciones Territoriales, a catástrofes naturales y situaciones de emergencia, el secretario de Estado destacó que para 2009 se le dota con unos recursos de 105 millones de euros, de los cuales casi 25 son para inversiones.

España no debería aislarse de los esfuerzos que están haciendo otros países en Afganistán. Mucho menos exigir a los demás, como prevé Queen Carmen, cuando España sigue siendo uno de los eslabones más débiles de la presencia aliada en ese país.

GEES

Todos se preguntan si el general Petraeus –el arquitecto de la última estrategia estadounidense en Irak y próximo jefe del Comando Central de Estados Unidos– será capaz de enderezar la compleja situación de Afganistán. Este experto en contrainsurgencia se ganó merecidamente el apelativo de "King David" tras su brillante paso por Irak, por sus dotes de líder y de estratega. Ahora su gran reto es mejorar la situación en el país afgano, donde se esperan sus medidas con mucha expectación.

Pero puede que al Rey David le salga competencia: la ministra de Defensa, Carmen Chacón. Es lo que se deduce tras su intervención, el pasado 30 de septiembre, ante el Senado para explicar las líneas generales de la política de su departamento. Allí comunicó solemnemente su intención de pedir una revisión en profundidad de la estrategia de la operación ISAF en Afganistán durante la reunión ministerial de la OTAN que se celebra esta semana en Budapest.

Según sus propias palabras, Chacón tiene previsto pedir a sus colegas que incidan más en la progresiva transferencia de responsabilidades a las autoridades afganas para que se hagan cargo de la seguridad; les recordará la necesidad de acabar con las bajas civiles; y solicitará una mejor coordinación entre la ISAF y "Libertad Duradera". A la ministra le parecerá un gran descubrimiento, pero más bien llega tarde a estos planteamientos, que han sido ya repetidos hasta la saciedad durante los últimos dos años por los mandos estadounidenses y los de la Alianza Atlántica. Queen Carmen llega tarde, pero llega.

Chacón no sólo va a pedir algo que ya está en boca de todos los aliados desde hace tiempo, sino que en su excesivamente largo discurso ante el Senado se echó en falta un análisis menos simple. Faltaron todos los demás argumentos que explican porqué la situación a la que se enfrentan nuestras tropas en Afganistán es tan difícil y compleja. La ministra olvidó mencionar el incremento de la violencia en el país durante los últimos meses, así como su motivo; ni una palabra de la nueva ofensiva talibán que incluye un incremento de los atentados suicidas y de los ataques contra las líneas de suministro de las tropas extranjeras en un intento de aislar la capital afgana; nada de los señores de la guerra ni de la dependencia económica del opio que deja tras de sí una larga estela de corrupción; ni una mención al vecino Pakistán y a la frontera que separa ambos países; ni una alusión a la emboscada en la que murieron una decena de paracaidistas franceses en agosto; ni tampoco al reciente ataque a un contingente español en la provincia de Bagdhis; y nada de las elecciones presidenciales afganas que se celebrarán el año que viene.

Todo esto le parecerán nimiedades, pero esperemos que no se le olviden durante su reunión en Budapest. Si va a exigir una revisión de la estrategia aliada en Afganistán, más vale que muestre algo más de conocimiento sobre el tema. Sobre todo, sorprende que ella misma hablara a los senadores de una aproximación integral a la seguridad y la defensa, pero sea incapaz de aplicársela a si misma y a nuestras tropas en su visión de la actual situación de Afganistán.

Y es que España no debería aislarse –como está ocurriendo– de los esfuerzos que están haciendo otros países en Afganistán. Mucho menos exigir a los demás, como prevé Queen Carmen, cuando España sigue siendo uno de los eslabones más débiles de la presencia aliada en ese país. Estados Unidos ya está realizando una revisión de la estrategia militar en este país y tiene previsto que en enero lleguen 3.500 tropas adicionales. Y posiblemente dos brigadas más de combate a lo largo del próximo año. Francia, Alemania y Polonia también prevén incrementar sus efectivos en el país próximamente. Si la ministra quiere jugar ahora en primera división y aportar algo al debate con King David, deberá aportar algo más que unas cuantas palabras. GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha calificado como «un auténtico escándalo» la sanción disciplinaria de dos meses de prisión impuesta por los mandos de la Armada al cabo ferrolano Jorge Miguel Gago Chao, que denunció públicamente «negligencia» de aquellos en el accidente de la fragata Extremadura que en el 2005 ocasionó la muerte de dos militares gallegos.

Mariano Casado, portavoz de AUME, ha dicho en Ferrol que el expediente abierto contra Gago Chao a raíz de unas declaraciones realizadas a una televisión local fue un «expediente peculiar y llamativo» que «nació decidido» y que se dictó «no oficialmente» con la pretensión de imponer la sanción «más grave» que permite la disciplina militar. Gago fue sancionado con una pena que le impone dos meses de arresto en un penal militar y que recurrió hasta en dos ocasiones.

En una rueda de prensa celebrada hoy en Ferrol, de donde es natural el cabo expedientado, Casado ha denunciado que existe un «retraso injustificado» en la instrucción judicial de una causa que se inició en enero del 2006, pocos días después de la explosión en la sala de calderas del buque que ocasionó la muerte a Francisco Castrillón y Eric Noval, en la madrugada del 19 de diciembre del 2005.

«Hay un retraso injustificado en la causa judicial» manifestó el portavoz de AUME, que consideró, sin embargo, que existe una «premura también injustificada» en expedientar al cabo ferrolano. Desde AUME defienden una reforma de la jurisdicción militar que permita «una apertura de las Fuerzas Armadas a la sociedad a la que sirven», y no descartan llevar el caso del cabo Gago hasta Madrid, por medio de distintas acciones y con el apoyo de la Plataforma de Apoyo al cabo. Esta entidad, constituida el pasado mes de septiembre, integra a 24 asociaciones de la comarca ferrolana, entre ellas IU, BNG, sindicatos y entidades culturales, que defienden en «esclarecimiento de los hechos».

«Queremos saber lo que pasó y buscar la verdad» sentencia desde la plataforma ferrolana, en la que participan los familiares del cabo y la propia madre de una de las dos víctimas, Isabel Gómez, Madre de Eric Noval.

Además, desde AUME criticaron la campaña institucional que hoy ha puesto en marcha el Gobierno central para promocionar el día de las Fuerzas Armadas, que se festeja este domingo, 12 de octubre, y aseguran que pese a lo que muestran las imágenes -una sucesión de testimonios de familiares de los soldados - «la realidad es el absoluto abandono».

Coincidiendo con la festividad de las Fuerzas Armadas, AUME ha convocado una movilización en Ferrol para este domingo, 12 de octubre, para exigir a Defensa la «verdad sobre lo ocurrido en la fragata Extremadura».

El colectivo pide la retirada de la sanción impuesta al cabo y exigen al Ministerio de Defensa una investigación exhaustiva sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro en el buque, una vieja fragata que entonces llevaba más de treinta años de servicio bajo el mando de la Armada.

El acto, celebrado en la Plaza de Aragón, ha consistido en la tradicional entrega de la bandera nacional que realiza el Ejército a la ciudad anfitriona del Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebró en la capital aragonesa el pasado 1 de junio.

El grupo de independentistas, que ha sido increpado por parte del público asistente, ha intentado interrumpir el acto en varias ocasiones gritando "fuera, fuera"; "Aragón, Aragón" y algunas frases en lo que llaman fabla aragonesa.

Finalmente ha intervenido la Policía Nacional para identificar a los sujetos, que portaban banderas independentistas de Aragón y algunos símbolos de Chunta Aragonesista (CHA). Según fuentes policiales consultadas, los independentistas que han intentado interrumpir el acto de las Fuerzas Armadas podrían ser sancionados por realizar una concentración ilegal, al tratarse de un grupo de más de veinte personas que no ha pedido autorización para manifestarse a la Delegación del Gobierno en Aragón.

El acto, en el que han participado el general jefe de la Inspección General del Ejercito Fernando Torres y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha concluido con el izado de la bandera nacional en un mástil instalado en la plaza de Aragón, frente al monumento al Justiciazgo de Aragón.

A continuación, las Fuerzas Armadas han celebrado un acto de homenaje a los caídos en honor a los "Defensores de Zaragoza", en el año del bicentenario de Los Sitios, y se ha realizado un desfile militar desde la plaza de Paraíso hasta la Puerta del Carmen. En la parada militar han participado representantes de las unidades de los Ejércitos de Tierra, Aire, Guardia Civil y una sección de los Voluntarios y Artilleros de Aragón.

Ya advirtió la ministra de Defensa, Carme Chacón, en el Senado, que los presupuestos de 2009 serían austeros y restrictivos para los Ejércitos. Pero la realidad es aún más dura, ya que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha realizado un recorte brutal en las inversiones para modernizar los Ejércitos.

Los datos que baraja el Grupo Parlamentario Popular indican que la caída de la inversión para el programa relativo a la modernización de las Fuerzas Armadas será de un 20 por ciento respecto a las previsiones que se habían realizado en el presupuesto anterior. La previsión plurianual realizada en 2008 y hasta 2011 era de una inversión de 7.402.762,71 euros, mientras que la realidad de hoy es que quedarán reducidos a 5.573.955,59, lo que supone 1.828.807,12 euros menos.

La portavoz popular en la Comisión de Defensa, Beatriz Rodríguez-Salmones, hace una lectura muy negativa de esta situación, ya que asegura que el anterior jefe del Estado Mayor de la Defensa, teniente general Félix Sanz Roldán, afirmó que para llevar a cabo los objetivos fijados en el proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas era necesario un crecimiento estable de un cinco por ciento, y que si no se realizaba se incrementarían los riesgos en las misiones en el exterior.

Lo último que necesita la ministra de Defensa son malos rollos, fricciones o sobresaltos en su entorno inmediato de trabajo. Bastante tiene con la heredada Ley de la Carrera Militar, con el menguado Presupuesto o con las misiones en el exterior, que le tienen el despacho patas arriba. Problemas que no le dejan tiempo de andar aprendiéndose nombres o uniformes. Así que, tras destituir a su director del Gabinete Técnico, Lens Astray, ha decidido simplificar y nombrar como sustituto a ¡Lens Astray!. Si el primero era Miguel, el segundo es Fernando, pero como es más fácil referirse a ellos como general, se ahorra disgustos, se asegura una transición tranquila y deja las cosas en familia. Una gran familia, eso sí.

La presencia de gallegos en los puestos clave del Ejército se reforzó ayer con la designación de Fernando Lens Astray (Santiago de Compostela, 1949) al frente del gabinete técnico de la ministra de Defensa, a propuesta de la propia Carme Chacón.

Con el visto bueno del Consejo de Ministros se cerró el último trámite para un curioso relevo, ya que el general Fernando Lens sustituirá en el cargo a su hermano mayor, el teniente general Miguel Lens, también nacido en Santiago hace 62 años.

La curiosidad de la elección no termina en el parentesco, ya que la designación de un general del Aire como jefe de gabinete militar rompe el turno rotatorio de los ejércitos en este cargo, circunstancia que también se produjo cuando Federico Trillo asumió la cartera de Defensa y nombró a un oficial del Ejército de Tierra, el general Manuel Ramón Bretón, en sustitución de otro del mismo Ejército, el general Luis Alejandre Sintes.

El hasta ayer jefe del Estado Mayor (número dos) del Mando Aéreo de Combate de la Fuerza Aérea, el general Fernando Lens Astray, deberá continuar la premiada labor de su hermano, como él, un reconocido piloto de ataque con una extensa y destacada trayectoria profesional en el Ministerio de Defensa, donde trabajó para José Bono, José Antonio Alonso y la propia Carme Chacón.

Nacido el 20 de mayo de 1949 en Santiago de Compostela, el general de División Fernando Lens Astray lideró al mando de un caza F18 de la base aérea de Torrejón de Ardoz la formación que desfiló en Zaragoza en el último Día de las Fuerzas Armadas.

Representante en la OTAN

Su ascenso al generalato tuvo lugar con carácter eventual el 15 de mayo del 2002, cuando fue nombrado representante militar español ante el comandante supremo de las Fuerzas de la OTAN en Europa (Saceur). Tras el primer año en ese cargo, el Gobierno confirmó su ascenso al empleo de general de Brigada.

En septiembre del 2005, el militar gallego recibió el nombramiento de jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate, la unidad más importante de la Fuerza Aérea, encargada de coordinar y dirigir todas las unidades y aeronaves de combate aéreo.

El nuevo jefe del gabinete militar de Carme Chacón estuvo destinado en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (Claex) del Ejército del Aire y también fue jefe de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en su etapa de coronel.

Los soldados españoles llevan años en Afganistán jugándose la vida a diario a cambio de ninguna gloria. Así lo tienen asumido. Nuestras tropas están allí para ayudar a la quebrada sociedad afgana, sometida al poder de los fanáticos y los talibanes, esos asesinos de todo, hasta de Budas milenarios. El contingente de tropas más numeroso y fuerte, el norteamericano, tiene otras misiones y diferentes órdenes. Puede atacar libremente si lo considera oportuno, en tanto que los españoles sólo pueden responder con las armas si son atacados. Nuestro Ejército en Afganistán cumple una misión de paz, de control y de apoyo al pueblo afgano, y el saldo de su trabajo y sacrificio ha sido y es extraordinario, según reconocen los altos mandos del Ejército de los Estados Unidos. Ochenta y ocho vidas españolas entregadas a la causa de la paz merecen más respeto.

Y escribo respeto, porque en el diario «El Mundo» se publican las manifestaciones de Hasán Rhamani, Hiq Matullah y Safi Kashohzada, conocidos en todo el orbe y de gran prestigio internacional. Cualquier noticia u opinión respecto a los Ejércitos del mundo o sus acciones bélicas o pacíficas carecen de valor si no están avaladas por Rhamani, Matullah y Kashohzada, especialmente éste último o última, y cuyo apellido, con sólo pronunciarlo, hace temblar al más curtido y animal de los talibanes. Estas tres altas personalidades de la milicia afgana han coincidido en acusar a nuestros soldados de indolencia, y prefieren a los norteamericanos porque «atacan». Habría que decirles a estos tres grandes estrategas afganos, que las tropas norteamericanas atacan porque esa es su misión, en tanto que las españolas e italianas cumplen estrictas órdenes de apoyo al pueblo afgano, reparto de alimentos a los necesitados, instalación de hospitales de campaña, controles para detectar movimientos de los rebeldes y talibanes y defensa de los indefensos. Misiones mucho más arriesgadas, en ocasiones, que la simple acción de atacar. En ese lío indescifrable del jeroglífico afgano, con insurgentes, rebeldes, fanáticos, talibanes y otra suerte de cabronazos que hacen la guerra por su cuenta, la misión de nuestras tropas no sólo es necesaria, sino imprescindible. Y se defienden cuando son atacadas como corresponde a todo contingente militar, sin olvidar que su misión fundamental es la de conseguir la paz en aquellas tierras habitadas por el odio, donde hasta las rocas de una y otra montaña se destrozarían mutuamente si oportunidad tuvieran.

La labor que han llevado y llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas allí donde son llamadas y reclamadas ha merecido el elogio, el reconocimiento y la gratitud de millones de personas en el mundo beneficiadas por su sacrificio. Afganistán, Iraq, la antigua y troceada Yugoslavia, Guatemala? Nuestros soldados han dado, en nombre de España, sus vidas por la paz, y así resisten y cumplen con su deber todos los días. Si los tales Rahmani, Matullah y Kashohzada no se sienten satisfechos con nuestras tropas desplegadas en Afganistán, muy dueños son de expresarlo, aunque mientan y caigan en la ignominia. Tan dueños como yo para desearles que el día que se vayan nuestros soldados de allí, los talibanes les den por retambufa.

En el fondo, lo que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos no debiera sorprendernos. Es la consecuencia económica de un hecho cultural de extrema gravedad que venimos denunciando. En los últimos decenios, se han ido relajando en nuestras sociedades cuestiones básicas para el buen funcionamiento, no ya del sistema económico, sino de la misma sociedad. Cuestiones morales, de principio. El respeto a las reglas y a las leyes por parte de los actores. El valor del esfuerzo y del trabajo para lograr la prosperidad y el enriquecimiento. La honradez, el respeto a la palabra, a la verdad y al otro en el trato entre personas o instituciones. La conciencia de que no se puede mentir ni engañar. De que cada cual –ciudadanos, empresas, instituciones– tiene que cumplir con su deber por encima de todo.

Como los neoconservadores hemos advertido, todo esto se ha erosionado en Occidente en los últimos tiempos, provocando problemas continuos. Una sociedad abandonada al goce material, al hedonismo desenfrenado, al cortoplacismo a la irresponsabilidad y a la pereza no podía desembocar más que en una crisis así. Por nuestra parte, está claro. El origen de la crisis financiera es el abandono ético occidental. Hoy, prosperar trabajando duramente está mal visto. Cumplir la ley si es posible no hacerlo es considerado de estúpidos. La honradez, la integridad y la virtud parecen cosas del pasado. Hacerse responsable de las propias decisiones, una rareza difícil de encontrar.

Así no puede funcionar, no ya el sistema financiero y económico, sino el propio orden social. En el caso español, el drama estriba en el hecho de que la crisis económica viene precedida y acompañada además de una crisis nacional de primera magnitud. No es sólo la crisis económica. España vive una crisis institucional aguda; con el Gobierno trabajando activamente en contra del Estado; con unas comunidades enfrentadas con el Estado y con otras comunidades; con un partido de la oposición más centrado en participar del poder que de defender unos valores; con un Parlamento cada vez más devaluado y un poder judicial fagocitado por el poder político. Y todo ello sobre la base de un pueblo español cívicamente enfermo, al borde del suicidio moral y cultural definitivo.

El relativismo moral está causando estragos entre los españoles quienes, durante los últimos cincuenta años, habían prosperado con ahínco, sacrificio y honradez. Sabían que sólo trabajando duramente se puede prosperar en la vida y, de hecho, prosperaron. Creían que algunas cosas estaban bien y otras mal y que determinadas barreras no se podían pasar, ni en los negocios ni en otros temas. Existía una preeminencia de la moral que evitaba que determinados comportamientos se llevaran a cabo.

Pero de un tiempo a esta parte, se ha extendido la idea de que despreciar la tradición cultural y ética española y que abominar de los valores de nuestros padres, abuelos y antepasados era sinónimo de progreso y modernidad. Atrás han quedado la ética del trabajo y del esfuerzo, la ambición por esforzarse, el ahorro y la responsabilidad en el gasto, el deber con las generaciones pasadas y futuras. Todo esto ha sido considerado conservador, antiguo y reaccionario, sobre todo por la izquierda y ahora también por la derecha. A quienes reivindicamos la primacía de lo moral, se nos acusaba de todo tipo de males.

Pues bien, este es el resultado: sin moral, la economía se hunde. A España, una nación en descomposición, la crisis económica la va a golpear más fuerte que a las demás, porque su capacidad de sacrificio y de aguante es más débil que en otros sitios al ser su moral también más débil. ¿Quieren nuestra receta para salir de la crisis? Recuperar los valores perdidos. Los de la revalorización del trabajo, del esfuerzo, de la responsabilidad; los del respeto a la ley, a las normas, a las reglas. Es necesario recordar los valores morales y religiosos que hoy en día están siendo abandonados. Menos laicismo, menos progresismo y más moral y más pensamiento fuerte. En resumen, lo que hace falta es poner en marcha de una vez por todas la receta neoconservadora.

madrid- Todo quedó en un susto, pero en la base española se vivieron momentos de incertidumbre y tensión. Dos granadas fueron lanzadas la pasada noche en la base de Qala-i-Naw, localidad afgana donde se encuentra desplegado el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT), sin que, por suerte, se registraran daños personales. Uno de los artefactos se estrelló en el interior del acuartelamiento contra un árbol, lo que evitó que alcanzara a los soldados, informa Efe. En canto al segundo artefacto, éste no llegó a entrar al recinto e impactó contra el muro norte de la base, según confirmó un portavoz del Ministerio de Defensa, quien calificó el incidente «de hostigamiento» por parte de insurgentes afganos hacia el contingente español.

Inmediatamente después de producirse el ataque (aproximadamente a las 0:40 hora local) se activaron todas las alarmas en enclave español, aunque al poco tiempo se pudo confirmar que no se registraron ni daños personales ni materiales.

El Equipo de Reconstrucción Provincial, formado por 236 efectivos, tiene como misión garantizar la seguridad y el trabajo de los cooperantes españoles y atender en lo posible a la población de la zona, proporcionando asistencia sanitaria o clases de español a los niños. Gracias a este equipo ha sido posible la reforma del aeropuerto de Qala i Naw, la construcción de instalaciones sanitarias, la puesta en marcha de alumbrado en las calles y edificios públicos, y la reparación de escuelas, mezquitas y carreteras, además de colaborar en la distribución de ayuda humanitaria de primera necesidad entre la población.

Sin embargo, los insurgentes de la zona no ven con buenos ojos a las tropas españolas y no es la primera vez que éstas han sido atacadas. Así, el pasado día 19 de septiembre, un convoy español sufrió un ataque con un artefacto explosivo al sur de la localidad de Fará. En aquella ocasión tampoco hubo que lamentar daños personales.

Anteriormente, el 30 de agosto, los soldados españoles fueron atacados por un grupo de talibanes cerca de la provincia de Bagdhis, al oeste. Ningún español resultó herido y cinco talibanes fallecieron en el ataque.

L D (Agencias) "El próximo año nos vamos a El Líbano, posiblemente sobre abril, y también nos vamos a ir a Afganistán. O sea, que el próximo año hay dos misiones a la vez", afirmó el general Prieto. El jefe de la BRILAT también informó que hay "un pequeño núcleo" que se va a Kosovo este mismo año "pero es una unidad también de la Brigada".

Sumado este último destino, el responsable de la Brilat valoró que este grupo de misiones constituye "el esfuerzo, en personas, más grande que se ha hecho hasta ahora". Esta unidad del Ejército, con sede en Figueirido (Pontevedra), en los últimos años ha llevado el nombre de Pontevedra a lugares como Bosnia, Irak, Kosovo, Pakistán, Afganistán o Líbano. En cuanto a las nuevas misiones, el responsable de la Brilat indicó que la labor será "la misma que se venía desarrollando, una labor de apoyo a la misión de paz que se viene desarrollando desde el año 2003".

"Allí hay otras unidades y se van repartiendo entre el resto de las de España y a nosotros nos toca dar una compañía", explicó el general Prieto. "Es la vez que vamos a ir más gente, más de mil personas, será un esfuerzo mayúsculo en ese sentido porque coinciden dos misiones a la vez", afirmó.

El general jefe de la Brilat apuntó que "es una satisfacción saber que las unidades que allí han participado ahora ven que su esfuerzo está dando resultado y en un plazo, medio, corto, largo, depende cómo se quiera ver, hay una paz en Bosnia". "Eso es lo que esperamos en todas las misiones, que se vea que el paso de todas las unidades sirve para llevar la paz al país", añadió.

Centinela gallego

Un total de 23 patrullas de la Brigada de Infantería Ligera (Brilat), casi un centenar de soldados, retornaron a la tranquilidad de la base de Figueirido tras finalizar su misión de vigilancia de los montes gallegos en el marco de la campaña de prevención de incendios denominada Centinela Gallego.

"Ayer acabó la misión de los incendios, y fue positiva porque primero también llovió, hay que reconocerlo que eso ayuda, pero además tampoco ha habido incidentes ni accidentes y eso también dice mucho a favor de la gente que ha participado", concluyó el general jefe de la Brilat.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, solemnizó ayer el anuncio de los cambios que se van a producir en la aplicación de la Ley de la Carrera Militar, adelantados por ABC en su edición de ayer, aprovechando su comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado. Unas modificaciones que tratan de frenar los «perjuicios» que ella misma reconoce que se han cometido con esta Ley y que, según sus palabras en la Cámara Alta, intenta buscar «el bien de todos». El Gobierno, después de asistir impertérrito a las protestas de los oficiales que en el último mes se han sucedido, tanto de los procedentes de la Escala Superior como los de la de Oficiales, mostró ayer su predisposición a «subsanar» estos errores. A la ministra le correspondió entonar un «mea culpa», pero también reconoció que el «efecto indeseado» producido por la Ley no estaba en «la voluntad del legislador».

«Escuchar de primera mano»

Las dos modificaciones importantes para paliar el malestar de los oficiales han surgido de los contactos mantenidos por la ministra Carme Chacón con los mandos militares. «Quise escuchar de primera mano cuales eran sus dudas», señaló la ministra, situando este intercambio de opiniones en las reuniones de los Consejos Generales de los tres Ejércitos. Fruto de estos encuentros han sido las soluciones que se han propuesto y que, en el caso de la Armada, han sido planteadas por este Ejército.

En el caso de los oficiales de la Escala Superior, como ya adelantó ABC, el Gobierno tratará de frenar el malestar introduciendo en el proyecto de Ley de Presupuestos una disposición por la que se autoriza al Ejecutivo a ampliar la plantilla de oficiales del ciclo 2008-2009. Con ello se pretende, según Chacón, que, antes de la integración, «puedan ascender aquellos oficiales superiores que podrían verse perjudicados por la ley en el momento de la integración». La ministra cifró el perjuicio de la Ley en medio centenar de oficiales superiores, «básicamente de la Armada». Para los oficiales de la Escala de Oficiales, la ministra reconoció que «estamos estudiando la manera de que se les reconozca la formación equivalente a la de grado en el futuro sistema de formación universitaria procedente de la aplicación de los acuerdos de Bolonia». Estos oficiales tendrán un periodo de formación total de cuatro años (tres de formación inicial más otro del curso de adaptación, al que se le quiere dar el valor académico que no tenía).

Al margen de estas dos medidas de choque con las que tratarán de frenar el malestar que se ha extendido por los cuarteles, la ministra de Defensa se comprometió a seguir «trabajando para poner en marcha iniciativas que mejoren no sólo la formación y preparación de nuestros militares, sino sus expectativas de carrera militar y profesional».

Pero no fue este el único anuncio que realizó Chacón relacionado con las enseñanzas militares, sino que aportó nuevos datos sobre la tramitación de su intención de crear un sistema de centros universitarios. La puesta en marcha se realizará en colaboración con las universidades de Zaragoza, Cartagena y Vigo. El Real Decreto de creación de los centros ya ha superado los informes internos de los Ministerios de Economía y Hacienda, Administraciones Públicas y Ciencia e Innovación.

Actualmente está pendiente de su remisión al Consejo de Estado, estando prevista su aprobación para el próximo mes de noviembre.

Derechos y deberes

Al igual que hiciera en su comparecencia en el Congreso, Chacón se refirió a dos de las reivindicaciones más importantes que realizan los militares y que incluso justificaron la celebración de la primera manifestación de la historia de los militares. Es el caso del régimen de derechos y deberes de los militares. La ministra afirmó que esta actualización se llevará a cabo «tras un intenso intercambio de ideas».

En relación a la segunda petición, como son las Reales Ordenanzas, la ministra de Defensa anunció que el Consejo de Ministros aprobará próximamente el decreto que actualiza el código deontológico de las Fuerzas Armadas. Finalmente, también anunció Chacón una serie de modificaciones en las leyes disciplinarias

MADRID. La ministra de Defensa adelantó ayer varias novedades sobre la posición de España en sus misiones en Bosnia, Kosovo y Afganistán. En el caso de Bosnia-Herzegovina, anunció que en la reunión que mantendrá en los próximos días con sus homólogos europeos les manifestará el deseo del Gobierno español de convertir la misión Eufor Althea en una «operación esencialmente civil, en la medida en que la situación sobre el terreno lo permita. Estamos, pues, a mi juicio, ante el fin de la operación militar en Bosnia y el inicio de la civil». En Kosovo, recordó que España «no va a participar en la formación de las nuevas estructuras de seguridad kosovares» y que, después de la declaración unilateral de independencia, «se abre un escenario que esperamos cristalice en paz civil». Por ello, subrayó que «concertaremos con nuestros aliados el redimensionamiento de dicha misión».

Finalmente, en la misión más peligrosa en la que se encuentran los militares españoles, como es la de Afganistán, Chacón pedirá en la reunión de ministros de Defensa de la Alianza Atlántica, que se celebrará la semana que viene, «examinar nuestra estrategia en profundidad». La titular de Defensa recordará «la necesidad de acabar con las bajas civiles» y afirmó que «resulta imprescindible una mejor coordinación entre ISAF y Libertad Duradera, a fin de que lo que una operación persigue a nivel político, no sea socavada por lo que hace la otra en el campo de operaciones».

La Fuerza de Acción Marítima inicia hoy los ejercicios Famex’08, dirigidos a adiestrar las unidades militares y civiles en operaciones destinadas a la protección de los espacios marítimos nacionales. Cinco buques con base en Ferrol participan en varios escenarios.

El almirante jefe del Mando de Acción Marítima de Ferrol, Gonzalo Sirvent Zaragoza, presentó ayer el ejercicio, que consta de 13 escenarios repartidos por todo el litoral español, cuatro de ellos en Galicia. Uno se desarrollará a lo largo de todos los días, desde hoy hasta el 10 de octubre, del Famex’08 y consistirá en el controlar el tráfico marítimo, con la colaboración de todas las comandancias desde Vigo hasta Bilbao.

No obstante, el primer simulacro tendrá lugar mañana con la intervención de los patrulleros “Atalaya” y “Marola”, una aeronave de vigilancia marítima y un helicóptero del Ejército del Aire y una unidad de Sasemar (Salvamento Marítimo). Se actuará en el supuesto del siniestro de un avión, con el rescate de su personal por parte de un helicóptero. El ejercicio se realizará frente a las costas de Camariñas y Malpica y se probarán diferentes métodos de búsqueda de los supervivientes.

El siguiente escenario de Galicia se pondrá en acción el día 7, en las rías de Pontevedra y Vigo. Allí se realizará una inspección de un palangrero asiático -su papel lo hará el remolcador “Mahón”- que faena ilegalmente en aguas españolas, y en el mismo se descubrirá que el barco efectúa el traslado de emigrantes ilegales, que además saltarán al mar con la intención de no ser detenidos durante le ejercicio.

También se desarrollará un último ejercicio, en fecha por determinar, que consistirá en accionar el botón ISPS en un buque mercante colaborador, que con ello activará la alarma en su naviera, el Centro de Salvamento y en el Cepic del Ministerio del Interior. En este caso, actuará un patrullero con un equipo de Infantería de Marina a bordo.

El Gobierno permitirá ascender a aquellos oficiales superiores que «podrían verse perjudicados» por la Ley de Carrera Militar antes de que, en aplicación de ésta, a partir del próximo mes de julio se integren en una escala única las actuales escalas superiores y de oficiales. Así lo anunció ayer la ministra de Defensa, Carme Chacón, que avanzó además que el Consejo de Ministros aprobará próximamente la actualización del código deontológico de las Fuerzas Armadas. Durante su comparecencia en el Senado, la ministra cifró en «un centenar» de oficiales superiores, «básicamente de la Armada», los profesionales que pueden verse afectados por la ley -que prima los criterios de «mérito» y «capacidad» frente al de antigüedad- por un «perjuicio que el legislador en ningún caso pretendía». Chacón indicó que esta solución, «sugerida por la propia Armada», será posible gracias a que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene una disposición por la que se «autoriza al Gobierno a ampliar las plantillas de oficiales del ciclo 2008-2009».

En cuanto a la próxima revisión del código deontológico de las Fuerzas Armadas, Chacón adelantó que las nuevas Reales Ordenanzas -las actuales datan de 1978- «recogerán las 15 reglas esenciales de comportamiento definidas en el artículo 4 de la Ley de la Carrera Militar».

No obstante, permanecerán los «aspectos tradicionales» que las ordenanzas militares han mantenido a lo largo de los años «por su gran arraigo y por formar parte del acervo» de los ejércitos. Eso sí, se actualizará su redacción en muchos de ellos y se establecerán reglas de aplicación general «para cualquier militar, sin distinciones por categorías y empleos», informa Europa Press.

«Afrontamos un ejercicio restrictivo. Serán unos Presupuestos austeros y también sociales». Así lo reconoció ayer la ministra en el Senado, mientras, en el Congreso de los Diputados, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Pedro Solbes, confirmaba que el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2009 sufrirá un recorte de un tres por ciento (8.240,77 millones de euros).

Sólo subirán dos partidas, la de personal, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la Ley de la Carrera Militar, y los programas de armamento y material, según señaló la ministra. Chacón recordó que si la inversión en seguridad fue de 109 millones en 2008, para el próximo ejercicio se incrementará en 25 millones más. Serán las dos prioridades de su departamento para el próximo año.